De acuerdo con los resultados de la encuesta, realizada este mes que termina de cara a las legislativas de medio mandato en noviembre próximo y en estados clave como Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas, un 63 % de los consultados indicó que el trato a los inmigrantes es uno de sus temas prioritarios en sus decisiones.

Los latinos de ambos partidos coincidieron, con un respaldo superior al 70 %, en que tanto republicanos como demócratas en el Congreso deben reforzar la seguridad en la frontera y dar permiso de trabajo a inmigrantes establecidos en el país hace mucho tiempo y cuyos antecedentes se puedan verificar.

Un 59 % de los encuestados opinó lo mismo respecto a la creación de una vía hacia el estatus legal para los inmigrantes que tienen familiares estadounidenses.

Según los resultados, el 64 % de los republicanos latinos, el 68 % de los independientes y el 85 % de los demócratas indicaron que votarán por candidatos que den prioridad al estatus legal y a los permisos de trabajo frente a las deportaciones masivas.

La coalición, que incluye al Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), destacó que "un sorprendente" 75 % también ve más probable apoyar a un candidato que respalde permisos de trabajo para trabajadores indocumentados que paguen impuestos.

El grupo, con más de doscientos líderes de organizaciones, firmó una declaración titulada "El momento es ahora" en la que exige protección para los inmigrantes latinos.

La alianza recuerdan que el pasado julio, dos inmigrantes padres de familia fueron asesinados por agentes del ICE en Houston (Texas) y Biddeford (Maine), con una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, que no tenía antecedentes penales y llevaba décadas en el país, y Johan Sebastián Durán Guerrero, joven colombiano quien tenía permiso de trabajo.

"Los beneficiarios de DACA están perdiendo su estatus debido a retrasos sin precedentes en las renovaciones; los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) están perdiendo su estatus; los 'dreamers' y otros inmigrantes son vulnerables a la aplicación severa de la ley y la deportación", indica la carta.

La misiva señala, además, que las cifras hablan por sí solas y el público estadounidense apoya abrumadoramente las soluciones para la comunidad latina.

"El voto hispano se gana con respeto. Respetar a nuestra comunidad significa luchar por esas protecciones, largamente esperadas, para los inmigrantes con larga trayectoria. Necesitamos acción inmediata tanto de esta administración como de los líderes del Congreso", reza la carta.

La comisión elegirá a los 12 representantes de la sociedad civil que conformarán junto a los 11 legisladores designados hoy el Comité de Postulaciones Judiciales, un órgano que se encargará de evaluar a los candidatos al Supremo, actualmente señalado de ser afín al Gobierno.

La comisión es presidida por el chavista Giuseppe Alessandrello y la integran los también oficialistas Gloria Castillo, José Óscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana González.

De igual forma, participarán los opositores Pablo Perez -quien será el vicepresidente-, Luis Florido y Félix Freites, comúnmente tildados por la oposición tradicional de ser colaboracionistas del Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, les ordenó reunirse inmediatamente y presentar el cronograma oficial para la designación de los magistrados que conformarán el máximo tribunal.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con la oposición como parte del diálogo y en un intento por garantizar la independencia a la hora de elegir a los nuevos magistrados.

De forma paralela a este comité también funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que haya independencia y equidad en el máximo tribunal.

La conformación del consejo de juristas es parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo entre el chavismo y la oposición de cara a una transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI informó de la muerte del intérprete en un mensaje en redes sociales, donde también expresó sus condolencias, sin precisar el motivo del deceso.

"Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas ‘Lazos de amor’, ‘Niña amada mía’ y ‘Por un beso’", detalló la publicación.

A la despedida también se sumó la Asociación Nacional de Actores, que lamentó profundamente la pérdida del actor que contó con una trayectoria de más de 50 años.

Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, en una familia dedicada al mundo de la actuación, pues tanto su padre, el cubano Otto Sirgo (1919-1966), como su madre, la mexicana Magda Haller (1915-1981), estaban dedicados al espectáculo.

Además, era nieto de la actriz española-mexicana Conchita Gentil Arcos (1897-1982), quien fue un símbolo durante la Época de Oro del cine nacional y colaboró en varias ocasiones con Germán Valdés, popularmente conocido como Tin Tan.

Sirgo empezó a consolidarse como icono de la telenovela mexicana tras su paso en ‘Lazos de amor’ (1995-1996), en la que dio vida a Eduardo Rivas, el personaje con el que acompañó en el escenario a la artista Lucero.

También encarnó a Octavio Uriarte en la telenovela ‘Niña amada mía’ o ‘Rosa Salvaje’, que compartió con la actriz Verónica Castro, aunque durante su trayectoria sumó más de 50 telenovelas y 30 obras de teatro.

En una entrevista con la cadena Televisa el pasado año, Sirgo confesó que enfrentaba problemas de salud y de los vuelcos sufridos tras el fallecimiento de su esposa, la actriz mexicana Mareli Morales (1953-2020).

En la producción, Charlie Sheen dará vida a Jack, un "holgazán empedernido" con dos hijas: Kate, quien dirige la empresa familiar, y la rebelde Sam, que lleva a casa a su nuevo novio, un "exbanquero de inversiones convertido en gurú de la vida en furgoneta", desatando un conflicto con su padre al tener ambos la misma edad.

"Jack pronto se da cuenta de que tiene que tomar una decisión. ¿Seguirá pensando solo en sí mismo o aprovechará esta última oportunidad para formar parte de la vida de sus hijas?", adelanta la sinopsis.

En cuanto al personaje de Martin Sheen, la publicación lo describe como el abuelo responsable de que sus nietas sean "maravillosas".

Las producción de la primera temporada comenzará a principios del próximo año y se grabará con público en directo en los estudios Warner Bros., en el mismo estudio donde se filmó 'Friends'.

De acuerdo con Variety, AMC Global Media presentará la serie a compradores internacionales en MIPCOM, el mercado internacional de contenidos de entretenimiento y televisión más importante del mundo, en octubre.

Datos del Centro Sismológico Nacional citados por la agencia oficial Andina señalaron que hasta el pasado 19 de septiembre se contabilizaban 679 movimientos telúricos en el país, mientras que el pasado viernes 25 la cifra llegó a 692.

Con el último sismo reportado este martes, el Centro Sismológico Nacional señaló que se han registrado 697 sismos en todo el territorio peruano en lo que va del año.

Los registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP) señalaron que los movimientos telúricos se presentan en diferentes regiones del país, ya que hasta el pasado 25 de septiembre la sureña Arequipa registraba 93 de ellos, seguida de Lima, con 67; la sureña de Ica, con 56; y la norteña Piura, con 44.

Entre los sismos de mayor magnitud registrados este año figuran uno de 7.2 ocurrido el 20 de agosto pasado en la región sureña de Ayacucho, que causó grandes daños materiales, pero no dejó víctimas mortales por su gran profundidad, ubicada a 108 kilómetros.

Otro sismo, de magnitud 5.4, se sintió el 18 de julio en la provincia de Chupaca, en la región central Junín, con un saldo de seis fallecidos, decenas de heridas y numerosos daños materiales.

El temblor de magnitud 5.2 de este martes se sintió a las 5.22 horas (10.22 GMT) con epicentro a 67 kilómetros al noreste de la localidad de Andoas, cercana a la frontera amazónica con Ecuador, según los datos registrados por el IGP.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, y el ultimo terremoto devastador en el país se registró en 2007 en Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.

El proyecto fue aprobado, en lo general y particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, por lo que quedó avalado sin modificaciones y fue remitido a los congresos locales.

La reforma modifica tres artículos de la Constitución para establecer que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Si poseen otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado dejó efectivamente de existir.

Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, o utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro país.

Tampoco podrán ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática.

Los cambios serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ejerzan alguno de esos cargos cuando la reforma entre en vigor.

El Congreso tendrá además 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y normas electorales en el mismo plazo.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa el 30 de agosto y la Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención sobre los artículos reservados.

Morena y sus aliados defendieron en el Senado que la medida no elimina la doble nacionalidad ni restringe de manera general los derechos políticos, sino que crea una condición excepcional relacionada con la soberanía para quienes encabecen los poderes ejecutivos.

Los opositores partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) sostuvieron, por el contrario, que la exigencia restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.

Al tratarse de una reforma constitucional, deberá obtener ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para su publicación oficial.

El debate sobre la doble nacionalidad también ha estado presente en otros procesos electorales de América Latina: presidentes, como Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, tienen también la nacionalidad estadounidense, por lo que en ambos países la oposición ha cuestionado la binacionalidad por posibles conflictos de intereses.

 Un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense se llevó las toneladas de droga decomisadas, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal supera los 1.100 millones de dólares, según confirmó este martes la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

"Por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)" en el país, reconoció el fiscal general Carlo Díaz. Por su lado, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, Michael Soto, dijo el pasado 17 de septiembre en el Congreso que la entidad solo cuenta con un horno capaz de incinerar droga y que suele averiarse, lo que provoca que la droga se vaya acumulando en las bodegas.

El envío actual de la cocaína a EE.UU. no es frecuente por parte de las autoridades costarricenses, pero sí ha ocurrido anteriormente.

En 2021, 72 toneladas de droga decomisadas en el país fueron destruidas en Miami.

En la región también han habido casos similares, por ejemplo en 2023 Panamá envió a Estados Unidos un cargamento de 55,7 toneladas de cocaína para su destrucción y en 2022 otro de 42,1 toneladas.

La Fiscalía de Costa Rica aseguró este martes que el traslado de droga a EE.UU. "refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico".

La Embajada estadounidense confirmó que las toneladas de cocaína fueron incautadas "con apoyo de Estados Unidos y otros países socios del Escudo de las Américas".

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales y hasta el momento han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de rata, y al colombiano naturalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica.

El pasado 16 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 respecto a los principales países en el tránsito de drogas ilícitas, en la cual cita a 23 países, entre ellos todos los centroamericanos.

A continuación, cuatro claves de la criticada ley:

La ‘Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue impulsada en 2017 por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en EE.UU. desde enero.

Tiene 25 artículos y prohíbe partidos políticos u organizaciones sociales que promuevan “el odio, la intolerancia y la guerra”, así como mensajes en medios de comunicación y redes sociales con ese contenido.

Entre los castigos, contempla la prisión de diez a veinte años a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”, así como la revocatoria de la concesión al “prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes” de ese tipo.

El objetivo de la ley, según su primer artículo, es “contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”.

Si bien puede parecer un instrumento de protección, la sociedad civil y la oposición, así como organizaciones internacionales, denuncian que ha sido usado para perseguir a la disidencia política y restringir la libertad de expresión.

Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.

La ONG Espacio Público -dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión- afirma que la norma ha sido utilizada “de manera selectiva contra la disidencia y el periodismo”.

En ese sentido, advierte que la ley “utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo”.

La organización señala que “la norma opera de manera sistemáticamente sesgada” y que, entre 2017 y 2024, se registraron más de 120 casos de vulneración de la libertad de expresión vinculados a la ley.

Delcy Rodríguez expresó este martes que, si bien cree “en los principios de esa ley”, esta “lamentablemente fue mal aplicada” y “se hizo un uso abusivo” de ella.

Según una carta al Parlamento difundida por la líder chavista este martes, la propuesta, que pidió sea considerada “con carácter de urgencia”, consiste en una “reforma parcial” para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la ley, como parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática”.

El presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, anunció este mismo martes la conformación de una “comisión especial” de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma.

En febrero pasado, Jorge Rodríguez había admitido un uso inadecuado de la ley y consideró posible su reforma.

Organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada en agosto de ese año, tras asumir las competencias del Parlamento, controlado entonces por la oposición, que denunció un “golpe de Estado”.

El objetivo de la ley, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales, consistió supuestamente en “fortalecer” la carta magna.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron las protestas entre abril y agosto de ese año, que dejaron más de 120 muertos.

La ley está firmada por Delcy Rodríguez, quien entonces presidía la Constituyente, y el resto de la junta directiva de este órgano que estuvo integrado únicamente por oficialistas y fue rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluyendo España, Estados Unidos y la Unión Europea.

La propia presidenta encargada había pedido entonces a “todo” el país suramericano “activarse para la implementación” de esa ley.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) Polo había disminuido la fuerza de sus vientos sostenidos hasta los 100 kilómetros por hora, con rachas de 120 kilómetros por hora.

Ahora como tormenta tropical, el centro de Polo se ubicaba a 160 kilómetros al noreste de Guaymas, Sonora, mientras el fenómeno se desplazaba hacia el noreste a 33 kilómetros por hora.

Previamente, Polo tocó tierra como huracán categoría 1 en Guaymas, alrededor de las 10:00 hora local (17:00 GMT), después de haber impactado Comondú, Baja California Sur, cerca de las 00:00 hora local (06:00 GMT) como huracán categoría 2.

"Con la pérdida de fuerza del ciclón, el SMN levantó las alertas por vientos de huracán y tormenta tropical que permanecían vigentes en Sonora y Sinaloa", apuntó el organismo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas por el ciclón.

No obstante, las fuertes lluvias y vientos han provocado inundaciones y daños materiales en Baja California Sur y Sonora, aunque aún no hay un balance oficial.

El SMN agregó que Polo seguirá dejando precipitaciones torrenciales en Sonora, lluvias intesas en Sinaloa, muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, y fuertes en Baja California. También se prevén fuertes rachas de viento y oleaje de hasta tres metros de altura.

Además de Polo, la tormenta tropical Rachel continúa frente al Pacífico mexicano y ocasionará lluvias torrenciales en Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco.

Las autoridades mexicanas han advertido de que las precipitaciones asociadas a ambos sistemas pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Beasley recibió una inyección letal a las 18:12 hora local (22:12 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, según una orden firmada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Estados Unidos ejecutó este año a 29 reos, 16 de ellos en Florida y los otros 13 en cinco estados, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida rechazó la solicitud de los abogados de Beasley para frenar su ejecución, en la que argumentaban que necesitaba una silla de ruedas y padecía depresión.

La defensa alegaba que ejecutar a alguien de su edad y con deterioro cognitivo es inconstitucional, y el tribunal respondió que la única prohibición por edad protege a quienes cometieron el delito siendo menores de 18 años.

En 1998, Beasley fue condenado por matar a martillazos en 1995 a Carolyn Monfort, de 62 años, en su vivienda al suroeste de Orlando, donde se alojaba mientras realizaba trabajos de mantenimiento en unos apartamentos que ella administraba.

Florida tiene fijada para el 20 de octubre la ejecución de William Reaves Jr., y Tennessee prevé ejecutar el próximo miércoles a Christa Pike, quien sería la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años.

Florida ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,07 %, hasta los 121.656.180 puntos.

Entre las empresas líderes que más bajaron estuvieron la Transportadora de Gas del Norte (-4,0 %) y Central Puerto (-2,4 %), mientras que entre las que finalizaron la jornada en terreno positivo destacaron Bolsas y Mercados (+3,6 %) y Transener (+2,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron en promedio hasta el 1,6 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina descendió 21 puntos básicos hasta los 607.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.545 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista disminuyó el 0,6 %, a 1.522 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó cinco pesos, a 1.560 para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia leve a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) cayó diez pesos hasta los 1.614,39 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió hasta los 1.549,36 pesos por unidad.

"Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado", dijo el gobernador a través de un comunicado.

Los proyectos de ley firmados hoy establecen estándares más estrictos para las prácticas policiales, e incluye una prohibición de guantes de electrochoque, estableciendo límites al uso de estos dispositivos por parte de las fuerzas del orden.

El mes pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un contrato de 20 millones de dólares para adquirir los guantes CTG-5, destinados para los agentes del El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Los guantes tienen electrodos conductores en la palma que al activarse y tocar directamente la piel de una persona, no funcionan a través de la ropa, emiten pulsos eléctricos para causar dolor.

California también estaría imponiendo restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración.

Además, prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California.

Newsom también firmó medidas para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de detención de ICE, entre las que se cuenta un nuevo impuesto del 25 % sobre estas cárceles privadas y cierra una laguna legal que permitía a algunas de estas instalaciones acogerse a la exención fiscal.

Otro proyecto de ley otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes federales de inmigración— si consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.

El DHS criticó duramente las nuevas leyes, afirmando que "ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para hacer de California un lugar más seguro", dijo un portavoz del DHS citado por Político.

Es probable que la Administración Trump demande ante los tribunales la legislación.

Arce está encarcelado preventivamente desde diciembre pasado por una investigación por presunta corrupción cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La Fiscalía lo acusa de supuestamente haber autorizado la transferencia de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que resultaron fallidos.

El juez Román Castro resolvió, en una audiencia virtual, que Arce siga detenido, pero ordenó a la Dirección Penitenciaria que "debe agotar en primera instancia de manera inmediata todos los mecanismos" dentro de la cárcel para atender al exgobernante cuando él "requiera" un médico.

En caso de que no bastara la atención médica dentro del penal, Castro instruyó que se avise al juez "para que inmediatamente disponga que el imputado sea conducido" hasta algún hospital, velando "sus derechos constitucionales".

El juez afirmó que la defensa de Arce "no fundamentó" con documentación "idónea" que existen riesgos para la salud del expresidente si permanece encarcelado.

Además, ordenó que un médico especializado esté a cargo de darle el alta médica a Arce, cuando lo vea pertinente, y que también se lo haga conocer antes de que regrese a la cárcel.

La defensa de Arce anunció que apelará la resolución del juez y le pidió que aclare su decisión con base en argumentos de "jurisprudencia".

Antes del fallo, el expresidente aseguró durante la audiencia que no es "ningún cobarde" para huir del país si es que recibía arresto domiciliario.

"Yo he dicho siempre que voy a enfrentar aquí en la justicia todos los cargos (en mi contra), porque el que no ha robado, el que no ha matado, el que no ha mentido a su pueblo tiene la moral para hacerlo y (...) me voy a defender en el país", dijo Arce ante el juez.

Hace dos semanas, un juez había ordenado que Arce sea trasladado a un centro oncológico especializado para que reciba un "tratamiento adecuado" por el cáncer que padece porque, según su abogado, Fernando Rivadeneyra, el exmandatario no fue sometido a una revisión médica desde que fue detenido.

El exmandatario también está procesado por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo Arce Mosqueira, quien hace poco fue beneficiado con arresto domiciliario en Santa Cruz dentro de ese caso.

Sus otros hijos, Rafael y Camila, también están incluidos en la investigación, aunque se desconoce su paradero.

La operación, denominada Apócrifo y desarrollada de manera simultánea en varias ciudades del país, permitió detener a 12 ciudadanos colombianos y tres dominicanos por los delitos de "tráfico de migrantes, concierto para delinquir y acceso abusivo a un sistema informático", entre otros.

La investigación fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de autoridades estadounidenses, Migración Colombia, la Registraduría Nacional y la Policía española.

Según las autoridades, la red captaba principalmente a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela para proporcionarles la nacionalidad colombiana mediante registros civiles de nacimiento, cédulas y pasaportes falsos.

Para ello, presuntamente contaba con la colaboración de tres funcionarios de la Registraduría en Bogotá y Barranquilla, quienes "aprovechaban sus cargos para omitir requisitos de ley, ingresar al sistema biométrico, registrar huellas y expedir cédulas de ciudadanía adulteradas".

Además fue capturada una funcionaria de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Huila (suroeste), acusada de formalizar y entregar pasaportes con base en cédulas fraudulentas.

La organización cobraba hasta 7.000 dólares por cada paquete de documentos, según la complejidad del trámite, indicó la Policía en un comunicado.

El procedimiento incluía recibir a los extranjeros en Colombia y alojarlos temporalmente mientras se coordinaban visitas a notarías y registradurías.

Allí, miembros de la red se hacían pasar por sus padres biológicos y presentaban declaraciones juramentadas falsas y documentos apócrifos para obtener registros civiles de nacimiento.

Una vez obtenida la documentación, los beneficiarios viajaban hacia Estados Unidos y Europa mediante rutas terrestres y aéreas que incluían conexiones en Ecuador, Perú y Brasil.

"Entre los beneficiarios de estas identidades falsas figuran personas con antecedentes por narcotráfico y delitos federales como lavado de activos en Estados Unidos", señaló el director de la Dijin, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Las autoridades identificaron como presunto líder de la organización a Wilson Gabriel Germosén Ramírez, alias Tito, un ciudadano dominicano que residía en Colombia desde 2017 y habría obtenido su propia identidad irregular en 2019.

Según la Policía, el hombre tenía antecedentes penales en su país y había sido deportado previamente de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de armas y estupefacientes.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó hoy que Trump y Carroll acordaron desestimar con perjuicio la apelación de él contra la orden judicial del pago de la indemnización, y dio por "retirada" la solicitud de suspender el pago mientras se procesaba el recurso.

Trump debía pagar 5,6 millones a Carroll, correspondientes a una indemnización de cinco millones de dólares más intereses, y esos fondos fueron liberados de una cuenta judicial de garantía el pasado julio por orden del juez federal Lewis Kaplan.

El juez Kaplan ordenó la transferencia de los fondos el 8 de julio después de que el Tribunal Supremo rechazara en junio revisar el caso, y además el alto foro judicial rechazó reconsiderarlo de nuevo en agosto.

Carroll, excolumnista de la revista Elle, demandó a Trump en noviembre de 2019, durante su primer mandato, por haber abusado sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1996 y por haberla difamado públicamente después de que hiciera públicas sus acusaciones.

En mayo de 2023, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, y le ordenó pagarle a Carroll cinco millones de dólares.

En enero de 2024, otro jurado federal le impuso una indemnización de 83,3 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias hechas durante su primer mandato, que todavía no ha pagado.

De acuerdo con una nueva modificación de las normas del Departamento del Tesoro, los viajes educativos relacionados con Cuba deberán realizarse bajo los auspicios de una organización que sea aceptada por las leyes estadounidenses y los estudiantes deberán viajar acompañados por esa institución autorizada.

La nueva restricción afecta a lo que Estados Unidos define como "pueblo a pueblo", viajes educativos grupales que hasta ahora estaban autorizados con base en las normativas respecto a la isla.

Aquellos que hayan realizado antes de este miércoles al menos una transacción relacionada con un viaje, como, por ejemplo, la compra de un billete de avión, podrán mantener la autorización para realizar dicha visita.

En paralelo, el Departamento de Estado ha prohibido las transacciones financieras directas o indirectas de ciudadanos estadounidenses con entidades que se encuentren en la lista de sancionados, que agrupa a organismos vinculados al aparato militar y a la inteligencia de la isla.

