La denuncia fue presentada ante la fiscalía de Itakyry, que es la localidad donde están asentadas las comunidades indígenas de la etnia ava guarani. Se trata de las comunidades Ka’a Poty, Ka’aguy Rory, Ka’aty Mirí  Formosa, Loma Tajy y una comunidad de la etnia mbya guarani. Todas están localizadas en el departamento de Alto Paraná.   

La demanda tiene por objeto insistir ante el Ministerio Público sobre la necesidad de esclarecer lo acontecido el pasado viernes 6, cuando más de doscientas personas de las comunidades mencionadas experimentaron malestares, justamente tras un sobrevuelo de aviones y el derrame de sustancias tóxicas sobre los asentamientos indígenas, a manos de colonos sojeros que disputan judicialmente la titularidad de las tierras donde están asentados los indígenas.   

El comunicado del Indi manifiesta que la solución de esta disputa debe dirimirse en los ámbitos institucionales que fueron creados para el efecto, y no mediante acciones violentas de amedrentamientos, agresiones y coacciones.   

Considera grave el hecho de que sectores de productores organizados manifiesten una parcialidad evidente hacia una de las partes en conflicto, desautorizando a priori los dictámenes de las instituciones nacionales.

Igualmente, el Indi califica de grave que se utilice la situación de vulnerabilidad de los indígenas para desacreditar el accionar de las instituciones de la República.   

Enfatiza que en tal sentido la institución se encuentra en la búsqueda de soluciones estructurales y financieras que permitan abordar proyectos específicos de desarrollo de las más de quinientas comunidades indígenas del país, olvidadas desde siempre por los gobiernos de turno.   

En este sentido, el Indi entiende que la actuación coordinada el pasado sábado 7 de noviembre en la que participaron los ministerios de Salud Pública e Interior, y la  Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Seam, –además del  Indi– es un hecho histórico, considerando que los indígenas siempre fueron noticia después de haber sido desalojados.   

El ente afirma que insistirá en la búsqueda de una solución satisfactoria para las partes, en el marco del respeto a la ley y las instituciones legalmente constituidas, según finaliza el comunicado.   

La supuesta fumigación fue condenada por diversos organismos defensores de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas, y fue negada por representantes de los gremios sojeros.

Interdicción   

Por otra parte, hoy se realizará un juicio de interdicción que fue planteado por los sojeros, quienes quieren recuperar la posesión del inmueble.

Los abogados de los nativos, quienes son asesorados por la Coordinación de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), argumentarán la defensa de los nativos con los títulos que estos poseen y así también con el derecho consuetudinario, que dice que los ava guarani son originarios de las tierras que reclaman.