La Asamblea inició a las 16:30 hora local (20:30 GMT) con la lectura de las normas que regulan el estado de excepción, a lo que siguió el informe del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, sobre las acciones asumidas desde el inicio de la medida el 20 de junio pasado.

Oviedo explicó ante los legisladores que la ampliación del estado de excepción es "para cuidar la vida de los ciudadanos" y "la economía" del país, y preservar los derechos a la "educación, comercio, trabajo y libre tránsito".

"Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar", añadió el titular de la cartera de Gobierno.

Por su parte, Justiniano justificó que tras la aplicación del estado de excepción la conflictividad "disminuyó considerablemente, pero no desapareció" y mencionó que hubo "72 eventos" de conflictividad en los dos primeros meses de la disposición.

Justiniano indicó que no todo el país enfrenta el mismo nivel de riesgo, que principalmente se sitúa en el departamento oriental de Santa Cruz, el motor económico del país, y las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días y que fue ampliada antes de su conclusión por el mismo tiempo.

La anterior semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno y a los sectores sociales bolivianos "priorizar el diálogo" y "abstenerse de realizar bloqueos", y fortalecer la convivencia democrática pese a sus diferencias.

Esta jornada, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, afirmó que "no habría justificativo legal para ampliar el estado de excepción" debido a que en estos tres meses hubo tranquilidad en Bolivia.

En su discurso de despedida, Abreu recordó que inició su gestión en 2020, cuando "la pandemia global del covid-19 determinó la caída del comercio intrarregional aproximadamente en 24 %".

Entonces esta demostró "que cuando la frontera se cierra ningún país puede resolver por sí solo los problemas y que el comercio, el factor del crecimiento, es también un instrumento de resiliencia", subrayó.

"Seis años después finalizo mis funciones en plena revolución tecnológica, donde los avances de la inteligencia artificial, eje central de un cambio de época, construyen un nuevo equilibrio de poder global. Así que puedo resumir esto como me dijo un amigo: que fui un secretario general que navegó entre una crisis y una revolución", resumió Abreu.

Tras hacer entrega de su informe de gestión, el excanciller uruguayo destacó algunos hitos como la creación de una "plataforma digital moderna y gratuita para las pequeñas y medianas empresas" y la firma del acuerdo para la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de cosméticos.

Abreu dijo concluir su gestión con la idea "de que la integración es un mandato que sigue vivo, más urgente que nunca, que su concreción no es fácil y no lo será, que la voluntad política de estos tiempos necesita una mano tendida en lugar de un puño crispado y que en estos procesos y en las relaciones institucionales y de poder se intercambien más objetivos que adjetivos".

El sucesor de Abreu será el boliviano Adhemar Guzmán Ballivián, quien fue elegido por consenso el pasado 2 de septiembre para ocupar el cargo durante el período 2026-2029.

A la despedida de Abreu asistieron el presidente Yamandú Orsi, los exmandatarios Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y el excanciller Enrique Iglesias, entre otras autoridades y diplomáticos.

Esa es la conclusión a la que llegó el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), un centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, en un análisis divulgado este miércoles en Costa Rica.

"La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible", argumenta ese centro.

Según el Cetcam, en esa línea se inscriben las nuevas reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, a inicios de septiembre en primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor.

La iniciativa parlamentaria tuvo lugar semanas después de que Ortega, quien gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007, declarara públicamente durante un acto oficial que en la nación centroamericana "no volverá a haber elecciones", lo que provocó un enorme rechazo internacional.

Para los expertos, esas enmiendas son "un intento más para cerrar cualquier resquicio legal que signifique una dificultad u obstáculo para el ascenso de Murillo y la toma total del poder".

"Los cambios iniciaron en 2025 con la imposición de, prácticamente, una nueva Constitución que modificó la naturaleza del régimen político, el Estado y el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales", explica la Cetcam.

La nueva enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como "traidor a la patria", término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

En la práctica, las autoridades pueden excluir de manera indefinida a cualquier bloque opositor o crítico al Gobierno de optar a cargos de elección popular, según la Cetcam.

La reforma también establece que el período de gobierno para las autoridades electas por voto popular se amplía de seis a siete años, así como para los que sean electos o ratificados por la Asamblea Nacional, entre ellos el del jefe del Ejército y el de la Policía.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales de 2025 ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años, por lo que estarían previstas para 2027. Con la nueva reforma, las elecciones se celebrarían en noviembre de 2028.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

Según un estudio de Greenpeace Europa Central y Oriental, los mayores aumentos de las tarifas en los últimos tres años se han registrado en Nicosia (67 %), Ámsterdam (55 %), Madrid (50 %), Bratislava (32 %), Berlín (29 %) y Viena (26 %).

También se encareció el transporte público en Copenhague (18 %), Bucarest (17 %), Vilna y Bruselas (10 %), Londres (10 %), Estocolmo (9 %), París (8 %) y Helsinki (5 %).

El informe señaló además que las capitales europeas más caras para los abonos de transporte son Londres, con 162 euros al mes; Ámsterdam, con 107 euros, y París, con 77 euros, una vez ajustados los precios al nivel de precios de cada país.

La ONG considera que el encarecimiento del transporte público dificulta la transición hacia formas de movilidad menos dependientes de los combustibles fósiles, en un sector que concentra el 65 % del consumo de petróleo de la UE.

Greenpeace señaló que el transporte por carretera y el aéreo son los principales motores del consumo de petróleo en Europa y advierte de que mantener elevados los precios del transporte colectivo puede desincentivar el abandono del automóvil y otros medios más contaminantes.

"Si nuestros gobiernos se toman en serio la soberanía energética, la seguridad y la acción climática, deben reducir su dependencia del petróleo", afirmó el experto en transporte de Greenpeace para Europa Central y Oriental Herwig Schuster.

La organización medioambientalista reclamó a los gobiernos nacionales y locales y a los ministros europeos de Transportes, que se reunirán en Dublín los días 20 y 21 de septiembre, que abaraten el transporte público y extiendan los denominados "billetes climáticos".

Greenpeace definió esos billetes como abonos mensuales o anuales, multimodales y de amplia cobertura geográfica, con un precio máximo de un euro al día y descuentos o gratuidad para los colectivos más vulnerables.

El estudio analiza los precios, disponibilidad y alcance de los abonos de transporte público en los 27 países de la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza y en sus respectivas capitales.

El nuevo recorte era esperado por el mercado financiero y coincide con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en la que los elevados tipos de referencia y el endeudamiento de las familias ha sido uno de los asuntos más comentados por los candidatos.

El organismo emisor afirmó en su decisión que el ambiente externo continúa "incierto" ante la falta de definición en torno a los conflictos armados en Oriente Medio y "la incertidumbre sobre la política monetaria en algunas economías avanzadas".

Este mismo miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, en la primera subida desde julio de 2023.

En el plano nacional, la autoridad monetaria brasileña apreció una "moderación gradual" de la actividad económica del país, que se arrastra desde el año pasado, "aunque todavía en un nivel resistente, con un mercado laboral dinámico".

No obstante, las proyecciones para la inflación de cara a 2026 y 2027 sigue por encima de la meta, motivo por el cual considera que la conducción de la política monetaria aún exige "serenidad y cautela".

En este sentido, dejó en abierto continuar rebajando el precio del dinero en futuras reuniones.

"Como consecuencia de la evolución de los riesgos asociados a la trayectoria de los precios", el Banco Central reafirmó así que "la magnitud total del ciclo de ajustes se determinará a la luz de nueva información".

Además, subrayó que sigue evaluando cómo la política fiscal del Gobierno actual afecta a la política monetaria y a los activos financieros, lo que a su juicio refuerza "su postura de cautela en un escenario de mayor incertidumbre".

Los tipos en Brasil eran del 15 % anual en marzo, situándose en el nivel más alto de las últimas dos décadas, pero desde entonces el organismo emisor brasileño empezó a bajarlos de forma muy gradual, con pequeñas bajadas de 0,25 puntos, hasta el 13,75 % actual.

Ese descenso coincidió con la desaceleración de la inflación, que actualmente se sitúa en el 4,22 % interanual, por debajo del techo de la meta para este año, fijado en el 4,5 %.

Con todo, la tasa de referencia en el país aún se mantiene en cotas muy elevadas, lo que ha provocado el enfriamiento de la economía brasileña.

La mayor economía de América Latina creció un 3,4 % en 2024, un 2,3 % en 2025 y para este año se espera otro frenazo, con una expansión del producto interior bruto (PIB) limitada al 2 %.

La bajada de los tipos es una de las demandas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inmerso en la campaña por su reelección y quien considera que en su nivel actual restan potencial de crecimiento al país.

Por el contrario, su principal adversario en las presidenciales, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, ha prometido un "tijeretazo" del gasto público y de impuestos, con el que confía en sensibilizar al Banco Central para que acelere la bajada de los tipos.

Los sondeos publicados hasta la fecha sitúan a ambos candidatos empatados técnicamente de cara a una eventual segunda vuelta, e incluso algunos ya colocan a Bolsonaro hijo por delante del dirigente progresista.

El permiso de viaje para Fujimori recibió 34 votos a favor de un total de 40 senadores, con dos en contra y tres abstenciones de los senadores, al cabo de una sesión plenaria para debatir este tema, entre otros asuntos de agenda.

De acuerdo con la solicitud del Ejecutivo, la intervención de la mandataria ante las Naciones Unidas está prevista para el martes 22 de septiembre, momento en el que presentará las prioridades del Gobierno y los principales lineamientos de la política exterior peruana.

La agenda oficial también comprende reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, actividades destinadas a promover inversiones y encuentros sobre delincuencia organizada transnacional, sostenibilidad y cooperación internacional.

Sobre estos temas, la senadora del partido izquierdista Ahora Nación, Mirtha Vásquez, expresó su sorpresa por el interés de la presidenta de asistir a la Asamblea General y agregó que "ojala sus objetivos estén relacionados con la reafirmación de los derechos humanos que la ONU tanto defiende".

Vásquez también criticó que la agenda de Fujimori tenga como prioridad "destacar el papel de Perú como socio estratégico de Estados Unidos".

Por su parte, la senadora Patricia Juárez, del partido fujimorista Fuerza Popular, insistió en que las actividades de la presidenta permitirán fortalecer el posicionamiento del Estado, buscar nuevas oportunidades de cooperación, celebrar reuniones con jefes de Estado y de Gobierno, y mantener una interlocución directa con el sistema de las Naciones Unidas.

A su turno, la senadora Lourdes Alcorta, del partido ultraderechista Renovación Popular, recordó que los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Ollanta Humala también recibieron la autorización del Congreso para participar en los encuentros de las Naciones Unidas.

La también senadora fujimorista Martha Chávez pidió dejar de lado las diferencias políticas y respaldar la participación de la mandataria, como la primera presidenta mujer elegida en la historia del país.

No obstante, la senadora Silvana Robles, del partido izquierdista Juntos por el Perú, anticipó que votaría en contra del permiso porque no puede permitir que Fujimori "pretenda eludir sus responsabilidades con viajes meramente protocolares".

Su colega de bancada, Jaime Quito, también criticó el permiso solicitado por la mandataria porque, en su opinión, "el gobierno debe asumir el liderazgo de la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad de la población", ante la ola de crimen organizado vinculado a la minería ilegal y otros delitos.

El Ministerio Público indicó este miércoles en un comunicado que la investigación fue abierta por la presunta comisión de los delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

De acuerdo con la denuncia, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia en 2019, cuando ella tenía catorce años; y posteriormente pagó para que la llevaran a Lima, donde ella quedó embarazada por los repetidos abusos del escultor, que en ese momento tenía 56 años.

El caso salió a la luz a través de un reportaje del programa dominical de televisión Cuarto Poder, en el que la denunciante también aseguró haber sido víctima de violencia física por parte del artista plástico.

Hasta el martes, la hija de ambos seguía en custodia de Sifuentes, pese a las demandas de la madre a la Justicia peruana para que no siguiera en el mismo entorno en el que ella denuncia fue violentada junto a otras mujeres, tanto mayores como menores de edad.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, anunció este miércoles que la niña ya pasó la última noche en custodia de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio, cuyos especialistas vienen realizando las diligencias correspondientes para definir la tenencia tutelar de la menor de edad.

Seminario señaló que los profesionales de la UPE están evaluando a la niña mientras el Gobierno continúa brindando acompañamiento psicológico y asesoría legal a su madre.

La denunciante está recibiendo atención por parte de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de la Fiscalía, a través de un equipo multidisciplinario conformado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo, y con el apoyo de la organización estadounidense OUR Rescue.

También se dispuso tomar su declaración mediante entrevista única en cámara Gesell para consignar su testimonio en calidad de prueba anticipada y con miras a un eventual juicio, la realización de pericias fonéticas y transcripción de audios de contenido incriminatorio, entre otros.

Las diligencias se ejecutan de forma coordinada con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional, a fin de establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar más hechos delictivos que vinculen al investigado Luis Sifuentes.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional argentino, la Policía incautó 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza, una sustancia química con la que "se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis".

"Se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina", destacaron las autoridades del país suramericano.

El cargamento estaba oculto en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la terminal de Zárate.

La investigación se inició en marzo pasado a partir de información aportada por la DEA sobre las maniobras de una organización criminal trasnacional que buscaba introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en el país austral.

"A partir de esa información, la investigación avanzó sobre la estructura criminal y las personas involucradas en la recepción y logística del cargamento", indica el comunicado.

Como resultado, fueron detenidos un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino, cuyos nombres no fueron informados.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano.

Durante la reunión, promovida en conjunto con el movimiento Frente de Evangélicos por el Estado de Derecho, el líder progresista discutió con los pastores temas sobre justicia social, combate al hambre y al racismo, además de recordar el legado de Martin Luther King Jr. y el rol de las comunidades religiosas en las zonas de mayor vulnerabilidad social.

En el evento, celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, Lula afirmó que no hará un mitin electoral en una iglesia ya que respeta la "fe de las personas".

"Siempre que alguien me pide que vaya a una iglesia a hablar de política, me niego. No voy. No voy porque respeto mucho la fe de las personas. Respeto mucho el compromiso individual que cada persona tiene con Dios", dijo el líder progresista, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo.

Asimismo, Lula aprovechó la presencia de los líderes religiosos norteamericanos para reiterar su rechazo a las interferencias externas en los comicios y aclaró que le dijo a su "amigo (el presidente de EE.UU., Donald) Trump" que "no se meta en las elecciones brasileñas".

"Ya le dije a mi amigo Trump: 'no se meta en las elecciones brasileñas, que las elecciones brasileñas son un problema del pueblo brasileño. Y no dude de las urnas brasileñas'. Si (la urna se) pudiera robar, Lula no sería presidente de la República tres veces", expresó.

El presidente subrayó que las iglesias evangélicas conocen de cerca las necesidades locales y pueden colaborar activamente para que la ayuda estatal llegue a las poblaciones más empobrecidas.

El encuentro se produce en un momento de creciente desgaste para su candidatura en los sondeos de opinión, con su principal rival en la carrera presidencial, el senador Flávio Bolsonaro, acortándole distancia en las encuestas de intención de voto.

Con este gesto, el Ejecutivo busca acercarse al electorado evangélico, que está considerablemente más cerca de Bolsonaro, con un 62 %, frente al 29 % de Lula en las intenciones de voto, según una encuesta de la firma Datafolha divulgada a finales de agosto.

Dos de los tres acusados fueron detenidos este miércoles en la zona metropolitana de Los Ángeles, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Michael Young, de 46 años y fundador de la organización Home At Last (HAL), fue detenido por supuestamente utilizar una red de empresas fantasma para defraudar unos 7,5 millones de dólares de fondos públicos destinados a viviendas para personas sin hogar.

Las autoridades explicaron que el acusado gastó más de un millón de dólares adquiridos ilegalmente para abrir un club nocturno llamado Six Seven Five Lounge.

Donye Mitchell, de 55 años y director ejecutivo de The Big Blue Umbrella (BBU), también fueron arrestados este miércoles, acusados de defraudar más de 1,2 millones de dólares destinados para proporcionar vivienda y servicios de salud mental a personas vulnerables.

Por su parte, las autoridades ya habían detenido a Lakiya Malone, de 48 años y empleada de la organización SSG, por supuestamente recibir más de 180.000 dólares en sobornos y comisiones ilegales por parte de Alexander Soofer, director ejecutivo de la organización, quien enfrenta cargos por separado y ha acordado declararse culpable.

Esta es la segunda vez esta semana que se producen detenciones por cargos de fraude federal en el sur de California, en un contexto en el que la administración Trump busca enfatizar su lucha contra el fraude y el despilfarro en los programas gubernamentales y de asistencia.

Al menos 12 personas fueron arrestadas el pasado martes, acusadas de robar más de 10 millones de dólares en fondos federales destinados a la asistencia para el cuidado infantil.

Las acusaciones hacen parte de la cruzada del Gobierno del presidente Donald Trump contra el fraude a programas financiados con fondos federales.

"Robar fondos de programas destinados a alimentar, alojar y apoyar a personas que viven en situación de calle no es solo un delito financiero; es un ataque contra las comunidades más vulnerables a las que sirven (estos) programas", declaró en un comunicado Brian D. Harrison, inspector general interino del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que los movimientos se registraron entre las 15:12 y las 16:05 hora local (20:12 y 21:05 GMT).

El primer sismo, de magnitud 4,7 y una profundidad de 40 kilómetros, tuvo como epicentro el municipio Medio San Juan, en el Chocó.

Dos minutos después se registró otro de magnitud 4,4, a 37 kilómetros de profundidad, con epicentro en el municipio de Sipí.

Le siguió un tercer sismo, cuatro minutos después, con una magnitud de 3,6 a una profundidad de 38 kilómetros, también en Medio San Juan.

El cuarto temblor se registró a las 15:55, con una magnitud de 4,4 a una profundidad de 38 kilómetros, con epicentro en el municipio de Istmina.

El enjambre sísmico se completó con un quinto temblor de magnitud 3,3 a una profundidad de 46 kilómetros, también en Istmina.

Los movimientos fueron percibidos en distintos puntos del occidente del país, entre ellos Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, aunque hasta el momento no se han reportado daños asociados a estos nuevos eventos.

Este martes, el SGC reportó tres movimientos en menos de diez minutos, todos con epicentro en el Chocó, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4,9.

Ese departamento fue también el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país.

Este terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. De acuerdo con el SGC, durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas.

Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación en una zona de interacción de varias placas tectónicas, por lo que los movimientos de tierra forman parte de su dinámica geológica.

El principal sospechoso fue identificado como Javier Francisco, pues las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan una investigación penal.

El rostro del hombre fue difundido en una ficha de búsqueda emitida por Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, donde es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio".

Las autoridades solicitaron así el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Francisco Javier, quien aparece en la fotografía con cabello corto y oscuro, tez morena, barba y bigote recortados.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostuvo que su Gobierno "no descansará" hasta localizar al responsable del crimen y hacer justicia.

"Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía", exhortó la gobernadora.

El hombre cuenta además con una orden de detención, según confirmó el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien informó que las autoridades ya realizaron búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo.

El fiscal puntualizó que la búsqueda está activa en Morelos y otros estados y avisó que próximamente se darán más detalles sobre el avance de las investigaciones.

La búsqueda del presunto asesino de Tacoronte ocurre mientras México festeja su Día de Independencia, la mayor fiesta nacional, donde tanto el Gobierno federal como los estatales realizan desfiles cívico-militares conmemorativos.

En Cuernavaca, capital de Morelos y ubicada a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, el desfile fue interrumpido por un grupo de estudiantes y activistas que realizaron un acto de protesta frente al Palacio de Gobierno.

Semidesnudas, las manifestantes se tiraron al suelo para simbolizar los feminicidios que han ocurrido en Morelos, una crisis que el crimen de Tacoronte ha puesto de relieve.

