En la reciente reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en Costa Rica, donde se analizaron sentencias contra el Estado paraguayo por violación de los DD.HH., asistieron nada menos que 13 funcionarios estatales con jugosos viáticos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su LXXXIV periodo ordinario de sesiones el pasado 1 de octubre para analizar el cumplimiento de sentencias dictadas el 22 de septiembre del 2006 contra el Estado paraguayo, en el expediente “Caso Agustín Goiburú, Carlos Mancuello y Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba”. Desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.   

En la audiencia, las víctimas fueron representadas por el Dr. Rodolfo Aseretto, abogado del Comité de Iglesias. En tanto que el Estado paraguayo estuvo representado por nada menos que 13 personas, quienes, según presumen allegados de los desaparecidos, habrían viajado con jugosos viáticos, alojados en hoteles.

Para los funcionarios estatales habría significado un viaje de placer, ya que ni abrieron la boca para aclarar “la catarata de inexactitudes” vertidas por la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Inés Martínez Valinotti, quien fue la encargada de decir que el Estado paraguayo está cumpliendo la sentencia de la CIDH, cosa que no es cierta, indicaron.   

“Lamentamos el silencio absoluto y la complacencia de los demás directores de derechos humanos de otros ministerios presentes en el acto; como asimismo, de otros funcionarios públicos, quienes no abrieron la boca para aclarar y decir la verdad ante la serie de inexactitudes vertidas por la directora de derechos humanos de la Cancillería nacional, quien jamás realizó trabajos en defensa de los derechos humanos”, comentó un familiar de las víctimas de la dictadura.   

Además, criticó la presencia en Costa Rica de trece representantes del Gobierno. “Para varios de ellos seguramente resultó un viaje de placer y jugosos viáticos”, apuntó.   

“Representantes” del Estado paraguayo  

De acuerdo a los datos recabados, en la audiencia privada del 1 de octubre en Costa Rica, los representantes acreditados por el Estado paraguayo para esa audiencia fueron: 1- Oscar B. Llanes Torres, embajador paraguayo en dicha nación; 2- Marco Antonio Alcaraz, fiscal adjunto encargado del área de DD.HH.; 3- Iris Rojas Recalde, directora general de DD.HH. del Ministerio de Justicia y Trabajo; 4- Nury Montiel Mallada, directora general de DD.HH. de la Corte Suprema de Justicia; 5- Ricardo González Borgne, director general de gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia; 6- Raúl Sapena Giménez, abogado del Tesoro del Ministerio de Hacienda; 7- Inés Martínez Valinotti, directora de DD.HH. del Ministerio de Relaciones Exteriores; 8- Diana Vargas, directora de DD.HH. del Ministerio del Interior; 9- Lorena Cristaldo, procuradora delegada de la Procuraduría General de la República; 10- Gustavo Rodríguez, asesor jurídico del gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Gladys González, jefa de la unidad de DD.HH. del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 12- Federico Fabián Gilí Ramírez, asesor jurídico de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Hacienda; y 13- Belén Morra A., encargada a.i. del departamento de seguimiento al cumplimiento de sentencias de la CIDH-Dirección de DD.HH. del Ministerio de Relaciones Exteriores.   

Incumplimiento  

En la reunión de la Corte Interamericana los representantes del Estado paraguayo debían de haber dado una explicación seria sobre los motivos por los que no cumplieron  la sentencia dictada hace más de tres años.   

De acuerdo a la fuente, el Estado paraguayo se mostró supuestamente preocupado por el cumplimiento de la sentencia.

Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el P. Judicial no han dado pasos efectivos para finiquitar en plazo razonable los casos sometidos a consideración de la Corte Interamericana de DD.HH.