CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Un equipo periodístico acudió al lugar para verificar si seguía la asistencia  y solo pudo notar a algunos nativos en las chozas semiabandonadas construidas al costado de la calle vecinal, en los inmuebles en litigio. Las autoridades nacionales ya no aparecieron por el lugar.

Los representantes del Gobierno dejaron un kit de alimento a los nativos el sábado último y se limitaron a denunciar oficialmente que los indígenas fueron rociados con veneno por los productores, abandonándolos nuevamente a su suerte. Esa fue la ayuda que ofrecieron a los nativos, que luego quedaron otra vez sumidos en la miseria.

Esto se pudo deducir tras un recorrido por la colonia Santo Tomás, hasta el lugar conocido como Cruce 47, donde los nativos ava guarani construyeron sus precarias chozas a lo largo de la calle vecinal.

El sábado pasado estuvieron en esta localidad los titulares de la Secretaría de Acción Social, Pablino Cáceres; la ministra de Salud, Esperanza Martínez; el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Elvio Segovia; la titular de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, Liz Torres; y el ministro de la Secretaría del  Ambiente, Oscar Rivas, además de la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Lida Acuña.

La asistencia del Estado se limitó al paquete de alimentos no perecederos entregados a cada familia que llegó hasta el lugar y el traslado de algunos de los enfermos al Hospital Regional, donde estuvieron abandonados a causa de la falta de recursos para realizar los exámenes médicos necesarios para el diagnóstico. El cacique Ignacio Gauto afirmó en más de una ocasión que son engañados por las autoridades del Gobierno, porque nunca solucionaron sus problemas de tierra.

Superposición

La superposición de títulos es la raíz principal del problema. Pero, llamativamente, el Indi esperó 12 años para iniciar una demanda civil por  nulidad de títulos, planteada la semana pasada ante juzgados de la capital del país, luego de perder en todas las instancias amparos judiciales planteados por los siete colonos que afirman ser propietarios de una extensión de casi 3.000 hectáreas, actualmente ocupada por los nativos.

Todo ocurrió luego de que los indígenas, encabezados por el cacique Ignacio Gauto Tapari, comenzaron a amenazar a los siete productores y ocuparon en forma sistemática las tierras, instalando sus chozas en los campos mecanizados.

Los productores, identificados como Mario Schmidt, Milton Afonso, Luis Alberto Jacquier, Oscar Ofelio Blanco, Alair Afonso Celestino y Miguel Angel Riquelme recurrieron al amparo judicial en Minga Porã, para el desalojo, pero la Policía nunca cumplió por presiones del Gobierno, denunciaron.