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13 de Agosto de 2018 11:34

 

Ocampos habla de persecución política en su contra

La diputada Marlene Ocampos afirmó que la supuesta irregularidad en su gestión como gobernadora de Alto Paraguay es resultado de persecuciones políticas dentro de la ANR. Dijo que se pelean "como perros" entre sí y solicitó una nueva auditoría.

Esta mañana, la diputada Marlene Ocampos aseguró que las supuestas irregularidades que se han detectado durante su gestión en la Gobernación de Alto Paraguay no son más que el producto de una persecución política. “Lastimosamente, (surge) dentro del mismo Partido Colorado. Roñokarãi hina, jagua paraicha roñemondyryrypahina ore voi (Nos arañamos, como perros nos destrozamos entre nosotros mismos)”, cuestionó.

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Sobre el motivo de esta crispación, la parlamentaria aseguró que se debe a que hay gente que no tiene liderazgo y se vale del “cháke” a sus propios correligionarios. “Más de cuatro años fui perseguida por quien fuera diputado en su momento de Alto Paraguay, José Domingo Adorno. Ndacherejai en paz ko tipo amba'apohag̃ua lastimosamente pero ndame'emo'ãi chupe la gusto (no me dejaba en paz este tipo para trabajar, pero no le voy a dar el gusto)”, agregó.

Además, indicó que realizaron más de 100 obras de infraestructura en dicho departamento durante su gestión. Citó, por ejemplo, comedores escolares, aulas, colegios, puestos de salud y policiales. Informó además que esta mañana acudió personalmente a la Contraloría para solicitar una auditoría a su gestión durante el periodo 2016-2017.

Ocampos comentó que cuando estuvo como gobernadora de Alto Paraguay ella misma había solicitado a la Contraloría una auditoria del ejercicio fiscal 2014-2015. “La Contraloría emitió un informe preliminar que observó un supuesto faltante de documentario de G. 4.650 millones. Sin embargo, los mismos habíamos presentado en tiempo y en forma, por lo que hemos reenviado los documentos autenticados con el descargo correspondiente”, detalló.

Indicó que la Contraloría elevó un informe final al respecto, en que se levantaron todas las observaciones, pero surgió un supuesto faltante de G. 163 millones. Señaló que dicha diferencia habla sobre supuestos pagos de más de G. 112 millones a empresas contratistas que se encargaron de obras de infraestructura educativa en Fuerte Olimpo y Bahía Negra y transferencias por G. 51 millones.

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“Niego categóricamente esta supuesta irregularidad, dado que con documentos presentados en el descargo correspondiente y las obras recepcionadas se puede comprobar que no se pagó un guaraní de más, de acuerdo al contrato originalmente pactado y autorizado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Lastimosamente, la Contraloría no pudo realizar la segunda verificación in situ de las obras, por lo cual estoy segura que el informe final no refleja la realidad de de los hechos”, aseveró para la prensa.

En cuanto a las transferencias, afirmó que se cumplió estrictamente todo lo establecido por la Ley de Presupuestos y el supuesto faltante fue remitido al Ministerio Público, que se encuentra en “diligencia previa” y donde han realizado todo el descargo correspondiente.

“No estoy imputada y confío en el Ministerio Público, que realizará su trabajo objetivamente y criteriosamente de acuerdo a lo que se ajusta a derecho”, sentenció.

 
 

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