El director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, remitió una carta al director de ABC Color. El texto de la misiva expresa lo siguiente:

“Motiva la presente aclarar algunos puntos relativos a un artículo publicado por el diario ABC Color en día de la fecha (12 de agosto), tanto en su edición impresa (página 35), como en su edición digital.

Dicho artículo, firmado por el señor Walberto Caballero, titulado ‘Proyectan comercio ilegal de pesca en la zona prohibida de Yacyretá’, involucra a la Fundación Moisés Bertoni en un supuesto negocio ilícito junto a otras empresas y sugiere que, para ello, se contaría con el asentimiento de diferentes organismos públicos, nacionales e internacionales, movidos por el interés económico, dada la magnitud de la inversión. El artículo, además de ser de alguna manera lesivo para con la trayectoria de la Fundación Moisés Bertoni, tanto en su discurso como en su práctica, prejuzga intenciones y aporta información inexacta omitiendo aspectos esenciales de la iniciativa.

Como antecedente, podemos mencionar que a principios del año 2008 hemos contactado con una empresa especializada en el tema de ‘Pesca Deportiva con Devolución Obligatoria’ y que tiene una amplia trayectoria con emprendimientos en Brasil, Argentina y Uruguay. El objetivo de la fundación ha sido sencillamente evaluar opciones que permitan el desarrollo de una actividad económica que pudiese generar beneficios sociales y ambientales a las poblaciones que viven en el área de influencia de la represa de Yacyretá.

La primera constatación que hicimos es que efectivamente existe una ley que prohíbe todo tipo de pesca 3 kilómetros aguas arriba y 3 kilómetros aguas debajo de la mencionada represa y por lo tanto un proyecto de este tipo no puede ser llevado adelante con el actual marco legal, que obviamente lo respetamos. De hecho, esta prohibición absoluta se estableció como consecuencia de la terrible depredación que venía ocurriendo anteriormente en dicha zona y justamente lo que la fundación pretende es identificar alternativas viables que protejan la fauna íctica (un beneficio ambiental y para la biodiversidad), y al mismo tiempo genere beneficios sociales y económicos para las poblaciones circundantes. En este caso, vemos que el turismo de nicho de ‘pesca deportiva con devolución obligatoria’ puede reunir esas condiciones y por lo tanto hemos iniciado una serie de análisis de experiencias de otros países que han llevado adelante exitosamente este tipo de iniciativas.

Por ello, ante la prohibición legal existente, lo que hemos promovido ha sido sencillamente la realización de unos estudios técnicos-científicos en la zona de manera a tener una mayor certeza sobre el real impacto de una iniciativa como la planteada tanto en términos económicos, sociales y ambientales. Es importante aclarar que dichos estudios pueden ser realizados de acuerdo al marco legal vigente, siempre y cuando se tengan las autorizaciones respectivas de los órganos de control y aplicación. Es precisamente ese el camino institucional que la fundación ha seguido, contactando con todos los organismos involucrados en el tema y sugiriendo y solicitando la posibilidad de realizar dichos estudios técnicos-científicos. Esto de ninguna manera puede ser considerado ‘ilegal’, como de alguna forma da a entender el título del artículo, y en realidad si el estudio se realiza y los resultados son considerados negativos en términos de su factibilidad socioambiental, seremos los primeros en abandonar esta idea y buscar otras alternativas que sí pudieran resultar viables.

Sin embargo, si los resultados de estos estudios técnicos-científicos (que deberán ser llevados a cabo por los responsables de los órganos de aplicación de las normas vigentes) resultan positivos en el sentido de que esta iniciativa puede generar beneficios importantes, tanto en lo económico como en lo social y ambiental (solo nos interesan aquellos proyectos que apunten a esta triple línea de resultados), entonces iniciaremos las gestiones conjuntamente con actores del sector público y de las comunidades involucradas para tratar de modificar el marco legal vigente. Solo en ese eventual caso se podría pensar en la implementación real de una iniciativa como esta, nunca antes.

Finalmente, si en el futuro existiese un nuevo marco legal, fruto de la constatación efectiva de que este tipo de iniciativa puede resultar beneficioso para el país, dicho marco legal es el que establecería las condiciones para la explotación del servicio y obviamente esto debería ser hecho de manera transparente y en el marco de una licitación pública, llamando a todos los interesados. Es decir, no existe ningún tipo de componenda rara y oscura entre la Fundación Moisés Bertoni y una empresa uruguayo-argentina, como da a entender el artículo del Sr. Caballero y lo que sí existe es un proyecto general de cómo podría implementarse una iniciativa como esta, siempre y cuando exista el marco legal adecuado.

En conclusión, nos sorprende realmente que la búsqueda de alternativas viables y beneficiosas para la sociedad paraguaya, que cuenta con la aprobación de las propias comunidades locales y que pretende de manera transparente y pública transitar por todos los canales institucionales, sea considerada como un proyecto de comercio ilegal en zonas prohibidas. El trabajo y el esfuerzo de la Fundación Moisés Bertoni están puestos en la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible y eso lo entendemos como la búsqueda de creación de valor económico, social y ambiental al mismo tiempo.

Es por lo previamente expresado que quedamos a disposición a los efectos de aclarar esta situación, poniendo a su disposición la absoluta totalidad de la documentación sobre este anteproyecto”, concluye la carta.