En su plenaria de la próxima semana, los miembros del Consejo de la Magistratura, presidido por el abogado Cristóbal Sánchez, conformarán la terna para los tres cargos del juez de fuero civil de Asunción, que fueron creados y que se suma a los 13 ya existentes.

En una de las ternas, el Consejo de la Magistratura incluiría a Figueredo, investigado por la fiscala Silvia Cabrera por el hecho punible de “favorecimiento al deudor”, hecho que tiene una pena prevista de hasta diez años de cárcel.

Figueredo, cuando era síndico del quebrado banco Unión, vendió el crédito de G. 8.000 millones que la entidad tenía en la convocatoria de acreedores de Cipasa.

El crédito fue adquirido por la firma Campos Guaraníes, presidida por Jesús Oscar Eijo, en solo G. 2.000 millones.

De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, en un incidente de nulidad promovido por el IPS como acreedor privilegiado de la quiebra, Campos Guaraníes es una empresa fantasma.

Llamativamente, Eijo es el contador que aprobó el balance en la convocatoria de acreedores solicitada por Cipasa de Roberto Antebi.

La operación impulsada por Figueredo causó un perjuicio de G. 6.000 millones a los acreedores, según una investigación del síndico general de quiebras interino, Ernesto Ocampos.

A base de esta conclusión, Figueredo fue separado de la quiebra del Unión, pero no removido del cargo, pese a la gravedad del hecho.

De acuerdo a fuentes judiciales, Figueredo esta semana se entrevistó con el ministro de la Corte, Víctor Núñez, quien también integra el Consejo de la Magistratura.

Figueredo contaría con la protección de Núñez, quien siempre se mostró complaciente con el síndico pese a las denuncias en su contra.

El miembro del Consejo y titular del Jurado, Enrique Bacchetta, también impulsaría la selección de Figueredo, que también ya contaría con el respaldo del diputado Hugo Velázquez.

Los otros miembros del Consejo son el senador Miguel Abdón Saguier, Estela Kobs (Ejecutivo), Raúl Battilana Nigra y José María Cabral.

Fuertes indicios

- Existen fuertes indicios de la comisión del hecho punible de favorecimiento al deudor.

- El síndico general concluyó que hubo un perjuicio de G. 6.000 millones a los acreedores del Banco Unión con la venta del crédito.

- El Ministerio de Hacienda informó que la firma Campos Guaraníes, que adquirió la deuda de Cipasa, no existe en sus registros.

- El Indert informó que Cipasa ya cobró más de G. 100.000 millones al Estado por la expropiación de sus tierras. Esto desmiente al síndico que dijo  que Cipasa no cobra su crédito. ¿Por qué se dilata la imputación ante el cúmulo de evidencias?