"Lamentablemente, se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad estar sufriendo esta violencia y aún así vivir. Justamente hoy estamos viviendo las fiestas de la Independencia, ver cómo tratamos de celebrar la mexicaneidad, cuando nuestra realidad ahorita está siendo muy cruda para nosotros", señaló a EFE Shamael, estudiante de Antropología.

Tacoronte, de 21 años, es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.

La joven española había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio entre la UAEM y la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil.

Tacoronte residía en Cuernavaca y se había desplazado a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en la Casa de Cultura de Cuautla, donde buscó ayuda luego de haber sido atacada con un arma blanca.

Además, testigos denunciaron en el video un presunto retraso en la llegada de los servicios de emergencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades tras la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros del órgano de política monetaria, que incrementó el referencial en un cuarto de punto y lo dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %

A su vez, la Fed publicó hoy también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que 16 de los 18 economistas de la entidad consideran apropiada al menos una subida más antes de que acabe el año, ya que ven necesario que el referencial se sitúe por encima del 4 % en los próximos meses.

La decisión de hoy ha llegado en un contexto marcado por una inflación que se sitúa de manera persistente por encima del 3 %, lejos de la meta del 2 % fijado por la Fed, y por la fortaleza del mercado laboral y de la economía estadounidense en general.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, subrayó en rueda de prensa que "la economía estadounidense parece estar fortaleciéndose" y destacó las nuevas contrataciones - EE.UU. creó 162.000 nuevos empleos en agosto-, los beneficios sólidos para el sector privado o los buenos niveles de inversión de capital empresarial.

"Cada uno de estos indicadores ha mejorado en los últimos meses y apunta en la dirección correcta. Los flujos de crédito han sido sólidos, especialmente para las empresas, y, como señalé en el simposio de política económica de Jackson Hole, me resultaría difícil calificar de restrictivas las condiciones financieras generales", dijo Warsh.

El economista apuntó que esta es una opinión "ampliamente compartida" en el seno del Comité, donde aseguró que ha percibido "una actitud de optimismo" con respecto a la economía estadounidense durante la reunión de dos días de política monetaria que concluyó hoy.

Al margen del músculo económico y la inflación persistente, Warsh destacó además "la situación geopolítica" como tercer factor de peso para subir los tipos.

Aunque el precio del barril cayó ligeramente tras conocerse la decisión de la Fed, el Texas, de referencia en Estados Unidos, se mantiene aún por encima de los 100 dólares en un momento en el que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se mantiene limitado y los frentes en el conflicto se han ampliado con el cierre de un importante oleducto saudí y la ofensiva hutí en Bab el Mandeb.

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que Trump se juega el control del Congreso ante el creciente descontento de la población por su campaña bélica en Irán.

La decisión sitúa a su vez a Warsh -al igual que le sucedió a su predecesor, Jerome Powell- en una trayectoria de colisión con Trump, que ha insistido varias veces en que el país debe tener los tipos más bajos del mundo desarrollado para estimular el crecimiento y que hoy volvió a meter presión a la Reserva Federal con un mensaje en su red social Truth.

"Los tipos de interés en Estados Unidos deberían ser del 1 % o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ¡con mucha diferencia!", escribió el republicano.

"¡Nuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit -que son la mayoría-, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año", añadió el mandatario.

Trump ya amenazó a principios de mes con interrumpir el comercio con países que mantengan superávit con Estados Unidos si la Fed no recorta tipos.

En aquella presentación, las tres artistas interpretaron una versión de 'Like a Virgin' y 'Hollywood', en una actuación que simulaba una boda entre las tres y terminó con los besos de Madonna a Spears y Aguilera, una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

Madonna encabeza la carrera de estos premios con once nominaciones entre las que destacan las más importantes de la noche: video del año, por 'Confessions II - The Film'; artista del año y canción del año, por 'Bring Your Love', junto a Sabrina Carpenter.

La Reina del Pop recientemente lanzó 'Confessions II', un álbum secuela de 'Confessions on a Dance Floor' (2005), con ritmos electrónicos de club en el que reivindica a la pista de baile como un espacio de libertad.

Previo al lanzamiento del álbum, Madonna anticipó los temas con un cortometraje de trece minutos de duración dirigido por el dueto de directores conocidos como TORSO, formado por David Toro y Solomon Chase, repleto de cameos de celebridades como Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Feid y Arca, entre otros.

La estrella estadounidense Taylor Swift también será una de las protagonistas de la noche con nueve nominaciones en categorías como video del año, con 'The Fate of Ophelia'; artista del año y mejor pop, con su más reciente trabajo: 'The Life Of A Showgirl'.

Mientras que Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas, en categorías como artista del año, video del año y mejor pop.

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, transmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en los EE.UU.

La transmisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.

La mediación fue ordenada por un tribunal de California para los días 14 y 15 de octubre, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EFE.

La orden establece a ambas partes abordar "sus objetivos de conciliación, cualquier obstáculo que perciban para la conciliación, si disponen de suficiente información para debatir la conciliación y, en caso contrario, qué información adicional necesitan", así como la posibilidad de una resolución creativa de la controversia.

El anuncio de este encuentro se produce en medio de las presiones de la compañía por acelerar el proceso y de las recientes advertencias de su cúpula directiva sobre la posibilidad de trasladar sus operaciones fuera de California si la disputa legal continúa bloqueando la transacción.

Paramount tenía la intención de notificar tanto a la alcaldía de Los Ángeles como a Bonta sobre el anuncio de su salida, aunque por el momento este aviso no se ha materializado, según informó este miércoles TMZ.

Bonta tenía prevista una reunión a finales del pasado agosto con los ejecutivos de Paramount, pero suspendió las conversaciones abruptamente tras acusar al conglomerado de medios de haber filtrado a la prensa detalles de una conversación que ambos mantuvieron días antes.

Tras este incidente, ambos mostraron públicamente su interés en abordar unas conversaciones con las que llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver la demanda antimonopolio por la fusión con WBD.

Este encuentro se iba a producir en medio de las presiones ejercidas por el conglomerado de medios para sentarse a negociar, después de que exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1.900 millones de dólares argumentando pérdidas por el retraso en la fusión.

La dura oposición de los estados a esta fusión radica en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión.

Tierra Walker, de 37 años y residente en San Antonio, murió en diciembre de 2024 cuando tenía unas 20 semanas de embarazo, tras sufrir durante meses graves problemas de salud, entre ellos hipertensión, convulsiones, coágulos sanguíneos y preeclampsia, según la demanda presentada el martes ante un tribunal del condado de Bexar.

Según la querella, Walker pidió en varias ocasiones interrumpir su embarazo a medida que su salud empeoraba, pero los médicos no le ofrecieron esa posibilidad.

Walker y sus familiares advirtieron al personal médico de que continuar con el embarazo podía costarle la vida, pero, según la demanda, la respuesta que recibieron fue: "El bebé está bien".

"En cada paso, las instituciones políticas y médicas de Texas no solo le fallaron, sino que perjudicaron activamente a Walker", sostienen los familiares en la demanda.

El 27 de diciembre de 2024, Walker acudió por última vez al hospital, donde le diagnosticaron preeclampsia y le dieron el alta. Murió dos días después.

Los demandantes responsabilizan tanto a los médicos e instituciones que la atendieron como a las autoridades estatales, a las que acusan de haber creado un clima de temor entre los profesionales sanitarios ante las posibles consecuencias legales de practicar un aborto.

La demanda acusa además al hospital de incumplir la ley federal que obliga a los servicios de urgencias a estabilizar a pacientes con emergencias médicas y sostiene que varios de los funcionarios estatales demandados vulneraron los derechos constitucionales de Walker.

Texas tiene una de las leyes de aborto más restrictivas del país, no tiene excepciones por violación o incesto y solo contempla exclusiones limitadas cuando la vida o la salud de la embarazada están en riesgo.

Desde que la Corte Suprema anuló en 2022 la protección federal al derecho al aborto establecida por el histórico fallo Roe v. Wade, cada estado puede regular el procedimiento. Actualmente, 13 estados, entre ellos Texas, mantienen prohibiciones totales y otros siete lo restringen a partir de las 18 semanas de embarazo o antes.

En el primer año de las restricciones, la mortalidad materna aumentó un 56 % en Texas, frente al 11 % en el conjunto del país, según un análisis publicado en 2025 por el Gender Equity Policy Institute (GEPI).

En 2023, según el mismo análisis, el riesgo de muerte materna en Texas fue 1,7 veces mayor que en los estados donde el aborto seguía siendo legal y accesible.

Así lo anunció este miércoles la empresa en un comunicado en el que detalló que adoptará las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios, "procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la Terminal".

El conflicto, que suma más de 40 días de paralizaciones en lo que va del año, tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

Por su parte, la empresa asegura que en los últimos meses participó en numerosas instancias de negociación y realizó "los máximos esfuerzos" posibles para alcanzar un acuerdo.

"TCP considera que el margen de negociación disponible por parte de la empresa ha sido plenamente utilizado y no se encuentra en condiciones de realizar nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas", subrayó este miércoles en un comunicado.

El pasado 11 de septiembre, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas resolvieron que los servicios mínimos que aseguren el funcionamiento de las prestaciones indispensables para preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa de la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo deberán llevarse a cabo mientras se mantenga el conflicto entre la empresa y el sindicato.

La medida, criticada por la central sindical por entender que esta se parece mucho a una situación normal de trabajo, indica que deberá haber servicio en el muelle de carga y descarga de buques y en la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación.

Según la Confederación de Cámaras Empresariales, los paros llevados a cabo en la terminal de contenedores durante este año generaron pérdidas para el país que ascienden a decenas de millones de dólares.

"Los tipos de interés en Estados Unidos deberían ser del 1 % o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ¡con mucha diferencia!", escribió Trump, que ha repetido en varias ocasiones que su país debería tener el referencial más bajo del mundo desarrollado para estimular el crecimiento.

Por primera vez desde 2023 la Fed incrementó hoy el precio del dinero, subiendo los tipos en un cuarto de punto y dejándolos en una horquilla entre el 3,75 y el 4 % debido a una persistente inflación motivada por la guerra contra Irán combinada con la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

"¡Nuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit -que son la mayoría-, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año", añadió el mandatario, que ya amenazó a principios de mes con interrumpir el comercio con países que mantengan superávit con Estados Unidos si la Fed no recorta tipos.

"Estamos 'sacando adelante' a casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar así. ¡Bajen los tipos de interés para los Estados Unidos de América y háganlo rápido", concluyó Trump en su mensaje.

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, se juega el control del Congreso en un momento marcado por el creciente descontento de la población para su campaña en Irán, que ha disparado los precios de los combustibles.

Según informaron fuentes oficiales, el juez federal Juan José Baric, de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa, centro), dejó sin efecto en forma cautelar el decreto firmado el viernes pasado por Milei, que modificó el régimen de distribución de las regalías por la electricidad generada por Los Nihuiles.

Mediante el decreto, Milei dejó sin efecto ese régimen que desde 1973 ordenaba distribuir las regalías del complejo hidroeléctrico entre Mendoza (oeste) y su vecina La Pampa.

Tras la publicación del decreto, el Gobierno de La Pampa recurrió a la Justicia en contra de la medida presidencial.

"La Pampa seguirá cobrando regalías del río Atuel. Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos", dijo por redes sociales el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.

Las cuatro centrales que integran el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles se ubican cerca de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, sobre el río Atuel que, aguas abajo, ingresa en territorio de La Pampa.

Ambas provincias mantienen un conflicto desde la década de 1940 por el aprovechamiento y la regulación del caudal de este río, que dejó de fluir naturalmente a partir de la construcción de Los Nihuiles en 1947.

En 1987, la Corte Suprema de Argentina reconoció el carácter interjurisdiccional del río, mientras que en 2020 el máximo tribunal ordenó establecer un caudal mínimo permanente para que las aguas llegaran a La Pampa.

En cuanto a las represas, en 1973 se estableció mediante un decreto que las regalías debían ser repartidas en partes iguales entre las dos provincias, pero Milei anuló el viernes pasado esa medida y estableció que el 100 % fuera cobrado por Mendoza.

En tanto, el Gobierno de Mendoza mantiene abierto desde 2022 un proceso judicial ante el Supremo para "recuperar" las regalías ya cobradas por La Pampa durante casi medio siglo, por un monto que ronda los 680 millones de dólares.

Mendoza también busca avanzar en el proceso de licitación para entregar Los Nihuiles a un nuevo operador privado por un plazo de 30 años.

Con una capacidad instalada cercana a 290 megavatios, Los Nihuiles constituye uno de los principales complejos hidroeléctricos de Argentina.

A dos semanas de los comicios presidenciales, Lula, en campaña por su reelección, abordará en su discurso la preocupación de los brasileños por la seguridad pública y reivindicará una de sus principales banderas: la defensa de la soberanía nacional.

La semana pasada, el mandatario ya había advertido sobre posibles injerencias externas en las elecciones en medio de las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos de Trump y la Argentina de Javier Milei.

Este miércoles, Trump envió al Congreso estadounidense un documento en el que volvió a expresar su preocupación por la lucha contra las organizaciones criminales brasileñas.

El dirigente republicano acusó al Gobierno de Lula de no combatir eficazmente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), organizaciones que Estados Unidos ya considera terroristas y que son las más poderosas de Brasil.

Según indicaron fuentes de la diplomacia brasileña, Lula presentará en su pronunciamiento ante la ONU algunas medidas "proactivas", entre ellas iniciativas de cooperación internacional con países de la región y con Estados Unidos, además de un refuerzo de la lucha contra los delitos ambientales.

El objetivo, según las mismas fuentes, será mostrar que Brasil está haciendo su parte y dejar claro que no aceptará injerencias internacionales.

La seguridad pública figura entre los principales temas de la campaña electoral de este año, según las encuestas de opinión.

El senador Flávio Bolsonaro, principal adversario de Lula en la carrera por la Presidencia y primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, defiende una línea más dura y ha prometido endurecer las penas y declarar terroristas a las organizaciones criminales brasileñas.

Aunque por ahora no está prevista una reunión bilateral entre Lula y Trump, ambos podrían coincidir entre bastidores durante la Asamblea de la ONU.

El año pasado, un encuentro fortuito entre los dos mandatarios contribuyó, según el propio Gobierno brasileño, a crear "una química" y estrechar el diálogo en plena crisis por los aranceles de EE.UU. contra buena parte de los productos brasileños.

Lula, que viajará a Nueva York el domingo, también prevé elevar el tono contra los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido).

Este miércoles, en un acto oficial en Brasilia, el mandatario los calificó de "cobardes" por su inacción y por no adoptar decisiones capaces de poner fin a los numerosos conflictos bélicos en curso.

El líder progresista también abordará el asunto con el secretario general de la ONU, António Guterres, que afronta su último año de mandato, con el propósito de impulsar reformas en el organismo.

Lula podría además reunirse el lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque la agenda todavía no ha sido confirmada.

Quimsacocha es un extenso ecosistema de páramo andino en la provincia andina de Azuay, cuyas fuentes hídricas abastecen de agua a numerosas comunidades y localidades de la zona, incluida Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, en cuyos alrededores está contemplado el proyecto minero Loma Larga, de la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

La oposición a la minería en este territorio se expresó también en varias consultas populares celebradas en 20211, 2019 y otra en 2021, donde los ciudadanos votaron mayoritariamente en contra del extractivismo en estos espacios, por lo que el proyecto de oro, plata y cobre Loma Larga arrastró una fuerte ola de rechazo y oposición ciudadana.

Organizaciones sociales, indígenas, ambientales y universitarias se concentraron hoy en el centro de Cuenca para formar nuevamente "el quinto río", una corriente humana de personas con camisetas azules que recorrió la ciudad andina, bañada por cuatro ríos que atraviesan su entorno urbano de la capital de Azuay.

Los manifestantes, en menor número que el año pasado, corearon consignas, caminaron por el corazón de la ciudad y portaron multitud de pancartas donde podía leerse 'Somos lo que defendemos, Quimsacocha no se toca', 'Un autoritario en el poder es un peligro para la democracia', entre otros escritos.

Entre los asistentes estuvo el actual presidente de Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), Leonidas Iza, quien destacó a EFE la lucha por la defensa de "el agua, la vida y el territorio" y exigió al Gobierno de Daniel Noboa que cumpla con las consultas populares en las que el pueblo rechazó los proyectos extractivos en Azuay.

"El Gobierno ha firmado el TLC (tratado de libre comercio) con Canadá, fue a China... ¿Para qué? Para entregar nuestro territorio", declaró a EFE.

Otro de los manifestantes, Franklin Abad, dijo a EFE que "defender la vida no puede ser comparada con una posición económica, sino con el contacto con un recurso natural".

Al llegar a la plaza mayor de la ciudad, entregaron un manifiesto en la Gobernación del Azuay dirigido al presidente Daniel Noboa, en donde expresaron sus demandas, como la eliminación de todas las concesiones mineras en los páramos, imprescindibles para los ecosistemas.

Además de Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en la manifestación también participaron la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA), el colectivo Quito Sin Minería, la Universidad Politécnica Salesiana y el Cabildo por el Agua.

En esta ocasión la movilización se celebró apenas dos meses y medio antes de la celebración de las elecciones locales en el país andino, que el 29 de noviembre elegirá a los nuevos alcaldes y prefectos de los municipios y provincias.

Hace un año, miles de personas salieron a la calle para protestar contra Loma Larga, que por el momento se encuentra paralizado. Sus principales detractores, como el excandidato presidencial y líder ambientalista Yaku Pérez, advirtieron de que podría afectar a la calidad del agua de Quimsacocha, y con ello, los ecosistemas, la producción agrícola y la calidad de vida de los municipios y comunidades aledañas.

Durante una conferencia de prensa, González explicó que las compras se hicieron "de Estado a Estado" y a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), que utiliza al Departamento de Defensa para las adquisiciones.

Con esto, los países ahorran recursos al evitar a los intermediarios comerciales.

De acuerdo con el funcionario, la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) desembolsó por las municiones cerca de 8.200 millones de guaraníes (unos 1.136.653 dólares estadounidenses a la tasa de cambio actual).

Esta es la segunda vez que el país compra insumos militares a Estados Unidos a través del programa FMS, después de la adquisición de radares y equipos para un puesto de control de la Fuerza Aérea Paraguaya a inicios de 2025.

Esta jornada, González y otros responsables militares de Paraguay se reunieron con representantes estadounidenses del programa FMS para coordinar futuras compras y evaluar "la posibilidad de la reactivación" de una fábrica de municiones en el país, indicó el ministro.

Paraguay es uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región latinoamericana.

En diciembre del año pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.

Este acuerdo no tiene un plazo de vencimiento, aunque las condiciones del mismo podrían variar con el paso del tiempo, dijeron entonces las partes.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador.

El acusado, brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca (Cecau) cuando el hombre fue capturado con 4,5 kilos de pasta base de coca en el pueblo El Plateado y luego trasladado hasta Popayán, capital departamental.

Según la información, el general Mejía Torres dio la orden de devolver por vía aérea al acusado hasta el lugar de la detención, ya que consideraba improcedente la captura.

"El oficial presuntamente ordenó el retorno del detenido y de la pasta base de coca a El Plateado, y coordinó los recursos logísticos y operacionales para realizar el desplazamiento en un helicóptero UH-60 de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional y su apoyo aéreo FAC-4125", detalló la Fiscalía.

La decisión de Mejía impidió que el capturado sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y que se incaute la pasta base de coca, por lo que ahora es acusado de "interferir en el desarrollo de la investigación penal".

La Fiscalía indicó que el general aprovechó su puesto como comandante para elaborar dos informes, el 19 de octubre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, en los que dio información falsa sobre las circunstancias de la detención del acusado.

"Tales documentos presuntamente fueron realizados con la finalidad de inducir en error a los funcionarios encargados de verificar la legalidad de lo ocurrido y que adelantaron las actuaciones administrativas y disciplinarias derivadas de dichos acontecimientos, basadas en un relato que no correspondería con lo sucedido", detalló el comunicado.

Mejía Torres, quien no aceptó los cargos, es acusado de los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

En la reunión, Díaz-Canel reiteró que “el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético” impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña tiene “un impacto” en todas las esferas de la “vida económica y social del país” y también en “relación a la capacidad de la isla para la reducción de los riesgos de desastres”.

En su diálogo con el presidente cubano, Kishore señaló, por su parte, que desde su oficina “están conscientes y conocen los efectos del bloqueo” estadounidense, así como “el dolor y las dificultades que está atravesando” Cuba.

“Las Naciones Unidas están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil y, desde la oficina nuestra, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar al pueblo cubano y que lo que el pueblo cubano pueda alcanzar sea mayor todavía”, aseveró el representante especial de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Kishore inició esta semana una visita a la isla para conocer sobre “la experiencia cubana en reducción del riesgo de desastres, alerta temprana y acción anticipatoria frente a la sequía y el cambio climático”, puntualizó la Oficina de la ONU en La Habana en sus redes sociales.

Como parte de su agenda en el país, el funcionario sostuvo encuentros con representantes de la Defensa Civil de Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, o el Instituto de Meteorología, entre otros.

La Organización de Naciones Unidas afirmó recientemente que está “especialmente preocupada” por el impacto de la profunda crisis energética que sufre Cuba en la calidad de la sanidad en la isla, sobre todo el funcionamiento de “equipos médicos críticos” y la continuidad de los programas de vacunación de miles de niños.

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los prolongados apagones en la isla “agravan las necesidades humanitarias” y afectan cada vez más a los servicios básicos.

EE.UU. ha aplicado desde inicios de 2026 una política de "máxima presión" contra la isla a fin de que La Habana aplique profundos cambios políticos y económicos. Para ello, impuso desde enero un bloqueo petrolero y sanciones secundarias en mayo para ahuyentar a las empresas extranjeras.

La votación llega un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara votara 41 a 0, recomendando que la Cámara en pleno tomara medidas contra Black por negarse a cooperar.

El caso se puede remitir ahora al Departamento de Justicia para que evalúe si lleva el asunto ante un gran jurado y busca cargos penales por desacato al Congreso, un delito que puede acarrear hasta un año de cárcel.

La resolución afirma que "la negativa deliberada del señor Black a cumplir con las citaciones del Comité de Supervisión constituye desacato al Congreso y justifica su remisión al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para su enjuiciamiento conforme a lo dispuesto por la ley”.

El presidente del Comité y representante republicano James Comer declaró este miércoles que la medida adoptada demuestra que "nadie está por encima de la ley".

"Leon Black desobedeció dos citaciones judiciales, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos actuó con rapidez para declararlo en desacato al Congreso", añadió.

El principal demócrata del comité, el representante Robert Garcia, calificó la votación como "un paso importante hacia la justicia" y afirmó que es necesario conocer por qué Black "le dio a Jeffrey Epstein 180 millones de dólares".

Black, que mantuvo una larga relación comercial con Epstein, ha declarado que no cometió ningún delito y ha lamentado su relación con el delincuente sexual, que falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Las autoridades no han acusado a Black de ningún delito, pero su nombre apareció repetidamente en los archivos Epstein y, según informó The New York Times, el empresario pagó al delincuente sexual un total de 170 millones de dólares, por lo que describió como servicios de planificación fiscal y patrimonial entre 2013 y 2017.

El canciller Tovar, quien realiza esta semana una gira por Estados Unidos, se reunió en Washington con Rubio para fortalecer las relaciones entre ambos países y abordar diversos temas de interés para el trabajo conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos.

"La gira va en dos vías: primero, seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen transnacional; y el segundo, continuar mostrando a Costa Rica como un país competitivo para atraer inversión y más empleo", afirmó la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su conferencia de prensa semanal.

"Se verán temas de aranceles, revisar políticas para atraer más empresas y programas de cooperación. La gira ha sido muy exitosa y estoy segura que será para bien de nuestro país", agregó.

Costa Rica ha intensificado sus lazos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada Escudo de las Américas, que pretende derrotar a los carteles de la droga.

Según las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores

Tovar y Rubio abordaron el combate al crimen organizado y la atención de los flujos migratorios, así como los riesgos para la seguridad asociados a actividades como la minería ilegal y la pesca irregular.

Por su parte, en el ámbito económico ambos funcionarios reiteraron la importancia de contar con mercados y cadenas de valor fortalecidos, que contribuyan a generar mayores oportunidades de empleo.

Como parte de su agenda, Tovar acompaña al nuevo embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Douglas Soto, en la ceremonia de presentación de credenciales, y además sostuvo reuniones con congresistas estadounidenses.

"La decisión responde al creciente peso estratégico de la región en el negocio de Cox, al concentrar aproximadamente el 95 % de su actividad", indicó el grupo español, cuyo presidente ejecutivo, Enrique Riquelme, alternará su actividad entre Panamá y España.

En un comunicado distribuido en Panamá, el Grupo Cox recalcó que en los últimos meses ha anunciado la construcción en México de lo que será la mayor desaladora de América Latina, así como nuevos proyectos energéticos en Panamá y Guatemala o la puesta en marcha de su primera concesión en Brasil.

En este contexto, la compañía cuenta con un plan de inversiones previsto superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región, con el objetivo de impulsar infraestructuras críticas para el desarrollo económico y la resiliencia hídrica y energética de estos mercados, precisó la misiva oficial.

Cox explicó que "la nueva organización combina una dirección corporativa global desde España, donde se mantiene la sede del Grupo y se gestionará la Service Co, mientras que Panamá se convertirá en la plataforma regional para las Américas y gestionará la Asset Co".

Por su parte, en México se mantendrá la gestión de todos los activos del Grupo en el país, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento tras la compra de Iberdrola México.

"El refuerzo de la presencia regional permitirá acompañar de forma más cercana proyectos estratégicos como Rosarito, la mayor desaladora para consumo humano, recientemente adjudicada en México y llamada a convertirse en la mayor de América Latina, o en Panamá, donde Cox ha reforzado recientemente su posicionamiento con la adjudicación de un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo".

La compañía española agregó que también avanza en Guatemala con nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético, mientras que en Brasil ha puesto en operación su primera concesión de transmisión eléctrica antes del calendario previsto, dentro de una plataforma desde la que ya desarrolla más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión y subestaciones de alta tensión.

"La creación de Panamá como 'hub' regional de Cox para las Américas materializa una decisión plenamente alineada con la hoja de ruta estratégica aprobada por el Grupo, donde resulta clave estar más cerca de nuestros mercados, de nuestros socios financieros e institucionales y de los grandes proyectos que definirán el futuro del agua y la energía en la región", subrayó Riquelme.

Cox es una compañía internacional especializada en infraestructura de agua y energía con sede en España, y presencia en América, Europa, Oriente Medio y África.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió el 2,18 %, hasta los 132.423.776,99 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de YPF (-4,8 %) y Pampa Energía (-3,3 %), mientras que las que más subieron fueron las de Metrogas (+1,7 %) y Grupo Supervielle (+1.3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a los 510 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos, a 1.535 por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación; mientras que la cotización en la plaza mayorista subió seis pesos, a 1.512 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.560 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,5 %, a 1.605,29 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó el 0,3 %, a 1.537,56 pesos por unidad.

"Un día como hoy de hace 53 años asesinaron a Víctor Jara. Intentaron silenciar su voz porque sus canciones hablaban de libertad, dignidad y justicia. No lo consiguieron", ha escrito en X Pedro Sánchez.

Y ha añadido:"Su música sigue recordándonos que la cultura también es una forma de resistencia frente a quienes pretenden acabar con la democracia".

Jara murió el 16 de septiembre de 1973 tras recibir múltiples disparos en el antiguo Estadio Chile.

Con la vuelta de la democracia, el estadio fue denominado "Estadio Víctor Jara".

"No podemos mantener estados de emergencia perpetuos", declaró la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, quien afirmó que los resultados de las operaciones a gran escala llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad en este periodo fueron "un éxito".

En declaraciones a la prensa durante la última jornada del estado de emergencia, Persad-Bissessar anunció nuevas medidas para combatir la delincuencia como la puesta en marcha "muy pronto" de unidades policiales móviles.

También indicó que el Gobierno está examinando un proyecto de ley para mejorar la seguridad pública e introduciendo modificaciones en el mismo con el fin de que solo requiera una mayoría simple parlamentaria para salir adelante.

Se trata del proyecto sobre Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO, en inglés) y Medidas de Desarrollo Comunitario, el cual permitiría a las autoridades designar áreas de alta criminalidad para llevar a cabo operaciones policiales y militares coordinadas e imponer toques de queda.

La primera versión de esta legislación implicaba enmiendas constitucionales y requería una mayoría de tres quintos en ambas cámaras del Parlamento, la cual el partido gobernante no tiene en el Senado.

Fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero no logró obtener la mayoría necesaria en el Senado debido a que algunos sectores consideran que otorga demasiado poder a la primera ministra.

Persad-Bissessar agregó que el Gobierno tomará en cuenta las recomendaciones de la oposición y de los senadores independientes antes de finalizar el proyecto.

Según el informe gubernamental, las operaciones de seguridad realizadas entre el 3 de marzo y el 10 de septiembre, durante el estado de emergencia, resultaron en 5.802 detenciones y en la presentación de cargos contra 3.552 personas (61,2 % del total).

Funcionarios de seguridad informaron recientemente que 563 detenidos serán liberados de forma escalonada.

Antes de este estado de emergencia, que fue prorrogado en dos ocasiones, hubo otra medida de excepción en el país que se extendió desde julio de 2025 hasta enero de 2026, manteniéndose vigente durante 197 días.

Por otro lado, el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, reveló que Trinidad y Tobago colabora con organismos internacionales para realizar verificaciones de seguridad a más de 24.000 migrantes que han completado el proceso de registro del país.

Este proceso de evaluación se lleva a cabo mientras el Gobierno refuerza la verificación previa a la emisión de tarjetas de registro para migrantes, con el objetivo de identificar a personas con antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de esfuerzos más amplios para abordar preocupaciones de seguridad nacional, incluidas las relacionadas con el crimen organizado y las armas de fuego ilegales.

Tras ceder un 0,9 % el lunes y recuperar un 0,54 % la víspera, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 185.547 puntos básicos a la espera de que el Banco Central de Brasil divulgue próximamente si modifica o mantiene la tasa básica oficial de intereses, actualmente en el 14,0 % anual.

En el mercado de divisas, el real cerró prácticamente estable respecto al dólar, con una discreta apreciación del 0,06 %.

La moneda estadounidense acabó cotizada a 5,151 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En lo que respecta al ámbito nacional, los operadores financieros están pendientes de cómo avanzará la crisis institucional en el seno de la Corte Suprema brasileña, luego de que la víspera la sesión para definir si se abría una investigación contra el magistrado Alexandre de Moraes por su sospechosa relación con un banquero encarcelado acabó sin un horizonte claro.

Asimismo, el Banco Central divulgó que la actividad económica de Brasil retrocedió por segundo mes consecutivo (-0,2 % en julio respecto a junio), lo que confirma la desaceleración de la economía del país suramericano, que creció apenas un 0,5 % en el segundo trimestre frente al avance del 1,1 % en el primero.

Este miércoles se conoció también que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió de forma unánime aumentar los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla de entre el 3,75 y el 4 %, en lo que supone la primera subida desde julio de 2023.

Con todo, los valores de Petrobras se desplomaron un 3,53 %, en línea con los precios internacionales del petróleo.

Por su parte, las acciones de la minera Vale encabezaron el podio de las más negociadas del día y acabaron también con una caída del 2,14 %.

Los grandes bancos acabaron con destinos distintos, siendo que los valores de Banco do Brasil fueron los únicos que cerraron con contundentes ganancias (3,04 %).

Las acciones de Bradesco cerraron prácticamente estables (0,05 %), mientras que las de Santander (-0,96 %) e Itaú Unibanco (-0,12 %) acompañaron la senda negativa.

Sin embargo, los valores de la petroquímica Braskem fueron los grandes perdedores de la jornada, con una baja del 15,17 %.

En la otra cara de la moneda, las acciones preferenciales de la empresa de utensilios Hercules (24,51 %) y de la fabricante y comercializadora de juguetes Estrela (18,54 %) se llevaron las mayores ganancias de la sesión de este miércoles.

El volumen financiero en la bolsa paulista superó los 72.000 millones de reales (14.059 millones de dólares), en casi 3,8 millones de operaciones, según resultados preliminares.

Titulada 'Green Lava', el proyecto de 39 minutos presenta a un joven italiano llamado Giacomo Mattivi, quien vive con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que causa debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular.

Tras la pérdida de su hermano Mattia a causa de la misma afección, Giacomo "se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea", señaló la sinopsis.

La película, producida por el Vaticano y grabada en la cadena montañosa de las Dolomitas, en el norte de Italia, se presentará esta semana en Los Ángeles como parte del proceso que deben seguir aquellas producciones que desean ser consideradas para el reconocimiento de la Academia de Hollywood.

Esta supone la primera vez que una película producida por el Vaticano compite por los Óscar en los casi 98 años de historia de estos premios, considerados los más prestigiosos del cine internacional.

El proyecto, aun así, no representará específicamente al Vaticano. A diferencia de la categoría de largometraje internacional, que sí exige el respaldo oficial de un gobierno nacional o comité específico del país, la categoría de cortometraje documental, en la que compite 'Green Lava', no requiere una presentación oficial de ningún tipo.

"Últimamente nos hemos visto desbordados por la llegada de ciudadanos extranjeros. Por eso, lo que está haciendo ahora la Junta de Prerrogativa de Misericordia es poner a esos inmigrantes ilegales en libertad condicional y proceder a su deportación", declaró Cleare, según recogieron medios locales.

En este contexto, el funcionario solicitó a la Junta de Prerrogativa de Misericordia que considere la posibilidad de poner en libertad a más reclusos de edad avanzada que ya no suponen una amenaza para la sociedad.

"Hay personas que consideramos muy enfermas, hay personas que son muy mayores, y estamos pidiendo a la Junta de Prerrogativa de Misericordia que les conceda la libertad condicional", precisó Cleare.

El comisario apuntó que este año la junta aprobó la puesta en libertad de entre 150 y doscientos presos.

"Consideramos que la cárcel debe ser un lugar para los delincuentes violentos y agresivos. Los pequeños vendedores ambulantes y los vagabundos, la mayoría de los cuales padecen enfermedades mentales, no deberían ser derivados a nosotros", indicó el comisario de Instituciones Penitenciarias de Bahamas.

Así mismo, el Departamento propuso -en reuniones públicas- un programa de libertad condicional, que se ofrecerá a los reclusos que se consideren dignos de confianza y con pocas probabilidades de reincidir.

Según las autoridades bahameñas, en esta iniciativa los reclusos deberán adquirir una cualificación, y aquellos que se encuentren a dos o tres años de cumplir su condena serán evaluados por una unidad interna de libertad condicional para garantizar que han completado una formación técnica.

Una vez aprobada la libertad condicional, el recluso accederá a un puesto de trabajo que le proporcionen los funcionarios de prisiones y deberá mantener dicho empleo durante toda la duración del programa.

El número de inmigrantes que arriba a Bahamas y es deportado es exponencial, sobre todo de origen haitiano, según detalló -a finales de agosto- el Departamento de Inmigración de Bahamas, se han repatriado a más de 2.000 migrantes en lo que va de año.

Ambos casos fueron presentados esta semana ante un tribunal de Los Ángeles para reclamar dos obras de arte, incluyendo acuarelas pintadas bajo coacción en Auschwitz y obras maestras del siglo XVI, según las demandas a las que tuvo acceso este miércoles Los Angeles Times.

La primera denuncia corresponde a las hijas de una superviviente de Auschwitz contra el Museo y Memorial de Auschwitz-Birkenau en Polonia para recuperar las acuarelas que su madre se vio obligada a pintar para el médico nazi y criminal de guerra Josef Mengele.

En el segundo caso, la Federación Judía del Gran Los Ángeles demandó al Museo Norton Simon, ubicado en la ciudad de Pasadena, en California, para solicitar la devolución del díptico 'Adán y Eva', dos obras maestras del siglo XVI pintadas por Lucas Cranach el Viejo.

Las demandas se producen tras las leyes aprobadas por el estado de California y el Congreso de EE.UU. para reforzar las reclamaciones internacionales sobre arte robado a través de la eliminación de trabas y técnicas legales que durante décadas impidieron a las víctimas del Holocausto y a sus descendientes recuperar sus bienes.

Ambos casos se libraron sin éxito para los demandantes en el pasado y se presentaron de nuevo ante los tribunales en víspera del vencimiento del plazo establecido por la ley de California para presentar reclamos ante obras de arte con ubicaciones conocidas desde hace mucho tiempo, de acuerdo con el periódico.

Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

El desfile, realizado en el centro de Cuernavaca, ubicada a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, fue interrumpido por la movilización, encabezada por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Tacoronte realizaba un intercambio con la Universidad de Granada.

Mientras las autoridades presenciaban el acto desde el palco oficial frente a Palacio de Gobierno, agentes de la Policía estatal cerraron el paso de más de 100 estudiantes de la UAEM que marchaba desde el campus Chamilpa al Zócalo, la principal plaza pública de la ciudad, para exigir justicia por el asesinato de su compañera.

El cerco policial no impidió que otro grupo lograra filtrarse a la avenida principal. Eran mujeres universitarias, integrantes del Centro Comandante Ramona, el colectivo que mantiene tomado el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM desde marzo de 2026.

En plena zona del desfile, frente a Palacio, realizaron un "performance": semidesnudas, se tiraron al suelo para simbolizar los feminicidios que han ocurrido en Morelos.

La acción provocó que la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se retirara del palco.

Las estudiantes se replegaron hacia el Zócalo y leyeron un mensaje en memoria de las universitarias víctimas de feminicidio en el estado.

"Ante los feminicidios de nuestras compañeras estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos decidimos manifestarnos de manera pacífica. No se realizó ningún acto de 'vandalismo', como le llaman. Nosotras venimos de manera pacífica a leer este antigrito", afirmó una de las manifestantes.

La movilización ocurre en el marco de la jornada de protesta convocada por la comunidad estudiantil para demandar el esclarecimiento del crimen y mayores garantías de seguridad para estudiantes locales y extranjeros.

La joven española había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la UAEM, y residía en Cuernavaca, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El sospechoso, identificado como Francisco Javier, ya es buscado por las autoridades como presunto responsable del crimen.

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha informado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.

"Nadie aguanta más a los jueces de Lula en el Supremo perjudicando a Brasil, obstaculizando nuestra democracia", criticó el aspirante del ultraderechista Partido Liberal (PL) a los periodistas durante un viaje de campaña a Juazeiro do Norte, en el noreste del país.

Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y al que los sondeos señalan como el principal rival de Lula en las elecciones, lamentó el "espectáculo" que se vivió el martes en el pleno de la corte, cuando varios de sus magistrados se gritaron, se insultaron y se levantaron el dedo para decidir si abrían una investigación contra su colega Alexandre de Moraes.

De Moraes condujo el mediático juicio que llevó a prisión por intento de golpe de Estado a Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado y en prisión domiciliaria por motivos de salud.

La animadversión de la extrema derecha hacia el popular magistrado empezó ya durante el mandato de Bolsonaro padre, cuando De Moraes pasó a investigar las campañas de difusión de noticias falsas sobre el proceso electoral y las instituciones democráticas.

Desde entonces, la familia Bolsonaro declara que vive una persecución judicial liderada por De Moraes, en el Supremo desde 2017 tras ser postulado por el entonces gobernante liberal Michel Temer.

Sin embargo, las sospechas sobre De Moraes surgieron a raíz de su presunta cercanía con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude financiero millonario y que tenía una relación contractual con el despacho de abogados de la esposa del juez, Viviane Barci.

Con todo, el pleno del Supremo no llegó a ningún acuerdo el martes y la sesión fue aplazada a petición de uno de los jueces.

La sesión sí puso de relieve que los dos jueces nombrados por Lula en este mandato, Flávio Dino, exministro de Justicia, y Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del presidente, se inclinaron por investigar también al juez André Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro en 2021 y quien ha señalado las presuntas irregularidades de Moraes.

"Lo que vimos ayer, desde mi punto de vista, es una esperanza del pueblo brasileño que todavía está viva porque, sin los magistrados de Lula en el Supremo, la democracia vive, Brasil vive, el Poder Judicial vive", expresó Flávio Bolsonaro.

El senador, quien viene recortando su distancia con respecto a Lula en las encuestas y en algunos sondeos ya aparece liderando una eventual segunda vuelta, dijo que "con toda seguridad el próximo presidente de la República va a ser Flávio Bolsonaro" y calculó que nombrará a cinco nuevos jueces del Supremo de un total de 11 asientos.

"Ahí ya no veremos más este espectáculo de intentar proteger a Alexandre de Moraes. Hoy, quien vota por Lula está votando por Alexandre de Moraes, pero esto tiene día y hora para acabar, que será a partir del año que viene", prometió.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió en concreto a sus ministros mantener las ayudas para pescadores, agricultores y empresas de construcción.

De manera que, para los pescadores, la subvención al combustible pasará de 25 a 35 céntimos por litro, mientras que el sector de la construcción mantendrá una ayuda de 20 céntimos y los agricultores una de 15 céntimos.

La decisión llega después de protestas y bloqueos de depósitos de combustible protagonizados por pescadores, y el aumento de la preocupación ciudadana por el poder adquisitivo y el abastecimiento de las estaciones de suministro.

En el Consejo de Ministros de hoy, Macron reclamó una "total movilización" del Ejecutivo para garantizar el abastecimiento y controlar los precios, según la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

El Ejecutivo estudia además flexibilizar algunas normas europeas para facilitar la actividad de las refinerías.

Alrededor de un 10 % de las estaciones de servicio afrontan dificultades de suministro de al menos un carburante, según el Gobierno, que ha señalado que la mayoría pertenecen a la red de TotalEnergies.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow bajó hasta 51.461 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0,45 %, hasta 7.551 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un leve 0,01 %, hasta 25.978 unidades.

La Fed acordó por unanimidad incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, como se esperaba.

El banco central estadounidense indicó que "la inflación permanece elevada" y que la medida "favorecerá un retorno más rápido" a su objetivo del 2 %, y además apuntó a una subida adicional antes de que finalice el año.

La bolsa había estado operando en verde antes de que la Fed tomara la decisión y su presidente, Kevin Warsh, insistiera en una rueda de prensa en que "la inflación en EE.UU. no mejora", tras lo que se propagó la aversión al riesgo en los mercados.

Tras la subida de tipos, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, de referencia para préstamos e hipotecas, escaló hasta el 5 %, su nivel más alto desde julio de 2007, mientras que la del bono a 30 años se situó en el 5,35 %.

El oro al contado había estado subiendo esta mañana en torno al 1,6 %, cuando alcanzó unos 4.365 dólares la onza, pero tras la intervención de la Fed dio la vuelta y perdió valor, situándose al cierre de la sesión en 4.240 dólares.

Por su parte, el dólar se fortaleció frente al euro y otras divisas ante la perspectiva de un encarecimiento en el coste de los préstamos en los próximos meses. El euro se cambiaba a 1,147 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), que se disparó ayer a 105 dólares, retrocedió hoy a 102, lastrado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, las previsiones de un aumento de reservas comerciales en EE.UU. y la fortaleza del dólar.

El sector de la energía y el financiero tuvieron las mayores pérdidas de la jornada, del 2,97 % y el 1,6 % respectivamente, mientras que el tecnológico tuvo las mayores ganancias, del 0,1 %.

En Telegram, la líder chavista afirmó que el memorando está "orientado a impulsar capacidades técnicas y financieras para el desarrollo del bloque Ayacucho 2" ubicado en la mayor reserva de crudo en el mundo, la Faja Petrolífera del Orinoco.

"Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela", agregó.

El memorando fue firmado por Continental y la estatal venezolana PDVSA para desarrollar y operar Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, un área que la compañía estima que contiene unos 30.000 millones de barriles de recursos petroleros.

El acuerdo abre la puerta a un contrato de largo plazo que ambas partes pretenden negociar en las próximas semanas, informó Continental en un comunicado.

El bloque, situado al norte del río Orinoco, en el estado de Anzoátegui, ocupa unos 126.000 acres (51.000 hectáreas) y contiene, según la estimación de la compañía, 30.000 millones de barriles de recursos 'in situ', es decir, petróleo existente en el subsuelo, una cifra que no equivale a reservas probadas ni a producción futura.

La compañía, con sede en Oklahoma y uno de los mayores productores privados de petróleo y gas de Estados Unidos, agregó que comenzó a "estudiar oportunidades" en Venezuela después del llamamiento de la Administración de Donald Trump a las energéticas estadounidenses para que contribuyan a la reconstrucción de la industria petrolera de ese país.

Venezuela extrajo en agosto un promedio de 1.201.000 barriles por día (bpd).

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se producían 3,1 millones.

En lo que va de 2026, la producción ha aumentado un 29,9 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país suramericano se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU..

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El Gobierno insiste en que se ha firmado medio centenar de acuerdos en petróleo y gas.

El pasado 28 de agosto, Donald Trump y Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35 %.

Por un lado, la Unión General de Trabajadores (UGT) propuso que el salario mínimo se eleve a 1.000 euros ya en enero, aduciendo al aumento del costo de vida y del precio de los combustibles.

"Hemos presentado una propuesta para que el salario mínimo sea superior a 1.000 euros, que sea de al menos 1.000 euros", dijo en una rueda de prensa posterior al encuentro, que duró más de tres horas, el secretario general de la organización sindical, Mário Mourão.

Por su parte, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP) dijo que su propuesta contempla "un aumento general y significativo de los salarios de al menos un 15 %, con un mínimo de 150 euros, y la revalorización del salario mínimo nacional a partir de enero de 2027, que se fijará en 1 100 euros".

La concertación social reúne al Gobierno, empresarios y sindicatos y, en esta ocasión, no abordaron los presupuestos generales del Estado, uno de los principales retos del Ejecutivo en los próximos meses.

Actualmente, el salario mínimo en Portugal es de 920 euros brutos.

El recolector de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la medida tras recibir una remisión de agencias federales que indica que Lux Sky Cargo tiene negocios con ENETEC S.A., entidad sancionada el 11 de julio pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

ENETEC es una compañía que Washington vincula con el Gobierno cubano y se dedica al comercio mayorista de combustible y lubricantes.

"No vamos a mirar hacia otro lado cuando la información indique que una empresa podría estar operando en violación de la ley o haciendo negocios con entidades sancionadas vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba", declaró Fernández en un comunicado.

Lux Sky Cargo anunciaba en sus redes sociales que tenía autorización para enviar "cualquier camión" desde el sur de Florida a la isla y autos de marcas como Audi, Porsche, BMW, Volkswagen y Suzuki por un precio regular de 4.500 dólares.

Las sanciones de Trump han motivado a gobiernos locales en el sur de Florida, hogar de la mayor diáspora cubana en Estados Unidos, a revocar licencias de negocios con presuntos nexos con La Habana.

El pasado 5 de junio venció el periodo de gracia otorgado por Washington a empresas extranjeras con presencia en Cuba para romper sus vínculos con la isla antes de enfrentar represalias, como parte de la presión ejercida sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y la familia del expresidente Raúl Castro.

Solo en junio, EnviosCuba.com, una de las principales plataformas para que los cubanos en Estados Unidos envíen víveres a la isla, suspendió sus operaciones. Además, el condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de Vanguard Energy, una empresa que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible.

Fernández anunció en febrero que emitió casi 4.000 avisos de cumplimiento "a negocios que podrían estar realizando actividades comerciales relacionadas con la dictadura socialista y comunista de Cuba".

La organización latina, una de las más importantes en Estados Unidos, usa el término "moveable middle (centro móvil)" para referirse a este segmento del electorado latino que no mantiene una identificación partidista definida y que incluye a votantes indecisos, independientes y aquellos que cruzaron las líneas partidistas en las elecciones presidenciales de 2024.

Este grupo tiene una presencia significativa en doce de los 37 distritos competitivos de la Cámara de Representantes que, según UnidosUS, serán relevantes para determinar la composición del Congreso tras las elecciones de medio mandato.

Las preocupaciones económicas ocupan los primeros lugares entre estos votantes. Un 60 % señala el costo de vida como uno de sus principales problemas, seguido de los empleos y salarios (40 %), los costos de salud (37 %), los costos de vivienda (27 %) y la reforma migratoria (21 %).

La percepción sobre la situación económica también es más pesimista entre este grupo que entre los hispanos en general. Solo un 15 % espera estar mejor económicamente el próximo año, frente a un 21 % del conjunto del electorado hispano.

Entre los votantes de Trump que pertenecen a este grupo, un 46 % afirma que no volvería a apoyarlo si pudiera repetir su decisión de 2024. El porcentaje aumenta hasta un 57 % entre quienes cruzaron las líneas partidistas para votar por Trump en esas elecciones, frente a un 25 % registrado entre los hispanos en general.

La aprobación de Trump se sitúa en un 24 % entre los integrantes del electorado indeciso, frente a un 30 % entre los hispanos en general. La favorabilidad hacia el Partido Demócrata alcanza, por su parte, un 51 % en este grupo, frente a un 61 % entre el conjunto del electorado hispano.

En cuanto a participación electoral, un 64 % de los integrantes de este grupo afirma estar seguro o casi seguro de votar en noviembre, frente a un 76 % de los hispanos en general, una diferencia de doce puntos porcentuales.

UnidosUS también identifica una brecha en el contacto de las campañas con estos votantes. En 2024, aproximadamente un 51 % de los independientes latinos dijo que no había recibido ningún contacto de campaña.

El análisis señala además que aproximadamente uno de cada cinco latinos que votará este noviembre participará por primera vez en unas elecciones de medio mandato que renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien del Senado.

En materia migratoria, la reforma aparece como el quinto asunto prioritario para estos votantes, con un 21 %, y UnidosUS señala que su principal demanda en este ámbito sigue siendo la regularización de los inmigrantes indocumentados que llevan largo tiempo residiendo en Estados Unidos, por encima de las medidas de control migratorio.

La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, señaló que este amplio e importante grupo de votantes hispanos "no está desconectado, sino que es escéptico".

El análisis se basa en una encuesta bipartidista de UnidosUS realizada entre los pasados 27 de abril y el 14 de mayo a 3.000 votantes latinos registrados, con un margen de error de ±1,8 puntos porcentuales.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO) cifra en 36 millones los hispanos habilitados para votar en 2026.

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) informó en una declaración que Palacios Hernández, de 38 años, fue detenido por el ICE en Virginia cuando se dirigía a su trabajo, en una empresa que comercializa pollo.

El opositor, soltero y sin hijos, tiene permiso de trabajo vigente y su proceso de asilo en trámite, precisó.

"Es un buen ciudadano. No ha cometido delito y debería ser liberado a lo inmediato, dejando que pueda continuar su proceso de asilo en paz", señaló el Grex, formado por opositores encarcelados en el contexto de la crisis que vive Nicaragua desde hace más de ocho años.

En Nicaragua lo detuvieron el 23 de julio de 2019 y fue liberado el 9 de febrero de 2023 junto a otros 221 críticos y opositores nicaragüenses, que fueron excarcelados, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.

Este arresto se produce después de que el pasado lunes el ICE detuviera también al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, director del programa de opinión y debate 'Café con Voz', muy crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Galeano, de 48 años, fue detenido en Orlando, en el centro de Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber, y será trasladado a un centro de detención de migrantes. Tiene una audiencia fijada para el 2 de octubre, según contó su esposa, Deykell Santamaría.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".

Según informó este miércoles la Presidencia, De la Espriella y Fernández acordaron celebrar la reunión durante una conversación en la que también "plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región".

El encuentro estará centrado en seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con el comunicado.

Durante la reunión, De La Espriella y Fernández abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, así como el intercambio de información y capacidades para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.

La Presidencia colombiana señaló que la reunión hace parte de la estrategia del Gobierno de De La Espriella para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas criminales que, según su planteamiento, trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

El Gobierno colombiano también indicó que continuará promoviendo alianzas con otros países de la región para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

La reunión tendrá lugar en Barranquilla, sede alterna de la Presidencia desde el inicio del Gobierno de De La Espriella, donde el mandatario ha trasladado parte de su agenda oficial y recibió el pasado 8 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien también trató asuntos de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

'Minotaure' fue escogida entre cinco cintas preseleccionadas. Las otras candidatas eran 'La Bataille De Gaulle-L'Âge de fer', de Antonin Baudry; 'Le Corset', de Louis Clichy; 'La Gradiva', de Marine Atlan; y 'L'Inconnue', de Arthur Harari.

La película seleccionada, producida por Charles Gillibert y Nathanaël Karmitz, ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes de 2026 y llegará a los cines franceses el 14 de octubre.

La selección fue realizada por una comisión de once profesionales presidida por el historiador de cine Charles Tesson, dentro del proceso supervisado por la Academia de Hollywood, explicó el CNC en su página web.

Este drama es una adaptación contemporánea de 'La esposa infiel' de Claude Chabrol.

Producida principalmente en Francia, filmada en ruso con actores rusos en Letonia, la película denuncia la crueldad de la movilización de civiles para luchar en Ucrania y pone de relieve la falta de equipamiento entre las tropas del mandatario ruso, Vladímir Putin.

El presidente del CNC, Gaëtan Bruel, destacó la trayectoria de la cinta en Cannes y dijo que la elección refleja el papel de Francia en las coproducciones internacionales y su apoyo a cineastas de distintas procedencias.

Zviáguintsev, de 62 años, que se exilió en Francia para escapar de la censura, ya había sido galardonado con el Premio al Mejor Guion en Cannes por 'Leviatán' en 2014 y el Premio del Jurado por 'Faute d'amour' en 2017.

"El objetivo es ganar", afirmó Bruel, quien anunció que el CNC y el organismo de promoción del cine francés en el extranjero, Unifrance, reforzarán su apoyo a la campaña de la película y al resto de producciones francesas que compitan en otras categorías.

La ceremonia de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles (Estados Unidos).

El proceso, que se suma a un largo historial de negociaciones entre ambos sectores, lo lideran Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el chavismo, y la opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría de las curules.

A continuación, algunas claves del proceso de conversaciones.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

Asimismo, las partes pactaron la recuperación de activos de la reserva internacional de Venezuela depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó en julio que el Gobierno pediría el levantamiento de sanciones en el diálogo, que entonces estaba por empezar su primer ciclo.

Por su parte, organizaciones políticas opositoras han propuesto que se incluya en la agenda la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo.

Los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia manifestaron en julio que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones, pese a que no participan en el diálogo.

Entretanto, ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigen que se incluya en la agenda la liberación de los presos políticos, que son 328 según la organización Foro Penal.

En agosto, Estados Unidos aplaudió el inicio de estas conversaciones, que definió como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en el país suramericano. Ese mismo mes, la Unión Europea respaldó "todos los esfuerzos" hacia un proceso de democratización a través del diálogo.

El martes, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que el Reino Unido acoge con "satisfacción" las conversaciones políticas lideradas por Rodríguez y Figuera, así como los avances logrados hasta ahora mediante ese proceso de diálogo.

El conflicto entre el Parlamento opositor y el chavismo se remonta a 2015, cuando la oposición venezolana logró una histórica victoria en las elecciones legislativas al obtener la mayoría en Asamblea Nacional (AN).

El Tribunal Supremo de Justicia suspendió en ese entonces la proclamación de tres diputados del estado Amazonas -lo que impidió que la oposición alcanzara la mayoría calificada de la Cámara- y declaró a la AN en desacato, limitando así sus funciones.

En 2017, en medio de una oleada de protestas masivas antigubernamentales apoyadas por diputados antichavistas, el Gobierno impulsó una Asamblea Nacional Constituyente, rechazada por la oposición, que asumió funciones legislativas y quedó integrada por representantes afines al oficialismo.

En enero de 2019, la crisis política se profundizó cuando el entonces presidente de la AN opositora, Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino al considerar ilegítimo el segundo período de Gobierno de Maduro, una decisión respaldada por Estados Unidos y varios países, aunque el chavismo conservó el control de las instituciones y las Fuerzas Armadas.

En 2020 se realizaron nuevas elecciones legislativas y el chavismo obtuvo la mayoría absoluta de los escaños, en un contexto marcado por el abstencionismo de la oposición y su denuncia de una falta de garantías electorales.

Con la instalación del nuevo Parlamento en 2021, el oficialismo retomó el control formal de la AN, cerrando un período de cinco años de mayoría opositora.

Sin embargo, Figuera afirma ser la cabeza de lo que considera como el "último" poder "legítimamente" elegido en Venezuela, en referencia al Parlamento de 2015.

El bloque liderado por la socialdemócrata Magdalena Andersson ganaría los comicios con un 99,9 % de probabilidades, de acuerdo con SVT.

"La probabilidad de una vuelco en esta situación es tan baja que nos atrevemos a decir que la oposición tendrá más diputados en estas elecciones", afirmó este canal.

Contabilizados 6.607 de los 6.626 distritos totales, la oposición mantiene una ventaja mínima con el 49,4 % frente al 49 %, 175 escaños frente a 174, aunque durante todo el día la ventaja ha estado oscilando entre uno y tres mandatos.

La Autoridad Electoral de Suecia había iniciado ayer el recuento de los denominados "votos del miércoles", las papeletas del voto exterior y las anticipadas que llegaron con retraso, aunque ya había comunicado que esperaba que no finalizase hasta el jueves.

Las autoridades municipales de Gotemburgo, segunda ciudad en población en Suecia, ya han comunicado que no acabarán de contar las papeletas hasta mañana.

El sistema electoral sueco se divide en 6.312 distritos, a los que se añaden otros 314, los "uppsamlingsdistrikt" (distritos de recolección), unas circunscripciones ficticias en las que se agrupan los "votos del miércoles".

"Esperamos una cantidad mayor de votos este año que en anteriores elecciones. No podemos saber la cifra de antemano, pero estimamos que se trata de unos 300.000. Eso implica que el recuento probablemente lleve mucho tiempo en muchos municipios y que no tengamos un resultado preliminar actualizado hasta el jueves", había informado la Autoridad Electoral.

En las anteriores elecciones legislativas de 2022, el miércoles siguiente a los comicios se contabilizaron algo más de 227.000 papeletas, que provocaron que el Partido Conservador ganase un escaño, aunque no se modificó el equilibrio entre bloques.

Los "votos del miércoles" no han tenido históricamente mucha influencia en el resultado electoral final en Suecia, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por las papeletas del extranjero, después de que sólo 8.500 votos separasen a ambos bloques la noche electoral.

De acuerdo con el resultado preliminar, el Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en los últimos 100 años, ganó las comicios con el 28 %, 2,3 puntos menos, pero con las peores cifras desde 1928.

El Partido Moderado (conservador) subió ocho décimas hasta el 19,9 % y recuperó la condición de primera fuerza del bloque de derecha, por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocede tres puntos hasta el 17,5 %.

El resultado definitivo no se espera hasta el próximo fin de semana.

