El Gobierno no necesita comprar más tierras, lo que debe hacer es recuperar las miles de hectáreas malhabidas que ya fueron denunciadas. Así entienden Waldino Lovera y José Bóveda Maidana, quienes vienen denunciando hace años, pero nadie asume la investigación para recuperarlas.   

Los denunciantes afirman que por lo menos detectaron unas 900.000 hectáreas de tierras públicas que fueron tituladas en forma fraudulenta y que pueden ser recuperadas.

Tanto Lovera como Bóveda vienen investigando el tema desde hace varios años y al mismo tiempo denunciando a las instituciones encargadas.

Lovera es abogado y Boveda, un militar retirado que trabajó para La Industrial Paraguaya, propietaria de grandes extensiones en la Región Oriental.

Durante una entrevista en nuestra redacción, ambos lamentaron que ni la Procuraduría, ni el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ni los jueces que tienen el caso se ocuparon con seriedad para recuperar esas tierras y entregar a los ciudadanos sujetos de la reforma agraria.

Lovera, quien sufrió el exilio por décadas porque su padre, Waldino Ramón Lovera (+), pertenecía al Movimiento Popular Colorado (Mopoco), menciona que según los registros, en 1954 el Estado disponía de 12 millones de hectáreas de tierras fiscales.

Precisamente su padre fue presidente del Instituto de la Reforma Agraria (IRA) y renunció porque Stroessner comenzó a regalar las tierras fiscales a sus amigos y militares.

Desde entonces, según mencionó, viene investigando, al igual que Bóveda, la repartición de la tierra.

A medida que van descubriendo las fincas que son excedentes de tierras fiscales, fueron denunciando a las instituciones encargadas.

Bóveda explicó que esas fincas fueron tituladas en forma fraudulenta y en algunos casos existen más de un título, por lo que hay sitios donde se duplicaron las hectáreas en los papeles.

Inacción

Lo lamentable de esta situación es que ningún Gobierno hasta ahora  asumió la responsabilidad de investigar esas denuncias y recuperar las tierras si existen esos excedentes de los que hablan Lovera y Bóveda.

Según los documentos que presentaron, las denuncias fueron hechas ante la Procuraduría General de la República, que es la institución encargada de litigar en nombre del Estado.

También fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado y ante el Indert.

Ninguno de estos organismos públicos se interesa hasta ahora en el tema.

Según estos investigadores, el Estado no necesita comprar ni una hectárea más de tierra, sino simplemente con la recuperación de las fincas que están en manos de gente inescrupulosa, puede satisfacer la demanda de tierra que hay en el país.

Urgen a las autoridades a tomar en serio el tema y a recuperar las tierras malhabidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner.