Los puestos de votación abrieron puntualmente a las 8.00 hora local (11.00 GMT), según informó el Tribunal Superior Electoral, y atenderán a los electores hasta las 17.00 (20.00 GMT).

El día comenzó lluvioso en algunos de los principales colegios electorales del país como pudo constatar EFE en Río de Janeiro y São Paulo, donde ejercieron su deber el actual mandatario y el aspirante de la ultraderecha brasileña.

El primero en votar fue el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien acudió a una escuela de Río de Janeiro, unos 25 minutos después de la apertura de los puestos de votación en el país.

Acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, el candidato, que busca regresar la ultraderecha al poder, afirmó que en el país la esperanza se ha convertido en miedo, por lo que hizo un llamado para que los brasileños salgan a votar, "con lluvia o con sol", para cambiar el rumbo del país.

Más o menos una hora después votó Lula en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical.

Allí destacó la dimensión de las movilizaciones durante la campaña electoral, que, según dijo, mostraron cómo el pueblo salió a la calle a "defender sus conquistas".

El líder progresista, en compañía de su esposa Rosângela 'Janja' Lula da Silva; el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y otros cinco ministros y exministros, entre otros aliados, también criticó a su rival, a quien se refirió como un "miliciano" "descalificado ética y moralmente" para gobernar el país.

Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest sitúan a Flávio Bolsonaro con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ambos permanecen en empate técnico debido al margen de error.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Kassio Nunes Marques, afirmó que la segunda vuelta transcurre "dentro de lo esperado".

De acuerdo con el último reporte de la Policía Federal, al menos 22 personas han sido detenidas este domingo por delitos electorales durante la segunda vuelta en Brasil, principalmente por casos relacionados con propaganda irregular, violación del secreto del voto y desobediencia electoral.

En una rueda de prensa, el director del organismo, Andrei Rodrigues, informó que se abrirá una investigación para el caso de una concejal del Partido de los Trabajadores (PT), formación que lidera Lula, que resultó herida la noche del sábado luego de que el vehículo en el que se transportaba durante una manifestación en Montes Claros, estado de Minas Gerais, fuera atacado con ladrillos y botellas.

En los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Paraná, cuatro de los cinco principales colegios electorales, las lluvias se registraron desde las primeras horas del día.

Aunque en Río el agua ya menguó, la lluvia puede aparecer de nuevo en la tarde y en el estados de Minas también se prevé inestabilidad durante este período.

En Paraná los aguaceros bloquearon tres carreteras y las autoridades buscan alternativas para los votantes.

En el estado de São Paulo, los comicios continúan con tranquilidad pese a que la lluvia no da tregua. Algunos municipios tuvieron que realizar cambios en los sitios de votación por los aguaceros que comenzaron en la noche del sábado y se extendieron hasta la madrugada del domingo.

Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas este domingo, en una jornada en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

"Las restricciones al acceso a la información, las presiones sobre medios y periodistas, los cuestionamientos a la distribución de la publicidad estatal y las iniciativas regulatorias en materia de radiodifusión configuran un escenario de creciente tensión para el ejercicio independiente del periodismo y la libertad de prensa", indica un informe de la SIP publicado en el marco de su Asamblea General celebrada en Bogotá.

El documento agrega que "entre las principales preocupaciones se encuentran la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria estatal, los discursos oficiales de descalificación hacia la prensa, las restricciones al acceso a fuentes gubernamentales, el hostigamiento digital y diversas iniciativas que afectan las condiciones para el ejercicio del periodismo".

La SIP indicó que la asignación de la pauta publicitaria estatal "ha sido cuestionada por su presunto uso para favorecer a medios cercanos al gobierno y limitar el apoyo a medios críticos", y que además "persisten expresiones de funcionarios gubernamentales que descalifican, estigmatizan y desacreditan públicamente a periodistas y medios de comunicación".

El informe también cita un estudio del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la estatal Universidad de Costa Rica, que denuncia presiones sobre periodistas y un incremento de la autocensura, y además recordó que Costa Rica ha experimentado un deterioro en el escalafón de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, al pasar del puesto 8 en 2022 al 36 en 2026.

Asimismo, la SIP calificó como "otro foco de preocupación" un proyecto de reforma a la Ley de Radio promovida por el gobierno, que establece nuevos cánones para el uso de frecuencias, que alcanzarían hasta el 7,73 % de los ingresos brutos para empresas de televisión y el 3,13 % para las de radio.

Los críticos de esta iniciativa sostienen que estos montos podrían afectar la viabilidad económica de algunos medios.

En su informe de este domingo la SIP además hace referencia a un decreto de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que declaró como secreto de Estado determinada información, documentos y contrataciones relacionados con tres órganos de seguridad: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Fuerza Élite.

Otro punto mencioado por la SIP, es que a finales del pasado abril el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de cinco integrantes de la Junta Directiva de Grupo Nación, empresa editora del diario La Nación, el más influyente del país.

"Según medios locales, las revocaciones formaron parte de una serie más amplia de cancelaciones de visas que también afectaron a magistrados, exdiputados, al expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y otros actores políticos e institucionales del país. Estas medidas fueron descritas por distintos sectores como parte de una escalada de presión diplomática", destacó la SIP en su informe.

Luego de diez meses fuera de su país, de donde salió para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Machado regresa tras superar unos siete bloqueos aéreos y marítimos a su retorno desde Centroamérica e islas del Caribe, según la información que ha revelado su equipo y fuentes conocedoras del asunto.

"Estoy aquí. Con ustedes", dijo este domingo en un mensaje en X y minutos después su partido, Vente Venezuela (VV), difundió imágenes de la líder opositora ingresando a una iglesia en la pintoresca localidad de Santa Rosa, estado Lara (oeste), arropada por sus seguidores. No hay detalles todavía sobre su viaje de regreso.

Instalada en los últimos meses en Panamá -país al que considera una segunda casa por haberla acogido en momentos álgidos, como cuando resguardó las actas de votación que, según la oposición, daban el triunfo a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024-, Machado llega a Venezuela decidida a encabezar la lucha por nuevas elecciones presidenciales.

La opositora, de 59 años, ha buscado el cambio político en su país desde sus inicios en 2002, cuando fundó la organización Súmate, dedicada a la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, pero solo logró convertirse en la líder máxima de la oposición en 2023, cuando arrasó en las primarias de ese año.

Siempre defendió a Estados Unidos como un aliado y apenas 12 días después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas de este país, Machado se reunió con Trump, a quien le entregó la medalla del Nobel y le expresó su deseo de volver a Venezuela.

Entonces el mandatario anunció que podría "involucrar" de alguna manera a la opositora en su plan de transición para Venezuela, pero días después el secretario de Estado, Marco Rubio, -quien es más cercano a Machado-, declaró que el liderazgo de la dirigente no era realista en ese momento para iniciar una transición.

En marzo, Machado se reunió nuevamente con Trump bajo total hermetismo y solo hasta el 5 de octubre volvió a referirse a ella como una persona "fantástica". El mandatario fue preguntado sobre si apoyaba el regreso de la líder opositora al país y se limitó a responder que "todo saldría bien".