Fuentes de la Procuración del Tesoro -el cuerpo de abogados del Estado argentino- consultadas por EFE confirmaron que el CIADI notificó este miércoles el inicio del arbitraje.

"El equipo ya se encuentra trabajando en la estrategia de defensa de la República para el arbitraje", aseguraron.

El eje de la disputa es la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso fue llevado en 2015 a los tribunales de Nueva York por Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park, que impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

En los tribunales de Estados Unidos, Burford Capital y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

La jueza neoyorquina Loretta Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino a pagar a los querellantes 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, ascendería a unos 18.000 millones de dólares.

El fallo de Preska fue apelado por Argentina antes la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que le pasado 27 de marzo revocó la sentencia de 2023.

Fue entonces cuando Burford decidió pedir el inicio de un arbitraje en el CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992, dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España.

El CIADI tiene ahora 90 días para constituir el tribunal arbitral, tras lo cual se establecerá junto con las partes un calendario para las distintas etapas del procedimiento.

Según las fuentes consultadas por EFE, Argentina defenderá su posición en el CIADI "con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial".

YPF, fundada en 1922, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

Según el último balance de YPF, la compañía cuenta con activos por 32.393 millones de dólares y un patrimonio neto de 12.795 millones de dólares.

El escrito, al que accedió este miércoles EFE, señala que "entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados".

Según la denuncia, las operaciones fueron detectadas en una revisión interna llevada a cabo en febrero pasado, cuando se descubrió que los movimientos no respondían a simples errores administrativos, sino a modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.

Los pagos se realizaban después de los controles ordinarios y antes de la transmisión definitiva al banco, por lo que el denunciante solicita a la Justicia que investigue las circunstancias y responsabilidades penales.

Entre las 23 personas que habrían recibido pagos indebidos hay militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro personas sin vinculación laboral con la Armada. Éstas últimas recibieron 184 acreditaciones por un total de 434,2 millones de pesos (unos 283.000 dólares).

La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por 152,3 millones de pesos (cerca de 99.218 dólares), esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, el encargado de supervisar y controlar de manera directa la liquidación de sueldos.

De acuerdo con la denuncia, Atanasoff reconoció "conocer las operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente". También que "era él quien decidía las operaciones, sus beneficiarios y los importes involucrados", y que las ejecutaba personalmente.

El documento aclara que los beneficiarios restituyeron total o parcialmente las sumas recibidas.

Las devoluciones verificadas ascienden a 42,6 millones de pesos (unos 27.700 dólares), por lo que la diferencia pendiente se sitúa en 938,6 millones de pesos (611.400 dólares).

"Me complace compartir una noticia personal. Tras una cita médica en la Clínica Mayo esta semana, los resultados de mi análisis patológico fueron negativos. Estoy libre de cáncer", escribió en la red social X.

La jefa de gabinete agradeció el apoyo de su familia, amigos y médicos, y dedicó un "agradecimiento especial" al presidente, Donald Trump, para quien aseguró que seguirá "trabajando para impulsar su agenda".

Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de coordinar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

Wiles anunció el pasado 16 de marzo que había sido diagnosticada con cáncer de mama y que se sometería a tratamiento sin dejar el cargo, por lo que pasaría la mayor parte de su tiempo en la Casa Blanca.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en Estados Unidos. Cuando se detecta en etapas tempranas, la tasa de supervivencia alcanza el 99%, según la Fundación Nacional del Cáncer de Mama.

El icónico edificio, situado a orillas del río Potomac, fue vallado para impedir el acceso un día después de que la junta directiva aprobara su clausura inmediata, alegando motivos de seguridad y la necesidad de acometer reparaciones.

Ayer el juez federal Christopher Cooper bloqueó el nuevo intento de rebautizar la institución con el nombre de Trump.

La dirección argumenta que el edificio necesita una profunda reparación porque se encuentra en un estado deteriorado pero solo logrará recaudar los fondos para acometer las reformas si el instituto lleva el nombre del líder republicano.

Trump confirmó el martes en un mensaje en su cuenta de Truth Social que la renovación "no se llevará a cabo", y por tanto el centro no reabrirá sus puertas, si la Justicia sigue bloqueando el cambio de nombre.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario renovó la junta directiva del Centro Kennedy y se colocó al frente de la misma, al tiempo que criticó con dureza la programación del recinto, que calificó de "woke" (progresista).

La nueva dirección llegó a añadir el nombre de Trump a la fachada, pero un juez federal ordenó en mayo retirarlo al considerar que la modificación del nombre requiere la aprobación del Congreso.

En agosto, la junta aprobó una nueva fórmula para colocar el nombre del presidente en la fachada mediante una inscripción que dijera "restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump", pero el juez volvió a bloquearla este martes, tras lo cual la dirección aprobó el cierre del edificio.

Los esfuerzos de Trump por apoderarse de la institución ha provocado cancelaciones de actuaciones y una caída de la recaudación por entradas.

El Centro Kennedy fue inaugurado en 1971 en honor al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y es uno de los principales complejos culturales de Estados Unidos, con programación de ópera, música sinfónica, teatro, ballet y danza contemporánea, entre otras disciplinas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, recortaron 3,4 dólares respecto al cierre previo.

El crudo estadounidense se disparó en la víspera a su mayor precio en unos cuatro meses y hoy perdió casi todo lo ganado, pero se mantuvo por encima de los cien dólares por la perspectiva de una oferta restringida.

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudí.

Los hutíes advirtieron que seguirán atacando hasta que Riad detenga sus operaciones y levante el bloqueo naval y aéreo en el Yemen, país en el que interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en contra del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Mientras tanto, sigue en el punto de mira el cierre de un importante oleoducto saudí que sufrió varios ataques con drones procedentes de Irak la semana pasada.

El oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina, transporta unos siete millones de barriles de crudo diarios y es la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo hoy -en CNBC- que Riad ha "actuado rápidamente" para exportar más petróleo a través de Ormuz con ayuda de EE.UU. mientras el oleoducto permanece cerrado, y aseguró que la interrupción es "temporal".

En el plano doméstico, la Reserva Federal de EE.UU. ordenó hoy una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, como se esperaba, y sugirió que habrá otra subida este año ante la persistente inflación en el país. La decisión puede ejercer presión a la baja sobre el crudo al encarecer el crédito, reforzar el dólar y frenar la demanda de petróleo.

Esta tarde, el Gobierno de EE.UU. publicará los datos semanales de sus reservas comerciales de crudo, pero el Instituto Americano de Petróleo proyectó un aumento de unos siete millones de barriles mientras la producción se mantiene en récord.

Según ha publicado el cantante en su página web, el tercer concierto será también en el Riyadh Air Metropolitano de la capital a las 20:45 horas.

Harry Styles anunció este jueves que ofrecería dos conciertos en Madrid como parte de su extensión europea y en Norteamérica de su actual gira 'Together, Together'.

El excomponente de la 'boyband' One Direction desveló en sus redes sociales que pasará por un total de doce ciudades el próximo año, entre las que está la capital española, en una gira que comenzará a principios de abril en Phoenix (EE.UU.) y acabará en Londres a finales de agosto.

Styles indicó que durante la venta de entradas de su gira no se permitirá el uso de los llamados 'precios dinámicos' - una práctica con la que las empresas de entradas inflan su importe en base a la demanda-, y publicó tanto los precios fijados por el artista, como el total con los gastos del recinto y los impuestos incluidos.

En Madrid los precios en grada rondarán entre los 75 euros y los 228; mientras que los de pista estarán entre los 143 y los 284 euros.

En los conciertos del Metropolitano, Harry Styles contará con la cantautora canadiense Feist como telonera.

El primer grupo que llegó fue de 18 migrantes de origen magrebí, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, y en la operación participaron agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local.

Al poco tiempo fueron rescatados siete migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo; y poco después, otras 12 personas del mismo origen en Formentera.

A continuación, llegaron otras 20 personas en una patera a la isla de Ibiza, nueve a Mallorca, otro grupo de seis a Ibiza, 51 migrantes a Formentera (repartidos en tres pateras) y, por último, 28 personas de origen subsahariano a Mallorca.

A media tarde interceptaron a un grupo de 17 migrantes, de origen magrebí, en la zona del Faro de la Mola, en Formentera, de los que se hizo cargo la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial.

En lo que va de año, llegaron a este archipiélago español más de 300 pateras con más de 6.000 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Mientras, en la isla de Lanzarote, en el océano Atlántico, fallecieron tres personas y otra sufrió lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,92 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando marcó 108,75 dólares.

El brent reaccionó a la baja, tras haberse situado ayer martes en sus niveles más altos en casi cuatro meses, después de las informaciones que indicaban que Arabia Saudí había ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, lo que alivió momentáneamente los temores de suministro en el mercado.

El descenso también coincide con una posición de cautela de los inversores antes de conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal (FED) estadounidense, que finalmente optó por elevar las tasas en un cuarto de punto, en la horquilla entre el 3,75 % y el 4 %, en la primera subida desde julio de 2023.

El director ejecutivo del fondo de inversión The Revacy Fund, Zaheer Anwari, dijo hoy en un análisis remitido a EFE que, pese al "ligero retroceso" de hoy, el brent sigue cotizando a niveles elevados, ya que los ataques a la infraestructura saudí y las continuas interrupciones en el estrecho de Ormuz están tensando un panorama de suministro ya de por sí frágil".

"Esto ha incrementado la preocupación por la inflación y ha contribuido al fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro" estadounidenses, explicó Anwari.

"Es contra la institución y, en particular, contra mi gestión", dijo Rachid durante una entrevista con la radio ABC Cardinal, al ser consultado sobre si considera que hay persecución contra los funcionarios y la Senad.

Rachid rechazó el procedimiento y aseveró que tenía conocimiento de que la Fiscalía pretendía hacer "un circo" con un allanamiento a las oficinas de la Senad para detener a los oficiales en sus puestos de trabajo.

"Tan mediocre que fue el trabajo previo que ni siquiera entre ellos mismos pudieron contener la información, querían hacer de esto un circo, y en el circo hay payasos", agregó.

La Fiscalía acusa a estas personas de la supuesta filtración de información a un presunto grupo liderado por el diputado Eulalio 'Lalo' Gomes, quien murió hace más de dos años en un aparente cruce de disparos con autoridades que allanaron su vivienda.

Este martes, fuentes del Ministerio Público informaron a EFE de la imputación contra el director general Antidrogas de la Senad, Hugo Derlis Báez; el director de Inteligencia, Cristian Porfirio Amarilla, y el comandante de las Fuerzas Especiales, el coronel Aldo Pintos.

También fueron imputadas la agente especial Alicia Vásquez y Helga Concepción Solís —sobrina de 'Lalo' Gomes—, quien se desempeñaba como agente fiscal y, además, como asistente en el Congreso.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que, según la hipótesis de los investigadores, los imputados presuntamente establecieron vínculos con funcionarios de diversas instituciones "con el fin de acceder a información reservada, influir en actuaciones y favorecer a personas relacionadas con el grupo" del fallecido diputado del gobernante Partido Colorado.

A inicios de febrero del año pasado, un juez reveló a medios locales que los datos de un celular que pertenecía a Gomes contenían indicios sobre una presunta trama de "corrupción pública" en instituciones judiciales de Paraguay.

El registro ordenado a la casa de 'Lalo' Gomes en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte) estuvo vinculado a la operación 'Pavo Real II', dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil, dentro de un caso en el que también está involucrado su hijo Alexandre Rodrigues.

"A través de una serie de fallos sorprendentes y decisiones imprudentes, las Partes de la UVU crearon un peligro previsible para Charlie", dice el escrito legal al que tuvo acceso EFE.

El documento también alega que debido a ello, Kirk quedó "indefenso ante el tirador que disparó desde una azotea", y que este pudo haberse evitado si la universidad hubiera tomado "medidas razonables para planificar y supervisar el evento seguro".

Kirk murió a los 31 años el 10 de septiembre de 2025 tras haber recibido el impacto de una bala mientras se encontraba hablando en un debate al aire libre en el campus organizado por la organización conservadora Turning Point, la cual cofundó y dirigió.

El evento contaba con alrededor de 3.000 personas, pero la universidad solo asignó seis oficiales de policía para su seguridad, según el escrito, que asegura que el jefe de la policía del campus, Jeffrey Long, había solicitado más agentes a la entonces presidenta de la UVU, Astrid Tuminez, pero su petición fue rechazada.

El escrito sostiene, además, que la universidad ignoró una advertencia específica sobre el riesgo que representaban los tejados sin vigilancia cerca del escenario.

Según la familia, personal de Turning Point USA alertó a Long sobre un posible acceso estudiantil a una azotea próxima al lugar donde hablaría Kirk y pidió que se controlara el acceso o se permitiera la presencia de un miembro de su propia seguridad. El jefe de policía respondió: "Yo me encargo", lo que, según el documento, llevó a la organización a asumir que la universidad tenía la situación bajo control.

La reclamación también señala que la UVU no monitoreó las cámaras de seguridad en tiempo real, lo que, de haberse hecho, habría permitido detectar al tirador cuando este cruzó el tejado del edificio Losee hacia lo que las imágenes mostraron después como un "nido de francotirador".

Asimismo, denuncia que tras el ataque no había personal de primeros auxilios ni ambulancia disponible en el lugar, por lo que Kirk fue trasladado al Hospital Regional Timpanogos en un vehículo particular.

Con base en estos hechos, la familia argumenta que la universidad y sus autoridades incurrieron tanto en una violación del debido proceso constitucional por "peligro creado por el Estado" como en negligencia bajo la ley de muerte injusta de Utah.

Tyler Robinson, de 22 años, está acusado de haber disparado contra Kirk y enfrenta un proceso penal aparte por el asesinato.

A principios de mes, un juez ordenó que el caso proceda a juicio, pero no se ha fijado una fecha para su inicio. De ser declarado culpable, Robinson, quien se entregó un día después del asesinato, podría enfrentar la pena de muerte.

La decisión responde a una acción de libertad presentada por familiares de Arce y concede una tutela que ordena su "internación inmediata" y establece las condiciones para garantizar su atención médica mientras permanece bajo custodia.

El abogado del exmandatario, Fernando Rivadeneyra, dijo a EFE que Arce no se ha sometido a una revisión médica desde que fue detenido, pese a que la última indicación médica, en octubre, establecía controles cada seis meses.

Rivadeneyra expresó su preocupación por que la enfermedad "se haya descontrolado" y señaló que la defensa había solicitado desde el ingreso de Arce en prisión autorización para que pudiera acudir a controles médicos, sin que el juez la hubiera concedido.

El abogado recordó que Arce padece también una enfermedad renal y que el cáncer le fue diagnosticado en 2017, cuando era ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Según Rivadeneyra, los médicos en Bolivia llegaron entonces a desahuciar al exministro, pero un tratamiento iniciado posteriormente en Brasil permitió controlar la enfermedad.

La resolución judicial también dispone que un juez de garantías convoque una audiencia para revisar la situación jurídica de Arce y evaluar la aplicación de medidas cautelares.

Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo este miércoles que "debe llamar la atención" que la decisión haya sido adoptada por un juez de Santa Cruz, en el este del país, pese a que el proceso contra Arce se tramita en La Paz, sede del Gobierno boliviano.

Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una prisión de La Paz por una investigación relacionada con su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Morales.

La Fiscalía lo acusa de haber autorizado la transferencia de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que resultaron fallidos.

El exmandatario también está procesado por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo, quien permanece detenido preventivamente en Santa Cruz. Sus otros hijos, Rafael y Camila, también están incluidos en la investigación, aunque se desconoce su paradero.

La denuncia contra el proyecto Sea Lion fue presentada el primero de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de la ciudad argentina de La Plata (Cecim).

La orden de la jueza, a la que tuvo acceso EFE, incluye la prohibición de perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura para la extracción y el transporte de crudo, y ejecutar obras e instalaciones terrestres y portuarias asociadas al proyecto.

La magistrada también ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production que presenten ante la Justicia argentina información sobre el estado actual de ejecución del proyecto, un cronograma actualizado de sus planes, la nómina de contratistas, las entidades financieras y aseguradoras intervinientes y los estudios ambientales realizados, entre otros datos.

El proyecto ‘offshore’ (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur, un espacio que para Argentina está dentro de su plataforma continental y que forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.

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La denuncia presentada en Río Grande tiene dos dimensiones: por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina; y, por otro, plantea la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.

Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en Malvinas, también fueron denunciadas penalmente por el Gobierno argentino el pasado 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini, de Buenos Aires.

Tras estas denuncias, Navitas dijo en un comunicado que opera mediante licencias “válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas” y que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina “tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo” de Sea Lion.

Por su parte, el Reino Unido afirmó en una guía publicada este martes, denominada ‘Haciendo negocios con las islas Malvinas’, que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.

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Un portavoz del Palacio de Buckingham indicó, a través de un comunicado, que si bien la institución "por norma" no hace comentarios sobre libros, el rey Carlos III "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".

Las palabras del monarca llegan justo después de que el tabloide británico Daily Mail publicase el primer fragmento por adelantado de las memorias de Spencer, 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'), sobre la vida de la fallecida princesa, antes de su lanzamiento el próximo martes, día 22.

En este adelanto, Spencer asegura que durante una acalorada llamada telefónica con su excuñado después de la muerte de Diana, el entonces príncipe Carlos le dijo: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto".

Spencer explica que se opuso a que los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique (entonces de 12 y 15 años), encabezasen el cortejo fúnebre de su madre a un ayudante de la fallecida reina Isabel II y fue entonces cuando recibió la llamada en la que, según relata, Carlos "perdió los papeles".

"Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo", asegura Spencer en sus memorias.

Ante las palabras del ahora monarca, el hermano de Diana le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo y le colgó el teléfono.

El adelanto del libro termina aquí en esta ocasión, aunque el Daily Mail tiene previsto publicar más entregas en los próximos días sobre "una serie de otras afirmaciones extraordinarias sobre el matrimonio fallido de Diana y el príncipe Carlos", así como las consecuencias de su muerte.

Esas revelaciones, asegura el tabloide, "van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta" cuando apenas ha amainado la ocasionada por el muy mediático retorno al Reino Unido del príncipe Enrique, hijo menor de Diana y Carlos, y su esposa, Meghan Markle, desde California (Estados Unidos).

Además, el lanzamiento viene precedido de un escándalo, pues el propio Daily Mail informó este miércoles de que se han robado cuatro ejemplares de las memorias del conde Spencer de un camión en Países Bajos, pese a las elevadas medidas de seguridad que se habían implementado para evitar posibles filtraciones antes de tiempo.

Ante las tropas militares formadas en la plancha del Zócalo, Sheinbaum recordó las intervenciones extranjeras que ha enfrentado México, desde la conquista española de 1810 hasta invasiones como la estadounidense de 1846 a 1848, que, recapituló, “nos arrebató más de la mitad del territorio”.

En su discurso, la mandataria mexicana también evocó la disputa histórica entre quienes aplaudieron “la bota extranjera” y quienes “prefirieron dar la vida antes que rendirse”, y llamó a mantener “la frente en alto” frente a cualquier intento de subordinación, en medio de las presiones de Estados Unidos.

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“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, zanjó.

En su oportunidad, ambos secretarios, de Marina y Defensa, pusieron énfasis en la protección de la soberanía y en el fortalecimiento de sus capacidades para responder ante posibles amenazas.

Morales Ángeles presentó una nueva estrategia de “defensa en profundidad” en la Marina, que incorpora drones de largo alcance, sensores, tecnología de vigilancia e inteligencia para ampliar su presencia y capacidad de respuesta, al tiempo que subrayó que la Armada “siempre está lista para proteger a nuestra patria”.

“Tenemos la capacidad de ampliar y sostener nuestro alcance operativo para llegar más lejos, mantener una presencia permanente y, sobre todo, actuar oportunamente, incluso antes de que una amenaza o actividad que atente contra el Estado de derecho en la mar llegue a materializarse”, sostuvo Morales Ángeles.

