Se estaría maniobrando para que el Jurado de Enjuiciamiento deje impunes a los miembros del Tribunal de Cuentas, Meneleo Insfrán, Francisco Recalde y  Pedro Almada. Fueron acusados por la Corte de violar la Constitución al reponer a los ex ministros Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos. “En tales decisiones, los magistrados intervinientes no observaron el orden jurídico de la República y vulneraron principios cardinales del sistema jurídico nacional, ya que tanto nuestra Carta Magna como el Código Procesal Civil son categóricos en indicar que la sentencia de inconstitucionalidad siempre contiene un pronunciamiento que se agota única y exclusivamente en la declaración de inconstitucionalidad”, enfatizó la Corte, en la resolución en la cual suspendió a los tres magistrados, enjuiciados por mal desempeño.   


Los ministros fueron categóricos en afirmar que los miembros del Tribunal de Cuentas que integraron la Sala Constitucional violaron la Constitución y la ley.   


La resolución fue firmada por los doctores Antonio Fretes, Víctor Núñez, Sindulfo Blanco, Raúl Torres Kirmser, César Garay y Oscar Bajac.“No es admisible una sentencia de inconstitucionalidad que contenga pronunciamiento de condena, ni órdenes, carente de virtualidad jurídica y para peor dirigidas a personas y órganos que no han tenido ningún tipo de intervención. Decisiones con este alcance vulneran profundamente la esencia del remedio y los fines que persigue la acción de inconstitucionalidad”, agregaron.   


Insfrán, Recalde y Almada tomaron la decisión en los últimos días del 2009. En el fallo, ordenaron al Congreso y al Ejecutivo que se abstengan en designar a los sucesores de Wildo Rienzi y José Altamirano.


De esta forma privaron de la facultad constitucional al Congreso y al Ejecutivo, en una abierta extralimitación. Sin embargo, pese a todo ello, ahora se buscaría blanquear a los enjuiciados. Hay injerencia política.


El Jurado está presidido por el abogado Enrique Bacchetta. Integran además los senadores Miguel Angel González Erico y Jorge Oviedo Matto; los diputados José López Chávez y César López; los ministros de la Corte Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco y la abogada Amparo Vda. de Paciello.


Desde la propia Corte, estarían “abogando” para que los miembros del Tribunal de Cuentas sean “blanqueados”, pese a reponer en el cargo a dos ex ministros que fueron destituidos por juicio político.