Por  obras edilicias de  las dos plantas desalinizadoras en el Chaco, la SEN ya pagó US$ 690.000, mientras que la OPACI, como administrador del millón de dólares de la donación venezolana, destinó US$ 279.000 para   compra de equipos. En total  gastaron US$ 969.000.

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) aclararon que la institución no maneja los US$ 1 millón de la donación de Venezuela, sino que solo fiscaliza el trabajo que realiza la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), que es la instancia encargada de administrar el dinero, a partir de la firma de un convenio suscrito el 24 de noviembre del año pasado.   

Sin embargo, la SEN dispone de unos US$ 10 millones del Fondo Nacional de Emergencia, recurso que se podría manejar discrecionalmente ya que ni siquiera pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). De este fondo es que la administración de Camilo Soares tiene previsto destinar US$ 1,4 millones para las obras edilicias de las dos plantas desalinizadoras en el Chaco.   

Según los registros a los que accedimos (ver infografía), la SEN ya desembolsó un total de US$ 690.000 para la ejecución de las obras, cuyos trabajos recién ahora comenzaron a acelerarse, mientras que los pagos ya se fueron realizando desde agosto del año pasado.    

Las máquinas están en camino  

A esto hay que agregar que, según Basilio Núñez, titular de la OPACI, ellos ya pagaron US$ 279.000 a las dos empresas (Aqua Consult y Fontenova) de quienes compraron las máquinas desalinizadoras y que todavía no llegan al país, pero que estarían viniendo en barco desde la Argentina.   

Entonces, al sumar los US$ 669.000 que desembolsó la SEN para las obras y los US$ 279.000 de la Opaci para las máquinas, se tiene como resultado que en total ya se gastaron US$ 969.000.   

De acuerdo al convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud, la SEN y la Opaci firmado en noviembre pasado, de los US$ 1 millón de Venezuela, US$ 400 son para la construcción y refacción del centro de salud de la localidad de Tte. Irala Fernández, en el departamento de Presidente Hayes, y el resto es para las dos plantas desalinizadoras.    

Es decir, la SEN tiene previsto gastar del Fondo  de Emergencia Nacional US$ 1,4 millones por las plantas desalinizadoras, y si a esto se le suman los US$ 600.000 de la donación venezolona, significa que el proyecto de proveer agua potable a dos comunidades indígenas en el Chaco tendrá un costo total de US$ 2 millones.   

Proyecto sería inviable  

Mientras la SEN y la Opaci ya gastaron US$ 969.000 por las plantas desalinizadoras, el investigador de las aguas del Chaco Horacio Sosa sostiene que, así como está diseñado, el proyecto sería inviable.
   
El profesional sostiene que en el proyecto  se menciona la adquisición de dos equipos de ósmosis inversa para potabilizar el agua con alto contenido en sales, sin tener en cuenta que estos equipos tendrían serias limitaciones con el agua subterránea del Chaco. Agrega que en líneas generales, hasta hace tres o cuatro años, los equipos llamados de ósmosis inversa soportaban agua de hasta 28.000 ppm (parte por millón, o miligramos por litro, o gramos por metro cúbico) de contenido salino, pero actualmente se habla de membranas que soportan hasta 35.000 ppm de sales disueltas. Es decir que estos equipos desalinizan el agua de mar, razón por la que todos los buques de ultramar lo tienen como parte de su equipamiento.  Pero ocurre que los pozos perforados en la zona de 25 Leguas (Tte. Irala Fernández y Boquerón) contienen 53.000 y 60.000 ppm de sales disueltas, lo que los hace inservibles para el fin propuesto.   

Investigación sobre uso de fondos

El fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio está a cargo de la investigación acerca de supuestas irregularidades en compras directas realizadas por la administración de Soares en la SEN. Un equipo del fiscal viajó ayer al Chaco a verificar las obras en las plantas desalinizadoras y concluyeron en que los trabajos son lentos en comparación con todo lo que ya se ha invertido.

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