La agroganadera Yaguarete Porã denunció persecución de la Secretaría del Ambiente (Seam), que por un supuesto “ocultamiento de datos” le canceló la licencia. La empresa alega que creó hasta una reserva privada para beneficiar a los indígenas; sin embargo, el ente dice que los nativos no fueron tenidos en cuenta. Acusó al ministro Oscar Rivas de ser el representante de la ONG Survival, que pretende todo el Chaco para los aborígenes.

PUERTO CASADO, Alto Paraguay (Aníbal Modesto Velázquez y Carlos Schatebeck, enviados especiales). De arbitraria y hasta persecución a la inversión calificó el apoderado de la Agroganadera Yaguarete Porã, Eduardo Livieres, la cancelación de la licencia ambiental a la empresa que pretendía realizar millonarias inversiones y generar 150 puestos de trabajo en el Chaco.  

Los inversores no se explican la postura de la Seam, que contradice la política del Gobierno, clamando por inversiones para desarrollar el país.   

Livieres explicó que la agroganadera adquirió 78.549 hectáreas en el país para dar trabajo; sin embargo, la Seam desea que la pobreza y la miseria continúen.   

Yaguarete Porã, en el 2007, recibió la autorización de la Seam para trabajar 2.500 hectáreas en el 2008 y otras 2.500 en el 2009. En el primer año, por la lluvia, solo realizaron 1.500 hectáreas de las 2.500 establecidas. En este período empezaron los cuestionamientos y se abrió un sumario administrativo porque se iba a molestar a los indígenas silvícolas. La empresa, en cambio, para garantizar la inversión y los compromisos asumidos con  el personal contratado, recurrió a una medida cautelar y  logró mecanizar 3.000 hectáreas.  En total se trabajaron 4.500 hectáreas, 500 menos de las 5.000 autorizadas para dos años.

Dentro del proceso, Yaguarete Porã recibió la visita de los fiscalizadores de la Seam, del Instituto Forestal Nacional (Infona) y del Grupo de Apoyo Totobiegosode (GAT).  La presencia de los mismos se hizo sin el conocimiento de los directivos de la empresa y no pudieron ingresar a las tierras, lo que llevó a la Secretaría del Ambiente a radicalizar su postura. Livieres explicó que al día siguiente del incidente se puso a disposición de la Seam para ir al lugar y realizar la inspección, que se suspendió debido a que el portero no abrió la tranquera porque no tenía autorización, pero ya nada quisieron saber.

Rivas y Survival

Para el  apoderado de la empresa, el ministro del Ambiente, Rivas, dueño de la ONG  Sobrevivencia, es  el representante paraguayo de Survival Internacional. “Aquí Survival se ha instalado en la Seam y esta ONG quiere todo el Chaco para los indígenas”, remarcó. Agregó que todo el sector productivo está parado por la ineficacia de Rivas, que llevó al mismo presidente Lugo a firmar un decreto alargando la vigencia de las licencias.

El GAT y los ayoreos en el 2001 pidieron 600.000 hectáreas para su territorio, pero cuando vieron que no iba a lograr solicitaron la  expropiación de las 78.549 hectáreas de la empresa, pero luego limitaron a 40.000 hectáreas hacia el oeste de una propiedad que tienen en la región.

“La Seam abiertamente apoya al GAT porque Survival apoya al GAT y la ONG Sobrevivencia, del ministro  Rivas, es su representante en Paraguay”, reiteró.  

Livieres indicó que en este proceso hay una gran mentira de la Seam, del GAT y de Survival. “Yo tengo la resolución de la Seam que me autoriza a explotar 5.000 hectáreas en dos años y del Infona 6.000 en el mismo tiempo, pero esta cantidad está condicionada a la licencia. No tenemos ni un incumplimiento de medidas ambientales y la cancelación de la licencia es una simple persecución”, remarcó.

“A mí me piden  traer inversores, pero en estas condiciones de inseguridad jurídica por parte de la Seam, quién va a querer invertir en Paraguay”, insistió.

Nativos latifundistas

Al referirse a la situación de los indígenas ayoreos que están en la zona, indicó que ellos, unas 17 familias, tienen 150.000 hectáreas. “Son grandes propietarios. La agroganadera tiene 78.549 hectáreas, pero ahora ellos quieren otros 40.000 más. Los indígenas son los más beneficiados por las expropiaciones. Sin embargo, uno va a sus comunidades y ve que ellos ya no viven de la caza, sino que ya quieren trabajar”, puntualizó.

Al respecto, indicó que los estancieros de la zona pagan de 50.000 a 55.000 guaraníes por día a los nativos que trabajan en sus establecimientos. Ellos son de la comunidad Chaidi, cuyos miembros no quisieron hablar con nosotros cuando estuvimos en la zona. Exigieron plata para acceder a las preguntas y a las fotos. Los estancieros dijeron que a diario reciben la visita de nativos que quieren trabajar. “Ellos ya no quieren vivir en estado salvaje, como los animales. Quieren trabajar y ganar plata. Cada día, en horas de la tarde, todos van al supermercado de la cooperativa Chortizer para comprar alimentos. Hoy ya no se vive de la recolección”, indicó Harry Bartley,  ganadero de la zona. Livieres agregó que la empresa creó la reserva privada por si haya indígenas silvícolas. Son 27.000 hectáreas. “Si hay silvícolas pueden utilizar esas tierras para su caza y recolección, pero ellos quieren la expropiación cuando que el Estado no tiene plata”, resaltó.   

La  reciente cancelación de la licencia ambiental dice que se debe presentar un estudio sobre los nativos, porque se ocultó el componente indígena. Para el apoderado, este requerimiento es un chiste porque se hizo toda una reserva privada pensando en los aborígenes, mientras que en los pedidos de licencia siempre están presentes los aborígenes.   

La agroganadera tiene previsto explotar en la zona 31.000 hectáreas de las 78.000. El modelo de aprovechamiento prevé, además de la reserva privada,   la generación de una importante  fuente de trabajo para los chaqueños.