En todo este tiempo, Washington ha estado negociando acuerdos en materia de petróleo, minería y gas con el Gobierno de Delcy Rodríguez, una relación que ha crecido al punto de calificarse mutuamente como socios y amigos, que los llevó a firmar en agosto un convenio petrolero que permite a Estados Unidos acceder a la quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca principalmente el petróleo venezolano, y no impulsar la democratización del país. Machado tardó en reaccionar a este acuerdo y solo se limitó a decirle a la Administración de Trump que sus "enemigos" están en el poder en Venezuela.

Bajo este escenario la relación Machado-Trump parece distante.

Sin embargo, Trump declaró hoy a reporteros en Washington que "es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo".

Mientras, la urgencia por elecciones de Machado no coincide con la declaración reciente de Trump en las que sostuvo que aún es "demasiado pronto" para la celebración de las mismas.

El plan de transición del mandatario contempla un proceso de negociación entre el chavismo y la oposición representada por la exdiputada Dinorah Figuera para alcanzar un acuerdo que permita convocar a comicios presidenciales en el país suramericano.

Figuera fue escogida por Estados Unidos como la líder de la delegación opositora bajo el argumento de que representa el Parlamento electo de 2015, cuando el antichavismo ganó la mayoría de curules.

Machado no forma parte del diálogo, pero manifestó en sus inicios que no obstaculizará el proceso y reiteró su disposición a negociar con Delcy Rodríguez, como ya lo había indicado hace meses durante una reunión con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir (un) cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado en febrero pasado en un encuentro virtual con medios colombianos.

Recientemente reiteró en redes sociales su disposición a negociar, lo que desató las críticas del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Durante su programa de televisión, el dirigente oficialista -uno de sus principales detractores- también se mofó de las denuncias sobre los presuntos impedimentos a la opositora para retornar y, de hecho, descartó que ella intentara regresar por las fronteras marítimas o terrestres.

Con todo, Machado se encuentra de vuelta en el país y ha reabierto el tablero político venezolano.

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la organización apuntó que entre periodistas y medios independientes "prevalece el temor y la cautela ante el fortalecimiento de la propaganda gubernamental, las presiones, el acoso y la falta de transparencia del Gobierno del presidente Nayib Bukele".

"Los profesionales que investigan casos de corrupción, derechos humanos y seguridad enfrentan riesgos particulares", según el documento, que señal que también se han documentado agresiones, detenciones arbitrarias, ciberataques y otras formas de intimidación contra periodistas y comunicadores.

Según cifras del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) citadas en su análisis por la SIP, entre enero y el 15 de julio de 2026 se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa.

Las formas más frecuentes fueron las declaraciones estigmatizantes con 68 casos, el acoso digital con 45, la difamación con 26 casos, el acoso en espacios físicos con 20, y los insultos con 13 casos.

La APES ha señalado a funcionarios de alto nivel del Ejecutivo como la principal fuente de agresiones, alertó la organización.

La situación de la libertad de prensa también se refleja en los índices internacionales, según la SIP que enfatizó que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a El Salvador en el puesto 143 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026.

El país centroamericano retrocedió 8 posiciones respecto de la medición anterior y RSF también señaló que el presidente Bukele ha declarado confidencial información pública, pese a que la libertad de expresión está protegida constitucionalmente.

En su informe la SIP resalta que los medios y periodistas también han denunciado restricciones para acceder a eventos oficiales y dificultades para obtener información pública, especialmente sobre seguridad y actuaciones gubernamentales.

Además, menciona que organizaciones de prensa denuncian que funcionarios niegan información a periodistas, limitan el acceso a conferencias y muestran mayor apertura hacia medios considerados afines al gobierno.

Las radios y los medios comunitarios enfrentan dificultades adicionales marcadas por el ahogamiento económico, el acoso técnico y la autocensura, indicó.

Según la organización, la ausencia de asesinatos recientes de periodistas no elimina otros riesgos para el ejercicio de la profesión, puesto que las amenazas, el acoso digital, la vigilancia, las restricciones de acceso, el uso abusivo de procesos judiciales y el exilio pueden limitar el ejercicio periodístico sin que exista violencia letal.

"Las críticas y cuestionamientos en las redes sociales son aplastadas por ejércitos de troles y cuentas anónimas o aparentemente afines al oficialismo, que recurren a insultos, obscenidades y amenazas contra periodistas, especialmente mujeres", alertó.

Además, apuntó que "el Gobierno ha rechazado diversas acusaciones y cuestionado la independencia o las motivaciones de medios y organizaciones críticas", lo que contrasta con los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales que describen un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo.

En conjunto, el ejercicio periodístico se desarrolla en un entorno restrictivo, marcado por la criminalización, la vigilancia, las limitaciones al acceso a la información, las presiones económicas y legales, el acoso digital y el exilio, concluye la SIP en su informe.

La presencia militar se centrará, fundamentalmente, en proteger y asegurar las instalaciones petroleras operadas por la compañía estatal argelina Sonatrach en territorio nigerino, aunque también está previsto brindar apoyo a los intereses del país vecino, con el que Argelia mantiene una estrecha relación.

Este movimiento se produce cuando se encuentra vigente un memorando de entendimiento para la cooperación militar suscrito entre ambos países en junio pasado, que incluye la seguridad fronteriza y el control migratorio.

Además, a principios de esta semana, Argelia y Níger firmaron otro documento que denominaron "protocolo militar", aunque se desconocen los detalles, ya que su contenido no se hizo público.

A finales de agosto, el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, ordenó el despliegue de aviones de combate para auxiliar a la junta militar de Níger durante lo que el Gobierno nigerino calificó como golpe de Estado fallido, tras el ataque armado a la base aérea de la capital, Niamey, y el Palacio Presidencial.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump a reporteros en Washington.

El mandatario no ofreció detalles sobre el retorno de la opositora y añadió: "Nos está yendo muy bien en Venezuela".

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

La Real Sociedad de Salvamento Marítimo de los Países Bajos (KNRM) confirmó a medios holandeses que el barco se encuentra a la deriva y que hay tres heridos.

Dos de ellos ya han sido rescatados en helicóptero por la Guardia Costera y trasladados a un hospital, aunque se desconoce la gravedad de su estado.

Medios locales han asegurado que el buque llevaba 25 tripulantes a bordo.

El barco, un buque de carga pesada y casi 150 metros de eslora que navega bajo bandera portuguesa, se está viendo arrastrado por la fuerza del viento y olas de más de 4,5 metros de altura tras el paso de dos fuertes tormentas este fin de semana.

Tres lanchas de rescate han zarpado desde puertos neerlandeses, además de un helicóptero de la Guardia Costera, una lancha de rescate alemana y un buque de salvamento, según informes citados por medios del país. También se informa de que un helicóptero ha trasladado a una enfermera de urgencias médicas al barco.

El buque, el UHL Freedom, zarpó de Polonia con destino a Alemania el pasado jueves.

La gremial periodística recordó en el documento, difundido este domingo en su 82 asamblea general que se lleva a cabo en Bogotá, los asesinatos de los periodistas Carlos Cal Ical y Lisandro López Sánchez, además del exfiscal anticorrupción Francisco Solórzano Foppa.

Cal Ical fue acribillado con arma de fuego el pasado 26 de abril en el departamento (provincia) de Alta Verapaz (norte), mientras que López Sánchez perdió la vida también a tiros el 2 de octubre en Huehuetenango (noroeste).

