El presidente de la República, Fernando Lugo, presentó ayer los lineamientos estratégicos para su política de reforma agraria. Teniendo en cuenta los antecedentes recientes del caso Teixeira, llama la atención que para el acceso a la tierra de futuros asentamientos, el Ejecutivo  pretenda otorgar al Indert la posibilidad de la compra directa, así como también habla de “fuero” para definir litigios por tierras.

En el local de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el presidente Fernando Lugo hizo público su lineamiento estratégico para la reforma agraria, con algunos puntos interesantes y positivos que anteriormente no se tenían, y otros preocupantes vista la historia reciente en el tema.

Entre los aspectos positivos se rescata el espíritu de apertura que muestra este nuevo proyecto de reforma agraria, especialmente para con los sectores gremiales empresariales y de la producción (excluidos totalmente hasta ahora) y en definitiva para todos los sectores involucrados al desarrollo rural.

 Otro punto destacable es que el documento (que antes no existía) ya representa una base de discusión entre todos los sectores a fin de conducir los programas hacia la verdadera reforma agraria integral y el desarrollo rural. También se menciona el rol protagónico que le corresponde al MAG en el ámbito del Desarrollo Rural y la Reforma Agraria, ya que anteriormente el ministerio tenía prácticamente una figura “decorativa” en el programa desarrollado por la Coordinadora Ejecutiva Para la Reforma Agraria (CEPRA). Asimismo, se le da importancia a la titulación de la propiedad en sus diversas modalidades y se resalta la necesidad de un catastro nacional.

Luz verde

 Ahora bien,  dentro del eje específico de “Reforma Agraria”, se observa una preocupante intención de otorgarle al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) libertades para la compra directa de tierras. En efecto, en el punto 5.1.1 “Acceso a la tierra para futuros asentamientos”, se detallan las formas que el Gobierno prevé para la obtención de propiedades.

 Se mencionan, por ejemplo, la recuperación de lotes desocupados, subocupados y adjudicados en forma ilegal; la recuperación de lotes en situación irregular por no sujetos de la reforma agraria; y la recuperación de tierras fiscales a través de mensuras judiciales.

Pero, se menciona además en este punto la “Compra directa por parte del Indert, conforme a procedimientos establecidos en el Estatuto Agrario”. Cabe mencionar que el Estatuto Agrario no hace referencia alguna a la compra directa de tierras, que necesariamente deben regirse por la Ley de Contrataciones Públicas y, eventualmente, si la Dirección de Contrataciones Públicas considera necesario (con base en algún planteamiento concreto del Indert), se analiza la posibilidad de una excepción por algún motivo justificado y se autoriza la compra directa.

Por lo tanto, cualquier otra compra tiene que ser licitada o por lo menos a través de un concurso de precios.

 Antecedente reciente

 Recordemos que la anterior administración del Indert (a cargo de Alberto Alderete), juntamente con las más altas autoridades del Gobierno (entre ellos Miguel López Perito) e incluyendo al mismo presidente de la República, Fernando Lugo, estuvo involucrado en un presunto intento de estafa al Estado paraguayo con la compra de 22.000 hectáreas del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira por más de 31,6 millones de dólares.

De haber tenido las facultades legales para una compra directa, evidentemente que el presunto delito se hubiera consumado indefectiblemente.

De allí la preocupación de que se otorgue al Indert la libertad de adquirir directamente propiedades para asentamientos campesinos que mueven miles de millones de guaraníes y se prestan fácilmente para sobrefacturaciones o “comisiones” al margen de lo estrictamente legal.

Campesinos sin tierra

Por otro lado, el documento presentado por Lugo hace referencia a la cantidad de campesinos sin tierra que supuestamente existen en el país. “La estructura social y económica actual indica, según el Censo Agropecuario del 2008, un total de 289.649 fincas agropecuarias y de estas 241.956 son pequeños y muy pequeños productores de menos de 20 hectáreas. Con respecto a este último grupo, 100.000 se ubican en la franja de campesinos sin tierra”, señala el escrito.