A partir de esta semana, también dejarán de estar autorizadas las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba cuando estas se originan y se destinan en puntos fuera de Estados Unidos.

Las nuevas disposiciones también impiden a los bancos estadounidenses abrir o mantener cuentas para ciudadanos cubanos considerados empresarios independientes del sector privado.

El endurecimiento de las sanciones educativas y financieras se produce apenas una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a Cuba de "Estado fallido" durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos utiliza la lucha contra el narcotráfico como "pretexto" para militarizar la región y acusó a Washington de reforzar el bloqueo contra Cuba, imponer sanciones secundarias y amenazar con una agresión militar contra la isla.

El proyecto fue enviado a la Asamblea Nacional en enero pasado por el Gobierno, que reconoció que el reclutamiento y uso de menores por el crimen ya no es un fenómeno aislado.

"Más de 2.000 niños en lo que va del 2026 han sido detenidos. ¿Por qué? Porque son vulnerables, porque los delincuentes, los jefes de las estructuras criminales, saben cómo captarlos", dijo durante el debate la asambleísta oficialista Diana Jácome, ponente del proyecto.

Ecuador también registró en el primer semestre de este año un récord de 305 menores asesinados, de acuerdo con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud.

La ley está compuesta por 62 artículos que reforman 15 leyes, como el código penal, el de la niñez y adolescencia; la de control del uso de drogas, y otras relacionadas con la salud, educación, cultura y deporte.

En el caso del código penal, la ley endurece las penas a los reclutadores, al pasar de sanciones de entre 10 y 13 años a entre 22 y 26 años.

Jácome también señaló que la normativa establece mecanismos de monitoreo, alerta y bloqueo de contenidos digitales vinculados exclusivamente al reclutamiento, uso y utilización de menores.

Por ejemplo, señaló que permite el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios, URL y otros identificadores digitales que contengan o difundan material destinado al reclutamiento.

La normativa fue aprobada con 88 votos de integrantes de la bancada del Gobierno y aliados, con excepción de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que se abstuvieron al considerar que la ley "no sustituye la prevención ni la presencia estatal que hoy hace falta".

La asambleísta correísta Paola Cabezas dijo que están de acuerdo con que se incrementen las penas, pero que la normativa no está abordando el problema de manera integral.

Además, cuestionó que la normativa plantea cambios en el manejo de la seguridad de los centros de detención de menores para que esté a cargo de agentes penitenciarios, que, dijo, no están preparados para eso. "Estamos poniendo a nuestros chicos a ser presa fácil para que sean violentados", aseguró.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador, Arturo Romboli, dijo antes del debate que la aprobación de la normativa era un "paso clave" en el camino hacia la protección de la niñez en el país.

La ley debe ser enviada al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para que la sancione o vete antes de entrar en vigencia.

El informe sostiene que el sistema eléctrico europeo ha resistido mejor que los combustibles fósiles las tensiones geopolíticas de 2026, gracias al mayor peso de la generación limpia.

No obstante, la patronal eléctrica advierte que la UE necesita acelerar las inversiones en almacenamiento, redes y flexibilidad para reducir aún más su exposición a las oscilaciones del gas.

La diferencia fue especialmente acusada durante los primeros meses de la crisis: entre febrero y mayo, tras el bloqueo inicial del estrecho de Ormuz, el precio del gas en el índice TTF de referencia en Europa aumentó un 41 %, mientras que el precio medio de la electricidad en la UE cayó un 7 %.

Entre los ejemplos de mayor resistencia, Eurelectric sitúa a España, cuya elevada producción eólica y solar permitió mantener los precios eléctricos relativamente bajos después del impacto inicial, mientras que en Italia, con una mayor dependencia del gas, permanecieron elevados.

"El 2026 ha registrado graves perturbaciones en los mercados mundiales de la energía, que han vuelto a poner de manifiesto los riesgos de depender de combustibles fósiles importados", declaró -en un comunicado- el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby, quien agregó que la electricidad limpia está dando resultados "en medio de estas turbulencias".

La evolución cambió durante el verano, cuando las olas de calor elevaron la demanda eléctrica, redujeron la producción hidroeléctrica en los países nórdicos y limitaron la disponibilidad de las centrales nucleares por las altas temperaturas de los ríos, los bajos niveles de agua y las operaciones de mantenimiento.

Los factores en mención empujaron al alza el precio de la electricidad, aunque en mucha menor medida que el del gas, que entre febrero y agosto, se encareció casi cuatro veces más que la luz.

El aumento de las energías renovables plantea, sin embargo, nuevos retos para el sistema, lo que lleva a Eurelectric a pedir que se acelere el despliegue de almacenamiento.

La UE disponía en 2025 de unos 64 gigavatios (GW) de capacidad a gran escala y tiene previstos otros 78 GW, pero incluso si todos esos proyectos se materializan seguiría lejos del objetivo europeo de 200 GW para 2030.

La patronal reclama además agilizar los permisos para redes, almacenamiento y generación limpia, aumentar los incentivos a la flexibilidad de la demanda y garantizar un marco estable de inversiones que permita avanzar en la electrificación de la economía europea.

"Las inversiones históricas en LNG Canada son la prueba de que Canadá vuelve a construir a lo grande", afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien señaló que el proyecto permitirá ampliar las exportaciones energéticas hacia los mercados asiáticos y reducir la dependencia comercial de Estados Unidos.

La ampliación de la planta de gas natural licuado (GNL) de Kitimat, en la provincia de Columbia Británica, elevará su capacidad de 14 a 28 millones de toneladas anuales y convertirá la instalación en la segunda mayor de su tipo en el mundo, según el Gobierno canadiense.

La denominada Fase 2, impulsada por un consorcio formado por Shell Canada (40 %), Petronas (25 %), PetroChina (15 %), Mitsubishi (15 %) y KOGAS (5 %), añadirá dos nuevas unidades de licuefacción a las dos existentes y generará más de 4.000 empleos directos durante su construcción.

La decisión también permite avanzar con la segunda fase del gasoducto Coastal GasLink, de 670 kilómetros. TC Energy prevé duplicar su capacidad mediante nuevas estaciones de compresión y mejoras de las instalaciones existentes, con más de 2.000 empleos adicionales durante la construcción.

La primera fase de LNG Canada comenzó a exportar en el 30 de junio de 2025 y convirtió a la instalación en la primera gran terminal canadiense de exportación de GNL con acceso directo a los mercados internacionales.

Coincidiendo con el anuncio, Carney presentó en Vancouver una inversión federal de 1.200 millones de dólares canadienses para reforzar la protección de los océanos, la vigilancia del tráfico marítimo y la capacidad de respuesta ante vertidos y otros accidentes.

El Gobierno enmarcó ambos anuncios en su estrategia para ampliar la infraestructura energética y comercial de la costa del Pacífico y, al tiempo, reforzar la protección ambiental, aunque Ottawa no ha presentado los 1.200 millones como una compensación específica por LNG Canada.

El vínculo político se estableció en julio, cuando Canadá y Columbia Británica acordaron acelerar proyectos como LNG Canada y, paralelamente, reforzar la protección de las ballenas y los ecosistemas costeros mediante el llamado Plan de Protección de los Océanos.

El nuevo paquete incluye más de 740 millones de dólares en cuatro años para reforzar la conservación, la vigilancia marítima y la prevención así como la respuesta ante incidentes, y 136 millones para proteger la vida marina, entre otras medidas.

Carney resumió la estrategia al señalar que Canadá pretende simultáneamente construir grandes infraestructuras, diversificar su comercio y proteger sus océanos "para las generaciones venideras".

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del DAX alemán que registró un avance de 0,1 %," dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La especialista señaló que "las pérdidas continúan ante el incremento de las tasas de los instrumentos del Tesoro que ofrecen mejores rendimientos y un menor nivel de riesgo que en el mercado accionario".

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,26 %, ganando en dos de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (0,04 %), Femsa (+2 %), Gentera (+1,55 %), Orbia (+1,53 %) y América Móvil (+0,97 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en un 0,99 %, mientras retrocede un –0,74 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,66 % frente al dólar, al pasar de 17,94 a 18,06 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 199,8 millones de títulos por un importe de 17.273,5 millones de pesos (unos 956 millones de dólares).

De las 744 firmas que cotizaron en la jornada, 514 terminaron con sus precios al alza, 205 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 6,68 %; de la productora y comercializadora de alimentos Ny bebidas Nutrisa (NUTRISA A), con 6,15 %; y de la desarrolladora inmobiliaria Gicsa (GICSA), con el 5,58 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –9,42 %, de la Financiera Independiente (FINDEP), con el –3,55 %; y del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el -2,18 %.

Se trata de Miguel Utray Delgado (Angola), Xavier Martí Martí (Filipinas), José Manuel Pascual García (Madagascar) y Daniel Losada Millar (Sudán del Sur).

Además, el Gobierno aprobó los nombramientos de Sergio Cuesta Francisco como subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Alicia Adela Cocero Mora como secretaria general para la Unión Europea.

También fueron nombrados mediante real decreto Carlos Moreno Blanco como director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Antonio Guillén Hidalgo como director general del Servicio Exterior.

La organización no precisó cuántas entradas pondrá finalmente a la venta, pero explicó que se trata de boletas inicialmente retenidas por cuestiones de montaje, visibilidad o requerimientos técnicos, así como de localidades que fueron canceladas por incumplir los términos de compra.

Este tipo de liberación de producción es habitual en los grandes conciertos: una vez definida la configuración definitiva del escenario y comprobados los espacios disponibles desde las distintas zonas del recinto, se ponen a la venta localidades que inicialmente habían quedado reservadas para cuestiones técnicas.

Por ello, aunque más de 120.000 personas esperan en la fila virtual, la cifra de entradas disponibles será bastante inferior, hasta el punto de que, tomando como referencia el aforo del estadio El Campín, podría equivaler a una cantidad cercana a tres estadios completos.

Los precios son los mismos de la venta inicial y se mantiene el límite de cuatro entradas por persona para cada fecha.

La expectativa alrededor de BTS, uno de los grupos de K-pop más populares en el mundo, se enmarca además en el crecimiento de la cultura surcoreana en Bogotá, donde este género musical ha dejado de ser un fenómeno de nicho para generar comunidades, eventos y espacios propios.

BTS actuará en Bogotá los próximos viernes y sábado como parte de su gira mundial 'Arirang', con la que el grupo surcoreano ha regresado a los escenarios tras la pausa derivada del servicio militar de sus integrantes.

El Departamento del Alguacil del condado de Pima (PCSD) anunció que tanto ellos como el grupo de trabajo del FBI que investiga el secuestro de la mujer, de 84 años, fueron informados sobre un nuevo pedido de rescate a través de un mensaje de texto.

El PCSD dijo el martes en una publicación en X que determinaron que el mensaje no es creíble.

"Se recomienda a cualquier persona que reciba un mensaje de texto u otra comunicación relacionada con Nancy Gutier que lo informe a las autoridades. Asimismo, instamos al público a mantenerse alerta, ya que los estafadores podrían intentar aprovecharse de esta situación", añadió el alguacil Chris Nanos en el mensaje.

El jefe del PCSD solicitó al público no enviar dinero ni proporcionar información personal en respuesta a mensajes no solicitados.

También, aseguró que sus investigadores seguirán evaluando la veracidad de los mensajes reportados e investigarán cualquier posible intento de extorsión.

En julio pasado las autoridades hicieron públicas dos notas de rescate recibidas en los días posteriores a su secuestro que consideraban creíbles, como parte de un nuevo llamado de ayuda al público para resolver el caso, pero no se han dado avances para encontrarla.

Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero de 2026 en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson (Arizona).

La primera nota dirigida directamente a Savannah Guthrie, presentadora del programa ‘Today’ de NBC, provenía de alguien que afirmaba tenerla en su poder y aseguraba que "ella está a salvo pero asustada".

El mensaje asegura que la octogenaria, que portaba un marcapasos, había sido secuestrada y que no sería liberada hasta que se recibiera el pago de cuatro millones de dólares estadounidenses en bitcóin, antes de las 5:00 de la tarde del 5 de febrero.

La segunda nota solo iba dirigida a la familia Guthrie y comunicaba que la madre había fallecido: "No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico", ahondaba.

La nota añadió que los secuestradores nunca quisieron hacerle daño y que no era su intención que muriera.

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), recibió diez apoyos, tres votos en contra y dos 'sin opinión', según indicó el portal especializado PassBlue, lo que supone una mejora en un punto de los votos a favor y una reducción de dos en los contrarios.

En esta ronda de votación no vinculante, conocida como 'straw poll', los miembros del Consejo de Seguridad expresan su opinión de forma confidencial, por lo que no se puede saber si alguno de los votos negativos corresponde a uno de los cinco miembros permanentes del órgano -EE.UU., China, Rusia, Francia y el Reino Unido-, cuyo voto en contra dejaría a Grynspan sin opciones de liderar la ONU.

La segunda posición la volvió a ocupar la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, actual embajadora de su país ante Naciones Unidas, que recibió ocho votos a favor, seis en contra y uno 'sin opinión', un resultado peor al obtenido en la pasada votación.

Los mismos diez votos afirmativos cosechó el argentino Rafael Grossi, mientras que siete miembros votaron en contra.

Los dos candidatos africanos obtuvieron cinco apoyos: el ugandés Olara Otunnu recibió ocho votos en contra y dos 'sin opinión', mientras que el senegalés Macky Sall cosechó nueve votos en contra y uno 'sin opinión'.

Cierran las dos candidatas ecuatorianas; María Fernanda Espinosa, con tres votos afirmativos, diez negativos y dos 'sin opinión', Ivonne Baki, con un voto a favor, once en contra y tres 'sin opinión'.

Es la primera vez que Baki obtiene un apoyo en las tres rondas de votación en las que ha participado.

La chilena Michelle Bachelet, que se retiró de la carrera el pasado 19 de septiembre tras recibir once votos en contra en la anterior ronda, no participó en este cuarto sondeo.

Este sondeo no vinculante deja una imagen muy similar a la que se ha visto en las anteriores, lo que representa el bloqueo del Consejo de Seguridad.

Tras esta ronda, los Estados miembros celebrarán otro tipo de votación en la que las cinco potencias votarán en una papeleta de un color diferente a la de los otros diez miembros, lo que permitirá conocer a quién vetan de la carrera para suceder a António Guterres, que debe abandonar el cargo a finales de año.

Este ecosistema natural, uno de los sitios de conservación de biodiversidad más importantes de Centroamérica, se convierte así en el primero de El Salvador en ser parte de esta iniciativa, fundada en 1985 por expertos e investigadores, y el número 128 del continente.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador señaló que se trata de "un reconocimiento al valor natural de uno de nuestros grandes humedales costeros", que cuenta con una extensión de 63.500 hectáreas, representando así "un mosaico de ecosistemas que sostiene una enorme diversidad de vida".

El ave Chorlo de Wilson es "una de las especies que sustentó la designación del sitio", explicó, y "su importancia va mucho más allá de una sola especie".

"El Salvador se suma por primera vez a esta red hemisférica de sitios clave para las aves playeras. Un reconocimiento Internacional que pone en valor la riqueza natural de Bahía de Jiquilisco y refuerza el compromiso de conservarla", añadió la entidad gubernamental.

La RHRAP, según su sitio web, es una estrategia internacional que tiene como misión conservar especies de aves playeras -hay aproximadamente 235 reconocidas- y sus hábitats, mediante una red de sitios clave en todo el continente americano.

La Bahía de Jiquilisco contiene el mayor estuario de manglares en El Salvador e incluye numerosas bahías, canales, playas, islas, bosques y un complejo de lagunas de agua dulce.

En El Salvador, los manglares se ubican a lo largo de la zona costera del Pacífico. Entre los más importantes se encuentran el de la Bahía de La Unión, la Bahía de Jiquilisco (ambos de la zona oriental del país), Bahía de Jaltepeque (zona central) y Barra de Santiago (zona occidental).

La Fiscalía detalló en un comunicado que en el inmueble, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, fueron hallados 25 perros de raza bulldog francés, nueve bulldog inglés, un perro salchicha, ocho perros criollos, cinco cachorros de raza bulldog francés y un gallo.

De acuerdo con las indagaciones del fiscal provincial Juan Luis Astorayme, los animales fueron trasladados a una veterinaria municipal para recibir atención y permanecer bajo resguardo.

Durante la intervención fueron detenidos en flagrancia delictiva un peruano y una venezolana, mientras que las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La agencia estatal Andina informó que varios de los perros presentaban heridas en la piel, uñas largas y sangrantes, hongos, afecciones en los ojos y signos de golpe de calor.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, señaló que algunos perros habrían sido sometidos a procedimientos para evitar que ladraran y que varias hembras al parecer fueron intervenidas para adelantar sus partos con fines comerciales y acelerar su reproducción.

Mientras que el líder progresista insiste en explotar electoralmente una noticia falsa sobre el supuesto anticatolicismo del senador ultraderechista, la campaña de Bolsonaro aprovechó este martes una polémica declaración de Lula para acusarlo de incentivar el abuso infantil.

Un video elaborado por el Partido Liberal (PL), la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), acusó al Gobierno del líder progresista de "enseñar, normalizar e incentivar" prácticas que constituyen abuso sexual de menores.

La pieza reproduce un discurso del lunes en el que el mandatario, al criticar la resistencia de los hombres al examen de tacto rectal para la prevención del cáncer de próstata, afirmó que, por el contrario, las mujeres aprenden a ser examinadas "con toque desde cuando eran pequeñas".

Pese a que el Partido de los Trabajadores (PT) se apresuró a aclarar que su candidato se refería a los exámenes ginecológicos, diferentes dirigentes opositores aprovecharon la frase para, al sacarla de su contexto, poner en duda esa intención.

El video de campaña del PL destaca que Brasil registra un promedio diario de 150 violaciones de vulnerables y que no hay ninguna razón, motivo o circunstancia que justifique que se toque a las mujeres desde pequeñas.

Igualmente, el metraje destaca unas declaraciones en las que Bolsonaro promete la castración química para los violadores de mujeres y de niñas, y pide a los electores votar por un candidato que "quiere proteger a sus hijas como si fueran las de él".

El hijo mayor de Bolsonaro al parecer intenta responder así a los comentarios de Lula y a los videos de su campaña que intentan hacerlo responsable por un supuesto proyecto de ley para retirarle el título de patrona de Brasil a la Virgen de Aparecida, la imagen más venerada por los católicos brasileños.

Pese a que la información surgió en una noticia falsa que se ha convertido viral en las redes sociales, Lula, sin mencionar a su rival político, se hecho eco de la misma en sus mítines de campaña de la víspera en Belém y de este martes en Fortaleza.

"Mientras yo sea presidente, la Virgen de Aparecida será la patrona; quien no quiera que se cambie de país", afirmó Lula, un católico que tiene el apoyo mayoritario entre los practicantes de esta religión y apoyo minoritario entre los evangélicos.

Bolsonaro, quien es evangélico, acusó al Partido de los Trabajadores de difundir la noticia falsa en las redes sociales para ensuciar su imagen y comparó los efectos de esta estrategia electoral a la "cuchillada" que sufrió su padre cuando era candidato a la Presidencia en 2018.

A petición de Bolsonaro, el Tribunal Superior Electoral ordenó el retiro de estas publicaciones de las redes sociales, pero el lunes el magistrado Flávio Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula y actualmente es magistrado del Supremo Tribunal Federal, liberó su difusión con el argumento de defender la libertad de expresión.

No obstante, Luiz Fux, otro juez del Supremo, tumbó este martes el fallo de su colega Dino y volvió a vetar el contenido relacionado con la Virgen de Aparecida y el primogénito de Jair Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan una de las presidenciales más polarizadas en la historia reciente de Brasil y están técnicamente empatados tanto en las encuestas de intención de voto para la primera vuelta del domingo, como en las que simulan un eventual balotaje.

"La mejora de la seguridad debe allanar el camino para la celebración de elecciones y el restablecimiento de una gobernanza democrática liderada por los haitianos", afirmó en un comunicado emitido en nombre del grupo de integración regional, compuesto por 15 miembros, el embajador de Jamaica, Brian Christopher Manley Wallace.

El diplomático jamaicano remarcó que el despliegue ha sido más lento de lo necesario y solicitó un apoyo financiero, logístico y operativo sostenido, que incluya transporte aéreo, equipos de vigilancia, formación y servicios de traducción.

Wallace también urgió a prestar mayor atención a la violencia contra las mujeres, las niñas y los jóvenes, así como al reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales que asolan el país froncófono.

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este martes por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027, mientras la misión afronta dificultades para completar su despliegue y hacer frente a la expansión de las bandas armadas.

La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue aprobada con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, de China, Rusia y Pakistán.

Actualmente hay desplegados en el país entre 1.500 y 1.600 efectivos, cuya función principal es restablecer la seguridad pública, proteger las infraestructuras vitales y permitir el funcionamiento del Gobierno.

Haití es uno de los 15 miembros de Caricom, que ha mediado entre los distintos grupos políticos y proporcionado ayuda humanitaria e incluso algunos efectivos para la fuerza multinacional liderada por Kenia para apoyar a la Policía haitiana.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Esta renovación del Consejo de Seguridad de la ONU se produce después de que ayer miembros de la pandilla Kokorat San Ras asesinaron a al menos a 11 personas en la comuna de Gors-Morne, en el departamento haitiano de Artibonite, en represalia por una operación de la GSF, respaldada por la ONU, según informó el alcalde de la localidad Hubert Cénéac en una transmisión a la emisora haitiana Radio Kiskeya.

Haití atraviesa una crisis política y social grave desde hace años, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

El Ejército de El Salvador ha participado en diferentes tareas de seguridad en Haití, país que enfrenta altos niveles de violencia por parte de grupos de pandillas, y ha brindado también apoyo médico.

La autorización se da luego de la aprobación de una ley especial transitoria, avalada en el Congreso con 57 votos de 60, que permitirá "al Estado de El Salvador adecuarse al cumplimiento de la misión liderada por la ONU, en el sentido de la prestación de apoyo a la seguridad en Haití", indicó el decreto leído durante la sesión plenaria.

"El Salvador ha exteriorizado a la ONU su disposición de entablar conversaciones que permitan coordinar el despliegue y asegurará la utilización eficiente de los recursos. La Fuerza Armada de El Salvador está en condiciones de apoyar la referida misión con ayuda militar y equipamiento de defensa para apoyar la misión de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití", señaló.