Por su parte, Solórzano Foppa, uno de los referentes de la lucha contra la corrupción en Guatemala, fue abatido por sicarios el 17 de octubre cuando jugaba fútbol en un centro deportivo, en un crimen que ha conmocionado al país centroamericano.

En opinión de la SIP, se han reavivado "las alarmas sobre la violencia criminal como mecanismo para silenciar a las voces críticas" en Guatemala.

La organización regional periodística también lamentó que durante el último año proliferaron las "amenazas contra integrantes de medios de comunicación, detenciones y posibles actos de criminalización, así como intentos de limitar el acceso a la información pública por parte de funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo".

Uno de los casos establecidos como bloqueos del Gobierno a la información pública tuvo lugar en el Ministerio de Economía, que decidió "modificar la información disponible" sobre las licitaciones públicas.

En el mismo sentido, la SIP recalcó que un informe semestral de la organización Red Rompe el Miedo documentó "51 casos y 73 agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación".

En la madrugada de este domingo, el juez de control del centro de justicia del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México, Ricardo Santos Dorantes, determinó que el Ministerio Público "aportó elementos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de traición a la patria".

De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, el delito de traición a la patria contempla penas que van de los 5 hasta los 40 años de prisión.

Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Jáuregui, quien permanecerá recluido en el citado penal durante el tiempo que dure el proceso y hasta que se le dicten sentencia.

Apenas el pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó de la apertura de una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción del ex fiscal general de Chihuahua.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la investigación surgió tras una reunión entre su titular, Ernestina Godoy, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien compartió información sobre presuntos "actos de corrupción" del exfiscal estatal.

Los señalamientos están relacionados con "casinos y prestanombres, sobre lo cual, la gobernadora facilitaría la información respectiva, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación", apuntó la autoridad.

La nueva indagatoria se sumó a los dos procesos penales abiertos contra Jáuregui, el de traición a la patria y otro por ejercicio ilegal del servicio público, relacionados con la participación de presuntos de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en abril pasado.

La FGR agregó que la gobernadora Campos "responsabilizó al ex fiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera".

El 19 de abril, dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de un operativo antidrogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, estado de Chihuahua.

Durante el operativo, autoridades de Chihuahua participaron en el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y según la investigación federal, lo hicieron con presencia de agentes de EE.UU. sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

El caso escaló en los últimos días con la detención y encarcelamiento de Jáuregui, quien renunció a la fiscalía estatal el 27 de abril tras reconocer fallos institucionales de información y supervisión.

"Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita", apuntó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

"Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida". añadió.

El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la privada Universidad Iberoamericana (UIA) que indicó que en México 1.338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en 2024.

Mientras que otros 7.941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

Explicó que estas cifras la UIA las recopiló a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas para desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil, publicado hace unos días.

El citado documento advierte que las cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que "carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado".

"Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación", apuntó la Iglesia católica mexicana.

Explicó que, según el reporte, el reclutamiento de un niño o un adolescente "puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza" y que las organizaciones criminales "aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro", entre otras situaciones más.

Mientras que el cuadernillo, sobre reclutamiento infantil, documenta que "incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados".

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, el diagnóstico advierte sobre las dificultades de algunos medios para acceder a funcionarios de alto rango y las denuncias de que determinados servidores públicos han recibido instrucciones de no hablar con sus periodistas.

A ello se suma el progresivo distanciamiento de las conferencias de prensa semanales del presidente panameño, José Raúl Mulino, celebrada por última vez el pasado 18 de junio.

Entre las principales preocupaciones figura la distribución de la publicidad oficial.

Los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, dos de los medios de mayor circulación nacional y tráfico digital, han denunciado un supuesto bloqueo del Gobierno central en la asignación de estos recursos, que, según sus señalamientos, favorecen a medios con líneas editoriales más afines a la Administración.

En el ámbito legislativo, el documento cuestiona el mantenimiento del artículo 539 dentro del proyecto de reforma al Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional con miras a las elecciones de 2029.

La disposición sanciona la denominada “manipulación masiva” en medios digitales con penas de prisión y, según el informe, su redacción ambigua podría dar lugar a interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas y desinformación.

Asimismo, recoge las objeciones de los gremios periodísticos a un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, que convertiría un principio de ética y autorregulación en un mecanismo sujeto a sanciones judiciales. Aunque la iniciativa regresó a primer debate, no ha sido retirada por su proponente.

Otra de las propuestas cuestionadas es el anteproyecto de ley 51, que plantea modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial.

 El informe reconoce la preocupación por los ‘deepfakes’ y la suplantación digital, pero reconoce sobre el riesgo de que estas normas se utilicen para limitar la crítica y la fiscalización de los funcionarios públicos.

La situación judicial de los medios constituye otro de los ejes del documento. La Corporación La Prensa (Corprensa) afronta actualmente 12 procesos que representan reclamaciones económicas por aproximadamente 12,5 millones de dólares, según el informe.

Entre los casos figura una demanda civil de 5,5 millones de dólares presentada en 2012 por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. Un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa y condenó al medio a pagar cinco mil dólares por daño moral, una decisión que está en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, según el informe, permanece vigente una demanda civil por calumnia e injuria presentada por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, con una compensación de 2,5 millones de dólares.

El documento también menciona una nueva querella penal presentada por el expresidente Ricardo Martinelli -asilado en Colombia desde mayo de 2025- contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez, acompañada de una reclamación civil de un millón de dólares. A esta se suman demandas de particulares y empresas.

"Ambiciono dotar a Francia de nuevo de un Ejército potente y moderno", señaló la favorita de los sondeos para las presidenciales del año próximo, que se negó también a compartir la bomba atómica.

"Toda concesión de este instrumento de soberanía y de nuestra seguridad nacional es para mí un acto de traición", dijo la líder ultraderechista, en un momento en el que el actual presidente, Emmanuel Macron, promueve ejercicios nucleares conjuntos con otros países europeos para abrir el paraguas de protección a todo el continente.

Francia, única potencia nuclear de la UE, ha abordado recientemente una inversión en defensa impulsada por Macron. Le Pen aseguró que mantendrá "esos compromisos presupuestarios".

Agregó que tener la bomba atómica "no significa querer hacer la guerra" y dijo que apuesta por "una nación de paz", lo cual no constituye "un acto de debilidad" sino "una exigencia de la razón".

"Conmigo no habrá virilidad guerrera, ni esas demostraciones al tiempo ridículas y vanas, posturas de matamoros patéticos que nos dan vergüenza", indicó.

"La sangre francesa se ha derramado demasiado a lo largo de la historia y el país necesita a todos sus hijos (...) Por ello no enviaremos a jóvenes a morir en aventuras guerreras inconsideradas o irresponsables y menos en guerras que no son las nuestras", señaló Le Pen, que recientemente anunció un recorte de la ayuda financiera a Ucrania si llega al Elíseo.

La política concluyó que Francia "volverá a la política exterior del general De Gaulle hecha de tres exigencias: independencia, equidistancia y constancia".

La acampada cumple ya cuatro semanas instalada en la capital española para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. La movilización surgió tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años.

