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El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, Jalil Rachid, fue el que llevó adelante el caso donde se investigó la canalización de un cauce hídrico en la ciudad de San Juan Nepomuceno.
El imputado se sometió al proceso y el juez César Acosta le dio la suspensión condicional del procedimiento. Para evitar la pena carcelaria también hizo una donación de G. 50 millones. La Fiscalía pidió dos obras de beneficencia; la donación de la silla motorizada y la inserción de G. 40 millones para la edificación de un albergue de niños en situación de calle en la localidad de Caazapá, cuyas obras están desarrolladas en un 80 por ciento y beneficiará a 40 niños.
La silla de ruedas le fue dada a Mariano Araújo, funcionario contratado del Poder Judicial, quien obtuvo este beneficio a través de la ley de inclusión social para personas con discapacidad. El joven anteriormente debía ser trasladado por su madre en la entrada y salida de su puesto de trabajo. Ahora esta silla especial le permitirá una mayor autonomía.