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Por su parte, Trevilla Trejo aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar “cualquier reto que se presente al Estado mexicano”, mientras reivindicó a México como una nación “libre, independiente y principalmente soberana”.

En el desfile participaron casi 16.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y más de 500 vehículos, además de un despliegue aéreo de 99 aeronaves de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, agregó el alto mando militar.

El acto ocurrió en un clima de crecientes presiones desde Estados Unidos para endurecer la ofensiva contra los carteles, con exigencias de mayores resultados frente al tráfico de fentanilo y con amenazas de acciones más directas si México no endurece el combate al crimen organizado.

En ese contexto, Sheinbaum ha respondido de forma reiterada que su Gobierno acepta la coordinación y el intercambio de información con Estados Unidos, pero no una intervención militar ni operaciones unilaterales en territorio mexicano.

Apenas hace unos días, Sheinbaum acusó a sectores de Estados Unidos de alentar “sin sustento” una intervención en México, después de la difusión de versiones sobre un supuesto apoyo mayoritario de mexicanos a acciones directas de Washington contra carteles en territorio mexicano.

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La ficha, difundida por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, incluye por primera vez una imagen del sospechoso, quien es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio", y solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero.

La autoridad solo dio a conocer el nombre del sospechoso, Francisco Javier, ya que las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan un proceso penal.

El hombre cuenta además con una orden de detención, según confirmó previamente el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien informó que las autoridades ya realizaron búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo.

La Fiscalía aún no ha informado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.

"Creo que este veredicto estará bajo cuestión. Sobre el mismo decidirá Pristina. Al final de todo este circo, todos saben cual será el veredicto final", dijo en un discurso televisado al país tras la condena dictada en La Haya por el Tribunal Especial para Kosovo (TEK).

Ese tribunal forma parte del sistema judicial kosovar, pero tiene su sede en La Haya y está integrado por jueces y fiscales internacionales, mientras que sus decisiones pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación, el Supremo y el Constitucional de Kosovo.

El TEK condenó a Thaci a 25 años de prisión por detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato contra supuestos adversarios del UCK, aunque lo absolvió de los cargos de crímenes de lesa humanidad. También impuso penas de entre 13 y 25 años a otros tres exlíderes guerrilleros.

La única relevancia del fallo, sostuvo Vucic, es que pone de manifiesto, aunque solo parcialmente, los crímenes cometidos contra serbios.

Mientras mostraba fotografías de cuerpos mutilados, Vucic reprochó al tribunal que numerosos crímenes quedaran fuera del proceso y que no calificara al UCK como organización criminal, sino que se limitara a juzgar la responsabilidad individual de sus dirigentes.

"El tribunal no determinó la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque no querían destruir la credibilidad del UCK o llamado Ejército de Liberación de Kosovo", sostuvo el político nacionalista.

Vucic criticó también las reacciones internacionales y señaló que "nadie ha calificado en sus titulares a los albaneses condenados de monstruos, como sí ocurrió con Ratko Mladic", excomandante militar serbobosnio condenado por genocidio y enterrado este mes con honores militares en Belgrado.

"A nadie le interesan las víctimas serbias. Debemos luchar solos por conservar su memoria y para no permitir que tergiversen la verdad sobre los hechos históricos", concluyó.

Vucic fue ministro de Información entre 1998 y 2000 en el Gobierno del autoritario Slobodan Milosevic, durante la campaña de represión de las fuerzas yugoslavas contra la población albanokosovar que precedió a los bombardeos de la OTAN de 1999.

Así lo destacó este miércoles la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú en un comunicado donde detalló que la presencia empresarial española se extiende a sectores estratégicos como transporte vial y ferroviario, saneamiento, salud, electricidad e infraestructura inmobiliaria.

Entre las inversiones más emblemáticas destaca la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y un ramal de la Línea 4, proyecto por valor de 5.000 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) a cargo de un consorcio de empresas liderado por ACS y FCC.

También resalta el proyecto del Anillo Vial Periférico, una vía de circunvalación en la capital peruana por valor de 3.396 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros), cuyos concesionarios incluyen a Sacyr, Acciona y Cintra.

Asimismo, está la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, operada por Tedagua, con una inversión de 269 millones de dólares (233 millones de euros), que permite tratar más del 50 % de las aguas residuales generada por Lima y Callao, un área urbana de unos 11 millones de personas, que concentra la tercera parte de la población de Perú.

Otro proyecto con sello español es la operación y mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador, con un valor de 284 millones de dólares (246 millones de euros) y participación del Grupo Ortiz.

Del mismo modo figura la línea de transmisión de alta tensión para la interconexión eléctrica con Ecuador a 500.000 voltios, una obra de 223 millones de dólares (194 millones de euros), concesionada a Celeo.

Durante el diálogo organizado por la Fundación España–Perú y la Embajada de España en Perú, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó la relevancia de seguir fortaleciendo la participación de empresas españolas en proyectos que permitan cerrar brechas de infraestructura, mejorar servicios públicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Del Carpio informó, además, que Proinversión cuenta con un portafolio de proyectos por 42.000 millones de dólares para el periodo 2026-2030, con importantes oportunidades en transportes, agricultura e irrigación, agua y saneamiento, hidrocarburos y salud.

Aunque estaba agendada sesión para este jueves, la oficina del representante republicano Tom Emmer anunció que acortaba la semana laboral en un día, por lo que los legisladores pueden volver a sus estados y centrarse en la campaña electoral.

La decisión de adelantar el cierre de la Cámara tiene otras consecuencias además del impulso a las carreras electorales de los candidatos en sus respectivos estados.

Para empezar, los congresistas no tendrán que votar sobre la resolución para promover el juicio político presentado este martes por el republicano Tom Massie contra el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Massie presentó la iniciativa como una resolución privilegiada, un mecanismo que obliga a la Cámara a considerarla en un plazo de dos días legislativos, por lo que la fecha límite habría sido el jueves si se hubiera celebrado sesión.

Los ocho artículos del juicio político acusan a Hegseth de librar una guerra ilegal con Irán, al carecer de la aprobación del Congreso, y de asesinar a presuntos narcotraficantes sin supervisión judicial, entre otros cargos.

Además de evitar esta votación, el adelanto del receso de la Cámara evita cualquier posibilidad de debatir y votar cualquier medida de protección contra la inteligencia artificial, que los demócratas han intentado impulsar estos últimos días.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ha sido el principal impulsor de reducir la actividad legislativa este septiembre, ya que a principios de mes canceló las dos últimas semanas de sesiones con el argumento de que gran parte del trabajo está estancado en el Senado.

"En este momento, casi parece un ejercicio inútil que sigamos enviando y acumulando legislación allí, cuando los miembros podrían estar en sus distritos haciendo campaña en este momento tan crucial", aseguró Johnson.

El presidente de la Cámara afirmó que ha avisado a todos los legisladores de que si el Senado comienza a avanzar con la legislación, podrá reunirlos a todos y volver a la actividad.

La descertificación puede conllevar restricciones o recortes en la asistencia exterior de Washington, aunque el presidente Donald Trump aseguró que en el caso de Colombia se mantendrá, al considerarla "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos".

La decisión generó sin embargo preocupación entre sectores políticos, aunque también llamados a aprovechar las buenas relaciones entre Washington y el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para revertir la situación.

El presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, calificó de "compleja" la decisión, pero dijo sentir "un poco de tranquilidad" por las "buenas relaciones" entre los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

"Preocupa la descertificación, eso se veía venir, un país que tiene más de 300.000 hectáreas de coca, que no hay un combate o no había un combate frontal contra las estructuras criminales que han venido creciendo exponencialmente", afirmó en una declaración al canal del Congreso.

Desde el Partido Alianza Verde, el senador Mauricio Toro expresó su preocupación por los posibles efectos de la decisión sobre los recursos de cooperación estadounidense destinados a la lucha contra el narcotráfico.

"Es preocupante, primero porque se pone en juego casi 380 millones de dólares de cooperación estadounidense para tecnología y lucha contra el narcotráfico", afirmó.

Toro advirtió además por el eventual regreso de las aspersiones con glifosato y otros herbicidas contra los cultivos ilícitos, pero pidió que la lucha contra el narcotráfico se adelante sin afectar la salud de las comunidades campesinas.

"Colombia tiene que seguir incautando cocaína, tiene que seguir dándole al cultivo ilícito, pero con responsabilidad", agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que Estados Unidos mantuvo la designación negativa, pero volvió a aplicar la excepción por "interés nacional", por lo que la asistencia estadounidense puede mantenerse.

Señaló asimismo que el principal cambio frente a 2025 está en el mensaje político de Washington, que atribuye la designación al desempeño del Gobierno anterior durante la mayor parte del periodo evaluado y reconoce un cambio de orientación con la llegada de De la Espriella.

La dirigente empresarial destacó que Washington dejó abierta la posibilidad de levantar la designación si Colombia demuestra durante el próximo año avances en la erradicación de coca y el desmantelamiento de las redes vinculadas al narcotráfico.

El encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, sostuvo esta jornada una reunión con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez, y su equipo “para coordinar la llegada en las próximas semanas de más ayuda humanitaria”, detalló en redes sociales la misión de Washington en la isla.

Por su parte, Cáritas Cuba publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el trabajo previo que realiza con personal y voluntarios de la organización caritativa en Lugareño, un poblado de la provincia de Camagüey (centro), para la entrega de la ayuda.

“El equipo de Formación institucional de Cáritas Camagüey, realizó un taller de orientación y durante el encuentro se dieron las pautas a seguir para una correcta entrega de los donativos partiendo siempre del respeto, sensibilidad, amor y espiritualidad hacia los beneficiarios”, indicó el mensaje.

La pasada semana Cáritas Cuba recibió un cargamento de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno estadounidense que llegó a la ciudad de Santa Clara (centro) con 700 módulos de alimentos y productos de higiene destinados a familias desfavorecidas.

Cáritas explicó entonces que la Diócesis Católica de Santa Clara y Cáritas Diocesana se encargarían de la entrega directa de este donativo en las comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz.

Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún, más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

EE.UU. presiona al Gobierno de la isla desde enero pasado para que introduzca profundas reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país y sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía.

Los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed adoptaron la decisión de manera unánime.

En un comunicado al término de la reunión de dos días de la entidad, la Fed indicó que "la inflación permanece elevada" y que la medida adoptada hoy "favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2 %" fijado por el FOMC.

El Comité subrayó además que "el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado" después de que los datos de agosto mostraran que Estados Unidos creó 162.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de lo previsto por los analistas, y que su tasa de paro (el 4,1 %) se mantuvo sin cambios.

Esa robustez, unida a un IPC que se mantuvo en el 3,4 % interanual el mes pasado, ante la escalada de los precios del petróleo debido a la guerra contra Irán, han llevado a la Fed a determinar que la economía estadounidense puede y debe tolerar el primer endurecimiento monetario en más de tres años.

La de hoy ha sido la tercera reunión del FOMC que encabeza el presidente de la Fed, Kevin Warsh, que tras llegar al cargo en mayo, ha insistido en su compromiso firme de combatir las subidas de precios después de que el IPC se haya mantenido por encima de la meta de la entidad durante más de un lustro.

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, se juega el control del Congreso, en un momento marcado por el creciente descontento de la población para su campaña en Irán, que ha disparado los precios de los combustibles.

Trump ha insistido varias veces en la necesidad de que la Reserva Federal sea "valiente" y permita a Estados Unidos tener los tipos de interés más bajos del mundo desarrollado para así estimular el crecimiento.

El mandatario israelí, que también pretende introducir otro proyecto de ley relacionado para penalizar la supuesta ofensa contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dijo que espera que "todos los grupos parlamentarios de la Knéset (el Parlamento nacional) que afirman apoyar la idea sionista los respalden".

"El primero revocaría la ciudadanía de cualquier persona que difame a los soldados de las FDI, y el segundo les golpearía el bolsillo al multiplicar por veinte la cuantía de las indemnizaciones por las que pueden ser demandados por difamación", afirmó Netanyahu en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

En éste, añade tajante: "Los golpearemos tanto en el bolsillo como en su ciudadanía, porque no tienen cabida entre nosotros".

A menos de mes y medio para las elecciones parlamentarias en Israel, que decidirán el futuro político del propio Netanyahu, el líder del Likud presentará próximamente esta segunda propuesta a través del Ministerio de Justicia, lo que elevaría la cuantía de las demandas hasta un máximo de un millón de séqueles (unos 286.230 euros al cambio actual), según la prensa israelí.

El proyecto de ley relativo a la revocación de ciudadanía para aquellos que "difundan difamaciones sobre los soldados de las FDI y el Estado de Israel a nivel internacional" se espera que sea introducido a través del Ministerio de Interior.

Esta anuncio se suma a una vigente oleada de ataques contra los directores del documental 'Naza', los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor.

La cinta, galardonada el pasado sábado en el Festival de Cine de Venecia con el premio especial del jurado, relata a través del testimonio de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes un supuesto plan de las FDI para devastar la palestina Franja de Gaza usando, en parte, inteligencia artificial.

Así, la cinta ha generado todo un sismo en el país, con miles de mensajes de odio en redes contra los creadores y campañas en su contra en las que han participado desde el jefe del Ejército a políticos como el ultranacionalista y exconvicto por terrorismo Itamar Ben Gvir, el Ministerio de Exteriores y el mismo Netanyahu.

"En las últimas 24 horas, aviones de guerra saudíes lanzaron 40 ataques aéreos con cazas F-15 que despegaron de la base aérea de Khamis Mushait (en Arabia Saudí), contra las gobernaciones de Taiz, Marib y Hajjah (en el Yemen)", dijo en un comunicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea.

Además, añadió que durante la tarde del miércoles el movimiento chií lanzó misiles tierra-aire contra dos formaciones de cazas F-15 saudíes sobre el espacio aéreo de la localidad portuaria yemení de Moca, una acción que obligó a las aeronaves a "retirarse inmediatamente antes de emprender cualquier acción hostil", según el portavoz.

Arabia Saudí no se ha pronunciado sobre ninguna de estas afirmaciones.

Durante esta jornada, los hutíes también afirmaron haber derribado un F-15 saudí sobre la ciudad petrolera de Marib, el último bastión en el norte del país del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen en el norte, y publicaron un vídeo sobre el momento del ataque.

Asimismo, reivindicaron ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudí, unas acciones que los insurgentes calificaron de respuesta a la campaña militar de Riad contra sus posiciones en suelo yemení.

Los hutíes intensificaron sus ataques contra objetivos saudíes en septiembre y han lanzado misiles y drones contra bases militares e infraestructura energética en Khamis Mushait, Abha, Yizan y Yanbu, mientras que las autoridades saudíes informaron de derribos, víctimas y daños en varias de estas acciones realizadas por los rebeldes.

El martes, las autoridades saudíes también informaron de la interceptación de un dron hutí en el sur de La Meca, el lugar más sagrado para el islam, una afirmación que los rebeldes chiíes han negado, al tiempo que han asegurado que sus operaciones tienen como objetivo instalaciones militares y petroleras, no lugares religiosos.

Así lo reveló la Fiscalía durante una audiencia judicial donde mostró el video grabado por el dron, hallado en el teléfono móvil de Gabriel Mendocilla, detenido el 1 de septiembre en Bolivia junto a Jhonsson Cruz Torres, el principal líder de Los Pulpos, apodado como 'Jhonsson Pulpo'.

Las imágenes del dron muestran la compleja logística que esta organización criminal puso en marcha en el centro de Trujillo, una de las ciudades más grandes de Perú, situada en la costa norte del país, y que se ha vuelto en los últimos años el epicentro de la actividad de las bandas criminales, principalmente vinculadas a la minería ilegal.

El operativo criminal permitió a Los Pulpos raptar al empresario Jenss Lara en la madrugada del domingo 30 de agosto, bajo un falso operativo policial donde los secuestradores, que portaban uniformes de agentes especiales, asesinaron a los cuatro acompañantes que iban en el automóvil con el secuestrado, incluidos dos escoltas y dos mujeres.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque se produjo en represalia contra Lara por supuestamente haber dejado de pagar cupos a Los Pulpos para hacerlo a cambio con La Jauría, la banda criminal rival.

La víctima, que tiene concesiones mineras en Pataz, un enclave de minería ilegal convulso con diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, fue liberado al día siguiente, después de que su familia pagase un rescate de al menos 2 millones de soles (unos 600.000 dólares), según cifran medios locales.

Las negociaciones para el rescate y la entrega del dinero, realizadas directamente por 'Jhonsson Pulpo', permitieron aparentemente ubicar al líder criminal y a su ayudante en el escondite que mantenían en Bolivia.

Las investigaciones apuntan a la posibilidad de que en el operativo del secuestro hayan podido participar supuestamente agentes policiales de manera encubierta, pues muestran a hombres con formación militar y un hábil manejo en los fusiles utilizados para asesinar a los acompañantes de Lara.

Ciciliano es uno de los 30.000 postulantes que se inscribió en una plataforma facilitada por la Alcaldía de Panamá para enlazar aspirantes y empresas, un tercio de los cuales, según dijeron funcionarios a EFE, acudieron presencialmente a una feria de empleo instalada en el centro de convenciones Atlapa, en la capital panameña, que finaliza este miércoles tras dos días.

"Llegué a las 4 de la mañana, madrugué, porque al que madruga, Dios lo ayuda", dijo este entusiasta bachiller panameño, que habita en la periferia de la capital y que solo quiere "seguir adelante y ayudar" a su familia en lo que pueda.

El mercado laboral de Panamá, un país de poco más de cuatro millones de habitantes, es complejo. Las estadísticas oficiales sitúan la tasa de desempleo en el 10,4 %, según la medición de septiembre de 2025, que además ubicó en 47,1 % la informalidad.

Los economistas coinciden en que los sectores que mueven la economía, como el Canal interoceánico, la logística y los servicios financieros, no son generadores intensivos de empleo.

Sí lo son la construcción, que lleva años alicaída, el agro, abandonado desde hace décadas, la industria manufacturera, que sigue magra pese al potencial del sector, o el comercio, que vive ahora un momento de pujanza.

Este escenario lo completa un sistema educativo que, como ha reconocido el propio Gobierno, está desfasado y no dota a las nuevas generaciones de las competencias que exige el mercado laboral, una situación con la que se justifican los bajos salarios que lo caracteriza.

De hecho, la tasa de desocupación más alta, situada en el 24,3 % según la medición de septiembre de 2025, la registran los jóvenes entre 15 a 19 años.

Anyelin de Gracia, una bachiller de 18 años que este miércoles también consiguió un empleo en una cadena de comida rápida, dijo que para los jóvenes obtener un trabajo es "bastante difícil".

"Yo estuve buscando en páginas (web) y pedían personas de 30 a 40 años o si no de 20-23 años", relató esta joven, tras confesar que había llegado a la feria de empleo "sin tantas expectativas".

Pero "gracias a Dios todo salió bien. Hoy en día fui contratada", se me ha dado "esta oportunidad, voy a aprovecharla al máximo", agregó con entusiasmo.

Un portavoz oficial dijo a EFE que ambos jóvenes fueron contratados con salario mínimo, que para el área comercial en la Ciudad de Panamá ronda los 420 dólares mensuales, de acuerdo con las cifras oficiales.

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, comentó a EFE que este miércoles vio cómo tres jóvenes fueron contratados "no por su hoja de vida, sino por la actitud que proyectaron durante sus entrevistas", lo que "demuestra que muchas empresas saben que el capital humano carece de la educación que ellos necesitan".

"Entonces le toca a la empresa privada capacitar y complementar el lo que el sistema (educativo) no le ha dado al joven", agregó.

