Según informó el portal TMZ, el exboxeador profesional ucraniano ha realizado esa petición ante la preocupación de que algunos de los bienes de la fallecida actriz puedan perderse.

En su petición para ser nombrado tutor temporal, Klitschko afirma que tiene derecho a la totalidad de los bienes sujetos al proceso sucesorio de Hayden en California.

En el documento, obtenido por TMZ, él señala que agentes federales accedieron a la vivienda de Hayden como parte de una investigación en curso y se llevaron sus pertenencias, por lo que el exboxeador quiere actuar como representante del patrimonio para poder recuperar dichos bienes una vez concluya la investigación.

La expareja de Hayden indica en los documentos que, antes de fallecer, la protagonista de "Heroes" ("Héroes"), contrató un servicio de seguridad para proteger su hogar y su contenido, "debido a la preocupación documentada de que un individuo había logrado acceder sin autorización a la propiedad de Hayden".

Asimismo, menciona que una empresa cambió las cerraduras tras la muerte de la actriz "y que, como medida de precaución, se han trasladado a otro lugar los depósitos que contenían ropa de diseño y accesorios utilizados en apariciones públicas".

El deportista afirma que "es previsible que dicho individuo continúe intentando apropiarse indebidamente de bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden".

"Dada la gran repercusión pública que rodea al patrimonio de Hayden, es necesario nombrar de inmediato a un representante personal que salvaguarde y proteja la vivienda y los bienes de la actriz", señala la expareja de la actriz.

Kaya no solo heredará los artículos incautados o desaparecidos, sino que, al haber fallecido Hayden sin testamento, será la única heredera de todos sus bienes, incluido su apartamento en West Hollywood.

Hayden Panettiere falleció en Carolina del Sur el 16 de agosto pasado a los 36 años debido a una sobredosis accidental provocada por un cóctel de medicamentos que incluyó el fentanilo, según confirmó la autopsia.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes".

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó "Remember the Titans" ('Duelo de Titanes'), "Raising Helen"('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), "Ice Princess" ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y "Scream 4".

El Hospital Al Shifa recibió los cadáveres de dos personas después de que las FDI impactaran contra un edificio residencial en el barrio de Al Nasr, en la ciudad de Gaza (norte de la Franja). Entre ellos se encontraba Ezz El Din Al Beik, uno de los líderes de las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás.

En un comunicado conjunto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijeron que Al Beik era como comandante de la Brigada del Norte de Gaza para la milicia de Hamás y que "participó en la planificación de ataques terroristas contra nuestras fuerzas y trabajó en el reclutamiento de operativos para la organización".

Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza), comunicó la muerte de un joven que había sido trasladado poco antes a sus instalaciones con heridas de bala en la cabeza provocadas por el Ejército israelí cuando se encontraba en una rotonda de la mencionada urbe.

El número de gazatíes muertos por fuego israelí en la campaña bélica que ha devastado Gaza tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre supera ya las 74.000 personas y los heridos son casi 176.000, algunos con amputaciones y otras lesiones de por vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen genocidio.

El Ministerio de Exteriores norcoreano denunció, según un comunicado publicado este martes por la agencia de noticias norcoreana KCNA, que la luz verde de Washington a Seúl para poseer submarinos nucleares "añade nueva inestabilidad al entorno de seguridad política y militar de la región de Asia-Pacífico".

Pionyang está sufriendo una amenaza militar "sin precedentes" encabezada por Estados Unidos junto a Japón y Corea del Sur, afirmó además el lunes ante la Asamblea General de la ONU el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son-gyong.

Corea del Sur ha justificado su plan de desarrollar submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional, y desplegar el primero de ellos a mediados de la década de 2030, por la ventaja que suponen frente a los sumergibles convencionales a la hora de contrarrestar a Corea del Norte y China, en un contexto de rechazo al diálogo de Pionyang.

La Administración del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha buscado mantener una postura conciliadora con Pionyang, y recientemente destacó sus esfuerzos por apoyar un diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, entre las ambiciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Pero esta postura de búsqueda de diálogo de Seúl, a la par que mantiene el objetivo de la desnuclearización de Corea del Norte, se ha visto perturbada por la explosión el pasado 21 de septiembre de dos minas en la DMZ, un incidente que dejó a dos soldados surcoreanos gravemente heridos y uno con lesiones menores.

"Teniendo en cuenta el cráter de la explosión, el patrón de las llamas y la magnitud de las lesiones, las pruebas apuntan firmemente a minas terrestres norcoreanas", afirmó la víspera en una rueda de prensa el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, Kwon Dae-won.

Si los resultados de la investigación preliminar, llevada a cabo junto con el Comando de las Naciones Unidas (UNC) en Corea del Sur, confirman que las explosiones se produjeron por minas norcoreanas, esto "constituye un claro ataque" y el Ejército surcoreano "tomará medidas apropiadas y correspondientes".

Según Seúl, la explosión tuvo lugar durante una operación conjunta con el UNC para verificar las sospechas de Seúl de que Pionyang enterró ilegalmente minas terrestres en la zona.

A las 7:00 horas de este martes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza casi ese 2 % (1,91 %), hasta los 107,29 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

La referencia del brent de diciembre, cuyos futuros cambiarán en los próximos días, también sube cerca de un 2 % a esta hora.

El precio del crudo sube nuevamente este martes, después de cerrar la víspera con una revalorización del 0,93 %, hasta los 105,28 dólares.

No obstante, durante la jornada, llegó a situarse en un máximo de 108,83 dólares, con una subida superior al 4 %.

El precio del petróleo redujo la subida al final de la sesión tras conocerse que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí había vuelto a exportar crudo.

Además, los mediadores en las negociaciones para un acuerdo de paz en la guerra entre Estados Unidos e Irán se podrían volver a reunir con las partes hoy o mañana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto ayer a que su Gobierno retome esta semana las conversaciones.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha dicho que espera una respuesta de Estados Unidos tras las conversaciones indirectas mantenidas la víspera a través de mediadores cataríes en Nueva York para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

En una entrevista con la agencia pública iraní Irna, el jefe de la diplomacia persa señaló que el lunes su delegación se reunió con "los intermediarios cataríes" con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones", después de que Trump rechazara la propuesta de paz de Teherán durante el fin de semana.

“Se está preparando el despliegue de otros 10.000 soldados. Están siendo seleccionados para su entrenamiento y posterior despliegue en Rusia”, aseguró Zelenski, que repitió, como ya habían señalado anteriormente fuentes oficiales ucranianas, que unos 8.000 soldados del país comunista asiático están actualmente desplegados en Rusia, sobre todo en la región de Kursk fronteriza con Ucrania, apoyando a las tropas del Kremlin.

El presidente ucraniano dijo en agosto tener información que apuntaba a que Rusia espera la llegada de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para reforzar a sus tropas.

La inteligencia de Corea del Sur estima que la vecina Corea del Norte ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia.

Zelenski explicó en su discurso de anoche que Moscú recompensa a Pionyang con su apoyo con transferencia de tecnología. “Se ha establecido en Corea del Norte con apoyo técnico ruso (una línea de) producción de drones de ataque del modelo Shahed (inventado por Irán y perfeccionado por Rusia)”, afirmó.

El presidente ucraniano señaló que los planes rusos de importar nuevos soldados norcoreanos son parte de los esfuerzos del Kremlin por reclutar a más extranjeros para suplir las bajas de sus tropas en Ucrania.

El anuncio de Zelenski sobre los supuestos preparativos para el envío a Rusia de otros 10.000 soldados de Corea del Norte llega en medio de las tensiones con Seúl por haber anunciado el presidente ucraniano ante la Asamblea General de la ONU la transferencia de dos prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur.

El Gobierno surcoreano asegura que tenía un acuerdo con Kiev para que, entre otras cosas por la seguridad de las familias de los soldados, que permanecen en Corea del Norte, la entrega de los prisioneros no se hiciera pública.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés, el Gobierno tomó la decisión "en vista de los acontecimientos posteriores (a la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024) en la situación en torno a Siria y considerando la relación bilateral".

Las autoridades japonesas ya había aprobado, en mayo de 2025, levantar la congelación de activos a cuatro bancos sirios.

En el anuncio de este martes se incluyen varios bancos, empresas petroleras y organismos como la Organización General de Radio y Televisión o la Organización de 'Marketing' del Algodón, entre otros.

Son en total 16 instituciones, lo que deja en 15 el número de entidades sirias sujetas a sanciones japonesas, además de 59 individuos.

La Unión Europea (UE) anunció en mayo la retirada de sus propias sanciones contra los ministerios sirios de Interior y Defensa, aunque mantuvo las restricciones contra individuos y entidades vinculados al antiguo régimen de Al Asad.

Mientras, Estados Unidos retiró el mes pasado a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que estaba incluido desde 1979, tras restablecer las relaciones con Damasco en 2025.

Washington informó también sobre la eliminación de Hayat Tahrir al Sham (HTS) como "organización terrorista global", cuyo exlíder Ahmed al Sharaa es el actual presidente sirio.

Al Sharaa, que lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron a Bachar al Asad, fue recibido en noviembre de 2025 por Trump en una histórica visita en la Casa Blanca que inauguró un nuevo periodo de relaciones diplomáticas.

La Administración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, descartó así cualquier incursión ilegal realizada en Belice, de acuerdo a fuentes del Ministerio de la Defensa consultadas este lunes.

Todo ello después de que el pasado 26 de septiembre, durante su discurso ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Briceño afirmara que su país fue víctima de una violación de su espacio aéreo tres días antes, el 23 de septiembre.

De acuerdo a Briceño, la aeronave, de carácter militar, incursionó en el espacio aéreo beliceño y apagó su transpondedor, por lo que según medios locales, podría incluso llamar a consultas al embajador de Guatemala en Belice.

Sin embargo, el Gobierno guatemalteco ha rechazado la acusación y de igual manera expresó que no tiene conocimiento de dicho "sobrevuelo".

Guatemala y Belice mantienen una disputa territorial actualmente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos.

El diferendo entre guatemaltecos y beliceños fue sometido a disputa en la Corte Internacional de Justicia después de que Guatemala avalara en una consulta popular en 2018 llevar el caso a La Haya en 2019.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991 pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.

El accidente se produjo a las 01:42 hora local (17:42 GMT del lunes) en una avenida del condado de Longli, informó este martes la oficina local de Seguridad Pública en un comunicado.

Las primeras investigaciones indican que el joven, identificado únicamente por su apellido, Wang, conducía un turismo homologado para cinco ocupantes en el que viajaban siete personas cuando impactó contra un camión articulado pesado que se encontraba estacionado en el margen derecho de la vía.

Los siete ocupantes del turismo fallecieron a consecuencia del accidente, de acuerdo con las autoridades.

Los análisis realizados al conductor, que se encontraba entre los fallecidos, detectaron una concentración de alcohol en sangre de 66 miligramos por cada 100 mililitros.

La Policía señaló que continúa investigando las circunstancias del accidente y pidió a los conductores respetar las normas de tráfico y evitar el exceso de velocidad, la sobrecarga de vehículos y la conducción bajo los efectos del alcohol o condiciones de fatiga.

El accidente se produce casi un año después de que otro conductor bajo los efectos del alcohol causara ocho muertos y cuatro heridos al arrollar a varios ciclistas en la provincia oriental de Shandong.

En aquel caso, el hombre presentaba una tasa de 195,3 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre.

La medida, anunciada el pasado 8 de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor a las 00:01 hora de Washington (04:01 GMT) y sustituye los aranceles del 50 % que EE.UU. aplicaba desde agosto a algunos de esos productos por una prohibición total de entrada.

Las tres proclamaciones presidenciales afectan a bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, vodka y ron; determinados productos lácteos, especialmente suero y concentrados de proteínas; melaza, cerveza sin alcohol y algunas motocicletas fabricadas en Canadá.

En el caso de los vehículos, la prohibición incluye motocicletas y ciclomotores con motores de combustión de más de 800 centímetros cúbicos. Entre los fabricantes afectados está la canadiense BRP, que produce en Quebec los vehículos de tres ruedas Can-Am Spyder y Canyon destinados al mercado estadounidense.

Washington justificó la decisión como respuesta a lo que considera prácticas comerciales discriminatorias de Canadá y a las represalias adoptadas por Ottawa contra los aranceles estadounidenses.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que las prohibiciones son consecuencia del trato canadiense a las exportaciones estadounidenses de alcohol, lácteos y vehículos.

Analistas han indicado que el impacto sobre el conjunto de la economía canadiense será limitado, aunque puede ser considerable para las empresas directamente afectadas.

Canadá exportó alrededor de 1.200 millones de dólares canadienses en alcohol a Estados Unidos el año pasado, mientras que las ventas de los derivados lácteos afectados por la prohibición y motocicletas fueron mucho menores.

Cénéac explicó en una entrevista con la emisora local Radio Kiskeya que una unidad de Sri Lanka, parte de la GSF, expulsó a miembros del grupo que habían instalado puestos de cobro ilegales en la zona, horas antes de los primeros reportes de muertos, y que los agentes permanecieron solo unas horas en Gros-Morne antes de regresar a su base en Gonaïves, la capital de Artibonite.

"En venganza, los hombres armados sembraron el terror entre la población. Una decena de personas perdieron la vida esta mañana en el barrio de Dosni, y se desató un ataque sobre la zona, con disparos en todas las direcciones, mataron y quemaron casas", afirmó Cénéac.

Gros-Morne es un bastión de Kokorat San Ras, una de las bandas que se extendieron desde Puerto Príncipe hacia Artibonite, la principal zona agrícola del país.

Haití atraviesa una crisis de seguridad que, según la ONU, se extiende cada vez más fuera de la capital. De acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), la violencia vinculada a las pandillas, incluidas las operaciones de seguridad, dejó más de 3.000 muertos en el primer semestre de 2026.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que cerca de 1,5 millones de haitianos están desplazados dentro del país, una cifra récord.

Además, el mandato de la GSF vence esta semana y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar su renovación este martes.

Un viaje de Estado que se produce en un momento de especial relevancia en el estado de las relaciones bilaterales con Francia, que es el primer socio comercial de España en el mundo.

Se trata del primer viaje de Estado a España de Macron, aunque el pasado 26 de julio el presidente francés mantuvo un encuentro con Felipe VI y asistió a una cena en el Palacio Real de Madrid en el marco de una visita de trabajo.

El jefe del Estado francés y la primera dama serán recibidos a las 13:15 de este martes en el Palacio Real con honores militares por los reyes, quienes posteriormente les ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.

En la Zarzuela mantendrán también una reunión los dos jefes de Estado que volverán a encontrarse por la noche de nuevo en el Palacio Real donde los reyes de España ofrecerán la tradicional cena en honor de Emmanuel y Brigitte Macron, a la que asistirán un centenar de invitados.

Al día siguiente, miércoles, el presidente francés será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa, con quien mantendrá una reunión de trabajo y también almorzará, una jornada en la que acudirá con Felipe VI a un foro de comercio e inversión de empresarios españoles y franceses en el Ministerio de Economía.

Macron tiene previsto también asistir en este viaje de Estado a un encuentro en la Universidad Complutense sobre democracia, juventud y redes sociales, así como visitar el Centro de Satélites de la Unión Europea y una institución francesa de investigación en ciencias humanas y sociales, según el Elíseo.

Una visita que finalizará con la recepción que el presidente francés y su esposa ofrecerán a los reyes Felipe VI y doña Leticia en la Residencia de la Embajada de la República Francesa en España.

El viaje de Macron a España, que se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países, se ha ido aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado.

Así, los reyes de España han viajado en tres ocasiones a Francia desde que Macron accediera a la presidencia de Francia, en 2017, y tras su reelección en 2022 para un segundo mandato. Y Felipe VI ha mantenido además tres encuentros con Macron desde que es presidente.

Durante una presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el ministro anunció que pronto se emitirán nuevas normas que facultarán a las autoridades escolares para intervenir en estos casos, que actualmente solo comprenden la aplicación de "medidas correctivas", según señaló su despacho en un comunicado.

La propuesta llega después de un caso de presunta violación de un estudiante por parte de sus compañeros que ha sacudido el país.

"No podemos tener a un agresor al costado del agredido. Esto no significa restringir el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota", explicó Chang.

El ministro remarcó que una política de este tipo no busca únicamente sancionar, sino también "restablecer la autoridad y el orden, proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender".

Para cumplir con esos objetivos, se convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, así como a especialistas y representantes de la comunidad educativa, para participar en la elaboración de las normas y medidas que prevenir, atender y responder ante los casos de violencia escolar, añadió.

El pasado 18 de septiembre, un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años cuando volvían en un autobús de participar en un torneo escolar de fútbol.

Todos los implicados eran estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra, y fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en el distrito de San Miguel.

Este caso generó una ola de indignación en el país y llevó a la denuncia de numerosos episodios de acoso y violencia en escuelas particulares del país, así como de la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios administrado por la Marina.

Tras eso, el gobierno ordenó la reorganización del colegio y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año para garantizar "la protección integral de los estudiantes y en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, convivencia, prevención y atención de situaciones de violencia".

En su presentación de este lunes, Chang reiteró que se va a disponer que el director y los docentes de los colegios "recuperen la autoridad" y tengan la facultad de imponer sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas disciplinarias sin faltar a los derechos del estudiante.

En el dossier que remitió anoche al parqué hongkonés, la compañía indica que, entre abril y junio, su beneficio neto se incrementó en un 247 % hasta unos 2.398 millones de dólares, pero ofrece asimismo una lectura ajustada que presenta una reducción del 66,6 % hasta unos 228 millones, principalmente debido a las ganancias en valor de mercado de acciones convertibles, sin ofrecer más detalles.

En el trimestre, Shein facturó 11.082 millones de dólares (+0,9 %) y sus ingresos operativos se situaron en 235 millones (-66,3 %), algo que su fundador y presidente, Chris Xu, achaca a "una fuerte subida de los precios del petróleo y los costes logísticos ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio".

"Hemos tomado la decisión deliberada de absorber estos costes, los cuales vemos como transitorios, en vez de trasladarlos a los consumidores, para mantener los precios constantes y la inercia de pedidos", agregó el directivo.

Dentro de esos datos de facturación, Shein ofrece un desglose geográfico que muestra el impacto de los aranceles y tasas impuestos en sus dos principales mercados, EE. UU. y Europa: en el primero, los ingresos cayeron un 6 % interanual, y en el segundo, un 13,9 %.

El peso del resto de destinos mundiales sobre el total de la facturación repuntó desde un 36,1 % a mediados de 2025 hasta un 43,7 % gracias a un repunte del 21,6 % en la facturación, algo que la plataforma atribuye al "crecimiento de volumen de pedidos y la expansión de la base de clientes, especialmente en Latinoamérica".

En el global del primer semestre, Shein más que duplicó (+111,7 %) su beneficio neto atribuido hasta 2.299 millones de dólares tras elevar su facturación en un 0,97 %, aunque sus gastos operativos crecieron más, un 3,95 %.

De cara a la segunda mitad del presente ejercicio, Xu espera que la coyuntura global siga siendo "incierta" debido a los "vientos en contra de los aranceles y la volatilidad de los costes logísticos", aunque subraya que el último trimestre -con la campaña navideña y otros festivales de compras como el 'Black Friday'- es su "principal ventana de promociones", por lo que anticipa un repunte de pedidos.