Desde la comisión de Comunicación de la Acampada 26S indicaron a EFE que retiraron las tiendas situadas en dos calles que salen de Sol, ya que la acampada se extendió más allá de la plaza, "para no molestar a los comerciantes" de la zona, después de que muchos negocios se quejasen del daño económico por la caída de ventas provocado por la ocupación del lugar.

Mientras, los acampados trabajan en un manifiesto consensuado con las comisiones, nodos y vecindades que conforman la protesta que sea la hoja de ruta a seguir para organizar una "desacampada" gradual y acordada y trasladar la fuerza del movimiento a los barrios.

Los acampados valoran en asambleas que organizan ellos mismos desde hace más de una semana el futuro de la movilización, que debe pasar también por dar alternativas a las personas sin hogar que se encuentran en Sol.

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.

Minutos antes, había indicado en X: "Estoy aquí. Con ustedes".

Luego, el líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que la líder se encontraba en territorio venezolano.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo el opositor.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se produjo su regreso, pero su equipo indicó que en las próximas horas ofrecerán detalles.

González Urrutia anticipó que "muy pronto" él también regresar para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

"Sin periodismo no hay democracia", afirmó Gil durante la ceremonia celebrada en Bogotá, con motivo de la 82 Asamblea General de la SIP, en la que advirtió de los riesgos que afronta la profesión ante las noticias falsas, los algoritmos, las plataformas tecnológicas y la autocensura.

"La verdad sí tiene remedio. De hecho, la verdad debe tener remedio", señaló la directiva, quien defendió la necesidad de buscar y publicar información para que los ciudadanos puedan formarse un criterio propio y contribuir a construir sociedades más libres y democráticas.

Gil, que se incorporó al grupo Prisa en el año 2000 y anteriormente fue su directora financiera, sostuvo que su labor consiste en garantizar que los 1.800 periodistas de Prisa Media puedan trabajar en las mejores condiciones de libertad y exigencia, así como asegurar la financiación y rentabilidad del grupo.

La española advirtió además de la violencia contra los periodistas y de la impunidad en los crímenes cometidos contra ellos, que, según dijo, terminan silenciando no solo a las víctimas, sino también a la verdad y a la libertad de prensa.

El Premio Ejecutiva del Año reconoce a líderes de la industria de medios que, por su trayectoria, capacidad de gestión e innovación, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del sector.

Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana, cuando su aparición con indumentaria oficial desató un auténtico furor en redes sociales.

Desde entonces, en cada evento público donde se presenta, decenas de ciudadanos hacen fila para tomarse una fotografía con el pequeño canino, mientras algunos asistentes le llevan regalos e incentivos gastronómicos.

El canino fue donado hace seis meses por una pareja de adultos mayores del estado de Chihuahua (norte) que ya no podía contener la energía del animal, encontrando en la corporación federal una segunda oportunidad de vida.

"Ellos por la actividad y la energía de Comando Chihuahua ya no sabían cómo cuidarlo, lo dan en adopción y la gente se dio cuenta de que era bien recibido por todos los integrantes de la Guardia Nacional", explicó en una entrevista con EFE la sargento primero Andrea Elizabeth Vilchis, quien forma parte del equipo que acompaña al ejemplar.

A diferencia de los tradicionales pastores alemanes o belgas malinois dedicados a la detección de narcóticos o explosivos, las funciones de este chihuahua se centran en la proximidad social, asistiendo a escuelas, plazas públicas y actividades comunitarias para generar confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

En las dependencias federales opera un amplio contingente canino que suma cerca de 1.000 perros en la Secretaría de la Defensa Nacional y 300 en la Guardia Nacional, entre los cuales Comando destaca como el único ejemplar de su raza.

Debido a su fisonomía, las autoridades militares tuvieron que construirle una pista de entrenamiento adaptada especialmente a su tamaño dentro de las instalaciones del Campo Militar en la Ciudad de México.

Pese al mito sobre el temperamento nervioso atribuido a los perros de su especie, la sargento destacó que el canino es un elemento de carácter estable y sumamente sociable con personas y con otros animales.

Su rutina diaria en el cuartel comienza a las ocho de la mañana para posteriormente cumplir con un horario escolar de adiestramiento que se extiende de las nueve de la mañana a las tres de la tarde.

Para sus misiones oficiales, el cuerpo técnico confeccionó una guerrera con la misma tela del uniforme de la institución, además de un chaleco táctico, palestina con parches de cursos, gafas de protección y casco a medida.

El papel de Comando va más allá de la imagen, la Guardia Nacional busca aprovechar el impacto mediático del canino para enviar un mensaje sobre la importancia de la adopción responsable y las segundas oportunidades para las mascotas, demostrando que los animales rescatados o donados pueden desempeñarse con éxito en tareas comunitarias.

"La verdad que para la Guardia Nacional es un orgullo y estamos muy felices de que Comando Chihuahua sea parte de nosotros, además de que es muy importante fomentar las segundas oportunidades y la adopción", concluyó la sargento.

Con la disciplina de sus entrenamientos diarios y el carisma demostrado en cada una de sus apariciones públicas, Comando Chihuahua continúa cumpliendo sus labores de proximidad social en el Campo Militar, consolidándose como una figura representativa dentro del contingente canino de las fuerzas armadas mexicanas.

Un grupo de encapuchados atacó a los interventores de la opositora Lista de los Estudiantes en Pancevo, una ciudad del norte de Serbia, informó la emisora de radio 021.

En Doljevac, en el sur del país, una treintena de personas irrumpió en un colegio electoral y atacó a los presentes, señaló la cadena regional N1, aunque las autoridades indicaron que la votación no llegó a interrumpirse.

También se produjeron ataques en dos centros de votación de Nuevo Belgrado, un distrito periférico de la capital, informó el diario Danas.

Estas son las elecciones más trascendentales en Serbia desde el año 2000, cuando el líder autoritario Slobodan Milosevic perdió las elecciones y acabó dimitiendo tras las masivas protestas ciudadanas.

Aleksandar Vucic, hombre fuerte del país desde hace doce años y ministro durante los últimos años del régimen de Milosevic, se presenta de nuevo como candidato a primer ministro tras haber dimitido como presidente el pasado mes.

Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura de expertos y profesionales impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la creciente corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

La ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que cuenta con observadores repartidos por todo el país, indicó que en el 25 % de los colegios electorales se habían registrado casos de personas fotografiando sus papeletas, lo que constituiría un indicio de "amenazas al secreto del voto y de presiones a los votantes".

En general, CRTA ha contabilizado algún tipo de irregularidad en el 29 % de los 8.200 colegios electorales, como el uso indebido del aerosol indeleble que se emplea para marcar los dedos de los votantes y evitar que puedan votar dos veces.

Los serbios han acudido a votar en masa durante la mañana y, en Belgrado, podían verse colas ante los colegios electorales incluso antes de su apertura, a las 07.00 (06.00 GMT).

En ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Toronto, la afluencia ha sido enorme, según muestran los medios serbios.

En Viena, donde también reside una importante comunidad serbia, el tiempo de espera para votar llegaba a las cuatro horas, informó la prensa austríaca este domingo.

Según los cálculos de CRTA, la participación a las 16.00 alcanzaba ya el 56 %, 14 puntos porcentuales más que a esa misma hora en las elecciones de 2023, ganadas con mayoría absoluta por el partido conservador SNS de Vucic.

