El documento se dio a conocer luego de una reunión que tuvo lugar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora Ana María Mendoza de Acha, y convocada a instancia de los sojeros brasileños, que quieren la salida de los indígenas.   

Este inmueble de 2.638 hectáreas está ocupado por cinco comunidades ava guarani: Loma Tajy, Ka’aguy Poty, Ka’aty Mini, Ka’aguy Roky y Formosa. Las mismas nuclean, desde tiempo inmemorial, a más de 150 familias, que se dedican al cultivo de alimentos de autoconsumo como maíz, poroto, mandioca, etc. Las tierras comunitarias cuentan con una escuela a la que acuden los niños y niñas indígenas.
Cuentan también con un centro de salud y un Jeroky Aty (lugar de culto).   

Sin embargo, “Desde hace unos años estas comunidades se han visto en constante zozobra, expuestas a todo tipo de amedrentamientos, con una larga historia de irregularidades procesales, con incidencia de políticos, que han entorpecido en tiempos pasados la defensa de los derechos humanos de los indígenas”, expresa el documento.
Agrega que en la actualidad se han promovido cinco juicios de nulidad de títulos por parte del INDI. Se obtuvo la medida cautelar de prohibición de innovar y todo fue comunicado e inscripto en la Comandancia de la Policía Nacional.   

Agrega que el derecho de posesión de los indígenas está garantizado por constituir este territorio su hábitat tradicional.
Sin embargo, curiosamente, los estancieros interesados recurren solicitando el derecho a “recobrar sus posesiones”.
“Ante esta presentación el INDI solicitó la recusación del juez de Minga Porã, estas acciones se encuentran en el Juzgado Civil y Comercial de Hernandarias, aguardando fecha para la sustanciación de los procesos. Quizá la inminencia de una visible derrota haya motivado la reunión inusual e impropia que buscó exigir el cumplimiento de supuestas órdenes de desalojo ante una instancia incompetente para el efecto”, resalta.   

En tal sentido, el INDI rechaza la presión de los supuestos propietarios y que se haya fijado el 6 de noviembre como fecha para el desalojo de los indígenas. Un desalojo en estas circunstancias constituye un incumplimiento de los derechos humanos fundamentales y de órdenes judiciales vigentes a favor de las comunidades.
  
Cuestiona la legitimidad de la reunión realizada a instancias de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, encuentro planteado para defender los supuestos derechos de inversores, en vez de defender los derechos inalienables de la población más vulnerable del Paraguay. Finalmente, manifiesta la gravedad de la amenaza a la soberanía nacional que significan estas prácticas de fácil entrega de territorios  a extranjeros, haciendo uso de prácticas  irregulares.