15 de Agosto de 2014 00:00

 

Los presuntos hechos de corrupción

Por Claudia Merlos

En estos pocos 365 días desde que el presidente Horacio Cartes asumió el cargo, le han salpicado algunos hechos aparentemente irregulares. A continuación repasamos los casos que se dieron en el primer año de Gobierno.

Horacio Cartes, presidente. (Archivo).

Horacio Cartes, presidente. (Archivo). / ABC Color

Cercanos beneficiados

En diciembre del 2013, fue cuestionado el hecho de que una millonaria licitación le fue adjudicada a la empresa Aqua Gruop, de la que es accionista Francisco Barriocanal Jiménez Gaona, gerente de una de las empresas del presidente Horacio Cartes. Fue el primer “gran” negocio que cerró la firma, y con lo que le proveyó e instaló a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) equipos de potabilización del agua para la planta de tratamiento de San Bernardino.

Antes de octubre, mes en que firmó el contrato con la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) por valor de G. 4.500 millones (más de US$ 1 millón), las adjudicaciones, inclusive con la aguatera, no eran tan significativas. En el pasado, es decir antes de Cartes, lo máximo que facturaba al Estado era de G. 2.500 millones.

El mandatario salió al paso de las críticas por este caso, y defendió a su empleado. Dijo que Barriocanal es una persona intachable y que ojalá el Paraguay tuviera “más personas como él”. “Lo único que te puedo decir es que Francisco Barriocanal para mí es una presea en mi vida”, manifestó en declaraciones a la prensa.

“Exclusivo” del Estado

Uno de los dos accionistas de Yamgo S.R.L. es Humberto Ramón Ortiz Bento, gerente industrial de la empresa Bebidas del Paraguay SA, propiedad del Grupo Cartes.

De acuerdo a las informaciones a las que accedió ABC Color, Ortiz Bento es un aficionado a las armas y compró de Carlos León, dueño de la empresa Comtecpar, 3.000 balas del calibre 5.56 x 45 mm que figuran como de uso exclusivo de organismos del Estado.

Yamgo S.R.L. es una de las empresas que compró parte de las balas sobrantes del lote que la compañía Comtecpar había adquirido de más, usando el nombre de la Corte Suprema de Justicia.

Seis contratos

Otro caso más reciente que tiene que ver con millonarias adjudicaciones, involucra a la empresa Aero Centro S.A., empresa perteneciente al Grupo Cartes. Desde enero hasta julio de este año, esta firma ha sido contratada por el Estado paraguayo seis veces, por valor de G. 1.794 millones.

La ley Nº 2.051, del año 2003, prohíbe expresamente a funcionarios o empleados públicos y a sus parientes a formar parte de propuestas y contratos con el Estado paraguayo. Sin embargo, según el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones, Santiago Jure, no se encuentran irregularidades.

“Desde Contrataciones Públicas no hay ninguna irregularidad en esta situación en concreto”, aseguró Jure a inicios del mes pasado a una emisora local. Afirmó que en los contratos fueron realizados a partir de “procesos abiertos en los cuales no hubo protestas de consideraciones, denuncias, nada. Fueron cinco procesos realizados ante el Ministerio de Defensa Nacional y uno ante el Indert. Se adjudicó sin inconveniente alguno”, subrayó.

¿Empresarios o políticos?

Desde que se inició el Gobierno de Horacio Cartes, fue repudiado el hecho de que el mismo involucró a los gerentes de sus empresas en asuntos de Estado, siendo que ninguno de ellos contaba con ningún cargo público a través del cual responder a la gente o justificar las decisiones en las que influían.

Opositores al Gobierno inclusive presentaron pruebas (fotografías) de que los gerentes de Cartes participaban abiertamente de las reuniones de ministros, que son encuentros sumamente importantes y donde inclusive se habla de cuestiones de alta seguridad o grandes compras del Estado.

Ante los reiterados cuestionamientos y la evidente ilegalidad de dicha práctica, el mandatario decidió “nombrar” a estas personas como “asesores ad honórem” del Gobierno.

En febrero de este año, mediante el Decreto nº 1265 nombró a siete consejeros. Francisco Barriocanal, gerente general de Bebidas del Paraguay; Carlos Cañete, extesorero del club Libertad cuando Cartes era presidente del club; Osvaldo Salum, director general de la Publicitaria Prana; Gustavo Galeano, directivo de las empresas del mandatario; Juan Carlos López y Luis Ramírez serán asesores económicos, mientras que Hugo Correa, director de Tecnología de la Información en Tabacos del Paraguay, lo asesorará en ese campo.

Caso de banquero

El escándalo de los “asesores” saltó luego de que el titular de la Secretaría Antidrogas, Luis Rojas, admitiese que Hugo Portillo, gerente del Banco Amambay, haya participado de operaciones contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este banco es una de las empresas del Grupo Cartes.

Nuevamente, las vueltas de la ley protegieron al empleado de Cartes. La normativa Nº 861 de la Ley General de Bancos establece una serie de incompatibilidades e inhabilidades para los directivos de entidades financieras; sin embargo, ninguna hace referencia a la participación en operativos tácticos junto a agentes de seguridad, por lo que nos encontramos aquí con una “laguna legal” que finalmente protegió a Portillo. 

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