El fundador de Shein avanzó que, entre sus prioridades, figura el aumento de su inventario en Europa gracias a mejoras en sus sistemas de predicción del comportamiento de sus clientes y en automatización en sus instalaciones, así como en la transición a prendas con precios más altos para mejorar la rentabilidad de la compañía.

Las acciones de Shein en Hong Kong llegaron a marcar hoy una caída del 13,95 % que se había moderado hasta en torno a un 10,7 % poco antes de las 11:00 hora local (03:00 GMT); ese mínimo de este martes supone un desplome acumulado del 37,5 % frente al precio inicial que fijó para su anticipada salida a bolsa, la cual se produjo el día 1 de este mes.

La tormenta se encuentra a unos 660 kilómetros al sur de la ciudad de Osaka (oeste), según el último boletín de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), tras perder fuerza desde la categoría de tifón muy fuerte en su avance hacia las islas principales.

La JMA prevé que el tifón número 26, según la nomenclatura japonesa, continúe debilitándose en su avance hacia el noreste y pueda llegar a afectar a Tokio.

La capital nipona ha registrado 34 días consecutivos de lluvia, indicó la JMA, lo que según la agencia de noticias japonesa Kyodo supone la mayor racha de precipitaciones sin interrupción desde que existen registros.

Las lluvias más fuertes se registraron el pasado 21 de septiembre, cuando el paso del tifón Dujuan causó catorce muertes en los alrededores de Tokio, según el último balance de las autoridades locales recopilado por la cadena de televisión pública NHK.

Además, trece personas fallecieron a mediados de agosto en la prefectura japonesa de Chiba, región ubicada al este de Tokio, debido a unas súbitas lluvias torrenciales e inundaciones.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.

En un escrito enviado a la Sala Especializada de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, Alarcón informó al juez de la causa que decidió emitir un dictamen abstentivo (decisión de no acusar) a favor de Goncalves, al no encontrar elementos que permitan establecer su participación en el presunto delito.

"De los elementos recabados no se desprenden circunstancias que permitan presumir que el señor Antonio Goncalves haya abusado de su cargo, dispuesto arbitrariamente de fondos del Estado ecuatoriano u omitido el deber legal de precautelar los recursos públicos pertenecientes al Estado", señaló el fiscal.

El exministro era el único funcionario de alto rango que estaba investigado en este caso, por lo que Alarcón señaló que se inhibía de continuar al frente de la causa y pedía que el expediente sea remitido a otros jueces de fuero común.

La investigación determinó que, tras la resolución de emergencia por la crisis energética emitida en junio de 2024 por la empresa estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) se suscribieron dos contratos con Progen, con sede en Estados Unidos, por un total de 149,1 millones de dólares.

Los dos contratos contemplaban la adquisición de generadores eléctricos, pero la empresa entregó, según la Fiscalía, aparatos "inoperativos, técnicamente incompatibles y que no eran nuevos".

Pese a ello, según la Fiscalía, Celec pagó el 70 % del valor total de los contratos como anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.

De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados habrían actuado desde su ámbito de competencia —manipulando informes técnicos, concediendo prórrogas injustificadas, omitiendo fiscalizaciones e intercediendo informalmente— para viabilizar el desembolso de recursos estatales.

Entre los otros 30 investigados están representantes de Progen en Ecuador, funcionarios de Celec, administradores de los contratos, exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal.

Para ellos, Alarcón pidió a que se designe día y hora para que se realice la audiencia preparatoria de juicio.

Entre 2023 y 2024, Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales del segundo año a causa, entre otros factores, de la sequía que redujo el caudal de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.

Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.

"Los procesos que se están llevando van a tener un pare porque hay que retomar los procesos de defensa. Siento que sí va a haber como un estancamiento de lo que se pensaba podría ser un avance en derechos (...) Hay que empezar a defender la movilización social", dijo a EFE la coordinadora del Programa Influyente de Oxfam Colombia, Jenny Gallego.

La representante de la organización señaló que la consolidación de los movimientos sociales permitió conquistar derechos enfocados en poblaciones vulnerables, como la Ley de Mujer Rural, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y la Ley de Mujeres Buscadoras.

Gallego describió el momento actual como una etapa de resistencia, después de un periodo en el que, según dijo, el país experimentó una amplia apertura en materia de derechos.

“Va a ser un proceso de resistencia muy fuerte durante estos cuatro años”, afirmó al referirse al Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Oxfam advirtió que los discursos de los gobiernos de derecha en América Latina promueven posiciones más conservadoras que pueden poner en riesgo esos avances y obligar a las organizaciones sociales a concentrar sus esfuerzos en defender lo conseguido, en lugar de ampliar la agenda de derechos.

“Es un llamado a la sociedad civil a decir: tenemos que defender lo que ya hemos logrado”, dijo Gallego, quien consideró que existe el riesgo de perder conquistas que hasta hace poco se daban por consolidadas.

Por su parte, la directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra, explicó a EFE que la situación actual de Colombia en materia de derechos humanos responde a una agenda conservadora de la región y no a un caso aislado.

García-Parra indicó que las restricciones afectan a distintas reivindicaciones, entre ellas los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, cuyas demandas, afirmó, pasan a considerarse secundarias o incluso quedan excluidas del debate público.

“Lo que más nos preocupa es que se confunda entre el concepto de ideología y el concepto de los derechos”, señaló.

En su opinión, los retrocesos no comienzan necesariamente con la llegada de un gobierno determinado, sino que responden a corrientes conservadoras que permanecen en la sociedad y que pueden recuperar fuerza cuando encuentran condiciones favorables.

García-Parra añadió que las redes sociales y los recursos económicos destinados a promover determinadas narrativas pueden acelerar ese proceso y dificultar la respuesta de las organizaciones civiles.

Ante este panorama, defendió la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo y recuperar discursos que permitan movilizar a la ciudadanía desde la esperanza y no desde el miedo.

“En América Latina tenemos un histórico de resistencia grande (...) Ya ha pasado por dictaduras, por procesos regresivos, por momentos en los que los derechos han estado en riesgo, no es la primera vez, pero esta vez es un poco más sofisticado”, afirmó.

La directora regional insistió en que el objetivo de las organizaciones debe seguir siendo ampliar los derechos y las libertades, en lugar de dedicar sus esfuerzos únicamente a evitar que se pierdan las conquistas alcanzadas.

Un informe publicado este martes por la organización indica que su financiación disponible cayó de 5.200 millones a 3.900 millones de dólares entre 2024 y 2025, año en el que Estados Unidos, principal donante, redujo su contribución a esta y otras agencias de Naciones Unidas.

La situación podría empeorar aún más en 2026, año en el que a finales de julio ACNUR había recibido unos 2.700 de los 8.500 millones de dólares que necesita para financiar sus actividades hasta diciembre, en un momento en el que conflictos y crisis continúan aumentando las cifras de refugiados y desplazados.

"La protección no puede reducirse indefinidamente sin que los sistemas colapsen", advirtió en un comunicado la directora de relaciones externas de ACNUR, Dominique Hyde, quien explicó que por debajo de determinado umbral no solo disminuye el número de personas a las que llega ayuda, sino que esta deja de llegar por completo.

ACNUR enumeró varias crisis donde el recorte de fondos está haciendo mella, como en Chad, país en el que hasta 200.000 mujeres y niñas corren el riesgo de perder el acceso a programas de asistencia y prevención, o en Sudán, donde decenas de miles de supervivientes de violencia sexual podrían dejar de recibir protección.

En Irak, hasta 350.000 refugiados y solicitantes de asilo corren el riesgo de perder el acceso a oportunidades de inclusión económica, y en Siria 162.500 desplazados internos, refugiados que han regresado país y otros grupos vulnerables podrían dejar de recibir ayuda para su retorno.

ACNUR instó a donantes y socios a proporcionar apoyo urgente para "proteger los avances ya logrados, ayudando a refugiados y desplazados a superar la dependencia de la ayuda humanitaria y a reconstruir sus vidas".

"En lo relativo a los casos de venta de armas en curso, (Taiwán) continúa en contacto con la parte estadounidense. En cuanto a la situación concreta de la cooperación en cada uno de ellos, hasta ahora no se ha recibido notificación de ningún cambio", aseveró Koo desde la sede legislativa, según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El ministro se pronunció de esta forma tras la reciente cumbre en Washington entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, celebrada en un contexto marcado por el bloqueo, por parte de la Administración republicana, de un paquete de armamento para Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares.

Durante el encuentro, Xi instó a EE. UU. a adherirse a la "posición correcta" de "oponerse" a la independencia de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

Ratificar esa formulación supondría un giro en la postura de Washington, que oficialmente "no apoya" la independencia taiwanesa pero sí se opone a cualquier alteración "unilateral" del statu quo en el estrecho de Taiwán. Por ahora, no hay indicios de que Trump haya asumido como propia la retórica de Xi.

En ese sentido, Koo recalcó que, desde la citada reunión, Washington ha trasladado en varias ocasiones a Taipéi que su política hacia la isla "no ha cambiado en absoluto".

Respecto a los 66 cazas F-16V que Taiwán compró a EE. UU. en 2019 -un paquete de armamento que ha acumulado numerosos retrasos desde entonces-, Koo aseguró que su producción "ya ha alcanzado efectivamente un punto en el que pueden entregarse".

"Actualmente se siguen realizando los preparativos para su recepción conforme a la planificación de la oficina estadounidense del programa. En cuanto a la fecha del vuelo de traslado, se informará a los medios una vez se confirme", apuntó el ministro, sin dar más detalles.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

El anuncio fue realizado a los medios por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y de la Presidencia, Fernando Aramayo. Los funcionarios comparecieron tras conocerse que EE.UU. revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

"Las declaraciones y señalamientos de EE.UU. son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad", sostuvo Justiniano, quien explicó que se pedirá, "a través de las instancias competentes", información complementaria y "elementos probatorios".

Por su parte, Oviedo afirmó que "si se han emitido estas revocatorias de visa, debe ser porque tienen pruebas", y anunció "un proceso de investigación a fondo" para que las personas mencionadas por el Departamento de Estado respondan ante la justicia boliviana.

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada este lunes por el Departamento de Estado estadounidense en la que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos el fiscal Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".

En el caso de Mariaca, Washington aplicó la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional "por su participación en casos de corrupción graves.

Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo (de las Américas), busca fortalecer".

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y exigió "respeto" a la "soberanía" de su país, al considerar que se busca "condicionar" o "interferir" en el trabajo del Ministerio Público boliviano.

El fiscal también vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

El Legislativo de Bolivia solicitó a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre sus acusaciones contra Mariaca, al que pidió que se "aparte" de sus funciones mientras se investigan estos señalamientos.

La Marina mexicana estima que Polo toque tierra entre las 21:00 y 22:00 hora local (3:00 y 4:00 GMT +1) posiblemente como huracán categoría 2.

Después de tocar tierra, la autoridad marítima prevé que el fenómeno presente un "debilitamiento rápido" y disminuya a categoría 1 durante las primeras horas del martes, y a tormenta tropical, hacia mediodía.

En la víspera de su ingreso a tierra, Polo mantiene bajo amenaza a Baja California Sur y Sonora, donde las autoridades han suspendido clases y actividades marítimas, y se han desplegado a miles de agentes ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y oleaje elevado.

En Baja California Sur, medios locales ya reportan fuertes inundaciones en edificios, así como personas que han buscado refugio en los techos ante el avance del agua.

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció la habilitación de 169 refugios temporales con capacidad de más de 24.000 personas en Baja California Sur.

Las autoridades mexicanas prevén que Polo cruce el golfo de California y alcance Sonora el martes, donde podría producir un segundo impacto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales en Baja California Sur y Sonora, así como precipitaciones muy fuertes en Sinaloa y Chihuahua, y fuertes en Baja California. También se prevén intensas rachas de viento y oleaje de hasta cuatro metros de altura.

Entre las principales precauciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar zonas de riesgo y cauces, alejarse de la costa, no cruzar ríos o arroyos y tener lista una mochila de emergencia.

Polo se formó como tormenta tropical la noche del domingo 20 de septiembre y menos de dos días después se intensificó a huracán categoría 5 manteniendo su avance frente a las costas del Pacífico mexicano.

Aunque perdió fuerza, Polo dejó ya un registro excepcional, pues acumuló más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, con lo que superó marcas anteriores de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Además, Polo se ha convertido en el segundo fenómeno más intenso por presión mínima, solo detrás de Patricia (2015), el tercero en viento máximo sostenido, por encima de John (2024), Kenna (2002) y Otis (2024); y ha presentado la tercera intensificación más rápida, detrás de Patricia y Otis.

Detrás de Polo, la tormenta tropical Rachel, que se formó el domingo pasado, mantiene su avance paralelo frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, sur de México.

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores, según el SMN.

En una entrevista con la agencia pública iraní Irna, el jefe de la diplomacia persa señaló que el lunes su delegación se reunió con "los intermediarios cataríes" con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz de Teherán durante el fin de semana.

En los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó un proyecto para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones a su crudo y restablezca el alto el fuego.

Tras el rechazo inicial de Trump, que continúa presionando para que Teherán haga concesiones en materia nuclear, los iraníes han "vuelto a plantear a la parte estadounidense" el "plan de siete puntos". "Puedo afirmar categóricamente que no ha habido ningún cambio en las posiciones de Irán", dijo.

"Si hay una respuesta, los cataríes nos la harán llegar y se tomará una decisión en Teherán en función de ella", señaló Araqchí, quién reiteró que "no habrá cambios" en su postura en torno al estrecho de Ormuz ni en el campo nuclear.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán entra en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones norteamericanas y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones estadounidenses han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.

Los tripulantes pertenecen a las embarcaciones Conquista 2, María Candelaria, Don Rufo, X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca, cinco de las ocho interceptadas y hundidas por militares estadounidenses entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

De acuerdo al Comando Sur, los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Sus tripulantes son señalados de tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Los 88 fueron procesados por el delito de asociación ilícita y están en libertad bajo la condición de que no salgan del país y que se presenten una vez por semana ante el fiscal que lleva los casos.

El juicio de este lunes fue contra ocho tripulantes del Conquista 2 y 24 del María Candelaria; el jueves se instalará otro contra diez integrantes del Don Rufo, y el 8 de octubre será el último contra 46 tripulantes del X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca.

Sin embargo, hay otros 70 que pertenecen a los otros tres barcos e incluso varios de las tripulaciones del Conquista 2 y del Don Rufo, pero que fueron detenidos en días diferentes, y a quienes la justicia no les formuló cargos al no encontrar delito.

Esa diferencia de criterios es lo que cuestiona Juan Alvia, abogado de algunos de los procesados, quien dijo a EFE que no entiende por qué a unos sí les han imputado cargos y a otros no, cuando "no hay nada que involucre en un delito a ninguno de los pescadores".

"Están revictimizando a los pescadores, porque para los otros la justicia ya dijo que no existía delito", afirmó.

Él cree que las autoridades judiciales están bajo "presión" para "juzgar a estas personas como falsos positivos" porque "el Gobierno así se los está exigiendo".

Alvia aseguró que la Fiscalía no ha presentado "ninguna prueba" que incrimine a los tripulantes.

"Se habló de un supuesto documento que los marinos norteamericanos tenían como prueba de que estaban vendiendo gasolina para las 'narcolanchas', pero ese documento no existe. En realidad no han recibido nada de las fuerzas estadounidenses", mencionó.

La jueza anunciará su decisión en este primer caso el próximo 7 de octubre y Alvia aseguró que espera que se ratifique el estado de inocencia de todos los tripulantes.

El fiscal aseguró que Bolivia respeta las decisiones “que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción” y espera “el mismo respeto” hacia el país, “sus instituciones y sus autoridades”.

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“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, expresó.

También afirmó que no puede permitir que su “trayectoria” e “imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”.

“Podemos tener diferencias, podemos ser críticos, podemos expresar desacuerdos, eso forma parte de las relaciones entre Estados democráticos. Pero una cosa es expresar una posición y otra muy distinta es pretender condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana, como lo es el Ministerio Público”, sostuvo.

Mariaca vinculó la decisión de EE.UU. con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza la Fiscalía, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

“Si cumplir con mi deber, defender la independencia de nuestras instituciones y sostener ahora la soberanía de Bolivia significa enfrentar presiones o represalias, asumiré esa responsabilidad porque la función pública no puede estar condicionada por el temor”, agregó.

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Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia en octubre de 2024 por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Gobierno de Donald Trump revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se mencionan trece funcionarios o exfuncionarios, incluido el fiscal general, y un empresario con nombres y apellidos.

En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional “por su participación en casos de corrupción graves”.

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Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”.

El Legislativo de Bolivia solicitó este lunes a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre sus acusaciones contra Mariaca, al que pidió que se “aparte” de sus funciones mientras se investigan estos señalamientos.

"La aprobación de Estados Unidos de la posesión de submarinos nucleares a Corea del Sur es otra prueba de la proliferación nuclear", señaló el Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado, según KCNA, "que añade nueva inestabilidad al entorno de seguridad política y militar de la región de Asia-Pacífico".

Pionyang acusó además a Washington de llevar al sistema internacional de no proliferación nuclear a "la peor situación de crisis", al asegurar que busca convertir su alianza con Reino Unido y Australia (AUKUS, siguiendo las iniciales de cada país en inglés) en "la mayor alianza de submarinos nucleares del mundo".

Las quejas de Pionyang llegan después de que el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son-gyong, declarara el lunes ante la Asamblea General de la ONU estar sufriendo una amenaza militar "sin precedentes" liderada por Estados Unidos, junto a Japón y Corea del Sur.

El representante norcoreano acusó a los tres países de haber dado forma a una alianza militar que se ha convertido en "un bloque militar agresivo" y cada vez "más ofensivo".

Seúl desveló el pasado mayo que planea desarrollar submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional y desplegar el primero de ellos a mediados de la década de 2030, en medio de las tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang.

El anuncio de las autoridades surcoreanas tiene lugar después de que en octubre de 2025 el presidente estadounidense, Donald Trump, diera luz verde a su petición de tener submarinos de propulsión nuclear, eliminando las restricciones de un acuerdo con EE.UU. que prohibía al país asiático enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear gastado para fines no pacíficos.

Por su parte, Corea del Norte ha realizado más de una decena de lanzamientos de misiles balísticos este año, los más recientes el pasado 20 de septiembre.

La lluvia, que durante buena parte del día ha obligado a refugiarse bajo distintas carpas, ha dado una tregua a última hora de la tarde y ha permitido a los manifestantes seguir con sus reivindicaciones en contra de las políticas de vivienda, al son de bailes regionales como las jotas o las sevillanas.

Además, el cese de la lluvia ha hecho que más personas se hayan unido a la acampada, lo que ha elevado el número de asistentes a cerca de mil.

La noticia del acuerdo alcanzado a última hora del lunes entre la representación legal de Maricarmen Abascal, de 87 años, y la empresa Urbagestión ha sido recibida con gran alegría por los manifestantes.

