Urgen bloquear cuentas de intendente de Arroyos y Esteros

El Ministerio Público solicitó un urgimiento al juzgado de Caacupé con el fin de que se apliquen embargos preventivos a las cuentas de los procesados, entre ellos la del intendente de Arroyos y Esteros, Gustavo Alfonzo, imputado por lesión de confianza.

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El fiscal José Dos Santos presentó un urgimiento al juzgado de Caacupé con el fin de que el magistrado de feria decida con respecto al pedido del embargo preventivo de los bienes y cuentas bancarias de los imputados, lo cual ya fue solicitado al presentar la imputación, para asegurar la recuperación de los activos de la Municipalidad de Arroyos y Esteros, cuestión que debe resolverse inmediatamente, según indica el agente del Ministerio en su pedido.

La jueza de feria de Caacupé, Aidée Pereira, lo había convocado recién para el 6 de febrero a su audiencia de imposición de medidas, y  en esa fecha resolvería el pedido de embargo de las cuentas y de prisión solicitado por el Ministerio Público. Evitando de esa manera que se pueda recuperar el dinero de la comuna.

El  fiscal de Delitos Económicos, José dos Santos había imputado a Gustavo Amado Alfonzo Prieto (ANR) el 13 de enero pasado y específicamente pidió su prisión preventiva porque, además del peligro de fuga, el jefe comunal podría obstruir la investigación e incidir en testigos, debido a que ya intentó zafar con la entrega de documentos falsos. El perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de Arroyos asciende a G. 883.885.00o

También fueron imputados por lesión de confianza Carmen Cristina Alfonzo Prieto, exadministradora de la municipalidad y hermana del intendente; María Luján Leite Sánchez, administradora actual de la municipalidad y Julia Teresa Agüero González, funcionaria de la municipalidad.

La lista de procesados continúa con Omar Rodríguez Kunzle, funcionario de la municipalidad, y Gustavo Amado Alfonso Bello, hijo del intendente, ambos por lesión de confianza; Ramón Alfonzo Enciso Ingolotti, exsecretario general de la municipalidad, por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y Alejandro Magno Núñez Insfrán, supuesto contratista, por lesión de confianza.

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