El récord de participación en la Serbia moderna se registró en las elecciones del año 2000, cuando acudió a votar el 75 % del electorado. Poco después cayó el régimen de Milosevic.

Muchos analistas coinciden en que una elevada participación beneficia a la candidatura opositora de los universitarios, especialmente en un escenario de resultados muy ajustados, como anticipan los sondeos.

Unos 6,4 millones de serbios pueden acudir a votar hasta las 20.00 hora local (19.00 GMT) en estas elecciones y se espera que las primeras proyecciones no oficiales de los resultados se anuncien 90 minutos después.

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la SIP señaló que los periodistas y medios de comunicación que investigan la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico afrontan condiciones especialmente difíciles.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) -coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil de Honduras-registró 60 de estas agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026, relacionadas principalmente con conflictos territoriales, movilizaciones sociales, denuncias de corrupción y actuaciones de instituciones estatales.

Asimismo, en mayo pasado el Conadeh alertó sobre amenazas, agresiones e intimidación contra comunicadores, algunas de las cuales han provocado desplazamientos forzados.

El organismo recibió 208 quejas por presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión durante 2025.

Aunque la Constitución hondureña reconoce la libertad de emitir el pensamiento sin censura previa, "persisten obstáculos para su ejercicio efectivo", indicó la SIP.

El deterioro también se refleja en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, que ubicó a Honduras en el puesto 16 de 23 países, con 35,64 puntos sobre 100, en la categoría de "alta restricción", en la que permanece desde 2023.

La SIP relacionó esta situación con la llegada al poder de Xiomara Castro (2022-2026) y la crisis política en el Parlamento.

Durante las elecciones de noviembre de 2025, C-Libre documentó "50 alertas de agresiones" contra periodistas con motivación política, atribuidas principalmente a actores estatales y políticos.

En ese contexto, la Fiscalía acusó en julio de 2026 al general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos delitos contra la libertad de prensa vinculados con la publicación "Sicarios de la verdad", difundida en mayo de 2025 por un medio militar y denunciada por periodistas como parte de una "presunta campaña de desacreditación".

En septiembre, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, decisión que su defensa apeló y solicitó el sobreseimiento definitivo.

La presión y los ataques que también se extiende a las plataformas digitales, que lo han denunciado.

Así el medio Contracorriente ha denunciado reclamos por derechos de autor contra 32 investigaciones en tres días, que provocaron la suspensión temporal de su cuenta de Instagram, mientras que el diario digital Criterio.hn reportó la eliminación de al menos 14 publicaciones por motivos similares.

De igual forma, la Red Centroamericana de Periodistas alertó en agosto sobre amenazas, vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales.

La cita denominada, 'BioSummit 2026-The World Biodiversity Summit' reunirá, del 4 al 6 de noviembre, a científicos, investigadores, autoridades, académicos, productores, empresarios y representantes de distintas organizaciones.

La agenda conectará ciencia, innovación, conocimiento ancestral y sector productivo para analizar cómo la biodiversidad puede contribuir a la seguridad hídrica, la adaptación climática, la producción de alimentos y el desarrollo económico.

Entre 1997 y 1998 hubo en Ecuador un severo fenómeno de El Niño, que ocasionó pérdidas calculadas en 2.882 millones en el país, equivalentes aproximadamente al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, recordaron este domingo los organizadores de la cita.

Subrayaron que esta experiencia refuerza la importancia de fortalecer la prevención, la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación de los ecosistemas y las actividades productivas, aún más en momentos en los que ya se sienten los efectos de El Niño.

Por ello, todas las conferencias estarán abiertas al público sin costo y con previa inscripción para ampliar el acceso al conocimiento científico, experiencias internacionales y propuestas que contribuyan a fortalecer la resiliencia del país.

La jornada inaugural abordará el estado de la biodiversidad y los desafíos globales para su conservación, así como la gobernanza ambiental y la preparación frente a los riesgos climáticos.

Entre los temas previstos figuran el monitoreo de El Niño, las alertas tempranas, la adaptación multisectorial y la protección de ecosistemas estratégicos.

El segundo día estará dedicado a la innovación científica, tecnológica, normativa y financiera aplicada a la conservación y regeneración de la biodiversidad.

Se analizarán herramientas como la inteligencia artificial aplicada a la biodiversidad, la restauración de bosques, los mercados de carbono, la medición ambiental y los desafíos regulatorios que inciden en el comercio internacional.

La tercera jornada se centrará en la producción regenerativa y su contribución a la seguridad alimentaria e hídrica, la recuperación de los suelos y la resiliencia de las actividades económicas.

Además, el 7 de noviembre se realizará una experiencia de campo que permitirá acercarse a ecosistemas estratégicos de Ecuador junto a expertos.

"La biodiversidad no es el paisaje de la economía. Es la maquinaria que la sostiene", subrayó Marcelo J. Salame, director de BioSummit 2026 y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono y Biodiversidad.

En el marco de la 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá, la SIP señaló que, transcurrido un año y medio del Gobierno encabezado por Yamandú Orsi, los medios, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin obstáculos significativos.

"No se produjeron hechos graves que afectaran de manera sustancial la libertad de expresión o el derecho a la información", puntualizó en su informe sobre Uruguay.

Más allá de esto, apuntó que algunos episodios ocurridos "merecen seguimiento por sus posibles efectos sobre el ejercicio del periodismo independiente y el debate público".

En ese sentido, recordó que en el mes de junio se generó una controversia en el marco de una entrevista que hizo El Observador a la senadora del oficialista Frente Amplio Bettiana Díaz.

"El periodista le consultó sobre una publicación de carácter personal que la legisladora había realizado previamente en redes sociales. Díaz cuestionó la pertinencia de la pregunta y sostuvo que el abordaje respondía a un sesgo de género y constituía una intromisión en su vida privada", indicó la SIP.

Añadió que este episodio "generó cuestionamientos públicos de sectores del oficialismo, organizaciones sociales cercanas al Gobierno y la Asociación de la Prensa del Uruguay respecto del abordaje realizado por el periodista durante su cobertura".

"Si bien no se produjo una medida formal de censura o restricción, este tipo de situaciones puede incidir de manera negativa en el ejercicio profesional", remarcó la SIP en su informe.

Por otro lado, detalló que la senadora oficialista Blanca Rodríguez planteó en septiembre la necesidad de penalizar lo que calificó como "discurso de odio" difundido "en las redes, en los podios y en los micrófonos".

"Uruguay contempla en su Código Penal el delito de incitación al odio, que sanciona la incitación pública al odio, desprecio o violencia contra personas por motivos relacionados, entre otros, con el color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Cualquier eventual ampliación de estas disposiciones debería analizarse a la luz de las garantías sobre libertad de expresión y de prensa reconocidas por el sistema interamericano de derechos humanos", enfatizó la SIP.

Finalmente, subrayó que a dichos episodios "se suma la situación económica que atraviesan diversos medios de comunicación, que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en el sector e inquietud sobre la sostenibilidad de la industria en momentos de disrupción causada por la inteligencia artificial".

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo González Urrutia en X al citar un mensaje de la dirigente en la misma red social.

