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En una rueda de prensa en Asunción, Tauli-Corpuz se mostró preocupada porque la mayoría de los indígenas que viven en Paraguay están en la pobreza extrema. El 76% de los nativos se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI) .
La relatora también llamó la atención sobre “la discriminación y el racismo que existe” contra ellos.“Realizaré un informe final a profundidad, las recomendaciones al gobierno y a las diferentes instituciones acerca de cómo puede apoyar y mejorar el tratamiento de los derechos indígenas y también el posterior seguimiento a la implementación de las recomendaciones ” , expresó.
Tauli-Corpuz ofrecerá el próximo viernes sus conclusiones tras la visita a organismos estatales y comunidades indígenas.
“ Los temas centrales son la falta de aseguramiento total de su territorio ancestral, la deforestación constante y tala ilegal de sus bosques que afecta de forma directa al lugar de vida de sus parientes que se encuentran en aislamiento voluntario” , dijo Jorge Vera, de la ONG Gente, Ambiente y Territorio (GAT).
La comunidad indígena descubrió el mes pasado a supuestos empleados de la firma Itapoti S.A. instalando postes y cercas para apropiarse de gran parte de la reserva, según una denuncia que presentaron ante la Fiscalía.
La denuncia fue efectuada por un grupo de los ayoreos totobiegosode que vive fuera del aislamiento desde hace años y que se encarga de controlar el territorio para evitar los continuos intentos de depredar sus bosques por parte de extraños.
Uno de los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Vannuchi, visitó recientemente Paraguay ante la “preocupación” por la situación de riesgo que vive el último pueblo indígena aislado en América fuera de la Amazonía debido a la tala ilegal.
La comunidad indígena acusa también a la empresa brasileña Yaguareté Porá, que posee 78.500 hectáreas en la zona, considerada territorio ancestral de los nativos, de talar de forma ilegal unas 4.000 hectáreas de bosques entre abril y septiembre de este año.
La comunidad denunció a la empresa por deforestar la finca que posee e incluso por cortar árboles ilegalmente en la reserva natural titulada a nombre de los indígenas.
Los ayoreo totobiegosode recalcan que la deforestación no solo pone en peligro el ecosistema único del Chaco Boreal, sino la supervivencia de sus familiares, que rehusaron salir del bosque y el contacto con la civilización occidental.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido tres sentencias en contra de Paraguay por la violación de los derechos de los pueblos indígenas que viven en el país, que el Gobierno aún no ha cumplido.