Alfredo Luis Jaeggli manifestó que el presidente Fernando Lugo debe ser destituido por mal desempeño en sus funciones. Manifestó que el jefe de Estado merece el juicio político porque no es capaz de dar seguridad a la población.

“Yo como liberal considero que el único deber del Estado es brindar seguridad a la ciudadanía. Esto no hace Lugo”, indicó el legislador al analizar el secuestro del ganadero Fidel Zavala, quien se encuentra en poder de delincuentes desde el jueves pasado por la tarde.

El parlamentario, por otro lado, indicó que existen otros motivos también para iniciar el proceso al jefe de Estado. Recordó la tentativa de estafa contra el Estado, que iba a pagar 31 millones de dólares por las tierras del brasileño Ulises Rodrigues Teixeira. El propietario compró el inmueble por 11 millones de dólares y ya lo había ofrecido al Ejecutivo por 22 millones de dólares.

El presidente Fernando Lugo firmó un acuerdo con el propietario para la adquisición del inmueble. En ese momento se ocultó el precio. Este mes se supo que el Estado se comprometió a pagar mucho más de lo que costaron las tierras ubicadas entre San Pedro y Amambay.

En este caso, Jaeggli dijo que no solamente Lugo debe responder por sus actos. Manifestó que también el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, debe ser despedido. Recordó que ordenó a su representante en la junta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que vote a favor de la compra de las tierras.

El Ing. José Villarejo es representante del Ministerio de Hacienda en la institución. En el acta de la sesión en la que se decidió la compra de la tierra de Teixeira, el funcionario manifiesta: “El voto no es personal, que por instrucción del ministro de Hacienda, da el voto favorable de esa institución (Hacienda) a la adquisición del inmueble al precio original de la oferta de los propietarios a razón de 30.000.000 US$”.

Jaeggli dijo que Borda, por este motivo, es cómplice en un intento de estafa al Estado paraguayo.

El juicio político es un mecanismo constitucional que se tramita en el Congreso. La Cámara de Diputados actúa como acusadora y el Senado debe dictar sentencia. Raúl Cubas fue sometido a este proceso, pero renunció antes de que se conozca el veredicto.

El proceso contra el mandatario se inició luego del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la muerte de varios jóvenes en las plazas ubicadas frente al Congreso, en una sucesión de hechos de violencia que se conoció como el “Marzo Paraguayo”.