Machado dijo previamente: "Estoy aquí. Con ustedes", sin precisar exactamente dónde.

Hasta ahora, ni ella ni su equipo han ofrecido detalles sobre su regreso. González Urrutia dijo que "muy pronto" él también regresará para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de salir de Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

“Una candidatura al puesto de mayor rango en la ONU tiene el objetivo de allanar el camino diplomático al proyecto del ‘Gran Israel’ y blanquear un genocidio sistemático”, afirmó Qalibaf en su cuenta de X.

El político iraní acompañó su publicación de una noticia de febrero de 2024 del canal France 24, en la que Nusseibeh defendía la decisión de Emiratos Árabes Unidos de mantener las relaciones diplomáticas con Israel pese a la preocupación por las víctimas y la destrucción causadas por la guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Defender lo ocurrido en Gaza es lo que figura en su currículum; el zorro está actualizando su perfil de LinkedIn para solicitar el puesto de guardián del gallinero”, añadió Qalibaf en tono irónico en referencia a la candidata.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, Nusseibeh defendió que la cooperación con Israel había permitido a Abu Dabi instalar un hospital de campaña en Gaza y otro flotante en Egipto, aunque también reclamó un alto el fuego humanitario y la solución de los dos Estados, al considerar necesario dialogar incluso con quienes mantienen posiciones contrarias.

Emiratos Árabes Unidos e Israel establecieron relaciones diplomáticas en 2020 en el marco de los Acuerdos de Abraham, promovidos por Estados Unidos, con lo que el país árabe se convirtió en el primero del golfo Pérsico en normalizar sus relaciones con el Estado hebreo.

Nusseibeh, ministra de Estado de Asuntos Exteriores y antigua embajadora ante Naciones Unidas entre 2013 y 2024, fue propuesta formalmente el 21 de octubre como candidata para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye en diciembre.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023.

"El Shin Bet notificó a la oficina del líder de Los Demócratas, el general en la reserva Yair Golán, que desde esta mañana se le proveerá seguridad por parte del Shin Bet y financiada por el Estado", anunció en un comunicado este domingo la formación de Golán.

También Yashar! ("¡Recto!" en hebreo), el partido de Gadi Eisenkot, informó en la noche del sábado que el que fuera jefe del Estado Mayor iba a recibir desde este domingo servicios de seguridad de manos de una empresa privada, dirigida y supervisada por la unidad 730 del Shin Bet.

Según el diario The Times of Israel, la inteligencia interior israelí también protegerá al candidato de Amcha Israel ("Pueblo de Israel"), el derechista Ofer Winter.

En el caso de Golán, Los Demócratas especificaron que el Shin Bet ha accedido a proveerle de protección según una decisión de seguridad "que se actualizaría según las últimas evaluaciones".

La decisión se produjo después de que un hombre en estado de embriaguez atacara a un guardaespaldas de otro de los líderes de la oposición, Naftalí Bénet, en una discusión en la que mostró su apoyo al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Este martes Israel celebra las 26ª elecciones parlamentarias de su historia, para las que los sondeos sitúan a Netanyahu como segundo en intención de voto, después de Eisenkot.

El documento destaca que en agosto pasado, durante la ceremonia de la Federación de Medios de Comunicación Social, el presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó que su gobierno “nunca será un obstáculo para los medios”, defendió la función del periodismo de escrutar al poder y condenó el hostigamiento digital, en medio de cuestionamientos sobre el carácter liberal de su administración.

No obstante, advierte el informe, la Administración de Kast comunicó que cesaría el financiamiento del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, decisión justificada mediante el ajuste fiscal que afectó a casi la totalidad de las carteras del Ejecutivo, medida que fue cuestionada por académicos y especialistas.

La discusión pendiente del proyecto conocido como "Ley Mordaza 2.0", que establece sanciones por divulgar antecedentes de investigaciones penales, genera preocupación en organizaciones periodísticas y especialistas por sus posibles efectos sobre la investigación de asuntos de interés público, trabajo que ha cumplido un rol fundamental en Chile durante los últimos años destapando casos de corrupción política, judicial y económica.

Otro foco de tensión identificado por el estudio es la propuesta legislativa que habría permitido usar obras publicadas para analizar datos sin autorización ni remuneración, posibilidad que podía incluir contenidos periodísticos destinados al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, lo que motivó el rechazo de asociaciones de prensa, televisión y derechos de autor.

Si bien la ley despachada por el Congreso en agosto no incorporó dicha disposición, la discusión podría reabrirse durante el debate que busca regular los sistemas de IA, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

De acuerdo al informe, los medios regionales seguían esperando pagos del Servicio Electoral por publicaciones de nóminas electorales realizadas en 2025, "situación que mantiene un impacto potencial sobre su sostenibilidad económica y capacidad para contribuir al pluralismo informativo y a la cobertura descentralizada".

Durante el periodo se han registrado además ataques contra periodistas y equipos de televisión y radio durante manifestaciones que evidencian riesgos en terreno, sin medidas concretas que contribuyan a su protección ni avances de proyectos de ley en esa dirección en el Congreso.

En junio pasado, recuerda el capítulo chileno del documento, la Justicia condenó a cinco años de presidio a dos exfuncionarios por interceptar ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel en 2017; seguidamente, el fiscal nacional, Ángel Valencia, emitió instrucciones para proteger fuentes confidenciales, limitar diligencias intrusivas e investigar de oficio delitos contra trabajadores de las comunicaciones.

Persisten dudas sobre la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, luego de que el Senado rechazara en mayo las designaciones para dirigir la agencia encargada de aplicarla, y el Gobierno propusiera postergar su entrada en vigor hasta diciembre de 2027, iniciativa que aún seguía en trámite al cierre del informe.

Así, investigaciones de las cadenas públicas NDR y WDR han revelado que la colíder de AfD, Alice Weidel, posiblemente estuvo al tanto mucho antes de lo admitido públicamente de unos donativos recibidos por el partido en 2017 que más tarde fueron hallados ilegales.

Cuando estalló el escándalo en 2018, Weidel, entonces una figura emergente, aseguró que no tenía conocimiento de los detalles de la financiación de las campañas electorales y que no supo de las transacciones hasta semanas después de que se hubieran producido.

Sin embargo, entre los correos filtrados ahora, figuran emails escritos por Weidel en 2017 en los que da instrucciones precisas a personas de confianza advirtiendo por adelantado de las donaciones, que comenzaron a llegar cuatro días después en 18 tramos, procedentes de Suiza y con un valor total de 132.000 euros.

En 2021 se sobreseyó la causa penal contra Weidel por una presunta infracción de la Ley de Partidos por falta de pruebas de que los donativos ilegales habían sido pactados, pero AfD tuvo que pagar una multa de 400.000 euros por no haberlos rechazado en su momento.

Por otro lado, los emails expuestos también han revelado los datos personales de miles de jóvenes votantes en la región de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste) que AfD había solicitado a las autoridades regionales antes de los recientes comicios de septiembre para enviarles publicidad electoral.

El comisionado de Protección de Datos de la región, Sebastian Schmidt, confirmó esta semana al diario Handelsblatt que ha abierto varios procedimientos para investigar si ha habido funcionarios públicos que hayan infringido la ley de protección de datos al suministrar esta información.

