El proceso que se viene verificando en nuestro país, por lo menos en ciertos sectores ultraconservadores de la sociedad, parece ser exactamente el inverso. Es lo que estaría ocurriendo en el ámbito de algunas connotadas empresas de radio y TV.

Un flamante gremio de medios radiales y televisivos que no reconoce los ya existentes, léase CAPERT o APRAP, parece originarse con la única y muy mezquina intención de defender los privilegios obtenidos bajo gobiernos anteriores, y no busca mejor caballito de batalla que el de atacar a las radios comunitarias, una instancia de comunicación participativa y democrática que poseen todos los países civilizados del mundo. Nos guste o no.

En aquella formación gremial de propietarios o, mejor dicho de licenciatarios de medios —ya que por ley las frecuencias son realmente propiedad del Estado, usufructuadas temporalmente bajo licencia por personas o empresas—, dicen defender la libre competencia y el ejercicio libre del periodismo, pero registran antecedentes que vinculan a algunos de sus componentes nada menos que con administraciones anteriores de la Conatel, y con la concesión previa de varias frecuencias para un mismo explotador. Hechos por lo menos discutibles desde lo ético y lo legal.

Sin embargo, lejos de buscar un blanqueamiento de sus respectivas situaciones, estos nuevos gremialistas fungen de justicieros, y atacan por elevación, pero de un modo insistente y casi a modo de velada advertencia, a las instancias gubernamentales encargadas de ejercer el correcto control de frecuencias y licencias. Una especie de aviso previo a la posible publicación de campañas de desprestigio que, desde luego, un establishment político tan endeble como el que gobierna el país es capaz de temer justificadamente.

Recogiendo el guante lanzado por la colega Mercedes Olivera en página web tvparaguaya.com, en donde se pregunta acerca del deshonroso silencio de los periodistas sobre este tema, asumí la decisión de tocar tan espinoso asunto. Sobre todo al leer con sincera preocupación la siguiente reflexión: “Todo parece indicar que este grupo de empresarios a través de esta asociación pretenderá una silla en el Consejo Nacional de Radiodifusión, que está instituido por ley como contralor de Conatel y que nunca funcionó.  Así generan más poder del que ya tienen”.

Si así realmente fuera, sería triste y lamentable. No podemos seguir creando gremios corporativos en el país al solo efecto de concentrar cada vez más poder, en desmedro de aquellos sectores históricamente postergados. De esta manera nos encaminamos inexorablemente hacia uno de los dos destinos posibles que la gran mayoría no desea para el ejercicio sagrado de la libertad de expresión: una absurda y monótona dictadura de medios que representen a un solo sector de la sociedad o, lo que es igual de malo y destructivo, una impresentable ley mordaza.