"Es una victoria histórica. Es la primera vez que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa", ha señalado Hannah, del sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

María Díaz, por su parte, ha expresado cierta resignación, puesto que considera que la empresa que compró el inmueble está intentando "lavar su imagen" concediendo "migajas" a la anciana.

La Policía Nacional acordonó la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, a última hora de la noche para alejar a los manifestantes del edificio.

Pese al momento de tensión que se vivió, con el paso de los minutos la acampada ha continuado con normalidad y con un ambiente alegre y festivo, marcado por los corros entre manifestantes conversando, cantando o bailando.

La decisión que tome el Consejo de Ministros este martes también ha sobrevolado la concentración aunque entre los manifestantes no hay grandes esperanzas de que suponga cambios sustanciales.

"No esperamos gran cosa. Sabemos que de alguna forma, lo que salga de ahí no va a servir a los verdaderos intereses de la clase trabajadora", ha expresado David Muller, representante del Sindicato de Vivienda de Tetuán.

No obstante, pase lo que pase este martes, Hannah ha confirmado que las movilizaciones y la acampada "van a continuar" y su propio sindicato va a seguir "presionando".

A pesar del paso de los días, la lluvia y de ser un día laborable, el número de manifestantes ha ido en aumento. Este lunes por la mañana las estimaciones rondaban las 600 personas, sin embargo, al caer la noche, las personas concentradas superaban el millar de personas.

"He tenido que ir a trabajar y hacer mis quehaceres", pero he vuelto, ha comentado una manifestante.

Asimismo, tras una asamblea entre distintas organizaciones sindicales, han decidido que seguirán su acampada, indistintamente del resultado que salga del Consejo de Ministros.

"Mientras Trump sea presidente, nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos", afirmó Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News.

El secretario sostuvo que la situación de la isla representa una amenaza para Washington, utilizando al menos por tercera ocasión en este año la calificación de "Estado fallido" para referirse a Cuba y la vinculó entonces con la seguridad nacional estadounidense.

Las declaraciones de Rubio se producen días después de que Trump calificara también a Cuba de "Estado fallido" durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre y afirmara que la isla "está fracasando como nunca antes y caerá".

El presidente, sin embargo, dijo el 26 de septiembre que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y que probablemente no será necesaria una operación militar.

El mandatario, candidato a la reelección a sus 80 años, reunió a miles de militantes en el centro de Belém, capital del estado amazónico de Pará (norte), en un mitin en el que resaltó los avances sociales bajo sus tres mandatos, entre 2003 y 2010, y desde 2023.

"Tenemos mucho que hacer porque la deuda con el pueblo brasileño pobre es muy grande", dijo el líder progresista ante un público multitudinario teñido de rojo.

En este sentido, el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) recordó los programas sociales que impulsó en educación y salud, y prometió implementar las escuelas de jornada completa en todo el país además de construir más universidades.

"¿Quién va a formar a más niños y niñas? (¡Lula!, gritó el público) Si ya lo saben, por favor, digan a nuestros adversarios que retiren sus candidaturas porque no tienen ninguna oportunidad", expresó el jefe de Estado.

Sin embargo, todas las encuestas prevén unas elecciones presidenciales muy reñidas entre el propio Lula y el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

De hecho, aunque en la última encuesta de este lunes Lula supera en cinco puntos a Bolsonaro, en los anteriores sondeos ambos candidatos aparecían en empate técnico.

Muy por detrás aparecen el escritor de libros de autoayuda Augusto Cury, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el agitador ultra Renan Santos, todos ellos con menos de un 5 % de las intenciones de voto.

En su discurso, Lula comparó su mandato con la administración de Jair Bolsonaro, condenado y en prisión domiciliaria por golpismo: "Mientras el otro gobierno distribuyó un millón de armas, yo distribuí 213 millones de libros didácticos para nuestros pequeños".

Asimismo, prometió emprender una reforma política y otra judicial si gana en las urnas y, en este sentido, pidió a sus simpatizantes votar también a candidatos a diputado y senador afines a su causa.

En clave local, Lula se comprometió a no impulsar obras de dragado para transportar carga sobre el río amazónico de Tapajós, un proyecto que se paró tras la movilización de los pueblos indígenas de la región.

No obstante, prometió terminar de asfaltar la parte final de una carretera que atraviesa el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía, bioma altamente presionado por el avance de la deforestación, la minería ilegal y el crimen organizado.

Wang expresó su deseo de que la asociación impulse a Tokio a "tomar la decisión correcta", en alusión indirecta a las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien afirmó en noviembre de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa, lo que tensó los lazos entre ambos países.

"Las relaciones bilaterales atraviesan de nuevo una situación grave y necesitan volver a normalizarse", estimó el canciller chino este lunes, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.

Wang precisó que, para Japón, es "urgente" rectificar sus palabras y hechos sobre Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín, al tiempo que señaló a la asociación como una de las organizaciones amistosas civiles que, desde su fundación, ha trabajado por la amistad chino-japonesa.

Iwaya, por su parte, afirmó que la situación actual de las relaciones entre Japón y China es "motivo de preocupación" y que la asociación seguirá trabajando para que los lazos bilaterales vuelvan al "espíritu original", según el comunicado chino.

La delegación, de unos cincuenta miembros entre los que se encuentran directivos de empresas, partió hacia China el domingo con el objetivo de reparar los vínculos con el país vecino.

"Es importante encontrar la manera de mejorar (las relaciones) a través del diálogo, especialmente cuando atraviesan un momento difícil", aseguró desde el aeropuerto Iwaya a los medios.

Desde las declaraciones de Takaichi a finales de 2025, Pekín respondió con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago.

"Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada (de EE.UU. en Bogotá) y ante el mismo Gobierno de los Estados Unidos para que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión", expresó Peralta en un video publicado en redes sociales.

En junio pasado, la senadora opositora compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La senadora, que hace parte de la comunidad indígena wayúu, del norte del país, es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dentro del entramado de corrupción que salpicó a la UNGRD, una entidad que, según la Fiscalía y los testimonios de exdirectivos de la entidad, desvió millonarios recursos públicos mediante la adjudicación irregular de contratos.

"En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en redes sociales. Confío en que esas versiones no se confundan con hechos probados", expresó hoy Peralta.

El Departamento de Estado, por su parte, señaló que revocó los visados de Peralta y otros altos funcionarios de Bolivia y Perú, a los que acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".

Además de Peralta, la medida aplica también para el empresario Eucluides Antonio Torres, quien fue uno de los financiadores de la campaña presidencial que llevó al izquierdista Gustavo Petro al poder en 2022.

"El mensaje del presidente Trump y del secretario (Marco) Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos", concluyó el comunicado del Departamento de Estado.

Al respecto, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló que "la lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera" con la que están comprometidos su país y Estados Unidos.

"Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria", añadió De la Espriella sobre la decisión de EE.UU.

En una entrevista con Fox News, Rubio evitó identificar al actor extranjero y dijo que no podía revelar más detalles sobre su posible implicación, aunque aseguró que Estados Unidos colaboró estrechamente con las autoridades británicas para detener a los sospechosos.

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de la base de Fairford, en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, donde la Policía antiterrorista investiga un posible ataque con explosivos.

La base de Fairford adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara su uso para acciones estadounidenses de "carácter defensivo" contra instalaciones de misiles iraníes.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió el arresto de cinco personas en el Reino Unido que presuntamente planeaban el ataque.

"Intercambiamos sobre la histórica relación entre la Santa Sede y Cuba", señaló en las redes sociales el jefe de la diplomacia de la isla sobre el encuentro con el cardenal estadounidense.

"Hablamos sobre el duro impacto en el pueblo cubano del bloqueo económico, el cerco energético y la intimidación del gobierno de EE.UU. hacia terceros países, para asfixiar la economía de nuestro país", añadió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla en su mensaje.

Rodríguez se reunió el pasado 28 de febrero en El Vaticano con el papa León XIV, quien había pedido "diálogo sincero y eficaz" a La Habana y Washington, a raíz de la escalada de tensiones entre ambos gobiernos.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

Esa situación se ha agravado a partir de enero con una crisis energética por el impacto del cerco petrolero aplicado por Washington a lo que se han sumado desde mayo, una serie sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y dirigidas a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.

En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB), la peor contracción económica de la región, a lo que se sumaría el desplome acumulado de más de un 15 % entre 2020 y 2025.

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito de Los Olivos inició la investigación "contra los que resulten responsables del presunto delito de extorsión con subsecuente muerte" del chofer, identificado como Pedro Herrera, de 34 años.

El Ministerio Público detalló que Herrera "falleció luego de que sujetos en proceso de identificación incendiaron su miniván mientras descansaba en su interior, en inmediaciones del paradero Primera de Pro, distrito de Los Olivos".

Además agregó que el fiscal provincial Dimas Lázaro llegó al lugar del atentado para dirigir las pericias y ordenar el levantamiento del cadáver junto al médico legista, para su traslado a la Morgue Central de Lima.

También dispuso que la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP) tome las declaraciones de familiares y testigos, el protocolo de necropsia, el registro de las cámaras de seguridad y realice las pericias e inspecciones técnicas del caso, entre otras diligencias para identificar y ubicar a los atacantes.

El Ministerio Público remarcó que todas estas acciones buscan cumplir con su "compromiso de investigar con firmeza los delitos de extorsión y garantizar justicia para las víctimas".

Medios locales informaron que el ataque se produjo durante la madrugada de este lunes, cuando un grupo de sujetos rompió el parabrisas posterior de la miniván en la que Herrera descansaba y arrojó una bomba molotov que produjo el rápido incendio del vehículo sin que el chofer pudiera escapar.

Tras el ataque se informó que el vehículo era utilizado para el servicio de transporte público, mientras que otros choferes de la zona declararon que desde inicios de este año son amenazados por una banda conocida como 'Los mexicanos', que le exige a cada uno el pago semanal de 40 soles (unos 11,7 dólares).

La participación de Feathers en el incidente ocurrido el pasado 7 de julio en Houston (Texas) también fue corroborada por documentos que fueron publicados por error por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Otros documentos obtenidos por el periódico texano indicaron que Feathers llamó a los servicios de emergencia y lo señalan como uno de los dos agentes que efectuaron el arresto tras la persecución mortal.

Uno de los inmigrantes que viajaba junto a Salgado Araujo identificó al oficial como la persona que disparó contra el inmigrante mexicano, según el diario.

Feathers fue recontratado por ICE recientemente tras haberse jubilado previamente de la agencia, según las fuentes. Actualmente Feathers no enfrenta ningún cargo por la muerte del mexicano.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó las contrataciones de agentes de ICE para impulsar su campaña de deportaciones, que busca la expulsión al menos de al menos un millón de inmigrantes en un año.

Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria.

Era padre de tres hijos y se dirigía al trabajo con su hermano y otros dos compañeros cuando los agentes interceptaron el vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido que el agente disparó en legítima defensa porque alegó que Salgado intentó arrollarlo.

Pero los tres trabajadores que viajaban con él han negado estos hechos. La fiscalía del condado de Harris en Houston (Texas) abrió una investigación sobre la muerte de Salgado.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en un comunicado que la medida elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece las normas aprobadas durante el primer mandato de Trump, que el Gobierno lleva aplicando desde enero de 2025.

La norma de Biden, aprobada en 2024, interpretó por primera vez de forma explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género.

La regulación protegía así a estudiantes y empleados de centros educativos financiados con fondos federales frente a ese tipo de discriminación.

El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben financiación federal.

La regulación de 2024 también amplió la definición de acoso basado en el sexo para incluir, entre otras conductas, el acoso por orientación sexual o identidad de género, además de agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso.

Con la decisión anunciada este lunes, el Departamento de Educación vuelve formalmente a las normas de 2020, que establecían una definición más limitada del acoso sexual y mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados.

De acuerdo con medios locales, el cambio es limitado porque el Gobierno de Trump ya había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025, después de que varios tribunales las bloquearan y posteriormente las anularan.

Rojas fue acusado el año pasado por un gran jurado en el Distrito Sur de California, que le imputó cargos por conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

La jueza Marilyn L. Huff le instruyó este lunes los cargos y le fijó la próxima audiencia para el 19 de octubre.

Rojas, extraditado el viernes pasado, permanecerá detenido.

Según la Fiscalía de EE.UU., el colombiano conspiró para distribuir cocaína en Colombia y Ecuador, con la intención de que fuera enviada a los Estados Unidos.

Asimismo, se le acusa de proporcionar recursos económicos a personas y organizaciones que, según él sabía, participaban en actividades terroristas, según se lee en la acusación a la que tuvo acceso EFE.

La Fiscalía estadounidense asegura que Rojas actuó como portavoz y líder de Comandos de la Frontera, una organización con aproximadamente 1.000 miembros que opera en el suroeste de Colombia como parte de la Segunda Marquetalia, una organización formada por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se rearmaron y retomaron la lucha armada tras el acuerdo de paz de 2016 entre Colombia y las FARC.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como organización terrorista extranjera en diciembre de 2021.

“Bajo el liderazgo de Rojas, los Comandos de la Frontera utilizaron armas y violencia para mantener el control territorial en zonas rurales del suroeste de Colombia. Esta área, que incluye el departamento colombiano de Putumayo, es una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia”, se lee en la acusación.

Rojas estaba preso en Bogotá desde 2025, cuando fue detenido por una circular roja de la Interpol, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella firmó su extradición a EE.UU. el mes pasado junto con las de otros cuatro miembros de grupos armados que fueron negociadores durante los diálogos que llevó a cabo el Gobierno antecesor con el objetivo de alcanzar la llamada paz total.

Si es encontrado culpable por los cargos que se le acusan enfrentaría una pena mínima obligatoria de 30 años.

Izurieta estuvo al frente de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia desde noviembre de 2023, cuando Noboa asumió su primer mandato, hasta abril de 2024.

La salida de Izurieta de la cartera de Comunicación se produjo en medio de la crisis energética que atravesaba Ecuador en ese momento y fue reemplazado por Irene Vélez, quien sigue en funciones.

Posteriormente, el exsecretario asumió como director suplente de Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Izurieta reemplazará en el cargo a Galo Yépez Holguín, quien había sido nombrado como embajador en agosto de 2021, durante el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

De acuerdo con el decreto firmado por Noboa, el pasado 22 de septiembre, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú comunicó que el Gobierno había otorgado el beneplácito para la designación de Roberto Izurieta Canova como embajador.

La designación de Izurieta se da en medio de una serie de cambios que Noboa hizo en su Gabinete ministerial en las últimas horas, que incluyó la salida de la ministra de Desarrollo Económico, Sariha Moya; y el cambio de la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, una de sus funcionarias más cercanas, hacia el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Desde 2025 Ramírez había asumido el cargo de viceministra del Servicio Público del Gobierno.

Gellibert, una de las funcionarias más cercanas a Noboa, pasó a ocupar el puesto en el IESS que en la mañana de hoy dejó Bernardo Cordovez, designado por el presidente como nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo, tras la salida de la titular Sariha Moya.

La reducción implicó la fusión de ocho ministerios y secretarías, como parte de un "proceso de optimización institucional" que se sumó a otras reformas económicas impopulares que ha realizado el mandatario con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Los nuevos cambios fueron oficializados por el mandatario en dos decretos ejecutivos firmados por el mismo Noboa.

Antes de ser ministra de Trabajo, Gellibert fue secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, también durante este Gobierno y será quien presidirá Consejo Directivo del IESS es quien preside el organismo.

El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que, junto al titular de la cámara baja, Roberto Castro, hicieron una solicitud al Ministerio de Exteriores para que, "por los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el secretario de Estado de Estados Unidos toda la información oficial disponible sobre estos señalamientos" contra Mariaca.

"Necesitamos conocer su alcance y contar con los documentos y antecedentes que puedan ser proporcionados al Estado boliviano", sostuvo Ávila en una declaración a los medios ofrecida junto a Castro.

El senador oficialista señaló que las acusaciones hechas desde EE.UU. contra el fiscal general y otros funcionarios y exfuncionarios "exigen una respuesta seria" y que la "gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad".

"Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas", indicó Ávila y agregó que se pidió al vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que convoque "con carácter de urgencia" a una sesión parlamentaria para abordar este asunto.

También consideró "necesario" que Mariaca "se aparte del ejercicio de sus funciones" mientras se aclaren las acusaciones en su contra, "en resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia, la justicia y la transparencia de las investigaciones".

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que una vez que la Cancillería obtenga la información solicitada a EE.UU., "corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determine con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan".

"Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde aclararlo igualmente ante el país", manifestó Castro.

El Gobierno de Donald Trump revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".

En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional "por su participación en casos de corrupción graves".

Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".

El juez Kassio Nunes Marques, presidente del TSE, órgano que supervisa el proceso electoral brasileño, envió este lunes una circular al jefe del Supremo, Luiz Edson Fachin, para denunciar una invasión de competencias por parte de la más alta corte del país y pedir medidas al respecto.

La polémica gira en torno a un fallo del magistrado André Mendonça dentro del TSE, en el que ordenó eliminar una publicación en redes sociales del humorista Antonio Tabet.

En el mensaje atacaba de manera implícita a Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y principal adversario electoral del actual presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La familia miliciana odia tanto a las mujeres negras, que decidió atacar a Nuestra Señora Aparecida", dijo el humorista junto a una imagen religiosa.

En los últimos días ha circulado como la pólvora una 'fake news' que aseguraba que Flávio Bolsonaro despojaría del título de patrona del país a la Virgen de Aparecida, si ganara en las urnas.

El senador ha negado con vehemencia cualquier tipo de cambio en ese sentido y denunció lo sucedido ante el TSE, logrando la decisión favorable del juez André Mendonça para retirar el contenido.

Con todo, el domingo, el juez del Supremo Flávio Dino tumbó el fallo de Mendonça y ordenó reactivar la publicación del humorista, amparada en su opinión en la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Esto provocó la reacción del presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, quien expresó su preocupación por "los reiterados episodios de indebida superposición de competencias y de violación del principio del juez natural en el ámbito del Supremo, que han venido impactando directamente en la conducción de las elecciones".

Nunes Marques afirmó que decisiones monocráticas, como la dictada por Flávio Dino, "fragilizan la unidad de mando necesaria para la conducción del proceso electoral".

Frente a esto, y para despejar cualquier duda, Flávio Bolsonaro alzó este lunes una figura de Nuestra Señora Aparecida durante una marcha en el centro de São Paulo.

Pero el lío judicial continúa. Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula, decidió llevar el caso al plenario del Supremo -compuesto hoy por diez magistrados, entre ellos Mendonça y Nunes Marques, y una vacante- con el fin de tomar una decisión final.

Este nuevo embate se produce en medio de la grave crisis abierta en el Supremo después de que varios de sus jueces se vieran salpicados por su proximidad con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

Esto ha provocado una guerra interna entre los magistrados de la más alta instancia judicial del país, que se han llegado a insultar públicamente por la forma de conducir la investigación.

El llamado escándalo del Banco Master, que controlaba Vorcaro, ha eclipsado el pleito electoral en Brasil, que se perfila como un pulso entre el presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro, quienes aparecen empatados técnicamente en los últimos sondeos.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp, y un amigo, pero es la única que recibió la pena capital como castigo.