No obstante, de acuerdo con este medio, AfD también podría enfrentarse a multas significativas por no haber protegido mejor los datos y por no haber informado a los afectados en cuanto se produjo la filtración.

Los emails también sacan a la luz detalles sobre el viaje de siete políticos ultraderechistas, entre ellos cuatro diputados, a Siria en 2018, cuando el país se hallaba aún bajo el régimen de Bachar al Asad.

Los mensajes intercambiados en ese momento sobre el desplazamiento apuntan a que éste fue objeto de gran controversia dentro de la formación por no estar pactado con la dirección y sugieren incluso que fue organizado con la ayuda de Hizbulá y de los servicios secretos rusos.

El martes pasado AfD confirmó a EFE que "en septiembre de 2026 se produjo un ataque informático contra un proveedor de servicios de alojamiento web" de su partido, "en el que, al parecer, se copiaron ilegalmente partes de unos pocos buzones de correo electrónico".

"Este ataque se detectó y se detuvo rápidamente, y posteriormente se informó a todos los usuarios al respecto. Los buzones de correo actuales de la organización federal de AfD no se han visto afectados", precisaron las fuentes consultadas de AfD, que indicaron que hay una investigación abierta.

En un informe aprobado durante su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la SIP señaló que, aunque la prensa paraguaya muestra "avances en innovación y transformación digital", enfrenta "crecientes amenazas a su independencia y sostenibilidad", como "el uso discrecional de la publicidad estatal", el "hostigamiento judicial", la "violencia impune" contra periodistas y campañas de desinformación.

La SIP ubica su análisis en un contexto "atravesado por investigaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, tensiones políticas dentro del oficialismo y movilizaciones sociales relacionadas con el presupuesto nacional y los servicios públicos".

El documento advierte, entre otros, sobre presuntas "estructuras digitales de desinformación" -denunciadas por el diario local ABC Color-, que habrían utilizado Facebook, Instagram y anuncios de Google para difundir contenidos contra periodistas y políticos críticos al Gobierno, incluidos materiales falsos, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

El caso motivó "solicitudes de información e investigación en el Congreso y generó cuestionamientos sobre la eventual utilización de recursos públicos", advirtió la SIP.

A raíz de las denuncias sobre la supuesta 'Red Desinformante', el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) reclamó en julio pasado la destitución del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate. De igual forma, alertó "presiones" contra la Radio Cáritas para que descartara de sus redes una publicación relacionada con este caso, bajo "la amenaza -según la denuncia del medio- de retirar pauta publicitaria estatal".

Igualmente, la SIP mencionó que el presidente paraguayo, Santiago Peña, -cuyos vínculos financieros fueron objeto de revisión por parte de la prensa- cuestionó públicamente trabajos periodísticos, calificó de "extorsión" investigaciones de medios e "insinuó que periodistas podrían recibir financiamiento de organizaciones criminales", al responder a preguntas de una reportera sobre su patrimonio.

Entre los ataques a periodistas, la organización documentó el caso del comunicador César Candia, cuyo vehículo fue incendiado por un desconocido encapuchado en septiembre pasado. Asimismo, indicó que en junio pasado fueron halladas culpables dos personas por las amenazas de muerte desde perfiles falsos en redes sociales contra el periodista Carlos Benítez, cuya casa fue atacada a tiros en septiembre de 2025.

También el informe recoge la "preocupación" expresada por el gremio local en torno el proyecto de ley 'De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia' impulsado en el Senado, en relación con la "discrecionalidad" que otorga al Ejecutivo para determinar quiénes recibirían medidas de protección, lo supone un riesgo "de que el mecanismo pudiera ser utilizado de manera selectiva".

Por otra parte, la SIP reseñó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas que el Estado Paraguayo ofreció en julio pasado a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado en 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, en cumplimiento de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Prohibamos la carne de res, de cerdo y de pollo… y también las verduras, porque hay un estudio que dice que podrían ser indicadores de sufrimiento”, escribió José Andrés en su cuenta de la red social X.

José Andrés respondió a uno de los defensores de la prohibición, denominada Iniciativa 86, que rechaza el "foie gras" por considerar que se obtiene a través de una práctica cruel para los animales.

"Tenemos niños con hambre en Estados Unidos y en el mundo… acabemos con el hambre y luego hablamos", señaló el chef.

La Junta Electoral de Washington verificó el 5 de agosto las firmas necesarias para incluir la propuesta en la papeleta electoral, junto con la votación para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y otros cargos locales y estatales.

El intento de prohibición incluye la alimentación forzada de aves para agrandar su hígado y la venta comercial, distribución e importación de "foie gras" en Washington.

La campaña Pro-Animal DC fue la promotora de la iniciativa y, en caso de aprobarse, las multas irían de 1.000 a 5.000 dólares por infracción, con sanciones adicionales por cada día que continúe la violación, y podría llegar a pérdida de licencias comerciales.

"Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus brazos armados, pueden intentar provocarnos con ataques para perturbar las elecciones", afirmó Netanyahu en un vídeo difundido por su oficina y grabado en una de las baterías del sistema antimisiles de larga distancia Arrow ("Flecha" en inglés).

"No nos pongáis a prueba. Recibiréis golpes desproporcionados, mucho más fuertes de lo que imagináis. Será un golpe aplastante para vosotros. No os equivoquéis: no nos pongáis a prueba", añadió el primer ministro, que aseguró que el Ejército israelí está preparado "tanto para la defensa como para el ataque".

El sistema Arrow, desarrollado por Israel con Estados Unidos, está diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance como los que Irán ha lanzado contra territorio israelí en las últimas confrontaciones entre ambos países.

La advertencia llega a dos días de unas elecciones en las que Netanyahu, que lleva casi veinte años en el poder en total, se juega la continuidad al frente del Gobierno, teniendo su bloque una ligera desventaja en los sondeos frente al de la oposición, sin que ninguno alcance la mayoría de 61 escaños.

Esta mañana, Netanyahu ya publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía Tel Aviv sufriendo la detonación de una bomba nuclear, mostrándose nuevamente como el "único" candidato capaz de lidiar con Irán.

No es la primera vez que el primer ministro alerta de posibles ataques en vísperas de los comicios: a principios de septiembre ya aseguró que había "indicios" de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de las elecciones.

Sin embargo, según el diario Financial Times, ha sido Netanyahu quien ha presionado sin éxito a EE.UU. para retomar la ofensiva contra la República Islámica.

"Rechazamos la estigmatización de las mujeres en nombre de un dogma de otro tiempo", dijo la política, favorita de todos los sondeos para imponerse en las presidenciales de abril-mayo próximos.

En medio de un espectáculo "a la americana", que recordó en Francia a los que la campaña del conservador Nicolas Sarkozy en 2012, Le Pen desgranó algunos de los puntos principales de su ideario político, centrados en el soberanismo económico, el combate contra la inmigración y el "restablecimiento del orden".

Además de la ideología islamista, prometió también "combatir la violencia" que atribuyó a la izquierdista La Francia Insumisa, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon, aparece como su principal rival en los sondeos.

"También combatiremos el oscurantismo tecnófobo", dijo Le Pen, que encarnó en "la ecología punitiva" que "desafía el progreso" y al "derrotismo" que "anuncia cada semana el fin del mundo y sugiere, incluso, dejar de tener hijos".

