Sin rumbo para los Derechos Humanos

Eladio Loizaga no pudo disimular su disgusto. En plena visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, periodistas le estaban cuestionando sobre la serie de dificultades que Paraguay debía afrontar en cuanto a Derechos Humanos. Precisamente Paraguay, uno de los países que desde el año pasado ingresó como miembro del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional a cuya cabeza se encuentra Ban.

Se le preguntó sobre el reclamo de comunidades indígenas por sus tierras ancestrales. Al respecto dijo que Paraguay está cumpliendo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que hace poco el propio Presidente de la República entregó títulos de propiedad a indígenas en cumplimiento de esa exigencia.

Se le indicó que eso se había iniciado durante el gobierno de Fernando Lugo. Respondió en tono molesto e incómodo que no fue así. “Este gobierno está trabajando. No vamos a venir a decir ahora de quién fue. Yo le voy a decir una cosa, en este momento lo importante es la presencia del secretario general (Ban Ki-moon). El Paraguay no está en déficit con los derechos humanos”, respondió el canciller Loizaga.

Sin embargo, los informes de diversas organizaciones dedicadas a velar por los Derechos Humanos contradicen totalmente lo afirmado por el canciller paraguayo. De hecho las palabras del mismo Ban Ki-moon contradijeron en algunos momentos a lo señalado por Loizaga.

El mismo día en el que el secretario general de la ONU llegaba al país, Amnistía Internacional presentaba su informe anual. El capítulo paraguayo revelaba que a nuestro país todavía le quedaba una larga lista de tareas pendientes y manifestaba además preocupación por la falta de rumbos concretos para esta cuestión. “Habiendo pasado casi dos años venimos a reiterar el gobierno la necesidad de que exista un rumbo concreto y definido para los Derechos Humanos”, señaló Fabián Forestieri, presidente de Amnistía Internacional Paraguay en conversación con ABC Color.

Forestieri aseguró que existe preocupación debido a que no existe una instancia que se encargue de la articulación de planes y programas relacionados a los Derechos Humanos en el Poder Ejecutivo. “Una de las señales más claras es que el  Poder Ejecutivo establezca una instancia concreta, oportuna y con capacidad de responder a estas cuestiones”, afirmó.

Agregó que durante este gobierno se dio la desaparición de la dependencia que cumplía las veces de instancia encargada de las políticas referidas a los Derechos Humanos, en alusión a la eliminación del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El presidente de AI Paraguay señaló que la organización sigue preocupada por cuatro grandes áreas como la desprotección de sectores vulnerables (abusos de comunidades indígenas y desprotección de grupos vulnerables por la falta de un marco legal para evitar esta situación); la violencia de género; la necesidad de justicia; y la situación del Parque Defensores del Chaco, particularmente del Cerro León.

En lo que a la necesidad de justicia respecta, Forestieri señaló como ejemplo el asesinato de cuatro periodistas en 2014 y que las cortes paraguayas no hayan podido acabar con la impunidad, incluso de crímenes cometidos durante el último régimen militar.

“Consideramos legítimo que desde el Estado se propicien acciones que apunten al desarrollo sustentable de la economía, pero ello no debiera hacerse comprometiendo a los derechos humanos”, aseveró con respecto a la situación del Cerro León.

Haciendo alusión a las palabras del canciller Loizaga, Forestieri señaló que en un estado democrático las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas, pero que esa “rendición de cuentas para ser efectiva se debe basar en la realidad”.

“En Paraguay, hay aún largas y urgentes deudas en Derechos Humanos. No se trata solamente de la buena voluntad sino de pasar a los hechos. En campaña electoral, el Presidente Cartes y otras autoridades electas nos prometieron nuevo rumbo. Hoy a casi dos años, venimos a reiterar la necesidad de un verdadero rumbo de compromiso y voluntad política con los derechos humanos, que vaya de la palabra a los hechos”, aseveró Forestieri.

Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinador de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), coincidió con el representante de AI al señalar que en nuestro país existe una larga lista de pendientes en lo que a Derechos Humanos se refiere. “En Paraguay si se da una violación sistemática de los Derechos Humanos”, aseveró tajante en conversación con ABC Color.

Gauto puntualizó que existen algunos grupos de la sociedad que sufren con mayor intensidad esa violación de los derechos fundamentales y calificó como “desacertadas” las declaraciones del canciller Eladio Loizaga.

“Sí hay un déficit profundo en cuanto Derechos Humanos. No hay voluntad política para rectificar”, aseguró. Loizaga había señalado que si Paraguay contara con algún déficit en cuanto a Derechos Humanos, no habría sido elegido para formar parte del Consejo de la ONU de ésta área. “Que Paraguay sea miembro del Consejo de Derechos Humanos no es sinónimo de un buen currículo, lo que tiene que hacer es llevarnos a corregir el accionar del Estado paraguayo”, puntualizó.

Citó el caso Curuguaty como un ejemplo claro de la manera en la que grupos desprotegidos sufren violaciones a derechos como el debido proceso y recordó que el mismo Ban Ki-moon hizo referencia a la situación de los pueblos indígenas y la discriminación.

Paraguay sigue sin cumplir tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que a derechos de los pueblos originarios refiere. De hecho, el nuestro es el único país del sistema interamericano que ha recibido tres condenas en este sentido. Además, recordó Gauto, poco después de que nuestro país ingresara al Consejo de DD.HH. de la ONU, el Senado decidió rechazar el proyecto de ley contra todo tipo de discriminación.

Datos de la Cepal han revelado que Paraguay invierte en salud ocho veces menos que el promedio de América Latina y el Caribe; y cuatro veces menos en educación.

Entre los otros puntos que señaló como cuestionables citó que el Defensor del Pueblo tiene ya seis años y medio de mandato vencido, a lo que se le suma además la “pésima gestión que sigue teniendo”. Además, recordó la contradicción entre el discurso del gobierno de Cartes sobre la priorización de los Derechos Humanos y la decisión de eliminar el viceministerio de Derechos Humanos. “Son algunos puntos ilustrativos de un profundo déficit en lo que a Derechos Humanos se refiere”, sentenció Gauto.

De hecho, una serie de organizaciones sociales presentaron un informe ante el secretario general de la ONU para demostrarle que la realidad paraguaya no era tan bonita como le habían asegurado las autoridades locales.

Todavía queda una larga lista de materias pendientes.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano