En un mensaje a la nación, Balcázar negó que haya mentido al país, como afirmó hace unas horas el renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien dimitió por este tema al igual que el ministro de Defensa, Carlos Díaz, y repitió que lo que se está discutiendo es que "el próximo gobierno conozca las negociaciones".

"En ningún momento he tenido la intencionalidad de confrontación con Estados Unidos", dijo el mandatario, al tiempo de apuntar que amerita seguir teniendo "las mejores relaciones" con ese país.

"Una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de confrontación", afirmó Balcázar, a pesar de que el canciller renunciante indicó que la firma del contrato se hizo el pasado lunes.

El gobernante expresó que se mantienen "firmes en respetar todos los acuerdos que hayan tenido las fuerzas armadas para hacer las negociaciones", pero que "esos contratos se respeten por el nuevo gobierno".

El presidente peruano afirmó que "esa deuda y compromiso de endeudamiento, que viene del Parlamento, no quiere decir que no podamos tener una idea de cómo renegociar un contrato determinado por la Fuerza Aérea" y que sea una "compra secreta".

Aseguró que no ha intervenido en las negociaciones, pero evitó mencionar si el contrato fue firmado el pasado lunes, como aseguraron los ministros que renunciaron.

En su lugar, Balcázar subrayó la necesidad de "actuar con prudencia" y paciencia sobre este asunto. "El pueblo necesita que se le explique, necesitamos diálogo, más concertación", manifestó.

La declaración televisada de Balcázar respondió a la entrevista que ofrecieron horas antes los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, en la que acusaron al mandatario de mentir al país porque los contratos de compra ya habían sido presuntamente firmados el pasado lunes, razón por la cual ambos dimitieron a sus cargos.

"El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", expresó De Zela, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

"Hoy debe hacerse el pago, primero de 2.000 millones de dólares y luego de 1.500 millones", indicó De Zela. Sin embargo, la orden de desembolso aún no había sido aprobada por el ministerio de Economía y Finanzas, razón por la cual el canciller pidió que haya una "reflexión" para evitar penalidades contra el país.

La decisión de Balcázar, anunciada el pasado viernes en una entrevista radial, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración de Jerí.

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

"Creo que la ONU podría desempeñar un papel constructivo junto con los demás mediadores y actores (en la guerra en Irán) no para competir, sino para apoyar una solución pacífica al conflicto", apuntó la economista en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

"Si no se hace, me preocupa mucho la salud de la economía y la estabilidad de muchos países", agregó en la conferencia, en la que estuvo acompañada del ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Grynspan se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado en medio del conflicto en la región, y afirmó que se sabía "desde el principio lo que iba a pasar".

"Sabíamos que muchos de los países, en especial los más vulnerables, iban a sufrir. Y aún no hemos visto todo el impacto que causará incluso en aquellas personas alejadas del comercio en Ormuz", aseguró.

Grynspan participó hoy en uno de los diálogos interactivos a los que se están sometiendo estos días todos los candidatos a suceder a António Guterres como el máximo jefe de la organización.

En la rueda de prensa posterior, reiteró que, de ser elegida para el cargo, colaborará con todos los miembros del Consejo de Seguridad, criticado en los últimos años por la falta de representación de numerosos países y el poder de veto de sus miembros permanentes.

"Consideraría incluso acudir a las consultas formales que normalmente se delegan en el secretario general adjunto o algún representante del secretario general, porque creo que esa relación hay que construirla desde el principio", apostilló.

Hija de padres polacos que emigraron a Costa Rica tras la Segunda Guerra Mundial, Grynspan también insistió en la importancia de la paz, que ha "aprendido de Costa Rica".

"Mi propia historia trata sobre la paz que mis padres encontraron cuando emigraron a Costa Rica y que permitió que mi familia fuera lo que es hoy", subrayó.

Grynspan compite para ocupar el cargo de secretaria general con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

Está previsto que a finales de julio los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Minesight Minería S.A., representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Orquídea.

Con este nuevo título, el Gobierno nicaragüense otorgó entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 76 lotes a 18 empresas chinas que ocupan 1.120.558,04 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, según indicó la Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.

La semana pasada EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

La Fundación del Río ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.

Tampoco han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país.

Asimismo, esa ONG advirtió que "los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados 'críticos'", entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Con un 58,5% de cobertura forestal en su territorio y alrededor del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica implementa una serie de políticas dirigidas a conservar sus recursos naturales y para avanzar en su meta de convertirse en un país carbono neutral en el año 2050.

"Costa Rica es un país muy rico en recursos naturales y nuestro deber es seguir protegiéndolos. Existen en la actualidad muchos problemas y amenazas relacionados a intereses económicos que no podemos pasar por alto", dijo a EFE el activista ambiental Josué Bonilla.

Este pequeño país centroamericano de 51.100 kilómetros cuadrados, es el escenario de debates políticos y sociales acerca de cómo compaginar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, sobre todo porque uno de los principales motores económicos del país es el turismo con la llegada cada año de cerca de 3 millones de visitantes.

Una de las grandes discusiones del país en la actualidad es si permite la minería de oro en una recóndita zona del norte del país, precisamente en un sitio tomado por mineros ilegales que utilizan prácticas dañinas para el ambiente y la salud humana, como es el uso de mercurio.

El Gobierno del derechista Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley para otorgar una concesión a una empresa para que explote el oro bajo medidas de protección ambiental.

Sin embargo, sectores ambientalistas y un sector de la oposición política mantienen la postura de que es más valioso recuperar el capital ambiental en la zona.

El presidente Chaves ha insistido durante su Gobierno, que terminará el próximo 8 de mayo, en la necesidad de encontrar un balance entre el desarrollo económico y el medio ambiente, e incluso intentó impulsar, sin éxito, la apertura de una discusión nacional sobre la exploración petrolera y de gas natural.

En Costa Rica están prohibidas mediante vetos de anteriores presidentes, la exploración y explotación petrolera, así como la minería de oro a cielo abierto.

Una de las polémicas más recientes en el país surgió en el paradisíaco Golfo de Papagayo, en la provincia de Guanacaste (Pacífico), donde la empresa Enjoy Hotels busca construir un hotel.

Asociaciones ambientalistas y vecinos del lugar interpusieron un recurso de inconstitucionalidad alegando que el proyecto talará una porción de bosque de unos 700 árboles que cumple una importante función hídrica y natural.

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, emitió el pasado viernes medidas cautelares que obligan a las partes a entregar sus descargos respectivos y que ordenan una moratoria a la tala de árboles en el golfo mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad, con el fin de "prevenir posibles daños graves e irreparables al ambiente".

El acuerdo para formar gobierno en Extremadura (oeste) se alcanzó hace unos días y este miércoles fue investida presidenta regional, con el apoyo de Vox, la conservadora María Guardiola (PP).

También este miércoles el presidente del PP de Aragón (noreste), Jorge Azcón, y el líder de Vox en esa región, Alejandro Nolasco, anunciaron en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura del primero como presidente de la comunidad.

En ambas comunidades el PP ganó las últimas elecciones regionales, pero sin la mayoría suficiente y ha tenido que aceptar postulados de Vox para poder formar gobiernos.

El pacto de gobierno de Extremadura incide en políticas contra la inmigración irregular, en particular de los menores no acompañados, y habla del acceso a la vivienda protegida y alquileres sociales "inspirado en el principio de prioridad nacional" y "adecuado a la legalidad vigente".

Tanto los beneficios específicos sobre vivienda como todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se asignarán de manera prioritaria a quienes mantengan "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", dice el acuerdo sin que se cite nacionalidad alguna.

La interpretación que hacen PP y Vox del concepto de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos es bastante distinta.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó estos días que las ayudas y prestaciones públicas en Extremadura se basarán en el "arraigo" de los solicitantes, "con independencia" de la nacionalidad.

Por el contrario, Vox no tiene dudas en cualquier caso: los españoles van primero. El líder de la extrema derecha en Extremadura, Óscar Fernández Calle, aseguró este miércoles que no es racismo ni egoísmo ni es ilegal.

Mientras, Azcón consideró este miércoles que el debate sobre la "prioridad nacional" tiene que ver por una parte con la política y las distintas posiciones de los partidos, pero también con la legalidad: "La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad", insistió.

Pero Nolasco, líder de Vox en Aragón, defendió que "existen una serie de baremos que se aplican y que se pueden aplicar de forma más restrictiva" a la hora de conceder las ayudas sociales, y agregó que "todo esto está dentro de la legalidad".

También recordó que se fueron del anterior gobierno debido al acuerdo para la llegada de menores migrantes no acompañados a la región, algo que van a "rechazar totalmente".

Estos acuerdos en Extremadura y Aragón coinciden con la puesta en marcha por parte del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, de un procedimiento para regularizar al menos a medio millón de extranjeros que residan en España desde antes del 1 de enero pasado y solicitantes de asilo que lo pidieron antes de esa fecha.

Los potenciales beneficiarios deben acreditar un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tener antecedentes penales, entre otros requisitos.

Los migrantes repatriados fueron trasladados a un buque de la Armada Dominicana, según el comunicado de los guardacostas, que no reportaron menores de edad en este caso.

La embarcación fue detectada durante una patrulla de rutina al noroeste del municipio puertorriqueño de Aguadilla, en aguas del Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico, y es una vía migratoria frecuente.

Los guardacostas detuvieron a 18 hombres y dos mujeres, quienes afirmaron ser de nacionalidad dominicana, y a otros dos hombres que dijeron ser procedentes de Haití.

Uno de los migrantes, del que no ha trascendido su nacionalidad, tenía una orden de arresto vigente de la Policía de Puerto Rico, por lo que permanece bajo custodia en la isla.

Las dimisiones llegan mientras el país se dirige a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en junio, en medio de una inestabilidad política crónica.

“El señor Balcázar está poniendo en peligro a nuestro país, haciéndole perder credibilidad y convirtiéndonos en un socio en quien no podemos confiar en un proceso de negociación”, declaró el canciller Hugo de Zela a la radio RPP, donde anunció su renuncia.

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Próximos pagos

El jefe de la diplomacia dijo que los “contratos se firmaron el lunes” y que un primer pago debía cumplirse hoy.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz, indicó asimismo que su dimisión se debe a su total desacuerdo con la suspensión de la compra.

“Esto no responde a una situación política, sino a una necesidad estratégica de seguridad y defensa de la nación”, declaró a la radio RPP.

Renovación de flota

En octubre de 2024 Perú anunció que renovaría después de casi tres décadas su flota de defensa aérea con la compra de 24 aviones de combate de última generación por un monto de 3.500 millones de dólares.

Entre las propuestas que recibió el ministerio de Defensa para la operación figuraban los modelos Rafale (Francia), Gripen (Suecia) y F-16 Block 70 (EEUU).

En febrero pasado, un comité evaluador estatal optó por la propuesta de los F-16, aduciendo criterios técnicos y geopolíticos.

Perú posee una flota de 12 aviones Mirage 2000, según publicaciones militares especializadas. Incluye también, aviones rusos MiG-29 y bielorrusos Sukoi-27, adquiridos en 1997. La mayoría de ellos están inoperativos o en reserva.

"El Estado va a tomar las medidas que tenga que tomar para realizar el pago", afirmó el viceministro de Pensiones, José Valencia, ante los periodistas en una conferencia de prensa ofrecida junto a otros altos funcionarios del Gobierno.

Además, agregó que "el fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión" y que "los plazos para el pago están también definidos" en el laudo arbitral emitido por el tribunal.

Valencia ofreció la rueda de prensa junto al procurador General del Estado, Hugo León La Faye, y el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Longaric, entre otras autoridades.

"Este es el resultado y una mala herencia de las decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización", apuntó el viceministro y agregó que es una consecuencia "de no respetar la seguridad jurídica".

El Gobierno "está evaluando y trabajando en los canales correspondientes para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía", agregó Valencia.

El viceministro indicó que el Ejecutivo también tiene la responsabilidad de defender los intereses del Estado.

En 2010, el entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) nacionalizó el sistema de pensiones que estaba controlado por BBVA y el grupo suizo Zúrich, cuyas filiales pasaron a manos del Estado.

En 2018, el BBVA comenzó el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 dictó un laudo arbitral que obligaba a Bolivia a indemnizar a ese banco con 105 millones de dólares por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

La nueva gestora de pensiones del Estado asumió finalmente el control del sistema en 2023.

León detalló el proceso de controversia entre el Estado boliviano y el BBVA hasta llegar a la última resolución del tribunal de los Países Bajos, cuyo fallo quedó "firme, definitivo e irreversible", según dijo.

A su turno, el subprocurador Longaric mencionó que el resultado es producto de las "malas decisiones políticas" tomadas en el pasado y aseguró que los plazos de pago se manejaron de forma confidencial.

"Pero tengan la certeza de que el Estado, a través de las instituciones correspondientes va a cumplir la obligación determinada, no solamente por el Tribunal Arbitral, sino también por el tribunal Supremo de los Países Bajos de la mejor manera posible", dijo Longaric.

Las autoridades bolivianas también anunciaron que iniciarán una auditoría a las estrategias de defensa del Estado en este caso y otros arbitrajes perdidos por empresas nacionalizadas, para luego iniciar las acciones correspondientes por los daños causados al Estado.

Según el Gobierno, actualmente existen procesos en curso por 800 millones de dólares.

Tras escuchar un informe de la parlamentaria neerlandesa Gala Veldhoen, la APCE consideró que ese texto, actualmente en estudio en el Tribunal Supremo israelí, supone "un claro retroceso en la tradición del país sobre el uso de la pena de muerte" que es "incompatible con los valores del Consejo de Europa".

Por ese motivo, se ha iniciado el proceso para estudiar una posible suspensión de Israel como miembro observador de ese organismo paneuropeo, indicó el Consejo de Europa en un comunicado.

En su resolución, la Asamblea reafirmó la postura del Consejo de Europa contra la pena capital en todas las circunstancias y en todos los lugares, y señaló que cualquier reintroducción de la pena de muerte por parte de un Estado miembro del Consejo de Europa sería incompatible con su pertenencia a dicha entidad.

Instó a los parlamentarios de Palestina y Jordania, que participan como "socios para la democracia" a abolir de sus legislaciones la pena de muerte, que llevan años sin aplicar.

También condenó a Bielorrusia, el único país de Europa donde todavía se aplica, y pidió a Estados Unidos y Japón, países observadores, a que introduzcan moratorias sobre las ejecuciones y conmuten las penas.

El Consejo de Europa y la Asamblea contribuirán al próximo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebrará en París en junio próximo, entre otras cosas, compartiendo su experiencia en el proceso progresivo para convertir a Europa en un continente libre de la pena de muerte, agregó el organismo paneuropeo.

Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió en el cargo por decisión de Alejandro Giammattei (202-2024). Saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período.

“Pedimos que no se entregue de nuevo a las mafias criminales que han utilizado al Ministerio Público (Fiscalía) para garantizar inmunidad a quienes han saqueado al país”, expresó Leocadio Juracán, dirigente campesino, durante la marcha.

Los indígenas y campesinos organizados marcharon por diferentes puntos de la capital guatemalteca hacia el centro histórico, desafiando el Estado de Prevención vigente que prohíbe las concentraciones masivas y coincidiendo con la conmemoración del Día de la Tierra.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), por su parte, criticó en un comunicado repartido durante la protesta la persistencia de estructuras de poder en el sector de la Justicia y exigió procesos transparentes que no permitan la "compra de voluntades".

Arévalo de León, quien asumió el Gobierno en 2024, debe elegir en los próximos días, por mandato de la ley, al nuevo fiscal general para el período 2026 - 2030 de una nómina de seis candidatos finalistas para sustituir a Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por señalamientos de corrupción y por socavar la democracia.

La elección de los aspirantes a fiscal general estuvo marcada por las acusaciones de corrupción hacia la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos y la vigilancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para asegurar el debido proceso.

La protesta de este miércoles se desarrolló sin altercados y con una gran asistencia. De acuerdo con autoridades municipales, en la capital se manifestaron unos 5.000 campesinos, aunque dirigentes de Codeca elevaron la cifra a 50.000 manifestantes a nivel nacional, ya que también se registraron movilizaciones en otras ciudades del país.

Sobre la jornada, el Gobierno de Arévalo de León indicó que respeta el derecho a la protesta, pero que "se continuará garantizando el orden público y la libre locomoción", advirtiendo que no permitiría el bloqueo de rutas principales bajo la vigencia de las medidas de seguridad actuales.

El nuevo fiscal asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, poniendo fin a los ocho años de Porras al frente del Ministerio Público. Los períodos de la aún fiscal general se caracterizaron por la persecución judicial contra de periodistas, jueces y exfiscales, señalamientos de corrupción y fricciones con Arévalo de León.

El Secretario General del Consejo de Antigüedades, Hesham al Leizy, afirmó en un comunicado que este hallazgo es un "importante testimonio arqueológico que arroja luz sobre los fenómenos de la actividad religiosa y real en la zona del este del Delta y ayuda a entender el fenómeno del traslado y reutilización de estatuas reales durante el Imperio Moderno", en torno al 1570-1069 a.C.

La estatua fue hallada en la zona conocida como Tel al Faraon, en la localidad de Al Husainiya, en la provincia de Al Sharquiya, un yacimiento arqueológico y ubicación de la antigua ciudad de Imet.

Al Leizy aclaró que la estatua, una de las más importantes halladas en esa zona de Egipto en los últimos años, pesa alrededor de 5 a 6 toneladas y mide unos 2.20 metros, y se encuentra "en malas condiciones de conservación".

Los estudios iniciales, de acuerdo con el jefe del sector de Antigüedades egipcias en el Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Abdelabdea, indican que la figura podría no tener su origen en Tel al Faraon, ya que se cree que fue transportada desde Ber Ramses, una importante capital real durante el reinado de Ramsés II, hasta el emplazamiento actual para ser reutilizada en un complejo religioso.

Para preservar este descubrimiento, la estatua fue trasladada desde el complejo hasta el almacén del museo en la zona de San al Hayar para empezar con su restauración urgente.

Este descubrimiento se suma a una serie de hallazgos arqueológicos recientes en Sharquiya, ya que hace unos meses, los investigadores descubrieron una estela de piedra con una copia hasta entonces desconocida del Decreto de Canopo, emitido por Ptolomeo III en el año 238 a. C.

La principal protesta -convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad- tuvo lugar frente al Ministerio de Salud, en el centro de Buenos Aires, mientras que también se registraron movilizaciones en ciudades como Mar del Plata y Córdoba.

Los manifestantes pidieron al Gobierno que desista de impulsar un proyecto conocido como ley de fraude de pensiones por invalidez que, según afirmaron las organizaciones, introduce cambios que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema, al modificar el marco vigente y habilitar una desregulación de los aranceles.

En el proyecto de ley, el Gobierno alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un "crecimiento exponencial", pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período y generando una "inevitable sospecha" sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.

El texto de la iniciativa, hecho público este lunes por parlamentarios opositores que rechazan el proyecto, señala que el Estado debe establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones, incluyendo un nuevo registro obligatorio de los beneficiarios.

El proyecto busca además eliminar las pensiones por invalidez de personas con discapacidad que logran acceder a trabajos registrados.

Los organizadores de las protestas de este miércoles denunciaron que la propuesta “instala una mirada estigmatizante” y desvía la atención de la crisis estructural del sistema.

Reclamaron además que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso a mediados de 2025 y ratificada luego tras un veto presidencial.

No obstante, la norma nunca fue aplicada por el Ejecutivo, bajo el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.

La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el Ejecutivo.

Los manifestantes advirtieron este miércoles que la falta de actualización en los aranceles y las demoras en los pagos ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones y podrían derivar en un cese generalizado de servicios para pacientes con discapacidad.

Durante la protesta, se exhibieron pancartas con consignas como “Basta de crueldad” y “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, en rechazo a lo que consideran un ajuste sobre el sector.

Se trata del sexto largometraje del conocido actor, el primero desde 'Mr. Pig' en 2016, y será proyectada en la sección 'Secciones espaciales' del certamen de la Costa Azul francesa.

Los organizadores anunciaron un complemento de la selección del festival, que incluyó 'Paper Tiger', de James Gray, entre las películas a competición.

Basada en al novela de Brenda Navarro, la película de Luna está protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz y cuenta la historia de Luila, que a los 21 años se muda con su hermano Diego de México a España para reunirse con su madre, que había hecho ese camino ocho años antes.

México contaba ya con representación en la sección paralela la Semana de la Crítica, que busca descubrir nuevos talentos y que seleccionó 'Seis meses en el edificio rosa con azul', primer trabajo tras la cámara de Bruno Santamaría Razo.

La trama discurre a principios de la década de los 90 en Ciudad de México alrededor de Bruno, un niño que cumple once años y que tiene sentimientos que cada vez son más intensos hacia su mejor amigo, Vladimir.

La noticia de que su padre tiene VIH impacta de manera repentina en su vida y su familia intenta ahuyentar el dolor cantando y bailando. Treinta años después, Bruno filma y reimagina el recuerdo de aquella experiencia y de lo que no llegó a percibir del todo cuando era niño.

El reparto cuenta con los nombres de Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gabino, Eduardo Ayala, Valeria Vanegas y Anuar Vera, entre otros.

"A pesar de que instancias internacionales han determinado la ilegalidad de sus detenciones, el Estado de Nicaragua mantiene su encarcelamiento", criticó la ONG que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, en un mensaje en el marco del Día de la Tierra.

En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte y les imputó los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Diez de los detenidos son guardabosques y ya fueron condenados. Estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de "colonos" en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, entre otros, de acuerdo con la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora su sede está en Costa Rica.

Los guardabosques Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Olvier y Evertz Bruno, del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas, en Caribe de Nicaragua, fueron detenidos arbitrariamente en distintos operativos entre 2021 y 2023, en represalia por su labor de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas ilegales, según esa ONG.

Ese organismo argumentó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que esos casos constituyen detenciones arbitrarias, vinculadas directamente a su rol como defensores del medioambiente y los derechos indígenas.

Además, que la persecución contra esos defensores busca debilitar la organización comunitaria y frena la protección de los bosques nicaragüenses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también han solicitado su liberación, sin que el Estado nicaragüense haya cumplido.

"En este Día de la Tierra, Fundación del Río recuerda que proteger los bosques no debería ser motivo de persecución ni cárcel", por lo que "exigimos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de los ocho guardabosques mayangnas", exigió esa ONG.

Según ese organismo, la detención de los guardabosques mayangnas no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden el territorio indígena y los bienes naturales en Nicaragua.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó que el puente en arco de 1.654 metros de longitud y que une a la capital con la populosa provincia de Panamá Oeste, será completamente cerrado durante cuatro horas a partir de las 10 de la noche de mañana jueves para llevar a cabo una prueba de carga estructural.

Este examen permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular, dijo el Ministerio de Obras Públicas.

Ya un equipo del MOP y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos determinó que el puente no sufrió daños estructurales críticos por las llamas que alcanzaron una sección del paso elevado a raíz de la explosión de al menos dos camiones cisterna de combustible estacionados en su base.

Tras el suceso, las autoridades limitaron a 10 toneladas el peso de los vehículos en el puente, quedando así imposibilitados de usarlo autobuses, camiones y otros transportes de carga.

El Puente de Las Américas fue construido por la John F. Beasly and Company, de EE.UU., entre 1959 y 1962 a un costo de 20 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.

Es una arteria vial neurálgica, pues canaliza alrededor del 75 % de tráfico hacia el interior del país, según los datos oficiales, que cifran en más de 50.000 los vehículos que lo cruzan diariamente.

"Los ataques y las capturas de buques mercantes son inaceptables. Hago un nuevo llamamiento para que cesen estas acciones imprudentes y para que se libere de inmediato a todos los buques y la gente de mar inocente", dijo hoy el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, en un comunicado.

Las palabras de Domínguez llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciase este miércoles el apresamiento de dos buques en Ormuz por operar sin permisos necesarios, mientras que la agencia británica de operaciones comerciales marítimas (UKMTO) reportó hoy al menos dos ataques a embarcaciones en las inmediaciones del estrecho.

El diplomático panameño dijo haber conversado hoy con un marinero que estuvo varado en el golfo Pérsico y logró salir, al mismo tiempo que recordó que cerca de 20.000 personas siguen todavía allí, tras siete semanas de conflicto, sin saber cuándo podrán volver a casa.

Domínguez explicó cómo el citado marinero -que no fue identificado- le describió "el estrés constante" que suponía que los misiles le sobrevolaran, así como el "peligro" de que los escombros que caían del cielo impactasen contra el buque, o las dificultades a la hora de racionar los suministros o de poder estar en contacto con sus familiares.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del flujo marítimo de hidrocarburos a nivel global, sigue bloqueado como resultado del conflicto en Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán han prolongado su alto el fuego y siguen a la espera de retomar las negociaciones de paz.

De acuerdo con el secretario de esta agencia marítima de la ONU, "la reducción de las tensiones, las medidas concretas y el restablecimiento de la libertad de navegación son la única vía para avanzar".

El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, que desde el mismo día de las elecciones afirma sin pruebas que hubo fraude premeditado en su contra en los comicios del 12 de abril, pidió al JNE la celebración de elecciones complementarias en locales de la capital, su gran bolsón electoral, donde el material electoral llegó tarde y hubo gente que desistió de votar en las primeras horas.

Este miércoles, el máximo órgano electoral tenía en su agenda debatir esta iniciativa que también ha sido apoyada por la candidata derechista Keiko Fujimori, que con el 94,31 % de actas contabilizadas, recibe el 17 % de los votos válidos, mientras que la segunda posición se definirá entre el izquierdista Roberto Sánchez, que tiene el 12 %, y López Aliaga, que llega al 11,9 %, hasta el momento.

El abogado de Sánchez, Roy Mendoza, dijo junto a simpatizantes de varios partidos de izquierda que si el JNE accede a convocar unas elecciones complementarias, estaría cediendo a la presión y a la extorsión electoral de algunos partidos políticos.

"El Jurado Nacional de Elecciones va a poner en agenda la elección complementaria y esto es preocupante para el sistema democrático (...) una elección complementaria no tiene ningún sustento legal y es una decisión desafortunada", agregó.

Ruth Luque, congresista y candidata al Senado del partido de centroizquierda Ahora Nación, declaró ante medios que rechazan "tajantemente" cualquier discurso autoritario que pretende capturar las instituciones fundamentales para garantizar una autonomía y respeto a la voluntad popular.

"Lo que el Jurado Nacional de Elecciones pretende hacer es socavar y generar una decisión absolutamente ilegal e inconstitucional, unas elecciones complementarias que tiene como fondo un pedido que ha hecho Renovación Popular", dijo la congresista ante el JNE al añadir que el pedido del ultraderechista busca una confrontación social.

Sostuvo que López Aliaga está desconociendo el resultado de las elecciones y que evitaría llegar a segunda vuelta Juntos por el Perú, "que ha sido una de las fuerzas políticas que, le guste o no un sector político, ha ganado su derecho de pasar a la segunda vuelta y representa la votación de los sectores más vulnerables del país".

Del mismo modo, el secretario de Doctrina de Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo, aseguró que las elecciones complementarias que plantea la derecha no están previstas en ninguna norma y distorsionan la voluntad popular porque podrían cambiar el resultado que ya se decidió el 12 de abril y eso sería "una grave amenaza a la democracia".

"Más allá de la reacción que podría ocurrir seguramente en las regiones del sur, que van a sentir nuevamente que les están arrebatando el voto. Entonces la situación es muy delicada. El JNE tiene una responsabilidad de no violar la ley ni la Constitución, porque ya se acabaría lo poco que queda de democracia en el Perú", dijo Salcedo.

De acuerdo con esa información, si no hay respuesta dentro de ese margen se arriesgaría al final del actual alto el fuego, informó el Canal 12 de la televisión israelí citando a tres funcionarios estadounidenses.

En un segundo reporte, el mismo medio, citando fuentes políticas en Jerusalén, señala que el plazo efectivo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluiría el domingo.

El diario israelí Ynet recogió que la falta de un anuncio oficial de la nueva fecha límite por parte de Trump respondería a su deseo de no quedar en evidencia tras haber pospuesto repetidamente distintos ultimátums en las últimas semanas.

El presidente estadounidense anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno iraní, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva, tras una reunión con efectivos del sistema de defensa antimisiles 'Cúpula de Hierro' en las colinas de Jerusalén.

Según un comunicado del Servicio de Información del Gobierno de Mauricio, el fiscal general del país africano, Gavin Glover, explicó que el encuentro fue solicitado por su administración para analizar los pasos a seguir después de que el proyecto de ley sobre la Base Militar de Diego García y el Territorio Británico del Océano Índico no fuera presentado ante la Cámara de los Lores este mes.

"Todas las partes involucradas deben llegar a un acuerdo para que se pueda finalizar el tratado sobre la restitución del Archipiélago de Chagos a la República de Mauricio", dijo el negociador principal británico, Robbie Bulloch.

Destacó que la jornada permitió un intercambio de puntos de vista para mantener la colaboración estrecha entre ambos países.

Respecto a la participación de Washington, Glover señaló que las negociaciones técnicas han avanzado, aunque la ratificación definitiva sigue pendiente pues "se espera la aprobación política del presidente de EE.UU.”.

La delegación británica, integrada por el director jurídico Paul McKell y el negociador Peter Candler, también mantuvo encuentros con otros responsables locales.

Glover subrayó que el Gobierno de Mauricio tomará las decisiones correspondientes según evolucione la situación diplomática y legislativa.

Este mes, el Ejecutivo británico informó de que, si bien no abandonaba por completo el acuerdo, se había agotado el tiempo para aprobar la legislación -que estaba en etapas finales de su tramitación- antes de que el Parlamento se prorrogara en las semanas siguientes.

Así, Londres decidió detener el pacto, después de que Trump, que sí que había apoyado inicialmente el tratado, retirase su apoyo el pasado enero y lo calificase como una "gran estupidez".

Mauricio afirmó el pasado marzo que consideraba emprender acciones legales ante el retraso de la ratificación del pacto.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, confirmó en mayo de 2025 que rubricó el acuerdo, anunciado en octubre de 2024 y que busca poner fin a una disputa iniciada con la independencia de Mauricio en 1968.

Pese a las críticas de Trump, el texto garantiza la permanencia de la base militar conjunta británico-estadounidense situada en la isla Diego García, en el océano Índico, mediante un arrendamiento por 101 millones de libras (115,8 millones de euros) por 99 años.

La importancia de esta isla ha crecido ante la necesidad de EE.UU. de garantizar bases permanentes en el océano Índico, tras el estallido en febrero pasado de la guerra en Oriente Medio.

A pesar de la fuerte lluvia que cayó durante el encuentro, los jóvenes recibieron con enorme entusiasmo al pontífice y aplaudieron con fuerza sus mensajes: "El futuro es vuestro", exclamó Robert Prevost en un país donde la media de edad es de 20 años.

Comenzó el encuentro con las familias, recordando el discurso de san Juan Pablo II cuando en su visita en 1982 pidió a los guineanos que diesen siempre ejemplo de concordia entre ellos.

"..De amor mutuo, de capacidad de reconciliación, de respeto efectivo a los derechos de cada ciudadano, familia, grupo social. Respetad y promoved la dignidad de todas las personas en vuestro país, como seres humanos y como hijos de Dios", dijo entonces Karol Wojtyla.

Cuarenta y cuatro años después, León XIV hizo suyas esas palabras y dijo: "Son palabras que aún hoy guían nuestros corazones y que deben iluminar su camino, mientras se preparan para las responsabilidades que les esperan en el futuro".

En este acto escucho los testimonios de algunos fieles como Alicia, una trabajadora que dijo que le cuesta que, debido a ser mujer, la tomen en serio. Su testimonio sirvió al papa para pedir que los jóvenes, hombres y mujeres, "no busquen el éxito fácil, sino que elijan la cultura del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo bien hecho y que esto sea valorado”.

Pidió a los jóvenes construir "un mundo mejor, basado en el respeto por la vida que nace y crece, y en el sentido de responsabilidad hacia los pequeños".

También citó el testimonio de Víctor Antonio, niño que creció con una madre soltera. "Nos ha recordado que acoger la vida requiere amor, compromiso y cuidado, y estas palabras en boca de un adolescente deben hacernos pensar seriamente en lo importante que es proteger y cuidar a la familia y los valores que se aprenden en ella".

"Seamos testigos cada día de que amar es hermoso, de que las alegrías más grandes, en todos los ámbitos, provienen de saber dar y de entregarse, especialmente cuando servimos a los más necesitados", dijo entre los gritos de júbilo de los jóvenes a pesar de la incesante lluvia.

También citó las palabras del papa Francisco al asegurar que "la caridad, cultivada en los hogares y vivida en la fe, puede transformar verdaderamente el mundo, incluso en sus estructuras e instituciones".

El papa regresará después a la capital Malabo, donde mañana celebrará una misa y regresará a Roma tras 11 días en los que ha visitado también Argelia, Camerún, Angola.

En una carta dirigida al presidente boliviano, Rodrigo Paz, y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, Cronenbold renunció de forma "irrevocable al cargo" y "con efecto inmediato", después de realizar un "diagnóstico profundo" de la situación de la empresa.

"Una vez en el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto", señaló.

También, mencionó que YPFB sufrió el "menoscabo de veinte años de gestiones pasadas", refiriéndose a los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), en los que, aseguró, se ensambló "una arquitectura perniciosa" con "candados" que se quiere "desensamblar".

Cronenbold enfatizó que "la recuperación de la empresa requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo aliento", lo que se contrapone a las disposiciones del Gobierno que requieren resultados con "celeridad".

Por esto, recomendó "explorar nuevas rutas de gestión que se alineen con las urgencias de la agenda nacional".

"No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado", agregó.

Cronenbold asumió la presidencia de YPFB el 30 de marzo, en reemplazo de Yussef Akly, cesado en el cargo poco después de una huelga de los sindicatos de transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto contra la venta de combustible de mala calidad y en demanda de que se agilice la compensación estatal por los daños ocasionados.

En la toma de juramento de Cronenbold, el mandatario boliviano indicó que con la nueva presidenta comenzaba "un segundo tiempo para YPFB", en el que se le asignó la tarea de producir su propia gasolina y recuperar su "rol" como una empresa "pujante".

Desde que en diciembre del año pasado se retiró la subvención de los combustibles, que estuvo vigente por más de dos décadas, YPFB tropezó con la venta de gasolina en mal estado, lo que generó constantes protestas de los usuarios.

A inicios de febrero, la petrolera boliviana informó que se encontraron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que generó un "desbalance" en la composición del combustible, debido a un problema "heredado" de gestiones anteriores.

Semanas después, el Gobierno presentó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender los posibles daños en el parque automotor debido a la gasolina.

Dentro de esa iniciativa, hasta la fecha se desembolsaron más de 2 millones de dólares por daños a más de 7.161 vehículos.

En la víspera, los sindicatos de transportistas mencionaron que están en "emergencia nacional" y analizan nuevas protestas en caso de que el Gobierno de Paz no dé soluciones "contundentes y duras" a este problema que persiste.

La denuncia fue hecha por el presidente del Alto Consejo de Estado, Mohamed Takala, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, Antònio Guterres, en la que expresó su rechazo a la creación de "órganos paralelos", como la plataforma de "diálogo estructurado", que busca, según la UNSMIL, incluir en el proceso político de reconstrucción del país a las instituciones "soberanas", partidos y la sociedad.

Además, mostró su rechazo a la conformación de un "comité asesor", cuyo objetivo es resolver disputas en la ruta hacia unas elecciones en Libia, como contempla la hoja de ruta del la misión presentada en pasado agosto ante el Consejo de Seguridad de la ONU q,ue contempla, entre otros asuntos, la celebración de comicios en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de presentación.

Según la misiva de Takala, quien reiteró que "esto supone una violación de la soberanía nacional y la marginación de instituciones establecidas mediante el consenso libio", los miembros de los órganos creados por la UNSMIL han sido elegidos "bajo criterios poco transparentes".

Asimismo, criticó a la misión por sus "preferencias" ideológicas al considerar que seleccionó "deliberadamente" a personas afiliadas a facciones políticas determinadas sin coordinar con las autoridades, lo que responde -aseguró- a "intereses particulares", bajo el riesgo de "retornar al autoritarismo".

Para el presidente del Alto Consejo de Estado, la UNSMIL trabaja bajo un enfoque que "amenaza la estabilidad" y "socava la confianza del pueblo libio en la imparcialidad de la organización internacional".

Ante esta situación, Takala solicitó a Guterres su "intervención directa para corregir el rumbo de la misión" con el fin de que "cumpla estrictamente con su mandato" para "proteger el proceso democrático".

Desde 2014, cuando se celebraron las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida en dos administraciones, con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que lidera Abdelhamid Dbeiba.

"Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi solicitud —en mi calidad de Presidente de los Estados Unidos— y hayan cancelado la ejecución prevista", escribió en su red Truth Social.

El mandatario lo calificó como "muy buenas noticias" y añadió que acababa de "ser informado de que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas. Cuatro serán puestas en libertad de inmediato y cuatro serán condenadas a un mes de prisión".

Trump había pedido el martes a los líderes iraníes, también vía mensaje en Truth Social, que liberaran a estas mujeres condenadas a muerte y que ese gesto sería un "gran comienzo para nuestras negociaciones".

"A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", escribió.

Trump vinculó en su texto la paralización de las ejecuciones y la liberación de las mujeres con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que empezó el 28 de febrero y que se encuentra ahora en un alto el fuego indefinido.

"¡¡¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!!!", aseguró el martes horas antes de que se conociera que el alto el fuego se convertía en indefinido.

Trump afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

"Es posible", respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

"Se recibieron informes de que dos periodistas resultaron heridas como consecuencia de los ataques. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no están impidiendo que los equipos de rescate lleguen a la zona. Los detalles del incidente están siendo investigados", sostiene un comunicado castrense.

En su comunicado, los militares afirmaron que sus tropas identificaron dos vehículos en el sur del Líbano que, según su versión, habrían salido de una estructura atribuida al grupo chií Hizbulá. El Ejército indicó que los ocupantes "cruzaron" la línea divisoria tras la que sus tropas permanecen apostadas y se aproximaron a sus posiciones, lo que interpretaron como una "amenaza inmediata".

Según la nota, la Fuerza Aérea israelí atacó "uno de los vehículos" y posteriormente bombardeó "la estructura de la que habrían salido" los individuos.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), un bombardeo israelí alcanzó un vehículo que circulaba por At Tiri (sur del Líbano) pese a la tregua, causando el fallecimiento de dos personas identificadas como Ali Nabil Bazzi y Muhamad al Hourani.

Además, el medio estatal explicó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado a la localidad para tratar de evacuar a dos periodistas que permanecen "rodeadas" por el Ejército israelí.

Las reporteras asediadas son Amal Khalil, una conocida periodista del diario local Al Akhbar, y Zeinab Faraj, presentadora y productora de televisión.

Aunque las autoridades militares israelíes insistieron en que no tienen como objetivo a periodistas y que actúan para minimizar daños a civiles, el incidente se produjo en un contexto en el que organizaciones humanitarias y de prensa han expresado preocupación por la seguridad de informadores en áreas de operaciones militares.

Solo el pasado 28 de marzo, Israel mató en otro bombardeo en el sur del Líbano a tres periodistas, identificados como Ali Shaib, reportero del canal Al Manar; Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen; y el cámara Mohamed Fatouni, del mismo medio.

Tras una reunión a nivel de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Se espera que las negociaciones entre las delegaciones de ambos países se reanuden mañana jueves, de nuevo en la capital estadounidense.

Vives participó en una rueda de prensa en Nueva York junto a la empresa de alimentación hispana Goya, que para celebrar su 90 aniversario patrocina su gira e hizo una donación a su fundación Tras la Perla, centrada en el desarrollo social en su natal Santa Marta (Colombia).

Preguntado por un mensaje para su público cuando en EE.UU. el Gobierno del presidente Donald Trump, sigue adelante con la campaña de deportaciones, Vives hizo un alegato en favor de los inmigrantes, agradeciéndoles el impulso a su carrera y reconociéndose en ellos.

"Siempre he sido defensor", declaró el premiado artista, que alabó "la capacidad de trabajo y amor" del "inmigrante que vino a construir y hacer más grande este país", y aseguró que se puede sentir representado por "un recolector mexicano de tomates en la Florida".

"Así es el pueblo donde yo nací, gente noble y trabajadora", apostilló.

El también actor y compositor matizó que hay inmigrantes que se dedican a la delincuencia o son un peligro para la comunidad, pero razonó que esa lacra "no tiene nacionalidad" y criticó que se usen los orígenes "para hablar de las cosas que no están bien".

"La mayoría se merecen una oportunidad, la mayoría quieren construir, quieren amar y lo hacen espectacular", afirmó Vives, que reiteró que EE.UU. "ha sido bendecido por que los vecinos seamos nosotros" y añadió que la "humanidad de la gente es muy valiosa".

El ganador del Grammy y el Latin Grammy, que ha vendido millones de discos, se prepara para lanzar el 1 de mayo su nuevo álbum, 'El último disco', del que ha hecho varios adelantos, y comenzará la parte estadounidense de su gira el viernes en Nueva York, sobre lo que se mostró emocionado.

En ese sentido, relacionó el trabajo filantrópico de su fundación, que busca "devolverles la libertad" a los vecinos de Santa Marta, y la posibilidad de viajar que le ha dado su carrera, para concluir con un mensaje de unión para los hispanoamericanos.

"La música me llevó por el mundo (...), me mostró mi familia completa, y me devolvió algo: mi orgullo hispano, mi orgullo español. Que hace que yo, más que latino, diga: soy hispanoamericano", reflexionó, reclamando "devolverle el afecto a nuestra herencia hispana".

A través de X, detalló que, del total de beneficiados, 8.302 tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 314 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este miércoles las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

"Seguimos recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país", apuntó Arreaza.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Este miércoles, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, según sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.

Ese porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas por la organización desde el pasado 8 de enero, según una publicación de la ONG también en X.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.

"Nos quieren decir que aumentar el salario significa disparar la inflación, llevamos cuatro años sin salario y la inflación sigue alta", señaló a los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, desde la casa de estudios.

El profesor señaló que si hay un nuevo momento político, como ha indicado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también debe haberlo para un "movimiento salarial".

A su juicio, no puede ser que en el país haya más inversiones e ingresos sin que haya mejoras salariales.

Alfonso señaló que este tipo de protestas las está provocando el Gobierno venezolano cuando "desoye lo que es el clamor de un país".

Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, Carlos Suárez, indicó que cesarán la protesta dependiendo del anuncio que se haga el próximo 1 de mayo, sobre el aumento de salario que prometió la semana pasada Rodríguez.

Durante la jornada, la Federación Venezolana de Maestros llevó a cabo asambleas en todo el país en apoyo al paro de los universitarios y también para discutir su situación laboral.

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Edgar Machado, indicó que el sector está en emergencia por los bajos salarios, al tiempo que dijo que tienen cuatro años esperando por la aprobación del contrato colectivo.

"Tenemos que dignificar la carrera docente, buenos sueldos, infraestructuras acordes a nuestros muchachos, a nuestros docentes, seguridad social", señaló durante una asamblea celebrada en Caracas.

Por su parte, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, exigió a la presidenta encargada que el próximo aumento anunciado no sea a través de bonos, que no inciden en el cálculo de beneficios laborales como prestaciones y vacaciones.

Asimismo, dijo que se han "cansado" de enviar comunicaciones al Ministerio de Educación y del Trabajo donde plantean la situación del sector sin recibir, hasta el momento, alguna respuesta.

Movimientos sindicales llevan más de un mes convocando a protestas en el país para pedir aumentos salariales en medio de la inflación crónica que devalúa constantemente el sueldo y que cerró 2025 en más de 400 %.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

Laser informó en su cuenta de Instagram que reiniciará sus vuelos directos en alianza comercial con la aerolínea estadounidense Global X, y operarán con una frecuencia diaria de Miami a Caracas y viceversa.

Según reportó la compañía, los vuelos serán operados en un avión Airbus A320 con capacidad para 150 personas, sin detallar los precios de los pasajes.

Con este anuncio, Laser se suma a Copa Airlines y American Airlines, compañías que ya anunciaron la reactivación de la ruta.

American Airlines inició el lunes la venta de boletos a partir del 30 de abril con un precio mayor a 1.000 dólares por viaje sencillo.

Con ello, es la primera empresa aérea estadounidense en reanudar los vuelos directos entre ambos países, que permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer mandato (2017-2021).

La autorización para volver llegó después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobara en marzo la reanudación de los servicios a los aeropuertos de Maiquetía -que sirve a Caracas- y Maracaibo -capital de Zulia (oeste)- por parte de American, y de que la Administración de Seguridad en el Transporte realizara inspecciones recientes en Caracas.

El propio Trump levantó el veto este año tras la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero, y del ascenso como presidenta encargada de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El Departamento de Estado de EE.UU. rebajó en marzo del nivel 4, de máximo riesgo, al nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen ir a Venezuela, a los que pide "reconsiderar viajar" por el riesgo de "crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente".

El gobernador del estado de Alto Nilo, Jacob Dollar Ruot, dijo a EFE que el asalto fue perpetrado por hombres armados no identificados y acusó a jóvenes de la comunidad murle, del Área Administrativa del Gran Pibor, de estar detrás del ataque, que también dejó varios heridos y obligó a residentes a huir de sus hogares.

Condenó este asalto y lo calificó de “acto bárbaro”, así como instó a la contención para evitar una mayor escalada.

Autoridades locales indicaron que los atacantes armados irrumpieron en varias aldeas al amanecer, abriendo fuego contra los residentes y provocando el pánico en la zona.

El motivo del ataque no ha sido verificado de manera independiente, pero la zona se ha visto durante años afectada por ciclos de violencia de represalia, a menudo vinculados al robo de ganado, disputas por la tierra y tensiones étnicas entre comunidades vecinas.

Las autoridades del estado de Alto Nilo señalaron que están coordinándose con sus homólogos del Área Administrativa del Gran Pibor para investigar el incidente e identificar a los responsables.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades de Pibor para garantizar que los responsables de los asesinatos de esta mañana rindan cuentas”, indicó a EFE un funcionario de seguridad estatal, que pidió el anonimato.

El ataque se suma a la persistente inseguridad en partes de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia localizada.

Líderes comunitarios y autoridades han pedido calma y han advertido de que posibles represalias podrían desestabilizar aún más una región ya de por sí volátil si no se contienen con urgencia las tensiones.

La revelación la hizo Angie Rodríguez, quien el año pasado fue mano derecha de Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente dirige el Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

La funcionaria dijo a la emisora colombiana Blu Radio que hay miembros del Gobierno que no creen que el proyecto progresista vaya a continuar una vez Petro termine su mandato, el próximo 7 de agosto, y están aprovechando los meses que le quedan para exprimir al erario.

"Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo", señaló.

Igualmente manifestó que hay una "red de concierto para delinquir" en su contra y que la han extorsionado, hechos que ya denunció ante la Fiscalía General de la Nación porque además la han espiado y amenazado.

"Esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan, o abordan a mi familia o abordan a mi hijo o pasa cualquier cosa, como le sucedió a Miguel Uribe", dijo en referencia al asesinato el año pasado de ese senador y precandidato presidencial de derecha.

Rodríguez indicó además que Petro es engañado por miembros de su equipo que lo tienen "aislado" y le llevan chismes que incluso causaron la destitución del director de la Policía hace unos meses.

"Al presidente lo tienen engañado (...) Son muchas personas detrás de esto, que llevan cuentos, chismes, calumnias; han sacado (del Gobierno) a un poco de funcionarios buenos a punta del chisme y la mentira, eso me molesta, me indigna, porque uno siempre tiene que validar la información", dijo Rodríguez.

La funcionaria señaló al jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, de quien dijo que tiene "aislado" al presidente, así como al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, con quien está enfrentada desde hace meses, y los responsabilizó de una campaña de odio en su contra.

"Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre", aseguró.

También, señaló que por esas habladurías, Petro destituyó en octubre del año pasado al director de la Policía, general Carlos Triana, quien estuvo solo ocho meses en el cargo.

Según Rodríguez, al mandatario le contaron que supuestamente Triana estaba aliado con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro, para llevar a cabo un plan para sacarlo de la Presidencia.

"Yo dije: ¿cómo le van a inventar esta locura? Como si el director de la Policía se fuera a unir con el alcalde para querer perjudicar al presidente", añadió.

En octubre pasado, cuando anunció la salida de Triana de la Policía, Petro afirmó que el oficial había hecho un buen trabajo pero que hubo fallas que no precisó.

Según tres fuentes anónimas citadas por el rotativo, un alto funcionario del Departamento de Defensa compartió esa estimación en una sesión informativa celebrada el martes con miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja estadounidense.

Estos cálculos implican que los efectos económicos del conflicto podrían durar hasta casi final de año incluso si la paz entre Teherán y Washington se acordara de manera inminente, y aún se sentirían cuando EE.UU. celebre el próximo noviembre sus elecciones de medio mandato, vitales para que Trump y los republicanos mantengan el control de ambas cámaras en el Congreso.

Además de los efectos disruptivos para la economía global que está teniendo la guerra, el conflicto se ha vuelto tremendamente impopular, incluso entre las bases trumpistas, por el gasto militar y la subida en el precio de los combustibles que implica.

Los tres funcionarios citados señalaron que el funcionario del Pentágono aseguró que Irán podría haber colocado en el estrecho más de una veintena de minas, y que algunas de ellas habrían sido colocadas empleando sistemas de control remoto o embarcaciones pequeñas, lo que dificulta su detección por parte de las fuerzas estadounidenses.

Se cree además que Irán podría tener dificultades para encontrar muchas de las minas plantadas en la zona.

Antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, por Ormuz transitaban parte importante del crudo y gas natural que se exportan globalmente, principalmente a grandes economías asiáticas como Japón o Corea del Sur.

Además del bloqueo parcial impuesto por Teherán para los buques de carga en el estrecho, Washington ha impuesto el suyo propio para evitar que barcos puedan partir o llegar a puertos iraníes.

Después de prorrogar indefinidamente y de manera unilateral el alto el fuego, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

Irán afirmó hoy a su vez que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, un bombardeo alcanzó un vehículo que circulaba por At Tiri, causando el fallecimiento de dos personas identificadas como Ali Nabil Bazzi y Muhamad al Hourani, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otro lado, el medio estatal explicó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado a la zona para tratar de evacuar a dos periodistas que permanecían "rodeadas" por el Ejército israelí, una de las cuales resultó herida y ya ha podido ser rescatada por los paramédicos.

"El vehículo de la Cruz Roja que transportaba a la periodista Zeinab Faraj desde el pueblo de At Tiri al Hospital Gubernamental de Tebnine fue objeto de disparos hostiles y las marcas de las balas quedaron visibles en el vehículo", indicó ANN.

La otra reportera afectada por el incidente, Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, todavía no ha podido ser evacuada por los equipos de socorro.

El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a la Cruz Roja que trabajen en colaboración con el Ejército y la misión de paz de la ONU (FINUL) para llegar hasta las víctimas, al llamar a la protección de los trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre el terreno.

At Tiri se ubica cerca de la ciudad de Bint Jbeil, uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá a la entrada en vigor de un cese de hostilidades el pasado viernes, así como una zona donde se denuncia estos días más destrucción deliberada.

Tras una reunión de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

La Fiscalía abrió diligencias contra Övuç en diciembre pasado, acusándolo de "incitación al odio" y el tribunal decretó prisión preventiva, que solo fue levantada más de tres meses más tarde, el 1 de abril pasado, informó el diario BirGün.

En el juicio, en el que también se personó el Ministerio de Familia y Asuntos Sociales, Övüç negó haber querido ofender a la religión y aseguró haber actuado solo con ánimo humorístico, pero el tribunal no lo entendió así y lo condenó a 11 meses por "humillar los valores religiosos de una parte de la sociedad".

Al ya haber pasado 102 días en prisión preventiva, la condena de Övüç se considera cumplida y no tendrá que volver a la cárcel.

El humorista e 'influencer' de 58 años, oriundo de Van en el sureste de Turquía, gusta de disfrazarse de muy diversos estilos en las fotos que comparte en su cuenta de instagram, con 3,7 millones de seguidores, pero actualmente bloqueada en Turquía.

Övüç fue detenido ya en enero de 2025, en un hecho distinto, por aparecer en un programa de televisión con el velo islamista, un atuendo habitual especialmente entre las seguidoras del AKP, pero entonces fue puesto en libertad con cargos.

Turquía es un país laico sin religión estatal, pero desde la llegada al poder del partido islamista AKP, en 2002, se han pronunciado numerosas condenas por referencias humorísticas a elementos islámicos, que, en opinión de los tribunales, "ofenden a parte de la sociedad".

El texto, que recibió el visto bueno del Ejecutivo como "decreto ley", debía ser validado por el Parlamento en un plazo de 60 días para no decaer.

La votación se saldó con 203 votos a favor, 117 en contra y 3 abstenciones.

Pese a superar el trámite, la norma nace con el compromiso de una modificación posterior tras las advertencias del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de diversos sectores jurídicos.

El principal punto de fricción es una enmienda que prevé el pago a los abogados que asistan a inmigrantes en procesos de repatriación voluntaria, siempre que estos se completen con éxito, lo que motivó que Mattarella exigiera cambios por dudas sobre su encaje constitucional.

La Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) calificó de "inaceptable" que la retribución de un profesional dependa del resultado y no de su actividad, mientras que el Consejo Nacional Forense (CNF) denunció que no se les consultó para ejercer de "tesorería" en el pago de estos incentivos.

Ante la falta de tiempo para modificar el decreto antes de su vencimiento el próximo sábado 25 de abril, el Gobierno optó por aprobarlo en su forma actual, comprometiéndose a tramitar un nuevo texto 'ad hoc' que recoja las peticiones del jefe del Estado.

La medida correctiva, cuya aprobación por el Consejo de Ministros está prevista antes del viernes, según adelantó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, busca subsanar las dudas constitucionales ampliando el alcance de los beneficiarios.

La nueva redacción prevé que el pago se otorgue no solo a abogados, sino también a mediadores y asociaciones, y que se abone incluso si el proceso de repatriación no llega a término, según los medios locales.

La repatriación voluntaria asistida es un instrumento previsto por las políticas migratorias italianas que permite a los ciudadanos extranjeros regresar a sus países recibiendo la asistencia del Estado.

Más allá del polémico artículo sobre los incentivos a los abogados, el paquete legislativo autoriza otras medidas como la "detención preventiva" de hasta 12 horas para personas consideradas peligrosas antes de una manifestación pública.

Asimismo, la Policía también podría ordenar a una persona sospechosa que firme una o más veces en la comisaría durante las horas de manifestación y su incumplimiento se castigaría con penas de entre cuatro meses y un año de prisión.

La normativa endurece también el control de las armas blancas al prohibir su venta a menores y castigar el porte de hojas de más de ocho centímetros con hasta tres años de prisión, con multas de hasta 1.000 euros para los padres de los infractores.

También se establece un 'escudo penal' para eximir del registro automático de sospechosos a quienes actúen en defensa propia o cumplimiento del deber, mientras se equiparan las agresiones a sanitarios o docentes con los ataques a la autoridad, con penas de hasta 16 años.

Además, huir de un control policial, poniendo en peligro la seguridad pública, se considera un delito penado con seis meses a cinco años de prisión y con arresto inmediato.

Así lo han expuesto varios defensores del medioambiente de Costa Rica, Jamaica, Bahamas y el productor, compositor e ingeniero hondureño Jeffrey Peñalva, más conocido como Trooko, en un encuentro virtual con el apoyo de la red de Periodistas por el Planeta, coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra este 22 de abril.

"No es solo petróleo; es la lucha por el alma del Caribe", alertan los músicos Trooko, Bomba Estéreo, Walshy Fire, J Noa y Baha Men en la canción "Cielo Azul”, que ha servido de herramienta para concienciar a la población del Caribe sobre los riesgos de las actividades extractivistas.

Trooko ha declarado que "la música es un instrumento para denunciar y concienciar sobre la situación, con ritmos muy valiosos".

Los países del Caribe viven de su imagen de lugares paradisíacos, con la llegada de miles de turistas a sus playas. Sin embargo, existe preocupación por el riesgo de derrames y por el incremento de licitaciones y estudios en la República Dominicana, Honduras, Panamá, Jamaica y Bahamas, tras iniciar Guyana la explotación de petróleo en 2019 y producir actualmente 900.000 barriles diarios.

La situación de Guyana "despertó el efecto dominó en el Caribe, y hay el riesgo de que surjan petroestados por el contagio de las naciones vecinas", ha explicado Carolina Sánchez, portavoz de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles.

Entre otras consecuencias, ha añadido, en Guyana se está viviendo la "gentrificación del centro de Georgetown, la capital, el alza en el precio del pescado como fuente de proteína, el abandono de barcos y el impacto en los puertos pesqueros".

Sánchez ha subrayado que muchos ciudadanos no conocen lo que está sucediendo, porque "las actividades extractivas de petróleo se hacen mar afuera". Ha asegurado que "luchan por una resistencia democrática contra la expansión de estas actividades mineras" y ha instado a los gobernantes a realizar previamente "referéndums nacionales".

Ha recordado que Costa Rica, que tiene una moratoria para actividades de este tipo hasta 2050, pidió en 2024 a Noruega (país explotador de petróleo) asesoramiento para realizar e iniciar prospecciones que no implicaran riesgos. El país nórdico recordó a sus autoridades que "Costa Rica es un ejemplo ambiental".

 Sánchez ha respondido que este auge por el petróleo "viene desde más atrás" de la actual crisis petrolera por la guerra de Irán, y ha señalado que en la región "sí ha calado la conservación de la soberanía energética, no solo por la presión de Estados Unidos, sino también por la necesidad de convertirse en países soberanos energéticamente".

Ha apuntado que existe en desarrollo una creciente industria de las energías renovables en la región, y ha puesto ejemplos como el Puerto Rico tras el apagón de abril de 2025 o el de Guatemala y las microcomunidades energéticas solares.

Michelle Soto, portavoz y moderadora de Periodistas por el Planeta, ha recordado que entre el 21 y el 24 de abril se realiza la IV Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Nassau (Bahamas) y del 24 al 27 de abril la Primera Conferencia para la Transición más allá de los combustibles fósiles en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia). 

Además han intervenido Taylor Ferguson, portavoz de  Waterkeepers Bahamas y Theresa Rodriguez-Moodie, directora de Jamaica Environment Trust.

Según el reporte, en La Paz se registraron 13 feminicidios, mientras que en la región oriental de Santa Cruz e igualmente en la andina Oruro murieron cuatro mujeres en cada caso, entre las cifras más altas por departamentos.

El crimen más reciente fue reportado esta semana por el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, quien informó de la muerte de una mujer de 46 años con heridas provocadas por un arma blanca, presuntamente por su pareja.

En el sitio también fue hallado el hombre con síntomas de haber consumido sustancias venenosas y fue internado en un centro médico, según el reporte oficial.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla «antihombres», iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

En 2025 se registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la Ley 348.

"La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, representará al Líbano en la reunión preparatoria prevista para mañana en el Departamento de Estado de EE.UU. para plantear el asunto de extender el alto el fuego y parar las demoliciones de Israel en los pueblos del sur", dijo ante una delegación parlamentaria.

"La posición del Líbano en las próximas negociaciones es clara: ninguna concesión, ninguna transigencia y ninguna rendición, excepto aquellas que garanticen la soberanía del Líbano y los intereses de todos los libaneses", apuntó el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia.

Está previsto que mañana, jueves, tenga lugar una segunda ronda de diálogo a nivel de embajadores entre el Líbano e Israel, después de que unas primeras conversaciones llevaran a la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días el pasado viernes.

Beirut pretende que la tregua dé espacio al comienzo de negociaciones directas para encontrar una solución a largo plazo, una vía a la que se opone el grupo chií Hizbulá.

Durante su encuentro de este miércoles con un grupo de diputados, Aoun defendió que optó por dialogar con el Estado judío tras haber aprendido de experiencias anteriores que las guerras solo causan "muertes, destrucción y desplazamientos".

Por ello, está en contacto "constante" con los máximos líderes de la nación y otros actores políticos para mantenerles al tanto de los esfuerzos en marcha para consolidar la tregua, lo que espera dé paso a las negociaciones detalladas, según la nota.

En este contexto, pidió que el Líbano presente una postura "nacional unificada" para impedir que Israel se aproveche de sus "debilidades internas" en favor de sus propios intereses.

Las conversaciones, mediadas por Washington y sin participación de Hizbulá, no han impedido que se produzcan decenas de violaciones del acuerdo sobre todo por parte de Israel, acusado de demoler cientos de inmuebles en las zonas que mantiene ocupadas del sur del Líbano.

En una cumbre informal de la UE, en la que también participarán el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los mandatarios de Líbano, Egipto, Siria y Jordania, se tratará de avanzar en la respuesta al conflicto regional desencadenado por la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, que está teniendo un impacto creciente en el suministro energético del Viejo Continente.

La cita comenzará con una cena de trabajo el jueves 23 a la que asistirá de forma presencial o telemática Zelenski, y que tendrá lugar en un resort costero en Agia Napa, un popular destino turístico al sudeste de Chipre.

Este mismo miércoles, los Veintisiete dieron el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, haya levantado el veto a ambas cuestiones.

Ucrania precisa del dinero de la UE con urgencia para poder seguir pagando sueldos públicos y pensiones y para sufragar su esfuerzo de guerra.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones después de que Zelenski anunciase la finalización de la reparación del tramo del oleoducto Druzhba -que abastece a Hungría- en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Orbán vinculaba ambos vetos.

Orbán, quien ha mantenido un tenso pulso tanto con Zelenski como con Bruselas antes de las elecciones celebradas el pasado día 12, no viajará a Chipre al encontrarse en pleno traspaso del poder tras la victoria electoral del conservador Péter Magyar, de perfil más europeísta, y quien se espera que asuma el cargo antes de finales de mayo.

El jueves, los líderes de los Veintisiete también abordarán el conflicto en Oriente Medio, su “rápida evolución” y los “serios desafíos” que representa para la UE, según dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en su carta de invitación a los mandatarios para la cumbre.

Los mandatarios discutirán en concreto “su contribución a la desescalada y a la paz en las región”, así como a la libertad de navegación.

Las discusiones se centrarán en “cómo ayudar a solucionar un problema que no ha creado la UE”, y en concreto, en la posible implicación de una misión naval europea desplegada en la región a la hora de proteger la navegación en Ormuz una vez se ponga fin al conflicto, según fuentes comunitarias.

Los países de la UE ya han manifestado su voluntad a contribuir una vez se estabilice una situación que continúa siendo muy volátil, como muestran la paralización de las negociaciones de paz en Islamabad, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera extender de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto.

A ello se suman las nuevas amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra Estados Unidos e Israel, y su anuncio sobre el apresamiento de dos buques en Ormuz.

Los líderes europeos celebrarán otra sesión de trabajo el viernes en un escenario distinto, el centro de Conferencias Filoxena al sur de Nicosia, donde además de los Veintisiete estarán los mandatarios de los antes citados “socios regionales” de Oriente Medio.

La discusión se centrará en la evolución de los contactos diplomáticos para la paz en la región, con el foco en el Líbano, cuyo presidente, Joseph Aoun, estará presente.

Los ataques israelíes han continuado en el sur del Líbano en los últimos días pese al alto el fuego en vigor entre ambos países y durante el que se trata de negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Los jefes de Estado y de Gobierno también discutirán el jueves cómo aplicar el artículo 42.7 del Tratado de la UE, que establece la asistencia entre estados miembros en caso de agresión bélica, una disposición que nunca ha sido activada por ningún país del club europeo y para cuya aplicación no hay protocolos establecidos.

Los mandatarios abordarán cómo poner en marcha este mecanismo de defensa común en un escenario hipotético en que sea necesario, por iniciativa de la presidencia chipriota de turno de la UE, y tras el ataque que sufrió una base británica al sur de Chipre con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano, a apenas 200 kilómetros de la isla mediterránea, el mes pasado.

Se trata de un debate complejo por su encaje en el marco de la OTAN para los países de la UE que son también miembros de la alianza -no es el caso de Chipre-, según indicaron fuentes comunitarias.

Aunque Chipre no activó formalmente el citado artículo a raíz del ataque con drones, su Gobierno sí solicitó ayuda puntual a otros estados miembros, y España, Francia, Grecia y Países Bajos enviaron barcos con capacidades antidrones para apoyar la defensa de la isla.

Así lo afirmó este miércoles el director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand, en el marco de un encuentro organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

"Uruguay tiene unas características como país de estabilidad, de proveer una situación a lo mejor distinta de dónde vienen los migrantes, que permite una mejor integración", explicó Beltrand.

Relacionó esto a la realidad demográfica del país y resaltó que, según cifras del Banco de Previsión Social, "los migrantes cotizan el 6,5 % de los aportes a las pensiones y a las jubilaciones" de forma que se benefician ambas partes.

En este sentido, Beltrand informó que la OIM presentará, junto al banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), un estudio sobre el impacto de las migraciones en la región, lo que permitirá dar un mensaje distinto y real, "basado en hechos y estadísticas", y eso incluirá a Uruguay.

Los asistentes al encuentro manifestaron su preocupación por la protección a los grupos más vulnerables -como son las mujeres, los niños-, las condiciones laborales a las que se enfrentan los recién llegados y las dificultades que ha generado la distinción entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales.

"Si Uruguay quiere seguir siendo un país respetuoso de los derechos humanos, de las personas migrantes, de las trayectorias de vida, que lo que ofrezca es una vida digna en el país, hay que empezar a enfrentar esas cuestiones a través de la política pública", reconoció ante estas preguntas la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

Además, debatirán el viernes el próximo presupuesto para el periodo 2028-2034 en el que será el primero de sus intercambios con vistas al ambicioso objetivo de pactar a finales de año unas cuentas que siempre generan una fuerte división entre los Veintisiete.

Estos serán los dos principales debates económicos en la agenda de la cumbre informal que los jefes de Estado y de Gobierno tendrán en Chipre, el país que desempeña la presidencia de turno de la UE durante este semestre, marcada por la incertidumbre constante sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Las consecuencias económicas del conflicto entrarán a escena en la primera sesión de trabajo de la cita, que tendrá lugar durante la tarde del jueves y que se celebra en el enclave costero de Agia Napa, situado en la zona más oriental de la isla.

Los Veintisiete abordarán en ese momento no solo el aspecto geopolítico y diplomático de la guerra, sino también un impacto económico puesto que "los efectos de los precios de los combustibles fósiles ya son visibles en las vidas cotidianas de nuestros ciudadanos y empresas", advirtió el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en su carta de invitación a los líderes.

El precio del barril de brent ha repuntado un 40 % desde que comenzaron los ataques superando incluso los 100 dólares la víspera de la cumbre, mientras que el gas se ha encarecido un 30 %, hasta los 42 euros por megavatio/hora (Mwh).

Una de las cuestiones que más preocupa son los potenciales problemas de abastecimiento de combustibles. Bruselas subraya en un documento publicado este miércoles que no existe una “amenaza inmediata” en este sentido, pero reconoce que las reservas de algunos fueles están “justas” y apunta a posibles problemas de escasez en cuatro o cinco semanas.

Por ello, defiende que la coordinación a nivel europeo y entre Estados miembros es “clave”, en especial para el almacenamiento de crudo, la liberación de reservas o las actuaciones para garantizar el abastecimiento de queroseno o diésel y las capacidades de refinado. Sugiere, incluso, la posibilidad de que los Veintisiete compartan queroseno.

En relación a las medidas que se adopten a nivel nacional para apoyar a hogares y empresas, insiste en que sean temporales y enfocadas en los colectivos más vulnerables o expuestos, en lugar de optar por acciones amplias que puedan incluso aumentar la demanda de crudo o gas.

Con la mirada más a largo plazo, el documento apuesta por acelerar la producción doméstica de energías renovables, anticipa un nuevo plan para la electrificación del continente y busca involucrar al sector privado para financiar los 660.000 millones de euros anuales hasta 2030 que son necesarios para acometer la transición.

El texto, sin embargo, descarta crear un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas -como piden España, Alemania, Italia, Portugal y Austria- aunque no se opone a que los países lo adopten a nivel nacional.

Ya el viernes en la capital Nicosia, los Veintisiete abordarán el futuro presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034, una discusión que estaba prevista en su cita de marzo pero que postergaron para centrarse en otros asuntos de más actualidad.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha planteado un borrador presupuestario de 1,7 billones de euros para el siguiente periodo de siete años (2 billones a precios corrientes) y el objetivo de los líderes es alcanzar la unanimidad que requiere su aprobación antes de que acabe el año.

Esta meta es ambiciosa porque el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP) genera uno de los debates más divisivos del bloque y provoca "largas" negociaciones entre los socios comunitarios, tal y como confesó un alto funcionario europeo antes de la cumbre.

Los Veintisiete se centrarán en esta ocasión en la "ecuación financiera" de las cuentas, es decir, en la modernización de las fuentes de ingresos de un presupuesto comunitario que, además de distribuir ayudas agrícolas y regionales, también tendrá que atender a nuevas prioridades como la seguridad y la defensa y afrontar los vencimientos de la deuda del fondo de recuperación.

El objetivo es "consolidar" la necesidad de introducir nuevos recursos propios de la UE (impuestos que alimenten las arcas comunitarias), pero sin esperar "resultados milagrosos", según describen las fuentes sobre una negociación que se prolongará meses.

La solicitud se dio a conocer después de que el organismo, que tiene como misión prevenir las torturas y proteger a las personas privadas de libertad, visitó entre el 13 y el 15 de abril pasado en la Penitenciaría Regional de Misiones, que alberga a 1.888 personas, pese a que, según cifras del Ministerio de Justicia, tiene capacidad para 920 personas.

Además, alertó de una "alta proporción" de reclusos "bajo régimen de prisión preventiva", es decir, sin sentencia en firme, una situación que esa entidad ha advertido en el resto del sistema penitenciario.

En un comunicado, el MNP dijo haber constatado que el sector de aislamiento de los pabellones de varones no reúne "las condiciones mínimas de habitabilidad, dignidad y seguridad necesarias para el alojamiento de personas" y su situación resulta "incompatible" con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La entidad detectó igualmente "aspectos críticos" en la cárcel de Misiones como "posibles situaciones de tortura y malos tratos" a los reclusos, de las que no precisó mayores detalles, y deficiencias en las condiciones de alojamiento, alimentación, acceso a la salud, educación, entre otros.

Según el MNP, hasta enero pasado se contabilizaban 19.874 personas recluidas en las 19 cárceles del país, en las que los índices de ocupación oscilan entre el 131,6 % y el 1.315,1 %.

La sobrepoblación crítica en las prisiones, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, ascendía en enero pasado a 93,95 % , de acuerdo con un informe difundido entonces por el mecanismo.

En una rueda de prensa, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que asumió el cargo tras la dimisión el martes de Piero Corvetto, admitió que quisieran que "sea lo más rápido posible", tras llegar al 94 % del escrutinio de votos, pero que están en la última etapa de procesamiento de la votación.

También, señaló que después estarán pendientes del "trabajo de los jurados especiales", a cargo de resolver unas 5.000 actas observadas de votos presidenciales.

Otra representante de la ONPE indicó el pasado fin de semana que estimaban que los resultados completos se conocerán el 15 de mayo, teniendo en consideración que la segunda vuelta se realizará el próximo 7 de junio.

Pachas, que asumió el cargo en lugar del renunciante Piero Corvetto, investigado por las demoras en los centros de votación el día de los comicios, agregó que se reunirá este miércoles en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para "acercar" las fechas del cómputo final de los comicios.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una convocatoria a elecciones complementarias, para que voten los electores que dejaron de hacerlo por los problemas reportados en Lima, Pachas dijo que actualmente están trabajando con el JNE para "cerrar todas las actas" con el fin de que se proclame a los ganadores de la primera vuelta electoral.

El responsable de la ONPE dijo que, inmediatamente después de la proclamación de los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, su oficina tiene que realizar todas las compras necesarias, de materiales y servicios, para la organización de la segunda vuelta.

Con el 94,29 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada con el 17,04 % de los votos válidos al sumar 2.707.502 papeletas; seguida en segundo lugar del izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,01 % al aglutinar 1.908.702 sufragios; y en tercera posición por el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,91 % al obtener 1.891.479 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 17.211 votos, después de que el izquierdista pasase del séptimo lugar al segundo, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.

"La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego", advirtió en X Qalibaf, una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos.

El político y ex guardia revolucionario dijo que el alto el fuego está siendo vulnerado ahora mismo en su opinión por el "bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial" por parte estadounidense y por los ataques israelíes contra Líbano.

"No lograron (Estados Unidos e Israel) sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía para avanzar es aceptar los derechos de la nación iraní", aseguró.

El mensaje de Qalibaf se produce en medio del estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo los pasados 11 y 12 de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer la extensión del alto el fuego, pero mantuvo el bloqueo naval, ante lo que Teherán se niega a negociar.

Tras el anuncio de Trump, la Guardia Revolucionaria iraní ha apresado dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Jacksonville, reportó un "riesgo elevado de incendios" en el noreste de Florida y el sureste de Georgia por "una masa de aire muy seco" que persistirá hasta el jueves, y quizás hasta el viernes, recrudecido por una vegetación seca por la sequía y fuertes vientos.

El Servicio Forestal de Florida reportó este miércoles 127 incendios forestales, incluidos 59 activos, es decir, sin contención o control, con un total de 8.901 hectáreas (21.996 acres afectados).

Mientras que las autoridades de Georgia informaban de 117 incendios forestales, de los que una decena permanecen activos, y han calcinado 9.167 hectáreas (22.653 acres).

La crisis llevó a la Comisión Forestal de Georgia a decretar este miércoles por primera vez en su historia la prohibición de quemas al aire libre en al menos 91 condados.

Esta orden ya estaba en vigor ayer en decenas de condados de Florida.

Aunque la mayoría de los incendios se ubican entre el norte de Florida y el sur de Georgia, el de mayor dimensión es del condado de Broward, en el sur de Florida, que está fuera de control y ha calcinado 6.500 acres (2.630 hectáreas).

El fuego se ubica cerca de los Everglades, un amplio ecosistema de humedales y densa vegetación en Florida que es Patrimonio Mundial de la Unesco.

Según los últimos datos disponibles del Servicio Forestal de Florida, se hallaba contenido al 50 % a las 12:00 hora local (16:00 GMT).

El humo de los incendios provocó alertas por baja visibilidad en carreteras esta semana, así como la disrupción al tren de pasajeros Amtrak, que conecta a Nueva York con el sur de Florida, en su tramo entre Jacksonville y Miami.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registra el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Los incendios se han visto agravados por la sequía extrema en Florida que experimenta más del 92 % del estado, así como Georgia, donde un 98 % de los condados se encuentran bajo esa condición.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya afectaron el doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con 20.915 siniestros que dañaron más de 707.000 hectáreas (1,74 millones de acres), de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

"En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", dijo Rutte en un discurso virtual en el marco del simposio anual de la Alianza Atlántica sobre política nuclear, que concluyó hoy en Estambul (Turquía).

El político neerlandés dio las gracias a Turquía por ser la sede del evento, y elogió sus "importantes contribuciones a la seguridad de los aliados", y mencionó sus inversiones en defensa en todos los ámbitos, una industria que, consideró "continúa creciendo e innovando" en el país.

"En el mundo más peligroso de hoy, necesitamos defensas sólidas para proteger nuestra seguridad", añadió Rutte en una publicación en sus redes sociales.

Y añadió que, a medida que los Aliados se acercan a la Cumbre de Ankara, "será necesario tomar decisiones cruciales, entre ellas, cómo deberá adaptarse aún más la postura nuclear de la OTAN al deterioro del entorno de seguridad".

En el simposio, que se celebra anualmente desde 1992, expertos de países de la OTAN debatieron sobre los cambios geopolíticos y el panorama nuclear, las implicaciones para el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, así como todo el espectro de cuestiones relevantes para la disuasión nuclear de la Alianza y su continua adaptación.

“Un escenario con un precio del petróleo de 110 dólares por barril durante el resto del año 2026 supondría un impacto bruto de aproximadamente 130 a 150 millones de libras” en sus costes de producción anuales, señaló en un comunicado el grupo, casa matriz también de marcas como Harpic o Nurofen.

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Estas previsiones se publicaron pocas horas después de que el director de Karex, gigante malasio de los preservativos (que suministra, entre otros, a Durex), declarase a Bloomberg que habría subidas de precios de cerca del 30% debido a la desestabilización de las cadenas de suministro y al aumento de los costes por el conflicto.

“Uno de los mayores ajustes de precios en mucho tiempo”

“Es claramente uno de los mayores ajustes de precios en mucho tiempo”, reconoció el director general de Karex, Goh Miah Kiat.

Reckitt Benckiser indicó que “si los precios de las materias primas se mantienen en niveles muy elevados durante todo el año”, acabarán repercutiendo en los presupuestos de los hogares y, por tanto, en la demanda.

Reckitt publicó el miércoles una caída de su cifra de negocios de casi el 12% en el primer trimestre, relacionada en particular con los efectos contables de la venta el año pasado de su división de productos de limpieza (Air Wick, Calgon, Cillit Bang).

Durex se vio afectada, en particular, por “la introducción del IVA sobre los preservativos en China al inicio del trimestre”, lo que lastró la demanda, precisó el grupo.

La cifra de negocios también se vio perjudicada por un número de casos de resfriados y gripes inferior a lo habitual durante la temporada invernal, lo que se tradujo en menores ventas de sus medicamentos sin receta.

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“El choque de los precios de la energía provocado por los acontecimientos en Oriente Medio debería pesar sobre la demanda de los consumidores y aumentar los costes, comprometiendo los avances logrados en el control más estricto de las finanzas” del grupo en los últimos años, según Russ Mould, analista de AJ Bell.

Las acciones de Reckitt en la Bolsa de Londres cayeron alrededor de un 5% el miércoles.

La nueva planta se encargará de la producción de piezas mecanizadas estáticas y estructurales para los motores aeronáuticos de la compañía, incluido el PT6 (una familia de motores turbohélice), según informó en su página web el Ministerio marroquí de Industria, que no ha detallado el monto de la inversión.

La instalación, ubicada en Nouaceur, que alberga la zona industrial y aeronáutica Midparc -uno de los principales polos industriales del país-, tendrá una superficie de 12.000 metros cuadrados.

Pratt &Whitney Canadá es una subsidiaria de la estadounidense United Technologies, propietaria del fabricante de helicópteros Sikorsky.

La ceremonia de inauguración se celebró el martes en presencia del ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, el ministro delegado de Defensa, Abdelatif Loudiyi, y la presidenta de Pratt & Whitney Canada, Maria Della Posta, entre otros responsables.

"La decisión del gigante de invertir en Marruecos demuestra una vez más la confianza de los inversores en la plataforma industrial marroquí y su competitividad. Este importante proyecto forma parte del impulso para modernizar la base aeronáutica marroquí mediante la integración de una actividad de vanguardia, innovadora y tecnológicamente exigente", subrayó Mezzour en una declaración recogida por la nota.

Por su parte, la presidenta de Pratt & Whitney Canada apuntó que la selección de Marruecos se produjo tras "un exhaustivo proceso de evaluación global que señaló a Casablanca como un creciente polo de empresas aeroespaciales, incluida Collins Aerospace de RTX.

El pasado febrero, el grupo francés Safran firmó un acuerdo con Marruecos para instalar en Nouaceur una planta destinada a la producción de trenes de aterrizaje para aviones de corto y medio alcance de la familia Airbus A320, con una inversión de 280 millones de euros.

En una conferencia de prensa, Ramírez señaló que los presidentes hablarán sobre seguridad, comercio e inversiones, sin adelantar otros detalles de la visita.

El canciller apuntó que Peña viajará a Ecuador por una invitación de su homólogo ecuatoriano.

Además, Ramírez confirmó que Peña tiene planeado reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, tal y como había adelantado la prensa local esta jornada.

Sin embargo, explicó que este encuentro no se producirá pronto y que las Cancillerías de ambos países trabajan en la coordinación.

"Estamos trabajando con mi colega, el canciller Pablo Quirno, para poder confirmar una próxima visita del presidente Santiago Peña a la República de Argentina para reunirse con su par Javier Milei. Eso no se va a realizar esta semana, como anunciaron en algunos medios, no lo hemos confirmado desde el Gobierno en ningún momento", dijo.

La vicecanciller explicó que Uruguay hacía frente a estas solicitudes a través de programas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Añadió que estos "eran financiados con programas en gran parte de Estados Unidos" y que "esa cooperación desapareció desde el año pasado".

A partir de allí, Uruguay debió "reubicar fondos para poder mantener el trabajo permanente", explicó Csukasi.

Asimismo, sostuvo que quienes solicitan refugio tienen "derecho a ver regularizada su situación" y deben tener una respuesta de si se le será otorgado o no.

"Así que ahí tenemos un desafío enorme para seguir respondiendo a muchísimas personas que todavía ven en Uruguay una posibilidad de seguir haciendo su vida", insistió Csukasi.

Las declaraciones se enmarcaron en un encuentro llevado a cabo en la sede de la cartera, en el que se analizaron los desafíos actuales de la migración en la región y en el que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoció la experiencia uruguaya en estos temas.

En 2024, el Gobierno de Uruguay creó el programa de Residencia por Arraigo, que permitía regularizar la situación de unos 20.000 migrantes -la mayoría cubanos- y que estos pudieran tramitar la residencia.

Esto fue celebrado en ese momento por Acnur, que indicó en un comunicado: "Esta medida representa un paso muy significativo en la respuesta a la situación legal de más de 20.000 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado/a que se encuentran actualmente en el país".

Agregó que la medida reconocía la realidad de miles de personas que buscaban una oportunidad para reconstruir sus vidas en un entorno seguro y acogedor, y que contribuyen positivamente al país.

"Algunos compañeros nuestros andan ofendidos por eso. Cuando digo compañeros, hablo de compañeros de la revolución. Ah, pero es que quieren ver lo malo nada más", criticó Cabello durante un acto en contra de las sanciones estadounidenses en el estado Cojedes (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Durante su discurso, el también ministro de Interior subrayó que Venezuela tiene que volver al "sistema" del FMI para recuperar el acceso a los 5.000 millones de dólares que tiene el país en Derechos Especiales de Giro (DEG) de ese organismo.

"La única manera que nos devuelvan los 5.000 millones que son del pueblo de Venezuela es que nosotros entremos al sistema del FMI, si alguien tiene una mejor idea, plantéela", agregó.

En este sentido, insistió que el retorno a estos organismos permitirá "recuperar un dinero" que corresponde a Venezuela y que el país tiene derecho a reclamar.

"Nadie está hablando de endeudamiento, nadie está hablando de paquetazo, nadie está hablando de nada de eso", subrayó, y reiteró que estos fondos se usarán para invertir en servicios públicos, hospitales y mejorar los salarios de los trabajadores.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el martes que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le pidió acceso a los fondos venezolanos.

Su petición llegó después de que el FMI confirmara a EFE el viernes que Venezuela ahora tendrá, tras su regreso a la institución, acceso a sus Derechos Especiales de Giro y sus tenencias que "ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares".

En un mensaje publicado el domingo, con ocasión de los primeros cien días de su Gobierno encargado, Rodríguez celebró que Venezuela haya "vuelto al escenario internacional" y recuperara su representación en el FMI, lo que, dijo, abriría acceso a "recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de las reservas internacionales".

El pasado viernes, la mandataria encargada aseguró que no tiene previsto un programa de endeudamiento con el FMI; luego de que la directora del organismo afirmara que actuarán "con gran celeridad" para dar acceso a Venezuela a instrumentos de financiación.

Georgieva señaló entonces que entre los retos principales está que el país suramericano vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables, y consideró que la prioridad es el apoyo para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las instituciones.

"Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día", dijo Picardo en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para abordar los preparativos relacionados con la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar.

Según explicó, el derribo de la verja solo podrá iniciarse cuando la Unión Europea dé su conformidad a que los trámites correctos del espacio Schengen se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Gibraltar y en los sistemas automatizados de control que se van a implementar.

Se mantendrá, por tanto, la fecha del 15 de julio para la entrada en vigor del acuerdo firmado el 11 de junio del año pasado después de que se retrasó, pues en principio estaba previsto que fuera el 10 de abril.

El ministro principal valoró "muchísimo" la reunión -muy breve, menos de media hora- que mantuvo con Albares, la primera bilateral que se produce entre ambos en la sede del Ministerio español de Exteriores, y confió en que esto se normalice, porque "sería muy anormal que sigamos en el futuro como hemos actuado en el pasado".

Picardo pidió implementar "el espíritu del tratado", que va en la línea de trabajar conjuntamente "en el bien común de los ciudadanos de Gibraltar y los del Campo de Gibraltar" (la zona española en torno a ese enclave) y de todos aquellas que quieran viajar al Peñón.

Con este acuerdo, España logró todos los objetivos marcados, según defendió Albares hace unos días.

En primer lugar, garantizar la movilidad de personas y mercancías; en segundo, eliminar todas las distorsiones y las desigualdades y, en tercer lugar, blindar la reclamación de soberanía.

Según el Gobierno, el acuerdo salvaguarda las posiciones jurídicas de España en materia de soberanía y jurisdicción sobre Gibraltar, que fue cedido al Reino Unido por el Tratado de Utrecht (1713), pero solo "la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen".

Robert Prevost conoció así el interior de un penal de un país donde organizaciones humanitarias han denunciado en innumerables ocasiones las violaciones de derechos, violencias y torturas y donde están encarcelados opositores de la familia de Teodoro Obiang, en el poder desde el año 1979.

Asimismo el gobierno de Estados Unidos ha firmado acuerdos con Guinea Ecuatorial para deportar a migrantes al país, incluso de terceros países, y que acaban en estas cárceles.

Para esta ocasión, la cárcel de Bata, con capacidad para 1.000 presos, presentaba un aspecto limpio y reformado, con las paredes recién pintadas de rosa y árboles plantados con motivo de la visita papal.

Cerca de 600 reclusos, hombres y mujeres vestidos de verde y naranja y con la cabeza rapada, aguardaban en formación a León XIV en el patio, bajo la atenta mirada de la policía penitenciaria.

A la llegada del papa, los internos cantaron agitando banderas del Vaticano y poco después empezó a llover, a lo que el pontífice comentó que "en algunos lugares la lluvia es señal de la bendición de Dios".

"Hoy estoy aquí para decirles algo muy sencillo: ninguno está excluido del amor de Dios. Cada uno de nosotros, con su historia, sus errores y sus sufrimientos, sigue siendo valioso a los ojos del Señor", dijo León en español en el patio de la prisión.

En primer lugar, el papa afirmó que "la administración de la justicia tiene el fin de proteger a la sociedad, pero para ser eficaz debe invertir siempre en la dignidad y en las potencialidades de cada persona".

Y que "una auténtica justicia no busca tanto castigar, sino sobre todo ayudar a reconstruir la vida, tanto de las víctimas como de los culpables, así como de las comunidades heridas por el mal. No hay justicia sin reconciliación".

Pero sobre todo, León XIV les quiso hablar de "esperanza y de cambio": "La vida no sólo se define por los errores cometidos, que generalmente son el resultado de circunstancias difíciles y complejas; porque siempre es posible volver a levantarse, aprender y convertirse en una persona nueva".

"No están solos. Sus familias los aman y los esperan, y muchos, más allá de estos muros, rezan por ustedes. Y aun cuando alguno temiera el ser abandonado por todos, Dios nunca los abandonará y la Iglesia estará a su lado", añadió.

En este cárcel, el papa también pidió a quienes trabajan allí, "el respeto y humanidad, garantizando el orden necesario para acompañar a los detenidos en un itinerario de reinserción y de reconstrucción de la propia vida".

Y concluyó recordando que siempre que una persona que se levanta después de haber caído es más fuerte que antes.

Antes de la llegada del pontífice, el capellán de prisiones Pergentino Esono Mba, de 58 años, explicó a los medios: "Intentamos hacerles comprender que la vida no termina en la cárcel y que podemos hacer mucho más para recuperar la existencia".

Previo a la intervención del papa, hablaron tres presos que ofrecieron sus oraciones al pontífice.

"Estamos trabajando para rehabilitarnos y preparamos nuestra reinserción y liberación. Pedimos su ayuda para encontrar oportunidades de reinserción en la sociedad (...) Queremos ser ciudadanos responsables y contribuir al bienestar de nuestra comunidad", dijo uno de ellos.

Mientras que otro le pidió su bendición para ellos "y todos los que están cumpliendo condenas": "Queremos ser instrumentos de paz y de amor. Le pedimos su oración para que encontremos fuerza para seguir adelante", añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia del país, Reginaldo Biyogo Mba, aseguró que en las prisiones del país se respetan los derechos humanos y que se está invirtiendo en los centros. FE

Celorio (Ciudad de México, 1948) recibirá el galardón en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) que estará presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

El jurado del premio, dotado con 125.000 euros (unos 146.000 dólares), calificó a Celorio de "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado" y autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

La primera reacción del autor mexicano al conocer que le habían concedido el Cervantes fue expresar su emoción porque recibir el premio honra su "amor por la lengua española" y su "devoción cervantina".

Y subrayó en declaraciones a EFE que su obra trata sobre "la identidad mexicana" con todas "sus influencias", especialmente "la española".

Actualmente director de la Academia Mexicana de la Lengua, Celorio destacó además el "orgullo" de situarse al lado de otros mexicanos a los que "admira" y que también han obtenido el premio, como Octavio Paz o Elena Poniatowska.

Porque Celorio es el séptimo escritor mexicano que recibe el Premio Cervantes después de Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Mañana entrará a formar parte de un listado en el que también están autores de la talla de Gerardo Diego, Jorge Luis Borges, Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante o Ida Vitale.

La ceremonia de entrega tendrá lugar después de que el pasado fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaun y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, simbolizaran, con una reunión en Barcelona, la normalización de las relaciones entre ambos países, tensionadas desde que Andrés Manuel López Obrador, exigiera en 2019 a España disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

En una rueda de prensa que se celebró el lunes Celorio calificó de "despropósito" la crisis diplomática entre España y México por la violencia de la conquista.

El acto de entrega del Cervantes coincide con la celebración del Día del Libro y supone el colofón de la semana cervantina, que arrancó con la comparecencia del premiado ante los medios.

El martes, Celorio depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y el miércoles fue recibido por los reyes en el tradicional almuerzo en el Palacio Real, junto a destacadas figuras del mundo cultural.

Tras recibir el premio en Alcalá de Henares, Celorio será el encargado, por la tarde, de iniciar la XXX Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y las actividades continuarán el viernes con la inauguración de la exposición 'Ese montón de espejos rotos'.

Ese es el título también del último libro publicado por Celorio, unas memorias en primera persona en las que repasa su vida pública y privada, su vocación literaria, su formación intelectual y sus tareas institucionales como profesor, académico y editor.

Gran parte de la obra de Celorio pivota sobre la memoria, personal y familiar. Debutó con 'Amor propio' y evocó sus orígenes asturianos y cubanos en su trilogía familiar, formada por 'Tres lindas cubanas' (2006), 'El metal y la escoria' (2014) y 'Los apóstatas' (2020).

También ha cultivado el ensayo literario en 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subversivos' y en ‘Mentideros de la memoria’ ofreció una recopilación de retratos íntimos y anecdóticos de grandes figuras de la literatura hispanoamericana, como Cortázar, Rulfo o García Márquez.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 136,2 puntos, ese 0,75 %, y terminó la jornada bursátil en 18.006,4 puntos, en su tercera jornada consecutiva de caídas.

En lo que va de año, reduce los avances acumulados al 4,04 %.

La multinacional de telecomunicaciones Telefónica lideró las pérdidas (-3,35 %) y por detrás se situaron Amadeus (-3,23 %) e IAG (-3,17 %).

Repsol encabezó los avances y sumó el 2,61 %, con el petróleo al alza, Solaria subió el 2,26 % y Acciona el 1,71 %.

El selectivo abría la sesión con ascensos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogara en la víspera el alto el fuego con Irán de manera indefinida, pero se dio la vuelta a media sesión y continuó con las pérdidas hasta el cierre, ante el repunte del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Al cierre de los mercados europeos, el crudo brent, de referencia en Europa, subía el 2,95 % y se movía por encima de 101 dólares por barril, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) avanzaba el 2,85 %, con el barril en 92,2 dólares.

Según explicó Nandlall en su programa de debate 'Issues In The News' en la noche del martes, las vistas se llevarán a cabo en La Haya, donde se ubica el tribunal, toda esa primera semana de mayo y posiblemente se extienda a la siguiente.

Nandlall agregó que se unirán al equipo de abogados internacionales de Guyana en La Haya en las audiencias.

Las diferencias por los límites fronterizos del Esequibo, un territorio fronterizo de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en yacimientos petroleros y recursos naturales, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Tras 60 años de reconocer la validez del laudo, Venezuela cambió de postura y lo declaró nulo, firmando con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

El Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vinculante depositado en las Naciones Unidas y basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

La disputa se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó el año pasado al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

En febrero pasado, las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron reafirmaron durante la quinta Conferencia de Energía celebrada en Georgetown su interés en asociarse con Guyana para desarrollar su pujante sector petrolero y satisfacer así la demanda mundial.

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana aseguró su compromiso de "trabajar en colaboración con todas las partes interesadas", agradeciendo especialmente la cooperación de las petroleras estadounidenses, presentes en el importante Bloque Stabroek.

Guyana, que posee unas reservas de crudo estimadas en 11.000 millones de barriles, logró aumentar la producción de petróleo de 120.000 bpd a más de 900.000 entre 2020 y 2025.

La nueva regulación, indicó el Gobierno en un comunicado, aumentará los fondos propios básicos (CET1) de UBS en alrededor de 20.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros), y la ratio entre el capital principal del banco y los activos ponderados por riesgo se elevará al 15,5 %, lo que según las autoridades se sitúa en línea con lo exigido en otros mercados financieros.

Actualmente, la ratio de UBS es del 14,4 %, y los directivos de la entidad temían que pudiera superar el 18 %, lo que, según ellos, reduciría la competitividad del banco frente a otras entidades del sector financiero global.

El Gobierno suizo afirmó que el 15,5 % que calcula que ahora se exigiría a UBS no sería muy diferente de las ratios de competidores internacionales como Morgan Stanley (16,2 %), Goldman Sachs (15,1 %) o HSBC (14,9 %), entre otros.

La reforma está pendiente de su aprobación por el Parlamento y el Gobierno suizo prevé un periodo de aplicación progresiva de siete años.

La medida, anunciada durante la reunión semanal del Ejecutivo helvético, es "menos estricta de lo previsto" y su objetivo es evitar crisis como la que dejó a Credit Suisse al borde de la quiebra en 2023 y obligó a que UBS lo comprara, a petición del propio Gobierno suizo y con ayuda financiera de este.

"Se trata de reducir la probabilidad de un procedimiento de liquidación (quiebra) y, por tanto, de reforzar la estabilidad de los bancos de importancia sistémica a escala internacional, así como la del sector financiero suizo", detalló la nota gubernamental, que reconoció expresamente que, por ahora, la medida solo tendrá consecuencias significativas para UBS.

El Ejecutivo explicó que hasta ahora los grandes bancos en Suiza podían financiar aproximadamente la mitad de sus participaciones en filiales extranjeras con capital ajeno, pero ahora tendrán que hacerlo íntegramente con fondos propios.

"Los riesgos serán asumidos por los accionistas y no por los contribuyentes", resumió el Gobierno, afirmando que la solución propuesta cuenta con el apoyo del Banco Nacional Suizo (BNS) y la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), claves hace tres años en la resolución de la crisis de Credit Suisse.

La reforma bancaria suiza para prevenir nuevas crisis como la de Credit Suisse ha generado un intenso debate en la prensa económica, con rumores de que UBS había llegado a amenazar con dejar su sede central en Zúrich y trasladarse al extranjero si las nuevas exigencias eran muy duras.

UBS manifestó de inmediato su rechazo a la propuesta de reforma, asegurando que las nuevas exigencias de capital son "extremas" y no acordes con los estándares internacionales.

Esta propuesta, indicó en un comunicado, "ignora las preocupaciones expresadas por la mayoría de los participantes en las consultas gubernamentales" y si se adopta "tendrá grandes consecuencias para la economía suiza", advirtió UBS en un comunicado.

UBS cuestionó además las estimaciones del Gobierno sobre el impacto en su capital, al señalar que, bajo sus propios cálculos, el efecto conjunto de las medidas elevaría el ratio de capital CET1 hasta alrededor del 18,4 %, frente al 15,5 % estimado por las autoridades, lo que, según el banco, reduciría su competitividad frente a sus grandes rivales internacionales.

Si a los nuevos fondos requeridos se unen los derivados de su adquisición en 2023 de Credit Suisse, UBS calcula que estaría obligada a mantener 37.000 millones de dólares adicionales de capital CET1, "con un coste anual de capital de alrededor de 3.000 millones de dólares", advirtió en el comunicado.

En su informe anual presentado este miércoles anta la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), O'Flaherty destaca que "eso es particularmente evidente en la gestión de las migraciones donde algunos están dispuestos a renegar de los principios fundamentales de los derechos humanos en las fronteras, lo que habría sido impensable hace poco tiempo".

Refiriéndose a esa cuestión, insistió ante la APCE en que "la dignidad del ser humano tiene que anteponerse", antes de referirse a lo que considera "los riesgos de la externalización", es decir el recurso a terceros países para gestionar la presión de la inmigración.

A su parecer, esa externalización a esos terceros países para contener los flujos de entrada o para crear plataformas desde las que tratar a los demandantes de asilo "es una transferencia de responsabilidades" a esos otros Estados.

Sobre todo, en su informe O'Flaherty avisa de que eso puede exponer a las personas "a la tortura o a otros malos tratos, a expulsiones colectivas y a detenciones arbitrarias o poner su vida en peligro".

Además, señala que esas políticas pueden dificultar el acceso efectivo al asilo y privar a los individuos a recursos jurídicos,

En su informe, el comisario recuerda su implicación durante el pasado año en favor de los derechos humanos de los refugiados, de los demandantes de asilo y de los migrantes, con una atención particular a las "violaciones sistemáticas" de sus derechos en las fronteras, sobre todo con el "fenómeno de instrumentalización de las migraciones y la externalización".

A ese respecto, O'Flaherty reaccionó en junio de 2025 a la carta publicada en mayo por nueve países del Consejo de Europa (Italia, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Austria, República Checa, Lituania, Letonia y Estonia) en la que criticaban la aplicación por el Tribunal de Estrasburgo del Convenio Europeo de Derechos Humanos por estimar que les impide aplicar políticas más duras de control de la inmigración.

En esa reacción, se quejaba de que ese grupo de países, en una iniciativa que lideraron las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, "presentaba a los migrantes como una amenaza para la seguridad, no tenía en cuenta las necesidades de las personas que huyen de los conflictos o las violaciones de los derechos humanos".

Sobre todo, les echaba en cara que sugirieran que "las consideraciones de seguridad pública debían primar sobre la protección de los derechos humanos" y que cuestionaran los dictámenes del Tribunal de Estrasburgo.

El hecho es que en los meses siguientes a esos nueve se sumaron otros 18 países, es decir 27 en total, lo que significa una mayoría de los 46 miembros del Consejo de Europa, que vive así una fractura que se va a intentar resolver con una declaración en próxima sesión formal del Comité de Ministros que se celebrará en Moldavia en mayo.

O'Flaherty rechazó la idea de que las decisiones del Tribunal de Estrasburgo obstaculicen la protección de las sociedades y aseguró que los países pueden cumplir con los "objetivos legítimos" de seguridad en las fronteras "sin renunciar al respeto de los derechos humanos".

Su mensaje a todos los Estados del Consejo de Europa, repetido hoy, es que tienen que defender los derechos y la dignidad de cada individuo, "sea un inmigrante o un millonario".

El comisario de Derechos Humanos se reunió con la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, que acudió a Estrasburgo para participar en un debate de la APCE sobre la Convención de Estambul, un instrumento jurídico para luchar contra la violencia contra las mujeres.

El incendio se registró en un callejón cerca del mercado, ubicado en el centro de la capital, donde el fuego consumió materiales acumulados y estructuras provisionales de venta, indicó el Gobierno de la Ciudad de México en un comunicado.

El jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que agentes trabajan para controlar las llamas en la calle Adolfo Gurrión, "donde el fuego afecta a un centenar de puestos semifijos y aproximadamente 100 metros de materiales acumulados en un callejón".

La acción busca contener el incendio antes de que este se extienda hacia viviendas, apuntó Pérez Cova.

Protección Civil de la capital reportó, de forma preliminar, daños en unos 100 locales provisionales de venta de artículos para fiestas, así como en cuatro inmuebles cercanos.

Uno de los edificios resultó completamente dañado y otros tres registraron afectaciones parciales en distintos niveles, indicó.

Unas 200 personas fueron evacuadas y cuatro resultaron intoxicadas por humo, tres de ellas bomberos, sin que fuera necesario su traslado a hospitales, señaló el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el fuego.

Las autoridades pidieron a la población cerrar puertas y ventanas, evitar la zona y facilitar el paso de los servicios de emergencia.

La zona fue acordonada por la Policía, que apoyó en desalojos, mientras que también se desplegaron paramédicos y se cortó la electricidad en el área.

El Mercado de Sonora es uno de los más concurridos y emblemáticos de la capital, conocido por la venta de productos esotéricos, artículos de santería, figuras religiosas, disfraces, juguetes y animales.

En los últimos años, este mercado ha estado en el foco público por incidentes como trágicos incendios registrados en 2015 y 2021, así como por la controversia en torno a la venta de animales, práctica que deberá concluir por orden judicial tras críticas de organizaciones animalistas.

Esta importación podrá hacerse hasta el 30 de septiembre de 2026 con un contingente que deberá ser identificado como materia prima y que pagará un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del 3 %, de acuerdo con el decreto aprobado por el consejo de ministros celebrado el martes.

Esta decisión se tomó en base a los datos de producción de la cosecha de café para el periodo 2025/2026 y el análisis de las exportaciones e importaciones, que evidenciaron que "no habrá suficiente café oro, la materia prima para abastecer el consumo de las empresas procesadoras de este grano".

La importación autorizada permite solventar el déficit existente de café sin afectar la producción nacional de este producto, cuya cosecha para el presente año agrícola ha sido comprada en su totalidad por la industria nacional procesadora, agregó un comunicado de la Presidencia panameña.

Panamá produce entre 150.000 y 200.000 sacos de café al año, siendo un productor pequeño en comparación con sus vecinos, entre ellos Honduras, un gigante del sector a nivel mundial.

Pero el café de Panamá se caracteriza por la calidad de sus granos especiales, como el geisha, el más caro del mundo con un costo de 30.000 dólares el kilo, según la más reciente subasta electrónica de agosto pasado, y que es exportado en su mayoría a países asiáticos.

"Tengo tres prioridades: paz, reforma y futuro", aseveró Grynspan durante uno de los diálogos interactivos a los que se están sometiendo estos días todos los candidatos a suceder a António Guterres como el máximo jefe del organismo.

En un discurso en el que varió del español al inglés, Grynspan señaló que el mundo se enfrenta al aumento de los conflictos armados y las "nuevas formas devastadoras de guerra": "Los marcos que nos garantizaban la seguridad de las armas nucleares, químicas y biológicas se ven erosionados ante nuestros propios ojos".

Por ello, aseguró, si es elegida secretaria general será "la primera que tome el teléfono e irá allá donde se libren las guerras", hablando con todas las partes del conflicto, los países que conforman el Consejo de Seguridad y los Estados miembros de la ONU.

La economista ha desempeñado diversos roles dentro de las Naciones Unidas, y desde 2021 ejerce como secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), si bien ha decidido apartarse temporalmente de este cargo para centrarse en su candidatura a secretaria general.

Durante su mandato en la UNCTAD, estuvo en la mesa de negociación de la Iniciativa del Mar Negro, un acuerdo alcanzado en 2022 entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU para permitir la exportación segura de cereales, fertilizantes y otros productos alimenticios desde los puertos ucranianos del Mar Negro.

Antes de incorporarse a la ONU, fue vicepresidenta de Costa Rica, ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Hacienda.

La costarricense aseguró haber escuchado las críticas que señalan que la organización debe centrarse más, ser más útil y tener una mayor capacidad de respuesta, y destacó que su reforma será una de sus prioridades.

Como parte de dicha reforma, abogó por un Consejo de Seguridad adaptado a la realidad: "Yo también procedo de una región que se siente infrarrepresentada (...). La primera cosa que haré si asumo el cargo será entablar un diálogo permanente y constante con los miembros y con el Consejo", apuntó.

De ser seleccionada, Grynspan se convertirá en la primera mujer en ocupar este puesto en la historia de las Naciones Unidas.

En este contexto, la candidata subrayó que la ONU debe colaborar con la sociedad civil y, en particular, con las mujeres y sus organizaciones "para maximizar el impacto" del organismo.

"Las mujeres no son una cuestión secundaria. Somos la mitad de la población. Se nos debe considerar no por nuestras vulnerabilidades sino por nuestra capacidad", subrayó.

Apostó, además, por el multilateralismo en un momento en que el mundo se enfrenta a una "transformación profunda, la vuelta de la multipolaridad, la llegada de la inteligencia artificial, el diseño de un nuevo comercio y la promesa de las tecnologías limpias".

Grynspan también se comprometió a garantizar un futuro en el que haya cabida para naciones grandes y pequeñas, y adelantó que estará "del lado de los países que se están desarrollando" y de los que están "en las fronteras del cambio", donde las tecnologías pueden acelerar el desarrollo.

Ayer martes intervinieron en estos diálogos la candidata chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi. Hoy, además de Grynspan, el expresidente de Senegal Macky Sall también dará a conocer su candidatura.

Está previsto que a finales de julio, tras los diálogos, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.

El tribunal del Quinto Circuito, con sede en Luisiana, determinó ayer por la tarde que la ley con esa exigencia, aprobada por la legislatura estatal el año pasado, no viola el principio de separación entre la iglesia y el Estado, contemplado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En el fallo, los jueces, que votaron 9 a favor de la ley y 8 en contra, sostuvieron que esta no coacciona la práctica religiosa de los demandantes, que incluyen organizaciones en defensa de los derechos civiles y 16 familias del estado.

La norma, señaló el tribunal, "no les dice a las iglesias, sinagogas o mezquitas qué creer ni cómo rendir culto ni a quién emplear como sacerdotes, rabinos o imanes. No castiga a nadie que rechace los Diez Mandamientos, sin importar la razón".

En el fallo disidente, redactado por los jueces que votaron en contra de permitir que entre en efecto la ley, los magistrados expresaron que la norma viola "los principios más básicos de la Primera Enmienda".

La Corte Suprema, señaló este documento, ha subrayado durante mucho tiempo "la especial preocupación por proteger la libertad de conciencia frente a presiones coercitivas sutiles" en las escuelas públicas, frente a las obligaciones en el aula que amenazan con coaccionar a los estudiantes "para apoyar o participar en la religión".

Las partes demandantes, por su parte, expresaron sentirse "extremadamente decepcionadas" por el fallo y adelantaron que apelarán la decisión con el Supremo.

Estos intentos por llevar la religión a las escuelas públicas se han replicado en varios estados del país.

En Luisiana, el mismo Tribunal de Apelaciones permitió en febrero de este año que entrara en vigor una ley que también exigía que se exhibieran los diez mandamientos, y otros estados como Carolina del Sur y Utah intentaron aprobar iniciativas similares.

Estas medidas comenzaron después de que un fallo del Supremo de Estados Unidos de 2022 en el caso 'Kennedy contra el distrito escolar de Bremerton (WA)' ofreciera una interpretación más flexible de la orden constitucional que impide la religión patrocinada por el Estado.

El fallo dio una victoria a Joe Kennedy, exentrenador de fútbol americano de Bremerton High School, al considerar que una oración silenciosa suya en la mitad de la cancha escolar después de los juegos no violaba la Constitución.

Estados Unidos ordena en su Constitución "la separación de la Iglesia y el Estado" al señalar que "el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas".

El vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, esperaba ayer, con las maletas hechas, la luz verde para viajar a Islamabad con el objetivo de iniciar una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, cuando fue convocado de urgencia a la Casa Blanca, informó EFE.

El alto el fuego temporal estaba a punto de expirar y el presidente estadounidense, Donald Trump, reunió a su cúpula de seguridad para evaluar los próximos pasos.

No obstante, Trump afirmó hoy que las conversaciones podrían retomarse el viernes en Islamabad, capital pakistaní. Las maletas del vicepresidente James D. Vance están hechas.

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Serie de condiciones

Días antes, Washington había hecho llegar a la República Islámica, a través de mediadores paquistaníes, una serie de condiciones que esperaba que Teherán aceptara antes del viaje de Vance.

Sin embargo, la respuesta fue el silencio y el Gobierno iraní ni siquiera confirmó públicamente su participación en la segunda ronda de negociaciones.

Corría el tiempo, y pese a que el propio Trump había asegurado ese mismo martes por la mañana que no contemplaba extender la tregua y amenazó con reanudar los bombardeos, el mandatario anunció finalmente por la tarde, hora de Washington, una prórroga.

Reunión con el círculo más cercano

Trump tomó la decisión tras reunirse con Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

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También permanecieron en Washington los enviados especiales que debían acompañar a Vance a Islamabad, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente.

Trump justificó su decisión por una petición que le hizo Pakistán, en concreto el jefe del Estado Mayor, el mariscal Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, con quienes mantiene una buena relación.

A la espera de propuesta unificada

Según Trump, la tregua se mantendrá hasta que el Gobierno iraní, al que considera “gravemente dividido”, presente una propuesta unificada de acuerdo.

Tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones en Islamabad, los días 11 y 12 de abril, Washington concluyó que el liderazgo iraní está fracturado desde el asesinato, en el primer día de guerra, el pasado 28 de febrero, del líder supremo, Alí Jameneí.

Según el medio digital estadounidense Axios, los generales de la Guardia Revolucionaria y los negociadores del Gobierno iraní mantienen posiciones enfrentadas sobre la estrategia a seguir.

El ayatolá

La prórroga anunciada por Trump busca ganar tiempo para que Mojtaba Jameneí, hijo y sucesor del líder supremo, que ha mantenido un perfil público extremadamente discreto, rompa su silencio sobre la dirección del país.

Trump busca una salida a una guerra que inició en febrero, presionado por Israel, y que se ha vuelto impopular dentro de Estados Unidos a cuenta del gasto militar y la subida del coste de la gasolina y ha provocado graves perturbaciones económicas a nivel global.

Reaparece el ayatolá iraní Mojtaba con una advertencia para EE.UU.

No obstante, no se trata de un alto el fuego indefinido, según fuentes estadounidenses citadas por CNN. “Trump está dispuesto a conceder entre tres y cinco días para que los iraníes puedan recomponerse”, señalaron.

Mesa polarizada

Las posiciones siguen alejadas. Pese a la tregua, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, mientras que Estados Unidos sostiene un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

Tampoco hay avances en el frente nuclear: Washington exige el fin del enriquecimiento de uranio y que la República Islámica renuncie a desarrollar un arma nuclear, mientras que Teherán defiende que su programa tiene fines pacíficos y científicos.

Bessent, que compareció en una audiencia en el Senado, había afirmado a principios de la semana pasada que la exención no se prorrogaría, pero el viernes por la noche, el Tesoro cambió de rumbo y anunció una nueva prórroga de 30 días que autoriza la venta de petróleo ruso.

El secretario del Tesoro abordó también en su comparecencia en el Senado el asunto del alza en los precios de la gasolina, otro de los asuntos más delicados derivados de la guerra en Irán, que empezó el pasado 28 de febrero y que se acerca a los dos meses.

Bessent afirmó que los precios de la gasolina podrían ser "más bajos" que antes de que empezara el conflicto bélico cuando acabe la guerra, que ahora se encuentra en un alto el fuego indefinido y pendiente de las conversaciones que podrían retomarse esta semana en Pakistán.

Actualmente, el precio promedio de un galón de gasolina en los Estados Unidos supera los cuatro dólares, cifra que representa un aumento respecto a los 2,98 dólares registrados a finales de febrero, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

Por otra parte, Bessent aseguró que Estados Unidos podría brindar ayuda financiera a Emiratos Árabes Unidos en forma de un canje de divisas, ya que la guerra ha dañado la economía de países que dependen del estrecho de Ormuz para transportar petróleo, su principal entrada de dólares.

El secretario del Tesoro señaló que Emiratos y otros países del Golfo y Asia han preguntado a Washington sobre la posibilidad de realizar dicho canje, que, según afirmó, evitaría la venta desordenada de activos estadounidenses a medida que estos países buscan asegurar su acceso a los dólares.

"La línea de canje beneficiaría tanto a los EAU como a Estados Unidos", afirmó Bessent.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', perdió 21,63 puntos hasta los 10.476,46 enteros, al contrario que el secundario, o FTSE 250 -con empresas más pequeñas, generalmente británicas-, que cerró completamente plano, con una mínima subida de 0,29 puntos, hasta los 22.972,01.

Este es el tercer día en que el 'footsie' cierra por debajo de su cotización de salida, todo ello debido a la tensión en el golfo Pérsico, que sigue alta pese al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump la pasada noche de que prorroga la tregua por tiempo indefinido para dar una oportunidad a la negociación con Irán.

Pocas horas después de este anuncio, Irán comunicó que había atacado cargueros que transitaban por el estrecho de Ormuz, una muestra más de que los anuncios de tregua no acaban de desbloquear la situación en esta vía vital para el tránsito de crudo, gas natural y productos químicos.

El barril de crudo brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hoy (un 3,29 % a esta hora) y a superar la barrera de los 100 dólares el barril: al cierre de la bolsa londinense, se cotizaba a 101,85 dólares, una reacción inmediata a las noticias llegadas de Ormuz.

Las empresas con mejor rendimiento hoy fueron las mineras: de las ocho que más suben en su cotización, seis son del sector extractivo: Melrose, Rio Tinto, Metlen, Antofagasta, Anglo American y Fresnillo, todas ellas con subidas de en torno al 2 %.

En cuanto a las perdedoras de la sesión de hoy, destacan Melrose, dedicada a la tecnología aeroespacial (-6,02 %), Reckitt (higiene y nutrición, -4,60 %) y la multinacional deportiva JD Sports (-3,90 %).

La compañía dijo en un comunicado que se centrará en reducir la frecuencia en algunas de sus rutas a Europa y el Caribe, y en ampliar la suspensión de su servicio a Cuba hasta octubre.

Annick Guérard, presidenta y consejera delegada de Air Transat, declaró que "la reciente volatilidad en los precios del combustible de aviación refleja un contexto excepcional que afecta a todo el sector".

Guérard añadió que Air Transat ajustará sus vuelos "sobre la base de la demanda" y que podría implementar medidas adicionales "dependiendo de cómo evolucione la situación".

Las otras dos grandes aerolíneas canadienses, Air Canada y WestJet, también anunciaron la suspensión de centenares de vuelos por la crisis del combustible de aviación causada por la guerra en Irán.

La semana pasada, Air Canada, la mayor aerolínea canadiense y una de las más importantes de Norteamérica, anunció la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), lo que supone un 1 % de su capacidad, por el aumento de los precios del combustible aeronáutico.

Netanyahu publicó el mensaje tras reunirse con efectivos del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en las colinas de Jerusalén, según indicó en la misma publicación.

"Estamos preparados para cada escenario, en defensa y en ataque", escribió Netanyahu, quien acompañó el mensaje con una felicitación a los ciudadanos israelíes por la festividad nacional.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, aseguró además en unas declaraciones difundidas este miércoles que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar "de inmediato y con contundencia" las operaciones militares "en todos los frentes".

Sus afirmaciones se producen en un contexto de tensión regional ante la incertidumbre frente a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y coinciden con los actos de conmemoración del Día de la Independencia de Israel, celebrado anualmente con ceremonias oficiales y despliegues militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno iraní, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

"Esperamos que estas visitas continúen. Pero no podemos decir con certeza cuándo será la siguiente. Les informaremos tan pronto como haya una decisión al respecto", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

Peskov comentaba así la información aparecida en algunos medios de prensa sobre los presuntos planes de Kushner y Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, de visitar nuevamente Rusia para reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin.

La última visita de Witkoff y Kushner a este país tuvo lugar en enero de este año. En caso de Witkoff, se trataba de su séptima visita a Rusia como negociador estadounidense, y para Kushner, de segunda.

El propio presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitó hoy a Montenegro y calificó ese progreso de "hito".

"Felicidades a Montenegro. Hoy hemos dado un gran paso hacia su adhesión a la UE. La decisión de establecer el grupo de trabajo para redactar un nuevo tratado de adhesión es un hito clave", dijo el político portugués en una red social.

Costa añadió que, "por primera vez desde 2014, la UE pone en marcha el reloj para la próxima adhesión".

Fuentes de Chipre, país que ejerce la presidencia del Consejo de la UE este semestre, admitió haber trabajado duro para asegurar el establecimiento del grupo de trabajo "tan pronto como sea posible", debido al trabajo técnico previo que se ha tenido que llevar a cabo.

"Confiamos en que esto envíe una fuerte señal de que la adhesión está al alcance para los socios de la ampliación", añadieron las mismas fuentes.

Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008 y es candidato desde 2010.

El pasado diciembre la UE y Montenegro anunciaron el cierre provisional de cinco nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión del país en el bloque comunitario, lo que supone un avance "significativo" hacia la integración europea con el cumplimiento de 12 de los 33 capítulos abiertos.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,27 % hasta los 50.274,63 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 395 millones de acciones por un valor de unos 3.339 millones de euros (unos 3.911 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés reaccionó con cautela al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de extender el alto el fuego de manera indefinida, ya que la persistencia del bloqueo naval y la exigencia de Irán de levantarlo para negociar dificulta la confirmación de las negociaciones previstas en Islamabad (Pakistán).

Los títulos con pérdidas estuvieron encabezados por la aeroespacial Avio, que cayó un 5,15 %, seguida de la firma de lujo Moncler (-2,74 %), las entidades bancarias Banco BPM (-2,20 %) y Unicredit (-1,98 %), y la constructora naval Fincantieri (-1,61 %).

Por el contrario, las mayores ganancias fueron para las petroleras Saipem, con un repunte del 6,45 %, y Eni, que subió un 2,39 %.

También cerraron en positivo la plataforma de pagos digitales Nexi, con un avance del 2,11 %, la siderúrgica Tenaris, que sumó un 2,01 %, y el fabricante de cables Prysmian, con un alza del 1,55 %.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, la víctima fue identificada como Odeh Atef Odeh Awawdeh, de 29 años, quien falleció poco después de llegar al Complejo Médico de Ramala a causa de una herida de bala en la espalda.

Según testimonios locales recogidos por el mismo medio, colonos armados atacaron las afueras de la localidad y abrieron fuego con munición real contra residentes, hiriendo gravemente a Awawdeh.

De forma paralela, Wafa recoge que tropas del Ejército israelí cerraron los accesos al municipio antes de irrumpir en su interior y detener a una treintena de habitantes.

Por ahora, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre los hechos.

Además, un colono reservista del Ejército israelí asesinó a tiros ayer a dos palestinos, uno de ellos de 14 años, en la localidad de Al Mughair, en la misma zona de Cisjordania ocupada.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, matando al menos a nueve e hiriendo a decenas más, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un dato que no incluye a los tres últimos fallecidos.

Según la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo, principalmente en Hebrón (321 incidentes), Nablus (315), Ramala y la gobernación de Al Bireh (292), y Jerusalén Este (203).

"Estas milicias cuentan con el pleno respaldo del Estado de Israel y gozan de total impunidad para asesinar, agredir y saquear a residentes palestinos. Esta violencia diaria e indiscriminada es uno de los medios que Israel utiliza para la limpieza étnica de Cisjordania", denunció la ONG israelí B'Tselem el pasado 14 de abril, tras el asesinato tres días antes de otro palestino por un disparo de un soldado colono en la aldea de Deir Jarir (este de Ramala).

La cifra sube a 26 si se incluyen los fallecidos a manos de las tropas.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, identificó al detenido como Brayan Ferney Cruz Castillo y subrayó que fue “partícipe en la logística” del asesinato.

“Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga”, añadió Monteoliva, a través de una publicación en su perfil de la red social X, en la que anticipó además que ya se iniciaron los trámites para la pronta expulsión del detenido, aunque sin indicar plazos.

Tanto la ministra como el comunicado del ministerio hicieron referencia a la participación del detenido en un ataque con explosivos, pese a que el ataque contra Uribe Turbay fue con disparos de arma de fuego.

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Los detalles del operativo de detención en Buenos Aires

La detención se produjo en la sede de un tribunal en la capital argentina, donde el sospechoso se presentaba en el marco de una causa local por hurto automotor, según explicó el comunicado del ministerio.

El texto precisó además que el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo del Dr. Julián Ercolini, “aguardando las actuaciones procesales de rigor y a la espera de su extradición”.

Además, explicó que el acusado había ingresado a Argentina mediante un paso fronterizo no habilitado, y que su captura fue fruto del trabajo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.

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Asesinato de Uribe Turbay y la investigación en Colombia

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó a Uribe Turbay.

Los asaltos ocurrieron hacia las 16:00 hora local (15:00 GMT) en las localidades de Pubagu (Borno) y Mayo-Ladde (Adamawa), separadas por un río, donde los atacantes superaron a los grupos de autodefensas antes de disparar contra los residentes.

"En total, tenemos 20 muertes: 11 de Askira Uba en Borno y nueve del área de gobierno local de Hong, en Adamawa", dijo el administrador del área de gobierno local de Askira Uba, Mada Saidu, en declaraciones al diario local Punch Online.

"Fui junto con el Ejército, en un principio la seguridad local estaba presente, es decir, cazadores y grupos de autodefensa, pero fueron superados por los terroristas", añadió.

Varios testigos señalaron que los atacantes llegaron en motocicletas e incendiaron viviendas y saquearon comercios durante horas.

"Los vigilantes locales y los cazadores hicieron lo que pudieron, pero los terroristas estaban bien armados y los superaban en número", dijo a la prensa local un sobreviviente que pidió el anonimato.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Además, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades a veces tildan de "terroristas".

"No es un caso de simplemente aceptar una lista de demandas. Estados Unidos no dicta la negociación. Tenemos una negociación y podemos alcanzar un resultado satisfactorio para ambos (países)", declaró Carney a los medios de comunicación en Ottawa.

El primer ministro canadiense añadió que sabe que Washington considera algunos aspectos de la relación comercial con Canadá como "irritantes" o problemáticos.

"Nosotros también tenemos algunos por nuestra parte", añadió.

Las declaraciones de Carney se producen después de que la radiotelevisión pública canadiense en francés, Radio-Canada, revelara este miércoles que la Administración de Donald Trump ha exigido a Ottawa una "cuota de entrada" para el reinicio de las negociaciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió unilateralmente en octubre de 2025.

Según Radio-Canada, EE.UU. ha solicitado concesiones antes de que se reúnan los negociadores.

Una fuente de la Administración de Trump ha sugerido las concesiones como un gesto de buena voluntad para ganar la atención del presidente estadounidense, que en estos momentos está envuelto en varios graves conflictos internacionales.

Pero Ottawa ha rechazado esa idea al considerar que en dos ocasiones ya ha realizado importantes concesiones, como la eliminación de una parte sustancial de los aranceles de represalia, sin obtener nada a cambio.

El martes, Carney anunció la creación de un consejo asesor para navegar sus relaciones económicas con EE.UU., su principal socio comercial y al que se dirige el 75 % de las exportaciones canadienses.

Carney declaró que "este comité asesor asegura que el Gobierno está obteniendo el mejor asesoramiento y las perspectivas más amplias para impulsar los intereses económicos de Canadá" ante el estancamiento de las negociaciones con Washington.

Además, Canadá, Estados Unidos y México están en proceso de revisión del T-MEC, un acuerdo trilateral que ha sido clave para la economía canadiense desde hace más de 30 años, pero que ahora está en peligro por la posición de Trump, que está contemplando romper el tratado y firmar acuerdos bilaterales con sus vecinos.

"La fecha que estamos proponiendo a nuestras contrapartes es para el próximo 30 de junio, en la ocasión que van a asistir los presidentes", dijo Ramírez durante una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya.

Ramírez señaló que se prevé que un día antes de la cita presidencial tenga lugar el encuentro de los jefes de las carteras de Exteriores y Economía.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay fundaron el Mercosur en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, con el objetivo de crear un mercado común que ampliara las oportunidades de comercio e inversión entre los países miembros.

En enero pasado, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este pacto comenzará a aplicarse de manera provisional este 1 de mayo, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos del Mercosur.

Bolivia, que se adhirió al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque.

Venezuela, que se sumó al bloque en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017, después de que el Mercosur invocara el 'Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático' tras considerar que el Gobierno del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió el orden democrático al instalar una Asamblea Constituyente en el país caribeño.

Pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, un bombardeo alcanzó un vehículo que circulaba por At Tiri, causando el fallecimiento de dos personas identificadas como Ali Nabil Bazzi y Muhamad al Hourani, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otro lado, el medio estatal explicó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado a la localidad para tratar de evacuar a dos periodistas que permanecen "rodeadas" por el Ejército israelí, al agregar que la organización ya logró despejar la carretera después de que quedara afectada por un bombardeo.

Las reporteras asediadas son Amal Khalil, una conocida periodista del diario local Al Akhbar, y Zeinab Faraj, presentadora y productora de televisión.

At Tiri se ubica cerca de la ciudad de Bint Jbeil, uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades el pasado viernes, así como una zona donde se denuncia estos días más destrucción deliberada.

Tras una reunión a nivel de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Con el 94,29 % del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17,04 % de los votos válidos al sumar 2.707.502 papeletas; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,01 % al aglutinar 1.908.702 sufragios; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,91 % al obtener 1.891.479 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 17.211 votos, después de que el izquierdista pasara del séptimo lugar al segundo, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.

Hasta el momento, todavía faltan 63 actas de mesas electorales (0,06 % del total) por procesarse debido a que vienen de lugares de difícil acceso y, en otros casos, a que no pudieron ser obtenidas por las autoridades electorales por diferentes problemas suscitados durante el día de las elecciones.

Asimismo, hay más de 5.200 actas pendientes de revisión (5,63 % del total) por los jurados electorales al presentar inconsistencias o irregularidades, que pueden ser un error en la suma de votos o en las firmas de los miembros que compusieron la mesa electoral.

El conteo continúa mientras López Aliaga sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un supuesto fraude en su contra, narrativa que se ha visto alimentada por las numerosas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que llevó a que numerosos locales de votación en Lima abrieran con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.

Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana crece la presión sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, para que convoque unas inéditas "elecciones complementarias" donde votarían aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de los retrasos en los centros de votación, una opción que no está contemplada en la ley.

Estos reclamos para que se abra un nuevo periodo de votaciones en Lima, bastión de López Aliaga, se han intensificado a medida que Sánchez ha ido incrementando su ventaja sobre el ultraderechista y consolidando su eventual pase a la segunda vuelta.

A favor del levantamiento de la inmunidad de los trece parlamentarios, tres de los cuales han sido también ministros, votaron todos los partidos de la oposición, así como la gobernante Nueva Democracia, partido del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, y formación a la que pertenecen los legisladores.

Todos los diputados investigados defendieron su inocencia en el debate parlamentario previo a la votación y alegaron de que nunca solicitaron a la Agencia encargada de distribuir los fondos agrícolas de la UE a los beneficiarios, OPEKEPE, cometer "ningún acto ilegal".

A principios de abril EPPO envió un expediente al Parlamento con el que pedía levantar la inmunidad de 11 diputados conservadores para facilitar la investigación en su contra "por presuntos delitos contra los intereses financieros de la UE, concretamente instigación al abuso de confianza, fraude informático y emisión de certificados falsos".

Más tarde, un segundo documento de la Fiscalía Europea solicitó levantar la inmunidad de otros dos parlamentarios para investigarlos por cometer, presuntamente, el delito de "incumplimiento del deber" en el marco del caso.

Entre los 13 parlamentarios figuran los exministros de Agricultura; Kostas Tsiaras; de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Kefaloyannis, y el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, que dimitieron unas horas después de que el expediente fuera enviado al Parlamento a principios de abril.

Kostas Skrekas presentó también entonces su dimisión como secretario general de Nueva Democracia (ND), ya que también su nombre aparecía en el expediente.

Los diputados que han perdido su inmunidad seguirán por ahora siendo parlamentarios y sólo abandonarán la Cámara en caso de ser enviados a juicio, aunque en ese caso Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta, podrá designar a nuevos legisladores.

La oposición de izquierda demandó este miércoles elecciones anticipadas por el escándalo, pero Mitsotakis ha repetido que quiere agotar la legislatura y las elecciones se celebrarán el año que viene en su fecha regular.

Desde el año pasado, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios de la UE a través de OPEKEPE después de declarar propiedades de tierra o ganado inexistentes.

En esta trama estarían implicados también estos 13 diputados conservadores, muchos de los cuales fueron grabados en 2021 por los servicios secretos griegos (EYP), tras petición de la EPPO, presionando en conversaciones telefónicas al entonces presidente y vicepresidente de OPEKEPE para desembolsar subsidios a personas que no cumplían con los criterios para obtenerlos.

En algunas de esas conversación, difundidas por el medio griego MEGA, se puede escuchar a Skrekas, ministro de Medio Ambiente y Energía en 2021, instar al entonces presidente de OPEKEPE, Dimitris Melas, a dar "en la mano" el dinero de la subvención a un supuesto agricultor, que no la había solicitado de forma electrónica (como es obligatorio) antes de que venciera el plazo.

Los partidos de oposición han acusado al Gobierno de convertir un organismo estatal en una "impresora de dinero partidista" para comprar votos.

La prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida.

En un contexto "muy complicado geopolíticamente" ante el trasfondo de la crisis energética por la guerra en Oriente Medio, la ministra explicó que ha trasladado a los participantes el ejemplo de España, menos expuesta gracias a las energías renovables, lo que deriva en precios de la electricidad más asequibles.

 La ministra aludió también a las reservas de queroseno, en una jornada en la que la Comisión Europea (CE) propuso que los países de la UE podrían compartir este combustible, ante la carestía generada por la guerra y señaló que la situación de España a corto plazo "es muy positiva".

El país ibérico cuenta con ocho refinerías que operan para maximizar la generación, aun cuando solo importa el 20 % del consumo, resaltó Aagesen, que afirmó también que todavía no ha llegado el momento de liberar más reservas de petróleo, pues "aún queda tiempo por delante" del plazo de 90 días disponible.

En el foro, en el que se dan cita todos los años delegaciones estatales y representantes de organizaciones internacionales para abordar los preparativos de la próxima conferencia del clima -en este caso la COP31 de Antalya- intervino también el canciller alemán, Friedrich Merz.

El político conservador insistió en que la acción contra el cambio climático debe ir siempre de la mano de la industria y tener en cuenta la competitividad económica, pues de lo contrario no podrá mantener el apoyo de la población.

"La protección del clima no debe poner en peligro la base industrial en Alemania y en otros países", dijo y advirtió de que "la desindustrialización no será aceptada por la gente y acabará si no por obstaculizar la innovación".

El ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, señaló también al sector privado como "actor fundamental" en la lucha contra el cambio climático, ya que la descarbonización industrial puede reforzar la competitividad, la seguridad energética y la resiliencia económica, lo que supone "una enorme oportunidad".

También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, que intervino por videoconferencia, llamó "a afrontar el desafío ambiental del cambio climático aprovechando al mismo tiempo las oportunidades económicas de la energía limpia".

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se mostró por su parte confiado en que los gobiernos responderán de manera decidida a la actual crisis de combustibles fósiles, como respondieron a las del petróleo en 1973 y 1979 y a la del gas en 2022.

Recordó que, tras la crisis de los años 70 "hubo una gran respuesta estratégica en el ámbito energético", por la que se maximizó la eficiencia, reduciéndose por ejemplo a la mitad el consumo de gasolina de un coche promedio, mientras el petróleo ha pasado de representar aproximadamente un tercio de la generación eléctrica al 2 % hoy en día.

"Por ello, espero que haya una respuesta similar en todos los sectores: la industria automotriz, el sector eléctrico y la industria en general", dijo y señaló que es tarea de los gobiernos "diseñar políticas energéticas que mantengan la competitividad de las industrias actuales y preparen el camino para las del futuro".

La prolongación de la tregua ha aportado algo de calma a los mercados pero no se escapan de los números rojos, en los que cayó París a los pocos minutos de la apertura y de los que ya no salió hasta el cierre, en el que marcó 8.156,43 puntos.

La actividad fue normal en el parqué parisiense, con casi 4.400 millones de euros de acciones negociadas.

El grupo de certificación Bureau Veritas marcó de forma negativa la jornada con una caída del 10,59 %, la mayor de su historia, tras haber revisado a la baja sus previsiones anuales al evaluar el impacto que la crisis de Oriente Medio puede tener en su actividad.

Le siguió el grupo sanitario Eurofins Scientific, que cayó un 9,69 % tras haber anunciado sus cuentas anuales del pasado ejercicio por debajo de las expectativas del mercado.

En el plano positivo, el grupo alimentario Danone, que también desveló sus cuentas, subió un 2,50 %, liderando las ganancias, por delante de la energética Engie, que progresó un 1,79 % y de la petrolera TotalEnergies, que mejoró un 1,32 %.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 0,31 %, hasta 24.194,90 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prolongó de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto.

Las bolsas de Wall Street reaccionaron con ganancias pero la renta variable alemana reaccionó de forma contenida porque el estrecho de Ormuz sigue cerrado e interrumpe el suministro de energía y fertilizantes.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, se encareció algo más de un 2 % y superó los 100 dólares el barril.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se disparó un 6,9 %, hasta el récord de 178,42 euros, impulsada por los buenos resultados de la tecnológica suiza ABB,

Asimismo, la compañía de energías renovables RWE ganó un 3,3 %, hasta 60,16 euros.

El fabricante de chips Infineon subió un 3,5 %, hasta 49,39 euros, impulsado por los buenos resultados de la holandesa ASM International.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom, en la que el Estado alemán tiene una participación de algo más del 28 %, perdió un 4,8 %, hasta 27,42 euros, después de que los inversores reaccionaran con escepticismo a los rumores de que se quiere fusionar con su filial estadounidense de telefonía móvil T-Mobile US en la que tiene un 53 %.

El Gobierno alemán rechazó este miércoles comentar las informaciones de Bloomberg sobre la fusión, que tendría muchas barreras reguladoras según los analistas de Bernstein Research.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines cayó un 3,8 %, hasta 300,10 euros, y Airbus cedió un 2,7 %, hasta 165,78 euros.

En entrevista con la emisora RPP, el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, confirmó que siguió los pasos del titular de Defensa, Carlos Díaz, y presentó esta mañana (hora local) su renuncia irrevocable a Balcázar, al que acusó de mentirle al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados.

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el primer ministro, Luis Arriola, estaban "preocupados" por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de las naves con un presupuesto de 3.500 millones de dólares.

El canciller explicó que presentó su renuncia por "la decisión política que pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad", dado que no se puede confiar en procesos de negociaciones.

Además, porque Balcázar "le ha mentido al país: sabía que los dos contratos se habían firmado, el lunes 20, porque el ministro de Defensa le comunicó personalmente", junto al primer ministro, que "se habían firmado", precisó el titular de Relaciones Exteriores.

Agregó que "es grave que (el mandatario) mienta", dado que Balcázar insistió hasta el martes en que la decisión había quedado aplazada y no se había firmado ningún contrato de compra.

"El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", expresó De Zela, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

A raíz de la postura de Balcázar, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, está "muy confundido" y "no entiende qué ha pasado", señaló el canciller, especialmente porque el contrato requiere el pago de un primer desembolso.

"Hoy debe hacerse el pago, primero de 2.000 millones de dólares y luego de 1.500 millones", indicó De Zela.

Por su parte, el ministro de Defensa declaró a RPP en la misma entrevista que la compra de las naves de combate ya estaba considerada en la ley de endeudamiento, en dos tramos, para el 2025 y 2026, lo cual desechaba la versión de Balcázar de que no tenía cobertura del presupuesto público.

También precisó que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional aprobó la compra con el proveedor de EE.UU. en el gobierno del expresidente José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

Según el medio Minval, la Fiscalía pedía para Alexandr Vaisero cinco años de prisión por blanqueo de capitales.

Los investigadores azerbaiyanos llegaron a la conclusión de que el ruso formó parte de un grupo de personas que blanqueaban grandes sumas de dinero obtenido mediante apuestas en línea, loterías digitales y otros sitios web que operaban fuera del país.

Vaisero es uno de los ocho rusos que fueron detenidos en Azerbaiyán en plena crisis diplomática, vinculada con la catástrofe del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por misiles antiaéreos en el espacio aéreo ruso.

Según los familiares del condenado, Vaisero, empresario e informático, llegó a Azerbaiyán en el verano de 2025 con fines de turismo.

El pasado 15 de abril, Azerbaiyán y Rusia aseguraron haber zanjado su conflicto por el derribo del avión de pasajeros.

Según una nota conjunta, las partes arreglaron el asunto de las "compensaciones", uno de los principales escollos entre Moscú y Bakú hasta entonces.

El pasado octubre, el presidente del Rusia, Vladímir Putin, prometió a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, que Moscú pagaría las compensaciones que se requieran por el siniestro del Embraer 190, en el que murieron 39 personas.

La decisión fue implementada a través de un decreto del Ministerio de Administración Territorial al que EFE tuvo acceso este miércoles.

El Ministerio justificó la medida en el incumplimiento de obligaciones para renovar órganos directivos y limitó las actividades de las ONG afectadas durante la suspensión a trámites de regularización.

Las entidades suspendidas operaban en los ámbitos de desarrollo local, religión, derechos humanos, educación, deporte, medio ambiente y promoción de la mujer, y entre ellas figura el Sindicato de Abogados de Burkina Faso.

La decisión sigue a la suspensión hace una semana de otras 118 organizaciones, como la Coalición burkinesa por los Derechos de las Mujeres (CBDF), el Encuentro Africano por la Defensa de los Derechos Humanos (RADDHO) y la Liga burkinesa por la Democracia Ciudadana (LBDC).

El primer ministro burkinés, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, defendió las reformas para "sanear" el sector de las organizaciones de sociedad civil, y criticó que algunas de las ONG tienen fuentes de financiación opacas y actividades no controladas por el Estado.

"Ninguna asociación será un caballo de Troya para nadie", afirmó Ouédraogo, quien reprochó a algunas asociaciones "vender la miseria de Burkina Faso" al extranjero y acusó a "socios imperialistas tóxicos" de manipular vía redes asociativas.

No hay protestas públicas notables en el país en respuesta a esta medida por el clima de temor, pero Human Rights Watch (HRW) condenó la represión contra "voces independientes" en Burkina Faso y exigió respeto a las libertades fundamentales.

A principios de este mes, el presidente de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, descartó las elecciones como prioridad para la transición política en su país y rechazó una democracia "impuesta" por Occidente.

"No sé por qué la gente trae el tema de las elecciones. Primero tenemos desafíos que elevar. La democracia no es para nosotros. No nos interesa. No queremos eso. Tenemos nuestro modelo. No buscamos parecernos a nadie", subrayó entonces Traoré, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 2022.

El consejo de ministros aprobó desembolsar al consorcio conformado por "las empresas Acciona Construcción, S.A. (anteriormente Acciona Infraestructuras, S.A.) y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH)" un total de 14.979.484,37 dólares, una suma que será pagada en un 50 % en este 2026 y el restante 50 % en el 2027.

Un comunicado de la Presidencia difundido en las últimas horas indicó que en el 2013 se licitó la construcción del nuevo oncológico, el 4 de abril de 2014 el Ministerio de Salud adjudicó el contrato al consorcio con orden de proceder fechada el 30 de junio, pero el 23 de diciembre de ese mismo año el Ejecutivo panameño decretó la terminación unilateral del contrato.

El consorcio integrado por Acciona a presentó el 28 de junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por más de 70 millones de dólares, ante lo cual "por mutuo acuerdo se estableció una mesa técnica para evaluar la reclamación con el objeto de llegar a una negociación justa y conveniente para ambas partes".

Es así que el 9 de agosto de 2024, el contratista solicitó la suspensión del arbitraje, la cual fue confirmada por la ICC, lo que permitió llegar al acuerdo de indemnización.

"Puedo asegurarles que el suministro de combustible está garantizado y que la interrupción del suministro del oleoducto mencionado no limitará de forma significativa el funcionamiento de la refinería de Schwedt", dijo en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius.

El Estado alemán controla Schwedt a través de un fideocomiso tras asumir en septiembre de 2022 la gestión de las dos subsidiarias alemanas de la petrolera rusa Rosneft en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético del país.

La refinería procesa 11,5 millones de toneladas de crudo al año y garantiza alrededor del 90 % del suministro de gasolina, diésel, queroseno y gasóleo de calefacción de Berlín y Brandeburgo.

Kornelius aludió a la existencia de un oleoducto desde la ciudad portuaria de Rostock, en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomernaia, hasta Schwedt, en Brandeburgo, lo que significa que la refinería puede ser abastecida también con el crudo que llega por vía marítima a Rostock.

Tim-Niklas Wentzel, portavoz de Economía, precisó por su parte, que Alemania no sólo importa crudo a través del oleoducto Druzhba, sino también, por ejemplo, de Noruega y de Estados Unidos.

Wentzel aseguró que la Agencia Federal de Redes, en su calidad de administrador fiduciario de Rosneft Alemania, seguirá teniendo en cuenta la garantía de la seguridad del suministro en todas las decisiones futuras.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, confirmó este miércoles que, a partir del 1 de mayo, el volumen de petróleo kazajo que se transportaba a Alemania a través del oleoducto Druzhba se desviará a otras rutas logísticas disponibles.

Esto se debe a las limitaciones técnicas actuales", declaró Novak, citado por la agencia TASS.

Anteriormente, el ministro de Energía de Kazajistán, Yerlán Akkenzhenov, informó a la prensa de que su país había recibido información extraoficial sobre la imposibilidad de transportar combustible a través del Druzhba en mayo.

Añadió que ello se debe con probabilidad a los recientes ataques contra la infraestructura energética rusa.

"No somos mejores que quienes nos precedieron y cometieron crímenes horribles o callaron frente a crímenes horribles. No somos mejores que quienes masacraron o miraron hacia otro lado mientras judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos eran deportados a campos de concentración", dijo Albanese en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

Para Albanese, la Unión Europea y sus países que aún cooperan con Israel pueden incluso ser considerados "incrementalmente peores" porque ahora existe un marco legal internacional que obliga a los Estados miembros a prevenir crímenes como el genocidio y la tortura.

Albanese también se refirió a la "esquizofrenia" de países que por un lado abogan por suspender el acuerdo de asociación, contratos militares o comercio con Israel, pero por otro "renuevan su apoyo" a este país, si bien no especificó a qué gobierno se refería.

"¿Por qué no hay consecuencias para quienes están en el poder y mienten solo para apaciguar a la opinión pública?", cuestionó.

La relatora de Naciones Unidas participó por sorpresa en una rueda de prensa organizada por tres eurodiputados para hablar de las sanciones estadounidenses contra jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y funcionarios de Naciones Unidas, que afectan a la propia Albanese.

"Las sanciones se crearon contra criminales y para proteger los derechos humanos. La cuestión es que ahora se están utilizando contra aquellos que quieren que los criminales rindan cuentas, porque esto es lo único que tienen en común conmigo los jueces y fiscales de la CPI y las tres organizaciones palestinas de derechos humanos que han sido sancionadas por EE.UU.", lamentó.

"La India debe recordar que cualquier imprudencia, de cualquier tipo, recibirá una respuesta firme, decisiva y rápida. El Gobierno de Pakistán tomará todas las medidas posibles para la defensa del país", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar.

Tarar dijo que la India aún no ha presentado pruebas sobre sus alegaciones contra Islamabad, a las que calificó de "propaganda" y de una supuesta "operación de falsa bandera", y que llevaron a las dos naciones a su peor escalada bélica en décadas.

El ministro paquistaní insistió en que su gobierno ofreció realizar una investigación neutral para esclarecer el ataque contra civiles, que según los medios indios fue inicialmente reivindicado por el Frente de Resistencia (TRF), con base en Pakistán.

"Además, sin pruebas, sin investigación y sin una indagación adecuada, se culpó inmediatamente a Pakistán", afirmó.

El ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, declaró desde Alemania que el país mantendrá una respuesta contundente ante cualquier intento de desestabilización.

"India nunca ha atacado a ningún país del mundo desde su propio territorio, pero si un vecino intenta crear problemas, entonces punto, punto, punto. Todos los vecinos son buenos, solo uno es problemático", dijo el ministro indio sin nombrar directamente al vecino Pakistán.

Singh hizo referencia a la denominada "Operación Sindoor", la respuesta militar ejecutada en mayo de 2025 tras el atentado, y subrayó que la estrategia de seguridad de Nueva Delhi se mantiene sin cambios.

"Ante los actos contra la India, la respuesta está asegurada. Se hará justicia. Siempre", escribió el Ejército indio en un comunicado en X junto a una imagen de los resultados de la operación militar contra Pakistán.

El incidente del año pasado derivó en una crisis que incluyó la suspensión unilateral del Tratado de Aguas del Indo, el cierre de la frontera comercial y combates aéreos entre ambas naciones, hasta el anuncio de un alto el fuego definitivo el 10 de mayo.

Los espacios aéreos de ambos países permanecen cerrados para el tráfico mutuo un año después del ataque y la frontera terrestre se mantiene bajo estrictas restricciones comerciales.

"Tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de EE.UU. para que pudiera proporcionar toda la información", afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa, al señalar que se ha enviado un mensaje al embajador estadounidense, Ronald Johnson, para que explique lo sucedido.

La polémica estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos responsables de EE.UU. y dos investigadores de Chihuahua en un accidente de carretera en la sierra, después de acciones contra laboratorios clandestinos en ese estado del norte de México y fronterizo con EE.UU.

Sheinbaum detalló que la carta señala que ese hecho "no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado (con EE.UU.) y del entendimiento que tenemos con ellos".

"Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió", insistió.

La mandataria insistió que las autoridades federales desconocían la participación de dos agentes extranjeros en labores de campo, lo que puede suponer una violación a la seguridad nacional.

"No había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, y no se informó de la participación de estas personas", indicó.

Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales, y advirtió que la actuación de agentes de otros países en territorio nacional está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

"Tiene que quedar claro tanto para Estados Unidos como para los gobiernos estatales que la colaboración debe darse dentro del marco de entendimiento y de la ley" dijo.

