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El Ministerio Público solicitó cárcel para Quesnel y Esteche, 8 y 3 años, respectivamente, por haber vendido de forma irregular unas 25.000 hectáreas de tierra de indígenas. Además, la venta se había hecho a un precio irrisorio, G. 1.250 millones en total, que representaba solamente el 5% del valor real en el mercado de dichas tierras.
Los fiscales Alba Delvalle y José Dos Santos sostuvieron en sus alegatos iniciales que Rubén Quesnel tenía la responsabilidad de proteger los intereses de los indígenas y de la misma institución, pero que con su conducta dolosa, no lo hizo.
También está procesada en la causa la escribana Justina Maribel Esteche, quien está acusada como cómplice de lesión de confianza, por haber realizado la transferencia de las tierras ancestrales de los ayoreos.
En el caso de Julia Vargas, la supuesta “compradora” de las tierras indígenas, se pidió sobreseimiento definitivo. La misma donó el dinero de la transacción a favor del Estado paraguayo y transfirió nuevamente las tierras indígenas al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
Los miembros del Tribunal de Sentencia son Blanca Gorostiaga, Gloria Hermosa y Carlos Hermosilla.