Con referencia a los cambios dispuestos últimamente en la cúpula militar, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, se ha apresurado a señalar que tales cambios caen dentro de la facultad privativa del Presidente de la República en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, y del principio de subordinación de los militares al poder civil. Aunque hubiera sido institucionalmente apropiado que lo hiciera su colega de Defensa Nacional, el ministro Filizzola se ha adelantado a puntualizar lo obvio, en vez de explicar LAS RAZONES –que se supone deben existir– que tuvo el presidente Lugo para destituir intempestivamente a los comandantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, primeramente, y al comandante de las Fuerzas Militares, después, todos nombrados por él mismo apenas meses atrás.   

Pese a los manoseos a que se vieron sometidas bajo la larga dictadura de Alfredo Stroessner, las Fuerzas Armadas de la Nación son una institución que no ha perdido la confianza del pueblo y, por tanto, su suerte institucional en modo alguno puede resultarle indiferente.   

Tras su alzamiento contra la dictadura, ellas han recuperado la fe de la ciudadanía por esa relación especial que existe entre Pueblo, Gobierno y Fuerzas Armadas, no a la manera en que la concibió Stroessner, sino bajo un régimen democrático de gobierno. Por eso se las considera como la institución representativa de la unidad e identidad de la Nación. Es más, en estos tiempos de inseguridad pública y de creciente corrupción policial, el pueblo ve en la institución militar el último recurso para la preservación de sus vidas y de sus bienes, en caso de que fallen –como están fallando– los demás medios de que dispone el Estado para preservar la ley, el orden y la seguridad de las personas.   

Implícita en esa confianza pública subyace la expectativa ciudadana de que, llegado el caso, las Fuerzas Armadas, desde los generales hasta el último soldado raso, volverán a cumplir con su misión de defender el orden constitucional de la República, oponiéndose a cualquier intento de regresión autoritaria –de izquierda o de derecha– que pretenda subvertir el régimen democrático vigente en nuestro país desde el fin de la dictadura.   

Por estas razones, el presidente Lugo no debe ocultar al pueblo los motivos que tuvo para efectuar esta “razzia” contra la cúpula castrense en forma tan abrupta y en un tiempo de normalidad institucional. El mazazo propinado a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al decapitar sus más altos mandos ha sido severo y, sin duda, tendrá sus consecuencias, tanto sobre la moral corporativa de sus cuadros como sobre los valores que sustentan las convicciones democráticas de los ciudadanos con uniforme. No es normal en ningún ejército de cualquier país serio que, de golpe y porrazo, sin más ni más, sean radiados de sus cargos, simultáneamente, los máximos comandantes militares, con la banal excusa de “dar oportunidad a otros” oficiales menos antiguos. Para peor, son radiados con el estigma de “golpistas”, parafraseando al propio Comandante en Jefe, porque días pasados el mismo denunció la presunta existencia de “bolsones retardatarios” dentro de las Fuerzas Armadas.   

Si es que realmente respeta la institucionalidad de la República, el presidente Lugo está obligado a dar una explicación de los verdaderos motivos que tuvo para hacer tan bochornoso zarandeo con el alto mando militar. Si no lo hace, el pueblo tendrá el derecho de poner en tela de juicio la legitimidad de su drástica determinación contra una de las instituciones políticamente más sensibles de la República.   

A la ambigua actitud del Presidente de la República en torno a importantes asuntos de la vida nacional, se suma ahora la referente a la cuestión militar. Pareciera que mientras distrae la atención pública con el cotidiano tumulto de los muchos problemas que aquejan al pueblo, el Gobierno está avanzando firme y solapadamente su taimada estrategia de subvertir el orden constitucional de la República para reemplazarlo por un régimen autoritario de corte marxista, inspirado en el modelo “bolivariano” del Socialismo del Siglo XXI del presidente Hugo Chávez.   

Sin duda, el pueblo tiene fundados motivos para sentirse alarmado e inquieto: economía nacional en crisis, crimen en constante aumento, insurgencia revolucionaria guerrillera en ciernes, narcotráfico rampante, deterioro ambiental y escándalos políticos cotidianos. Las buenas noticias brillan por su ausencia, salvo las falsas, las que hablan de un “cambio” en marcha, profusamente difundidas por el Gobierno por los medios de comunicación, a costilla del pueblo.   

Todo esto y más están contribuyendo a la gran preocupación que sobrelleva la ciudadanía en medio de la pobreza y la inseguridad generalizadas: el empecinamiento de un Presidente de la República que, amparándose en el respaldo que le dio el centenario Partido Liberal, quiere ahora impulsar una transformación radical de las estructuras sociales y económicas del país, así como de sus instituciones políticas. Como Stroessner en el inicio de su ascensión al poder, como Alberto Fujimori en Perú, como Hugo Chávez en Venezuela y como Rafael Correa en Ecuador, el presidente Lugo está impulsando la progresiva desarticulación institucional de las Fuerzas Armadas para retrotraerlas a la servil condición de guardia pretoriana al servicio personal de un dictador. Con esa finalidad, y de modo sistemático y escalonado, está procediendo al descabezamiento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como del Comando de las Fuerzas Militares, que los aglutina. Desde que asumió el poder, en menos de un año y medio, ha decapitado a dos comandantes de las Fuerzas Militares, a dos del Ejército, a tres de la Marina y a dos de la Fuerza Aérea. Es muy probable que continúe así hasta lograr colocar al frente de dichas Fuerzas a oficiales cuya lealtad sea personal y no institucional, por deberle su promoción al grado, al cargo y a las prebendas, como lo hicieron en su tiempo el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia en el inicio de nuestra vida independiente, y el propio Stroessner con posterioridad.   

Resulta obvio que en una situación de normalidad política, institucional y democrática, nadie puede pensar en la posibilidad de un golpe militar contra el Gobierno. Pero con el precedente del alzamiento contra el dictador Stroessner en 1989, el pueblo paraguayo ve a las Fuerzas Armadas de la Nación con una prudente mezcla de respeto y cautela. Desde entonces, y pese a los vaivenes de la renga transición democrática, ellas no han defraudado la confianza del pueblo. Lo que quiere decir que, en caso necesario, espera que vuelvan a respaldar a quienes defienden la libertad y la democracia.   

El problema que enfrenta la Nación es si se va a permitir o no que el presidente Lugo y la minoría marxista radicalizada que lo apoya implanten una nueva dictadura en el país. El pueblo soberano y el Congreso que lo representa tienen en sus manos la suerte de la Nación. Si les dejan a Lugo y sus seguidores convertir a las Fuerzas Armadas en su guardia pretoriana, será tarde para salvar a la República. Solo nos restará llorar por lo que no fuimos capaces de defender como ciudadanos.