Patricia Marchewka, presidenta de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, afirmó que no puede evitar las llamadas de diferentes personas aludiendo a las presiones que hoy recibe sobre la nueva concesión de la quiniela. Dijo que su misión es transparentar todo el proceso adjudicatorio.

La llaman por teléfono e invocan nombres de políticos y personas vinculadas a factores de poder. La titular de la Conajzar, Patricia Marchewka, reconoció que es una costumbre en nuestro país invocar nombres y dijo que no puede evitar las presiones   en un momento en que el ente regulador tiene en su poder la definición de la licitación para la explotación de la quiniela.   

“No puedo evitar las llamadas, que me llame tal persona es una costumbre de nuestro país, pero lo que sí puedo decir es que me voy a ajustar a las normas, al derecho de los pliegos y las leyes, ese es mi mandato y eso es lo que voy a cumplir”, afirmó Marchewka, en una entrevista con Enrique Vargas Peña en la 970 AM.   

El 30 de setiembre próximo vence la licencia de la firma Repsur, propiedad del empresario itapuense Eduardo Hrisuk, quien obtuvo la concesión durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.   

 Como la concesión dura cinco años, la Conajzar hizo el llamado a licitación para una nueva adjudicación y unas diez empresas compraron el pliego de bases y condiciones.   

Intereses políticos  

A juzgar por las ganancias que arroja el negocio de la quiniela, históricamente la concesión fue motivo de puja entre políticos y empresarios.   

Antes del gobierno de Duarte Frutos, quien tenía el control del negocio era el empresario Reinaldo Domínguez Dibb, quien perdió la concesión por las diferencias políticas que mantenía  con el entonces mandatario.

Vínculos con el poder

Hoy la puja se da entre varios sectores. Por un lado, el del empresario Hrisuk, quien a través del ex administrador de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), Raúl Meza estarían operando para lograr la prórroga de la licencia.
En otro frente está el gobernador del departamento de San Pedro, José “Pakova” Ledesma, quien también estaría con intenciones de quedarse con el negocio junto a un grupo de empresarios, aunque este señaló estar ajeno a este tema.   

El mismo jefe de Gabinete de la presidencia  de la República, Miguel Angel López Perito y el secretario privado de la presidencia, Miguel Rojas, estarían también haciendo lobby en favor de una empresa vinculada a Antonio J. Vierci, que según fuentes del Palacio de López, en estos momentos sería el candidato más firme a quedarse con el apetecible negocio de la quiniela.   

A esto se suman dos grupos más, el de empresarios argentinos, quienes actualmente tienen la explotación de casinos en Ciudad del Este y Asunción, y el otro es el de la Hotelera la Gloria SA que tiene la concesión del Hotel Guaraní, además está  la familia Domínguez Dibb (Osvaldo, Reinaldo y Roger Ayala Domínguez) pese a que estos últimos están todos divididos y cada uno pelea en forma separada.