Afirman que padres de alumnos violentos amenazan a autoridades

La coordinadora de Capital del Ministerio de Educación Lidia Barrios acompañada de las supervisoras, Julia Lezcano y Lidia Rodas, se constituyeron esta mañana en el colegio privado San José para interiorizarse sobre el protocolo aplicado por la institución en el episodio de violencia de alumnos de último año en contra de otros tres de cursos inferiores.

Tras la reunión, la directora de Niñez y Adolescencia, Sonia Escauriza ofreció una conferencia de prensa en la que informó el resultado de la reunión y la decisión de los directivos del Colegio San José de no brindar más datos sobre los 16 estudiantes que fueron suspendidos por 10 días tras los hechos denunciados por una de las víctimas.

Los directivos del colegio aparentemente son presionados y amenazados por los padres de los alumnos involucrados en la agresión, al igual que los padres de otras dos víctimas que no presentaron denuncia ante la Fiscalía. Solo un padre hasta ahora radicó la denuncia.

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Escauriza señaló que los directivos del Colegio San José son responsables de aplicar el protocolo, que es de carácter obligatorio para todas las instituciones del país, ante hechos de violencia entre jóvenes.

“El protocolo establece que si son menores se llama a los padres y si son mayores de 14 años el colegio o el docente debe dar aviso a la Fiscalía o la Codeni ante un hecho de violencia, después los orientadores deben trabajar con estos alumnos la normas de convivencia o bien establecer el cambio de ambiente (cambio de turno o de colegio) para evitar que se acerquen a las víctimas”.

La directora del MEC añadió que en las normas de convivencia de la institución está contemplada la cancelación de matrícula a alumnos con problemas de conducta, y que es el Colegio y no el MEC el que debe hacerse responsable de esta decisión, o bien acatar la orden si un juez así lo determina.

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“Nosotros solicitamos al colegio el informe de la actividad realizada, los datos que obtuvieron y cómo actuaron. Hasta ahora la institución no proporciona los nombres porque hay amenazas de los padres de por medio. Son tres víctimas individualizadas de las cuáles el padre de un solo alumno fue el que llevó la denuncia a la Fiscalía. La institución educativa tiene que garantizar que los agresores no se acerquen a las víctimas cuando culmine la suspensión. Las familias y los educadores deben insistir en educar en valores a sus hijos y alumnos porque la violencia instalada es alarmante”, subrayó.