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Según señalaron fuentes de la Cámara Baja a las que tuvo acceso ABC Color, la intención de algunos diputados no es rechazar el proyecto para evitar ser sometidos al escarnio público, sino tocar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado para volverlo completamente inútil.
El pasado viernes, la Comisión de Legislación se reunió con el abogado Ezequiel Santagada, director de IDEA y especialista en Acceso a la Información Pública. Los legisladores solicitaron que ayude con un borrador para introducir modificaciones al proyecto que había sido aprobado en el Senado.
Santagada había relatado que el proyecto cuenta con varios puntos que podrían ser atacables, por lo que era necesaria la modificación del mismo para que la transparencia sea real.
A pesar de haber recibido el borrador solicitado, dentro de la misma comisión se emitió otro documento en el que las modificaciones eran prácticamente nulas. Una situación similar se da dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El proyecto planteado por una parte de los legisladores pretende hacer públicos solo los datos que ya son públicos, como ingresos y datos de bienes registrables, que ya constan en fuentes públicas. Sin embargo, pretenden dejar la ley actual en los mismos términos.
Los legisladores pretenden esconder datos de montos en cuentas bancarias y también acciones o poderes de sociedades nacionales o extranjeras.
El borrador presentado por Santagada y varias organizaciones de la sociedad civil plantea que se hagan públicos los datos correspondientes a ingresos, egresos, patrimonio, inmuebles, muebles, rodados y montos en cuentas bancarias, además de los bancos nacionales o extranjeros en los que están depositados. No se pretende revelar datos que afectan a la sensibilidad, como números de cuentas o datos de niños menores.
La sanción del proyecto de ley que hace públicas las Declaraciones Juradas afectará directamente a los diputados y senadores. Este es precisamente uno de los motivos de mayor preocupación entre los legisladores.
En ambas Cámaras del Congreso existen verdaderos magos de la finanzas que pasaron de vidas humildes a suntuosas casas de millonarios tras su llegada a la función pública. Que las Declaraciones Juradas sean públicas permitirá a la misma ciudadanía investigar a quienes reciben sueldos pagados con nuestros impuestos.
Algunos de los investigados o cuestionados por su millonario enriquecimiento en la función pública son, por ejemplo, los senadores Dionisio Amarilla y Javier Zacarías Irún y el diputado Miguel Cuevas.
Durante su viaje a Buenos Aires la semana pasada, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había señalado estar a favor de la transparencia y dijo que, a priori, éste le parecía un proyecto de ley que favocerá el proceso de brindar mayor acceso a la información pública.
El diputado Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación de la Cámara Baja, había relatado semanas atrás a ABC TV que el contralor general, Enrique García, manifestó su oposición al proyecto de ley.
Ávalos recordó que la Contraloría envió a su asesor jurídico a conversar con ellos para tratar de convencerlos de frenar la modificación de la Ley 5.033.
Hace más de dos años que la Contraloría General de la República se niega a entregar información pública. En diciembre de 2016, el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano presentó por primera vez un pedido de acceso para solicitar que le entregaran las declaraciones juradas de las más altas autoridades de los últimos 20 años. El ente nunca respondió.
Un segundo intento llegó en diciembre de 2017. Tampoco hubo respuesta alguna de la entidad a cargo de Enrique García. Entonces, el periodista recurrió a instancias judiciales.
En mayo pasado, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado.
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme.
Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, el contralor Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.
La excusa de García para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que el contralor es el que traba el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.
La Contraloría presentó la acción de inconstitucionalidad, pero no fue sino hasta cuatro meses después y luego de que la Corte intimara al ente que entregó las copias para que se corra traslado a la contraparte, para que esta pueda responder.
Como si toda esta situación no fuera suficiente, la Corte Suprema de Justicia también hizo su parte.
En una abierta intromisión de la Corte Suprema de Justicia en las funciones del Congreso, la máxima instancia judicial envió un dictamen para tratar de frenar el proyecto de ley por el cual se hacen públicas las declaraciones juradas de funcionarios públicos el día antes de su estudio.
Además de la abierta intromisión en las funciones de otro poder, los ministros de la máxima instancia judicial incurren en un abierto prejuzgamiento. La Corte debe estudiar todavía la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no entregar esos mismos datos.
Los ministros incurrieron así en una grosera irregularidad. De hecho, los miembros de la máxima instancia judicial son parte interesada, pues sus declaraciones juradas también deberán hacerse públicas, según los fallos de las dos primeras instancias.
“Brindar información personal y patrimonial de los servidores públicos, consecuentemente su acceso, contenidas en su declaración de bienes (...) tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia”, había señalado Pedro Mayor Martínez, del Tribunal de Apelación, al momento de la sentencia, con lo que se desmentía a la Contraloría que alegaba privacidad.