El abogado Víctor Ramón Valdez Alonso remitió una carta al director de ABC Color. El texto de la misiva expresa lo siguiente:

“VICTOR RAMON VALDEZ ALONSO, abogado, con Matrícula Profesional Nº 12.003, me dirijo a Ud. a fin de usufructuar el derecho a réplica que me garantiza la Constitución Nacional, con relación a una columna periodística publicada en fecha 19 de octubre del 2009, página 39, Sección Interior, por el corresponsal CATALINO IBARRA. En efecto, la citada columna mencionaba entre otras cosas: Imputan a ex titular del RUA por fabricar documentos a cambio de fuertes sumas de dinero y la especialidad de los mismos era cambiar uno o dos números originales del chasis de los rodados. Nada más falso y temerario que la información difundida por el señor Catalino Ibarra, corresponsal de Paraguarí, con respecto a mi persona. La información, tergiversada por cierto, pone en duda el criterio de OBJETIVIDAD QUE DEBE PERSEGUIR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN Y DE HECHO CARACTERIZA AL DIARIO DE GRAN CIRCULACIÓN COMO ABC COLOR. Este señor con su columna automáticamente me quiere hacer aparecer ante la opinión pública como el responsable del hecho que está en proceso investigativo en la instancia pertinente. En el Registro de Automotor que estaba a mi cargo, jamás se fabricaron documentos, ni se recibió grandes sumas de dinero, ni mucho menos se cambió ningún número de chasis de los rodados, como se menciona con total mala fe en la página citada. Los artículos citados se hicieron con ligereza, sin objetividad y faltando a la verdad. Resulta muy llamativo que el señor IBARRA demuestre total desprecio al honor y la dignidad de las personas. Es dable señalar que en las oficinas registradoras del Registro del Automotor, los registradores no realizan ninguna verificación física del vehículo ni emiten los certificados de verificación, por lo que solamente se puede proceder a la inscripción conforme a los documentos arrimados por los Escribanos o los gestores, donde se califica, se procesa y se finaliza si reúne los recaudos exigidos por el manual de procedimiento, y si no reúne los requisitos o presenta algunas anomalías se OBSERVA EL DOCUMENTO Y SE ENTREGA AL RECURRENTE PARA SU CORRECCIÓN. El art. 17 de la Constitución Nacional establece: De los derechos procesales: en el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1.- QUE SEA PRESUMIDA SU INOCENCIA, HASTA QUE HAYA UNA SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA QUE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD. 2: QUE NO SE LE CONDENE SIN JUICIO PREVIO.   
  
SEÑOR DIRECTOR: la citada publicación tergiversada viola a todas luces mis derechos Constitucionales y procesales, ya que me sindica directamente como responsable del hecho investigado, sin existir aun en el proceso sumarial diligencias procesales, tanto de la fiscalía y de otras instituciones, que puedan comprometer mi situación jurídica. La sola presentación de una imputación no significa ya una responsabilidad de la persona; en este estado procesal el fiscal, conforme al criterio de objetividad, debe realizar un sinnúmero de diligencias para sustentar una posible acusación o solicitar otro acto conclusivo para favorecer al imputado. Por otra parte, se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. Sin lugar a dudas la citada publicación, sin antes de llegar a una etapa final del proceso, pretende a toda costa y en forma gratuita darme una publicidad que no es real.   

Espero que el señor corresponsal, a partir de ahora, espere los resultados procesales producidos en las instancias correspondientes, para no difundir información apurada que pueda poner en peligro la dignidad de la persona, por corresponder así en estricto derecho. No pretendo con esto censurar ni mucho menos limitar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna”, concluye la carta.