Shipp, quien entonces tenía 17 años y la ley lo protegía de la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua.

A Slemmer la torturaron y asesinaron de manera despiadada con un arma blanca, cuando Pike tenía 18 años.

"Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón", señaló la condenada en una grabación de audio sin editar, compartida por sus abogados al diario The New York Times.

"Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", afirmó Pike al diario.

Algunos expertos cuestionan si Pike sería sentenciada hoy a la pena capital, ya que el abandono y el abuso sexual y físico que sufrió en su infancia no fueron presentados durante el juicio, tema que ahora organizaciones defensoras piden a los jueces y jurados consideren en la sentencia.

"Christa Pike probablemente no sería sentenciada a muerte si fuera juzgada hoy. Mucho ha cambiado", dijo al Times Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

A principios de septiembre expertos de la ONU pidieron a EE.UU y a las autoridades de Tennesse que detuvieran "de inmediato" la ejecución y conmutaran la sentencia de Pike, al recordar que vivió abusos en su infancia y sufrimiento físico y psicológico en el corredor de la muerte.

Mientras esperaba en aislamiento su ejecución, la mujer fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, que según sus abogados contribuyeron a su estado mental durante el asesinato.

Por su parte, Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña de recaudación de firmas para pedir al gobernador del estado, Bill Lee, que detenga la ejecución y le otorgue un indulto.

"Hoy estamos encantados de anunciar que Mesabi Metallics construirá la mayor planta siderúrgica de la historia de Estados Unidos", dijo Trump durante el anuncio en el Despacho Oval, donde aseguró que será también "una de las mayores plantas del mundo".

El mandatario atribuyó además la inversión a su política arancelaria: "Todo el mundo está construyendo su planta aquí porque no quieren pagar aranceles".

Según la Casa Blanca, la planta tendrá una capacidad inicial de 7,5 millones de toneladas de acero al año y podrá alcanzar los 10 millones cuando esté completamente desarrollada, un volumen equivalente a aproximadamente una décima parte de toda la producción siderúrgica estadounidense del año pasado.

El proyecto generará 1.750 empleos permanentes en Iowa y hasta 6.000 puestos durante la construcción, mientras que la Administración calcula que aportará 95.000 millones de dólares a la economía estadounidense durante la próxima década.

La planta se levantará en el este de Iowa y utilizará mineral de hierro procedente de una mina que Mesabi Metallics está desarrollando en Minesota.

El anuncio se produce a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que Iowa afronta varias contiendas competitivas.

Trump estuvo acompañado en la Casa Blanca por varios republicanos del estado, entre ellos la congresista Ashley Hinson, candidata al Senado, y dijo que viajará próximamente a Iowa para participar en un acto de apoyo a los candidatos republicanos.

'La Virgen de la Tosquera' es una película de terror sobrenatural basada en los cuentos 'El carrito' y 'La virgen de la tosquera' de la célebre escritora argentina Mariana Enríquez, ambos incluidos en la colección 'Los peligros de fumar en la cama'.

Protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas y Agustín Sosa, esta coproducción internacional argentino-mexicana-española, sigue a Natalia, una adolescente a la que su abuela introduce en la magia negra.

La cinta dirigida por Laura Bernabé y escrita por Benjamín Naishtat, estrenada en 2025, fue seleccionada para competir por una nominación en la categoría mejor película internacional del prestigioso galardón de la Academia de Cine estadounidense.

A principios de septiembre, 'La virgen de la tosquera' ya había sido elegida para representar a Argentina en la categoría de mejor película iberoamericana de los Premios Goya 2027.

La organización argentina había considerado otras tres producciones: 'El Partido', dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, 'Nuestra Tierra', dirigida por Lucrecia Martel, y 'Parque Lezama', dirigida por Juan José Campanella.

El año paado, la película preseleccionada para los Óscar fue 'Belén', de Dolores Fonzi, mientras que la última efectivamente nominada fue 'Argentina, 1985' de Santiago Mitre, en 2023.

En la historia de la Academia estadounidense, dos películas argentinas se hicieron del galardón: 'La historia oficial' de Luis Puenzo, en 1986, y 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella, en 2010.

La 99ª edición de los premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027.

Según el comunicado difundido por las autoridades, los tripulantes del buque 'Tripiti' informaron al mediodía a los operadores del Sector San Juan de la Guardia Costera del rescate inicial de cuatro personas que se encontraban en el agua quienes estimaban que aún había unas sesenta personas a bordo de la embarcación.

Los guardacostas continúan con las labores de búsqueda y rescate para hallar a los más de 15 desaparecidos en accidente.

De acuerdo a la Guardia Costera, la embarcación improvisada volcó el domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), después de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

Ninguno de los tripulantes llevaba chalecos salvavidas.

Isla de Mona está situada en el canal homónimo, que separa a Puerto Rico de República Dominicana, una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU.

A través de X, VV aseguró que Sánchez fue trasladada de emergencia desde el Centro de Reclusión La Crisálida, un penal en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), hasta un hospital público "debido a una obstrucción intestinal severa, que la llevó a la muerte".

"Lo ocurrido es una situación muy grave que no puede permanecer impune y por la cual seguimos luchando cada vez con más firmeza", protestó VV.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que Sánchez fue funcionaria del Ministerio para el Servicio Penitenciario y directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio en Guárico.

Asimismo, aseguró que "llevaba varios días con problemas de salud y había solicitado ser trasladada a un centro asistencial, pero sus súplicas fueron ignoradas hasta que su condición se volvió crítica".

"No fue hasta este domingo 27 de septiembre que fue trasladada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de (la localidad de) Los Teques, donde su condición requería una cirugía de emergencia", afirmó la organización.

En este contexto, la ONG insistió que las autoridades tienen la "obligación jurídica y moral de garantizar la vida, integridad y salud de toda persona bajo su custodia porque privar de libertad no puede significar, bajo ninguna circunstancia, una condena implícita a la tortura por denegación de auxilio ni a la muerte por abandono".

En diciembre de 2024, la Fiscalía informó sobre el arresto de Sánchez y afirmó que sostenía "una relación sentimental" con un recluso del centro penitenciario que ella dirigía y era integrante de una banda delictiva.

Además, indicó entonces que esta presunta relación "servía para introducir teléfonos celulares, armas de fuego, y drogas al centro penitenciario".

En diciembre de 2025, luego del fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia denunciaron un total de siete muertes de presos políticos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, que derivaron en una crisis luego de que el ente electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador y la oposición tildara esta victoria de fraudulenta.

Entre las causas de las muertes, Machado y González Urrutia aseguraron entonces que se debían a la "negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes", por lo que pidieron justicia para "cada una de las víctimas".

La acción policial apuntó a desarticular la aparición de una célula de esta organización, una de las bandas criminales más poderosas que opera en 28 países y que surgió en una cárcel de Sao Paulo en 1993, dedicada al narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

El PCC está incluida en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde mayo pasado, como una organización terrorista extranjera.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó, durante la madrugada de este lunes, allanamientos en comunas desde Arica a Lebu, que abarcan once de las 16 regiones del país, para concretar un proceso de investigación de dos años que cierra con veinte detenciones vinculadas a esta organización.

Trece de los involucrados ya cumplen condenas en cárceles chilenas por los delitos señalados, en tanto que en el operativo de captura de las estas siete se encontraron armas de alto calibre.

Uno de los sujetos identificados que pertenece a esta célula -y que sigue prófugo- participó del asesinato de un carabinero, el pasado 27 de agosto, según las pesquisas.

Las siete personas detenidas serán puestas a disposición del Ministerio Público por diversos delitos relacionados, mientras que en los casos de los que ya cumplían condena, podrían enfrentar una reformalización.

El ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, destacó la "cooperación internacional" de organismos como la DEA, el FBI, y la Policía Federal de Brasil en el intercambio de información para la investigación.

"La cooperación internacional con la DEA ha permitido identificar a sujetos que se estaban posicionando acá en Chile, como miembros de una estructura criminal", dijo a la prensa chilena el subprefecto Pablo Godoy, Jefe de la Brigada Antinarcóticos Sur.

La presencia en Chile de Primeiro Comando da Capital se detectó en 2022, cuando la policía brasileña encontró rastros de los vínculos en la incautación de teléfonos donde aparecían números de contactos chilenos y antecedentes de que habrían fichado a personas para sumarse al clan para expandirse en Chile.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto foco en la lucha contra el crimen organizado, luego de que en la última década el país pasó de ser uno de los más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales transnacionales.

El mandatario ultraderechista hizo un llamado este lunes a sectores políticos de oposición para establecer acuerdos en torno a su reforma de seguridad para combatir al crimen organizado, un texto que recibió críticas transversales y que podría retirar del Senado para replantearla con el consenso de la oposición.

La organización difundió el dato en un comunicado con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra este martes, 29 de septiembre.

"Todo alimento que se pierde representa una oportunidad desperdiciada", señaló la directora ejecutiva de la ONG, Julina Staffeld. Según ella, recuperar comida permite reducir el impacto ambiental del desperdicio y alimentar a personas vulnerables.

El Banco de Alimentos RD señaló que trabaja en la recuperación de productos que, de otro modo, serían descartados, para posteriormente canalizarlos hacia instituciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

La organización indicó que, de acuerdo con recomendaciones sobre donación de alimentos para República Dominicana elaboradas junto con la Red Global de Bancos de Alimentos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, el país tiene oportunidades para fortalecer los mecanismos destinados a facilitar la recuperación y donación de alimentos.

También, consideró que el establecimiento de políticas públicas y marcos regulatorios favorables, así como una mayor sensibilización del sector empresarial, podrían contribuir a aumentar el volumen de alimentos recuperados y reducir el desperdicio.

La organización llamó a productores, supermercados, hoteles, restaurantes, empresas, consumidores y autoridades a participar en iniciativas de recuperación y donación de alimentos.

En la marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Yeya, una joven mexicana siente "coraje" al ver una movilización reducida, de menos de cien personas, y "miedo" ante la posibilidad de que ella y sus amigas pierdan los derechos por los que las mujeres han luchado durante casi 100 años.

"Es lamentable ver cómo la ultraderecha ha ganado en Latinoamérica, la verdad tengo miedo, porque creo que México y Brasil han sobrevivido hasta ahorita, pero en cualquier momento me pueden quitar mis derechos, el de mis compañeras, el de mis amigas", afirmó a EFE Yeya, quien reservó su identidad por seguridad.

Las pocas contingentes de esta movilización resisten en un país donde 7 de sus 32 entidades aún penalizan el aborto, pese a que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el derecho a decidir y ordenó al Congreso federal eliminar el delito de aborto del Código Penal, esto último aún está pendiente.

Frente a las delgadas filas, que marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, Yeya consideró que es momento de preguntar y escuchar a "nuestras madres, abuelas y bisabuelas", y así dimensionar lo que significa no contar con este derecho todavía "satanizado".

"(En mi caso) hubiera preferido que mi abuelita o mi bisabuela hubieran tenido la oportunidad de abortar antes que nacer, la verdad, porque estoy segura de que todas ellas tuvieron sueños y metas", reconoció la joven.

La médica general Lucero Sánchez, integrante de la colectiva Médica Verde Violeta, coincidió con Yeya en que aún no hay ninguna batalla ganada y advirtió que, lamentablemente, en su gremio hay mucho personal que rechaza o se niega a realizar interrupciones legales del embarazo (ILE) en la capital mexicana y otras partes del país.

Detalló también que las negativas aumentan cuando se trata de embarazos infantiles, ya que muchas veces prevalece el argumento de que el aborto es un "procedimiento inseguro" para las menores.

"Hay lineamientos internacionales que especifican la seguridad de estos procedimientos, incluso más allá de llevar a término un embarazo a esa edad. Todavía hay mucho desconocimiento y en México hay mucho retraso", subrayó.

Durante 2025, México registró 85.357 embarazos en menores de 17 años, y 5.876 corresponden a niñas de 10 a 14 años de edad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cuanto al rezago médico, Sánchez precisó que apenas desde hace dos años se habla en el país de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) como un método ambulatorio seguro, algo preocupante en México, donde todavía predomina el legrado uterino, que consiste en una limpieza mediante un instrumento metálico que raspa las paredes del útero.

"Todavía hay mucho camino y hoy somos poquitas, pero somos. Las que estamos vamos a seguir luchando y gritando por tener esos derechos no solo para nosotras, sino para todas", exclamó Sánchez en representación de su colectivo conformado por más de 200 mujeres.

El debate y la posterior lucha por la interrupción legal del embarazo en México se remontan a 1936, cuando la cubana Ofelia Domínguez Navarro planteó por primera vez en el texto 'El aborto por causas sociales y económicas' la necesidad de reconocer este derecho como un asunto de salud pública y de equidad entre mujeres de distintas clases sociales.

El llamado del Parlamento a Pérez Mackenna es el primero realizado a un ministro de Relaciones Exteriores en Chile desde que se instauró este instrumento fiscalizador en 2005, instancia que es obligatoria y que no es vinculante ni genera la destitución inmediata o censura del cargo.

La relación de Chile con Estados Unidos fue el tema principal dentro de un abanico de nueve temas planteados por el diputado del Partido Socialista Nelson Venegas, que asumió el rol de interpelador en la Cámara Baja, en un intercambio que estuvo marcado por varios momentos de tensión entre ambas autoridades y donde el canciller apeló a la reserva de información.

Venegas recalcó que el canciller "nunca ha dicho por qué le conviene participar a Chile de la dimensión económica y política" del Escudo de las Américas y le exigió: "Explíquele a Chile".

Durante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, Kast confirmó el pasado martes en Nueva York el ingreso de Chile al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional.

"Si usted revisa la declaración conjunta sobre la defensa que es el Escudo de las Américas, descubrirá en la parte económica dos elementos fundamentales: para combatir al crimen organizado transnacional hay que seguir la ruta del dinero, saber quién invierte en Chile", respondió Pérez Mackenna en una intervención que no pudo concluir por falta de tiempo.

"Qué curioso que cuando EE.UU va a buscar democracia, encuentra petróleo, y cuando va a buscar seguridad, encuentra minerales críticos (...) Hoy el Escudo de las Américas es una alianza para la hegemonía económica de EEUU", subrayó el diputado interpelador.

Al cierre de la sesión, la Cámara aprobó solicitar al presidente José Antonio Kast antecedentes sobre el ingreso de Chile al Escudo de las Américas.

Respecto a los cuestionamientos por las intervenciones del embajador estadounidense Brandon Judd en política interna, Pérez Mackenna subrayó que "ningún embajador extranjero define lo que se hace en Chile".

"Mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida con todas nuestras fuerzas", agregó.

Venegas también emplazó al canciller para referirse a la polémica con Argentina respecto del estrecho de Magallanes, corredor navegable en el extremo austral del país al que un alto militar argentino se refirió como un espacio de "soberanía".

"El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matiz alguno aquí. No es la posición de un gobierno, es la posición de Chile desde el siglo XIX", respondió el ministro.

Tras abandonar el hemiciclo y cerrar la cita que se extendió por cerca de dos horas, Pérez Mackenna dio una rueda de prensa en el que describió la interpelación como una "actividad republicana" y una "gran oportunidad para explicar cómo defiende la Cancillería los intereses de Chile".

Respecto del Escudo de las Américas, enfatizó que "Chile no se obliga a nada" y que se trata de una "declaración política, no de un tratado".

Venegas, por su parte, acusó al ministro de "faltar a la verdad" y que si de él dependiera "le pediría la renuncia".

"Hoy solicitamos al Fondo Monetario Internacional adelantar la misión de su equipo técnico para que haga una evaluación independiente del estado de la economía y de los planes de Gobierno", expresó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en una declaración.

El alto funcionario señaló que con esto apelan al Artículo IV del convenio constitutivo del FMI, que indica que este organismo mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros todos los años para recabar información económica y financiera y analizar con las autoridades la evolución del país y sus políticas económicas.

Gómez señaló que este es "un instrumento clave para anclar la confianza" con el Fondo Monetario Internacional.

"La consulta del Artículo IV es un primer paso en el relacionamiento renovado con el Fondo Monetario Internacional y es importante en el proceso de buscar aliados y caminos para enfrentar la crítica situación actual fiscal, también nos permitirá intensificar el diálogo sobre las nuevas formas de colaboración con esa y otras entidades multilaterales", añadió.

En una alocución el domingo, el presidente De la Espriella pintó un panorama más bien sombrío de las cuentas públicas. "Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que "los ingresos (del Estado) son menores que el pago de su deuda y su funcionamiento".

El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios de la pandemia): el 6,7 % de 2024. Lo que sí se ha ido incrementando es su valor absoluto, que el año pasado se elevó hasta los 114.500 billones de pesos (34,6 billones de dólares).

El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República.

El Gobierno colombiano no había planteado ante la opinión pública la opción del FMI en los casi dos meses que lleva al frente del país y, de hecho, el ministro Gómez había descartado esta opción y abogado por otras medidas, como la austeridad.

Julio Camacho, jefe policial de Azuay, explicó que recibieron la alerta alrededor de las 3:00 de la madrugada (8:00 GMT) y que, tras conocerse la fuga, activaron los protocolos de seguridad y un operativo de búsqueda.

"Hasta este momento las unidades especializadas se encuentran realizando un mapeo y recorrido de todos los exteriores y se ha coordinado con otras provincias y subzonas a fin de dar con la localización", señaló.

Añadió que los presos compartían la misma celda, uno de ellos estaba en prisión por un delito de narcotráfico y el otro por robo. Ambos se encontraban en la celda 52 de la zona de mínima seguridad.

Además, Camacho indicó que los presos habían forzado una ventana de la celda y utilizado varias sábanas atadas a modo de cuerda para bajar.

La búsqueda se realiza también en los barrios donde residen los familiares de los hombres fugados, agregó el jefe policial.

La Policía activó el Plan de Recompensas y difundió en redes sociales un cartel con la cara de los presos en el que pedía información para dar con su paradero y poder recapturarlos.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 3,15 %, hasta los 122.969.383,02 puntos.

Todas las líderes cerraron con sus acciones en negativo. Las que más bajaron fueron Transportadora de Gas del Norte (-7,15 %), Telecom Argentina (-7 %) y Ecogas Inversiones (-6,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos retrocedieron en promedio un 1,7 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 628 puntos básicos, su máximo nivel en cinco meses.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.545 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista disminuyó el 0,1 %, a 1.524,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió cinco pesos, a 1.565 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 1,6 %, a 1.624,25 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, hasta los 1.555,31 pesos por unidad.

El plantón, que se replicó en otras ciudades del país, tuvo lugar frente al Museo Nacional de la capital colombiana, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

"Son días complejos por un Gobierno que está en contra de los derechos de las mujeres, contra el aborto y contra muchos temas. Son tiempos donde tenemos que seguir luchando, organizándonos y defendiendo estos derechos en el marco de la democracia", dijo a EFE la directora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Sandra Mazo.

Con pancartas, cánticos y presentaciones culturales, las manifestantes recordaron que a pesar del fallo favorable de la Corte Constitucional en 2022, aún hay obstáculos administrativos, geográficos y sociales que impiden a mujeres rurales, indígenas, migrantes, hombres trans y personas no binarias acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en condiciones de igualdad.

En la acción, las manifestantes expresaron su preocupación con la postura del Gobierno de De Espriella, quien manifestó en varias oportunidades su rechazo al aborto.

"No podemos permitir que la ultraderecha fascista avance (...) No deberíamos estar explicando por qué no pueden atacar nuestros derechos, aunque ocupen puestos de elección popular", gritaron en coro varias mujeres.

Las asistentes apuntaron con insultos contra el presidente colombiano, a quien le recordaron que "no puede quitar el derecho al aborto porque está despenalizado" en la Constitución.

La sentencia C-055 de 2022 eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y mantuvo, después de ese plazo, las tres causales vigentes desde 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violencia sexual o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

El plantón contó con un espacio llamado 'El muro de las liberaciones' en el que ofrecieron información legal sobre los derechos de las mujeres, apoyo psicológico e impulsaron el arte como "forma de resistir".

De acuerdo con un informe de la ONG feminista Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre febrero de 2022 y febrero de 2025 la organización acompañó 1.569 casos de mujeres que enfrentaron barreras para acceder al aborto, 420 de ellas en Bogotá.

Además, el documento apunta que aún existen amenazas en contra, como el proyecto 340 del Concejo de Bogotá, que busca "imponer consultas psicológicas obligatorias y otras trabas que vulneran la autonomía de las mujeres".

Asimismo, a finales de julio un grupo de congresistas de Salvación Nacional, el Partido Conservador y el Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el aborto en Colombia mediante una reforma al artículo 11 de la Constitución Política.

"No tenemos miedo por más medidas autoritarias que tenga este Gobierno. Esto es una democracia. Como ganamos la sentencia, hay que seguir defendiéndola", apuntó Mazo.

"Todavía existe una idea profundamente arraigada de que para que un niño respete hay que hacerlo sentir miedo. El reto es demostrar, desde la familia, la escuela y la comunidad, que poner límites y ejercer autoridad no significa recurrir a la violencia”, dijo el representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera.

En un comunicado emitido con motivo de la conmemoración el 29 de septiembre del Día Nacional de los Derechos de la Niñez en la República Dominicana, Unicef citó datos de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025, que indican que el 54,9 % de los niños de entre 1 y 14 años del país experimentó algún método violento, pese a que solo el 12,1 % de las personas cuidadoras considera necesario el castigo físico para criar o educar.

El porcentaje de niños que experimentó algún método violento de disciplina alcanza su nivel más alto entre los de 3 y 4 años, con un 61,4 %. Pero la proporción es del 45,9 % entre los menores de 1 a 2 años, del 57,9 % entre los de 5 a 9 años y del 52,4 % entre los de 10 a 14 años.

Los datos indican además que el 37,9 % de los niños de 1 a 14 años experimentó algún tipo de castigo físico y el 43 % fue objeto de agresión psicológica. En concreto, el castigo físico severo alcanzó al 2,5 %, mientras que el 31,2 % experimentó únicamente métodos de disciplina no violenta.

Para Unicef, la diferencia entre la percepción de las personas cuidadoras y las prácticas de disciplina reportadas constituye un elemento relevante para comprender la persistencia de la violencia en la crianza.

En su comunicado, la organización señaló que estas prácticas pueden estar relacionadas con normas sociales, experiencias de crianza y la falta de familiaridad con alternativas no violentas para establecer límites y orientar el comportamiento infantil.

A través de un comunicado oficial del portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, Washington dejó en claro que la revocación alcanza tanto a los implicados como a sus familiares directos, aplicando la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Peña sostiene que la relación con EE.UU. “está en su mejor momento”

El pronunciamiento es parte de la concreción de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral realizada en marzo pasado y ratificados el reciente 22 de septiembre en Nueva York durante el foro de jefes de Estado del bloque “Escudo de las Américas”.

En esta primera tanda de castigos, la Casa Blanca descargó su garrote contra más de una docena de autoridades de Bolivia, encabezadas por la designación pública por corrupción del fiscal general de ese país, Roger Mariaca, además de senadores y jueces de Colombia, Ecuador y Perú.

La sombra de corruptos que rodea a Paraguay

La nómina de sancionados en este primer embate incluye a peces gordos del sistema judicial y político regional. En Bolivia se revocaron visas a fiscales superiores, jueces anticorrupción y al exministro de Justicia Iván Lima; en Colombia la medida golpeó a la senadora oficialista Martha Peralta Epieyú y al poderoso empresario Euclides Torres; mientras que en Perú fue afectado el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos.

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Las autoridades estadounidenses fundamentaron la decisión señalando que no tolerarán a funcionarios que soliciten o acepten sobornos para facilitar las operaciones del narcoterrorismo o blindar a criminales violentos.

Si bien la declaración formal no incluyó nombres de ciudadanos paraguayos en esta nómina inicial, la advertencia resuena con fuerza de trueno en las pasarelas del poder en Asunción. Paraguay es socio fundador del bloque “Escudo de las Américas”, iniciativa a la que el presidente Santiago Peña se adhirió de manera entusiasta para combatir el crimen organizado y los carteles transnacionales.

Sin embargo, nuestro país cuenta con una larga lista de políticos, legisladores y exautoridades de primera línea que ya fueron declarados “significativamente corruptos” o sancionados financieramente por Washington en los últimos años, muchos de los cuales continúan manejando hilos de poder e impunidad en el Congreso y en el sistema judicial.

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Al establecer que la restricción de visados es un “mecanismo duradero que permite actuar con rapidez a medida que se recaban pruebas”, el Departamento de Estado dejó la puerta abierta para ampliar las listas negras en cualquier momento, conforme avancen las investigaciones coordinadas entre agencias internacionales.

Guterres y Araqchí se reunieron mientras EE.UU. e Irán mantienen negociaciones indirectas sobre una propuesta iraní que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz siete días después de que se alcance un acuerdo.

El secretario general de la ONU y el ministro de Asuntos Exteriores iraní "intercambiaron opiniones sobre el conflicto en curso en la región", indicó un portavoz de la ONU.

Guterres "acogió con satisfacción los esfuerzos diplomáticos que se han estado llevando a cabo durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas y que tenían por objetivo poner fin al conflicto", señaló.

Asimismo, "instó a las partes a mantener esos esfuerzos y a resolver sus diferencias pendientes mediante negociaciones para alcanzar la paz", agregó el portavoz.

El encuentro se produjo después de que Guterres se reuniera el pasado viernes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, a quien instó a resolver el conflicto mediante el diálogo y la negociación, además de respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Poco después de esa reunión del viernes, Araqchí compareció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad para detallar el plan de siete días que Irán propuso a EE.UU. a través de mediadores de Catar.

La propuesta, que según Araqchí se basa en el memorando de entendimiento firmado por ambos países en junio, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear.

A cambio, Washington debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes, reducir la presión militar y aliviar las sanciones, según la propuesta.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó el plan este sábado, pero la agencia ISNA apunta que Araqchí mantiene conversaciones indirectas con Estados Unidos este lunes para intentar avanzar hacia una solución.

Para mantener la proporción actual de asistencia por persona mayor conforme la población envejezca, la región necesitaría elevar a 60,5 millones el número de cuidadores informales en 2050.

América Latina y el Caribe alcanzó un promedio de esperanza de vida al nacer de 74,6 años en 2024, un incremento de 2,4 años desde 2010, aunque todavía se sitúa lejos de la media de 81,3 años registrada en la OCDE.

No obstante, hay una gran disparidad regional, pues países como Chile y Costa Rica arrojan una esperanza de 81,5 y 81,1 años, respectivamente, mientras que en Haití (65,1 años) y Bolivia (68,7) es sensiblemente menor.

La necesidad de atención sanitaria no satisfecha promedia el 35 % en la región, oscilando entre el 3,2 % en Costa Rica y el 73 % en Perú.

“En el mercado de capitales se registraron pérdidas, debido a los incrementos registrados en las tasas de rendimiento de los instrumentos del Tesoro”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió especialista, el IPC de la BMV “cerró la sesión con una pérdida de 0,07 %, cayendo en tres de las últimas cuatro sesiones”.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Banregio (-1,8 %), GCC (-1,1 %), Bolsa Mexicana de Valores (-1,09 %), Arca Continental (-1,09 %) e Industrias Peñoles (-1,07 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 0,99 %, mientras retrocede un -0,74 % en el mes.

"De las 35 emisoras del índice, 20 operaron en terreno positivo y 15 registraron pérdidas", precisó, al destacar a Alsea (+2,74 %), Bimbo (+1,79 %) y ASUR (+1,32 %) por encabezar las ganancias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,34 % frente al dólar al pasar de 17,71 a 17,94 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169,6 millones de títulos por un importe de 13.695,5 millones de pesos (unos 763 millones de dólares).

De las 761 firmas que cotizaron en la jornada, 404 terminaron con sus precios al alza, 318 tuvieron pérdidas y 39 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 8,42 %; de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con 3,05 %; y de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el 2,88 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -4,83 %, de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,67 %; y de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -4,48 %.

Los rastreos telefónicos fueron posibles ya que criminales y funcionarios utilizaron de forma ilegal los teléfonos de los desaparecidos.

En conferencia de prensa para presentar los avances en la investigación, doce años después de la desaparición, el fiscal del caso, Mauricio Pazarán, explicó este lunes que el reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 nuevas personas que no habían sido investigadas.

Además, indicó que fue posible reconstruir comunicaciones entre integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y particulares durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento”, afirmó Pazarán, quien detalló que uno de esos cruces llevó a Rodolfo, un empresario funerario cuya familia también operaba el Semefo y tenía participación en el panteón municipal.

La Fiscalía mexicana estableció además que Rodolfo utilizó el 4 de octubre de 2014 el teléfono del estudiante Julio César Mondragón Fuentes, dato que reforzó la pesquisa sobre funerarias y derivó en cateos.

En la Funeraria El Ángel, las autoridades reportaron un resto óseo guardado en un cajón, un arma de fuego, documentación, un crematorio sin registro, certificados de defunción, oficios de traslado y autorizaciones de inhumación firmadas y selladas en blanco.

Posteriores búsquedas en la funeraria y el Semefo permitieron localizar 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos.

Parte del material continúa bajo análisis con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que también trabaja en el caso.

La Fiscalía relaciona estos indicios con testimonios que apuntan a que algunos jóvenes pudieron ser trasladados a funerarias, por lo que indaga como hipótesis una red utilizada por Guerreros Unidos para hacer desaparecer evidencia.

Siete personas relacionadas con esta línea están vinculadas al proceso, según las autoridades.

Otra línea de investigación prioritaria busca esclarecer si unos 17 normalistas pasaron por la comandancia de Barandilla de Iguala.

La Fiscalía reúne siete declaraciones —cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente— y el rastro del teléfono de Israel Caballero Sánchez, utilizado después de la desaparición por la esposa de un exservidor público como sus pistas principales.

Esos elementos contradicen, según el Gobierno, la versión de José Ulises Bernabé, cuya extradición ha sido solicitada a Estados Unidos y quien afirmó que aquella noche solo ingresaron seis detenidos que no eran estudiantes.

“Para el Gobierno de México, esclarecer lo ocurrido en la Barandilla es una línea de investigación prioritaria”, dijo el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.

Las pesquisas rastrearon los teléfonos de Jorge Antonio Tizapa y Jorge Aníbal Cruz, avanzaron sobre el presunto ocultamiento de videograbaciones del Palacio de Justicia y se mantienen procesos de extradición desde Estados Unidos e Israel.

"Mencionar que durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en septiembre de 2025, el tema fue abordado directamente por nuestra presidenta", mencionó respecto a las solicitudes ante Estados Unidos.

La unidad investigadora especial del caso reportó 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y 30 detenciones desde octubre de 2024.

Medina agregó que 17 militares están procesados penalmente y que las pesquisas mantienen también responsabilidades federales abiertas.

La Fiscalía dijo que ha digitalizado cerca del 90 % de cinco millones de hojas en los expedientes y que desde 2019 se han intervenido 1.931 sitios de búsqueda.

El Gobierno abrió una ruta con ONU-DH para incorporar expertos independientes, aunque rechazó que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) retome el caso.

“No vamos a bajar la guardia. Intensificaremos las búsquedas”, aseguró Medina. EFE

El mandatario apuntó -en sus redes sociales- que el encuentro sirvió para intercambiar experiencias y avanzar "en una agenda compartida de innovación, productividad y desarrollo".

Cormann arribó al país sudamericano para participar en la undécima Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, en la que se abordarán -desde este martes- diversas temáticas vinculadas a la inteligencia artificial y la productividad.

Este lunes, además de reunirse con Orsi, el secretario general de la OCDE integró el panel 'Uruguay, OCDE y BID: Cooperación, Inversión y Desarrollo', llevado a cabo en la sede del Poder Ejecutivo.

Junto a Cormann estuvieron presentes el ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi.

En diálogo con la prensa, Oddone recordó que Uruguay tiene una relación de más de veinte años con la OCDE y que participa activamente en distintos temas como educación o estudios tributarios.

Así mismo, el jefe de cartera puntualizó que en -este momento- hay tres temas que se encuentran en curso con la organización. Una de estas es la adhesión del país al Impuesto Mínimo Global, que comenzará a regir el próximo 1 de enero.

Otra es un programa al que Uruguay se vinculará con el propósito "recoger evidencia sobre relaciones laborales y productividad en la industria".

"Uruguay va a acceder a información y va volcar toda la información que tiene reunida para poder compararse en estándares internacionales", detalló Oddone.

El tercero y último ítem es un estudio económico que el país sudamericano está desarrollando con la OCDE "para indagar cuáles son las diferencias que hay entre los estándares regulatorios de Uruguay en una serie de temas que eligió y los que serían estándares que la OCDE entiende necesarios para formar parte de la organización", explicó el ministro.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, comunicó por sorpresa la decisión este domingo en una alocución sin dar detalles. Desde entonces el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, aunque probablemente el plan lleve semanas preparándose.

"He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda (Miguel Gómez) y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional", afirmó De la Espriella, quien aseguró que busca "una salida negociada a la crisis".

El presidente del centro de pensamiento económico ANIF, José Ignacio López, lo calificó de "noticia positiva" porque Colombia "necesita un ajuste fiscal y financiamiento externo más barato" y la Asociación Bancaria lo vio como un paso que "ayudará a ordenar las finanzas públicas".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, líder de la oposición, consideró que el anuncio tiene "la mayor gravedad" porque los apoyos financieros del FMI implican condiciones "nefastas para amplios sectores de la población" y van a producir "empobrecimiento".

El presidente pintó un panorama más bien sombrío de las cuentas públicas. "Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que "los ingresos (del Estado) son menores que el pago de su deuda y su funcionamiento".

El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios de la pandemia): el 6,7 % de 2024. Lo que sí se ha ido incrementando es su valor absoluto, que el año pasado se elevó hasta los 114.500 billones de pesos (34,6 billones de dólares).

El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República.

El Gobierno colombiano no había planteado ante la opinión pública la opción del FMI en los casi dos meses que lleva al frente del país y, de hecho, su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había descartado esta opción y abogado por otras medidas, como la austeridad.

Sin embargo, el Ejecutivo ya había mantenido contactos con el FMI. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, se ha reunido en dos ocasiones en los últimos tres meses con representantes de esta institución.

La primera vez fue a principios de julio, cuando recién ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la mano de De la Espriella y viajó a Washington.

La segunda tuvo lugar la semana pasada, cuando se desplazó a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Colombia, que terminó de pagar el pasado abril una Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, vuelve otra vez al grupo de países de América latina que en los últimos años han solicitado el apoyo financiero de este organismo multilateral.

En la última década han llamado a la puerta del FMI países como Argentina, Ecuador, Costa Rica y Honduras para pedir un rescate (que es un salto cualitativo con respeto a las líneas de crédito de estabilización, porque implican reformas estructurales y ajustes presupuestarios).

El caso más destacado de Colombia fue el rescate que pidió en 1999, en el Gobierno de Andrés Pastrana por unos 2.700 millones de dólares. Bogotá, a cambio, implementó un ajuste fiscal, reformas tributarias y cambios en el control del gasto público.

"Pocas veces en mi vida he visto un sector empresarial con tanto miedo. No había sentido tanta desesperanza y tanta resignación. Estoy convencida de que hay mucho que cambiar en nuestro país, y decir que hay cosas que cambiar no nos convierte en enemigos de nadie", dijo Jervis el viernes durante la ceremonia por el 90 aniversario de la CIP.

Añadió que le resultaba "incompresible" el "silencio" ante "la persecución de periodistas y el acoso a los medios de comunicación", y, de acuerdo a la prensa local, se refirió al caso de Diario Expreso, uno de los periódicos más importantes de Ecuador y cuya empresa editora, Gráficos Nacionales, fue intervenida en febrero de este año por la Superintendencia de Compañías.

Gráficos Nacionales denunció en ese entonces que estaba siendo víctima de una "persecución" en respuesta a la línea editorial crítica que Expreso tenía, y aún mantiene, hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La intervención fue rechazada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que la denominó como un "acto intimidatorio" contra el periodismo.

La líder de la CIP aseguró que ese acoso y persecución "no debería ocurrir" en "democracia". "Y, si callamos, no somos personas libres. Es más, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices", añadió en su discurso.

Jervis anunció este lunes que concluía su etapa de cuatro años al frente de la CIP y la institución señaló posteriormente en un comunicado que mantenía su "carácter gremial e independiente" y que seguiría trabajando por un "entorno que favorezca la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo del país".

La Cámara de Industrias y Producción es uno de los principales gremios empresariales de Ecuador y agrupa compañías de distintos sectores productivos del país.

El gerente regional de Educación de la Geredu de Cusco, Heraclio Valencia, expresó a la emisora local RPP que, mientras avanzan las investigaciones, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco efectúa el seguimiento administrativo.

"Absolutamente estos son hechos (tomados) todavía con mucha prudencia en el orden interno. Nosotros alegremente no podemos ventilar porque aquí de por medio inmediatamente salta a la vista el nombre de la institución educativa, el nombre de muchos menores. Nosotros tenemos el sumo cuidado", dijo Valencia.

Agregó que ante las denuncias, la Gerencia Regional de Educación (Geresa) ha solicitado un informe sobre el avance de las indagaciones administrativas sobre estos hechos.

Uno de los casos comprendería un hecho ocurrido en 2024 en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, en agravio de un menor de 14 años que habría sido agredido al interior del plantel.

Por este caso, la UGEL inició una investigación administrativa contra cuatro docentes por no haber garantizado el cuidado correspondiente.

El segundo caso que se investiga es el de un menor de ocho años de una institución educativa particular, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de adolescentes de la misma institución en 2024 y cuya familia presentó la denuncia este año.

Sobre el tercer hecho investigado, Valencia no precisó los detalles.

El funcionario agregó que se están aplicando los protocolos de atención inmediata y que se ha requerido información para completar las indagaciones y esclarecer la demora en los procesos administrativos que llevan más de un año en trámite.

Destacó que los casos son manejados con reserva para evitar la exposición de los nombres de las instituciones y, principalmente, de los menores involucrados.