El documento establece que "El Salvador se compromete a colaborar en las diferentes tareas que se desarrollen en Haití" y que "el apoyo de El Salvador significa personal civil y militar de la Fuerza Armada que coadyuvarán a las tareas que ejecuta la Fuerza de Supresión de Pandillas, ya sea desde Haití o desde República Dominicana".

La autorización del Congreso salvadoreño se da el mismo día en que el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a reforzar la misión de Naciones Unidas contra las pandillas en Haití después de que el Consejo de Seguridad prorrogara también este martes el mandato de la GSF por un plazo de seis meses.

La GSF fue creada hace un año, por un periodo de 12 meses, para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, por sus siglas en inglés), y mantiene el respaldo logístico y operativo de Naciones Unidas a través de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (Unsoh).

Haití atraviesa una crisis marcada especialmente por la inseguridad provocada por las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital y mantienen constantes ataques y secuestros que obligaron a miles de personas a desplazarse.

Según Naciones Unidas, la violencia dejó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos durante el primer semestre del año.

"Resulta que Kim Jong-un es amigo mío. A él le agrada Trump. No le agrada mucha otra gente. Soy prácticamente la única persona en todo el mundo que le agrada, y él me agrada a mí. Me llueven las críticas cuando digo eso. La gente dice que él es terrible", dijo Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca.

"Kim Jong-un tiene capacidades nucleares, un gran arsenal nuclear, bastante grande, no como el nuestro, pero tiene capacidad nuclear. ¿Sabe por qué? Porque hubo presidentes que no hicieron lo que yo hice. Eso se podría haber evitado, pero hubo presidentes que no eran Trump, y no lo detuvieron", añadió el magnate neoyorquino, que ya en anteriores ocasiones acusó a predecesores como Bill Clinton, George W. Bush o Barack Obama de haber sido blandos con Pionyang.

El republicano respondió así al ser preguntado sobre por qué inició una guerra cada vez más impopular contra Irán por considerar que la república islámica no puede poseer armas nucleares, cuando a su vez trata de manera cordial a Kim, cuyo régimen posee armamento atómico.

A su vez, el presidente estadounidense volvió a enviar un mensaje tranquilizador para Kim, afirmando que mientras él esté en la Casa Blanca "a él le irá bien".

Trump dijo recientemente que está abierto a volver a reunirse con el mariscal norcoreano después de que el diálogo sobre desnuclearización que mantuvo con él se estancara tras el fiasco de la cumbre de Hanói de 2019.

Corea del Norte, que desde entonces ha reforzado enormemente sus lazos con Rusia y reavivado su relación con China, no ha parecido mostrar excesivo interés en reiniciar las conversaciones.

La decisión del magistrado Wayne Ozzi, de Staten Island, responde a una demanda interpuesta el pasado agosto por tres propietarios de inmuebles que alegaban haber recibido cartas informando de que sus viviendas estaban sujetas a este impuesto pese a que eran sus residencias principales.

Los demandantes también acusaron a la ciudad de haber hecho públicos, en un registro en la página web del Departamento de Finanzas (DOF), los nombres de propietarios y las direcciones de sus residencias, así como los valores de mercado de más de 900.000 propiedades que, en un principio, podrían estar sometidas a este cargo.

"Los propietarios están siendo perjudicados y penalizados de manera innecesaria debido al método de implementación de la ley", apuntó Ozzi en su fallo.

El juez ordenó a la Administración de Mamdani que retire la lista de la página web del DOF, aunque le permitió sustituirla por otra en la que figuren únicamente aquellos propietarios que realmente deban abonar este impuesto.

Asimismo, declaró como "arbitrarias y caprichosas" las notificaciones enviadas por correo a los demandantes, y afirmó que estas "vulneran sus derechos a un proceso con las debidas garantías".

"Los demandados no realizaron debidamente 'determinaciones iniciales' individualizadas con respecto a las 'residencias principales'. Se ordena que utilicen la información fiscal más reciente disponible", anotó.

"Dicho análisis se aplicará al ejercicio fiscal actual, así como a los ejercicios fiscales siguientes", explicó.

En su querella, los propietarios indicaron que solo hay 24.000 propiedades en la ciudad que cumplen con los umbrales de valor de mercado que requiere el gravamen, de las cuales la mayoría son primeras residencias, pero que la ciudad envió notificaciones a más del 70 % de estas viviendas.

El denominado 'pied-à-terre' fue aprobado el pasado mayo por los legisladores del estado de Nueva York y afecta a los inmuebles de una a tres familias valorados en cinco millones de dólares o más, así como a cooperativas y condominios con un valor de un millón de dólares o más.

"Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (...) a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley", dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras atender la petición de su hermana y mandataria.

Durante una sesión del Parlamento, Jorge Rodríguez detalló que la comisión estará presidida por el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante.

A Infante lo acompañan los chavistas Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, y los opositores Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.

Delcy Rodríguez había solicitado horas antes al Parlamento una reforma parcial "con carácter de urgencia" de la ley contra el odio, publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un "marco legal represivo" y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.

Luego, en un acto con caficultores en Portuguesa (centro), la líder chavista reconoció que la norma fue "mal aplicada" y utilizada de forma abusiva.

La ley fue avalada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio" y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del estado.

Por el incidente fueron detenidos Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes testigos señalaron como los supuestos responsables del homicidio, según informó la Policía de Dublin.

La pareja, identificada como los suegros de la víctima, está detenida sin derecho a fianza y se ha programado su comparecencia ante una corte para este miércoles.

El caso ha sacado a la luz pública la disputa del matrimonio de Jonathan McKinsey y su esposa, Candice Jang, que se encontraban separados y en un conflictivo proceso de divorcio y custodia de sus tres hijos.

Ambos habían solicitado órdenes de restricción y presentado acusaciones mutuas de maltrato ante los tribunales, según informó el periódico San Francisco Chronicle.

McKinsey, que trabajaba para la sección de juegos de The New York Times, solicitó el divorcio el pasado mes de diciembre y tenía programada una audiencia para el viernes 2 de octubre, de acuerdo al rotativo californiano.

El ingeniero había sido acusado de dos delitos menores de maltrato infantil el pasado octubre. Jang denunció ante la Policía de Dublín que McKinsey presuntamente había golpeado en la cara al hijo de ambos, de 6 años.

También informó a la Policía sobre otro incidente de violencia doméstica ocurrido en 2018, en el que su esposo supuestamente la agarró del brazo izquierdo y le causó hematomas. El hombre se había declarado inocente de ambos cargos, según el rotativo.

Previamente Jang había acusado a su esposo de violencia contra ella y contra los tres hijos de la pareja durante años.

Documentos judiciales citados por el periódico The East Bay Times, revelaron que McKinsey —quien era transgénero— alegó que su suegra, Shili Chen, había utilizado insultos contra él y uno de sus hijos por su condición LGTBI.

Además, McKinsey también acusó a Jang de maltrato y solicitó una orden de alejamiento contra su esposa, acusándola de haberlo golpeado con un sartén en 2013 y de arrancarle los tubos médicos del cuerpo tras un procedimiento relacionado con su transición, según registros judiciales obtenidos por el Mercury News.

También alegó que el padre de Jang le propinó un puñetazo en el pecho mientras se recuperaba de una mastectomía, de acuerdo a la publicación.

Noem, de 54 años, solicitó el divorcio de Bryon, de 56, el lunes en Dakota del Sur y citó "diferencias irreconciliables", el argumento más común en este trámite, según el medio Dakota News Now.

La pareja llevaba casada desde 1992 y tiene tres hijos adultos.

Tras la destitución de la conservadora en marzo, el medio Daily Mail publicó unas fotos de Bryon Noem con pechos postizos y ropa ultraceñida, y sugirió que llevaba una "doble vida" en la que se travestía y chateaba con modelos de fetiches en línea.

"La Sra. Noem está devastada. A la familia le tomó por sorpresa, y piden privacidad y oraciones", dijeron sus representantes al The New York Post entonces.

La excretaria de Seguridad Nacional fue cesada tras encabezar la dura política migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que desembocó en las redadas en Mineápolis donde dos civiles estadounidenses fueron tiroteados por agentes federales.

En torno a esas fechas, otro de los asuntos a los que se enfrentó la también exgobernadora de Dakota del Sur fue un supuesto romance con el lobista y comentarista político Corey Lewandowski.

Las nuevas especies pertenecen al género Lepanthes, uno de los grupos más diversos de la subtribu Pleurothallidinae, cuyas especies se distribuyen exclusivamente en el Neotrópico y pueden habitar desde bosques húmedos cercanos al nivel del mar hasta bosques montanos y páramos.

Lepanthes berthana fue encontrada en un pequeño remanente de bosque de las Cascadas de Manuel, en el municipio de El Guabo, provincia de El Oro, a unos 229 metros sobre el nivel del mar. La especie puede alcanzar unos 24 centímetros de altura y hasta ahora solo ha sido registrada una población.

Los investigadores señalaron que su hábitat enfrenta presiones por la expansión agrícola, especialmente por plantaciones de banano y cacao, así como por el incremento de actividades mineras, por lo que la evaluaron en Peligro Crítico según los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Su nombre rinde homenaje a Laura Bertha Cunalata Chávez, quien junto con su esposo ha trabajado en la protección de los bosques de las Cascadas de Manuel.

La segunda nueva especie fue identificada en remanentes de bosque montano del valle de Íntag, en el municipio de Cotacachi, provincia de Imbabura, donde hasta ahora ha sido registrada en tres localidades próximas.

Esta orquídea alcanza unos siete centímetros de altura y presenta hojas que, cuando son jóvenes, muestran un patrón reticulado y que, al madurar, adquieren una tonalidad púrpura en su superficie inferior. Sus flores combinan colores rojos, amarillo y magenta.

Los autores del estudio la evaluaron en peligro por su reducida área de distribución y a la pérdida de extensión y calidad de su hábitat por la expansión agrícola.

El hallazgo fue desarrollado por científicos del Inabio, Verde-Eec, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Y.M. Botanical Illustration, el Jardín Botánico de Bogotá y la Universidad de Caldas.

"Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años", señaló la agrupación en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Los músicos reconocieron que se trata de "la decisión más difícil" que han tenido que tomar y explicaron que cada uno está procesando el momento "a su tiempo" y "con su duelo".

"Vamos a separarnos", anunciaron, aunque dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse en el futuro: "No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio, un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar".

La banda, formada en Bogotá en 2007 y liderada por García y Prieto, continuará por ahora con su gira 'Instrucciones para ser feliz', cuyo recorrido incluye ocho presentaciones más en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico.

El grupo tiene previsto actuar este martes en Nueva Orleans, para continuar el 1 de octubre en Orlando y el 2 en Miami. Tras pasar por Ciudad de México y Colombia, la gira terminará con actuaciones en Caracas, el 7 de noviembre y Puerto Rico, el 29.

Durante sus casi 20 años de carrera, Monsieur Periné se convirtió en uno de los proyectos colombianos con mayor proyección internacional gracias a una propuesta que mezcla pop, jazz, swing y otros ritmos latinoamericanos.

Entre sus canciones más conocidas están 'Nuestra canción' y 'Bailar contigo', mientras que el álbum 'Bolero Apocalíptico' obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa en 2023.

La agrupación también ha llevado su música a escenarios internacionales como Carnegie Hall de Nueva York y festivales como Lollapalooza en Chile y Rock in Rio en Brasil.

En su mensaje de despedida, García y Prieto pusieron el foco en lo construido junto a su público durante estos años y agradecieron a quienes los han acompañado desde el comienzo.

"Lo más importante de esta historia ha sido todo lo que hemos logrado construir junto a ustedes. Todo lo que vivimos, lo que soñamos, lo que hicimos posible durante todos estos años", escribieron.

"El Partido Republicano está tan unido como pocas veces lo he visto", aseguró el mandatario en los jardines de la Casa Blanca, tras un almuerzo de trabajo con los directivos de las principales empresas ligadas a la IA.

Trump aseguró que "no hay desacuerdo" sobre la IA y los centros de datos dentro del Partido Republicano, pese a que muchos congresistas -y candidatos a las legislativas de noviembre- conservadores se oponen a construirlos en sus estados.

El jefe de Estado insistió en disipar la creciente desconfianza que muestran los estadounidenses para con los centros de datos e insistió en que los gigantes tecnológicos van a realizar "enormes aportaciones a las comunidades y a los individuos que las integran".

"Creo que las empresas serán muy generosas con ellos, tanto en el aspecto económico como en otros ámbitos. Creo que ayudarán con sus escuelas y con sus maestros, y que contribuirán a pagar los salarios de los docentes y de las personas que les brindan su apoyo", dijo Trump, rodeado por magnates tecnológicos con los que acababa de reunirse.

El republicano volvió a subrayar la necesidad de que Estados Unidos acepte los centros de datos y no deje que se instalen en sitios como Europa, al asegurar que aquellos núcleos que los acogen ahora, como Loudoun (estado de Virginia), han visto sus impuestos disminuir y sus ingresos aumentar.

Trump también aseguró que "en tres o cuatro días" planea nombra un zar para la IA y que está consultando el nombramiento con empresas del sector.

En la comparecencia también intervinieron algunos representantes de las tecnológicas que estuvieron en el almuerzo, como el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien habló sobre los esfuerzos para establecer salvaguardas para la IA en un momento de desconfianza, alimentado por el propio sector, con respecto a los peligros que entrañan sus avances.

"No existe conflicto alguno entre la innovación, la tecnología y la seguridad. Tendremos que crear nuevas tecnologías para potenciar las capacidades de la IA, pero también estamos desarrollando tecnologías que mejoran la seguridad de la misma", argumentó Huang.

Por su parte, el consejero delegado de Tesla o Space X, Elon Musk, quiso tranquilizar a aquellos que temen que sus empleos desaparezcan y aseguró que, tal y como sucedió con la irrupción de las computadores, la gente simplemente verá "una evolución de los roles".

La lista suma 96 grupos extranjeros ya designados por el Departamento de Estado estadounidense, entre ellos figuran las bandas criminales Tren de Aragua, Cartel de los Soles, siete carteles mexicanos, como el de Sinaloa, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

"Hoy, Florida trazó una línea frente al terrorismo", afirmó en un video difundido en X el fiscal general del estado, James Uthmeier.

CAIR, según Uthmeier, tiene vínculos con personas relacionadas con Hamás: alegó que su líder se reunió en 1993 con miembros de esa organización y que uno de los fundadores de su filial en Texas fue condenado a 65 años de prisión por apoyar a terroristas. Además, atribuyó a Antifa ataques contra centros contra el aborto en Florida.

La ley estatal que ampara las designaciones, en vigor desde julio, castiga el apoyo material a las organizaciones incluidas en la lista y obliga a expulsar de los colegios universitarios públicos a los estudiantes que las "promuevan".

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa a CAIR, la votación duró unos 30 segundos y se realizó sin debate, mientras su abogada pidió la palabra sin que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se la concediera.

DeSantis y su gabinete habían aprobado el 11 de septiembre el reglamento que permite al estado elaborar su propia lista de organizaciones terroristas, al margen de la del Gobierno estadounidense.

Si los tribunales no frenan la designación, CAIR tendrá que cerrar sus operaciones en Florida bajo la amenaza de sanciones penales contra sus empleados, directivos y voluntarios, según la ACLU.

"No hay ningún motivo legítimo para marcar a nuestros clientes con una etiqueta aborrecible, imponerles sanciones penales devastadoras y obligarlos a cerrar sus puertas en Florida", afirmó en un comunicado Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.

Shamsi sostuvo que CAIR, la mayor organización de derechos civiles de los musulmanes del país, está en el punto de mira no porque sea una amenaza para la seguridad pública, sino porque eso "sirve a una agenda política".

CAIR y su filial en Florida ya habían demandado en julio al gobernador ante un tribunal federal por considerar que la ley vulnera la libertad de expresión y el derecho a un proceso con garantías. La ACLU anunció que pedirá con urgencia que se suspendan las designaciones.

"El Servicio de la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) ha destruido drogas ilegales por un valor en la calle de más de 1.600 millones de dólares trinitenses (235 millones de dólares estadounidenses)", precisó la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar en su página de Facebook.

En este contexto, la mandataria apuntó que el valor de las drogas incautadas a la mafia local del narcotráfico equivale aproximadamente al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual del país.

"Gracias al esfuerzo de los valientes hombres y mujeres de nuestros servicios de seguridad, estas drogas no han llegado a nuestras calles para envenenar a nuestros hijos y destruir familias", aseveró la primera ministra.

Persad-Bissessar hizo hincapié en que gracias a la gestión de su Gobierno y los servicios de seguridad continúa lucha contra "la mafia local de la droga", a la que "se permitió actuar sin control durante diez años" bajo el mandato del partido opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus siglas en inglés).

En su opinión, "la mafia local de la droga que tanto se enriqueció durante el mandato del PNM ha llegado a su fin".

Por último, resaltó que no solo están persiguiendo los envíos físicos de drogas, sino que también están expulsando a sus cómplices de instituciones financieras, redes de distribución y del sector público con la ayuda de las fuerzas del orden internacionales.

"Que Dios siga bendiciendo a los ciudadanos respetuosos con la ley de Trinidad y Tobago", concluyó la mandataria.

Por otro lado, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago reportó en un comunicado que arrestó a tres venezolanos que iban a bordo de una embarcación que transportaba 411 paquetes precintados en el golfo de Paria.

Tras los análisis realizados por la Unidad de Investigaciones Especiales del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS SIU, en inglés), se confirmó que los embalajes contenían marihuana que pesaba 231,42 kilogramos, con un valor estimado en el mercado de 25.456.200 dólares trinitenses (3.755.377,54 dólares estadounidenses).

De acuerdo a los guardacostas, la embarcación, la tripulación y los estupefacientes fueron entregados y se están tramitando de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El Gobierno de Trinidad y Tobago reforzó este año su colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos con el fin de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y desmantelar las redes criminales transnacionales.

Este servicio es de alcance regional, con el que buscan brindar apoyo y orientación a periodistas y otros trabajadores de medios de las organizaciones afiliadas a Fepalc en 13 países de América Latina y el Caribe que enfrenten restricciones, remoción de contenidos, suspensión de cuentas u otras afectaciones a su libertad de expresión derivadas de decisiones de las plataformas digitales.

Explican que el servicio virtual está en funcionamiento desde ahora, el cual es coordinado por Observacom gracias al apoyo de Luminate.

Detallan que el servicio brindará atención en línea ante casos concretos reportados por integrantes de los sindicatos y asociaciones de Fepalc en una primera etapa.

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Buscan dar respuesta ágil y personalizada ante censura

Agregan que el servicio busca ofrecer una respuesta inicial ágil y personalizada a quienes enfrenten, entre otras situaciones, la remoción o restricción de publicaciones, la suspensión de cuentas, la desmonetización de contenidos u otras medidas adoptadas por las plataformas en aplicación de sus normas internas.

En este sentido, explican que el servicio atenderá acciones de censura privada derivadas tanto de decisiones directas de las grandes plataformas digitales, como de acciones abusivas de terceros que buscan silenciar el trabajo de periodistas y medios, afectar la circulación de contenidos periodísticos y el ejercicio de la libertad de expresión.

“Las grandes plataformas digitales se han convertido en espacios centrales para la producción, distribución y acceso a información periodística. Sin embargo, sus sistemas de moderación y aplicación de normas pueden adoptar decisiones sin considerar adecuadamente el contexto, el interés público o la naturaleza periodística de determinados contenidos”, señalan.

Indican también que a esto se suma el uso abusivo de los mecanismos de denuncia por parte de terceros, que puede derivar en restricciones igualmente perjudiciales para la libertad de expresión.

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Lo que busca el programa

Según dieron a conocer, ante estas situaciones de censura, el programa conjunto de apoyo permite que las y los afectados puedan comprender qué tipo de medida enfrentan, conocer sus derechos ante la censura privada en Internet y los mecanismos disponibles para defenderse, así como recibir orientación para presentar denuncias o apelar decisiones dentro de las propias plataformas.

Cuentan que la asistencia se articulará con herramientas ya desarrolladas por Observacom como Apelatrón (www.apelatron.org), una guía virtual automatizada que brinda orientaciones prácticas en los procedimientos de apelación frente a decisiones adoptadas por distintas plataformas digitales.

“Por el momento, el servicio no brindará asesoramiento jurídico ni representación en litigios ante la Justicia, pero en aquellos casos que, por su gravedad o características requieran una intervención jurídica, las organizaciones evaluarán individualmente las posibilidades de articulación con abogados, organizaciones aliadas u otros mecanismos de apoyo disponibles a nivel nacional”, aclarán.

Sostienen que la implementación de esta iniciativa permite comenzar a identificar y sistematizar los principales problemas que enfrentan periodistas y otros trabajadores de medios de las organizaciones afiliadas a Fepalc en su relación con las plataformas digitales, conocer qué tipos de restricciones aparecen con mayor frecuencia y evaluar la efectividad de los mecanismos de denuncia y apelación existentes.

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Base para fortalecer y ampliar programa

Detallan que esta experiencia del uso del servicio sirve como base para fortalecer y ampliar progresivamente el programa y buscar los recursos necesarios para incorporar nuevas herramientas y capacidades de atención a más periodistas, trabajadores y medios de comunicación.

“Defiende Tu Voz en Internet forma parte de una estrategia regional más amplia orientada a fortalecer las capacidades de las organizaciones de periodistas de América Latina y el Caribe para responder a las nuevas amenazas que afectan la libertad de expresión en el entorno digital”, observan.

De esta manera, FIP, Fepalc y Observacom buscan construir una respuesta práctica y accesible frente al creciente poder de las plataformas digitales sobre la circulación de información, y contribuir a que integrantes de sindicatos y asociaciones de Fepalc dispongan de mejores herramientas para defender su trabajo, sus contenidos y su derecho a informar, según afirman.

“Las personas que integren o estén vinculadas a una organización afiliada a Fepalc pueden comunicar su situación y solicitar apoyo desde este momento a través del formulario de contacto habilitado”, concluye en su comunicado conjunto.

El corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, remontó y puso fin a una secuencia de cuatro caídas consecutivas, en medio de la incertidumbre por las polarizadas elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,16 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,216 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores económicos recibieron de manera positiva la tasa de desempleo, que permaneció en el 5,3 % en agosto con respecto a julio, lo que supone el menor porcentaje para el mes desde 2012, cuando se empezó a contabilizar la estadística, según informó el Gobierno.

El resultado vino en línea con lo esperado por el mercado, que observa una desaceleración de la economía brasileña, lo que puede ayudar a reducir la inflación y, en consecuencia, los elevados tipos de interés, hoy en el 13,75 % anual.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones del grupo textil Azzas 2154, al subir un 10,5 %, y de la constructora Direcional, que avanzaron cerca de un 5 %.

En la otra cara de la moneda, los mayores pérdidas se las anotaron Companhia Siderúrgica Nacional y CSN Mineração, al dejarse un 9,8 % y un 5,7 %, respectivamente.

A través de un comunicado emitido tras la presentación del informe en la Secretaría de Gobernación, la organización manifestó su preocupación por la falta de avances sobre la implicación de las Fuerzas Armadas y de las cadenas de mando político e instó al Gobierno mexicano a no sustituir los hallazgos previos con "nuevas narrativas" que centren la explicación de los hechos únicamente en el ámbito local.

"Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso", declaró la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto.

El caso de Ayotzinapa se remonta a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el Estado mexicano de Guerrero (oeste), cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras 12 años de los hechos, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este lunes un nuevo reporte gubernamental que incluye el análisis de llamadas telefónicas, la ubicación de 17 personas de interés y la vinculación a proceso de actores locales por la alteración de evidencias.

Amnistía Internacional enfatizó que la investigación debe ser "seria e independiente" para esclarecer la actuación de agentes de procuración de justicia, de las policías y de las Fuerzas Armadas en todos los niveles.

"Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente", agregó la directora ejecutiva.

AI recordó además que los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitieron identificar "graves irregularidades" que deben ser profundizadas para reconstruir los vínculos de las fuerzas de seguridad con grupos criminales en Guerrero.

La postura de la organización se enmarca en la creciente exigencia de los familiares de las víctimas y organismos internacionales para que se esclarezcan los hechos y se investigue la responsabilidad de diferentes grupos delictivos y políticos implicados en las desapariciones.

"Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley", dijo Rodríguez durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa (centro).

Rodríguez solicitó hoy al Parlamento, de mayoría chavista, una reforma parcial "con carácter de urgencia" de la ley, criticada por la mayor coalición opositora como parte de un "marco legal represivo" y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio" y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".

Este martes, a través de una carta publicada en su Telegram pero con fecha del lunes, Rodríguez afirmó que la reforma solicitada es para "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en esta norma y como parte de las acciones del Gobierno para "transformar el sistema de justicia penal" y "favorecer el reencuentro y convivencia democrática" en Venezuela.

La mandataria, sin embargo, defendió los principios de la ley y llamó a "sustituir el odio por el amor" y "la intolerancia por la convivencia".

"Yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor (...) que no se imponga el odio sino que podamos convivir", sostuvo.

Ya en febrero de este año, su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había admitido el uso inadecuado de esa normativa y considerado posible una reforma.

Oviedo señaló en una rueda de prensa que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz conversó con EE.UU. sobre la instalación de estas unidades en los departamentos de Santa Cruz y Beni, fronterizos con Brasil, que contarán con instructores extranjeros.

El ministro explicó que una de las unidades podría instalarse en San Ignacio de Velasco o en San Matías, ambas en el departamento de Santa Cruz y próximas a la frontera brasileña, mientras que la otra estaría en Santa Ana del Yacuma, en la región del Beni.

Según Oviedo, "van a ser unidades muy equipadas que van a tener muchos elementos y cursos de super especialización" para la "represión al narcoterrorismo".

También dijo que está programada una reunión con autoridades brasileñas para mantener la coordinación entre las policías de ambos países y optimizar los sistemas de inteligencia y operatividad.

Oviedo hizo estas declaraciones desde la población amazónica de Riberalta al informar sobre la resolución de un caso de asesinato en el que estarían implicados cuatro supuestos integrantes del grupo criminal brasileño Comando Vermelho (CV).

La semana pasada, grupos especializados de la Policía y el Ejército se trasladaron hasta San Ignacio de Velasco para esclarecer los asesinatos de dos jóvenes y un hombre de 35 años, presuntamente a manos de sicarios.

Las autoridades señalaron como presuntos responsables a seis ciudadanos brasileños vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), que fueron enviados preventivamente a una cárcel de máxima seguridad.

Posteriormente, las autoridades bolivianas capturaron en otras operaciones a supuestos integrantes del PCC y el CV,algunos de los cuales fueron entregados a las autoridades brasileñas.

El Gobierno sostiene que varios de estos crímenes están relacionados con la disputa entre el PCC y el CV por el control de rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil, un conflicto que ha incrementado la violencia en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

El anuncio se produce después de que una delegación del Gobierno se reuniera la semana pasada en EE.UU. con representantes de los Departamentos de Estado, Guerra y Tesoro, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa.

Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,26 %, hasta los 51.349 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,17 %, hasta 7.670 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,09%, hasta 26.797 enteros.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta el 5,6 %, su nivel más alto desde junio de 2002, y el del bono del Tesoro a 10 años avanzó hasta el 5,25 %, impulsados por la prolongada guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró el lunes que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz persa en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

La propuesta de Irán establecía la reapertura de Ormuz en un plazo de siete días y la reanudación de las conversaciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.

Pese a todo, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) relajó las subidas de las últimas sesiones y cerró con una bajada del 3,5 %, hasta 89,38 dólares el barril, después de que Arabia Saudí reparase la conexión de un importante oleoducto atacado a principios de mes por Irak.

Según los analistas, unos precios elevados del crudo podrían llevar a la Reserva Federal (Fed) a realizar nuevos recortes de tipos de interés.

Mientras, el oro avanzaba un 0,92 %, hasta los 4.206 dólares la onza, y la plata un 0,09 %, hasta los 61,77 dólares la onza.

En el plano corporativo, destacó la caída de bancos y entidades financieras como Bank of America (-0,9 %), JPMorgan Chase (-0,48 %) o Morgan Stanley (-0,45 %).

"Desde mayo nosotros estamos viendo que las compras a través de las franquicias han venido disminuyendo y es una realidad", indicó este martes a la prensa su presidente, Julio César Lestido.

Y añadió: ¿Podemos decir que esto es una tendencia? Todavía nosotros entendemos que no. Lo que sí decimos es que han bajado las compras a través de las franquicias".

Según datos de Aduanas, en enero de 2026 se recibieron 135.941 envíos postales internacionales más que en enero de 2025, en febrero hubo 71.010 más, en marzo 83.473 más y en abril 120.335 más.

Contrario a esto, en mayo hubo 107.264 menos que en el mismo mes del pasado año, en junio 125.770 menos, en julio 118.432 menos y en agosto 97.572 menos.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, las medidas tomadas por el Gobierno llevaron a que haya una tendencia a la baja, aunque remarcó que hubo otras cosas que influyeron.

Una de estas -por ejemplo- son los viajes hechos por los uruguayos para seguir a su selección en la Copa del Mundo y que algunas personas financiaron y todavía están pagando.

"Es un poquito prematuro para decir si esto puede marcar una tendencia", puntualizó Lestido.

El pasado 1 de mayo comenzó a regir en el país suramericano el conocido como 'Impuesto Temu', mediante el que se grava con un 22 % de IVA a las compras realizadas por plataformas de internet fuera de Estados Unidos.

Hasta ese momento, las compras de productos mediante importaciones que estaban gravadas con impuestos eran las de un monto superior a 600 dólares.

Esto permitía que las personas pudieran hacer hasta tres adquisiciones anuales en plataformas de internet de un máximo de 200 dólares cada una.

La nueva reglamentación permite que cada persona pueda importar hasta 800 dólares anuales y dicha cifra se puede fraccionar en una, dos o tres partes de iguales o diferentes montos.

No obstante, las compras hechas en plataformas fuera de Estados Unidos fueron gravadas con un IVA del 22 %.

La iniciativa, impulsada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, llegó acompañada de una petición formal para que la Cámara de Diputados inicie una declaración de procedencia contra Inzunza, mecanismo constitucional que puede retirar la inmunidad procesal a un legislador y permitir que se proceda penalmente en su contra.

“Nosotros no estamos diciendo que sea culpable”, afirmó Pérez Morales, quien sostuvo que la exigencia es que el senador responda a las acusaciones “sin el manto protector del fuero”.

El abogado Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, informó que el escrito para iniciar el procedimiento fue presentado este mismo martes ante la Cámara de Diputados.

“Aquí está el juicio de procedencia que estamos solicitando”, dijo Beltrán, quien pidió a los grupos parlamentarios tramitarlo con celeridad.

La petición ciudadana se originó después de que, el 29 de abril, la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York acusara formalmente a Inzunza, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de presuntamente conspirar con cabecillas del Cartel de Sinaloa para introducir narcóticos en Estados Unidos y cometer delitos relacionados con armas.

El Departamento de Justicia estadounidense subraya que los cargos son acusaciones y que todos los imputados son considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos, ha negado nexos con el narcotráfico y el 26 de agosto se separó del grupo parlamentario del gobernante Morena para continuar como senador independiente.

Cinco días después, al reaparecer en el Senado, el congresista aseguró que las imputaciones eran falsas y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir su investigación.

Los promotores de la iniciativa civil afirmaron que las firmas, reunidas a través de Change.org, superaron las 23.000 en unos quince días y entregaron certificados que, dijeron, acreditan su verificación.

Pérez Morales sostuvo que la movilización pretende que el caso sea esclarecido por las autoridades y no sustituir su labor: “No nos corresponde a nosotros probar la integridad de nadie. Nosotros no somos autoridad”, añadió la expresidenta de la instancia anticorrupción en México.

La senadora Paloma Sánchez recibió la documentación y prometió dar seguimiento a la solicitud ciudadana, tras el rechazo para recibir la petición de otros grupos parlamentarios, como el oficialista Morena, y del presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez.

Representantes del Ministerio de Justicia y de la Agencia Nacional de las Telecomunicaciones (Anatel), organismo regulador, hicieron un balance de las acciones tomadas por un comité creado este lunes para frenar la difusión de nuevas casas de apuestas ilegales.

"Llegaremos a todos los eslabones de esa cadena de forma progresiva y continua", afirmó el ministro de Justicia, Wellington Lima.

El ministro destacó que tras la prohibición de las apuestas, que hasta ese momento suponían la principal fuente de financiación del fútbol, se han "simplificado" las labores de rastreo de movimientos financieros y de publicidad ilegal, pues ahora todas las apuestas son ilegales.

Tras la solicitud de bloqueo de los más de 5.000 sitios web y 2.000 perfiles por parte de la Anatel, las operadoras de telefonía y las redes sociales fueron notificadas.

De acuerdo con el director de la entidad, Octavio Penna, las direcciones deben ser retiradas de la red a más tardar la noche de este martes.

Los organismos de fiscalización sostienen que, además de bloquear sitios web y empresas de apuestas, también hay esfuerzos para frenar movimientos atípicos en las instituciones financieras.

“La misma institución que recibe movimientos de apuestas también recibe montos de varios otros fraudes, como el tráfico de armas y de drogas”, afirmó el secretario nacional de Seguridad Pública, Chico Lucas.

El secretario también destacó que desde el sábado se ha registrado una caída del cerca del 10 % de los movimientos financieros a través de Pix, el sistema de pagos electrónico de Brasil, de acuerdo con datos del Banco Central.

Según él, la prohibición de las apuestas fue el "único hecho relevante en este período", lo que permite observar "una relación directa".

Plataformas vinculadas a asociaciones de apuestas en Brasil, como Bet Legal, afirman que más de 500 casas de apuestas ilegales habrían sido lanzadas desde el viernes.

Aunque el dato no ha sido cuestionado, Chico Lucas señala que antes los consumidores tenían dificultades para identificar cuándo la empresa era legal o ilegal, y que ahora “todo quedó más claro, pues están todas prohibidas”.

Candidato a la reelección, el presidente Lula confía en la popularidad de la medida como una baza electoral.

De acuerdo con la encuesta Quaest, divulgada este lunes, el 62 % de los brasileños apoya la prohibición de las apuestas deportivas y de los casinos en línea.

Las operadoras de apuestas en línea, que eran legales antes de la medida, cuestionan la decisión y sopesan llevar el caso ante el Tribunal Supremo brasileño.

Tendrán hasta el 5 de octubre para devolver los fondos depositados por los apostadores.

La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.

La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una "emergencia nacional" y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.

La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.

El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos fueron encapuchados, atados y golpeados por agentes de la Policía, según una investigación publicada por The New York Times.

El Supremo tiene previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.

"Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso, llevan cuatro semanas y hasta ahora, nada, están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia", dijo Fujimori en un acto oficial en la región sureña de Ica.

Afirmó que "es lamentable" y "decepcionante" que el Gobierno todavía no tenga respuesta sobre este pedido de facultades que presentó el Ejecutivo un mes después de asumir el cargo el 28 de julio, pero apeló "a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos".

"Somos respetuosos de los tiempos, pero claro la población no espera ni los problemas tampoco, es importante que los señores parlamentarios tomen hoy una decisión", agregó la presidenta al desear que el Congreso vaya a estar "a la altura de la problemática que atraviesa el país".

Expresó que su gobierno defiende la institucionalidad y tiene respeto por la democracia, algo que indicó "no es un signo de debilidad", pero anunció que tomarán todas las medidas necesarias "dentro del marco democrático".

"Le decimos a la población que tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo nos otorguen o no nos otorguen facultades, todo dentro del marco democrático por supuesto. Aquí, el único golpe que va a haber es el golpe contra la criminalidad organizada", sentenció.

En este sentido, señaló que si el Congreso rechaza el pedido de facultades, el Ejecutivo "abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad".

Desde hace semanas, los distintos partidos políticos que conforman la cámara alta del Legislativo debaten en comisiones el pedido de legislar por 120 días sobre en un amplio espectro de materias, que abarcan temas como la seguridad ciudadana, la prevención de los efectos del fenómeno climático de El Niño y cambios en el régimen tributario y promoción del empleo, entre otros.

La presidenta derechista inauguró este martes una obra en el distrito de Chincha, en la región de Ica, que ha supuesto una inversión de 800 millones de soles (233 millones de dólares) y ha sido realizada bajo la modalidad de gobierno a gobierno con Reino Unido.

Se trata de la construcción de 62 kilómetros de defensa ribereña que protege la cuenca del río Cañete, especialmente de cara a El Niño.

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en frontera exterior de la Unión Europea no podemos afrontar solos una responsabilidad que es todos", advirtió el monarca.

Fue en el discurso pronunciado en la cena de gala que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, con motivo de su viaje de Estado a España, donde Felipe VI destacó la necesidad de ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

Y señaló que "lo acontecido en Ceuta este verano -la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es, también, una frontera europea- es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

Una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los estados miembros de la UE en recursos y cooperación, según dijo el jefe del Estado español ante el más del centenar de invitados que asistieron a la cena en el Palacio Real.

El rey defendió la UE en un tiempo "convulso en que tanto se habla de la quiebra del orden internacional, del realineamiento de las grandes potencias, del proteccionismo comercial y de la progresiva desconexión de las cadenas de valor", un momento en e que es más importante "tener una casa de todos los europeos": "Es ahora cuando necesitamos la mejor versión de Europa", dijo.

También destacó también la necesidad de que Europa siga reforzando su autonomía en el ámbito de la defensa y esté cada vez más unida en justicia e interior, una cuestión en la que Francia y España son ejemplo de una extraordinaria cooperación que, desde hace décadas, mantienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El rey agradeció a Macron, que el próximo año dejará la presidencia de Francia, su firme compromiso con la construcción de Europa y con el derecho internacional, así como con el impulso de las relaciones bilaterales con España.

Mientras, el presidente francés apostó también por el trabajo que hacen ambos países por la defensa de un orden internacional basado en el Derecho y el diálogo y por una Europa que sepa proteger a sus ciudadanos y especialmente a sus jóvenes.

A la llegada a la cena de gala, que comenzó con algo de retraso, Macron y su esposa posaron con los reyes en el Salón Teniers para la fotografía oficial, tras lo que se desplazaron al Salón del Trono para saludar a los invitados antes de acceder al comedor de gala donde ambos mandatarios pronunciaron sendos discursos a los que siguieron un brindis.

Entre los invitados figuraban el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez o el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, varios ministros y personalidades del mundo de la cultura muy populares en Francia, como la actriz Carmen Maura, la cantante Luz Casal o el escritor Javier Cercas, y de los medios de comunicación como el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

El Ministerio Público costarricense detalló que el operativo se realizó en la Base 2 del Ministerio de Seguridad ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José, donde un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense partió con la carga de 45 toneladas de cocaína.

La droga, que podría superar en el mercado del narcotráfico los 1.000 millones de dólares, fue decomisada durante los últimos meses en diversos operativos conjuntos entre Costa Rica y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

La Fiscalía de Costa Rica aseguró en un comunicado que este traslado de droga "refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico" y afirmó que "cada tonelada que se incauta y se destruye es droga que no llega a las calles".

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, agradeció la cooperación antidrogas de Estados y declaró que "por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)" en Costa Rica.

Por su parte, la embajada estadounidense confirmó en sus redes sociales el envío por aire de las 45 toneladas de cocaína para su destrucción, que fue "incautada por Costa Rica con apoyo de Estados Unidos y otros países socios del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles".

"Una nueva era de cooperación en seguridad da resultados contra los carteles y hace de nuestro hemisferio un lugar más seguro", apuntó.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

En 2023, Costa Rica registró la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022. En 2024 la cifra fue de 880 y en 2025 de 873, para una tasa de 16,8 por cada 100.000 habitantes, según los datos oficiales.

Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína, y en el que con frecuencia se producen decomisos de cargamentos de droga provenientes de Suramérica, principalmente de Colombia.

Las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberán ser convalidadas el viernes por el Congreso, no solo no han apaciguado la protesta sino que a lo largo de la tarde ha ido creciendo la afluencia de manifestantes hasta abarrotar esta noche la plaza en un ambiente festivo y entre llamamientos a nuevas movilizaciones el fin de semana e incluso a una huelga general.

Nada más conocerse que el Ejecutivo español había aprobado sus medidas sobre vivienda en dos decretos ante la posibilidad de no lograr apoyos parlamentarios para todas ellas, representantes del Sindicato de Inquilinas ya apuntaron que estarán atentos a los detalles de los textos legales para que "no se cuele nada por las grietas en las que siempre nos han colado las estafas de los rentistas".

Por la tarde, en una multitudinaria asamblea, insistían en que los decretos no son "un punto y final".

"Si alguien en algún momento ha pensado que el objetivo era solo el real decreto, es que no lo ha entendido", dijo una de las portavoces del sindicato, Valeria Racu.

Los acampados no anunciaron cuándo se irán y de momento el Sindicato de Inquilinas convocará manifestaciones y concentraciones el próximo fin de semana en toda España: "Con el horizonte de huelga general. Hay que aumentar el poder, que es de lo que va esto, hemos hecho algo histórico y hace mucho que no se hacía", señaló la portavoz de la organización, mientras los asistentes apoyaban a gritos un paro generalizado.

"Desde que empezamos el martes a las 8 de mañana no hemos parado. La acumulación de poder popular es descomunal. La calle ha sido capaz de poner contra las cuerdas tanto al Gobierno regional como al central", incidió Racu al tiempo que llamaba a seguir disputando "la batalla política en cada calle, en cada bar y en cada casa".

Los manifestantes han convocado varias consignas durante el día, entre ellas "Madrid será la tumba del fascismo", en especial después de que durante la tarde diversos perfiles en redes sociales de grupos de desocupación y de extrema derecha convocaran a los suyos para acudir a Sol a desalojar a los acampados.

A través de sus propias redes los convocantes llamaron a resistir en la plaza, en la que empezaron a organizarse ante un hipotético intento de desalojo por la fuerza dejando pasillos de emergencia entre tiendas y vigilando diversos puntos de acceso a la plaza.

Durante la tarde no se han registrado incidentes y continúa habiendo una discreta presencia policial en los accesos a la Puerta del Sol.

El funcionario explicó que el acuerdo se alcanzó días atrás en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en el marco de las varias ruedas de negocios que organizó Paraguay para atraer capitales extranjeros.

"Este memorando le permite a Petropar dar más informaciones a esta empresa, como para que continúe lo que es la prefactibilidad de un proyecto", dijo Riquelme durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial).

Asimismo, indicó que el memorando no significa el inicio inmediato de prospecciones, sino que marca "el interés de capitales del extranjero", con experiencia en la industria petrolera, en la búsqueda de hidrocarburos en Paraguay.

Las autoridades han estimado por décadas que hay yacimientos de crudo y gas explotables en el chaco paraguayo, una gran llanura semiárida que cubre el 60 % del territorio del país y que está escasamente habitada.

En esta salvaje región, empresas internacionales han hallado reservas de crudo, aunque de difícil y costosa extracción.

A finales de 2014, la empresa President Energy informó haber encontrado en el chaco una reserva con suficiente petróleo como para hacer rentable la explotación, pero finalmente abandonó el proyecto por falta de financiación.

Paraguay busca yacimientos desde 1944, cuando taladró el primer pozo, dado que cuenta con estructuras geológicas similares a las que contienen hidrocarburos en las vecinas Argentina y Bolivia.

En enero pasado, el Banco Central (BCP) informó que el país importó combustibles por 1775,2 millones de dólares durante el 2025, un monto que fue 12,9 % más bajo que en 2024.

La investigación, presentada este martes en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital mexicana, fue realizada por la ONG Reinserta y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).

El documento sobre los delitos sexuales y el abuso hacia menores cuestiona los mitos sociales sobre la figura del "agresor monstruo" para ubicar el origen de estas violencias en patrones socioculturales, distorsiones cognitivas y la impunidad.

"(Los agresores) no padecen, y repito, no padecen trastornos parafílicos, ni un trastorno mental que determine su actuar delictivo y eso recarga en la sociedad un peso mayúsculo", afirmó Nicolás Martínez, psiquiatra forense e investigador del INPRFM.

La investigación cuantitativa y cualitativa abarcó una muestra de 511 personas, 21 entrevistadas a profundidad, todas ellas sentenciadas por agresiones a menores y privadas de su libertad en diversos centros penitenciarios de México, para analizar las dinámicas detrás de los abusos contra la infancia y la adolescencia.

El estudio reveló también que las agresiones contra menores son cometidas predominantemente por hombres (96 %) con una edad promedio de 45 años que no poseen un perfil psicológico previo identificable, actuando en su mayoría por oportunidad situacional y bajo una profunda distorsión sobre el concepto de consentimiento en la infancia.

Los datos expusieron que los agresores de menores suelen minimizar el daño provocado a las víctimas y expresan culpa únicamente por las consecuencias personales o legales que han tenido que asumir.

Durante el acto, la cofundadora y vocera de la organización Reinserta, Saskia Niño, cuestionó las estrategias de prevención actuales que trasladan la carga de protección a las propias víctimas desde edades muy tempranas.

"¿Por qué estamos interrumpiendo la infancia y la inocencia de nuestros niños de esa manera en vez de estar educando a nuestros adultos y enfocándonos en los adultos?", dijo.

Advirtió que "son menos las niñas que llegan a la adultez ilesas de haber sido víctimas de algún delito de violencia sexual en México".

La vocera enfatizó además que el objetivo de analizar los testimonios directos de los agresores infantiles internados es recopilar evidencia científica para anticiparse a las agresiones, y afirmó que "entender no es justificar, entender es ampliar nuestra capacidad de prevenir".

Los resultados del estudio se presentaron el mismo día y en el mismo espacio en el que se inauguró la exposición "Infancias en Silencio", un recorrido dedicado a educar y prevenir sobre los peligros de la violencia sexual infantil.

Frente a este panorama, la ONG y el instituto psiquiátrico hicieron un llamado a las autoridades federales para impulsar políticas públicas enfocadas en la educación sexual integral, el consentimiento y el cambio de normas sociales desde la infancia.

La exposición y la presentación de este informe se dieron en un contexto marcado por la alarmante cifra de violencia sexual que atraviesa México, donde el país ocupa los primeros lugares a nivel internacional en abuso sexual infantil.

Fue en el discurso que pronunció en el Palacio Real al inicio de la cena de gala que los reyes de España ofrecieron al presidente de Francia y a su mujer, Brigitte Macron, con motivo del viaje de Estado de Macron a España, y poco después de que el Senado español tumbara el tratado.

Macron se refirió a los 360 acuerdos alcanzados con España durante su mandato, como el Convenio de Doble Nacionalidad (el primero que se suscribió con un país no perteneciente a la Comunidad Iberoamericana), firmado en la Cumbre de Montauban en 2021; y el de Cooperación en el ámbito de la defensa, que firmó en la Cumbre de Barcelona en 2023 con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El Partido Popular (PP, que controla el Senado) mostró su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos Gobiernos asistieran a los consejos de ministros del otro y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Posteriormente, ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría "en los márgenes" de las reuniones y el pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional español determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución.

No obstante, el tratado que fue rechazado de nuevo en el Senado por 142 votos en contra (PP y el ultraderechista Vox), mientras que los socialistas de Pedro Sánchez votaron a favor.

Mientras, en el Palacio Real, Macron exclamó en el brindis de antes esta cena a la que asisten un centenar de invitados: "Viva la amistad franco española".

"El trabajo empieza hoy. Comenzaremos con las consultas internas del partido y, después, con todos los partidos políticos, para presentar a su majestad, lo antes posible, nuestra propuesta de un Gobierno que esté a la altura de las expectativas del monarca y de los ciudadanos", dijo hoy Mansouri en su primera declaración pública tras recibir el encargo del rey.

La dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) no puede gobernar en solitario y tiene prisa por empezar las conversaciones.

A continuación, las claves del proceso que llevará a Mansouri a la Presidencia:

La Cámara de Representantes (Parlamento marroquí) cuenta con 395 escaños. El Gobierno necesita el respaldo de una mayoría absoluta de 198 diputados, una cifra muy superior a los 97 escaños obtenidos por el partido de Mansouri.

El PAM buscará a partidos afines. En la última legislatura, los liberales entraron en la coalición encabezada por el RNI (conservadores) con Istiqlal (PI, nacionalistas). Pero el desplome electoral del RNI tras una criticada gestión aleja las posibilidades de repetir el tripartito, según los observadores.

Fuentes del PAM explicaron a EFE que estudia cerrar acuerdos con Istiqlal (65 escaños), la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP, 26 asientos), y Progreso y el Socialismo (PPS, con 19). Una combinación de mayoría absoluta, con 207 escaños.

Mansouri ya ha adelantado que no hay "líneas rojas" en la negociación con otras formaciones, aunque el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD, 54 escaños), y la Coalición de Izquierdas (CI, ocho) ya han decidido que serán la oposición.

 Aunque la Constitución marroquí no marca un plazo, fuentes del PAM apuntaron que el Gabinete podría estar cerrado en tres semanas.

El presidente saliente del Gobierno, el magnate Aziz Ajanuch (RNI) tardó 28 días en formar Ejecutivo tras las elecciones de 2021.

En 2016, sin embargo, el islamista Abdelilah Benkirán (PJD, Justicia y Desarrollo) no lo consiguió tras cinco meses de negociaciones y fue sustituido por su compañero de partido Saadeddine El Othmani, quien necesitó un mes más para formar Gobierno.

Una vez pactada, la lista de Gobierno será presentada al rey, quien dará su opinión sobre cada uno de los miembros propuestos. Tras dar su visto bueno, nombrará formalmente a la presidenta y a sus ministros, que serán investidos ante el Parlamento.

Según constitucionalistas consultados por EFE, Mansouri mantendrá la condición de 'presidenta designada' y no asumirá plenamente el cargo de presidenta del Gobierno ni todas sus competencias hasta que su programa gubernamental obtenga la confianza del Parlamento. Mientras tanto, el Gobierno saliente continuará ejerciendo en funciones.

El monarca conservará la facultad de sustituir a la presidenta designada por otro político de su mismo partido. Sin embargo, una vez que el nuevo Ejecutivo haya obtenido la confianza del Parlamento, el rey no podrá destituirlo, salvo que decida disolver el legislativo.

La única fecha prevista ya en el calendario oficial en Marruecos está marcada en la Constitución, que establece que el nuevo Parlamento debe ser inaugurado por el rey el segundo viernes de octubre, es decir, el próximo día 9.

Durante esta ceremonia institucional, el monarca pronunciará un discurso ante los diputados en el que expondrá las líneas estratégicas de las futuras políticas del Estado.

La apertura del Parlamento puede celebrarse aunque el nuevo Gobierno aún no haya sido investido.

Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Gaudian, de 51, ambos residentes de Ciudad Juárez (México), fueron acusados por un gran jurado por conspiración para transportar e introducir extranjeros ilegalmente en Estados Unidos con fines de lucro.

Según documentos judiciales, los dos acusados formaban parte de una organización de tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente en Estados Unidos a niños migrantes no acompañados, de entre 5 y 13 años de edad, desde Juárez, México entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

La denuncia alega que Susana y Daniel Guadian reclutaban conductores para transportar a los niños en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera estadounidense.

Posteriormente, los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses a los agentes de inspección, afirmando falsamente que dichos documentos pertenecían a los niños y que ellos eran sus padres.

Durante al menos uno de los incidentes de tráfico, se les dieron a los niños migrantes gomitas que contenían marihuana para sedarlos.

Uno de los menores fue trasladado a un hospital local y posteriormente diagnosticado con intoxicación por marihuana.

Una vez dentro de EE.UU., los niños eran llevados a El Paso, donde —según la denuncia— otras personas los recogían y pagaban a los conductores.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que proteger a los niños de los traficantes será siempre una de las máximas prioridades del Departamento.

Los acusados habían sido detenidos en México el año pasado y fueron extraditados a pedido de las autoridades estadounidenses.

Dos personas más han sido procesadas por este caso: Manuel Valenzuela fue condenado el pasado 1 de julio a cinco años de prisión por su participación en la trama de tráfico de niños, y Dianne Guadian se declaró culpable de su participación en el hecho el pasado 28 de julio.

"En todo el territorio nacional se practicaron 440 detenciones", declaró Nuñez esta noche a la cadena de televisión BFMTV, y explicó que las detenciones estuvieron relacionadas principalmente con daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Nuñez precisó que las protestas afectaron a 416 centros educativos, frente a algo más de 180 del día anterior, y describió el movimiento como una movilización que se había "extendido" y que estuvo acompañada de numerosos episodios de violencia, incluidos ataques contra agentes y actos de vandalismo.

El ministro afirmó que 48 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, cuatro veces más que el día anterior. También recordó que 31 miembros del personal educativo y alumnos resultaron heridos, en su mayoría de carácter leve, según el balance comunicado por el Ministerio de Educación.

"La gravedad de las agresiones, especialmente contra las fuerzas de seguridad, así como de los daños y de algunas acciones contra el personal y los profesores, es importante", mantuvo Nuñez.

El ministro de Interior defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, que, según dijo, intervinieron de forma "extremadamente proporcionada" y en coordinación con los responsables de los centros educativos para evitar incidentes más graves.

"La violencia no es jamás legítima", subrayó el ministro del Interior, que calificó de "muy graves" las manifestaciones efectuadas hoy por el alcalde de Saint-Denis (afueras de París), el izquierdista Bally Bagayoko, que justificó los actos violentos "en un momento dado".

"El derecho a manifestarse es una libertad fundamental que no puede servir de pretexto a tales actos", sostuvo por su parte el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien calificó las agresiones de "incalificables".

"Llevar reivindicaciones es un derecho. Golpear, amenazar, quemar o impedir que los demás estudien no lo es", afirmó en un mensaje en redes sociales en el que denunció disparos de mortero o amenazas de muerte a profesores.

El ministro afirmó que se habían adoptado medidas para garantizar la protección del personal y que se habían iniciado acciones judiciales.

Los estudiantes reclaman más medios para la educación y denuncian las clases masificadas, los horarios excesivos y las malas condiciones en algunos centros.

Entre sus quejas figuran también las temperaturas demasiado elevadas o demasiado bajas en las aulas y la falta de profesionales de apoyo en los centros educativos.

La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, explicó al clausurar el encuentro que el documento compromete a sus firmantes a localizar a los ucranianos trasladados o detenidos por Rusia, facilitar su regreso y apoyar posteriormente su recuperación y reintegración en sus comunidades.

"Hemos prometido encontrar a los ucranianos que han sido sacados de sus hogares. Hemos prometido traerlos de vuelta, sabiendo que puede ser peligroso, complejo y difícil, pero sobre todo necesario", afirmó Anand.

La conferencia 'Pathways to Peace', organizada por Canadá, Ucrania y Noruega, reunió en Toronto a representantes de 83 países y organizaciones internacionales, frente a los 54 que finalmente suscribieron el compromiso.

Anand destacó que el número de adhesiones supera el registrado en la conferencia celebrada en Montreal en 2024 y señaló que Toronto ha incorporado a países y organizaciones que no participaron entonces.

La ministra también recordó que desde aquella reunión 2.650 menores ucranianos han regresado desde Rusia o los territorios ocupados, aproximadamente tres veces más que los que habían retornado cuando se celebró la conferencia de Montreal.

Pese a esos avances, Anand señaló que más de 20.000 menores continúan sin haber regresado y puntualizó también la situación de civiles detenidos y prisioneros de guerra.

Entre las prioridades identificadas durante los dos días de reuniones figura ampliar el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para localizar a las personas desaparecidas y facilitar su retorno.

Los participantes también analizaron el papel que pueden desempeñar terceros países como intermediarios. Anand citó el caso de Catar, que, según la ministra, ha facilitado el regreso de unos 80 menores ucranianos, y el de Lituania, que ha proporcionado sistemas de transporte para las evacuaciones.

Otra de las demandas planteadas en Toronto fue mejorar el acceso a información fiable sobre el paradero y las condiciones de las personas que continúan bajo control ruso.

Además, los participantes coincidieron en reforzar la asistencia a quienes regresan, así como a sus familias y comunidades, especialmente mediante programas de apoyo psicológico y social.

Canadá ha comprometido cerca de siete millones de dólares canadienses (unos 5 millones de dólares estadounidenses) para estos programas, buena parte de los cuales se destinará a organizaciones locales que trabajan sobre el terreno en Ucrania, indicó Anand.

La ministra canadiense señaló que los testimonios ofrecidos durante la conferencia por antiguos detenidos y personas separadas de sus familias servirán también para orientar la actuación diplomática de los países participantes tanto en foros multilaterales como en sus relaciones bilaterales.

Anand sostuvo que los traslados forzosos de menores, la detención de civiles y el trato dispensado a prisioneros de guerra constituyen violaciones documentadas del derecho internacional.

"Rusia no debe poder convertir estas violaciones del derecho internacional en permanentes", afirmó.

La jefa de la diplomacia canadiense cerró la conferencia con una petición repetida tres veces: "Tráiganlos a casa".

Según una declaración firmada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos, el mayor sindicato del país, y un grupo de destacadas organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo "continúa con la toma de decisiones unilaterales y el desprecio a las demandas legítimas de los tunecinos, amenazando su estabilidad y su futuro".

Ante esta situación, los firmantes -entre ellos, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH)- reafirmaron su compromiso con la lucha por las libertades públicas e individuales y por la independencia del Poder Judicial, que -aseguraron- está "manipulado" por las autoridades gubernamentales.

Asimismo, rechazaron las restricciones del Gobierno a la actividades sindicales, periodísticas, de derechos humanos, civiles y políticas, así como a cualquier reunión o manifestación pacífica.

En el documento, suscrito también por el Colegio Nacional de Abogados, las organizaciones "renuevan su compromiso" con la defensa de los derechos económicos y sociales, entre los que destacan el derecho al trabajo "decente", a un salario justo y a una vida digna.

Además, subrayaron la necesidad de proteger el poder adquisitivo, garantizar el derecho al empleo, la salud, la educación, el transporte y los servicios públicos, sin "ningún tipo de marginación, exclusión o vulnerabilidad".

Para "mantener la lucha", abogaron por la unidad de acción y la solidaridad entre las organizaciones nacionales y los actores de la sociedad civil, como "un pilar fundamental" para el pueblo tunecino.

En este sentido, instaron a todas las fuerzas civiles a fortalecer la solidaridad y a participar con responsabilidad en todas las iniciativas encaminadas a defender los derechos y libertades y a lograr la justicia social y la dignidad humana.

Los firmantes se comprometieron a llevar a cabo un conjunto de acciones e iniciativas desde posiciones comunes, entre las que anunciaron una marcha nacional para el día 17 de octubre, bajo el lema "Túnez primero y el pueblo por encima de todas las consideraciones".

Desde que Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución a la disidencia, con el encarcelamiento de opositores, periodistas y activistas, entre otros.

El llamado Plan de Acción Italia-República Checa 2026-2030 nace por "lo complementario de los sistemas productivos", dijo la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, en una rueda de prensa tras un encuentro con su homólogo checo, el populista Andrej Babis.

Entre los principales temas de cooperación figura la energía nuclear, tras levantar Italia recientemente un veto a la tecnología atómica que ha durado 40 años.

Meloni, cuyo gobierno está "empeñado en conseguir un 'mix' energético sostenible", se refirió a los "módulos nucleares de nueva generación", donde ambos países pueden "cooperar muy bien".

Los dos países vienen mostrando una creciente convergencia en temas europeos clave, entre ellos defensa y seguridad, infraestructuras, investigación e innovación, hasta la migración y la competitividad.

Uno de los temas que más incide en la competitividad y donde Roma y Praga han encontrado más sintonía es el sistema de comercio de emisiones de carbono, cuyo funcionamiento actual consideran perjudicial para la industria, por lo que han consensuado propuestas operativas para su modificación.

"El sistema europeo de impuesto sobre el carbono infla artificialmente los precios y crea desequilibrios entre los Estados miembros, lo que perjudica la competitividad de las empresas e industrias europeas", indicó la oficina de Meloni en un comunicado.

Por ello, ambos países propondrán a Bruselas "intervenir en el mercado del carbono, utilizando la Reserva de Estabilidad del Mercado para evitar que el mecanismo ETS aumente aún más la presión sobre los costes de las empresas".

Además, pedirán "mayor protección para los sectores industriales más expuestos, como la cerámica, el acero, el cemento y otros sectores de alto consumo energético, introduciendo temporalmente una mayor flexibilidad en la asignación de derechos de emisión gratuitos del ETS".

En ese sentido, ambos países proponen posponer la entrada en vigor del ETS 2, que se aplica por las emisiones de los edificios residenciales y el transporte por carretera.

"En un momento en que los precios de los combustibles ya son muy altos, la introducción del ETS 2 correría el riesgo de agravar aún más la situación en el transporte por carretera y la construcción, con efectos también en la competitividad y el poder adquisitivo de los ciudadanos", concluye la nota.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,69 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 105,28 dólares.

El brent reaccionó a la baja alentado por la reactivación del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudí y de las exportaciones de crudo de la monarquía árabe en el mar Rojo; que han aliviado puntualmente los temores de suministro en la región en un momento de escasos avances en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, se reunió hoy en Nueva York con los mediadores cataríes antes de volar de vuelta a Teherán y dijo que habían tratado las nuevas ideas de Catar para comunicárselas a Washington, así como las condiciones iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz.

Araqchí afirmó que todavía espera una respuesta formal de Estados Unidos a través de los mediadores, pese al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la propuesta iraní de siete días del cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 26 de septiembre, cuando agentes de la institución policial encontraron en la vivienda de la pareja el cuerpo sin vida, y con un disparo en la cabeza, de Gilma Peralta y al agente Luis Sandoval bajo signos de ebriedad, según reportaron medios locales.

Los agentes fueron alertados por los vecinos al escuchar una fuerte discusión y disparos en el interior del inmueble, situado en el distrito limeño de Ate-Vitarte, en el este de la capital peruana.

El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos en condición de flagrancia, y este miércoles se celebrará la audiencia judicial en la que se evaluará el pedido del Ministerio Público para que sea internado provisionalmente en la cárcel mientras continúan las investigaciones.

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, confirmó a los medios este martes que la sesión se efectuará el próximo 5 de octubre en la tarde, previa espera del envío de información y antecedentes desde EE.UU. sobre esta decisión.

Lara recordó que se enviaron, a través de la Cancillería, "notas" al Departamento de Estado "para que EE.UU. remita los antecedentes" de los casos de Mariaca y "de todas las autoridades que figuran en esa lista" de personas a las que les fue revocado el visado.

En la convocatoria a la sesión, se explica que los legisladores analizarán la información y, si fuera el caso, la "conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria", dentro de sus atribuciones constitucionales de control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas.

El lunes, el Gobierno de Donald Trump revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se menciona a trece funcionarios y exfuncionarios, incluido el fiscal general, y un empresario.

El Gobierno estadounidense señaló que las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".

El Ejecutivo boliviano calificó el lunes de "graves" estas acusaciones y anunció que pedirá a EE.UU. la información correspondiente para que haya "un proceso de investigación a fondo" en Bolivia y que las personas mencionadas por el Departamento de Estado respondan ante la justicia.

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

En octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia para un periodo de seis años, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Algunos parlamentarios pidieron al fiscal que se aparte de sus funciones mientras se investigan estas acusaciones.

El caso se remonta a la expulsión forzosa, ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional en marzo del año pasado, de ciudadanos venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una macrocárcel creada por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas en el país centroamericano, pese a que el juez federal James Boasberg había ordenado suspender el operativo.

Después de que Boasberg concluyera en abril de 2025 que existían indicios razonables de que funcionarios de la Administración habían incumplido deliberadamente su orden y de que debía investigarse quiénes eran los responsables de ese posible desacato, el Departamento de Justicia apeló en diciembre la apertura de esas pesquisas.

Previamente, el Gobierno de Trump había sostenido que fue la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cesada en marzo de este año, quien desobedeció la orden judicial, tras recibir asesoramiento de un abogado del departamento que ella dirigía.

El letrado del Gobierno alegó este martes que Boasberg invadió competencias que corresponden al Departamento de Justicia. Según su argumento, si el juez consideraba que había indicios de un delito de desacato, debía remitir el asunto a ese departamento para que decidiera si procedía presentar cargos.

"Ese es el papel que corresponde a un fiscal, no a un juez: determinar si existen otras personas que puedan ser responsables (de desacato), así como identificar a los posibles objetivos y las pruebas", afirmó durante la vista el fiscal general adjunto, Brett Shumate.

Shumate sostuvo además que Boasberg ha adoptado "una postura antagónica" hacia el Gobierno.

Varios de los jueces del tribunal, que escucharon en pleno los argumentos de las partes, señalaron, sin embargo, que el Gobierno de Trump podría estar presentando a Noem como "chivo expiatorio" para, posteriormente, invocar en su favor el privilegio ejecutivo y evitar que prospere el caso.

Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a venezolanos deportados, pidió a la corte permitir que Boasberg continúe la investigación para determinar qué funcionarios decidieron incumplir la orden de detener los vuelos y si actuaron de forma deliberada.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU, advirtió asimismo de que cerrar las pesquisas enviaría el mensaje de que el Ejecutivo puede desobedecer una orden judicial, llevar a cabo acciones como esas deportaciones —que calificó de "atroces"— y después impedir que se investigue lo ocurrido.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 3,22 dólares con respecto al cierre anterior.

Arabia Saudí reparó la conexión del oleoducto Este-Oeste, que atraviesa el país, y está exportando ya unos 3,5 millones de barriles diarios (mbd) de petróleo, según informó Bloomberg este lunes.

La reanudación de las operaciones volverá a hacer operativa la ruta de exportación que Riad había utilizado durante la guerra contra Irán debido al cierre del estrecho de Ormuz, que obligó a Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo de la OPEP, a desviar sus flujos de crudo hacia el mar Rojo.

La firma Kpler indicó en una nota que las imágenes vía satélite muestran "una recuperación operativa importante" en las terminales de Yanbu y Muajjiz.

Mientras, en el estrecho de Ormuz, el flujo de petróleo ha alcanzado una media de 13,2 millones de barriles diarios en los últimos siete días, de acuerdo con Kpler.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró el lunes que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz persa en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

En una entrevista con el canal estadounidense NBC, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica".

Puntualizó que la falta de confianza con Washington sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La propuesta de Irán establecía la reapertura de Ormuz en un plazo de siete días y la reanudación de las conversaciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica detalló que los sospechosos fueron detenidos en la localidad de San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros al oeste de San José, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Las víctimas son dos menores de edad venezolanos que fueron captados en el 2017 y de quienes los acusados figuraron ser sus garantes, previas coordinaciones y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, explicó la DGME.

