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La vocera de la Presidencia, Paula Carro, encabezó una conferencia de prensa esta mañana con autoridades del sector energético, para anunciar dos proyectos de ley. La primera iniciativa modifica el Código Penal estableciendo una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
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Además, ese proyecto establece la incautación y comiso de los bienes utilizados para la comisión del hecho punible. También se establece que la ANDE podrá solicitar la administración o uso provisional de los bienes incautados y será beneficiaria de lo recaudado con el comiso, como medida para fortalecer la institución. “Este es un proyecto que va al Congreso, solicitando su estudio con carácter de urgencia”, señaló.
Indicó que con esto plantean la criminalización de la criptominería que se desarrolla de manera irregular, pues se elevarán las penas. “Es una medida que buscamos sea disuasiva”, señaló y recalcó que solo atacan la actividad de manera ilegal.
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Criptominerías ilegales causan millonarias pérdidas
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, señaló que hoy existen 52 contratos legales para el desarrollo legal de criptominerías y con esta ley buscan combatir la actividad de manera ilegal, consumiendo grandes volúmenes de energía sin pagar lo que corresponde.
Señaló que entre el año pasado y estos primeros cinco meses del año intervinieron 40 instalaciones que consumían 112.000 MW. “Creemos que la pérdida está entre 50 y 60 millones de dólares de forma anual”, acotó.
El asesor jurídico de la ANDE, Nelson Medina, señaló que el Código Penal vigente contempla como sanción al robo de energía una pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. “Este flagelo fue creciendo de una manera descomunal, afectando considerablemente el patrimonio de la institución, la calidad del servicio y el bienestar de nuestros usuarios”, indicó.
Por ello, ahora se plantea la ampliación de las penas. “Se está planteando que aquellas personas que sustraen la energía eléctrica en baja tensión, hasta 1.000 voltios, van a recibir una pena privativa de libertad de 5 años o multa, y para aquellas personas físicas o jurídicas que cometen en media tensión o niveles superiores está prevista una pena de hasta 10 años, más una multa complementaria”, detalló Medina.
“En pocas palabras, nosotros pretendemos criminalizar esta conducta penal para estas personas que causan un daño inconmensurable al Estado paraguayo”, añadió.
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Plantean modificar ley recientemente reglamentada
El otro proyecto de ley presentado esta mañana plantea la modificación de artículos de la ley que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no convencionales no hidráulicas (6.977/23).
Esta ley fue reglamentada recién en febrero de este año. Sosa explicó que expertos del Banco Mundial y el Viceministerio de Minas y Energías realizaron análisis y se plantea que el tiempo de contrato con la ANDE debe ser superior.
Actualmente, se establece que el máximo de tiempo del contrato es de 15 años y con esta ley buscan ampliar hasta 30 años la licencia, “para que la tarifa resulte también más competitiva”.