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Walter Cardozo, integrante de la Comisión de Cumplimiento del Tratado de Yacyretá, dijo que con la acción del Senado de la nación quedó demostrado una vez más que en el Paraguay no rige el estado de derecho, ya que se ha violado un tratado internacional vigente entre Paraguay y Argentina, ratificado por Ley paraguaya Nº 433/73, para entregar los derechos de nuestro país a los argentinos.
"El hecho realizado por un grupo de personas que se encuentran situadas en lugares de toma de decisión se trata de un genocidio económico, porque se trata de un perjuicio de millones de dólares garantizado en el Tratado a favor de Paraguay", sentenció Cardozo.
En Yacyretá, al aplicar la nota reversal del '92 y rechazada en el '95 por el Parlamento paraguayo, no se factura potencia, que representa el 60% de los ingresos que debería tener el proyecto, y se factura energía por debajo del costo de producción, razón por lo que habla de deuda progresiva de 6.000, 12.000 y 18.000 millones de dólares, de los cuales supuestamente los argentinos descontaron los intereses y que una deuda ilegitima de 4.000 millones de dólares.
También dijo que acá corresponde hacer el recálculo de toda la energía y potencia llevadas por la Argentina desde el '94 hasta la actualidad, ver cuánto se nos adeuda en concepto de potencia y de energía facturada por debajo del costo de producción.
“De acuerdo al Tratado de Yacyretá, la Argentina lo único que puede hacer es aporte. El Tratado no admite interés por parte de los socios copropietarios, por lo tanto, esto representa una lesión de confianza al Paraguay que fue posible por la impunidad fiscal, judicial, sometidos al poder económico de los que tienen potestad de decisiones”, dijo Cardozo.
El artículo 137 de la Constitución Nacional establece una norma de clausura que garantiza que ningún poder del Estado viole la Carta Magna para entregar los derechos del Paraguay. Significa que el Tratado de Yacyretá fue producto de un estudio de factibilidad técnico y financiero, por lo que las notas reversales viola totalmente el artículo 137. El acuerdo Cartes–Macri es de carácter internacional y de menor categoría que el Tratado.
“Acá corresponde declarar lo aprobado por el Senado como inconstitucional ante la Corte Suprema y, de no tener respuesta favorable a los intereses del Paraguay, se debe recurrir a la Corte Internacional, donde existe justicia independiente y los culpables reciban el castigo que se merecen. Se debe tener en cuenta que los hechos de genocidio no prescriben”, agregó.