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El agente del Ministerio Público de Concepción dijo que es difícil tener cifras exactas de la cantidad de ganaderos que ceden a los chantajes de los grupos criminales, sin embargo afirmó que manejan datos de que serían unos 15 estacioneros.
Cazal relató que en contacto con algunos de los ganaderos, estos sostuvieron que ya no pagan el “impuesto revolucionario”, con lo cual evitaban que sus retiros sean quemados, o peor, ser secuestrados.
“Cuando se comenzó a hacer presencia continua del Estado acá en referencia a lo que sea enfrentamiento a esta gente (EPP y ACA), ellos empezaron a dejar de pagar esto”, aseguró el fiscal, en conversación con 780 AM.
En otro momento, subrayó que la familia Domínguez, propietarios de la estancia “La Gringa”, no cumplieron con las exigencias de miembros del EPP, de repartir víveres por valor de US$ 300.000, además de 60 cabezas de ganado a familias carenciadas de Concepción y la capital.
Cazal contó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realiza controles prácticamente todo el día en la zona de influencia de ambos grupos criminales.