Piden intervención fiscal en Contraloría

En una nota entregada en el Ministerio Público, los funcionarios de CGR denuncian la comisión de hechos punibles contra el patrimonio, por ejemplo, a través de la contratación de la Consultora CAE, representada por Norma María Ester Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, a los efectos de elaborar el Manual de Funciones del Gabinete del contralor.

Entre los firmantes de la nota se encuentran Raúl Meza, Miguel von Schocher, María Elena González Romero, Rilssi Martínez, Leila Insaurralde, María Nilda Aquino, Carlos Cáceres y Graciela Reyes.

Señala que el citado gabinete está integrado por tres funcionarios, para lo cual se procedió al pago de G. 108.000.000. Dice que el contrato finalizó en el mes de noviembre de 2017; sin embargo, no existe ningún documento que avale la realización de dicho trabajo, ni ha sido socializado entre los funcionarios de la institución, tal como se realiza cada vez que es emitido un documento de este tipo.

Añade que posteriormente la señora Martínez Irigoitia, en el mismo mes de noviembre, fue nombrada directora general del Gabinete del contralor general de la República.

Sostiene que, de hecho, existe una Dirección General de Planificación e Informes, responsable de elaborar la estructura orgánica y funcional y el Manual de Funciones de la Contraloría, que actualmente se encuentra a cargo de Zulma Coronel de Hellmann, directora general del área.

Añade que en estos momentos se encuentra en su etapa final la confección del Manual de Funciones, a cargo de la dirección mencionada, por lo que no se justifica el pago de este contrato, existiendo una dirección encargada de realizar dicha labor.

Por otra parte, menciona otra presunta irregularidad como la autoasignación de viáticos pagados de más para el viaje a Madrid (España), en noviembre de 2017, “en detrimento del patrimonio público".

Agrega que para dicho evento, que duró cuatro días, se otorgó un viático para 10 días, con base en que la escala establece que la máxima autoridad debe cobrar un viático por día de US$ 383, que por 10 días asciende a US$ 3.830, equivalentes a G. 21.639.500, por lo que lo cobrado de más por el contralor asciende a G. 8.655.800.

Expresa que los de menor rango que acompañaron en dicho viaje al contralor: César Núñez y Liza Benavente, tenían asignado un viático de US$ 306 por día, que por 10 días totalizan US$ 3.060, que al tipo de cambio del día (G. 5.650) equivalen a G. 17.289.000, y lo cobrado de más asciende a G. 6.916.600.

Por otro lado, la nota recuerda que en diciembre de 2016 fue promulgada la Ley Nº 5767/16, que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, concedida para los funcionarios que en el citado ejercicio ocupaban los cargos para los cuales fue otorgada la ampliación.

“El contralor, en un evidente abuso de sus facultades discrecionales, priorizó el nombramiento en estos rubros de sus allegados, modificando incluso la estructura orgánica de la institución, con el fin de beneficiar a algunos funcionarios privilegiados”, aseveró.

Los funcionarios solicitan a la fiscala general libre oficio a la Contraloría General de la República, solicitando informe y los documentos respaldatorios sobre los trabajos realizados por la consultora contratada para la elaboración del Manual de Organización de Funciones.

Además, pide se fije audiencia para declaración testifical de la señora Zulma Coronel de Hellmann, directora general de Planificación; fijar audiencia para declaración indagatoria y, en consecuencia, se impute y tenga por iniciada la presente investigación contra José Enrique García Ávalos, contralor general, y solicite traiga a la vista el contrato suscrito entre la Contraloría General y a Consultora CAE, representada por Norma María Martínez y Marcelo Scappini Ricciardi.