ITAKYRY, Alto Paraná (Aníbal Velázquez, enviado especial). Unos 150 nativos realizaron ayer un “aty guasu” (asamblea) para denunciar  constantes presiones que reciben de los sojeros, quienes quieren apoderarse de sus tierras ancestrales, que luego de varios años de lucha jurídica lograron titular en 1996. En el sitio vivían tranquilamente, dijeron, hasta que aparecieron los brasileños con intenciones de invadir su hábitat,  ubicando sus títulos sobre el inmueble de los naturales.   

En las incursiones que realizaban destruyeron los bosques, cementerios y últimamente sus precarias casas. El representante de los extranjeros es Alair Afonso.   

Los aborígenes creen que el único interés de los brasileños es convertir sus territorios en sojales y que en ese plan cuenta con la complicidad de  fiscales, jueces y policías de la zona, que en varias ocasiones ya intentaron el desalojo.   

En el encuentro que se realizó ayer en la comunidad, los aborígenes se mostraron decididos a aguantar y ofrecer “guerra” a los extranjeros si intentan desalojarlos.   

El título que poseen los aborígenes cuenta con mensura judicial aprobada y se halla debidamente inscripto en los registros públicos, por eso creen que fuerzas extrañas pretenden despojarlos del inmueble donde además ya cuentan con una escuela reconocida por el MEC.   

Los  abogados de los aborígenes, Aníbal Alfonso y Antonio Alonso, les informaron  que la titular de la  Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, senadora  Ana  de Acha,  ordenó al viceministro de Seguridad, Carmelo Caballero, el desalojo de los aborígenes, en una postura sin precedentes en favor de los sojeros. La legisladora incluso contaba con órdenes judiciales que amparan a la comunidad; sin embargo, las ignoró totalmente, atribuyéndose potestades que no le corresponden.   

Cinco comunidades ava guarani están asentadas en las 2.638 hectáreas.   

Agustín Benítez, uno de los líderes, fustigó a las autoridades nacionales, a quienes al parecer no les interesa la situación de los nativos. “Aquí nosotros vamos a morir. Ya hemos resistido varios atropellos y no vamos a permitir otro”, apuntó.   

El dirigente dijo que si les arrebatan las tierras, no tendrán dónde cultivar y sus hijos morirán de hambre. Por su parte, Jorgelina Portillo, en representación de las mujeres, invitó a los fiscales y fuerzas policiales a que intenten el desalojo, pero al mismo tiempo les pidió que traigan varios ataúdes para juntar a los muertos, porque será una lucha sangrienta.   

El inmueble que defienden los nativos está a 100  Km al norte de Ciudad del Este y a 425 kilómetros de Asunción. Actualmente, es un descampado, donde resaltan las chozas de los aborígenes y sus cultivos.