La organización detalló que, de los 148 dominios restringidos, 55 son de noticias, 30 relacionados con la anticensura y herramientas de VPN para evadir bloqueos, 23 de comercio, 18 de política, nueve de pornografía, cinco de derechos humanos y cuatro de economía.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó levantar de "inmediato" las restricciones a un conjunto de plataformas bloqueadas en el país, sin detallar un número, en atención a lo acordado en el diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición que impulsa Estados Unidos.

La medida también se basó, añadió Rodríguez, en los informes recibidos del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la mandataria en enero pasado para propiciar un diálogo nacional entre varios sectores.

La orden de Rodríguez se suma a una ya anunciada el pasado 17 de septiembre, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- informó sobre el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", sin precisar un número.

El decreto que oficializó la medida fue suscrito por Fujimori en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que participaron el vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, y los ministros de Trabajo, Juan Sheput, y de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, además de otros representantes políticos.

"Hoy es un día muy especial, que sobre todo da una señal de esperanza: el Gobierno está avanzando", remarcó Fujimori tras firmar el decreto que certificó el incremento de sueldo que, según dijo, se decidió "de manera institucional".

La gobernante, que este lunes cumple dos meses de gestión, recordó que anunció el incremento del salario mínimo al asumir la jefatura de Estado, el pasado 28 de julio, y destacó que la medida fue aprobada posteriormente "por unanimidad" en el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne a representantes del gobierno, los empresarios y los sindicados de trabajadores.

La mandataria también confirmó que su Gobierno otorgará a fines de octubre, por una única vez, un bono a las microempresas que cuenten con hasta diez trabajadores, que consistirá en 100 soles (29,4 dólares) por trabajador.

"Era importante darles un bono, un respaldo, para que esta medida tenga este impulso y pueda llevarse a cabo de manera sostenible", acotó.

Tras precisar que el primer tramo del incremento del sueldo entrará en vigencia el 1 de octubre, Fujimori confirmó que se entregará un segundo monto, de 70 soles (20,5 dólares), el próximo año, cuando haya pasado el fenómeno climático de El Niño en el país.

A su turno, el ministro Sheput recordó que Fujimori había anunciado "la necesidad de cerrar brechas sociales" al iniciar su gestión y sostuvo que el planteamiento del aumento de sueldo fue tratado "de manera completamente institucional".

"Es por eso que ese aumento de la remuneración mínima vital no tiene impactos inflacionarios ni nace del populismo", dijo.

Por su parte, el ministro Cuba comentó que el Ejecutivo ha "estudiado el tema" y por ese motivo decidió otorgar el aumento en dos tramos, además del bono que plantea beneficiar a miles de pequeñas empresas en el país.

Galarreta también afirmó que el Gobierno de Fujimori tiene una "línea de cumplir las promesas", por lo que está haciendo "lo que le corresponde", pero pidió al Congreso que apruebe las facultades que han solicitado para legislar directamente en temas de seguridad ciudadana, laboral, tributaria y para enfrentar el impacto de El Niño en el país.

"Ojalá se pueda recapacitar en el Congreso, porque nosotros hemos tenemos paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento", concluyó.

Singh, quien también utiliza el nombre de Goldy Brar y otros alias, es buscado por su presunta participación en el grupo de crimen organizado Lawrence Bishnoi, vinculado con diversos actos violentos en el sur de California, así como en otras partes del país y Canadá.

La banda ha sido relacionada con múltiples asesinatos selectivos —incluido el de una destacada figura política y religiosa—, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de narcóticos y armas.

Singh, acusado de ser el líder del grupo en Norteamérica, fue añadido este lunes a la notoria lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

El sospechoso fue acusado ante un tribunal federal de Los Ángeles de violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO), así como conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas, secuestro y extorsión.

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo en un comunicado que Singh es un individuo peligroso y que para el FBI es una prioridad capturarlo.

Las autoridades señalan que se sabe que Singh reside en California y en partes de Canadá, y advierten de que debe ser considerado armado.

Los señalamientos contra Singh se dieron tras la ‘Operación Hardball’ que dio como resultado acusaciones formales contra 37 personas vinculadas a tres grupos de crimen organizado transnacional con sede en la India.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó de falsa la información publicada por Axios y aseguró: "Axios acaba de publicar una historia que dice que Trump ofreció alivio de sanciones y fondos congelados a Irán. Esto es falso".

El mandatario añadió que la información de Axios era un "engaño" utilizado únicamente para satisfacer lo que él denomina como el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" y exigió al medio que retirara "inmediatamente" la información.

La información de Axios sostiene, citando a un funcionario estadounidense, que Trump ofreció a Irán alivio de las sanciones económicas y el acceso a fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán adoptara medidas concretas respecto a su programa nuclear.

Según esa versión, cualquier alivio estaría condicionado al cumplimiento de compromisos relacionados con la cuestión nuclear.

El mensaje en redes del presidente republicano se produce mientras Washington y Teherán mantienen abiertos contactos indirectos, con Catar como mediador, para tratar de reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque existen versiones contradictorias sobre una posible nueva ronda futura de conversaciones en Nueva York.

La delegación iraní ha negado que tenga previsto reunirse con representantes estadounidenses y ha señalado que espera una respuesta de Washington transmitida por Catar.

Las últimas encuestas muestran la creciente impopularidad de la guerra iniciada por Trump e Israel contra Irán debido a los efectos en la subida de los combustibles, un factor que puede pesar negativamente en las posibilidades de los republicanos en las elecciones de medio mandato de noviembre, donde se juegan mantener sus exiguas mayorías en las dos cámaras de Congreso.

Las acciones lanzadas por los ministerios de Justicia y de Hacienda buscan "interrumpir" el acceso a plataformas que operan sin autorización e "impedir" el surgimiento de nuevos espacios de apuestas, de acuerdo con un comunicado.

En paralelo, las autoridades descubrieron anuncios de empresas de apuestas deportivas en redes sociales y sugirieron la celebración de una reunión con representantes de Meta, Google y TikTok sobre la retirada de esta publicidad.

El presidente Lula firmó el viernes pasado un decreto para prohibir las apuestas deportivas digitales, a poco más de una semana de los comicios en los que se presenta a la reelección.

Durante el anuncio de la medida, Lula comparó esta actividad con la adicción a la droga y se refirió al impacto sobre el endeudamiento de las familias.

El mandatario impulsó en 2023 la regulación del sector, que había operado sin normas hasta entonces, pero ha ido endureciendo su discurso a medida que se acercaban las elecciones.

Los equipos de fútbol de primera división, muchos de los cuales son patrocinados por empresas del ramo, criticaron la prohibición y advirtieron sobre el efecto que tendría para su salud financiera, pero Lula ha minimizado esa preocupación y ahora evalúa medidas de apoyo financiero.

En 2025, unos 25 millones de brasileños realizaron apuestas por un volumen estimado de 220.600 millones de reales (unos 42.500 millones de dólares o 37.370 millones de euros), mientras que la recaudación tributaria asociada al sector rondó los 9.000 millones de reales.

El reconocimiento será entregado durante la noche inaugural del festival, el 30 de septiembre, en el histórico Fox Theatre, como parte de una edición conmemorativa en la que México será el País Invitado de Honor.

El Premio Ícono de GALFA distingue a figuras cuya trayectoria, influencia y proyección internacional han contribuido de manera significativa a la visibilidad y al avance de la cultura latina en el cine y la industria del entretenimiento, indica un comunicado del evento.

Aparicio alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en 'Roma', la película dirigida por Alfonso Cuarón que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz.

Su participación en la cinta marcó un momento destacado para la representación mexicana y latina en el cine mundial, y desde entonces, la actriz se ha consolidado como una voz relevante de la representación cultural y del orgullo hispano.

"Yalitza Aparicio representa el poder del cine para trascender fronteras, enaltecer nuestra cultura y permitir que nuestras historias sean vistas alrededor del mundo", expresó Yvette Moïse, presidenta y cofundadora del GALFA.

Moïse señaló que el galardón no reconoce únicamente una actuación o un momento específico, sino que reconoce el impacto cultural, el orgullo que representa para la comunidad hispana y la importancia de ver al talento latino celebrado en el escenario internacional.

A su vez, el director ejecutivo de GALIFF, José Márquez, destacó la importancia de entregar el reconocimiento anotando que el camino de Aparicio refleja precisamente la razón por la que existe la Alianza: "celebrar las voces latinas, honrar nuestra herencia cultural y crear una plataforma donde nuestras historias y nuestro talento puedan llegar a audiencias alrededor del mundo".

Durante 15 años, GALIFF y GALFA han trabajado para crear oportunidades para cineastas, actores, productores, estudiantes y profesionales latinos de la industria del entretenimiento, reza un comunicado.

Ambas organizaciones también han impulsado vínculos entre la industria cinematográfica de Georgia y la comunidad creativa latina internacional.

"La exigencia es que no se quede como se han quedado muchos casos parados. Son dos jóvenes de 17 años que querían hacer un algo en el futuro", afirmó en declaraciones a medios Rogelio Arce, padre de Christian, uno de los menores asesinados en Cuernavaca, capital del estado.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

"Yo ya no entiendo, porque si están hablando de seguridad, ¿dónde está la seguridad? ¿De quién hay que cuidarnos? ¿Del gobierno que no hace bien su trabajo o de los criminales, que ya les da igual a quién sí y a quién no?", agregó Arce.

Por su parte, alumnos de la Facultad de Medicina e integrantes de la Resistencia Estudiantil de la UAEM condenaron el asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria Número 2 y exigieron justicia, así como mayores medidas de seguridad.

En lo que va del año, seis jóvenes de ese centro de estudios fueron asesinados en Morelos.

Los estudiantes demandaron a las autoridades estatales acciones concretas para garantizar la seguridad fuera de las unidades académicas, al señalar que estos nuevos casos evidencian que las estrategias implementadas no han sido suficientes.

En su conferencia diaria, la presidenta de México, Clauda Sheinbaum, explicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a entablar comunicación inmediata con la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, así como con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil.

"Le pedí hoy a la Secretaría de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya", declaró Sheinbaum.

Por su parte, la Fiscalía General de Morelos informó que personal del Ministerio Público, agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos, y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio.

La UAEM confirmó que los fallecidos pertenecían a su comunidad y exigió una investigación pronta y exhaustiva.

El crimen ocurre dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, canaria de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, quien llegó a Morelos en agosto para una estancia en la UAEM y murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este lunes recibió ofertas por 9,77 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 8,62 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 100,08 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

En la subasta de este lunes, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre octubre próximo y julio de 2027.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 14 de octubre.

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado.

La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos.

Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes señalaron como los supuestos responsables del homicidio.

La pareja fue identificada como los suegros de la víctima.

Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó -en un comunicado- la policía, que investigan las causas del crimen.

El periódico The New York Times informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023.

"Un aborto legal y seguro, y una maternidad libremente elegida, requieren de hospitales abiertos, atención primaria con capacidad de respuesta, insumos garantizados y equipos de salud disponibles", señala la carta entregada por 35 colectividades a los diputados y senadores.

Ante el inicio de la discusión en el Congreso de la Ley de Presupuestos de 2027, que el Ejecutivo tiene plazo para presentar hasta este miércoles, las organizaciones solicitaron proteger el financiamiento de la atención primaria y los hospitales públicos, así como garantizar el acceso a anticonceptivos, medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo.

La vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, destacó que "el aborto tres causales tiene más del 70 % de apoyo en Chile, el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan".

En Chile, el aborto es legal desde 2017 cuando se cumple alguna de estas condiciones: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.

Las organizaciones advirtieron que la preocupación surge tras el ajuste presupuestario que se aplicó durante 2026 al Ministerio de Salud y sus efectos en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el seguro público que financia y otorga cobertura médica a la mayor parte de la población del país.

La propia ministra de Salud, May Chomalí, informó a inicios de septiembre ante el Congreso que, tras la reducción del 2,5 % de presupuesto, su cartera requerirá alrededor de 3.200 billones de pesos adicionales (3.319 millones de dólares al cambio actual) para cubrir el gasto proyecto del año.

"El aborto es un asunto de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas", señaló por su parte la directora nacional y secretaria de Mujer y Diversidad de la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus).

"Como trabajadoras y trabajadores de la salud pública, seguiremos trabajando para avanzar en derechos. El aborto legal y seguro es salud pública", agregó.

La carta fue enviada por las organizaciones en el marco del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que también motivó la convocatoria de diecisiete manifestaciones en diez regiones diferentes del país.

Coincidiendo con su visita en la capital catalana, el encuentro de Sánchez con el dirigente de Groenlandia tuvo lugar en el Palau de Congresos de Cataluña, antes de la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia.

Según fuentes del Gobierno, durante la reunión Sánchez hizo referencia al acuerdo alcanzado entre Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia, subrayando el respeto a la soberanía e integridad territorial danesas, así como a los derechos y la voluntad del pueblo groenlandés.

El presidente defendió el diálogo, el derecho internacional y la cooperación entre aliados como pilares para afrontar los desafíos comunes, y reiteró el pleno compromiso de España con la seguridad y la estabilidad en el Ártico, según las fuentes.

"El presidente de la nación ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion", expresó un comunicado de la Presidencia argentina.

El Ejecutivo instó al Reino Unido a que, en el plazo de dos semanas, "adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina".

Y anticiparon que, de no cumplirlo, solicitarán al Tribunal Internacional del Derecho del Mar "las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".

El texto informó también que se ha dado inicio a un procedimiento sancionatorio y judicial contra la empresa Thales UK Limited por operaciones realizadas, sin la autorización argentina, en la ruta aérea que une las islas con la ciudad chilena de Punta Arenas.

A través de su perfil de la red social X, Milei destacó las medidas anunciadas este lunes y subrayó que buscan detener "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio.

"Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", enfatizó, y concluyó: "Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras".

La decisión anunciada este lunes sigue a una serie de sanciones y denuncias por parte del Gobierno de Milei contra petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera ilegales.

En el último mes, la Cancillería argentina ha enviado cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, ha iniciado unos 60 procedimientos administrativos y ha realizado en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras -de capitales británicos, israelíes y canadienses- y sus directivos.

Las denuncias incluyen a la petrolera israelí Navitas, que lidera el proyecto 'offshore' Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, con vistas a extraer crudo a partir de 2028.

El pasado miércoles, Milei instó en la ONU al Reino Unido a "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" de las islas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

Horas después, el Reino Unido respondió en un comunicado que los intentos de impedir el desarrollo petrolero en las islas son "un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el derecho internacional" y resaltó que "se mantiene firme en su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación".

En medio de las movilizaciones, encabezadas por grupos sindicales, juristas, familiares de presos políticos, fue cortado el paso por importantes vías en el estado Zulia, como el puente sobre el Lago de Maracaibo, que une a la capital de esa región con el resto del país, y en Bolívar (sur).

Según los manifestantes en Caracas, también hubo protestas en Monagas (este), Anzoátegui (este), Lara (oeste), Yaracuy, Aragua (norte), Trujillo (oeste) y Carabobo (norte).

En la capital venezolana, decenas de personas marcharon por la avenida Libertador hasta llegar a la sede de la Magistratura.

Allí entregaron un documento, firmado por la Alianza de la Libertad de los Presos Políticos, para solicitar una investigación a jueces que "pudieran haber incurrido por acción u omisión en faltas disciplinarias, abuso de autoridad, retardo procesal injustificado, desviación de poder u otras actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico en procesos relacionados con personas privadas de libertad por motivos políticos".

Entretanto, el integrante de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, indicó que también estaban allí para exigir la celebración de elecciones presidenciales en diciembre próximo.

"Queremos elecciones presidenciales este diciembre y queremos la liberación de todos los presos", dijo Salazar.

Por su parte, los abogados Eduardo Torres y Noé Mujica criticaron el acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición para designar a nuevos jueces en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al Gobierno.

Según ese acuerdo, fue nombrado un consejo de juristas que funcionará como filtro alterno al Comité de Postulaciones Judiciales -el encargado de la selección de candidatos- para evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados.

"Ahorita están haciendo un parapeto de cambio de sistema de justicia popular y politiquero que viola la Constitución", advirtió Torres.

Y en ese sentido, su compañero Mujica recordó que la Constitución establece que las nuevas designaciones debe hacerla un Comité de Postulaciones Judiciales y no un consejo alterno.

Entretanto, en Maracaibo, los obreros y trabajadores de universidades públicas protestaron pidieron salarios dignos y justos, pues desde 2022 el sueldo mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, apenas unos centavos de dólar según la tasa de cambio oficial.

"Delcy (Rodríguez) te vamos a sacar tarde o temprano porque tú eres más de lo mismo", advirtió Julio Zabala en la protesta desde el puente sobre el Lago de Maracaibo, donde se vivieron momentos de tensión con la Policía.

El Ibovespa, índice de referencia del parque paulista, cerró en los 182.991 puntos básicos y continuó en el terreno de las pérdidas, después de acumular una caída de cerca de un 1 % durante la semana pasada.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy el 0,85 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,224 reales para la compra y a 5,225 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado financiero brasileño vive días de volatilidad, ante la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre.

Los más recientes sondeos muestran un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El equilibrio de las cuentas públicas es uno de los asuntos más destacados de la campaña y, en ese sentido, Lula apuesta por incrementar el producto interior bruto (PIB) para reducir el porcentaje de deuda, mientras que Bolsonaro ha prometido un "tijeretazo" en el gasto público y los impuestos.

Con todo, las pérdidas en el Ibovespa no fueron mayores este lunes porque la petrolera Petrobras y la minera Vale, los dos grandes valores de la plaza, cerraron en verde, con avances de más del 1,5 % y del 0,5 %, respectivamente.

También subieron con fuerza dos petroleras privadas: PetroReconcavo (+4,4 %) y PRIO -antigua PetroRio- (+3,8 %).

En la otra cara de la moneda, los mayores perjudicados fueron los papeles del fabricante de cosméticos Natura (-5,5 %), del grupo textil Azzas 2154 (-5,2 %) y de la petroquímica Braskem (-3,7 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó hoy los 25.500 millones de reales (4.900 millones de dólares ó 4.300 millones de euros), en alrededor de 3,3 millones de operaciones.

El canciller afirmó que el Gobierno de la presidenta derechista Keiko Fujimori “está haciendo todo lo posible desde todos puntos de vista para recibir como es debido a su santidad”.

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En ese sentido, además de declarar días festivos, también están estudiando el tráfico de vehículos en los distintos trayectos del papa.

“Estamos contemplando todas las alternativas, pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión”, dijo Espá en relación a la posibilidad de declarar días feriados, medio feriados y en qué ciudades del país, pues el papa visitará la capital Lima, pero también Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde fue obispo por ocho años.

Agregó que están analizando el tema con “mucho cuidado” por el impacto que puede generar en distintos aspectos.

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Por otro lado, para facilitar sus traslados y permitir la mayor cercanía con el pueblo, Espá indicó que se van a construir dos papamóviles para que los ciudadanos puedan apreciar bien a León XIV.

Además, Espá aseguró que el número de personas que participen en estos eventos será mucho mayor que en la visita del anterior papa, Francisco, en 2018.

“Estoy plenamente seguro de que se van a multiplicar las personas, nos estamos preparando para eso, (...) en términos generales, lo que se trata es de facilitar los accesos, no de controlar, limitar, regular o restringir”, señaló.

