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La implementación de la ITV en Luque desencadenó una masiva migración de los contribuyentes (unas 10.000 personas cancelaron sus habilitaciones de rodados en los últimos días), que obligó a los concejales a buscar algunas alternativas para frenar la fuga.
En medio de la desesperación, la Junta Municipal local aprobó la semana pasada una ordenanza que buscaba conceder un año de prórroga para los automotores que no superaban las pruebas de control en la planta verificadora de Ivesur.
La referida ordenanza fue remitida el lunes pasado al ejecutivo comunal, que finalmente rechazó "blanquear" a los contribuyentes que no tengan en condiciones sus vehículos para acceder a la habilitación municipal.
Por recomendación del asesor jurídico de la Municipalidad de Luque, Vidal Pereira, el intendente firmó el veto de la ordenanza, con el cual se prohíbe otorgar una prórroga de un año a los vehículos que no están en condiciones, informó Damián Espínola, jefe de prensa institucional.
El proyecto fue presentado por los concejales Mario Aguilera, Javier Marecos y Manuel Morínigo.
En contrapartida, el intendente otorgó a los transportistas luqueños una prórroga de 30 días a fin de poner en condiciones sus unidades para adecuarse a la inspección técnica para acceder a la habilitación de sus respectivos vehículos.
Ante un inminente paro de colectivos internos de Luque, Meza Bría decidió otorgar el plazo de un mes a los empresarios para destrabar la medida de fuerza, que buscaba eludir el control de la ITV para acceder a la habilitación.