Cargando...
El jurado resolvió someter a juicio a dos magistrados involucrados con el caso Sarubbi: Manuel Saifildin Stanley y Máxima Meza.
Así también se ordenó investigar el desempeño de la agente fiscal Arminda Rivas, quien también se encuentra relacionada con el proceso judicial de Enrique Sarubbi.
El reingreso de González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no pudo ser peor: defendió contra viento y marea a la jueza Máxima Meza en procura de evitar un proceso que puede concluir con el cese de funciones de la magistrada.
Enrique Sarubbi, teniendo en sus manos un título de propiedad judicial fraudulento, inició el 13 de febrero pasado una acción de interdicto ante el juzgado de Máxima Meza; al día siguiente se ordenó el desalojo de un inmueble de 20 hectáreas en Minga Guazu y el 19 del mismo mes, Enrique Sarubbi tomó posesión de la finca.
La jueza Máxima Meza citó para el 25 de febrero a los propietarios del inmueble, es decir debían presentar el título de propiedad cuando ya se había cumplido la orden de desalojo.
El juez Manuel Saifildin Stanley, por su parte, admitió a mediados de 2013 la querella que Enrique Sarubbi inició contra su suegro Francisco Feliciano Duarte quién falleció en junio de 2000.
Saifildin Stanley declaró “rebelde” a Feliciano Duarte por no presentarse a prestar declaración ante su juzgado. No podía hacerlo, ya estaba muerto.
El juez ordenó la confección de un título de propiedad judicial en favor de Enrique Sarubbi sobre un inmueble de 20 hectáreas en Minga Guazu. La finca es propiedad legítima de HB Inmobiliaria SA cuyo accionista principal es el señor Higinio Benítez.
Por su parte, la fiscala Arminda Rivas será investigada por imputar a dos personas que en el momento del supuesto delito de falsificación de documentos tenían 11 y 9 años, Claudia y Fernando, hijos de Higinio Benítez; esta acusación fue presentada por abogados de Enrique Sarubbi.
La agente fiscal fue separada del caso Sarubbi por falta de objetividad, según disposición del fiscal adjunto de Alto Paraná, Alejo Vera. La resolución Nro. 46 del 19 de marzo de 2015 confirma su alejamiento.
Si bien no es objeto de investigación, sobre la fiscala Rivas existen denuncias públicas de supuesto enriquecimiento ilícito debido a que su nivel de vida no coincide con su ingreso como funcionaria del Ministerio Público.