Los economistas advierten que Panamá vive una crisis de empleo, con incluso personas con alto nivel de preparación que no encuentra uno o se le ofrecen salarios bajos, una situación que persiste pese a que el país parece estar retomando el buen ritmo económico como lo indica el crecimiento en un 5,5 % registrado en el primer semestre de este año.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirma que su Gobierno hace lo necesario para atraer la inversión privada que se necesita para generar más puestos de trabajo y mejor remunerados.

El acuerdo es por ahora un MOU pero abre la puerta a un contrato de largo plazo que ambas partes pretenden negociar en las próximas semanas, informó Continental en un comunicado.

El bloque, situado al norte del río Orinoco, en el estado de Anzoátegui, ocupa unos 126.000 acres (51.000 hectáreas) y contiene, según la estimación de la compañía, 30.000 millones de barriles de recursos 'in situ', es decir, petróleo existente en el subsuelo, una cifra que no equivale a reservas probadas ni a producción futura.

La compañía, con sede en Oklahoma y uno de los mayores productores privados de petróleo y gas de Estados Unidos, agregó que comenzó a "estudiar oportunidades" en Venezuela después del llamamiento de la Administración de Donald Trump a las empresas energéticas estadounidenses para que contribuyan a la reconstrucción de la industria petrolera de ese país.

"Estamos entusiasmados de participar en la revitalización de la industria energética de Venezuela", dijo el presidente y consejero delegado de Continental, Doug Lawler.

El acuerdo se enmarca en la apertura impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el poder desde enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que ha buscado normalizar relaciones con Washington y atraer inversión extranjera al sector petrolero.

progresiva apertura del sector petrolero venezolano a compañías extranjeras y, en particular, estadounidenses, después de años de sanciones y del deterioro de la capacidad productiva del país.

El pasado abril, el Gobierno de Venezuela ya firmó un acuerdo que expande las operaciones de la estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

En septiembre, Chevron anunció una inversión de más de 7.000 millones de dólares para ampliar sus operaciones y elevar su producción en Venezuela hasta unos 600.000 barriles diarios en cinco años.

La Faja del Orinoco concentra buena parte de los recursos petroleros de Venezuela, aunque su crudo es predominantemente extrapesado y su explotación requiere importantes inversiones, infraestructura y capacidad técnica.

Continental señaló que el acuerdo le permitirá aportar capital privado, tecnología, experiencia técnica y capacidad operativa a gran escala para "la recuperación de la industria petrolera venezolana".

La compañía indicó además que continuará evaluando otras oportunidades de inversión en el país.

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado en el que detalló que tendrá una medida cautelar de 180 días de prisión preventiva y los primeros 30 estará en un centro de salud mental para evaluación.

El presunto agresor fue imputado por la figura jurídica penal de homicidio especialmente y muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa.

El pasado 1 de septiembre, la joven de diecinueve años fue apuñalada por un compañero en la Facultad de Medicina.

La mujer fue hallada con varias heridas causadas con un arma blanca, que fue incautada en la escena del hecho, y asistida por personal médico que la trasladó a un centro de salud, mientras que el agresor fue detenido.

Según detalló el Ministerio uruguayo del Interior -en un comunicado-, la agresión ocurrió en horas de la tarde y al lugar del suceso llegaron oficiales de la Policía tras ser alertados del ataque.

En diálogo con la prensa, el fiscal Luis Pacheco apuntó que de las características del hecho se desprende una intención de dar muerte a la víctima.

Agregó que la agravante de femicidio se da cuando existen móviles de odio, desprecio o menosprecio hacia una mujer, sentimientos que en este caso -de acuerdo a las evidencias reunidas- están presentes.

Este hecho llevó a que la Universidad de la República suspendiera las clases por varios días para llevar a cabo acciones de reflexión institucional.

En un comunicado, reconoció "las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género" y renovó "su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria".

En ese sentido, la institución encomendó a la Comisión Abierta de Equidad y Género -con participación del Rectorado, de los diversos espacios de género de la Udelar y de referentes en el tema- "la elaboración en un plazo de 60 días de un Plan de acciones concretas".

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda donde fue hallada.

Las cinco personas que viajaron en la aeronave estuvieron desde el jueves de la semana pasada en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades.

"Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá", indicó De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente detalló que "todos los ocupantes fueron hallados sin vida" y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

"Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia", afirmó el presidente.

El Colegio Médico Colombiano lamentó esta semana "el trágico accidente de la aeronave en Chocó durante la brigada en salud" y recordó que "este doloroso hecho evidencia el compromiso" de los trabajadores sanitarios que llevan "salud a las zonas más apartadas".

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) aseguró que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate".

"El ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos (a los rescatistas) con una grúa de rescate", explicó el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz.

Los rescatistas, precisó, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo esta afirmación en coincidencia con la publicación de un informe por parte de su oficina que, según resumió en un comunicado, "describe el secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder".

El informe subraya que este proceso "ha debilitado los mecanismos institucionales de control y contrapeso, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos ante las violaciones o abusos de los derechos humanos", en palabras de Türk.

A la luz de las conclusiones del informe, el alto comisionado austríaco instó a las autoridades nicaragüenses a poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Su Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también recordó que tras el cierre este año de cuatro organizaciones de la sociedad civil en el país centroamericano el total de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años asciende ya a 5.539.

"Ya casi no queda nada que cerrar", lamentó el alto comisionado, recordando además que las autoridades ordenaron en los últimos 12 meses el cierre de otro medio de comunicación, elevando a al menos 56 los clausurados también en el periodo de ocho años transcurrido desde las protestas a gran escala de 2018.

La ONG señaló que los hechos cometidos por parejas o exparejas "evidencian la relevancia que continúa teniendo el ámbito de las relaciones íntimas en la ocurrencia de la violencia feminicida" y "confirman la necesidad urgente de atender de manera especializada la violencia en el entorno de pareja".

De acuerdo con las estadísticas de la organización, en el 18 % de los casos se identificaron indicios de violencia sexual en los cuerpos de las víctimas, situación que "debe ser analizada para comprender las distintas manifestaciones de violencia que pueden concurrir en los hechos feminicidas", y que "reitera la necesidad de que las investigaciones incorporen de manera integral las posibles dimensiones de violencia física, sexual y de género presentes en cada caso".

Además, en dos casos se identificaron antecedentes de acoso previos al feminicidio, lo que "demuestra las dinámicas de control, persecución y dominación de potenciales feminicidas".

La mayoría de los crímenes, siete, fueron perpetrados en el departamento de Santa Ana (oeste); cuatro se registraron en San Salvador, dos en La Paz (centro), dos en Cabañas (centro), uno en Usulután (este) y uno en La Libertad (centro).

Las edades de las víctimas oscilan entre los 22 y los 50 años. El 36 % de los crímenes se cometió por asfixia, arma de fuego u "objeto contundente", y un 35 % con arma blanca, mientras que en un 59 % de los casos el feminicidio fue cometido por la pareja de la víctima, según Ormusa.

"El feminicidio continúa vinculado principalmente con la violencia en las relaciones de pareja y el hecho de que el 59 % de los casos analizados haya sido cometido por la pareja de la víctima confirma la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de la violencia de género en el ámbito familiar", alertó la ONG.

La organización agregó que la escasez de información sobre variables esenciales "limita la capacidad para comprender y prevenir el feminicidio", mientras que la falta de datos completos y oportunos sobre víctimas, agresores, relación entre ambos, mecanismos utilizados y circunstancias de los hechos "dificulta la formulación de políticas públicas basadas en evidencia".

Según los datos de Ormusa, en 2025 se registraron 26 feminicidios —por debajo de los 38 de 2024—. Agosto fue el mes más violento con ocho asesinatos y el 52 % del total de los casos fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.

En El Salvador, las autoridades de Seguridad no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y mantienen bajo secreto o niegan el acceso a los datos de violencia, incluida la información sobre estas muertes.

Su decisión fue anunciada por su familia en un comunicado, que no precisa si la administración penitenciaria ha respondido finalmente a su reivindicación ni si ha adoptado alguna medida para atenderla.

Ahamjik, encarcelado en la ciudad norteña de Tánger, inició la protesta el pasado día 7 para exigir unas condiciones mínimas que le permitieran estudiar e investigar, según un comunicado difundido inicialmente por su familia.

El activista había agotado, de acuerdo con esa nota, todas las solicitudes y comunicaciones dirigidas a la administración penitenciaria para que le asignara un espacio específico, sin obtener una respuesta favorable.

Las revueltas del Rif comenzaron en Alhucemas en 2016, tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, y llevaron a prisión a alrededor de medio millar de personas.

El billete de 10.000 pesos cubanos equivale a 14 dólares al cambio informal o 83 dólares al cambio formal; y el de 20.000 pesos cubanos equivale a 28 dólares al cambio formal o 166 dólares al cambio formal.

Estas nuevas denominaciones se unen a los billetes de 2.000 y 5.000 pesos emitidos el pasado marzo y completan "la modificación anunciada" en el "cono monetario del país", explicó la víspera la presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal.

Delgado Portal detalló que esta actualización busca adecuar el papel moneda circulante "a la situación de la economía, particularmente a las condiciones de precios y a las necesidades de la circulación monetaria".

La directora del BCC insistió en que este proceso de cambio "profundo" estará acompañado de una "rápida adaptación" de los trabajadores bancarios y sus formas de operar.

"Esos nuevos billetes grandes no los verán la mayoría de los clientes que están haciendo cola en este banco", dijo a EFE un habanero de 60 años que esperaba su turno para ser atendido en una de las filiales del Banco Metropolitano de la capital en el Vedado.

El hombre agregó que un jubilado cubano, que cobra unos 3.000 pesos (que equivale a 4,2 dólares en el mercado informal o 25 dólares en el mercado formal) "nunca podrá acceder a esas cantidades".

"Así que pueden sacar billetes de 40.000 pesos si quieren, pero un cartón de huevos te va a seguir comiendo casi todo el retiro", se lamentó.

Las personas que esperaban frente a varios bancos del Vedado, Centro Habana y La Habana Vieja, en su gran mayoría jubilados, dijeron no haber visto aún los nuevos billetes, que comenzarán a circular progresivamente, según el Gobierno.

Otro habanero de 75 años agregó a EFE que a pesar de las largas colas tiene que acudir a "sacar dinero en efectivo, porque aunque sea poco, no tiene otra manera de comprar alimentos" porque en muchos negocios particulares no aceptan transferencias con tarjetas.

"Es lo hay, por eso aquí estoy desde las 3:00 de la madrugada para lograr entrar temprano", aseguró.

En los nuevos billetes estarán representadas las imágenes de dos figuras de la Revolución Cubana: Haydee Santamaría en el de 10.000 y Vilma Espín, la esposa del expresidente Raúl Castro, en el de 20.000 pesos.

Dentro de las reformas económicas aplicadas actualmente por el Gobierno de La Habana se incluye la apertura de la primera casa de cambio privada, según anunció la directora del Banco Central de Cuba.

La isla caribeña vive una de las peores crisis económicas y humanitarias de su historia reciente, con una escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y la dolarización parcial.

Este miércoles el dólar alcanzó un nuevo récord histórico en la isla caribeña, al cotizar a 700 pesos (CUP) en el mercado cambiario informal, según la tasa que elabora diariamente el medio independiente El Toque, convertida en la referencia principal para expertos independientes y para la mayoría de la población.

"La situación de la política interior exige que esté ahora en Berlín", admitió este miércoles el portavoz del Ejecutivo Stefan Kornelius en una rueda de prensa ordinaria en la capital alemana, en la que confirmó la información que habían avanzado la víspera medios alemanes.

"Si hubiera ido a Nueva York se le hubiera acusado de no estar aquí. Todavía no tiene el don de la ubicuidad y por eso ha tomado esta decisión", dijo, saliendo al paso de las críticas que ha ocasionado la noticia de que Merz faltará a la cita internacional en Nueva York.

Kornelius también puso en duda que la popularidad de Merz sea realmente tan baja como sugieren algunos sondeos, que le señalan como el canciller peor valorado de todos los tiempos, con apenas un 10 % de apoyo entre los ciudadanos.

"Ninguno de estos institutos que publican encuestas con esta frecuencia tienen los recursos financieros necesarios para realizar encuestas de este tipo. Así que deberíamos ser muy cautelosos con este instrumento", afirmó el portavoz.

La victoria de AfD hace diez días en la región oriental de Sajonia-Anhalt, donde podría formar su primer gobierno regional, y su pronosticado triunfo en los comicios de Mecklemburgo-Antepomerania (este también), donde los cristianodemócratas de Merz podrían sufrir una derrota estrepitosa, han provocado una crisis política para el canciller.

Los medios afirman incluso que el próximo domingo, cuando se celebran también elecciones regionales en Berlín -en las que los cristianodemócratas compiten con AfD por el segundo puesto-, Merz pedirá un voto de confianza a la dirección de su partido.

No obstante, los ocho barones regionales con que cuenta la Unión Cristianodemócrata (CDU) manifestaron públicamente este miércoles su apoyo al jefe del Ejecutivo federal y pidieron expresamente la continuidad de la coalición de Gobierno con los socialdemócratas.

Algunas voces del partido habían pedido que Merz rompiera la alianza y siguiera gobernando en minoría para poder imponer sin obstáculos su programa de reformas y hacer frente así a la caída de su popularidad.

Maya e Iglesias participaron de la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 a pedido de la Justicia para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía tratamiento domiciliario.

Ambos firmaron en disconformidad el informe que concluyó que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que fueron ignorados los signos de alarma que presentó el paciente.

Maya es un testigo propuesto por la defensa del neurocirujano Luque, a quien un sinfín de testigos describieron como el médico de cabecera del astro, aunque a lo largo del juicio intentó despegarse de ese rol.

Si bien Iglesias fue convocado por el equipo legal de la psiquiatra acusada, Agustina Cosachov, será un testigo clave para Luque, ya que el cardiólogo que su defensa planeaba convocar, así como otros testigos que le practicaron estudios cardiológicos a Maradona, no podrán declarar debido a un error procesal a la hora de presentar la lista de testigos.

Si bien el abogado de Cosachov tenía pensado descartar al cardiólogo, lo convocó para este jueves en solidaridad con la defensa de Luque.

A lo largo de este mes de septiembre, dos peritos psiquiátricos defendieron a Cosachov, al asegurar que el plan farmacológico que se le aplicó a Maradona fue adecuado y que las dosis estuvieron dentro del rango terapéutico, por lo que no eran tóxicas.

También testificaron a favor del plan farmacológico dos peritos oficiales, que sin embargo cuestionaron la falta de controles clínicos.

“Estamos muy conformes con la forma en que se viene desarrollando el juicio y con el resultado de la prueba, que me permite concluir que la conducta de mi defendida no guarda ninguna relación con el lamentable deceso del paciente", dijo a EFE Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.

"El 15 de septiembre, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, John Cole, visitó Minsk para hablar con Alexandr Lukashenko. El 16 de septiembre, Cole anunció la liberación de 25 personas indultadas. Todas ellas han sido trasladadas por la fuerza en Lituania", indicó Viasná en su web.

El defensor de derechos bielorruso Vladímir Labkovich comentó en una entrevista con Euroradio que en Viasná esperaban que la cifra de los presos liberados por Lukashenko fuera "mucho mayor".

"Es evidente que esperábamos una cifra mucho mayor. El Sr. Cole también mencionó esta cifra cuando dijo que su objetivo era aumentar el número de liberados a hasta 1.000 personas. En mi opinión, las negociaciones fueron difíciles y no dieron resultado. Porque 25 personas es una cifra bastante pequeña. Esperábamos muchas más", dijo.

En su opinión, "solo se autorizó la liberación de quienes serían expulsados ​​del país".

"Según nuestra información, la liberación debía beneficiar a al menos a 200 personas, de las cuales entre 20 y 25 serían deportadas, y el resto permanecería en Bielorrusia", explicó.

Cole anunció previamente que Estados Unidos levantaría las sanciones a dos compañías bielorrusas -Lakokraska y Bellesbumprom- como resultado de las negociaciones con las autoridades de ese país.

La primera es una empresa de pinturas y la segunda se especializa en la industria maderera y la producción de papel.

Cole, que se reunió el lunes con el líder de la antigua república soviética, señaló que "Bielorrusia y Estados Unidos alcanzaron un gran progreso en las negociaciones", en las que las partes debatieron "temas internacionales, de la agenda bilateral y otros de interés mutuo".

La víspera el enviado de la Casa Blanca también aseguró que su país desbloqueará los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso y Cole han sostenido varias rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.

El pasado viernes Lukashenko anunció el envío del primer cargamento de potasio a Estados Unidos, ocasión en la que aprovechó para exigir el retorno de los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

“Nuestra alianza con Estados Unidos y ser referentes en América para ellos, obviamente, nos posiciona adecuadamente para buscar la integridad territorial de nuestro país”, dijo Presti en una entrevista con Radio Rivadavia.

Presti usó un discurso similar al utilizado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado 3 de agosto, un mes antes de anunciar medidas contra las empresas que operan en las islas en disputa, en el sentido de que la alianza con su homólogo estadounidense, Donald Trump, es "la llave que permitirá recuperar las Malvinas".

El ministro ratificó que el reclamo argentino se mantendrá por la vía diplomática y pacífica, y señaló que el Gobierno "tiene en cuenta" las recientes declaraciones de Trump sobre su disposición a mediar para evitar cualquier conflicto.

“Nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, es diplomático, es pacífico”, afirmó Presti, al expresar que la Cancillería es la encargada de conducir las gestiones.

El ministro reiteró que las obras para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en Tierra del Fuego, comenzarán en enero y tendrán un costo de 450 millones de dólares, a ejecutarse en cuatro años.

Milei anunció que se construirá la base el pasado 3 de septiembre, en un mensaje a la nación en el que reclamó de manera enfática la soberanía de las Malvinas, ubicadas a unos 700 kilómetros del lugar donde se levantará la instalación militar.

“Esta base nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur”, señaló el Presti, para quien el proyecto representa “un antes y un después” tras cuatro décadas sin avances.

El ministro defendió también los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos que se realizan en esa zona: “Poder practicar, entrenarse y adiestrarse con los mejores es poder compartir las experiencias” y mejorar la interoperabilidad, afirmó.

La construcción de la base en Ushuaia fue anunciada en 2022 por el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pero el proyecto se paralizó a raíz del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.

Protagonizada por Lázaro Ramos y Yuri Gomes, la película narra la historia de Gugu, un niño de 12 años apasionado por el fútbol que vive con su abuela Dilma, quien tiene que enfrentar la posibilidad de mudarse con su padre Batista, un hombre distante y conservador.

La producción de Deberton Filmes y Biônica Filmes ya ha cosechado reconocimiento internacional tras ganar el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus del Festival de Berlín, además de cuatro Kikitos en el Festival de Gramado, incluido el premio del público a Mejor Película.

Filmada en el estado de Ceará, en el empobrecido nordeste brasileño, 'Feito pipa' superó a '100 días', de Carlos Saldanha; 'Nosso segredo', de Grace Passô; 'A Fabulosa Máquina do Tempo', de Eliza Capai; 'A Natureza das Coisas Invisíveis', de Rafaela Camelo, y 'Vicentina Pede Desculpas', de Gabriel Martins.

Este último filme puede también entrar a disputar por Brasil la preciada estatuilla, ya que actualmente compite en el Festival Internacional de Cine de Toronto y de resultar ganador el próximo domingo quedaría elegido para disputar el Óscar en la modalidad.

Con 'Feito pipa', Brasil buscará mantener su presencia en la ceremonia de la Academia de Hollywood, tras el éxito de 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, que ganó el Óscar en 2025, y las cuatro nominaciones que obtuvo 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, en 2026.

La edición 2027 de los premios se celebrará el 14 de marzo en Los Ángeles.

El primer grupo que llegó fue de 18 migrantes de origen magrebí, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, y en la operación participaron agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local.

