En el pedido para revocar el refugio de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, la Cancillería afirma que Brasil viola los principios de igualdad jurídica y de soberanía, al evitar la extradición de los acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Para el Gobierno, Arrom, Martí y Colmán forman parte de una banda criminal internacional. Señala que esta situación está probada con la comunicación que Arrom y Martí mantenían con miembros de las FARC de Colombia. Cita los  correos entre Raúl Reyes y los acusados por el secuestro de Nika, cuya extradición se traba, debido a que fueron beneficiados con el refugio por el Comité Nacional de Refugiados, Conare.

En la presentación que la Cancillería realizó para que se revoque el refugio se enumeran las pruebas en contra de los tres acusados, que se fugaron del país días antes de afrontar un juicio oral.

El Gobierno apunta que no están reunidos los requisitos para que Arrom, Martí y Colmán tengan el refugio. “En caso de que el Conare entendiera que no se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el artículo 39, para la cancelación del status de refugiado, se mantendría una grave contravención a la Convención de Ginebra que, prohíbe la concesión del status de refugiado a personas sobre las cuales existen motivos fundados para considerar que han cometido un grave delito común”, refiere parte del escrito dirigido al ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Celso Amorín. “Esta situación generada por el Comité Nacional de Refugiados de la República Federativa del Brasil es de por sí violatoria de derechos internacionales de la República del Paraguay, por lo que solicitamos que el Gobierno del Brasil arbitre las medidas a fin de revertir dicha situación injusta”, apunta el escrito. “En efecto, es inadmisible, por constituir una grave violación a los principios de igualdad jurídica y de soberanía (no intervención) de los Estados,  consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y un número importante de tratados internacionales de los cuales Brasil y Paraguay son partes; que el Estado paraguayo sea privado de la posibilidad de la prosecución de trámites judiciales encaminados al esclarecimiento, y eventual sanción, de un hecho tan grave (hediondo) como lo es el delito de secuestro que conmovió a toda la sociedad paraguaya”, afirma la  presentación que lleva la firma del canciller Héctor Lacognata.  “La República del Paraguay considera que debe cesar esta situación ilícita en la mayor brevedad, por ser violatoria de la Convención de Ginebra de 1951, y del principio fundamental del Derecho Internacional que rige las relaciones entre Estados, el principio de pacta sunt servanda, que señala que todos los acuerdos deben ser cumplidos”, enfatiza.

En el escrito entregado a Amorín se pide que el Gobierno del Brasil abogue por el levantamiento del refugio a los tres acusados.