Paraguay está “aplazado”

Nuestro país está entre los peores en cuanto a garantías de los derechos a un sector minoritario; en este caso, el de las personas con discapacidad. No se cumple ninguna de las 37 recomendaciones que organismos internacionales hicieron a Paraguay.

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El psicólogo experto en temas de discapacidad César Martínez recordó en entrevista con ABC Color que Paraguay tuvo en abril pasado un “examen” ante las Naciones Unidas, específicamente con el Comité de Discapacidad. Se convocó al Estado paraguayo y a organizaciones de la sociedad civil para que presenten informes y, a partir de ellos, se consideraron las recomendaciones internacionales en el ámbito, de las cuales Paraguay no cumplía ninguna.

Se valoró, sin embargo, que ha habido avances, especialmente en lo que tiene que ver con el voto inclusivo y la voluntad para ir implementando buses accesibles. Sin embargo, el resto de los “avances” que se le atribuía a Paraguay eran firmas de convenio y declaraciones, nada práctico, lamentó Martínez. “Le urge al Estado paraguayo asumir medidas para cumplir con estas recomendaciones”, resaltó.

Entre todas las recomendaciones, se dice que la más urgente es lograr que la Secretaría de Discapacidad sea un órgano que no actúe de “juez y parte”. Es decir, actualmente la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis) aplica las políticas públicas para este sector, al mismo tiempo que se evalúa a sí misma, dijo Martínez.

“El Estado tiene que tener un órgano independiente de las secretarías que evalúe y controle”, explicó. Este modelo ya se implementó en varios países del mundo, resaltó. En este sentido, adelantó que se va a proponer la modificación de la ley de creación dela Senadis, de tal manera a separar las funciones.

Otro de los puntos que figuran entre las recomendaciones y de urgente cumplimiento, de acuerdo a organizaciones internacionales, es que las instituciones del Estado utilicen la terminología correcta al referirse a las personas con discapacidad. “Es algo urgente, ni siquiera el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud aplican la nomenclatura correcta en muchos casos”, lamentó.

Dijo que será más difícil lograr que la sociedad en general adopte los términos correctos, pero que mientras tanto es imperativo que las mismas instituciones del Estado utilicen las palabras correctas. Los medios de comunicación son otro sector que debe estar igualmente comprometido para la difusión y utilización correcta de la nomenclatura, lo que contribuye a evitar la discriminación.

Otro avance ya concreto es la implementación de un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad psicosocial, vigente desde el 3 de diciembre, comentó. Este material está siendo socializado con los fiscales y defensores públicos.

En la web del Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer el listado de recomendaciones que Paraguay incumple. Se mencionan además de la terminología para referirse al sector:

- La necesidad de establecer un mecanismo de consulta permanente con las organizaciones de personas con discapacidad.

- Que el Estado incluya de manera transversal a las personas con discapacidad en todos los elementos que integran el Plan Nacional de Derechos Humanos.

- Urge al Estado tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para erradicar la discriminación por motivos de discapacidad, con la aprobación de la legislación que prohíba la discriminación y que dichas medidas incluyan explícitamente la denegación de ajustes razonables como una de estas formas de discriminación.

- Que el Estado implemente medidas para garantizar la igualdad material de las personas con discapacidad en la función pública.

- Que el Estado asigne los recursos necesarios y suficientes para la implementación de una política amplia de inclusión de niños con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la familiar y comunitaria.

- Que el Estado promueva campañas masivas de toma de conciencia, fortaleciendo la imagen de las personas con discapacidad como titulares de todos los derechos humanos.

- Que el Estado adopte normas e instrumentos que regulen e implementen la accesibilidad (…) incluyendo la infraestructura de las estaciones y vehículos, la señalización y el diseño de mapas en formatos accesibles y comprensibles.

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