“Yo creo que los legisladores van a ser conscientes de que no van a dictar una norma que vaya contra la Constitución Nacional”, manifestó Torres Kirmser, refiriéndose al pedido que realizó al Congreso el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, y que fue canalizado a través del Poder Ejecutivo, para que la administración de recursos económicos se realice a través de Hacienda.   

El magistrado manifestó que el artículo 249 de la Carta Magna otorga al Poder Judicial la autarquía presupuestaria. La derogación de artículos del presupuesto atenta la independencia judicial, dijo.

“Esta Ley de Presupuesto fue aprobada por las dos Cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo, y si hoy se pretende dejar de lado la autarquía, en contra de lo que manda la Constitución Nacional, les pregunto a ustedes (dirigiéndose a los periodistas) si sería o no inconstitucional”, manifestó Torres Kirmser, dando a entender que los magistrados podrían recurrir si la ley de gastos de la nación es  modificada.

 La Ley de Presupuesto Nº 3964/10 habilita al Poder Judicial a abrir una cuenta en cualquier banco de plaza, diferente del Banco Central. También a realizar por sí los pagos en concepto de servicios personales y a sus funcionarios, a partir de abril.

Superávit constante

La Corte Suprema cada año registra superávit de recaudación en  concepto de tasas judiciales. El informe de 2009 da cuenta que se registró un superávit del 5% con respecto al 2008. El año pasado  se percibieron más de  G. 175.359  millones, de los cuales el 60% (G. 95.351 millones) se queda para el Poder Judicial.

El Consorcio del Registro del Automotor se lleva  la mayor tajada, con el 14%, que representan unos   G. 21.862 millones; al Ministerio de Justicia y Trabajo se destinaron   G. 20.095  millones (13); al Ministerio Público (11%), G. 18.000 millones; a Hacienda (1%), por la venta de formularios, G. 1.447 millones; y otro 1% a la Corte por indemnizaciones por G. 1.973 millones.