A diez años de la creación de la ley 1600/00 contra la violencia hacia la mujer, que nació con la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que fue puesta para que se creen los mecanismos de protección a las víctimas y sus hijos, y a pesar de los varios acuerdos o convenios y promesas de anteriores ministros y secretarías, nunca se llevó a cabo un trabajo en conjunto para combatir la problemática que provocó la muerte o sufrimientos de muchas mujeres. El miedo y la pobreza hacen que miles de mujeres de todo el país sigan sumergidas en sus casas soportando cada día terribles violencias por parte de sus cónyuges. La falta de acceso a la justicia es uno de los más graves obstáculos contra los cuales las mujeres tropiezan para llevar adelante una denuncia.

En 2009, el Sistema 911 de la Policía Nacional recibió 16.974 denuncias de situaciones de violencia intrafamiliar; en tanto que la cifra reportada de enero al 8 de febrero del 2010 fue de 2.692. Sin embargo, el número de denuncias formales de violencia intrafamiliar en las comisarías de todo el país, en 2009, fue de 286.

En el 2009, el Servicio de Atención a la Mujer-Sedamur, dependiente de la Secretaría de la Mujer, atendió 2.409 denuncias de casos de violencia, de los cuales correspondían a: violencia física, 467; violencia psicológica, 1072; violencia económica, 726; y violencia sexual, 134.

A pesar de que la gran parte de la población paraguaya sufre todo tipo de violencia y de contar con dinero para ejecutar acciones, y a pesar de los varios convenios internacionales firmados por Paraguay, en defensa de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños y de las duras críticas de las organizaciones sociales, por primera vez, habilitan la “División de Atención Especializada a víctimas de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes”, en la Comisaría 7ª. La realización de los tres componentes del proyecto ascendió a un costo aproximado de US$ 23.000, dinero del Gobierno de España.

La división asistirá y acompañará el trabajo en todas las comisarías del país, donde se recibirán denuncias de violencia doméstica en todos sus ámbitos, y las víctimas serán atendidas en un marco de respeto, derechos humanos y con perspectiva de género. La habilitación de la nueva división de la Policía Nacional contempla el equipamiento de la comisaría con salas privadas. Se pondrán en marcha también otras unidades en las comisarías del Área Metropolitana (6ª y 15ª) y en Ciudad del Este, Villarrica y Encarnación.

Los agentes policiales vienen siendo capacitados desde hace varios años, y en estos últimos tiempos recibieron mayor capacitación de las expertas del Ministerio del Interior de España que brindan asistencia técnica de recursos humanos a la Policía Nacional.

Otra deuda pendiente desde el 2006 era la construcción de la casa de refugio a víctimas de violencia doméstica. El Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), otorgó a Paraguay el 20 de diciembre del 2006 la suma de 200.000 euros, un dinero que administra la Secretaría Técnica de Planificación, para empezar la construcción, pero el desinterés y la burocracia estatales hicieron que el proyecto durmiera en los cajones.

Pero ahora, por fin, construyeron la casa de refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos, que será inaugurada a fines de este mes o a principios de abril. Por motivos de seguridad no se puede publicar o divulgar la dirección de la casa de refugio.

Es la primera construcción de este nivel creada en Paraguay, con dinero del Gobierno de España. El albergue o casa tiene una capacidad para 50 personas (mujeres con sus hijos); tendrá 23 dormitorios, 41 camas para adultos (21 son de una plaza y media, y 20, de una plaza), más 9 cunas. El gasto aproximado actual, según informó la Secretaría de la Mujer, es de 1.100 millones de guaraníes en la parte edilicia, y la inversión total en mobiliarios será de G. 400.000.000.

No hay estadísticasgenerales a nivel país

Según el Informe 2009 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Paraguay no cuenta hasta ahora con un registro único de datos sobre violencia doméstica, a pesar de que existen tres disposiciones al respecto: el Plan Nacional para la prevención y la sanción de la violencia contra la mujer; la ley 1600/00 (art. 9º) y la acordada 454/2006 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que establece la obligatoriedad del uso de un formulario de registro de violencia en todos los Juzgados de Paz, que posteriormente deben ser enviados por la Corte a la Secretaría de la Mujer para que esta los procese y sistematice en un solo registro.

Myriam González, quien elaboró el informe sobre violencia, destaca que los altos niveles de violencia doméstica indican la persistencia de un ambiente inseguro, la conculcación de derechos fundamentales, la complicidad social donde se consiente el asesinato de mujeres, el abuso sexual a niñas y niños, el maltrato hacia personas ancianas y con discapacidad, es una constante dentro de la sociedad cada vez más en aumento.

Dice el material que los escasos y fragmentados registros de algunas instituciones no permiten elaborar estadísticas y tampoco pueden ser comparables entre sí, ya que los servicios prestados en las instituciones públicas son diferentes: denuncias policiales, expedientes en proceso judicial, consultas médicas, asesoramiento y contención, etc. Lo que demuestra que los distintos organismos todavía responden a las lógicas de competencias, funciones y disciplina de cada institución, y no a un trabajo conjunto de protección de la ciudadanía y promoción de sus derechos. No obstante, al no tener un sistema unificado de registro, son datos que permiten tener alguna aproximación a la situación de la violencia familiar en Paraguay.

Las normas escritas no sirven si no protegen los derechos de las mujeres

La abogada Lidia Giménez, experta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, o Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, resalta que la apertura de una división de atención especializada para víctimas de violencia, en la Comisaría Séptima, es un avance. “Pero debemos señalar que el Estado en esta materia es poco diligente. El Director de Operaciones y Planificación de la Policía Nacional expresó que próximamente se establecerán otras divisiones, pero deberían trabajar con mayor rapidez, porque la violencia contra la mujer se da todos los días y a todas horas; no es una peste, es una pandemia” criticó.

“Verdaderamente importante es la habilitación de lugares de acogidas para mujeres víctimas de violencia —en los próximos días será habilitado el primer centro—, pero también es urgente habilitar otros centros, en diversos lugares del país. El Estado debe incluir en el Presupuesto partidas destinadas a la construcción a otros centros de acogidas y también para mantenerlos. Debemos agradecer las donaciones, pero debemos ser capaces de cumplir nuestras obligaciones sin el apoyo de terceros”, señala.

La experta manifiesta que el Estado paraguayo tiene la obligación de hacer frente a la violencia contra la mujer, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, a las convenciones suscritas, y es responsable no solo por acciones, sino también por omisiones, al no aprobar una ley contra la violencia hacia la mujer y no modificar las leyes penales para castigar a los infractores, por no incluir un presupuesto acorde para la implementación de campañas educativas, lugares de acogida y comisarías especializadas en el tema de la violencia. “Reclamamos mayor diligencia y conciencia de género en los jueces cuando tienen expedientes relacionados con demandas por violencia de género. El Estado paraguayo tiene la obligación de promover la igualdad de hecho, porque las normas escritas no sirven para nada; son meras expresiones de deseo, promover políticas para proteger los derechos humanos de las mujeres, no reaccionar solo cuando hay violencia, sino prevenirla, mediante la inserción en los planes educativos”, recalca.

"La justicia que llega tarde no es justicia"

La abogada integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-Paraguay), Elba Núñez, dijo que se está avanzando en el cumplimiento de una de las recomendaciones del Comité CEDAW del año 2005. “Queda como desafío asegurar la descentralización de este servicio en el mediano plazo. Imagínense lo que sería contar con un hogar albergue en al menos las distintas cabeceras departamentales, dado que 'la violencia contra la mujer no sólo se presenta hasta Calle Ultima', y para las víctimas del interior podría significar un obstáculo trasladarse a la capital para encontrar un albergue para su protección”, puntualiza Núñez.

Resalta la abogada en Derechos Humanos que se podría decir que la División Especializada para la atención a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que acaba de crear la Policía Nacional y el Ministerio del Interior es un “semillero muy importante” para desarrollar modelos de intervención para garantizar una mejor atención a las víctimas de violencia.

“Ojalá que el modelo de atención integral pueda ser replicado en las comisarías de todos los distritos del país, para que ninguna víctima de violencia en ningún punto de la República sea revictimizada cuando acude a hacer su denuncia, y se le garantice una adecuada protección”.

“Los mecanismos de protección resultan débiles, cuando los agresores son los propios policías o militares, o actores con poder (político, económico o social), o que factores como la pobreza, el aislamiento y la exclusión social impiden a las víctimas incluso formular las denuncias; en estos casos, el Estado a través de sus diversos mecanismos e instituciones tiene que garantizar la vida, seguridad y dignidad a las víctimas”, indica.

¿El acceso a la justicia sigue muy débil?

“Sabemos que 'la justicia que llega tarde no es justicia'; por lo tanto, es necesario que el sistema de justicia extreme las medidas para remover los obstáculos que persisten para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Debe darse un cambio de actitudes y aptitudes, porque no podemos perder de vista que la cultura patriarcal goza de buena salud y permea. Las actuaciones de los/as operadores/as de justicia se deben transformar. Se debe romper con la ruta crítica a la que se las expone a las víctimas que acuden al sistema, que a veces no consiguen siquiera que de manera oportuna se dicten las medidas de urgencias para su protección”, señala Núñez.

Se deben asignar presupuestos públicos

“El gobierno de Lugo debe apoyar decididamente el fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer, como mecanismo institucional de transversalización de las políticas de género, por lo tanto, iniciativas como integrarlas a un Ministerio de Desarrollo Social como se está pretendiendo en el Parlamento, podría ser un factor más bien de debilitamiento del mecanismo rector de las políticas de violencia en Paraguay. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben asignar presupuestos públicos suficientes para desarrollar los proyectos y programas orientados a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como viene trabajando esta Secretaría y otras entidades del Estado”, concluye.