Revelan detalles oscuros de Setama

Carlos Brañas, actual asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento (BNF), celebró la decisión del senador Marcial González Safstrand de presentar un proyecto para eliminar la Setama y la Dinatran, debido a la mafia que domina el poder en dichos entes desde el 2010, en especial en el consejo de la primera.

“Estoy convencido que si no termina la institución, por lo menos hay que eliminar ese consejo que está integrado por personas que defienden intereses de sectores, como los empresarios del transporte, y el otro de los choferes sindicalizados, y las injerencias políticas, como lo dije reiteradas veces”, declaró a la 730 AM. Agregó que los votos se priorizan a la hora de tomar decisiones antes que el bien de la ciudadanía.

El asesor recordó que en el 2005 fue echado de la Comisión de Tarifas de la Setama, luego de negarse a firmar la planilla para fijar el precio del pasaje, debido a que contenía datos falsos.

Recordó el proyecto del boleto electrónico planteado por primera vez en el 2009 por el entonces gobernador Carlos Amarilla, ocasión en que los transportistas consiguieron una medida cautelar para impedir la implementación.

“En ese sentido ha demostrado Setama que no trabaja en función de la ciudadanía, sino para sectores y grupos de transportistas, y creo que es una institucion distorsionada y no tiene sentido que siga funcionando”, sentenció.

Si bien no está convencido de que transferir todas las facultades de Setama al Viceministerio del Transporte sea la solución, expresó que la ventaja está en que dependerá del Poder Ejecutivo y el incumplimiento derivará en el cambio de la persona.

Carlos Brañas relató que las empresas del transporte público que tienen deudas con el BNF actualmente reciben el subsidio estatal debido a maniobras que realizaron en la Setama.

“En julio del año pasado presenté una denuncia escrita ante la Contraloría y el Procurador, en referencia a las empresas que cobraban subsidio y eran morosas en el BNF. Las morosas que están cobrando subsidio son cuatro empresas: 32, 3, 12 y la 15. Son cerca de G. 1.200 millones mensuales que está recibiendo ese grupo de empresas. La 3, 12 y la 15 están debiendo juntas 7.800.000 dólares”, señaló.

Aunque los empresarios insistan en que las deudas ya caducaron y son incobrables, el BNF afirma lo contrario.

“Con ese consejo que tiene siete miembros intocables e infranqueables no se puede hacer nada, no se puede ir hacia atrás ni adelante”, recalcó, para después señalar que las empresas morosas beneficiadas con el aporte del Estado son las que toman las decisiones en Setama.

“Esas líneas 3, 12 y 15, casualmente, forman parte de la Cetrapam y que casualmente tienen la mayoría de votos en el consejo, desde mayo de 2010 hasta hoy, y esas empresas están cobrando subsidio”, denunció.

Señaló que existen actualmente dos decretos presidenciales que fueron ignorados por los miembros del Consejo de Setama (el 7.506 y el 7.805), que exigen que los empresarios deben estar al día con el BNF para acceder al subsidio.

“No se les debía renovar el permiso y, al no tener permiso, no tendrían contrato y no podrían acceder al subsidio. Eso demuestra que el consejo de la Setama, cuando es manejado por un grupo corporativo, hace lo que quiere en beneficio de los intereses grupales. Lo que menos les interesa es la ciudadanía; es una muestra palpable de cómo esta funcionando desde el 2010”, criticó.

Brañas relató que muchas empresas de transporte público que tienen deudas con el BNF recurrieron a una maniobra que consiste en el cambio de la razón social.

“La mayoría cambiaron su razón social para eludir las acciones judiciales, y esos casos van a ser difíciles de cobrar, como por ejemplo la Línea 19, que era Yberá y ahora es Cacique S.A., y siendo Cacique S.A. cedió sus derechos y acciones a la empresa Villa Hayes que explota la Línea 19. Entonces, la razón social original, la que contrajo la deuda, ya no existe más. La cabeza visible era el seccionalero colorado Abilio Ortega”, relató el entrevistado.

Expresó que, “en ese caso, las sociedades responden hasta el límite establecido en sus estatutos, y si no hay compromiso contraído por las personas físicas, eluden la acción de la demanda por el cobro de guaraníes; es un artilugio legal”.

Otra empresa que aplicó tal maniobra es la firma Automotores Guaraní S.A., que pasó a llamarse Automotores Guaraní SRL y que actualmente explota el itinerario de la Línea 47, pese a tener deudas impagas con el BNF.

Carlos Brañas señaló al empresario Juan Carlos Aveiro como el “verdadero maquinador y financista de todo esto”, al tiempo de calificar a César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, de “vocero rentado, un empleado asalariado”.

Según el asesor jurídico del BNF, Aveiro, empresario cuestionado por enriquecimiento durante la época stronista, entre otros cuestionamientos, utiliza a Ruiz Díaz para lograr la realización de todos los negocios, entre ellos el subsidio.

“Juan Carlos Aveiro es el verdadero maquinador financista de todo esto, César Ruiz Díaz es su vocero rentado, un empleado asalariado, no es sueldo mínimo, y es para que el otro no dé la cara para debatir y a defender sus posturas. Entonces, con el poder político y económico que tiene y con el respaldo jurídico que tiene, lo pone a este señor para que él (Ruiz Díaz) se desgaste y él (Aveiro) mantenga su imagen”, dijo.

Respecto al representante sindical de los choferes, Miguel Zayas, expresó que llegó al puesto a través de “favores” del mismo Aveiro, quien utilizó mecanismos jurídicos para ubicarlo en el puesto donde actualmente se encuentra.

“Miguel Zayas, el representante sindical, le debe su presencia en el consejo a una persona que, con los poderes que tiene, logró que se siente como consejero en vez de Alberto J. Arce, que era reelegido, casualidad, a través de una medida cautelar, y está pegado o le debe favores y finezas al otro”, narró.

Brañas relató otra irregularidad que los empresarios del transporte practican para beneficiarse con el subsidio del Estado. Señaló que en la planilla tarifaria para fijar el precio del pasaje hacen trampa a fin de conseguir una cifra acorde a sus intereses.

“Nosotros nunca criticamos la planilla, que es cuasi perfecta, es producto de un estudio científico; pero lo que sí cuestionamos son los valores que se cargan. Si yo cargo el 30% de plus que por ley se debe pagar a los choferes por desempeñar la función de cobradores, consigo que la tarifa suba G. 50. Pero mi actitud es perversa y mentirosa, porque yo no estoy pagando ese plus porque consigo a través de la Corte un acuerdo y sentencia que me permite eludirlo, entonces ellos cargan algo que no pagan”, señaló.

También dijo que otro cuestionamiento es que se cargue “414 pasajeros transportados por bus y por día, una cifra del año 2004, cuando hoy sabemos que hay firmas que transportan 800 pasajeros por bus y por día. A mayor cantidad de pasajeros, la tarifa iba a descender”.

Con todos estos argumentos, Brañas reitera que la desaparición de Setama, o de su consejo, será un gran beneficio para la ciudadanía, así como la disminución y desaparición del subsidio al pasaje que actualmente el Estado otorga.

Hasta la fecha, solo una empresa que adeuda al BNF se acercó para saldar su cuenta: la firma “1º de Diciembre”, que explota el itinerario de la Línea 41 Lambaré-Asunción.

En total, los empresarios del transporte público deben US$ 84 millones al Estado. La deuda era inicialmente de US$ 27 millones, monto al que se agregaron intereses y gastos judiciales.