La secretaria ejecutiva de Codehupy, Pilar Roig, en representación de  CIPAE, Decidamos, CDIA y la Red Rural,  remitió una carta al director del diario ABC Color. El texto de la misiva expresa lo siguiente: “En relación con el editorial del periódico bajo su dirección, el pasado miércoles 21 de octubre ‘Fidel Zavala no tiene derechos humanos’, en el cual se afirma que ninguna organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos se manifestó en relación al caso y concluyendo que para nosotros Fidel Zavala no tiene derechos humanos, queremos aclarar y manifestar cuanto sigue:   

1. La violencia institucionalizada, fruto de años de dictadura, como la de la delincuencia organizada o la transnacional, ha sido siempre objeto de nuestro más firme reproche dado que en estas se sostienen cotidianamente las violaciones a derechos humanos que afectan a amplios sectores de la población paraguaya, sin discriminaciones de origen social, económico, ideológico o religioso. En este caso que su diario menciona, donde el señor Fidel Zavala es secuestrado, obviamente condenamos su secuestro y solicitamos que las fuerzas de seguridad cumplan su rol de precautelar la vida de las personas en toda la república.

2. El derecho de los derechos humanos tiene por fin promocionar a las personas medios de protección de sus derechos reconocidos frente al Estado (sus órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan en su nombre). Es por eso que el trabajo de nuestras organizaciones consiste en promover y defender los derechos humanos de las personas frente a la violencia agravada proveniente del Estado y sus agentes, sin que esto signifique restar importancia a ilícitos que se producen en el campo del derecho penal común y que afectan la integridad y la vida de hombres y mujeres de este país.   

Es por ello que las organizaciones de derechos humanos hemos apoyado campañas a favor de los cientos de muertos y heridos víctimas del incendio del Ycuá Bolaños, o contra la impunidad de crímenes como los producidos durante el Marzo Paraguayo, a través de esfuerzos que son de público conocimiento.   

3. Se puede poner en tela de juicio la perentoriedad o no de pronunciamientos públicos de condena al crimen que afecta a la víctima particular de este caso, mas, de ningún modo, puede descalificarse lo que ha sido nuestra línea permanente de trabajo, expuesta en diversos informes periódicos sobre la situación de estos derechos en Paraguay. En ellos hemos insistido en la instalación de mecanismos democráticos y respetuosos de las garantías constitucionales, para la prevención, investigación, juicio y eventual condena de hechos punibles que afectan en general, la vida y libertad de los habitantes del país”, dice la carta.