"Los investigados se aprovecharon de la vulnerabilidad de las personas víctimas para otorgarles funciones laborales en diferentes locales comerciales, las cuales debían realizar por jornadas mayores a 12 horas, sin días de descanso, sin tiempos de alimentación, sin remuneración económica y sin aseguramiento médico, violentando así los derechos fundamentales de las personas", detalló la DGME en un comunicado.

La información oficial agrega que el hombre acusado "se encargó de mantener coaccionadas a las víctimas reteniendo sus documentos personales como sus pasaportes y evitando que salgan de los domicilios y locales comerciales a realizar cualquier actividad recreativa o social".

Por su parte, la mujer ejercía labores de control sobre las personas víctimas para que estas cumplan con las labores asignadas.

En la última década Costa Rica ha formado parte de un corredor migratorio que une a Suramérica con Norteamérica y por el que se han movilizado miles de personas de variadas nacionalidades latinoamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas, entre las que sobresalen los venezolanos debido a la crisis económica, social y política que ha vivido su país recientemente.

En un pronunciamiento remitido la pasada semana a la Defensoría del Pueblo, y al que EFE tuvo acceso este martes, estas comunidades indígenas expresaron su preocupación por el proceso que mantiene la petrolera estatal Petroperú para encontrar a la empresa con la que debe asociarse para volver a poner en funcionamiento las instalaciones petroleras.

Los nativos aseguran que no se oponen a la inversión privada ni al desarrollo de la actividad petrolera y, por el contrario, respaldan una inversión seria, responsable y de largo plazo que permita recuperar la producción del lote, genere empleo, contribuya al desarrollo de la región Loreto y respete los derechos e intereses de las comunidades.

Sin embargo, manifestaron sus suspicacias con el posible acuerdo alcanzado con la empresa egipcia Cheiron, y solicitaron que se realice una nueva licitación internacional "transparente del proyecto y respeto al interés público".

"Consideramos indispensable que Petroperú S.A. y Perupetro S.A. expliquen públicamente, dentro del marco legal correspondiente, cuáles fueron los criterios utilizados para determinar la propuesta seleccionada y cómo fueron ponderados los compromisos de inversión, producción, capacidad financiera y beneficios para la región", afirma el comunicado.

En este sentido, exigieron a Petroperú que informen "de manera clara, documentada y verificable" sobre el procedimiento seguido para la selección del eventual operador del Lote 192, incluyendo los criterios técnicos, económicos, financieros, productivos, ambientales y sociales considerados.

De este modo, solicitaron una nueva licitación pública internacional que permita la participación de empresas nacionales e internacionales que acrediten capacidad técnica, financiera y operativa, con reglas claras, igualdad de condiciones y mecanismos de evaluación verificables.

"Exigimos es que la selección del operador se realice mediante un procedimiento transparente, objetivo, competitivo y verificable, que garantice que el Estado peruano y las comunidades obtengan las mejores condiciones posibles dentro del marco legal", apuntaron.

Además, solicitaron que las autoridades competentes revisen el procedimiento seguido para la contratación y determinen si se han cumplido todas las disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables.

"En caso de identificarse irregularidades, falta de transparencia o incumplimiento de las reglas correspondientes, solicitamos que se adopten las medidas legales pertinentes", concluyen las comunidades y federaciones indígenas.

El Lote 192, ubicado en la región de Loreto, la más extensa del país, abarca una superficie de 512.347 hectáreas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

Desde el inicio de su explotación en la década de 1970, este bloque ha registrado una producción acumulada superior a los 737 millones de barriles de petróleo.

Se estima que el lote posee todavía unas reservas de 127 millones de barriles de reservas técnicas recuperables, principalmente de crudo pesado de 18 grados API.

El Congreso peruano emitió en 2015 una ley para que la petrolera estatal Petroperú asumiese la operación del activo una vez que finalizase la concesión que tenía la argentina Pluspetrol, pero los intentos previos para asociarse con empresas que tengan los recursos para reactivar la producción han fracasado con las empresas Altamesa y Upland.

Este indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan -que toma en cuenta la cotización de los bonos y la distancia entre la tasa que pagan con respecto a la del Tesoro estadounidense- tocó el lunes las 641 unidades.

Este martes ha recortado posiciones y se mantiene por encima de los 600 puntos.

Desde julio, cuando el riesgo país había bajado hasta los 403 puntos, la diferencia se amplió en unos 240 puntos básicos, más del 50 %.

El economista Federico Filippini, jefe de Investigación y Estrategia de Adcap Grupo Financiero, explicó a EFE que este movimiento al alza tuvo inicialmente un "gatillo global", relacionado con el cambio en las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU., pero Argentina amplificó luego la suba frente a otros mercados emergentes.

Filippini detalló que en los últimos meses el mercado comenzó a prestar atención al escenario electoral de 2027 y que, tras un período de optimismo sobre una eventual reelección de Milei, bajaron las expectativas y con ello el precio de los bonos.

"Parte de esa caída corresponde a la reversión de una posición bastante optimista a otra más alineada con las probabilidades efectivas de la reelección de Milei. Para los mercados financieros, el 2027 ya arrancó", afirmó.

Un informe de la consultora Fernando Marull y Asociados atribuyó el aumento a cuatro factores: el deterioro del escenario local durante agosto, un contexto internacional menos favorable en septiembre, las dudas sobre el programa financiero de 2027 y el aumento de la incertidumbre política y electoral.

Según esa consultora, unos 30 puntos básicos de la suba reciente respondieron al contexto global y más de 120 a factores locales.

Javier Milei aterrizará este miércoles en París en medio de señales de fragilidad: la actividad económica cayó un 2,9 % en julio respecto de junio y la pobreza alcanzó el 32,3 % en el primer semestre del año, mientras el desempleo llegó al 7,9 % y el trabajo informal alcanzó el récord de 45 %, según datos oficiales.

El presidente realiza este viaje con el objetivo principal de conseguir inversiones para mejorar la situación económica del país, en áreas como hidrocarburos y minería, con el ofrecimiento de ventajosas exenciones fiscales.

Pero Filippini advirtió que "las nuevas inversiones podrían quedar sujetas a los resultados electorales, a un 'wait and see'. Esperar y mirar a ver qué pasa el año próximo, al igual que algunos proyectos del RIGI (Incentivos para Grandes Inversiones) ya anunciados".

La primera edición de 'Argentina Week' se celebró en Nueva York en marzo pasado y quedó vinculada al escándalo en torno al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por incluir a su esposa en la comitiva oficial.

Adorni fue después investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, lo que lo llevó a renunciar al cargo en junio pasado.

Torres falleció pasada las 12:23 hora local (17:23 GMT), confirmó el gobernador Ortiz a medios colombianos citando información entregada por las directivas del Hospital Regional de la Orinoquía, donde el exfuncionario recibía atención médica tras resultar gravemente herido.

El exalcalde conocido en Colombia como 'Jhon Calzones' por el negocio de venta de ropa interior femenina con el que inició su trayectoria empresarial, fue atacado a tiros durante la mañana de este martes cuando se encontraba en su finca, en el sector rural de Yopal, hasta donde llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, causándole heridas en el tórax y el abdomen.

"Los agresores intentaron huir, pero la motocicleta sufrió una falla mecánica y uno de ellos, al parecer menor de edad, fue aprehendido", según información preliminar de las autoridades.

En el lugar fueron incautados un revólver y la motocicleta, que quedaron a disposición de las autoridades como elementos materiales probatorios, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del ataque y la participación de otras personas.

La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12.500 dólares) por información que permita identificar, capturar y judicializar a los autores intelectuales del atentado, informó la Administración departamental.

Torres fue elegido alcalde de Yopal en octubre de 2015 mientras se encontraba privado de la libertad en Bogotá por una investigación relacionada con urbanización ilegal.

En marzo de 2017, un juzgado de Yopal lo condenó a 45 meses de prisión por urbanización ilegal y le impuso una multa equivalente entonces a 2,06 millones de dólares, en ese momento la Justicia determinó que había vendido predios y auspiciado la construcción de inmuebles en un terreno que había sido ocupado por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.

Titulada 'Fue el día, fue la tarde, fue fantástico', la exposición, que se presentará hasta el 24 de enero de 2027, recopila 56 obras de 46 artistas, todas de la colección privada Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC).

La curadora Magnolia de la Garza explicó que el título de la muestra procede de la respuesta de la pintora Mira Landau sobre "¿Qué pasó ahí?", en referencia al movimiento del Museo Dinámico y a lo que ella contestó: "La gente bailaba, había teatro, había poesía, había música y fue de día, fue de tarde, fue de noche, fue fantástico".

"Eso es con lo que yo me quiero quedar", subrayó la curadora, como "cuando hay muchas cosas sucediendo y nos deja esa sensación de que fue fantástico sin importarnos la realidad".

El recorrido de la muestra se divide en capítulos. Abre primero con un enfoque sobre el Museo Dinámico y sus protagonistas, para luego abordar la abstracción y sus diálogos, seguido de una temática en torno a la poesía, la música y la performance, antes de tratar del espacio a través de la arquitectura como escenario y acabar con 'El final de la fiesta'.

"El Museo Dinámico, cuando abre sus puertas buscaba eso, que el arte jugará con una cercanía, con esta cuestión de lo familiar y lo lejano, que nos llevará a otro ambiente", enfatizó la curadora.

Añadió que, con el Museo Dinámico, en los 60 buscaron otras formas de generar conexiones y por eso lo importante aquí es "con quién hablamos, quién nos ve y cómo vamos a generar estos diálogos", ya que ella aspira a que el público no sea un visitante más, "sino algo".

En 1962 México no tenía aún un museo de arte moderno o contemporáneo, por lo que Manuel Larrosa y Miguel Salas Anzures tomaron la iniciativa de crear un proyecto para impulsar a una nueva generación de artistas abstractos a través de espacios como casas privadas y locales comerciales, para convertirlos en galerías alternativas efímeras.

Entre 1962 y 1967, el proyecto se convirtió en la primera experiencia documentada en México de intervenciones artísticas autónomas en el espacio doméstico.

Más allá de una sala tradicional, el Museo Dinámico funcionó como un punto de encuentro multidisciplinar donde la exhibición plástica convivía con lecturas de poesía, obras teatrales, música en vivo y un ambiente de fiesta comunitaria.

Su propósito principal fue impulsar la abstracción y el lenguaje experimental de la emergente Generación de la Ruptura.

De la Graza detalló que ese espíritu dinámico está muy conectado con la colección de la CIAC, que "no es una colección que tenga un espacio expositivo, no tiene un museo", sino que vive de exhibirse en instituciones que les invitan, en casas de los coleccionistas, en oficinas y otros tipos de espacios.

A sus 50 años y tras el triunfo de su partido, Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal y próximo al Palacio Real), en las elecciones del día 23, Mansouri recibió hoy el encargo del rey Mohamed VI de formar el nuevo Gobierno de Marruecos.

En sus primeras declaraciones públicas, aprovechó para lanzar un guiño a las mujeres y a los jóvenes.

"Este es un momento histórico", dijo. "Esto no es un honor solo para mí, sino para todas las mujeres del país", agregó Mansouri en su primera declaración tras reunirse con Mohamed VI.

"Somos conscientes de que será una etapa importante y en la que hay expectativas importantes de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes. Por eso vamos a presentar un programa con soluciones verdaderas y realistas, tal como quiere su majestad", destacó esta abogada, con una larga carrera política que la llevó a ser alcaldesa de Marrakech -la primera mujer al frente de una gran ciudad en Marruecos-, y ministra de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente.

Mansouri llega a la Presidencia tras unas elecciones con un 62 % de abstención, la mayor en 20 años, una muestra, según observadores, del distanciamiento entre la sociedad y la clase política en Marruecos, en especial del desencanto de los jóvenes.

Apenas representaron el 4 % del censo electoral y, a tenor del índice de abstención, una gran mayoría optó por no votar un año después de las protestas de la Generación Z, que estallaron el 27 de septiembre de 2025 en demanda de mejoras sociales.

El movimiento GENZ212 se ha diluido tras más de 2.500 procesos judiciales y condenas de hasta 15 años para unos 660 simpatizantes que permanecen en prisión.

El anuncio del nombramiento de Mansouri se produce dos meses después del cruce de decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, hacia la ciudad española de Ceuta. Un drama migratorio sin precedentes que provocó 141 víctimas, según organizaciones civiles.

Ni Mansouri ni el PAM han hablado de las víctimas durante la campaña, pero su primera declaración tras el triunfo del partido -ya entre los favoritos para presidir el Gobierno- fue clara para reclamar a España la responsabilidad por el regreso de los migrantes menores.

"Estos son nuestros hijos y tenemos que trabajar con España para que vuelvan a su país. Este es el punto de desacuerdo entre ellos y nosotros", dijo.

"Son nuestras hijas y nuestros hijos los que se marcharon, y en especial los que no han alcanzado los 18 años y tienen que volver a su país con sus padres", agregó.

Rabat ha criticado los "obstáculos administrativos y judiciales" de España que, según el país magrebí, dificultan la vuelta de los menores. Las autoridades españolas, sin embargo, defienden procedimientos de protección del menor y lamentan que Marruecos no haya respondido a 600 solicitudes de reagrupación familiar enviadas antes del 30 de julio.

"Nuestra relación con España es histórica, profunda y necesaria" y las relaciones bilaterales "deben ser de alto nivel", afirmó entonces Mansouri sobre el deterioro de las relaciones entre Madrid y Rabat tras la crisis de Ceuta.

"Sé que las relaciones entre los dos países conocen a veces altibajos, pero las relaciones son permanentes, la vecindad nos impone que las relaciones deban ser de alto nivel, tanto en lo económico como en lo comercial y diplomático", dijo durante su primera convocatoria de prensa tras el triunfo electoral de su partido.

"Por eso somos optimistas y (sé que) vamos a encontrar soluciones, pero no vamos a renunciar a nuestras posiciones en cuanto a los derechos humanos de nuestros menores", matizó Mansouri.

No obstante, la política exterior es una competencia exclusiva del Palacio, que nombra al ministro a cargo.

"El Secretario de Estado de EE.UU. repitió ayer lunes una lista específica de mentiras con la que pretende justificar el castigo colectivo contra el pueblo cubano, que rechazaron en los últimos días decenas de jefes de delegaciones en la ONU", dijo Rodríguez en X desde Nueva York, a donde viajó para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según el ministro de Exteriores isleño, Rubio "es el exponente de una política agresiva repudiada y aislada, que solo se sostiene sobre la base de la fuerza y la intimidación, no la verdad ni la razón".

El jefe de la diplomacia cubana cerró su mensaje advirtiendo que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", en referencia al embargo estadounidense sobre la isla.

Rodríguez reaccionó a una entrevista del secretario de Estado con la cadena FoxNews, donde el exsenador de origen cubano alertó de que mientras el presidente Donald Trump esté en el poder, no permitirán "que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos".

"La verdad es que Cuba ya ha caído. No tiene una economía funcional y está gobernada por personas que siguen predicando sobre una Revolución que lleva muerta 20 años. Nunca ha funcionado", dijo Rubio.

Una semana antes, Trump calificó también a Cuba de "Estado fallido" durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que la isla "está fracasando como nunca antes y caerá".

Sin embargo, afirmó el pasado sábado que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y que probablemente no será necesaria una operación militar contra la nación insular.

Entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran "el líder del cartel, Ismael Zambada Sicarios (alias 'Mayito Flaco'), algunos miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cartel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México", explicaron desde el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cartel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero", aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, "y en consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los carteles", la OFAC resume en el comunicado su labor contra "grupos criminales" y destaca que ha llevado a cabo "más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025".

Además, y para eliminar a las figuras clave de los carteles, el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta cinco millones de dólares "por información que conduzca al arresto de los jefes de plaza de Tijuana Alfonso Arzate García ('Aquiles') y René Arzate García ('La Rana') y de Mexicali, Juan José Ponce Félix ('el Ruso')".

El organismo advirtió de fuertes vientos y precipitaciones intensas en zonas del noroeste de México por el avance del ciclón, especialmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Zacatecas.

Este es el segundo impacto en tierra de Polo en menos de 12 horas, después de que alrededor de las 00:00 hora local (06:00 GMT) de este martes tocara tierra como huracán categoría 2 en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

Tras atravesar la península de Baja California, el ciclón salió nuevamente al Golfo de California y se degradó a categoría 1 mientras avanzaba hacia Sonora, donde las autoridades han activado medidas preventivas ante la previsión del nuevo impacto.

De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, Polo no dejó víctimas en su paso por Baja California Sur.

“El saldo es blanco (sin víctimas) hasta este momento”, afirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa presidencial, quien detalló que el fenómeno provocó anegaciones viales, escurrimientos, encharcamientos y caída de árboles y ramas.

Pese a las afectaciones, la funcionaria aseguró que se mantenían los servicios de electricidad y agua en Comondú, Mulegé y Loreto, los tres municipios principalmente amenazados por el ciclón.

Cerca de 700 personas permanecieron en refugios temporales durante el paso del huracán y comenzarían a regresar este martes a sus hogares, mientras que 6.872 servidores públicos de los tres niveles de Gobierno participaron en las labores de prevención y atención.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, confirmó que no se registraron víctimas mortales y señaló que las autoridades realizarían durante la jornada recorridos para determinar las afectaciones materiales.

“Nos ha dejado lluvias, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy”, afirmó.

El balance en Baja California Sur contrasta con las afectaciones que Polo dejó previamente en Jalisco, donde cuatro integrantes de una familia murieron después de que su vivienda fuera arrastrada por la crecida de un arroyo en el municipio de Talpa de Allende, según autoridades estatales.

Además de Polo, la tormenta tropical Rachel continúa frente al Pacífico mexicano y ocasionará lluvias torrenciales en Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco.

Las autoridades mexicanas han advertido de que las precipitaciones asociadas a ambos sistemas pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

La denuncia, presentada ante una corte federal, revela además que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que disparó contra Garcés no llevaba una cámara corporal.

De ser declarado culpable, Garcés, de 28 años, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo presentado en su contra.

El equipo legal del venezolano denunció que su cliente compareció en corte sin que a ellos se les notificara. "Sus abogados solo se enteraron de esta comparecencia debido a una reunión programada para esta mañana, a la cual él no asistió", según dijeron a EFE.

La denuncia penal va acompañada de una declaración jurada de un agente federal que investigó el incidente y entrevistó a Garcés en un centro de detención en el sur de Texas.

El documento recoge versiones contradictorias sobre los segundos previos al disparo. El agente que abrió fuego, identificado únicamente por las iniciales L.G., dijo a otro agente que Garcés había intentado golpearlo con su vehículo y que él había disparado su arma.

Garcés, sin embargo, aseguró durante su entrevista con el investigador que recibió el disparo después de que su automóvil se detuviera tras ser impactado por la camioneta de L.G., lo que provocó que su Toyota Corolla girara sobre sí mismo.

Según su relato, una vez detenido el vehículo, L.G. disparó a través de la ventanilla trasera derecha y la bala lo alcanzó en la parte superior de la espalda.

La declaración jurada, firmada por un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), detalla también los momentos previos al incidente.

Los agentes vieron el automóvil de Garcés estacionado frente a un restaurante en un centro comercial, consultaron sus placas en una base de datos y comprobaron que estaba registrado a su nombre y que un juez de inmigración había emitido una orden de deportación en su contra.

Cuando lo vieron salir del restaurante y subirse al vehículo, comenzaron a seguirlo en dos camionetas sin distintivos policiales.

Según uno de los agentes, activaron las luces de emergencia y una de las camionetas se colocó en diagonal frente al automóvil de Garcés para detenerlo, sin que se produjera un choque.

Garcés dio otra versión: aseguró que la camioneta lo adelantó por la izquierda y se atravesó abruptamente frente a su automóvil, provocando una colisión.

Las versiones coinciden en que los agentes se identificaron como oficiales de inmigración y le pidieron su licencia de conducir.

Garcés reconoció durante la entrevista que ignoró la orden de salir del automóvil y arrancó. Explicó que había pedido a los agentes que le permitieran estacionarlo para que su esposa pudiera recogerlo, porque sabía que iba a ser detenido.

Según la versión de los agentes, cuando Garcés arrancó, el espejo retrovisor del lado del conductor golpeó a L.G. en el torso. Después comenzó una persecución que terminó con el disparo.

"Nueve días después de haber recibido el disparo del ICE, Wilber (Garcés) aún tiene una bala alojada en la espalda", indicó la defensa del inmigrante en un comunicado.

En una entrevista con sus abogados este martes, el venezolano dijo tener un dolor considerable y mareos, y necesitaba analgésicos que no se le habían suministrado.

Garcés llegó a EE.UU. en diciembre de 2023 a través de CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.

El venezolano había solicitado asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia durante una audiencia a la que no se presentó, según relató su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.

Tras recibir el disparo el 20 de septiembre, las autoridades locales trasladaron a Garcés de emergencia a un hospital, donde fue dado de alta unas horas después sin que le retiraran la bala, que permanece alojada en su cuerpo.

Garcés permanece detenido en un centro para migrantes en Pearsall, en el sur de Texas. Su abogada presentó una demanda para pedir su liberación inmediata y frenar su deportación, y este miércoles está prevista en San Antonio una audiencia ante un juez federal.

"Seguimos exigiendo la derogación", expresó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en X, donde señaló que la norma "no solo penaliza la expresión, también permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos".

Para el SNTP, eliminar las penas de prisión "sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten" esas otras sanciones.

Por tanto, consideró que la revisión "debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura".

"Una reforma limitada a la despenalización dejaría vigentes restricciones muy graves para la libertad de prensa y de expresión", sostuvo.

En una carta que difundió este martes, Rodríguez explicó que la solicitada reforma tiene como objetivo "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en la ley y que forma parte de las acciones del Gobierno para "transformar el sistema de justicia penal" y "favorecer el reencuentro y convivencia democrática".

El Colegio Nacional de Periodistas dijo en X que la ley debe ser derogada por su "carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión".

La ONG Espacio Público también exigió su "derogación inmediata", al indicar que la ley "utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo".

El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, recordó que su organización no gubernamental ha solicitado "la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos", lo que incluye la ley contra el odio.

"Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación", expresó el activista.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

En febrero pasado, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, admitió el uso inadecuado de la ley, que establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio", y consideró posible una reforma.

El tratado fue rechazado por 142 votos en contra -del PP y del partido de ultraderecha Vox- mientras los socialistas de Pedro Sánchez votaron a favor.

Durante el debate, la senadora del PP Pilar Rojo volvió a mostrar su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos gobiernos asistan a los consejos de ministros del otro.

Este artículo fue recurrido por los conservadores en el Tribunal Constitucional y posteriormente ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría "en los márgenes" de las reuniones.

El pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución española.

Aún así, los conservadores decidieron rechazar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, aunque la senadora del PP matizó que su voto no cuestiona a Francia como "amigo, vecino y socio".

Desde el PSOE, Concha Andreu criticó al PP por la "irresponsabilidad" de su posicionamiento.

La votación se produjo justo cuando empezaba la cena de gala que los reyes de España ofrecen a Macron y a su esposa en Madrid, y a la que no ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por encontrarse de viaje.

El Tratado entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, fue acogido inicialmente con una abstención por parte de los populares cuando se votó el dictamen en comisión, pero después cambiaron a un 'no' en el Congreso el pasado mes de junio.

“Lo que hemos hecho no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para evitar que las mujeres sean asesinadas ni para que se sientan seguras en sus hogares, calles o lugares de trabajo”, reconoció el mandatario durante un discurso televisado a la nación.

El presidente sostuvo que las autoridades no pueden "esperar a que una mujer sea asesinada para intervenir" y anunció un plan de choque que establecerá plazos estrictos de entre 60 a 90 días para agilizar las investigaciones congeladas, reducir los atrasos en los laboratorios forenses, realizar auditorías de seguridad urbana en los municipios y endurecer el control sobre la venta de alcohol.

El jefe de Estado admitió que el hogar constituye el principal escenario de este “desastre nacional” y precisó que más del 60 % de las víctimas mortales en los últimos años perecieron a manos de sus parejas o exparejas.

“La solución a la violencia contra las mujeres no puede ser hacer a las mujeres menos libres. No podemos construir un país más seguro convirtiendo a las mujeres en prisioneras de la precaución. Es hora de que los hombres de bien dejen de ser hombres silenciosos”, enfatizó Ramaphosa, al instar a los varones a asumir la responsabilidad de frenar los abusos.

El mensaje presidencial se produjo tras confirmarse la muerte de Boitumelo Gift Mashita, de 23 años, tiroteada en Ekurhuleni, un caso con el que ascendió a doce la cifra de cuerpos de mujeres encontrados en la zona en los últimos dos meses, la mayoría con signos de violencia.

Pese a la alarma social, la Policía aclaró que de momento no hay pruebas de que se trate de un único asesino en serie, debido a la diversidad de motivaciones y metodologías detectadas y, hasta la fecha, las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro personas vinculadas a varios de estos feminicidios.

La intervención del presidente coincidió con la convocatoria de una marcha antiinmigración fijada para este miércoles, que mezcla reclamos contra los migrantes indocumentados con protestas por la inseguridad de las mujeres, un contexto en el que Ramaphosa subrayó que Sudáfrica no se dejará definir ni por los feminicidios ni por “la xenofobia y la intolerancia”.

El suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte prematura en Nueva York, pasando del décimo puesto en 2000 al quinto en 2023, señaló el comunicado de la agencia sanitaria con motivo del Mes de la Prevención del Suicidio.

Los datos de Salud indican que en 2024 la tasa fue del 5,9 por cada 100.000 habitantes (535 muertes), la mitad de la tasa nacional, de 13,7, y una merma frente a 2022, cuando la cifra fue de 601.

Entre los latinos en general, en ese período, se registró un alza anual promedio del 5 %.

Los números dados a conocer hoy indican además que durante la última década el número de suicidios entre jóvenes de 5 a 17 años promedió trece al año. Entre 2015 y 2024 , las cifras de jóvenes latinos (41) fue la más alta de todos los grupos raciales y étnicos, seguido por la de jóvenes negros (35) y blancos (29).

Según datos sobre suicidio del Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas en la ciudad, entre 2015 y 2024, el 62 % de las personas tenía una afección de salud mental documentada, como depresión, y el 33 % recibía tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias en el momento de su muerte.

Los números también aumentaron en general entre los hombres, un 2,7 % anual entre 2015 y 2022, mientras que entre las mujeres disminuyeron un 4,7 %.

Entre 2015 y 2024, en comparación con las mujeres fallecidas, los hombres tenían menos probabilidades de presentar trastornos de salud mental documentados (74 % frente a 57 %) o antecedentes de tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias (51 % frente a 35 %).

En ese periodo, una de cada cinco personas fallecidas tenía un intento de suicidio previo documentado.

El Departamento de Salud destacó que estas tendencias ponen de relieve la necesidad de implementar medidas de prevención integrales y adaptadas a la población que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios, reduzcan el estigma y los prejuicios asociados a la búsqueda de ayuda y garanticen el acceso a servicios de salud mental asequibles para los jóvenes neoyorquinos en su transición a la vida adulta.

Indicó además que su iniciativa HealthyNYC tiene como objetivo reducir las muertes por suicidio en la ciudad en un 10 % para el año 2030.

Tras haber sometido a los vehículos a un examen exhaustivo con ayuda militar y forense, el jefe de la CTP, el subcomisario Laurence Taylor, dijo hoy en un comunicado: "Podemos confirmar que no se encontraron artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, se recuperó una cantidad -sin cuantificar- de gasolina".

Esta información llega después de que ayer lunes las autoridades británicas dejasen en libertad bajo fianza a cinco hombres, de entre 23 y 25 años y procedentes de Londres, previamente arrestados en relación con este incidente bajo sospecha de preparación de un acto terrorista.

Taylor justificó esta liberación de los sospechosos -criticada, entre otros, por el presidente estadounidense, Donald Trump- como una "decisión fruto de la investigación, basada en la experiencia y en una cuidadosa consideración de las facultades policiales".

Además, indicó que los registros en diversos domicilios de Londres de los cinco sospechosos ya han concluido y se prevé que este miércoles se levanten por completo los cordones policiales todavía presentes en las inmediaciones de la base.

El presunto plan terrorista contra la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos -con autorización de Londres- para lanzar operaciones "de carácter defensivo" en su actual conflicto con Irán, deja tras de sí múltiples interrogantes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el supuesto complot "involucra claramente a un actor extranjero", aunque sin dar más detalles. Una de las líneas de investigación inicial apuntaba a la posible implicación de Irán en el incidente, pero su embajada en Londres negó el lunes rotundamente cualquier participación.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, convocó ayer lunes una reunión del gabinete de emergencia del Gobierno (conocida como COBRA) para abordar los detalles del incidente tras la detención inicial de los cinco sospechosos.

La Policía regional de Gloucestershire recibió una alerta a las 00:45 de la madrugada del domingo sobre "tres vehículos sospechosos" que se dirigían hacia la base aérea de RAF Fairford y, poco después, otra vecina llamó a emergencias para avisar de que había visto a "un gran grupo de hombres encapuchados y enmascarados".

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Denver, sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incumplieron sus obligaciones legales al contratar a la empresa privada GEO Group para renovar y operar una antigua prisión de Hudson sin realizar previamente el análisis ambiental requerido.

El contrato, anunciado en julio pasado, tiene una duración de cinco años y un valor superior a 500 millones de dólares, según la demanda. El centro, denominado Big Horn, funcionaría en el edificio de una cárcel cerrada en 2013.

Weiser pidió al tribunal que anule el contrato y suspenda las obras hasta que las agencias federales cumplan con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y demuestren además que la instalación constituye un lugar "apropiado" para la detención migratoria, como exige la legislación federal.

"Los habitantes de Colorado están profundamente preocupados por los planes de abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, inhumano y a menudo ilegal, de la Administración Trump", expresó Weiser en declaraciones preparadas.

El estado sostiene que un centro con 1.200 detenidos casi duplicaría la población de Hudson y podría afectar el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, las carreteras, la calidad del aire y los servicios de emergencia.

La propia planificación municipal indica que reabrir la instalación requeriría ampliar la planta de tratamiento de agua potable y agregar otro pozo, mientras que la planta de aguas residuales ya supera periódicamente su capacidad actual.

La acción de Weiser se suma a otra demanda presentada la semana pasada por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y GreenLatinos, que también acusa al ICE de no efectuar el análisis ambiental exigido por NEPA antes de avanzar con el proyecto.

Además, residentes de Hudson y la organización Together Colorado mantienen otra demanda relacionada con la aplicación de las normas locales de zonificación al proyecto.

El ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, Nicolas Forissier, sostuvo durante la presentación del Informe Económico Francia-México 2026, por los 200 años de lazos económicos entre los dos países, que ambos países comparten una apuesta por el multilateralismo y por relaciones comerciales basadas en reglas.

Forissier puso especial énfasis en "asegurar" las cadenas de suministro, en especial, las vinculadas con minerales críticos y tierras raras, ante el riesgo de que esos recursos sean utilizados como herramientas de presión económica.

El funcionario afirmó que Francia ve a México como una puerta hacia el continente americano, mientras que París busca posicionarse como plataforma para que las empresas mexicanas accedan a la Unión Europea, el norte de África, África subsahariana y Oriente Medio.

En ese contexto, instó a las compañías francesas a aumentar su "presencia e inversión" en México, y pidió también una mayor llegada de empresas y capital mexicano a Francia para consolidar una relación económica en ambos sentidos.

La presencia francesa ya alcanza unas 700 empresas en México, incluidas 37 de las 40 mayores compañías de Francia, y genera más de 215.000 empleos directos, según el informe presentado por la Embajada francesa.

La inversión francesa acumulada en México desde 2006 asciende a 13.600 millones de dólares, tras crecer un 10 % en 2025, mientras el intercambio bilateral de bienes alcanzó 7.900 millones de dólares ese año.

Por su parte, la subsecretaria mexicana de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, pidió por su parte que la creciente presencia empresarial francesa se traduzca en una mayor integración de proveedores mexicanos y en más compras de insumos nacionales.

El Informe Económico Francia-México 2026 señala que más de la mitad de las compañías francesas encuestadas ya realiza más del 50 % de sus compras a proveedores mexicanos.

Escobedo señaló además las oportunidades que abre el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE), firmado el 22 de mayo, que actualiza el acuerdo vigente desde 2000, busca ampliar el comercio y la inversión y eliminar la mayor parte de los aranceles restantes, además de mejorar el acceso a servicios, inversión y contratación pública.

"En los países de la OCDE con datos disponibles para ambos años, el gasto gubernamental promedio en educación desde primaria hasta terciaria ha disminuido desde el 4,4 % del PIB en 2015 hasta el 4,2 % en 2023. En el mismo periodo, descendió desde 6,4 % hasta 4,7 % en Costa Rica, demostrando una caída más rápida", indica el informe Panorama de la Educación publicado este martes por esa organización.

La Constitución Política de Costa Rica establece que el gasto público en educación debe ser del 8 % del PIB, sin embargo los Gobiernos a lo largo de los años no han cumplido con esa meta y han interpretado que se trata de una cifra aspiracional.

El 81 % del gasto corriente en el sistema de educación primaria de Costa Rica se destinó al pago de remuneraciones de los docentes, cuando el promedio de la OCDE es del 79 %, añade el informe.

Sobre los docentes, el estudio remarca que Costa Rica se encuentra por encima del promedio de la OCDE en preparación, ya que solo el 2,9 % de los maestros de primaria y secundaria en instituciones públicas no estaban completamente calificados para su labor en 2024 contra un 9,1 % de la OCDE.

Además, en Costa Rica, el 76,5 % de los profesores de secundaria están satisfechos con los términos de su trabajo y un 44,8 % con su salario, mientras que los promedios de la OCDE son 68,4 % y 38,7%, respectivamente.

En cuanto al mercado laboral, la OCDE detalló que Costa Rica se mantiene por debajo del promedio de la organización en lo que a calificación se refiere, ya que el 28 % de los mayores de 25 años cuenta con educación terciaria contra el 43 % en la OCDE, y el 21 % posee preparación post secundaria no universitaria, frente a un 39 % de la OCDE.

Los jóvenes entre los 20 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan en Costa Rica alcanzaron en el 2025 el 20 % de esa población, lo que supone una leve reducción en comparación con el 23 % registrado en 2015. En la OCDE el porcentaje se redujo del 16 % al 13 % en ese periodo.

"Los jóvenes y jóvenes adultos que no estudian ni trabajan son una preocupación clave, ya que los periodos prolongados de inactividad en la edad joven pueden tener efectos negativos duraderos en los resultados socioeconómicos en el futuro", afirma el estudio.

El desempleo en personas con educación terciaria en Costa Rica se ubicó en el 8 % en el 2025, mientras que el promedio de la OCDE es del 7 %.

El monarca encargó este martes la formación de una nueva coalición gubernamental a Mansouri, actual ministra de Urbanismo y coordinadora del liderazgo colegiado del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal y próximo al Palacio Real), ganador de las elecciones legislativas celebradas el pasado miércoles.

En su primera declaración tras recibir el encargo, la propia Mansouri subrayó el carácter histórico de su nombramiento. "Es la primera vez en la historia de Marruecos que una mujer está al frente de un Gobierno. Es un honor para mí y para todas las mujeres", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias marroquí MAP.

"Su Majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y ha tenido fe en que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino", añadió.

A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, llega al puesto con una larga trayectoria política. Fue alcaldesa de Marrakech, ocupó la dirección del PAM y ejerció como ministra de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente, presidido por el magnate y dirigente liberal Aziz Ajanuch, a quien ahora sustituirá para el periodo 2026-2031.

Dentro de su partido, sus compañeros la llaman "presidenta" y destacan su compromiso y la contribución que ha realizado a la formación durante cerca de dos décadas.

Observadores consultados por EFE subrayan que su designación no responde a una voluntad de proyectar una determinada imagen hacia el exterior, sino a su perfil y a una trayectoria política construida durante años en la vida pública.

Recordaron que su llegada a la jefatura del Gobierno tampoco constituye el primer precedente de una mujer en un puesto de alta responsabilidad en Marruecos. Desde el comienzo de su reinado, Mohamed VI ha situado a mujeres en posiciones que hasta entonces habían estado reservadas de manera exclusiva a los hombres.

Entre ellas figura Zulija Nasri (1945-2015), primera mujer consejera real hasta su muerte, así como Zineb Adaoui, primera mujer wali (gobernador) en 2014 en Marruecos y que actualmente encabeza el Tribunal de Cuentas.

Mohamed VI llegó a romper moldes en las tradiciones arraigadas del Palacio Real. En 2002 hizo público su matrimonio con la ingeniera Lalla Salma (de la que se separó en 2018), en un país donde las esposas de los anteriores monarcas permanecían en el anonimato.

Las primeras apariciones públicas de Lalla Salma en distintos actos y actividades oficiales marcaron una ruptura con la imagen más reservada que había caracterizado a la familia real durante el reinado de su padre Hasán II cuya esposa nunca apareció en público.

Más allá de los símbolos, uno de los cambios de mayor alcance llegó con la reforma del Código de Familia en 2004. La denominada Moudawana introdujo modificaciones relevantes en cuestiones como el matrimonio, el divorcio y los derechos de las mujeres, y abrió un intenso debate sobre el papel de la religión, la familia y los derechos de las mujeres en la sociedad marroquí.

La reforma provocó entonces una fuerte movilización social y política, con manifestaciones multitudinarias sobre el nuevo texto entre conservadores y liberales.

Dos décadas después, y tras años de reivindicaciones de organizaciones feministas, Mohamed VI impulsó en 2023 una nueva revisión del Código de Familia. El proceso se encuentra en su fase final de elaboración, aunque el nuevo texto todavía no ha culminado el procedimiento legislativo.

Otro cambio significativo alcanzó la justicia religiosa. Marruecos abrió por primera vez el ejercicio de la profesión de adules (notarios de derecho musulmán) a las mujeres, permitiéndoles intervenir en la formalización de contratos matrimoniales, divorcios y otros documentos, una función tradicionalmente reservada a los hombres.

Estos cambios han contribuido, según expertos, a generar un "efecto pedagógico" y modificar progresivamente la percepción del papel de la mujer en la sociedad marroquí.

Una transformación visible en los días previos al nombramiento de Mansouri. Cuando su nombre comenzó a aparecer entre los posibles candidatos a dirigir el próximo Gobierno, políticos de distintas tendencias, medios de comunicación y usuarios de redes sociales fueron mayoría en apoyar a que una mujer asumiera por primera vez la jefatura del Ejecutivo.

Tropas gubernamentales y combatientes de la Fuerza de Paz de Tigré (TPF) —una facción disidente de los rebeldes tigrinos alineada con el Gobierno federal— tomaron además el control de las ciudades de Yechila y Korem, en las zonas central y sur de la región.

“Tras intensos combates en varios frentes, las fuerzas enemigas se vieron obligadas a retirarse y abandonar sus bastiones. Continuaremos las operaciones militares para despejar las fuerzas enemigas hasta que Tigré sea liberada”, dijo a EFE un alto mando del TPF, bajo condición de anonimato.

Por su parte, un comandante de las fuerzas rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FLPT) negó a EFE que hubieran perdido esas localidades, aunque rehusó aportar más detalles antes de que se cortara la comunicación telefónica.

EFE no pudo verificar estas afirmaciones de forma independiente.

El avance de las fuerzas federales se suma a la toma el pasado lunes de Alamata, una ciudad estratégica del sur de Tigré ubicada a unos 120 kilómetros de la capital regional, Mekelle.

La caída de Alamata se produce en pleno recrudecimiento del conflicto, después de que una coalición de grupos de la oposición e insurgentes —que incluye al FLPT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (ALO)— anunciara una alianza para derrocar al Gobierno del primer ministro, Abiy Ahmed, e instaurar un Ejecutivo de transición.

Esta alianza une a antiguos rivales acérrimos que se enfrentaron durante la guerra de Tigré (2020-2022), un conflicto en el que el FPLT acusó a las milicias Fano de cometer atrocidades y desplazar a cientos de miles de personas en territorios limítrofes disputados entre Amhara y Tigré.

El miércoles pasado, el FLPT acusó al Gobierno federal de una "invasión y ataque abierto" y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región.

Los enfrentamientos activos se extienden en la actualidad por Tigré, las vecinas regiones de Afar y Amhara, y sectores de Oromía -que ocupa casi un tercio del territorio nacional-, donde las fuerzas federales también combaten al ALO, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, acumula críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el que murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

La asociación convocó desde las 08:00 hora local (13:00 GMT) a un plantón en la plaza de San Francisco, en el centro histórico de la capital ecuatoriana, después de que no pudiesen acceder a la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, donde se habían convocado inicialmente, según confirmó el representante Kevin Valdés.

"Estamos aquí en pie de lucha, exigiendo una vez más que el Estado garantice tratamientos continuos y de calidad de diálisis para todos los pacientes renales a nivel nacional", señaló Valdés en el plantón.

La protesta, convocada con anterioridad, se realizó un día después de que la empresa médica DaVita anunciara un acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa para mantener la atención de más de 3.000 pacientes derivados del sistema público. La entidad había amenazado anteriormente con cesar el tratamiento por los pagos pendientes del Estado.

No obstante, los términos de dicho acuerdo todavía se desconocen. Valdés cuestionó esta falta de información y aseguró que un entendimiento con una de las empresas no garantiza la asistencia integral para todos los pacientes afectados a nivel nacional.

"Quizá el problema para la trasnacional se solucionó, puesto que el Estado va a cancelar sus deudas, pero la crisis renal continúa. Los pacientes renales seguimos comprando insumos, seguimos mendigando por salud y, para nosotros, no hay ninguna solución", afirmó.

"No sé si nosotros necesitamos ser gerentes de una clínica o tener un capital económico importante para que se puedan reunir con nosotros", continuó Valdés.

Los manifestantes portaban carteles que rezaban "La salud es un derecho y no un privilegio" y "Sin salud no hay futuro", entre otros.

El Frente se declaró en protesta permanente desde el pasado 2 de septiembre, cuando convocó movilizaciones en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Babahoyo para denunciar las dificultades de acceso a los tratamientos.

De las aproximadamente 20.800 personas que requieren terapia de reemplazo renal en Ecuador, la gran mayoría depende de sesiones periódicas de hemodiálisis.

Los afectados aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta conseguir mesas técnicas con el Ejecutivo que permitan acordar soluciones "viables, oportunas y de manera inmediata".

Ya en julio de 2025, representantes de los miles de pacientes renales de Ecuador pidieron a la ONU, la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, así como al Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyo y mediación ante el Gobierno del presidente Daniel Noboa para solucionar su "alarmante" situación.

En una moción, presentada ante un tribunal del condado Highlands, en el centro de Florida, Uthmeier sostiene que ChatGPT no es "un servicio cualquiera", sino un producto que, según admiten los propios demandados, supone "un riesgo existencial" para la supervivencia de la humanidad.

Uthmeier pide además que la compañía deje de presentar ChatGPT como seguro, fiable y preciso, que no le atribuya rasgos humanos, como hablar en primera persona o sugerir que siente, y que no lo diseñe para alargar las conversaciones con los usuarios.

"Dejen de llamarlo seguro. Dejen de fingir que es humano. Dejen de vendérselo a los niños", escribió Uthmeier en la red social X, donde difundió un video sobre la petición.

La moción enumera casos en los que agentes de IA de OpenAI actuaron por su cuenta, como el ataque de julio contra la empresa tecnológica Hugging Face o el acceso a una web del Gobierno de Australia con datos sanitarios.

El escrito cita también a Paul Christiano, que entró este mes en la junta directiva de la fundación de OpenAI y advirtió de que la aceleración de la IA puede causar a muy corto plazo "una pérdida de control catastrófica e irreversible".

Christiano añadió que ni el sector en general ni OpenAI van camino de reducir ese riesgo "a un nivel aceptable".

OpenAI respondió en un comunicado enviado a varios medios que la seguridad de la IA empieza por las propias empresas y que está dispuesta a trabajar con Florida y otros estados en normas para todo el sector, "no solo para una compañía".

Uthmeier demandó en junio a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por prácticas comerciales engañosas, negligencia y diseño defectuoso, y vinculó ChatGPT con el tiroteo de abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida (FSU), en el que murieron dos personas. Según la moción, el acusado, Phoenix Ikner, consultó al chatbot sobre la munición de un arma.

La firma Doups pidió el 26 de julio de 2024 al tribunal internacional ordenar a México compensar los daños que atribuía tanto a la compañía estadounidense como a Soluciones Pagomet CDMX, además de actualizar los intereses previos al laudo y cubrir los costos y honorarios relacionados con la controversia.

El caso, identificado como ARB/22/24, fue registrado por el Ciadi el 14 de septiembre de 2022 y concluyó con un laudo emitido el 10 de septiembre de 2026, de acuerdo con el expediente oficial del organismo, adscrito al Banco Mundial.

La disputa inscrita en el organismo del Banco Mundial el 14 de septiembre de 2022 se originó por la revocación de concesiones para instalar y operar parquímetros en Ciudad de México.

Doups sostuvo que era un inversionista estadounidense con participación en Pagomet y que las decisiones de la Secretaría de Movilidad capitalina habían afectado su inversión.

México cuestionó desde el inicio la posibilidad de que el tribunal conociera el fondo de la reclamación y alegó deficiencias relacionadas con la conformación, nacionalidad y control de la filial mexicana, además del cumplimiento de requisitos procesales previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC.

La Secretaría de Economía informó este martes que el tribunal aceptó esos argumentos jurisdiccionales y desestimó el arbitraje en su totalidad.

Según la dependencia del Gobierno mexicano, los árbitros concluyeron que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet, no podía reclamar como propias las pérdidas de esa sociedad e incumplió requisitos indispensables del TLCAN antes de recurrir al arbitraje internacional.

El tribunal ordenó además a Doups pagar a México más de un millón de dólares por gastos y costos, según la Secretaría de Economía.

El procedimiento fue resuelto sin que el tribunal entrara a decidir si México había violado las obligaciones de protección a las inversiones invocadas por la empresa, pues determinó que carecía de jurisdicción para examinar esas reclamaciones.

“Ante las advertencias sin precedentes sobre un ‘Superniño’ emitidas por las agencias climáticas globales, el Gobierno está intensificando las medidas de mitigación, incluida la siembra de nubes, para aumentar las probabilidades de precipitación”, declaró Masuku.

Para la operación se desplegarán tres aeronaves con bases en las ciudades de Harare, Bulawayo y Masvingo con el objetivo de cubrir todas las provincias del país.

Sequía de El Niño en 2024-2025 ya causó escasez de alimentos

Las previsiones climáticas apuntan a que el fenómeno provocará precipitaciones erráticas, sequías prolongadas y un aumento de las temperaturas de entre 2 y 4 °C por encima de las medias históricas tanto en Zimbabue como en el resto del África austral.

El Niño: Gobierno argentino prevé que se extienda hasta mediados de 2027

El país ya sufrió una severa sequía inducida por El Niño en la temporada 2024-2025, que causó escasez de alimentos y llevó al presidente Emmerson Mnangagwa a declarar el estado de desastre nacional, medida que también adoptaron los gobiernos de Malaui y Zambia.

El Niño es una alteración de la dinámica atmosférica causada por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. Mientras en el sur del continente africano suele provocar intensas sequías, en el este del continente genera precipitaciones torrenciales.

"Nuestra estrategia está clara: hasta que no expulsemos a Estados Unidos de la región, hasta que no castiguemos al agresor y alcancemos una disuasión permanente para que nadie se atreva a atacar Irán, no cejaremos en nuestro empeño", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, según informó la agencia Tasnim.

Mohebi afirmó que antes de la guerra había entre 30 y 40 buques de guerra estadounidenses en el golfo Pérsico, mientras que actualmente, según su versión, no queda ningún buque estadounidense en esas aguas.

El portavoz sostuvo que los buques estadounidenses se encuentran ahora a al menos 500 kilómetros de la entrada del estrecho de Ormuz y del golfo Pérsico, por lo que consideró que las actuales amenazas de Washington son un intento de presentar como una victoria lo que calificó de "derrota evidente".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reiterado últimamente que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de Ormuz y el lunes dijo que se están extrayendo "cantidades enormes" de petróleo por la estratégica vía marítima.

Según datos de la consultora marítima Kpler, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz promediaron unos 13,2 millones de barriles diarios durante la última semana, aproximadamente el 77 % de los niveles previos a la guerra.

Ante esta situación, Trump rechazó el sábado un plan de siete días propuesto por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, que contempla siete condiciones, entre ellas el cese de las hostilidades en todas las fronteras de la región, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán.

Aun así, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunió anoche en Nueva York con los mediadores cataríes con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones" de la República Islámica y tras el encuentro dijo que su país espera la respuesta de Washington.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en el octavo mes este martes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

La coproducción entre la isla, España y Estados Unidos es la primera película avalada por el Icaic en una década para aspirar a la nominación a mejor película extranjera en estos premios, dijo a EFE el director de la entidad, Alexis Triana.

Hasta ahora, el cine cubano solo ha logrado competir en los galardones de la Academia del Cine estadounidense con la aclamada 'Fresa y Chocolate' (1993).

Triana insistió en que un grupo de expertos escogió una cinta que "está certificada como cubana por sus productores cubanos, sus actores cubanos, sus guionistas cubanos, aún cuando efectivamente el director sea español o las productoras estén en otros países".

"Ese comité ha considerado que Cuba tiene que retornar a la idea de acompañar coproducciones extranjeras, de buscar capital extranjero, de buscar incentivos fiscales para producir el cine", afirmó.

'Malecón' toma prestado el nombre del famoso paseo marítimo convertido en símbolo de La Habana y fue escrita por el cubano Fabián Suárez y el propio Larrazábal, exalumno de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños, en Cuba.

En una publicación en Instagram, el cineasta se declaró "orgulloso" de que el largometraje represente a la isla como cinta prenominada a la 99ª entrega de los premios Óscar.

El filme tiene como protagonista a Elvis, que regresa a una realidad precaria en una ciudad muy diferente a la que dejó tras cumplir diez años de prisión por asesinar a su abusivo padrastro.

El dilema central refleja el de muchos en la isla azotada por la crisis: rehacer su vida con el amor de su infancia o abandonarlo todo en busca de una nueva oportunidad en EE.UU.

Está protagonizado por César Domínguez, Camila Rodhe, Omar Rolando y Yordanka Ariosa, con la participación especial del consagrado Luis Alberto García.

Para Inti Herrera, de la productora cubana del filme i4films, esta nominación es "un gran impulso, sobre todo para el cine que se hace de este lado del continente, donde realmente a nivel de distribución siempre cuesta trabajo poder colocar una película en festivales".

"La película había tenido dos intentos de realizarse antes", explicó a EFE Herrera, que trabajó con el cofundador de la compañía independiente, Reymel Delgado, y Larrazábal, para planear la producción de forma "muy pragmática y buscar soluciones creativas" en un país donde la crisis económica y energética dificulta cada paso.

Los filmes finalistas en la categoría de mejor película extranjera en los Óscar se darán a conocer en diciembre, tras lo que se revelarán los cinco nominados oficiales el próximo 21 de enero.

La 99ª edición de los premios se celebrará el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.

"Sabemos con certeza que nuestro sistema energético es vulnerable y necesitamos hacer más para protegerlo", dijo Jørgensen esta tarde durante una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Energía de la UE celebrada este martes en la capital de Irlanda, país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

"La amenaza a nuestra infraestructura energética es muy real. Vemos diferentes tipos de ataques híbridos. Vemos ciberataques, drones, anclas en el fondo de nuestros mares", comentó el comisario europeo de Energía.

Igualmente dijo estar trabajando en un "mejor marco" de protección a nivel europeo y negociando propuestas como el llamado mecanismo 'Connecting Europe', de financiación para proyectos de interconexión e infraestructura energética.

Jørgensen también mencionó que se incluirá en la nueva normativa la obligación de incluir aspectos de seguridad del proyecto, algo que, según el comisario, no se había considerado anteriormente porque "no había amenazas, pero ahora sí las hay".

El danés admitió asimismo que como consecuencia de la geopolítica mundial, y los conflictos vigentes en Oriente Medio y Ucrania, los precios de la energía siguen siendo muy volátiles, e impactan directamente en el día a día de los ciudadanos europeos.

"Este nivel de precios no debe convertirse en la nueva normalidad", dijo Jørgensen, que reiteró que la única forma de que Europa reduzca los costes de manera estructural y logre la independencia energética es "contar con más interconexiones de energía limpia de producción nacional, redes modernizadas, mayor eficiencia en el almacenamiento y la electrificación".

Jørgensen dijo que la UE se prepara para un invierno "muy duro" en lo que se refiere a los precios de la energía, pero precisó que no existe ningún "riesgo inmediato" en lo que se refiere al suministro energético en el continente pues se está trabajando "mucho" para garantizarlo.

Mansouri, actual ministra de Urbanismo y dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal y próximo al Palacio Real), ganador de las elecciones legislativas del día 23, asume ahora la tarea de negociar la composición de una mayoría.

Los expertos no descartan que pueda reeditarse la coalición del Gobierno saliente, junto al RNI (centro-derecha) y el nacionalista Istiqlal (PI), los dos partidos más votados tras el PAM.

De las alianzas que Mansouri pueda tejer saldrá el nuevo Ejecutivo, aunque las carteras estratégicas, las llamadas "de soberanía", responden a una decisión del Palacio real: Interior, Exteriores, Defensa y Asuntos Religiosos.

No se espera un giro en las grandes orientaciones del país, pero sí una etapa exigente para el nuevo Gobierno, que tendrá que mantener el ritmo de las inversiones vinculadas al Mundial que Marruecos organizará junto a España y Portugal.

Sobre la mesa hay un paquete de inversiones de unos 20.000 millones de euros en infraestructuras, desde estadios a aeropuertos, pasando por transporte ferroviario y carreteras.

De ahí que el futuro Ejecutivo se conozca popularmente como el "Gobierno del Mundial". Su desafío será traducir esas inversiones en crecimiento y empleo, en un país donde el sector privado no genera suficientes empleos sostenibles y los jóvenes contemplan la emigración como una salida.

Observadores y prensa local presentan el empleo como la tarea "más delicada" del próximo Gobierno, ante un paro juvenil que supera el 27 %, en un contexto marcado por el espectro de las protestas juveniles de la GENZ212, que estallaron hace un año, y la crisis migratoria de Ceuta, cuando hace dos meses unas 70.000 personas cruzaron de forma irregular a la ciudad española.

El programa electoral del PAM fija entre sus prioridades crear un millón de empleos durante los cinco años de mandato, una promesa que ya realizó su aliado RNI durante la anterior legislatura sin llegar a cumplirla.

En su primera declaración tras ser designada por el rey, Mansouri lanzó este martes un guiño a los jóvenes y las mujeres y se comprometió a trabajar por una sociedad "cohesionada".

Las mejoras en Educación y sanidad son grandes asignaturas pendientes que heredará el nuevo Gobierno. Marcaron la demandas de las protestas de la GENZ212 tras la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público en el sur del país y siguen provocando quejas.

Los marroquíes denuncian a menudo la falta de médicos, la calidad de la sanidad pública y las carencias de la educación pública en contraste con la privada, reservada para una élite por su alto coste.

También queda sobre la mesa una nueva reforma de la Moudawana, el Código de Familia vigente desde 2004. Su revisión comenzó en 2023, en paralelo a una transformación social marcada por el descenso de la natalidad y de los matrimonios y el aumento de los divorcios.

La reforma plantea elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, simplificar los procedimientos de divorcio y mejorar los derechos de custodia de las mujeres. Sin embargo, varias ONG feministas consideran que la revisión se queda corta al no prohibir definitivamente la poligamia ni equiparar los derechos de herencia entre hombres y mujeres.

En política exterior, su margen de maniobra será diferente. El Sáhara Occidental marca la política exterior de Marruecos y es el "prisma" a través del cual mide sus relaciones internacionales. El ministro de Exteriores forma parte nominalmente del Gobierno, pero responde a la estrategia del Palacio real.

Rabat consiguió avances diplomáticos a partir de 2020, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció durante su primer mandato la soberanía marroquí sobre la excolonia española a cambio de que Marruecos restableciera relaciones diplomáticas con Israel.

A este logro se suma la resolución del 30 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad de la ONU, que supuso un apoyo a la iniciativa del plan de autonomía marroquí como solución para el conflicto y que fue respaldada también por la Unión Europea y Reino Unido.

Las grandes orientaciones en este conflicto, al igual que en defensa, son dominio exclusivo de la monarquía. Al próximo Gobierno le tocará traducirlas en acción diplomática y económica.

Los periodistas acusados a título individual son Shlomi Eldar, Ruth Yuval y Uri Misgav de Haaretz; Nadav Eyal, de Yedioth Ahronoth; Barak Ravid, del medio estadounidense Axios, comentarista de la CNN y corresponsal par ael Canal 12, y el comunicador Attila Somfalvi.

“Se interpone a este Honorable Tribunal una demanda por difamación, que examina de manera específica, exhaustiva y clara dos acusaciones de libelo de sangre”, recoge la denuncia presentada por Netanyahu en el Tribunal del Distrito de Jerusalén este martes, difundida por su partido.

La denuncia recoge dos “libelos de sangre” distintos en estas informaciones mediáticas. Por un lado, que Netanyahu ocultó a los altos cargos militares la información recibida en una llamada de 45 minutos una semana y media antes de la masacre del 7 de octubre, de manos de Bin Zayed, advirtiéndole del ataque inminente.

Por otro, las publicaciones sobre que también el titular de Inteligencia de Egipto contactó a Netanyahu personalmente diez días antes de la masacre para advertirle.

En el documento, el mandatario exige un pago de al menos 2,6 millones de séqueles (unos 750.000 euros).

A lo largo de la denuncia, se califican como “invenciones”, “disparates”, o como un “hito de la contaminación del discurso democrático”, entre otros, las informaciones recogidas en los artículos, noticias o columnas de los medios y periodistas demandados.

“No es una casualidad que estas mentiras se difundan ahora, a las puertas de las elecciones, por parte de rivales políticos y actores extranjeros hostiles”, escribió Netanyahu en la red social X.

Además de la prensa israelí, fue el medio estadounidense The Atlantic el que reveló las informaciones sobre Abbas Kamel, que también recogió The Wall Street Journal. Por su parte, The New York Times confirmó por su parte las informaciones sobre Bin Zayed publicadas primero por Haaretz.

7 de octubre de 2023

El 7 de octubre de 2023, miles de milicianos gazatíes encabezados por el grupo islamista Hamás entraron en territorio israelí, donde mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Pese a que organismos de seguridad como el Ejército o el Shin Bet han llevado a cabo investigaciones internas sobre el fracaso de seguridad que llevó a la masacre, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha bloqueado la creación de una comisión estatal de investigación.

Las informaciones sobre las llamadas para advertir a Netanyahu se publicaron a cerca de un mes de que Israel celebre elecciones parlamentarias este 27 de octubre.

Ante este escenario, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de prevención junto a las autoridades provinciales y municipales para anticipar posibles impactos sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales, dijo Ravier.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) activó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que estará operativo hasta el segundo semestre de 2027, según la evolución de las condiciones meteorológicas.

Inicialmente abarca las provincias de:

• Corrientes,
• Misiones,
• Formosa,
• Chaco,
• Santa Fe,
• Entre Ríos,
• Buenos Aires
• y la ciudad de Buenos Aires

Puede extenderse a otras jurisdicciones.

Entre las medidas previstas figuran el monitoreo y seguimiento georeferenciado de la situación y la activación de alertas tempranas ante crecidas o fenómenos meteorológicos severos.

El Instituto Nacional del Agua aportará el seguimiento hidrológico en tiempo real y hará pronósticos sobre los ríos de la Cuenca del Plata.

“Esto permite anticipar crecidas, altura de cauces y comportamiento de cuencas críticas a través de sus sistemas de alerta e hidroobservatorios”, explicó el vocero.

Escalamiento progresivo de recursos

Si el evento supera sus capacidades, el plan contempla un escalamiento progresivo de recursos nacionales, con la intervención coordinada de fuerzas federales, equipos sanitarios, Vialidad Nacional, Defensa y Fuerzas Armadas.

El dispositivo también incorpora un esquema específico de telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones durante las emergencias.

El Gobierno considera como antecedente más cercano el episodio de 2015-2016, que afectó casi 700 mil kilómetros cuadrados y a unos diez millones de personas.

En la provincia de Misiones, una de las más turísticas de Argentina por albergar el Parque Nacional de Iguazú, las autoridades decidieron hace más de un mes retirar las pasarelas que conducen sobre las famosas cataratas a la Garganta del Diablo debido a la fuerte crecida del caudal de agua.

La denuncia, presentada ante una corte federal, revela además que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que disparó contra Garcés no llevaba una cámara corporal.

De ser declarado culpable, Garcés, de 28 años, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo presentado en su contra.

La denuncia penal va acompañada de una declaración jurada de un agente federal que investigó el incidente y entrevistó a Garcés en un centro de detención en el sur de Texas.

El documento recoge versiones contradictorias sobre los segundos previos al disparo.

El agente que abrió fuego, identificado únicamente por las iniciales L.G., dijo a otro agente que Garcés había intentado golpearlo con su vehículo y que él había disparado su arma.

Garcés, sin embargo, aseguró durante su entrevista con el investigador que recibió el disparo después de que su automóvil se detuviera tras ser impactado por la camioneta de L.G., lo que provocó que su Toyota Corolla girara sobre sí mismo.

Según su relato, una vez detenido el vehículo, L.G. disparó a través de la ventanilla trasera derecha y la bala lo alcanzó en la parte superior de la espalda.

La declaración jurada, firmada por un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), detalla también los momentos previos al incidente.

Los agentes vieron el automóvil de Garcés estacionado frente a un restaurante en un centro comercial, consultaron sus placas en una base de datos y comprobaron que estaba registrado a su nombre y que un juez de inmigración había emitido una orden de deportación en su contra.

Cuando lo vieron salir del restaurante y subirse al vehículo, comenzaron a seguirlo en dos camionetas sin distintivos policiales.

Según uno de los agentes, activaron las luces de emergencia y una de las camionetas se colocó en diagonal frente al automóvil de Garcés para detenerlo, sin que se produjera un choque.

Garcés dio otra versión: aseguró que la camioneta lo adelantó por la izquierda y se atravesó abruptamente frente a su automóvil, provocando una colisión.

Las versiones coinciden en que los agentes se identificaron como oficiales de inmigración y le pidieron su licencia de conducir.

Garcés reconoció durante la entrevista que ignoró la orden de salir del automóvil y arrancó. Explicó que había pedido a los agentes que le permitieran estacionarlo para que su esposa pudiera recogerlo, porque sabía que iba a ser detenido.

Según la versión de los agentes, cuando Garcés arrancó, el espejo retrovisor del lado del conductor golpeó a L.G. en el torso. Después comenzó una persecución que terminó con el disparo.

Garcés llegó a EE.UU. en diciembre de 2023 a través de CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.

El venezolano había solicitado asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia durante una audiencia a la que no se presentó, según relató su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.

Tras recibir el disparo el 20 de septiembre, las autoridades locales trasladaron a Garcés de emergencia a un hospital, donde fue dado de alta unas horas después sin que le retiraran la bala, que permanece alojada en su cuerpo.

Garcés permanece detenido en un centro para migrantes en Pearsall, en el sur de Texas.

Su abogada presentó una demanda para pedir su liberación inmediata y frenar la deportación, y este miércoles está prevista en San Antonio una audiencia ante un juez federal.

"Este es un momento histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país una mujer asume la responsabilidad de la presidencia del gobierno. Esto no es un honor solo para mi, sino para todas las mujeres del país", dijo Mansouri en su primera declaración tras reunirse con Mohamed VI.

"Su majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino", agregó.

Mohamed VI recibió hoy a Mansouri, dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las elecciones legislativas del pasado día 23, para encargarle la presidencia del nuevo Ejecutivo.

"Esta recepción ha sido una oportunidad para recibir de su majestad directrices para gestionar la próxima etapa", apuntó Mansouri a medios oficiales.

"El trabajo empieza hoy. Empezamos con las consultas internas del partido y después las consultas con todos los partidos políticos para entregar a su majestad lo antes posible nuestra propuesta de un gobierno que este a la altura de las expectativas del rey y los ciudadanos", afirmó.

"Somos conscientes de que será una etapa importante y en la que hay expectativas importante de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, por eso vamos presentar un programa con soluciones verdaderas y realistas, tal como quiere su majestad".

"Vamos a trabajar con todos como sociedad, pero a la vez, yo como mujer conozco las condiciones en las que vive la mujer y las directrices de su majestad en este sentido están claras para que tengamos una sociedad cohesionada", concluyó.

La decisión de Mohamed VI convierte a Marruecos en el segundo país árabe en tener una mujer al frente del Gobierno, después de Túnez.

A cinco días de la primera vuelta de los comicios, Lula se comprometió durante un acto en la ciudad de Fortaleza a mantener la Virgen de Aparecida como santa patrona de Brasil, frente a los rumores de que Bolsonaro quiere quitarle ese título, algo que él mismo ha desmentido.

"Mientras yo sea presidente, la Virgen de Aparecida será la patrona; quien no quiera que se cambie de país", declaró, ante los aplausos de cientos de seguidores.

Asimismo, el presidente, quien es católico, aseguró que respeta "todas las religiones", desde las corrientes evangélicas hasta las de matriz africana.

El rumor sobre la Virgen de Aparecida ha sacudido la recta final de la campaña y ha puesto contra las cuerdas a Bolsonaro, quien acusó al Partido de los Trabajadores de Lula de difundirlo en redes sociales para ensuciar su imagen.

En un intento por contener el desgaste, el candidato ultraderechista apareció ayer en un mitin con una réplica de la virgen y, durante una entrevista posterior con un pódcast religioso, afirmó que la noticias falsa había sido una "cuchillada", en un paralelismo con la puñalada que recibió su padre, Jair Bolsonaro, en 2018.

Bolsonaro, quien es evangélico, solicitó la retirada de estas publicaciones ante el Tribunal Superior Electoral y la Corte Suprema, que accedieron a la petición.

Una parte de las iglesias evangélicas se muestra crítica con el culto que promueve el catolicismo a los santos, incluido el de la Virgen de Aparecida, muy reverenciada en Brasil.

Alrededor de la mitad de los brasileños se declara católico, pero el número de evangélicos ha crecido mucho en los últimos años hasta representar un tercio de la población.

Las encuestas muestran que una mayoría de católicos prefiere a Lula, mientras que los evangélicos tienden a votar por Bolsonaro.