La virulenta reacción del dictador Hugo Chávez ante las serias y graves denuncias presentadas por Colombia hace una semana ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el sentido de que el grupo narcoterrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) opera a sus anchas en territorio venezolano, es la propia de quien se sabe acorralado ante la opinión pública y la comunidad internacional y, dando manotazos de ahogado, opta por el ataque y el desafío.   

La actitud de Chávez es la propia del típico dictador militar totalitario que tan bien conocemos los latinoamericanos: tras la denuncia de Colombia ante la OEA, reacciona con furia, acusando al gobierno del presidente Alvaro Uribe de injerencista, ordena aprestos militares en la frontera del país con su vecino, advierte que no permitirá atentados a la soberanía de Venezuela ni ningún tipo de “agresión” –siendo que la agredida en este caso es precisamente Colombia– y envía a su canciller Nicolás Maduro por toda América del Sur a pedir socorro a los gobiernos de la región para que lo saquen del aprieto.   

Si Hugo Chávez fuera un político criterioso y un gobernante responsable, sensato y franco, hubiera recibido la denuncia formulada por Colombia con seriedad, ordenando inmediatamente a las fuerzas de seguridad de su país que investiguen la veracidad de las acusaciones, disponiendo el rastrillaje del territorio venezolano para comprobar si los narcoguerrilleros de las FARC realmente utilizan su país para cumplir sus siniestros propósitos.   

Pero, por el contrario, como fue descubierto in fraganti, con las manos en la masa, no solo se hace el ofendido y dispone la ruptura de las relaciones diplomáticas de su país con Colombia, sino que, en su belicoso delirio, hasta amenaza a la nación vecina con hacerle la guerra.   

Antes que mezclar en todo este sucio asunto a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o al propio Mercosur –muchos de cuyos líderes son precisamente financiados por Chávez para recibir apoyo externo en ocasiones como la que hoy  lo desvela–, el verborrágico mandatario caribeño debiera, si en algo todavía le interesan su propio prestigio y el de su atribulado país, dedicarse de lleno a investigar y aclarar todas las denuncias efectuadas por Colombia.   

Después de Venezuela, Paraguay debiera ser el primer interesado en que se despejen las dudas. De hecho, nuestro país está sintiendo en carne propia el ramalazo de las FARC, la organización criminal narcoterrorista que respalda aquí las nefastas acciones del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que roba, secuestra, asesina e infunde temor entre gente inocente.

De acuerdo a la situación, si resulta que efectivamente Hugo Chávez brinda protección a las FARC, ofreciéndoles seguridad para manejarse tranquilamente por el territorio de su país, y siendo que esa organización terrorista opera ya en otras zonas del subcontinente, entonces estaríamos ante un mandatario latinoamericano que se ocupa en exportar violencia al resto de la región, tal como sucedía en los años 60 y 70, cuando el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, se dedicaba a inficionar de terrorismo al resto de las naciones americanas.   

Lamentablemente, la connivencia de algunos jefes de Estado de la región le permite al bravucón Chávez seguir operando con total impunidad, haciéndose el ofendido cada vez que de forma seria y responsable un país lo acusa de entrometerse en sus asuntos internos, ya sea promoviendo y financiando a políticos que le son ideológicamente afines o, como en el caso que nos ocupa, protegiendo a los violentos que desde hace más de 40 años se dedican a aterrorizar a los ciudadanos de la hermana Colombia.   

Haría muy mal el Presidente de la República en certificar con su silencio este tipo de comportamiento impropio en un gobernante verdaderamente democrático, por lo que corresponde aclare al país si está o no a favor de que se dilucide la denuncia colombiana sobre la existencia de bases de las FARC en territorio venezolano.