En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del laboratorio usado por narcotraficantes y que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad y de sensibilidad política por la soberanía nacional.

La corte afirmó que los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee no lograron probar que el lugar estuviera bajo control federal, y que por tanto no era necesario que 'Alligator Alcatraz' se sometiera a una prueba de evaluación ambiental.

Los demandantes pidieron este mes a la corte que restaurara un fallo judicial que ordenó en agosto el cierre del centro de detención, ubicado al oeste de Miami, y que permanece bloqueado desde el mes siguiente.

Según las agrupaciones ambientalistas, el centro se debió someter a un análisis de impacto medioambiental antes de su construcción en el corazón de los Everglades, una zona de densa vegetación y repleta de humedales con decenas de especies endémicas, conforme a la legislación federal.

Pero los jueces indicaron que esto solo era requisito si se encontrara bajo jurisdicción federal, argumentando que 'Alligator Alcatraz' era financiado con dinero estatal, por lo que estableció que la jueza de distrito de Florida, Kathleen Williams, se había sobrepasado en sus funciones al ordenar su cierre temporal.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, siempre ha sostenido que los fondos para la construcción y la actividad del centro, que fue erigido de forma exprés el pasado julio, procedían de fondos estatales.

Los demandantes también denunciaron la opacidad del sitio, cuya cifra oficial de detenidos se desconoce.

Eve Samples, directora ejecutiva de la asociación 'Friends of the Everglades', una de las demandantes, aseguró tras la decisión del tribunal que seguirán su lucha, reafirmándose en que la prisión debió someterse a una prueba de evaluación ambiental.

"Estamos explorando todas las vías legales disponibles para corregir esta injusticia. 'Alligator Alcatraz' pasará a la historia como un despilfarro para los contribuyentes y un ataque flagrante contra los Everglades, y esperamos regresar al Tribunal de Distrito para impulsar nuestro caso y lograr su cierre", dijo en declaraciones recogidas por medios locales.

La coordinadora en la Subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay, explicó durante la conferencia de prensa presidencial que el plan incluye una campaña de sensibilización en distintos espacios públicos y medios de comunicación, así como guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

Aunado a ello, habrá actividades de integración escolar, brigadas de apoyo, centros comunitarios y una línea telefónica y de mensajes de texto para solicitar ayuda.

“La idea es que sepan que no están solos o solas, que existen herramientas para cuidar y cuidar a otros y otras y que siempre pueden buscar apoyo cuando lo necesitan”, señaló.

La campaña llega luego de que en marzo pasado un adolescente de 15 años asesinara en el occidental estado de Michoacán (oeste) a dos profesoras de una escuela preparatoria con un rifle de asalto calibre 5.56.

Pérez Gay recordó que la salud mental “no es solo responsabilidad de una sola persona" ya que "también se necesitan entornos que cuiden, instituciones que acompañan y un Gobierno que atiende las causas del malestar”.

En ese sentido, la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que la estrategia tiene seis ejes principales y enfatizó que “nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema”.

Indicó que el programa se centrará principalmente en las escuelas, que es donde está la mayoría de los jóvenes.

Entre las acciones anunciadas destacan la distribución de 18 millones de guías, actividades semanales en salones de clase, asambleas con madres y padres de familia, y el fortalecimiento de la Línea de la Vida con más profesionales especializados.

“Esta es una estrategia nacional y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo”, sostuvo la mandataria.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, señaló que las escuelas son fundamentales para la estrategia pues no se ven “solo como un espacio para la transmisión de conocimientos, sino un espacio donde se forma comunidad”.

Mientras que el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el plan está orientado a la prevención temprana.

“Lo importante es cómo prevenirlo”, dijo, al advertir que la población adolescente presenta mayores niveles de malestar psicológico, exposición a la violencia y consumo de drogas, factores que incrementan el riesgo de trastornos mentales y conductas violentas.

La presentación de la estrategia ocurre dos días después del ataque armado en Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos, un hecho que reavivó el debate sobre salud mental y prevención de la violencia en el país.

Diversas fuentes refieren que se trata de dos buques, uno de bandera panameña y el otro de Liberia.

Aunque dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en el Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estratégico paso, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes, informó AFP.

Reportan ataque a tercer buque en el estrecho de Ormuz

Incautación

“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que “fueron incautados (...) y dirigidos a la costa iraní”.

Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel, y el otro como “EPAMINONDAS”.

El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

Trump da marcha atrás y anuncia un alto el fuego indefinido para negociar con Irán

Portacontenedores

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente de que una lancha iraní disparó hoy contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que “atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior”.

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

“Avance importante”

Antes de estos incidentes Donald Trump anunció que había extendido la tregua tras una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el “fracturado” gobierno iraní elabore una propuesta para poner fin a la guerra.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, celebró la prórroga, y el jefe de la ONU, António Guterres, la consideró como un “avance importante hacia la desescalada”, según un comunicado de su portavoz.

Desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

Pese a los esfuerzos diplomáticos de Pakistán, el futuro de las conversaciones de paz mediadas por este país sigue siendo incierto.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, señaló en un mensaje en X que por la amnistía se han producido solo el 24,21 % de las excarcelaciones ocurridas desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de liberaciones.

"Si el Gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía", comentó.

Ese porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas por la organización desde el pasado 8 de enero, según una publicación de la ONG también en X.

Foro Penal también compartió un gráfico con la evolución de liberaciones registradas, que muestra un pico de amnistías en la primera semana desde la promulgación de la norma, el 20 de febrero, seguido de una disminución progresiva hasta una ralentización casi total desde el 19 de marzo.

Esta ONG informó el martes que contabiliza 473 presos políticos en el país, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

Según sus registros, desde 2014 se han documentado 19.087 detenciones políticas en Venezuela, mientras que "más de 11.000" personas se mantienen con medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la ONG consideró arbitrarias.

Foro Penal ha denunciado que la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".

En el marco de esa legislación, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las autoridades han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.

Las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.

Lo acordaron en la región de Extremadura, donde el PP ganó las últimas elecciones, pero sin la mayoría suficiente para gobernar y tuvieron que aceptar postulados de Vox para ello. Algo similar ocurrirá, previsiblemente, en Aragón y Castilla y León.

El pacto de gobierno de Extremadura incide en políticas contra la inmigración ilegal, en particular de los menores no acompañados, y habla del acceso a la vivienda protegida y alquileres sociales "inspirado en el principio de prioridad nacional" y "adecuado a la legalidad vigente".

Tanto los beneficios específicos sobre vivienda como todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se asignarán de manera prioritaria a quienes mantengan "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", dice el acuerdo sin que se cite nacionalidad alguna.

Para la vivienda social, se exigirá, por ejemplo, el empadronamiento histórico en Extremadura de un mínimo de diez años para la compra y cinco años para el alquiler.

En las ayudas, prestaciones y servicios sociales, será un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio o la exclusión del acceso a quienes se encuentren en situación irregular, excepto supuestos de urgencia vital.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó estos días que las ayudas y prestaciones públicas en Extremadura se basarán en el "arraigo" de los solicitantes, "con independencia" de la nacionalidad.

Por el contrario, Vox no tiene dudas en cualquier caso: los españoles van primero. El líder de la extrema derecha en Extremadura, Óscar Fernández Calle, aseguró este miércoles que no es racismo ni egoísmo ni es ilegal.

"Es simplemente sentido común y realismo", "defendiendo a los nuestros primero", argumentó en el debate de investidura de la conservadora María Guardiola, que fue elegida presidenta regional.

Y el martes, la portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, consideró también que el acuerdo político en esa región implica atender "a los españoles sobre cualquier otra consideración".

Así lo precisaba, además, una moción parlamentaria de la extrema derecha que este miércoles debatió el Congreso, pero que una gran mayoría de la cámara rechazó, incluido el PP.

En este caso, Vox no aceptó una enmienda del partido conservador que suprimía la "repatriación" de todos los inmigrantes en situación "ilegal", como quiere la extrema derecha, y que ponía la condición de "arraigo" (no de nacionalidad) para recibir ayudas y prestaciones, al modo de lo acordado en Extremadura.

Según el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura está "violando" el principio de igualdad entre ciudadanos y el de no discriminación.

En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este miércoles que el PP se ha convertido en un partido "anticonstitucional".

Y el ministro de Derechos Sociales, el izquierdista Pablo Bustinduy, acusó a los conservadores de "dar a la ultraderecha la capacidad de decidir quién es merecedor de derechos y quién no", lo que consideró "discriminatorio" e "ilegal".

Pero la conservadora Guardiola aseguró que no pedirá perdón por gobernar con Vox en Extremadura, pues "las urnas han hablado" y el acuerdo entre los dos partidos "no es fascismo, es mayoría parlamentaria".

Mientras tanto, el Gobierno central ha abierto un procedimiento para regularizar al menos a medio millón de extranjeros que residan en España desde antes del 1 de enero pasado y solicitantes de asilo que lo pidieron antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Este futuro "debe pasar por una solución democrática y libre, en la que los venezolanos puedan decidir su futuro", aseguró Montenegro al finalizar el encuentro, que tuvo lugar en la residencia oficial del primer ministro y duró algo más de media hora.

El primer ministro portugués transmitió a la líder opositora venezolana el deseo de su gobierno de que, "dadas las circunstancias que atraviesa el país, pueda ser un momento de transición democrática y que, en el menor tiempo posible, las personas que se encuentran en el exilio puedan regresar al país, como es su caso".

"Y que se pueda celebrar un proceso electoral en el que, de forma absolutamente libre, el pueblo venezolano pueda elegir su futuro y su pueblo pueda disfrutar de todas las oportunidades que ofrece el país", concluyó Montenegro.

Machado, por su parte, salió de la residencia sin prestar declaraciones a la prensa. Previamente, también se reunió con el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno portugués ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y estabilidad para el país.

A principios del mes de abril, el secretario de Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visitó Venezuela y se reunió con representantes del Gobierno venezolano y con sectores de la oposición, y afirmó que Portugal está dispuesto a mantener un trabajo diplomático con Caracas.

Machado finalizó esta semana una visita a España donde se reunió con varios líderes de la oposición, en concreto del PP y de Vox, aunque con ningún representante del Gobierno español, lo que ha causado polémica en el país ya que la líder opositora venezolana, al parecer, rechazó reunirse con el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

La resolución dictada por la Justicia de la provincia de Santa Fe, a la que tuvo acceso EFE, consideró que la empresa “no resulta económicamente viable en el mediano plazo”, debido a un cuadro de insolvencia que no puede revertirse.

La cooperativa láctea, una de las más emblemáticas de Argentina, tiene pasivos cercanos a los 120 millones de dólares y deudas millonarias en salarios, obligaciones impositivas y compromisos comerciales.

Proceso de deterioro

La Justicia determinó que el concurso preventivo -diseñado para que las empresas negocien las deudas con acreedores y eviten la quiebra-, iniciado en 2025, fracasó y habilitó una “quiebra indirecta por frustración anticipada”.

Según el fallo, la situación financiera se deterioró durante el último año, con un pasivo que crecía a un ritmo aproximado de 3.000 millones de pesos mensuales (cerca de 2,14 millones de dólares), mientras la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos operativos.

La Justicia dispuso la continuidad transitoria de las operaciones en aquellas plantas que aún mantienen actividad, en particular las que trabajan bajo contratos vigentes, con el objetivo de preservar el empleo y evitar un impacto mayor sobre trabajadores, proveedores y acreedores.

Empleados

De acuerdo con la resolución, la interrupción total de la actividad afectaría a 914 empleados, además de acreedores laborales y comerciales.

El fallo también establece que la salida de la quiebra será la venta de la empresa o de sus unidades productivas, mediante un proceso de licitación que podrá realizarse de manera conjunta o por partes.

"La recuperación que se esperaba para este año se ha visto frenada por shocks geopolíticos externos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía y de las materias primas. Eso afecta a los hogares y aumenta los costos para la economía alemana", dijo la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, en la presentación de los pronósticos de primavera del Ejecutivo germano.

Reiche dijo que las medidas tomadas por el Gobierno para paliar la crisis ayudan a corto plazo, pero no sirven para resolver problemas estructurales de la economía alemana.

"Para una economía que vuelva a crecer y que sea competitiva necesitamos reformas estructurales profundas. Tenemos que hacer frente a la carga fiscal que es demasiado alta en la comparación internacional, reducir los precios de la energía y reducir burocracia", sostuvo.

Para 2027 el Gobierno prevé un crecimiento del PIB del 0,9 por ciento -en enero había pronosticado un 1,3 por ciento- siempre y cuando se supere la situación en Oriente Medio que actualmente afecta tanto a los precios de la energía como al suministro de combustible y materias primas.

La inflación en Alemania, según las proyecciones del Gobierno germano será del 2,7 por ciento este año y del 2,8 por ciento en 2027 -claramente por encima de la marca crítica del 2,0 por ciento-, repunte que se debe también en buena parte al alza de los precios de la energía motivado por la guerra en Irán y sus consecuencias.

El fuerte indice de inflación, según el informe del Gobierno, presionará al consumo privado que, ante los problemas en el mercado exterior, es de momento uno de los pilares del crecimientos.

El consumo privado, según el Gobierno, crecerá en 2026 un 0,4 por ciento y en 2026 un 0,5 por ciento.

Además de la guerra en Irán hay otros factores que afectan a la economía alemana entre los que se cuentan las medidas proteccionistas en diversas partes del mundo que lastran las exportaciones, cuyo nivel se estancará este año y podrían subir en 2027 un 1,3 por ciento.

Reiche advirtió durante la presentación de las proyecciones que la crisis de las exportaciones no se debe sólo a factores internos, sino también a la pérdida de competitividad de la industria alemana por lo que insistió en la necesidad de reformas estructurales para reducir diversas cargas que pesan sobre las empresas.

Mientras que las ventas en el exterior muestran debilidad, el impulso viene ante todo de la demanda interna, los estímulos fiscales y las inversiones estatales en infraestructura y defensa.

La evolución posterior de la economía depende en buena medida de desarrollo del conflicto en Oriente Medio y esta marcada por la incertidumbre.

En 2025 la economía alemana, tras dos años de recesión, tuvo un ligero crecimiento del 0,2 por ciento.

La fuerte revisión a la baja de los pronósticos del Gobierno sigue a las que ya había hecho hace una semana el Fondo Monetario Internacional (FMI), también debido a las repercusiones de la guerra de Irán.

Ya a comienzos de abril los principales institutos de estudios económicos de Alemania habían revisado a la baja sus pronósticos, también a la mitad, al prever para 2026 un avance del PIB alemán del 0,6 % y para 2027 del 0,9 %, similar por tanto al Gobierno ahora.

Las nuevas estimaciones representan también un problema para las finanzas públicas alemanas puesto que la baja del crecimiento implica también una reducción de la recaudación fiscal lo que repercute en los presupuestos públicos.

El círculo de trabajo que hace las estimaciones fiscales -con representantes tanto del Gobierno federal como de los estados federados y de los municipios- se reunirán en Stralsund entre el 5 y el 7 de mayo.

La gerente de la Confederación de Cámaras de Industria y Comercio (DIKK), Helena Melnikov, aseguró en un comunicado que con la revisión a la baja de los pronósticos el Gobierno se adapta a "la amarga realidad".

"La recuperación en Alemania no sólo es frágil sino que está en peligro. El que los pronósticos de crecimiento para 2026 se reduzcan a la mitad debe tomarse como una señal de alarma", dijo.

El Ministerio Público ha recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que sean juzgados Gómez, sus asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, pues no aprecia infracción penal en su comportamiento, informó la Fiscalía en un comunicado este miércoles.

Adicionalmente, la Fiscalía presentó hoy mismo un escrito ante el propio juez Peinado en el que reclama de nuevo el sobreseimiento definitivo de la investigación.

En caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, el fiscal formulará escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

Peinado dio por cerrada la instrucción del caso en un auto fechado el 11 de abril, cuando propuso juzgar con jurado popular a Gómez como sospechosa de los delitos citados en relación con su actividad profesional como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

Continuó asimismo el procedimiento contra Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Barrabés por los dos primeros (tráfico de influencias y corrupción en los negocios).

La acusación popular, coordinada por la organización ultraconservadora Hazte Oír, pidió el lunes 24 años de cárcel para la mujer de Sánchez, 22 para la asesora y seis para el empresario.

A su vez, el abogado de Gómez presentó un escrito de queja en la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez y la decisión de procesarla por considerar que hay vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo el de defensa.

La defensa también negó que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestionó que el juez proponga juzgarla por un tribunal con jurado sin argumentarlo.

La causa contra Gómez fue abierta por Peinado en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios, después de que una organización ultraderechista presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa, algunas de las cuales se demostraron posteriormente falsas.

Kapidia estará al frente de un jurado integrado por el actor quebequés Théodore Pellerin, el cantautor Oklou, la productora ghanesa-británica Ama Ampadu y el periodista y director del Festival Mundial de Cine de Bangkok, Donsaron Kovitvanitcha, agregaron en un comunicado.

"Mi trayectoria como cineasta recibió apoyo desde el principio con la selección de mis trabajos en festivales de cine. Gracias a ello, tuve la oportunidad de conocer a otras personas como yo de todo el mundo y pude crear una comunidad de futuros colaboradores", indicó Kapidia.

Los organizadores destacaron la capacidad de la cineasta india para crear, con tan solo seis largometrajes, "una obra donde la poesía contrasta con su visión política inquebrantable de su país".

La directora destacó que la erosión que sufre el cine independiente en todos los países convierte "en un acto de resistencia" el apoyo a las óperas primas de los cineastas, labor que ejerce la sección la Semana de la Crítica.

"Las primeras películas suelen ser más libres, más audaces y valientes, y con luz propia. Defenderlas es esencial", agregó la directora.

El analista político Ricardo Paz Ballivián dijo a EFE que el rasgo "más sobresaliente" de los comicios recientes es "que no hay nadie que haya logrado preeminencia".

"Nadie ha tenido, como era en épocas anteriores, una hegemonía, lo que consolida el tránsito de esa democracia que teníamos de partido hegemónico a una democracia multipartidaria de base ancha", agregó Paz, también sociólogo, en alusión al declive del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

En los comicios realizados el 22 de marzo y concluidos el domingo con segundas vueltas en cinco regiones, los bolivianos eligieron a más de 5.000 autoridades locales, incluidos nueve gobernadores y 335 alcaldes, además de asambleístas departamentales y concejales municipales.

Los alcaldes se eligieron por mayoría simple, mientras que para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debió lograr más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el segundo.

Los resultados regionales dejaron a la coalición Patria, del presidente Paz, con dos gobernaciones, las de Beni y La Paz, la primera ganada en segunda vuelta y la otra lograda tras el retiro del partido contendiente, Nueva Generación Patriótica (NGP).

La alianza Libre, la principal fuerza opositora liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), también logró dos gobernaciones, la de Pando en primera vuelta y la de Santa Cruz, la región más poblada y pujante, en balotaje.

El MAS y el expresidente Evo Morales, que se volvieron a unir bajo la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), lograron la gobernación de Cochabamba, mientras que los otros seis gobiernos departamentales quedaron en manos de diversas fuerzas políticas.

En cuanto a las alcaldías, la coalición oficialista obtuvo 37, incluidas solo una de las diez ciudades principales del país; el Movimiento Tercer Sistema (MTS) venció en 36, NGP en 23, Libre en 19 y la A-UPP en 13, entre otros resultados incluidos en un análisis del Centro de Estudios Populi.

El domingo, tras la segunda vuelta, Morales (2006-2019), que es crítico del Gobierno de Paz, consideró que el mandatario "fue revocado" al sufrir una "derrota electoral en las urnas".

También opinó que el Ejecutivo "está socialmente arrinconado" por algunas protestas sociales "enfurecidas" que se registran en el país, y que "económicamente, está fracasado porque no resuelve la crisis y aplica un modelo neoliberal contra los pobres".

En las elecciones regionales de 2010 y 2015, cuando Morales era presidente, el MAS logró seis gobernaciones y más de 220 alcaldías, mientras que en 2021, bajo la Presidencia de Luis Arce (2020-2025), ese partido quedó con tres Gobiernos departamentales y ganó 240 alcaldías.

Para Ricardo Paz, otro resultado de las elecciones regionales recientes es que hay "sobrevivientes" que lograron gobernaciones y alcaldías, como la coalición oficialista, Libre o NGP.

También "hay perdedores netos", que son las fuerzas con representación en el Legislativo nacional, "pero que ya no tienen raigambre territorial", como Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, o la Alianza Popular, del expresidente del Senado Andrónico Rodríguez, indicó.

El analista consideró que los problemas de "contexto nacional", como la mala calidad de los combustibles, influyeron en el resultado de las elecciones regionales, pero "hay que ver en qué medida, de acuerdo a cada circunstancia".

A su juicio, el presidente tiene ahora la gran oportunidad de "reconstruir el sistema político, reaprender a vivir en democracia, concertar, negociar, dialogar" con los liderazgos emergentes en las regiones para inaugurar "una nueva etapa de la vida política de Bolivia".

"Es posible", respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.