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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este sábado que el viernes último se remitieron sendas notas a las embajadas de Brasil, Argentina y Uruguay en Asunción, por instrucción del presidente de la República Federico Franco.
En el documento reclamó de manera formal la decisión inconsulta adoptada por los tres países en la cumbre de Mendoza, celebrada el 29 de junio pasado, ocasión en la cual se decidió la suspensión de Paraguay y la inclusión de Venezuela como miembro pleno del bloque.
De esta manera, el Gobierno denunció “las graves arbitrariedades cometidas” y adelanta que el Estado no reconocerá la decisiones que se tomen mientras dure la sanción, calificada de “injusta e ilegítima”.
Esta situación constituye “una alteración grave de sus derechos soberanos y del Estado parte”, reafirmó en la nota.
Igualmente, el Paraguay aclaró que se reserva los derechos de recurrir a otras vías para resolver la controversia generada y la posibilidad de exigir la “reparación moral de los agravios infringidos” y “reclamar la reparación de los daños y perjuicios que le fueron ocasionado”.
Adelantó que podría exigir una compensación por los perjuicios económicos que pueda suponer la medida contra el país.
El Gobierno finalmente instó a los demás miembros del Mercosur -Argentina, Brasil y Uruguay- a iniciar un diálogo para resolver el conflicto generado por la suspensión.
Paraguay no reconoce como legítima la suspensión en el Mercosur, que rige hasta el 2013, ni el ingreso de Venezuela, debido a que no se permitió la participación de su delegación oficial.
La medida contra el país se impulsó luego de la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de la República, vía juicio político en el Congreso.
El exmandatario fue hallado culpable de mal desempeño en sus funciones, en un proceso contemplado en la Constitución Nacional; pese a esto, los demás miembros del bloque consideraron el hecho como un “quiebre del orden democrático”.
La nota remitida a las embajadas se suma a la decisión que adoptó el Gobierno de “congelar” el uso de unos US$ 43 millones del Fondo de Convergencia del Mercosur (Focem), debido a que la nota por la cual se otorgaron los fondos llevaba la firma del canciller de Venezuela.