El canciller declaró que Fujimori “está muy ilusionada” por la visita del papa y confirmó que recibirá a León XIV a su llegada al aeropuerto, el miércoles 11 de noviembre, para después mantener un encuentro con él en Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital.

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Por su parte, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, sostuvo que en su tiempo como misionero y obispo en Perú, el papa demostró ser una persona sencilla, humilde y cercana y afirmó que León XIV “ama tanto al Perú que querría ver al país reconciliado”.

León XIV, pese a nacer en Chicago (Estados Unidos), es considerado el papa peruano tras obtener la nacionalidad en 2015, después de 20 años de labor en la Diócesis de Chiclayo.

Será también el sexto viaje internacional del Papa, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril; a España, en junio; y a Francia en septiembre.

Animó a comprender que "los valores del Evangelio, que no se basan en el odio ni en la división, sino en la comprensión, la compasión, y el acompañamiento”.

"Espero profundamente, y con suerte la Iglesia también puede ser parte de esto, que podemos encontrar maneras de, por así decirlo, llegar a una mayoría de personas de buena voluntad que entenderán lo importante que es que su compromiso, incluso en términos de participar en procesos políticos, les permita tomar decisiones claras para el bien común y no para ideas extremistas que tal vez causen mucho más daño del que somos conscientes ahora mismo", dijo.

Y agregó que la Iglesia lo que predica es "la vida y no destrucción, división y odio".

En otra de las preguntas de los medios, entre ellos EFE, el papa aseguró que "la iglesia tiene una responsabilidad de promover esos valores invitando continuamente a líderes como de Rusia, Ucrania y otros países a venir a sentarse a dialogar a buscar cómo solucionar los problemas sin continuar esas guerras que ya no tienen sentido".

"La Iglesia continuará alzando la voz, no podemos obligar a nadie (a sentarse a dialogar). A veces parece que puede ser inútil pero vamos a seguir hablando vamos a seguir invitando vamos a seguir pronunciando el Evangelio", dijo.

Expresó su preocupación porque entre los líderes de los países " de nuevo empieza a hablar de armas nucleares, de guerras que cada vez son más y más destructivas".

Condenó que cada vez se gaste más "en esa tremenda industria militar" y en la que "sólo algunos pocos están enriqueciendo muchísimo con una industria que promueve la guerra, cuando con estos miles de millones de millones de euros o dólares se podría solucionar problemas como el hambre en el mundo, la vivienda, situaciones de desempleo, etcétera".

Criticó "la violencia que esas potencias que buscan siempre imponer con poder en vez de dialogar y promover negociaciones" y que de esa manera, "pues vamos siempre más y más cerca a una guerra, o varias guerras como los que nos encontramos en el mundo de hoy".

La propuesta escénica busca acercar al público a los textos clásicos, como 'La Pícara Justina', 'El Lazarillo de Tormes', 'Rinconete y Cortadillo' y 'Don Quijote', mediante una representación íntima y actual que "retrata con mordacidad e ingenio el espíritu subversivo de la sociedad de aquella época".

En lugar de reproducir de manera literal la España del Barroco, la obra utiliza sus personajes, conflictos y recursos literarios para construir un espacio teatral en el que pasado y presente se reflejan mutuamente, detalló el centro en un comunicado.

La pieza se adentra en el universo de los pícaros, personajes marginales que enfrentan el hambre y la exclusión con ingenio, irreverencia y capacidad de adaptación, lo que permite un diálogo con el presente.

Los conflictos que evocan como la pobreza, la desigualdad, el deseo de pertenecer y la lucha por ser escuchado continúan formando parte de la experiencia contemporánea.

Así, el hambre al que alude el título no se limita a la necesidad de alimento, sino también representa el deseo de encontrar un lugar en la sociedad.

La dramaturgia y dirección están a cargo de Eugenia Sancho, que "con una puesta en escena íntima y profundamente actual" viaja de la mano de su compañía Sensodrama, con un elenco formado por Betsy Rodríguez, Letty Carmona, Catalina Arenas y la propia Eugenia Sancho.

La producción, realizada en colaboración con Roxy Theater Group, forma parte de la serie Away From Home del Miami-Dade County Auditorium, será presentada en español y tendrá como escenario el Westchester Cultural Arts Center de Miami.

"Prepárandonos ahora, porque lo vamos a hacer el día 7 de octubre, para una nueva marcha. ¿Por qué el día 7? Porque es el aniversario del gran triunfo de nuestro comandante Hugo Chávez en las elecciones del año 2012. Y lo vamos a recordar en la calle", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El 7 de octubre de 2012, Chávez ganó con el 55,07 % de los votos su tercera reelección presidencial, cinco meses antes de su fallecimiento. Su contrincante principal, el actual diputado Henrique Capriles, obtuvo el 44,31 % por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática.

Chávez asumió el poder en 1999, luego de haber intentado un golpe de Estado en 1992, por lo que estuvo preso cerca de dos años.

Como creador de la llamada revolución bolivariana, promovió un cambio de Constitución, con una posterior enmienda que le permitió reelegirse tres veces, un aspecto de la política venezolana que sigue vigente en la actualidad.

Así lo confirmaron a EFE fuentes del organismo humanitario, tras recibir el cuerpo de una persona fallecida en una zona rural del Cauca y entregarlo "a las autoridades competentes para la identificación".

El comandante de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, confirmó la noticia: "Su cuerpo, sustraído tras los combates en El Tambo, Cauca, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja".

"Que quede claro: cumplir una obligación del Derecho Internacional Humanitario no legitima a ninguna estructura armada ilegal ni borra las acciones cometidas por fuera de la ley. Nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera regresa hoy con su familia", agregó el oficial en X.

En el combate del domingo, el Ejército señaló que los militares fueron atacados con drones y armas de largo alcance.

En la zona donde murió el soldado operan el EMC, liderado por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

Al cierre del parqué, el Dow se situó en los 51.481 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,77 %, hasta 7.683 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,92 %, hasta 26.820 enteros.

La rentabilidad del bono a 10 años subió hasta el 5,23 %, mientras que la del bono a 30 años avanzó hasta el 5,548 %.

Estas subidas se producen en un contexto de presión sobre los precios del petróleo a raíz de la incertidumbre por el futuro del estrecho de Ormuz, lo que aumenta el riesgo de más inflación y reduce las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) relaje su política monetaria.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la jornada con una subida del 0,2 %, hasta 92,60 dólares el barril, presionado por la negativa del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la última propuesta iraní para reabrir Ormuz.

Mientras, el oro se devaluaba un 3,86 %, hasta los 4.154 dólares la onza, y la plata un 5,6 %, hasta los 61,16 dólares la onza.

En el plano corporativo, destacó la caída de grandes tecnológicas como Advanced Micro Devices (-3,6 %), Micron Technology (-2,6 %), Amazon (-1,4 %) y Microsoft (-1,35 %).

Meta bajó un 4,8 % tras lanzar Meta Enterprise Platform, una plataforma para vender a otras empresas sus herramientas de IA para que puedan "crecer y transformarse", según un comunicado.

En contraposición, Nvidia avanzó un 1,7 % después de que la compañía anunciara una ampliación de 150.000 millones de dólares de su programa de recompra de acciones, que alcanza ahora un total de 235.000 millones.

Esta cifra la coloca en la mayor autorización de recompra anunciada hasta ahora por una empresa estadounidense.

Los inversores están pendientes esta semana de la publicación del índice de precios al consumo del pasado mes de agosto, un indicador de inflación clave para la Fed.

"Nosotros apoyamos a Michelle Bachelet. Ella finalmente tomó la decisión de retirarse, dado que los países del Consejo de Seguridad no le estaban apoyando, y hasta ahora no tenemos a nadie a quien apoyar. No, no hemos tomado una decisión”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Bachelet decidió retirar la pasada semana su candidatura, con la que aspiraba a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de Naciones Unidas concluye a finales de 2026.

Sheinbaum indicó que "más allá de un asiento, [lo que la ONU necesita] es una reforma. Naciones Unidas, ante la situación actual, realmente no se la ha visto”.

La mandataria no acudió la pasada semana a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y envió en su lugar al canciller mexicano, Roberto Velasco.

"Ucrania, Palestina, Irán por lo menos, ¿dónde está Naciones Unidas? Debe jugar un papel de pacificación mundial, de respeto de la carta de derechos y garantizar la igualdad de Estados y naciones. Eso es lo que buscamos de Naciones Unidas, y que sea un organismo más ágil", remarcó.

La retirada de Bachelet, que había recibido el respaldo de México y Brasil, se produjo después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad el pasado 18 de septiembre, en el que quedó en la penúltima posición entre ocho aspirantes.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser la candidata más respaldada, con nueve votos favorables, cinco en contra y uno “sin opinión”; seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió ocho apoyos, seis votos en contra y uno “sin opinión".

Quien resulte electo tomará funciones el 1 de enero de 2027, y deberá contar con al menos nueve votos a favor y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China.

El partido Semilla ha enfrentado procesos judiciales por supuestas irregularidades en su creación que nunca pudieron ser probados y que pese a ello, lo mantienen suspendido.

"Existe una demanda nacional y popular para transformar el país de fondo. Por eso surge Raíces", expuso Pérez Álvarez, economista de 34 años, en una rueda de prensa en la que expresó su optimismo de cara a los comicios de 2027 después de sumar más de 44.000 afiliados en los últimos dos años.

La nueva agrupación política está formada por antiguos miembros del gobernante partido Semilla, que en 2023 llevó a la presidencia a Arévalo de León, quien se ha desvinculado de la iniciativa de manera pública.

La inscripción del nuevo partido, que tampoco cuenta con el apoyo total de los 23 diputados electos por Semilla en 2023, quedó confirmada este mes por la autoridad electoral de cara a los comicios de 2027, en los que Guatemala elegirá al presidente, alcaldes y diputados para el período 2028-2032.

La creación de Raíces fue organizada hace poco más de dos años por al menos 10 diputados de Semilla, después de que ese partido fuera suspendido por un juez penal entre 2023 y 2024, pese a que la ley guatemalteca no permite ese dictamen de manera unilateral.

"Hoy celebramos la creación de un partido político" para "evitar que volvamos a los sufrimientos del pasado", dijo Pérez Álvarez durante su intervención este lunes.

El actual diputado indicó que Raíces convocará en noviembre próximo a su asamblea nacional para decidir a sus candidatos para los comicios del próximo año, en los que irán "por todo" sin que "nada" lo vaya a "impedir".

Arévalo de León ganó sorpresivamente la presidencia de la mano de Semilla, un partido de carácter socialdemócrata y nacido de las protestas anticorrupción hace una década.

Sin embargo, el partido Semilla quedó suspendido por procesos judiciales ordenados por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta (2018-2024), sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y también por intentar impedir de manera ilegal la investidura de Arévalo de León.

Pérez Álvarez, fundador de Semilla y de Raíces, está acompañado en el nuevo partido por legisladores como Andrea Villagrán, Román Castellanos, Andrea Reyes y Elena Motta, entre otros exmiembros de la agrupación oficial.

Según diversas encuestas, la popularidad de Arévalo de León ha ido en picada en los últimos años por no cumplir con sus promesas de Gobierno, entre otros motivos, y el desgaste de su enfrentamiento con Porras Argueta, a quien había prometido defenestrar para combatir la corrupción.

Los pistoleros obligaron a los conductores a cruzar los autobuses en medio de la Via Vermelha, una de las más importantes vías rápidas de la ciudad, y cerraron las puertas antes de emprender la fuga, por lo que los escolares tuvieron que permanecer cerca de hora encerrados en los vehículos hasta ser rescatados.

Los delincuentes abordaron los autobuses poco después de las 9:40 hora local (12:40 GMT) en la propia Línea Vermelha, a la altura del límite entre Río de Janeiro y el municipio de Duque de Caxias, cuando los estudiantes se dirigían a una excursión a Vassouras, ciudad en el interior de este estado.

Los escolares, alumnos de Eleva, un colegio situado en el acomodado barrio de Barra da Tijuca, viajaban en cuatro autobuses cuando los pistoleros, que se desplazaban en motocicletas, interceptaron dos de ellos, rompieron con piedras los parabrisas de las cabinas y se apoderaron de las llaves de los vehículos.

Según las informaciones divulgadas por medios locales, los narcotraficantes desistieron de asaltar a los pasajeros al percatarse de que eran menores.

Ningún estudiante resultó herido y todos pudieron reanudar el viaje, según confirmó el centro educativo.

La Línea Vermelha, una de las principales vías de comunicación entre las zonas norte y sur de Río de Janeiro y de conexión en la región metropolitana, permaneció parcialmente bloqueada durante cerca de una hora, lo que provocó enormes embotellamientos en toda la ciudad.

La Policía Militarizada atribuyó el secuestro de los autobuses a una represalia por una operación desplegada esa misma mañana en el complejo de favelas de Maré, situado a pocos kilómetros del lugar del incidente, y señaló que los delincuentes también pretendían atraer a las fuerzas de seguridad fuera de esa zona.

El operativo movilizó a unos 200 policías de unidades especializadas, vehículos blindados y apoyo aéreo, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales y frenar el tráfico de drogas y armas.

Al menos tres hombres murieron en la operación y otros trece resultaron heridos, entre ellas un adolescente de 15 años y un policía alcanzados por disparos.

La operación también obligó a las autoridades a cerrar 41 escuelas municipales y a suspender temporalmente la actividad en cuatro centros de salud.

Puente se reunió en la Gran Manzana con el director de Sostenibilidad de PANYNJ, Christopher Diamond, a quien trasladó la experiencia de las empresas y organismos públicos dependientes del Ministerio, como Puertos del Estado, AENA o Renfe, según un comunicado.

El ministro planteó "un diálogo estructurado entre PANYNJ y Puertos del Estado, con la participación de las Autoridades Portuarias interesadas, sobre gobernanza portuaria, planificación de inversiones, excelencia operativa y colaboración público-privada en grandes programas de infraestructuras".

Puente incidió en que ambas partes pueden "compartir y aprender mucho mutuamente en aspectos como las conexiones portuarias y la seguridad".

Sobre las vías de cooperación en la descarbonización de la actividad portuaria, citó el "suministro eléctrico a los buques desde tierra, electrificación de los equipos de las terminales, suministro de energía limpia, eficiencia energética y diseño de infraestructuras portuarias resilientes frente al cambio climático".

Asimismo, planteó a Diamond un intercambio de experiencias sobre puertos digitales y visibilidad integral de la cadena logística, aprovechando la experiencia de España con los Port Community Systems y la plataforma SIMPLE, así como el trabajo de PANYNJ en materia de operaciones basadas en datos y optimización de las cadenas de suministro, agrega la nota.

Puente se reunió hoy también con el representante permanente de España ante la ONU, Héctor Gómez, a quien expresó la importancia de organismos internacionales como la OMI (Organización Marítima Mundial) o la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

A ese respecto, destacó su preocupación por la "nueva corriente en la que el derecho internacional se ve cuestionado" en el multilateralismo, y especialmente en esos organismos reguladores dependientes de la ONU.

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado en las que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

El fiscal superior, Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrucpión y de violencia contra la mujer, Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de policía Frans William Cabrera son otros de los afectados.

La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".

En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional "por su participación en casos de corrupción graves".

Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".

La Administración de Donald Trump impuso restricciones a otros nueve bolivianos que no poseen actualmente visas pero fueron declarados "ineligibles" para obtenerlas en un futuro.

La medida incluye a dos ciudadanos colombianos, el empresario Euclides Antonio Torres y a Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que, recuerda el Departamento de Estado, es parte de la coalición del Pacto Histórico.

Asimismo, impone sanciones en Perú al juez del Tribunal Constitucional del Primer circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.

Las restricciones alcanzan a otros dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque no especifica ningún nombre.

"El mensaje del presidente Trump y del secretario (Marco) Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos", concluye el comunicado.

"El abuso sexual es, ante todo, un problema humano. Cuando ocurre dentro de la Iglesia, se añade otra dimensión, porque la vida de fe de las personas queda profundamente herida y, en ocasiones, incluso destruida. Por eso, la Iglesia tiene una responsabilidad particular de acompañarlas y ayudarlas a buscar la sanación", añadió el papa.

Explicó a los medios, entre ellos EFE, que a las víctimas francesas con las que se reunió en Lourdes les pidió que también le "ayudaran a transmitir a las demás víctimas la disposición, tanto mía como de la Iglesia, a escucharlas y acompañarlas en su búsqueda de sanación, reconociendo el dolor que se ha causado en sus vidas a raíz de situaciones de abuso".

Y aunque las víctimas hablan de "abusos sistémicos" en la Iglesia, León XIV puntualizó que él prefiere expresarlo de otra manera, pero que reconoció que "algunas organizaciones dentro de la Iglesia sí que, en ocasiones, por así decirlo, han actuado de forma abusiva como sistema".

"En esos términos, hablé con ellas de cómo, en ciertos aspectos, se ha considerado que la Iglesia es responsable, pero también de cómo creo que la Iglesia puede desempeñar un papel importante para ayudarlas a encontrar la sanación", añadió.

Sobre la laicidad del Estado, un tema que abordó en Francia en varias ocasiones, el papa defendió que cuando "la Iglesia habla de defender la vida y aborda cuestiones de doctrina social, no está entrando en la política".

"Estamos aplicando el Evangelio a la vida de las personas", subrayó.

Y agregó: "Puede haber políticos, por así decirlo, tanto de izquierda como de derecha, y también situaciones en las que se afirma que la religión debe permanecer exclusivamente en el ámbito privado, que cada persona debe hacer lo que quiera en su vida privada y que, como Estado, debemos mantenernos separados de la religión".

Reiteró que "la defensa de la vida es algo que, como todos ustedes saben, la Iglesia enseña y en lo que cree profundamente" y que son conscientes de las leyes sobre la eutanasia aprobadas en Francia y en otros países de Europa.

"Pero, al estar en un lugar como Lourdes, donde las personas buscan algo mucho más profundo, y al comprender que sus vidas tienen sentido incluso en medio de la enfermedad, la discapacidad o diferentes formas de sufrimiento, la Iglesia, por Jesús mismo, quiere estar cerca de esas personas y reafirmar los valores que, creo, la vida misma representa para todos nosotros".

Y agregó: "así que diría que, si eso es hacer política, sí, lo hice. Pero no lo hice para intervenir en la política francesa, sino para enseñar lo que realmente cree la Iglesia".

“Brasil necesita cambiar rápido, nadie más aguanta este desgobierno”, declaró el candidato ultraderechista durante una rueda de prensa a la salida del mercado.

Además, acusó a Lula, quien acaba de prohibir las apuestas deportivas y los casinos en internet, de ser el “padre” de los juegos digitales, al haber apoyado la regulación del sector al inicio de su mandato en 2023.

A seis días de las elecciones, Lula agranda su ventaja con Flávio Bolsonaro

En medio de una gran aglomeración de aliados y seguidores y con gritos a favor y en contra, el senador visitó el barrio comercial de Brás y el mercado central de la que es la mayor ciudad de Brasil.

Le acompañó su aliado, el gobernador del estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, quien también aspira a reelegirse, aprovechó el acto para cargar contra las altas tasas de interés y su impacto sobre los emprendedores.

