El pedido de informes, presentado por el senador liberal Alfredo Jaeggli, se dirige a dos instituciones. Al Ejecutivo le solicita información sobre los expedientes que dieron origen a los decretos 3905, 3981 y 3990. Por otro lado, a la Contraloría General de la República le pide elevar un informe y dictamen sobre esos mismos decretos. Jaeggli señaló que existe un debate en la opinión pública acerca de la legalidad de los actos realizados, en referencia al cambio de fuentes de financiamiento de programas adicionales de gastos sociales por el Poder Ejecutivo.


Según el legislador, necesitan analizar lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con el presupuesto aprobado por el Congreso. Dijo que no podían decir si se ha violado o no la ley con estos decretos y que necesitaban previamente un informe. Sin embargo, apuntó que lo que es seguro es que el Ejecutivo le está dando fondos a secretarías a las que ellos le habían sacado. Indicó que deseaban saber si lo está haciendo en forma legal o no.


El senador oficialista Carlos Filizzola (PPS) dijo que hay una comunicación pública del Ministerio de Hacienda donde aclara varias de las cosas que ahora el Senado pregunta.



Apuntó que es claro que no se violó la ley ni la Constitución y que el Ejecutivo está facultado a cambiar por decreto las fuentes de financiamiento de algún programa específico.


En tanto, el senador colorado Juan Carlos Galaverna consideró ingenuo el pedido señalando que tanto el Ejecutivo como la Contraloría dirán obviamente que todo es legal.