Medida a la Línea 12: se premió a la ineficiencia

Para el viceministro de Transporte, Juan Encina, la medida cautelar que permite la circulación de la Línea 12 es una amenaza para el plan de retirar a las empresas que brindan un mal servicio. “La línea es una de las más deficitarias del sistema”, dijo.

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Encina señaló a ABC Color que -en un año y medio- siete empresas fueron beneficiadas con medidas cautelares; en ese periodo de tiempo, la cartera estatal logró levantar casi la totalidad; sin embargo, la reciente aprobación a favor de la firma Curupayty SRL significó un revés en el plan de renovación del transporte público. “Estábamos bastante tranquilos porque gracias a la fuerza con la que trabajamos con el Poder Judicial pudimos levantar prácticamente todas las medidas, y ahora aparece la cautelar para la Línea 12, cosa que lamentamos”, expresó.

Según el secretario de Estado, esta disposición en realidad termina premiando a una de las empresas más deficitarias de todo el sistema, cuya deuda al Banco Nacional de Fomento ronda los US$ 2.000.000. “Ya le habíamos cancelado el permiso porque abandonó sus ramales en Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque, además de operar con solo 11 unidades de las 93 autorizadas para prestar el servicio”, dijo.

La resolución del Tribunal de Cuentas Primera Sala se da en pleno proceso de licitación para cubrir el itinerario de la empresa Curupayty; si bien no tiene efecto en el proceso, dificulta el retiro de circulación a aquellas empresas que prestan un servicio deficitario. “Realmente no tuvieron ningún criterio, ellos sostienen que la medida se les concedió para no dejar a los pasajeros sin transporte, pero esa no es una responsabilidad del Poder Judicial, sino nuestra, por eso estamos llamando a licitación”, cuestionó.

Consultado acerca de la postura que tomará el Viceministerio, Encina informó que ya se hizo la solicitud de levantamiento de la medida; de hecho, ya se corrió traslado a la empresa que no ha respondido. Al mismo tiempo, se dispuso el envío de antecedentes a la Procuraduría General de la República, que elevará una denuncia contra los magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o al Consejo de Superintendencia de Justicia por sospechas de irregularidades en el otorgamiento de la medida cautelar.

Pese a que los propietarios de la firma Curupayty SRL no cumplieron en fecha con el pago de la caución impuesta de G. 10 millones -feneció el 29 de junio y fue pagada recién el 30- el Tribunal de cuentas resolvió conceder de todas maneras la medida cautelar para que la línea siga operando mientras dure el juicio.

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