Bolsonaro tiene un 34 % de las intenciones de voto en la primera vuelta prevista para este domingo, frente al 39 % de Lula, según una encuesta divulgada este lunes que apunta a un leve aumento de la ventaja para el actual mandatario.

Flávio Bolsonaro promete sumar a Brasil al Escudo de las Américas si gana las elecciones

El estado de São Paulo es una pieza clave en la disputa electoral, al ser el motor económico del país y también su región más poblada con 46 millones de personas.

En las últimas elecciones de 2022, el exmandatario Jair Bolsonaro, padre de Flávio, ganó en São Paulo con el 55 % de los votos frente al 45 % de Lula, que se impuso en el ámbito nacional.

"No creo que sean noticias falsas, como algunos han dicho, para intentar obtener algún beneficio, ya sea financiero o de otro tipo", añadió el pontífice estadounidense que, agregó, que si alguien le preguntase si "entró en modo pánico" diría que por "ahora duerme tranquilo".

Explicó a los medios, entre ellos EFE, que justo hoy leyó que el director de la sociedad electrónica NVIDIA afirmó "haber encontrado una manera de insertar en la IA ciertas salvaguardas, por así decirlo, o límites, para que no se salgan de sus unidades particulares y causen el daño del que se habla".

"Este es un problema que creo que debemos abordar en profundidad", observó.

Por ello hizo un llamamiento para seguir "invitando a líderes políticos, líderes en IA, organizaciones sociales y asociaciones a reunirse y analizar lo que ya está sucediendo y lo que podría ocurrir en el futuro".

"Simplemente decir: oh, no va a suceder y cerrar los ojos ante ello, creo que probablemente no sea la manera más responsable de proceder", aseveró.

Recordó además que el Vaticano ha organizado su propia comisión sobre inteligencia artificial, que, por un lado, comenzó como una forma de coordinar lo que se hace en la Santa Sede, cómo se utiliza la IA, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios.

Explicó que desde que publicó la encíclica 'Magnifica Humanitas' sobre el tema ha recibido muchos contactos y se está promoviendo "el diálogo, el estudio y la investigación para encontrar maneras de asegurar que la IA no llegue a un punto en el que pueda destruir a la humanidad". Dijo que es "relativamente optimista" sobre ello.

"Creo que hay suficientes personas seriamente interesadas en eso y dispuestas a analizarlo más allá de las cuestiones, una vez más, de poder, quién llega primero... Pero tenemos que seguir trabajando. No podemos quedarnos de brazos cruzados y fingir que no va a pasar nada", subrayó.

"Necesitamos una ONU más eficiente, transparente y ágil, capaz de prevenir conflictos, construir consensos aun en tiempos de profunda polarización y ofrecer respuestas a los desafíos del siglo XXI. Por ello, Costa Rica ha presentado la candidatura de doña Rebeca Grynspan a la Secretaría General", expresó Marchegiani en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), es "una latinoamericana con experiencia política, en economía y multilateral, de probado liderazgo, que conoce las Naciones Unidas, y entiende que conocer una institución también significa tener el valor de reformarla", aseguró el embajador.

La costarricense Grynspan volvió a ser, hace diez días, la más votada entre los candidatos a la secretaría general de la ONU en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett con nueve apoyos, cinco votos en contra y uno ‘sin opinión’.

"Su propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: defender las Naciones Unidas exige tener el valor de reformarla", expresó Marchegiani, quien pronunció el discurso en lugar del excanciller Manuel Tovar, a quien la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó la semana pasada por no avisarle de una reunión de jefes de Estado de la iniciativa Escudo de las Américas, en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Marchegiani agregó que la ONU "necesita un liderazgo capaz de unir a la membresía y fortalecer a la organización" con el objetivo de que cumpla con su mandato de "mantener la seguridad y la paz internacionales, el respeto a los derechos humanos e impulsar el desarrollo".

El embajador también expresó la preocupación de Costa Rica por la situación política y social de la vecina Nicaragua, Venezuela y Cuba, y aseguró que el país "continuará defendiendo la dignidad y los derechos de todas las personas".

Marchegiani manifestó la "profunda preocupación por la situación en Nicaragua, por el deterioro de las libertades fundamentales, la persecución de voces críticas, el cierre de espacios cívicos y las persecuciones religiosas".

"Las denuncias de violaciones de derechos humanos continúa alejando al país de los principios democráticos. Como nación vecina mantenemos nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos y restablecimiento del Estado de derecho", aseveró el diplomático.

Sobre Venezuela, Marchegiani abogó por que "prevalezca el diálogo, la voluntad popular y el restablecimiento de las instituciones democráticas", mientras que de Cuba pidió el "pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales".

En su discurso el embajador costarricense también alertó sobre el avance de la amenaza del crimen organizado en la región, y puso especial énfasis en la minería ilegal de oro que afecta una zona del norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua.

“Las elecciones demostraron una vez más que el pueblo ha apoyado a los héroes que luchan por Rusia”, dijo el jefe del Kremlin en una reunión con líderes de los partidos que accedieron a la Duma o cámara baja del Parlamento.

Putin agregó que cuando vio por televisión imágenes de ciudadanos haciendo cola para votar, se reafirmó en el pensamiento de que el pueblo es “fuerte, valiente y consciente”.

“Comprende perfectamente lo que sucede en torno a Rusia”, dijo el mandatario, cuyo partido, Rusia Unida, logró en las pasadas elecciones su mejor resultado y revalidó la mayoría constitucional.

Según el líder ruso, a un pueblo como el ruso “no se le puede derrotar”.

“Por ello, la victoria, sin duda, será nuestra”, afirmó.

En tanto, observadores independientes y participantes en los comicios, como miembros de Partido Comunista, han denunciado estos días múltiples infracciones en las elecciones que duraron tres días, entre el 18 y el 20 de septiembre.

Además, los detractores de las autoridades recuerdan que en los comicios a la Duma no pudo participar Yábloko, el único partido opositor legal de Rusia que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania.

"El problema de la casa que existe en muchos países hoy es un problema que sólo una parroquia, sólo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar, pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", dijo el papa.

El pontífice hizo estas declaraciones a los medios, entre ellos EFE, que viajan con él en el avión en el que ha regresado a Roma tras su visita apostólica a Francia.

León XIV instó a ver, "en realidad, cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

Añadió que "muchas veces reaccionamos sólo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

También indico que la crisis de la vivienda "es un buen ejemplo, donde la Iglesia como comunidad o como seres humanos junto con las personas que no tienen fe, tienen que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos".

Aunque confesó que no conoce el caso de Maricarmen, sí que destacó que en este tipo de circunstancias los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado tendrían que analizar "cómo es posible que algo así suceda".

"¿Cuál es el problema en un sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?, se preguntó el papa.

Agregó que "la Iglesia habla mucho de descarte y habla también de Justicia e invita y promueve despertar en todos la capacidad de responder con un sentido más de ser humano, de ser de verdad sensible al dolor, sufrimiento de los demás".

Paz habló con los medios en La Paz tras retornar al país después de su viaje a Estados Unidos, donde la anterior semana participó en la Asamblea General de la ONU y sostuvo otras reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región y autoridades de organismos internacionales.

El mandatario afirmó "que el expresidente (Morales) no merece ni un muerto más", en referencia a los más de 50 días de protestas callejeras y bloqueos de carreteras que dejaron al menos 16 fallecidos, entre mayo y junio, medidas protagonizadas por sindicatos obreros, campesinos y sectores afines a Morales.

"Nos dejó el país arrasado, sin gas, sin reservas, perdimos el mercado (de gas) de Argentina. Es el mismo señor que nos dejó Bolivia arrasada el que nos pide en octubre que nos confrontemos, bajo el discurso de la revolución", manifestó Paz.

El gobernante insistió en que el también líder cocalero "en 20 años destrozó" al país y sostuvo que "no hubo en la historia un peor presidente que Evo Morales que destruyó el futuro de la patria".

También acusó a Morales "de subir a menores" de edad al avión presidencial y de ser un "pedófilo", aludiendo a la orden de captura contra el exgobernante por una investigación por trata agravada de personas, en la que se le acusa de haber tenido una relación con una menor con quien supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando aún era presidente.

"Ese es el señor que nos pide que nos matemos entre bolivianos", insistió el mandatario y sostuvo que si Morales "tiene algo que decir", que se siente "a la mesa a negociar".

Morales lideró el sábado un congreso con cientos de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro del país, donde permanece desde octubre de 2024 resguardado por sus seguidores para impedir su captura por el caso de supuesta trata.

En ese encuentro, el exmandatario emplazó a Paz a abrogar "las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales" y señaló que "si no es de buenas, va a ser a malas", advirtiendo con el inicio de movilizaciones desde el 13 de octubre.

Al margen de la causa por trata agravada de personas, en julio la Fiscalía emitió otra orden de aprehensión contra Morales por alzamiento armado y terrorismo, entre otros delitos, acusado de liderar las protestas de mayo y junio con las que se exigió la renuncia de Rodrigo Paz.

La crisis que vivió Bolivia en esos meses dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

Maricarmen fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre por una orden judicial y después de que la empresa de alquileres Urbagestión comprara su apartamento en 2018. La compañía quiso subirle el alquiler por encima de su pensión, y después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.

El acuerdo alcanzado ahora queda pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, indicaron fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

Esta mujer fue desahuciada del domicilio del céntrico barrio del Retiro de Madrid en el que llevaba viviendo los últimos 70 años por no poder pagar la subida de alquiler que le pedía la empresa que compró su piso.

Pagaba 500 euros de alquiler (heredado de un contrato de renta antigua) y le pedían ahora 1.650, cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros.

La empresa reclamó la finalización del contrato al comprar el piso, Maricarmen demandó y ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad, en manos del fondo de inversión Urbagestión.

El caso de esta mujer mayor, que está ingresada en un hospital público desde que la desahuciaron de su casa de toda la vida, se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España y desató una nueva tormenta política en vísperas del debate en el Parlamento de una iniciativa legislativa sobre alquileres para la que el Gobierno socialista aún no tiene apoyos suficientes.

El sábado decenas de miles de personas salieron a las calles en España en apoyo a Maricarmen y para protestar contra el mercado de la vivienda, y varios centenares se quedaron acampando en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, donde ya en 2011 se vivió un episodio similar para pedir el fin del bipartidismo en España y protestar contra la crisis.

Los cientos de acampados que siguen en esta plaza desde el sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, esperan que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez apruebe mañana el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler, aunque las negociaciones actuales no parecen indicar que vaya a ser así.

Para lograr la convalidación en el Parlamento español de este paquete de medidas urgentes, el Gobierno deberá conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas, algo que por el momento no tiene asegurado ni siquiera por parte de su propio socio de gobierno, Sumar, que no descarta un "plantón" si el texto no va "íntegramente" -con sus exigencias- mañana.

La rama socialista del Gobierno subrayó esta mañana que estaba "afanándose" para aprobar un decreto "ambicioso y transversal" que incluya una batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Entre ellas se encuentran la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler, regular el de temporada, impuesto sobre el valor añadido para los pisos turísticos o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda.

Aunque el texto no incluirá la renovación automática de los contratos de alquiler -como piden los manifestantes y el Sindicato de Inquilinas- para que los arrendadores no puedan realizar subidas no reguladas del alquiler al fin de un contrato.

En el último día del proceso contra ellos por el presunto pago de comisiones a Dati entre 2009 y 2013, la que fuera ministra de Nicolas Sarkozy, y hasta febrero pasado de Emmanuel Macron, afronta también la petición de una multa de 450.000 euros, 900.000 en concepto de confiscación y cinco años de inhabilitación y de prohibición de ejercer la abogacía.

La Fiscalía pidió, además, que esas penas sean impuestas de forma preventiva, es decir, que no se suspendan en caso de que presente un recurso.

"Una muerte política", según los abogados de Dati, jefa de la oposición en el Ayuntamiento de París, ciudad que trató de conquistar en las municipales de marzo pasado, sin éxito frente al socialista Emmanuel Gregoire.

Dati está acusada de haberse embolsado 900.000 euros de comisiones de Renault para obtener beneficios en el Parlamento Europeo, donde fue parlamentaria entre 2009 y 2019.

La defensa trató de demostrar que la exministra fue contratada como abogada para aconsejar a la empresa automovilística en estrategia de asentarse en el norte de África.

Pero la Fiscalía destacó que no se ha podido entregar ninguna prueba de ese trabajo y rechazó el argumento de la defensa de que no dejó rastro porque se ejercía en altas instancias estatales que no dejan huella.

Ghosn, que se encuentra en Líbano huido de la justicia, no compareció en el juicio, cuya sentencia se conocerá en unos meses.

Dati, nacida en la Borgoña francesa en 1965 en el seno de una familia de origen magrebí, hija de un albañil marroquí y de una ama de casa argelina, saltó a la luz pública cuando en 2006 Sarkozy le nombró como uno de los rostros de su campaña al Elíseo, un ejemplo para el candidato conservador de la integración.

Magistrada de formación, fue nombrada en 2007 ministra de Justicia y el país descubrió una voz libre y vibrante, un carácter fuerte que le valió grandes enemigos.

Tras dos años en el cargo, se lanzó a la conquista del Parlamento Europeo, carrera que compatibilizó con su condición de concejala de París y alcaldesa del distrito 7, que todavía hoy mantiene.

Tras un primer intento de arrebatar a la izquierda la Alcaldía de París en 2020, regresó a la primera línea política cuando, contra todo pronóstico, Macron la nombró ministra de Cultura, en un intento de atraer a figuras de otros terrenos políticos.

Solo abandonó el cargo para lanzarse a una segunda campaña municipal que tampoco le permitió lograr su sueño de ser alcaldesa de París.

El objetivo de compartir la información es "proteger los datos de los estadounidenses, prevenir el fraude y respaldar la integridad de la ciudadanía estadounidense", según indicó a la publicación un representante del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado tendría intención de publicar próximamente un aviso en el Registro Federal, la publicación diaria oficial del Gobierno Federal, en el que propondría compartir "información contenida en el sistema de registros de servicios de pasaportes" con otras agencias federales.

Esos registros contienen información personal de todas las personas que han solicitado un pasaporte estadounidense.

Esta potencial medida se da a conocer después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo permitiera que el Gobierno del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de ciudadanía para encontrar votantes que no tengan la ciudadanía y que estén inscritos en el censo en las próximas elecciones legislativas.

La decisión supone una victoria para el mandatario y permite que la herramienta pueda utilizarse ya en los comicios de medio mandato del 3 de noviembre en los que el Partido Republicano se juega el control del Congreso.

El sistema en línea, conocido como SAVE, combina las bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otros datos confidenciales sobre millones de estadounidenses.

Demócratas y algunos grupos de defensores del voto temen que un gran número de votantes puedan quedar fuera de las elecciones al considerar que las bases de datos produzcan "falsos positivos" e identificar como no ciudadanos a personas que sí pueden votar, especialmente gente que se haya nacionalizado estadounidense.

Las legislativas del próximo 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y en ellas los republicanos se juegan la exigua mayoría que ostentan en ambos hemiciclos.

Las llamas, en el condado de Broward, son "visibiles en cámaras de tráfico al sur" de la carretera 'Alligator Alley' (Callejón de los caimanes), que conecta a la costa este de Florida con la oeste a través de los Everglades, informó la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

"Parece que el apoyo aéreo ya está en el lugar, colaborando en la contención del incendio", expuso el NWS en sus redes sociales, en las que mostró una imagen del fuego, cuyo origen todavía no se identifica.

El Servicio Forestal de Florida llamó al fuego '3 Alpha Sierra', que por ahora es el mayor incendio activo del estado, además de ocurrir en los Everglades, el principal parque natural estatal y considerada un área protegida por especies endémicas y en riesgo como caimanes, cocodrilos, víboras, aves y panteras.

El área afectada por incendios forestales en Estados Unidos este año es casi el doble de la del año anterior, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, en inglés), que reporta más de 8,5 millones de acres (más de 3,4 millones de hectáreas) consumidas por más de 57.000 incendios en lo que va del año.

Ocasio Cortez, que participó el domingo en un foro en una universidad en el norte del estado de Nueva York, al que asistieron unas mil personas, dijo que el ICE utiliza inteligencia artificial y tecnología de reconocimiento facial para rastrear a las personas sin importar su estatus legal.

Los operativos del ICE, para cumplir con la agenda de arrestos y detenciones de Trump, han resultado en la muerte de varias personas en el país y la deportación de miles: "ICE es IA. ICE es reconocimiento facial. ICE es vigilancia. Y ICE va tras ustedes, sin importar su estatus", afirmó la demócrata socialista ante un grupo de estudiantes, recoge Fox News.

La congresista neoyorquina dijo que tomará una decisión luego de las elecciones de medio mandato de noviembre, ante la posibilidad de que lance su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2028 o que aspire a un escaño en el Senado, donde podría enfrentarse en primarias al veterano senador demócrata Chuck Schumer, cuyo mandato expira ese año y que aún no ha anunciado si buscará la reelección.

La legisladora sorprendió en 2018 cuando, siendo una desconocida para los electores, derrotó en las urnas al conocido congresista Joseph Crowley, presidente entonces del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes y líder de esa formación en el condado de Queens, al que representaba.

Cuando juró al cargo, a los 29 años, fue la mujer más joven en ocupar un asiento en el Congreso y ha revalidado sin problemas desde entonces.

En una reciente entrevista con el New York Times, indicó que su decisión se limitaría a responder la pregunta: "¿Dónde puedo hacer el mayor bien?".

"Desde la Conferencia Episcopal queremos invitar a todas las universidades y a jóvenes interesados en la comunicación para participar en esta campaña que iniciamos el día de hoy, una convocatoria para ayudarnos a generar contenido que apoye la narrativa del mensaje del santo padre, un mensaje de unidad", indicó una portavoz de la CEP.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader; el nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco; y el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo; ofrecieron este lunes una rueda de prensa para ofrecer avances en los preparativos de la visita de León XIV, que vivió dos décadas en Perú como misionero y obispo.

Una de las novedades presentadas fue la campaña en la que la CEP anima a "jóvenes que inspiran y a jóvenes que conectan" a crear contenido mientras Perú se prepara para la llegada del papa.

"Los jóvenes son no solamente el futuro del Perú, son el presente del país, están llamados a participar activamente de esta visita que, estoy seguro que, como siempre lo han hecho, en oportunidades anteriores, se han distinguido por su voluntariado", dijo el canciller sobre la campaña.

Agregó que con esta iniciativa también se busca que los jóvenes informen sobre una participación ordenada en los diversos actos organizados en Lima, Cusco, Pucallpa, Chiclayo y Callao.

La apretada agenda del papa en Perú comprende al menos dos momentos dedicados a la juventud, un encuentro con jóvenes en el estadio Monumental de Lima el jueves 12 de noviembre y otro el viernes 13 en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en la ciudad norteña de Chiclayo, donde Robert Prevost fue obispo ocho años.

El cardenal Carlos Castillo expuso que los temas que han pedido a León XIV que trate en Perú son la familia, el emprendimiento, la mujer, la diversidad de culturas y la paz y una especial atención a los jóvenes, cuyos encuentros espera que sean "un renacimiento".