-¿Cuál es el fundamento para decir que la independencia del Poder Judicial está en peligro?   

-Nosotros estamos temiendo que el Ejecutivo busque asfixiar la independencia del Poder Judicial, como está sucediendo en otros países como Venezuela y Bolivia. Esta semana se tiene que tratar en el Congreso la “ley Borda”, que pretende dejar sin efecto nuestra autarquía presupuestaria, para que la administración judicial continúe dependiendo del Ejecutivo.   

-¿Qué está pasando en Venezuela y Bolivia?   

-Con el juez Tadeo Zarratea estamos volviendo del último congreso de la Federación Latinoamericana de Magistrados de Mar del Plata, donde nos hemos enterado en detalle de los abusos que se vienen cometiendo contra magistrados, hasta humillantes arrestos propiciados por el gobierno de Hugo Chávez. Aunque parezca mentira, la situación de la magistratura paraguaya está en mejores condiciones que otros países. Brasil  es la excepción.  Venezuela  y Bolivia son los que están en peores condiciones actualmente. Según refirió el delegado de Bolivia, el Gobierno está pretendiendo nombrar jueces en cada etnia, sin ninguna formación jurídica.   

-El problema de Venezuela, ¿cuál es?   

-En este momento tenemos el caso de una jueza presa y procesada por el dictamiento de una resolución judicial. Esta es una de las preocupaciones más grandes que se tienen actualmente en el ámbito de los magistrados.   

-¿Quién es?   

-Se llama María Lourdes Afiuni.   

-¿Qué hizo?   

-Ella levantó una prisión preventiva que pesaba sobre un empresario acusado por el Gobierno, un hombre importante, un banquero, que ya llevaba cuatro años sin juicio. Promovió hábeas corpus, pero como ya venció el plazo, la jueza decretó su libertad. Entonces Hugo Chávez, en su programa “Aló Presidente”, se rasgó las vestiduras y azuzó a la fiscalía a acusar a la jueza. Inmediatamente, el fiscal la acusó y una colega ordenó su detención. Antes de 24 horas ya estaba presa. La llevaron esposada, con chaleco antibalas, a pasear por los pasillos para la audiencia que no se realizó.   

-Para que la prensa la retratara...   

-La jueza fue ingresada al penal y puesta en un calabozo, con otras reclusas condenadas por ella misma, en donde ya atentaron contra su vida dos veces. La rociaron con gasolina para quemarla viva. Esa es la denuncia. El doctor Zarratea se pronunció en el congreso a favor de ella y formó parte de una comisión que redactó una condena por ese hecho y una protesta contra el Gobierno. En el congreso acordamos fijar un día de protesta en toda Latinoamérica por la situación. En Venezuela está proscripta la asociación de magistrados.   

-¿Se pronunciaron?   

-Sí. Salvo el delegado de Nicaragua que no firmó, porque evidentemente tiene miedo de represalias del Gobierno (de Rafael Ortega), todos condenamos ese hecho que atenta contra la independencia de los jueces. Hemos exigido su liberación inmediata y estamos alertas, porque mañana nos puede pasar a nosotros.  En la mayoría de los países, el Ejecutivo quiere manejar la justicia. En Argentina también tenemos problemas.   

-¿Qué hace el gobierno de Cristina Kirchner?   

-Los magistrados son controlados hasta con quiénes viven. Saben qué bienes tienen, qué casas tienen, qué autos tienen. Su vida privada es monitoreada por los servicios de inteligencia. Se los presiona sometiéndolos a exámenes, a pesar de que el magistrado, en el dictamiento de su sentencia está sometiéndose a pruebas constantemente. Es a  efectos de coaccionar, de minar la desesperanza...   

-En Paraguay, las acusaciones de corrupción contra  magistrados, y todos los adjetivos que conlleva esa palabra, no cesan...   

-Mal de otros, consuelo de tontos. Con decirle que nosotros hemos traído de la Federación Latinoamericana una felicitación oficial dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los demás miembros, por la lucha que se está haciendo desde los gremios por la inamovilidad y por la autarquía presupuestaria, y  justo viene a presentarse este “proyecto Borda” que pretende dejar sin efecto de nuevo la autarquía presupuestaria. Esta es la magnífica oportunidad que tienen los senadores para decirle no a este intento de controlar el Poder Judicial.   

-¿Ya tiene autarquía presupuestaria el Poder Judicial?   

-Así como están las cosas, estamos yendo camino a la autarquía presupuestaria. La Corte ya está administrando parte de su presupuesto. Es una lucha de muchos años. Eso constituye sin lugar a dudas un avance demasiado grande, demasiado importante.   

-¿Desde cuándo?   

-Desde este año. El Artículo 249 de la Constitución establece la autarquía, pero nunca se cumplió.   

 -¿Qué motivaciones tiene el Gobierno para cortar eso?   

-Generalmente el Ejecutivo, no solo aquí, en toda la región, quiere tener su juez propio. Eso es categórico.   

-¿Cuál es el argumento de Borda?   

-No hay ningún argumento que valga contra un artículo claro de la Constitución Nacional. Se tiene que cumplir la Constitución, y punto. Así, a tabla rasa, no hay otra alternativa. No se puede reglamentar un artículo constitucional cuando no existe ninguna oscuridad o silencio respecto de ese artículo. Es claro. Le agrego más. Si los políticos resuelven lo contrario a la autonomía del Poder Judicial, nosotros tenemos la legitimación activa para interponer una inconstitucionalidad...   

