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El plenario del Senado resolvió aceptar el “auxilio económico” del Poder Ejecutivo a unos 2.500 productores de caña de azúcar y 400 funcionarios a quienes el ingenio adeuda millonarias sumas.
El senador colorado Mario Abdo Benítez indicó que el aporte es para ayudar a los más vulnerables en la cadena de adeudados por la Azucarera Iturbe. Acotó que el Estado asumirá la demanda de los cañicultores “que no tienen para pagar un abogado”, subrayó Benítez.
En lo que respecta a la expropiación del ingenio, reiteró que no era la manera para resolver el problema de los productores.
El senador Adolfo Ferreiro (AP) precisó que lo que se pretende hacer no es un subsidio, sino un auxilio estatal para los damnificados por una situación económica y que se hará cargo de recuperar ese dinero mediante la demanda a la azucarera.
A su turno, el liberal Carlos Amarilla mostró su acuerdo con el subsidio, pero resaltó que los G. 15.000 millones no se podrán recuperar, atendiendo a que el pasivo de la empresa privada es muy alto, unos US$ 82 millones, puntualizó.
La senadora Desirée Masi fue más crítica y aseveró que lo que se hace es un subsidio y una plata perdida. Aseguró que se deja un mal antecedente, pues otras empresas pueden declararse en quiebra para que el Estado se haga cargo de socorrer a los trabajadores de la empresa.
Anunció su voto en contra porque “el Estado no reconoce que el proyecto no es un auxilio sino un subsidio”. Dijo que su idea era darle un préstamo a los cañicultores mediante el Banco Nacional de Fomento a cinco años de gracia, con el interés más bajo.
La Azucarera Iturbe arrastra una deuda de G. 62.800 millones con diversas instituciones como: la Subsecretaría de Tributación, G. 24.000 millones; la ANDE, más de G. 3.000 millones; y el Instituto de Previsión Social (IPS), G. 18.000 millones.