La cooperativa San Cristóbal  convocó a una asamblea extraordinaria  para el  28 de noviembre, en cuyo orden del día figuran  las denuncias hechas contra la actuación de   algunos directivos de la entidad por parte de Irene Vargas, miembro suplente del Consejo de Administración.

El tema no tendría nada de raro si apuntaba a la necesidad de esclarecer las denuncias, pero es todo lo contrario, pues lo que  se va a buscar es castigar a la denunciante, dijo  Vargas.

  Según la convocatoria, en la asamblea se tratará como  5° punto el “informe y consideración sobre publicaciones sistemáticas en medios informativos impreso –diario ABC Color– sobre manejo institucional y sus repercusiones en la institución”.

También se va a analizar la autorización  para contratar un crédito de G. 15.000 millones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con lo que se aumentará la disponibilidad de fondos.

Con relación a las denuncias, Vargas había puesto a conocimiento de la Junta de Vigilancia y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) la acefalía ocurrida entre el 27 de agosto y el 7 de setiembre,  cuando seis directivos, entre ellos el presidente Juan C. Ozorio, viajaron al Caribe para una pasantía de 10 días, y también el descuento por vía administrativa de una dieta por mes por directivo para el movimiento “Tenonderã”.

 Ni el Incoop ni la Junta de vigilancia  tomó medidas drásticas, y ahora los denunciados se dan el lujo de presionar a la denunciante.