Al poco tiempo fueron rescatados 7 migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo; y poco después, otras 12 personas del mismo origen en Formentera.

A continuación, llegaron otras 20 personas en una patera a la isla de Ibiza, nueve a Mallorca, otro grupo de seis personas a Ibiza, 51 migrantes a Formentera (repartidos en tres pateras) y, por último, 28 personas de origen subsahariano a Mallorca.

En lo que va de año, han llegado a este archipiélago español 313 pateras con 5.778 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Mientras, en la isla de Lanzarote, en el océano Atlántico, fallecieron tres personas y otra sufrió lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada.

NBC4 confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a la cadena y que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, perdieron la vida en el accidente.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció, la víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años.

Además de las tres personas que fallecieron en el lugar, dos transeúntes fueron hospitalizados.

El helicóptero estaba reportando sobre un accidente de tráfico en el que una camioneta se estrelló contra un autobús de pasajeros, que dejó tres víctimas mortales en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad.

Una mujer fue arrestada por el accidente de tráfico, según informó este miércoles la Policía de Los Ángeles.

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las seis personas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llevarán a cabo la investigación sobre las causas del desplome de helicóptero, que generó un incendio, afectando contenedores de carga y cuatro carros.

Georgia prevé ejecutar a Stacey Humphreys, de 53 años, a las 19:00 hora local (23:00 GMT), y Texas a LeJames Norman, de 40, a las 18:00 hora local (23:00 GMT), ambos condenados por asesinato.

Sin embargo, en Georgia, un juez autorizó conceder una audiencia nueva para Humphreys, de 53 años, condenado en el Condado de Cobb, en los suburbios de Atlanta, por asesinar en 2003 a dos agentes de bienes raíces, Cyndi Williams y Lori Brown, según medios locales como el Marietta Daily Journal.

Pero el juez aceptó que, si la corte de apelaciones en Georgia revoca el fallo, procedería la ejecución con inyección letal en la cárcel en la ciudad de Jackson.

La defensa argumentó que el hombre califica para recibir beneficios por la 'Georgia Survivor Justice Act', una ley que el gobernador Brian Kemp proclamó en 2025 y que permite a sobrevivientes de abuso pedir la reducción de su condena presentando evidencia de la violencia que sufrieron.

Pero los fiscales sostienen que esta legislación no puede aplicarse de forma retroactiva porque eso implicaría que las sentencias de miles de reos se reducirían.

En tanto, Texas planea ejecutar a Norman, el quinto reo del estado en lo que va del año, condenado por matar a tiros en 2005 a Samuel Roberts, Tiffani Peacock y Celso López en la casa rural que compartían. Norman, quien según la sentencia pretendía asaltar la vivienda en busca de cocaína, recibirá la inyección letal en una penitenciaría de Huntsville.

De concretarse ambas ejecuciones, Estados Unidos sumaría 27 muertos este año por la pena capital, con 12 adicionales programadas por ahora para el resto de 2026, incluyendo una el miércoles en Alabama, según la organización Death Penalty Information Center.

Más de la mitad, hasta ahora, corresponden a Florida, que ha ejecutado 15 este año, con lo que casi iguala los 19 reos que ejecutó en 2025, un récord en su historia moderna.

Este año han ocurrido múltiples ejecuciones en un solo día en varias ocasiones: tres el 13 de agosto en Tennessee, Alabama y Oklahoma, dos en Florida el 28 de julio, y dos en Texas y también en Oklahoma el 14 de mayo.

El mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos en un contexto de inflación todavía elevada y una economía estadounidense que mantiene su resistencia.

Entre los elementos que en esta jornada aliviaron la presión sobre los mercados, el petróleo volvió a bajar y el Brent se situó de nuevo en torno a los 105 dólares por barril, al tiempo que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años también volvió a situarse por debajo del 5 %.

Entre los valores del CAC 40 a la baja figuran los Renault, que cayó un 4,5%, y los de Stellantis, que cedió un 3,4 %, en línea con el sector automovilístico europeo.

TFF Group se desplomó un 6,6 %, tras anunciar una caída del 36,4 % de su facturación trimestral y advertir de un nuevo descenso de sus resultados en el ejercicio 2026-2027.

Por contra, terminaron la jornada en verde los valores de Société Générale, que ganó un 1,2 %, así como los del grupo de lujo LVMH (1,1 %) y los de Vinci (1,3 %).

En el mercado parisino cambiaron de manos títulos por valor de 3.547 millones de euros.

Aunque el libro no sale a la venta hasta el próximo martes 22 -y un día más tarde en España-, el diario Daily Mail ha obtenido una copia en adelanto y hoy comienzó a publicar las que llama "revelaciones explosivas", en una serie de entregas que continuarán a partir de mañana.

Según Spencer, en aquella llamada telefónica él se quejaba de que el entonces príncipe Carlos obligara a sus hijos -los príncipes Guillermo y Enrique- a encabezar el cortejo fúnebre de su madre Diana, algo que según ellos (entonces tenían 12 y 15 años) los marcó posteriormente de por vida. Asegura que la presión para que los niños encabezaran el cortejo venía de toda la familia real, y no solo de su padre.

Para el autor, aquel comentario de Carlos sobre el pronto olvido de Diana demostraba "el desprecio contenido (del entonces príncipe) por Diana, y el horror que sentía porque el mundo estuviera tan conmovido por su muerte".

Cuenta Spencer que al escuchar la frase del actual monarca, le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo, y tras ello le colgó el teléfono.

El adelanto del libro termina aquí en esta ocasión, pero el rotativo promete que el libro incluye "una serie de otras afirmaciones extraordinarias sobre le matrimonio fallido de Diana y el príncipe Carlos", así como las consecuencias de su muerte.

Esas revelaciones -asegura el tabloide- "van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta" cuando apenas ha amainado la ocasionada por el muy mediático retorno al Reino Unido del príncipe Enrique -hijo menor de Diana y Carlos- y su esposa Meghan Markle desde California.

Además, el lanzamiento viene precedido de un escándalo, pues el propio Daily Mail informó este miércoles de que se han robado cuatro ejemplares de las memorias del conde Spencer de un camión en Países Bajos, pese a las elevadas medidas de seguridad que se habían implementado para evitar posibles filtraciones antes de tiempo.

Pese a la oposición de algunas formaciones de izquierda, primaron los argumentos del Gobierno de coalición, según el cual es indispensable la compra para aumentar la capacidad defensiva del Ejército y reforzar la defensa frente a amenazas tales como los ataques híbridos y con drones.

La adquisición desató la semana pasada una crisis política tras conocerse que, contrariamente a lo que había afirmado anteriormente el Ejecutivo, el contrato no establecía un precio fijo global, que hasta hace poco se creía que era de 6.035 millones de francos suizos (unos 6.370 millones de euros).

Ello llevó a parlamentarios de varios partidos de todo el espectro político de Suiza a pedir que se cancelara la compra.

Los F-35 de Lockheed Martin fueron los elegidos para modernizar la flota de la fuerza aérea suiza frente a las propuestas de la francesa Dassault y la también estadounidense Boeing.

El pedido era inicialmente de 36 aviones, pero la compra se ha reducido a 30 aparatos.

La Cámara Baja (Asamblea Nacional), que el pasado junio había rechazado el acuerdo, hoy le dio su respaldo gracias a que se incluyó una dotación de 517 millones de francos (547 millones de euros) para compensar las pérdidas que este acuerdo comercial puede causar entre los agricultores suizos.

El monto aprobado es más de tres veces superior a lo se había ofrecido anteriormente al sector (158 millones de francos), y que había sido rechazado por la representación de los agricultores por considerarlo insuficiente.

El acuerdo había sido previamente aprobado por la Cámara Alta (Consejo de Estados) del Parlamento, aunque algunos grupos que se oponen a éste han anunciado que intentarán lanzar un referéndum para que la población se pronuncie.

Según datos de la Secretaría de Estado para la Economía, el acuerdo permitirá que alrededor del 96 % de las exportaciones suizas al Mercosur entren libres de aranceles -de particular interés para el sector industrial y de productos suizos de alto valor-, lo que podría representar ahorros de hasta 155 millones de francos al año para las empresas.

Suiza exportó en 2024 a los cuatro países del Mercosur más de 4.000 millones de francos en mercancías, frente a importaciones por 762 millones, excluyendo el oro.

El Gobierno suizo asegura que, después de los acuerdos con China y la Unión Europea, el de Mercosur presenta el mayor potencial de ahorro arancelario entre los acuerdos de libre comercio que tiene Suiza, casi al mismo nivel que el acuerdo con India.

Además de los aranceles, el acuerdo elimina obstáculos técnicos al comercio y mejora el acceso de empresas suizas al mercado de servicios, al tiempo que evita que Suiza quede en desventaja frente a la UE, que también tiene un acuerdo de este tipo con el Mercosur.

A cambio, Suiza permitirá la entrada de determinados productos agrícolas que se consideran sensibles para la agricultura de este país, sea con aranceles reducidos o sin aranceles, aunque en la mayoría de los casos, las cantidades autorizadas representan menos del 2 % de lo que se consume en territorio suizo.

Los parlamentos de Noruega e Islandia ya han aprobado el acuerdo, mientras que Liechtenstein tiene pendiente completar su procedimiento nacional.

El acuerdo entrará en vigor tres meses después de que al menos un país de cada bloque haya depositado el instrumento de ratificación ante el depositario, que en este caso es Noruega.

"La Asamblea Popular aprobó por unanimidad, durante su tercera sesión del primer período extraordinario de sesiones, un proyecto de ley para abolir el Tribunal Antiterrorista y anular sus efectos", informó la agencia de noticias oficial siria SANA.

Con esta votación, la Cámara baja derogó el decreto legislativo 22 de 2012, con el que Al Asad creó el tribunal en medio de la severa represión durante las protestas en su contra que desembocaron en la guerra civil siria.

Esta corte procesó a "miles" de personas con cargos relacionados con el terrorismo durante años, por lo que el Parlamento sirio encomendó al Consejo Judicial Supremo la tarea de anular los efectos de sus veredictos y devolver los bienes confiscados a los afectados, según declaró a SANA la diputada Nour Arabo.

El tribunal, que según organizaciones de derechos humanos emitió sentencias contra disidentes bajo vagas acusaciones de terrorismo, quedó suspendido de facto tras la caída del régimen de Al Asad en diciembre de 2024.

Además, el Ministerio de Justicia de las nuevas autoridades de Damasco ya había abierto investigaciones sobre los jueces que conformaban esa corte, mientras que también comenzó a recabar denuncias de los afectados.

El parlamentario Yaser al Shahada dijo a SANA que la votación de este miércoles constituye "un paso importante hacia la consecución de la justicia para los sirios y el fin de las leyes y tribunales excepcionales", mientras que deseó que esta medida sea seguida de una revisión de todo el sistema de la era de Al Asad.

En octubre de 2025, el Ministerio de Justicia sirio anunció la anulación de al menos 287.000 condenas impuestas por los tribunales militares y antiterroristas del régimen de Al Asad. Según Amnistía Internacional, muchas de ellas estaban "basadas en cargos comúnmente empleados para penalizar el ejercicio de los derechos humanos".

"Tomamos medidas adicionales para asegurarnos de que quienquiera que pase por allí no interfiera negativamente con el funcionamiento de la escalera mecánica", aseguró Guterres en su última rueda de prensa previa a la Asamblea General de la ONU antes de dejar el cargo.

El mandatario fue preguntado, una semana antes del Debate General de la Asamblea General de la ONU, por una de las polémicas clave de la pasada edición, al margen de la situación geopolítica.

Las escaleras mecánicas con las que Trump y la primera dama, Melania Trump, llegaron a la sede de la ONU para intervenir ante la Asamblea General hace un año, se quedaron paralizadas en seco.

Tras tener que subir andando, el mandatario calificó el incidente de "sabotaje" y pidió investigar la escalera mecánica que se detuvo cuando subía.

"Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre", afirmó Trump en su cuenta oficial de la red social Truth.

Durante su intervención, el teleprónter en el que leía su discurso también falló.

La ONU, por su parte, atribuyó el fallo a un cámara del propio equipo del presidente. Según explicó el fotógrafo que les acompañaba, este pudo haber activado sin darse cuenta el mecanismo de seguridad.

El anuncio fue realizado por la Empresa Nacional Minera (Enami) de Ecuador tras suscribir en Quito un acuerdo de colaboración para evaluar oportunidades de inversión y desarrollo minero en el país.

La colaboración contempla el intercambio de experiencia especializada, la incorporación de tecnología y la evaluación relacionadas con el desarrollo y procesamiento de minerales en territorio ecuatoriano.

"Cualquier proyecto que avance deberá cumplir la normativa ecuatoriana, obtener los permisos correspondientes y observar los procesos de participación y consulta que sean aplicables", precisó la Enami en un comunicado.

Boroo se especializa en la adquisición, el desarrollo y la operación de activos mineros, principalmente de oro y cobre. Actualmente mantiene operaciones y proyectos en Asia y Suramérica.

“La Presidencia informa que, debido a problemas de salud, el presidente Cyril Ramaphosa ha suspendido temporalmente su participación en actos públicos”, indicó Pretoria en un comunicado.

Su equipo médico recomendó al mandatario —quien regresó el lunes de la reunión de los BRICS en Nueva Delhi— que guarde reposo para su recuperación, añadió el documento sin precisar detalles sobre su condición de salud.

El jefe de Estado solicitó a los ministros de las distintas carteras que lo representen en las actividades públicas programadas.

Durante su intervención el pasado sábado en la cumbre en la capital india, el líder sudafricano exigió rendición de cuentas por el "genocidio en curso contra los palestinos" y la "guerra ilegal contra Irán", además de reclamar un asiento permanente para África en el Consejo de Seguridad de la ONU.

“El derecho internacional no puede aplicarse de manera selectiva: los mismos principios deben aplicarse a todos los Estados y las mismas protecciones deben aplicarse a todos los pueblos”, afirmó Ramaphosa, quien defendió la necesidad de reformar la estructura de Naciones Unidas e impulsar el financiamiento para el desarrollo mediante el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).

El gobernante sudafricano se sumó también al consenso de la Declaración de Nueva Delhi, el documento de 140 puntos aprobado por los líderes del bloque para responder a la crisis regional, hacer un llamado a la máxima contención en Oriente Medio y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional.

El Hadji Kébé, presidente de la Asociación de Senegaleses en la ciudad portuaria de Nuadibú, situada a 450 kilómetros al norte de Nuakchot, explicó a EFE que, según los testimonios de los supervivientes recogidos por su ONG, 65 personas viajaban a bordo de la patera, entre ellas once mujeres.

El cadáver de la niña, de nacionalidad guineana, y un total de 37 migrantes fueron rescatados: 16 senegaleses, 12 guineanos y nueve malienses.

Entre los supervivientes figuran tres mujeres, entre ellas la madre de la niña fallecida, y dos menores, mientras que otras ocho mujeres continúan desaparecidas, de acuerdo con el balance facilitado por el representante de la comunidad senegalesa.

La embarcación había zarpado del pueblo costero de Kartung, en el suroeste de Gambia, y naufragó el domingo por la noche frente a las costas del norte de Mauritania, en las proximidades de Nuadibú.

Kébé explicó que la patera se había quedado sin agua potable y que sus ocupantes pidieron auxilio a otra embarcación, que les lanzó una botella. Al intentar recogerla, la lancha de los migrantes se habría volcado.

Los supervivientes fueron rescatados y evacuados el lunes por los guardacostas mauritanos. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital.

La ruta atlántica desde las costas de África Occidental hacia las Islas Canarias españolas es una de las vías migratorias más peligrosas hacia Europa debido a la precariedad y la sobrecarga de muchas de las embarcaciones utilizadas.

La avioneta, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

"Nosotros no hemos terminado la búsqueda, todavía no hemos encontrado a los ocupantes, eso es lo que estamos haciendo, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave", expresó este miércoles el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz, en un video publicado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atiende a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades.

El general Díaz aseguró que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate".

"El ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos (a los rescatistas) con una grúa de rescate", añadió el oficial.

Los rescatistas, precisó el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".

La FAC está esperando a que mejoren las condiciones meteorológicas de la zona para sacar al equipo de rescatistas y enviarlo a otra lugar donde creen que pueden estar los ocupantes del avión.

Resulta que Marcelo Piloto había sido condenado el 12 de setiembre de 2025 a 24 años y 9 meses de cárcel por el homicidio de la joven paraguaya Lidia Meza Burgos, de 18 años de edad, registrado el 17 de noviembre de 2018 en el cuartel policial de la Agrupación Especializada de Asunción, donde el capo brasileño estaba recluido en espera de su extradición.

Ahora, los camaristas brasileños admitieron el pedido de la Fiscalía de Brasil, “reformando en parte la sentencia dictada por el Juzgado y reconoció probada la circunstancia negativa de la personalidad del acusado y consecuentemente resolvió aumentar la pena definitiva en 28 años, 1 mes y 15 días de reclusión en régimen cerrado de privación de libertad”, según informó la Fiscalía de Paraguay.

La fiscala María Irene Álvarez estuvo a cargo de la investigación en Paraguay y, por ende, fue la que impulsó el procesamiento del narcotraficante en Brasil.

Marcelo Piloto, quien era un jefe de la facción criminal Comando Vermelho (CV) de Rio de Janeiro, estuvo escondido en Paraguay desde 2012, hasta que cayó detenido en 2017.

Fue uno de los presos más importantes de nuestro sistema penitenciario y gozaba de múltiples privilegios, por lo que no quería volver a su país, donde le esperaba una condena de 15 años por asalto y homicidio.

En la última parte de su “estadía” en Paraguay estuvo alojado en la Agrupación Especializada.

Con un homicidio, Marcelo Piloto intentó frenar su extradición

Para no ser extraditado, mató a la joven paraguaya que fue a visitarlo en la Agrupación. La intención de Marcelo Piloto era que le abrieran un nuevo proceso penal en Paraguay y de ese modo seguir recluido aquí.

Sin embargo, el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión del criminal de Paraguay y fue entregado a las autoridades de Brasil.

Posteriormente, la Fiscalía de nuestro país consiguió que lo juzgaran en su país por el crimen de la joven paraguaya.

"Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común", escribió Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles.

El republicano destacó también el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, "a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho".

"No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada", añadió Trump.

El magnate neoyorquino cree, además, que "las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales".

Trump considera que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".

El mandatario estadounidense señaló también a China en el documento, ya que afirmó que el gigante asiático "sigue siendo el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales".

El republicano considera que, aunque Pekín implementó nuevos requisitos para que sus empresas obtuvieran licencias antes de exportar determinados precursores químicos a Norteamérica, "los delincuentes siguen eludiendo estos controles mediante el uso de precursores químicos no regulados" e instó al Gobierno de Xi Jinping a adoptar medidas "más enérgicas".

La lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas" que figura en la determinación presidencial de este año se mantiene sin cambios con respecto a 2025 e incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Durante esta campaña, que tiene como lema '¡Limpiemos juntos, salvemos vidas!', los participantes recolectarán, clasificarán y registrarán los residuos encontrados.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se conmemora el tercer sábado de septiembre y moviliza a voluntarios alrededor del mundo para contribuir al cuidado de los ecosistemas marinos y costeros.

La jornada también incluirá espacios artísticos, deportivos y culturales para promover la participación de familias, comunidades, instituciones públicas, organizaciones y empresas privadas.

En Ecuador, la iniciativa también incluye ríos y quebradas (barrancos secos), y promueve prácticas responsables relacionadas con el consumo, la prevención y el reciclaje de residuos.

Entre 2010 y 2025, la campaña convocó a 293.070 voluntarios, permitió intervenir cerca de 7.150 kilómetros de playas y cuerpos hídricos y recolectar 1,1 toneladas de residuos sólidos.