-¿Quiere decir que no va a valer una ley del Congreso?   

-Nosotros tenemos el derecho de interponer una inconstitucionalidad, porque ya es el momento que el Poder Judicial se ponga los pantalones largos. En el último encuentro de Mar del Plata, los magistrados de América Latina nos convencimos más que nunca que en el Poder Judicial está el futuro de la democracia y la libertad en la región.   

-¿Por qué el Poder Judicial?   

-Porque los jueces no solamente se van a limitar a resolver sentencias. Van a resolver cuestiones que no se resuelven en el ámbito político. Todos esos problemas que no resuelven los políticos vienen al Poder Judicial. Ese es el problema fundamental. Por eso la gente quiere su juez propio. Con la autarquía y la inamovilidad le vamos cerrando el círculo a la injerencia externa en la justicia.   

-¿La inamovilidad existe desde cuándo?   

-Desde que tomé la presidencia de la Asociación de Magistrados, hace como tres años, ya hay magistrados que son inamovibles, unos 40, yo entre ellos. Existe una proporción interesante también que pide la inamovilidad, y que hasta ahora la Corte no se expidió. Los pasos son lentos pero seguros. El beneficio no va a ser solamente para la magistratura, sino de la sociedad. No le quepa la menor duda.   

-¿Y esos cuestionamientos a los ministros de la Corte que se autodeclararon inamovibles?   

-La Asociación de Magistrados Judiciales sentó postura sobre ese hecho. Considera  que se tiene que dar cumplimiento explícitamente a lo que establece el Artículo 252 de la Constitución. Los ministros de la Corte son inamovibles desde su nombramiento. Ellos son inamovibles hasta los 75 años. Es una de las maneras de garantizar la independencia del Poder Judicial.   

-¿Acaso no tienen que concursar cada cinco años hasta su segunda elección para ser inamovibles?   

-Existen dictámenes de anteriores administraciones de la Corte que establecen en forma clara y contundente el porqué tenían que ser considerados inamovibles los ministros de la Corte desde su nombramiento. Solamente pueden ser destituidos por juicio político del Congreso.   

-¿En qué ley se basan para decir que son inamovibles?   

-El 261 de la Constitución dice: “los ministros de la Corte Suprema de Justicia solamente podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años”. No se discute ese artículo. Es categórico.   

-¿Y todo lo que se discutió antes no sirvió para nada?   

-El Artículo 261 no dice que los ministros deben ser removidos cada cinco años. “Cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años”. Así también dice el Artículo 249: “El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto General de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la administración central. El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso...”   

-¿Y qué hay de jueces que dictan sentencias que favorecen a otros jueces, como el caso del juez Castiglioni contra ABC o sentencias vergonzosas que favorecen a políticos?   

-No tengo conocimiento de ese fallo, pero si es irregular, están los mecanismos para reclamar en el marco de la ley. Todos los magistrados podemos ser sometidos a un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Los ministros de la Corte pueden ser sometidos a juicio político por el Congreso...   

-Se los acusa usualmente de actuar corporativamente, con esta última sentencia...   

-No me consta. El hecho de que un juez se deje influenciar por poderes fácticos o corporativos es cuestión de su carácter. Al dictar su sentencia, tarde o temprano va a salir a luz y se va a saber los que actúan bajo ese influjo. En esta profesión, como en cualquier otra, estamos de todo, pero las responsabilidades son individuales. No se les puede poner en una misma bolsa a todos, aunque la actuación de un magistrado fuera del marco de la ley siempre nos perjudica, algo que les pasaría a los de cualquier otra profesión. Pero yo pido que confiemos en la justicia y con más razón en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial a partir de la autarquía presupuestaria y la inamovilidad. Son los únicos elementos con los que puede contar la ciudadanía para pretender por lo menos una justicia independiente.   

-¿Cuál es su opinión sobre el papel de la prensa en el Poder Judicial?  

-En España y en algunos otros países, los jueces y periodistas debaten en conjunto ese papel. Eso es lo que falta en este país. Para mí, una prensa independiente, respetuosa, objetiva y profesional es fundamental, y no tiene que estar en discordancia con el Poder Judicial. Al contrario, ayuda a preservar nuestra propia independencia.   

-¿Ustedes no están poniendo en peligro su independencia al unirse a otros gremios para pedir sus reivindicaciones?

-Ya le dije. La independencia de cada uno depende de su fortaleza.  Sobre esa misma pregunta se ha debatido bastante dentro de nuestro gremio. Ya escuché eso: “no puede la Asociación de Magistrados juntarse con otros gremios”. Eso también dice Chávez en su país, donde los propios jueces tienen prohibido asociarse. Eso depende del valor que cada uno le dé a su independencia. Cada juez rinde con cada sentencia.   

-¿Cuántas reivindicaciones consiguieron hasta ahora?   

-Fueron dos reajustes salariales, uno del 21% y otro de más del 15%. Con simples notas no hemos conseguido nunca nada. Nos hemos movilizado con mucha convicción. Nos convencimos que era la única forma de luchar por nuestra independencia y preservar  la honestidad.