Aclamada por un público enfervorecido, Le Pen aseguró que su batalla no busca "restaurar la Francia de ayer, sino construir la de mañana".

Aseguró que el estado actual del país "no es culpa de su pueblo, es culpa de sus políticos" y proclamó "una alternancia que no es un acto revolucionario" pero que consideró necesaria en la vida democrática del país.

Derrotada en la segunda vuelta de las dos últimas presidenciales por Emmanuel Macron, Le Pen acusó a este de haber dejado al país "al borde del precipicio" y propuso "rescatarlo".

"Lo proclamo aquí, en Orleans, la ciudad de Juana de Arco, que antes de ganar la batalla ganó otra, la de convencer que se podía vencer", señaló.

El informe señala que el entorno institucional se ha vuelto "progresivamente más opaco y restrictivo" debido a reformas legislativas regresivas y a barreras administrativas avaladas judicialmente.

El principal factor de este retroceso es la promulgación de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, firmada el 14 de diciembre de 2025 por la gobernadora Jenniffer González.

La nueva ley impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales, lo que dificulta los procesos para acceder a información pública, tanto para periodistas como para ciudadanos.

Establece un término de 20 días laborables para entregar información, en lugar de los 10 días previstos anteriormente, para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o que su antigüedad sea menor a tres años.

En el caso de documentos que superen las 300 páginas o los tres años de antigüedad, ese plazo aumenta a 30 días laborables y se puede extender hasta 50.

También dispone que "no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole", y exige notificar cada solicitud a los jefes de agencia, quienes determinarán si esta es "no defectuosa", entre otros requisitos.

La SIP también incidió en su informe en que se implementó una política de exclusión en La Fortaleza, sede del Ejecutivo y residencia de la gobernadora, al exigir una certificación previa del Departamento de Estado para ingresar a las conferencias de prensa.

Aunque un tribunal de primera instancia declaró inconstitucional la exigencia en febrero de 2026, el Supremo resolvió el pasado 17 de abril que el Ejecutivo puede requerir dicho carnet oficial, sentando un precedente adverso para el escrutinio de la gestión pública.

En el ámbito del discurso público, persiste un entorno de hostigamiento verbal promovido desde altas esferas del Poder Legislativo, destacando los insultos recurrentes del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contra medios y periodistas en las redes sociales.

El informe de la SIP recoge, además, que los diarios El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de imprimirse a finales de septiembre y pasaron a operar exclusivamente en formato digital, en el contexto de la acelerada transformación digital que atraviesa el ecosistema informativo.

En sus informes por país de la 82ª Asamblea General de la SIP que concluye este domingo en Bogotá, el organismo indicó que esas señales tienen que ver con "el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital".

El documento recopiló "varios episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas", como el de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, que el 15 de mayo fue empujado por un agente penitenciario, mientras que a finales de julio, Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono, al parecer por particulares, mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.

"También genera atención la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios" tras la eliminación de La Semanal, un mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas, lo que causó "inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública".

La SIP también expresó su preocupación por "disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública (...) por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades".

"A estos desafíos se suma el deterioro del ecosistema informativo digital. La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por atención y alcance con contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación", agregó el documento.

En ese sentido, apuntó que aunque la expansión de plataformas, canales y cuentas digitales ha ampliado el pluralismo informativo, "también ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas".

De otro lado, la SIP destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales al rechazar en septiembre pasado "un recurso que buscaba la eliminación de publicaciones de Diario Libre y Google LLC realizadas en 2019 sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador".

"El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. También valoró que las publicaciones daban cuenta de una investigación y no presentaban al reclamante como culpable", al tiempo que destacó la sentencia como "particularmente relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido".

Su gestión anterior en la SIP estuvo ligada a la defensa directa de la libertad de prensa. Durante los cinco años en que encabezó la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la SIP reforzó su voz en la región frente a la persecución, la censura y los asesinatos de periodistas. En ese tiempo también advirtió sobre fenómenos como la creciente ola de periodistas exiliados en la región y sobre la falta de protocolos de protección en muchos países.

En la conducción de la entidad, Jornet trabajará junto a Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. Lauría ocupa el cargo desde noviembre de 2023, cuando reemplazó a Ricardo Trotti, que había dirigido la organización desde enero de 2015. Tiene más de treinta años como periodista y ha dedicado los últimos veinte a la defensa de la libertad de expresión. Durante quince años fue director de programas regionales y responsable del área de las Américas en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y entre 2017 y 2021 dirigió el área de libertad de expresión del programa de periodismo independiente de la Fundación Open Society. Entre sus funciones como director ejecutivo está acompañar al presidente y a los voceros de la organización en sus posiciones sobre los problemas que afectan a periodistas y medios de la región. En la propia asamblea de Bogotá, Lauría participó en un panel sobre periodistas desplazados. Allí advirtió que el exilio periodístico ya no se limita a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que se ha extendido a otras naciones donde crecen las presiones políticas, judiciales y criminales contra la prensa. También ha señalado que la desinformación es una amenaza estructural para las democracias, porque impide construir una realidad compartida basada en hechos. Esa agenda coincide con la de Jornet, centrada en la sostenibilidad del periodismo y su protección.

Jornet tiene además una larga trayectoria en el gremio de la prensa argentina. Presidió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) entre 2011 y 2014. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información, supervisa los programas de responsabilidad social de La Voz y coordina su Manual de Principios, Valores y Estilo. También es autor del libro “Gestión periodística: herramientas para lograr un periodismo efectivo y de calidad”.

Sobre las prioridades de su mandato, el nuevo presidente adelantó que la sostenibilidad del periodismo será uno de los ejes centrales de su gestión, y advirtió que sin apoyo a la prensa la consecuencia sería “un acelerado deterioro democrático e institucional”.

La asamblea de Bogotá tuvo otros momentos destacados. Se conmemoraron los 30 años de “El mejor oficio del mundo”, el discurso que Gabriel García Márquez pronunció ante la SIP en 1996, y The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026.

El hombre, de 39 años, está siendo sometido a una evaluación psiquiátrica en la enfermería de la Prefectura de Policía de París, después de que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) haya suspendido temporalmente su detención preventiva por motivos de salud mental.

Los especialistas recomendaron un periodo de observación que podría prolongarse hasta 48 horas para determinar si su estado permite reanudar los interrogatorios, según informó este domingo la PNAT en un comunicado, en el que añadió que los análisis detectaron cannabis y cocaína en su organismo cuando fue detenido.

El tiroteo comenzó el viernes hacia las 10:00 hora local en Trappes y continuó en la localidad vecina de La Verrière, en el departamento de Yvelines. Según las primeras investigaciones, el sospechoso disparó ráfagas con un subfusil desde un automóvil, un pequeño utilitario, y fue detenido en la cercana Coignières tras un recorrido de unos 20 minutos.

La víctima mortal fue Pengo Bossio Wangi, de 26 años, una promesa francesa de las artes marciales mixtas en Francia, mientras que entre los cinco heridos figura una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala y resultó gravemente herida.

Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso eligió a sus víctimas por su color de piel, según informaciones de Le Monde, que también informó de que el hombre habría dicho a los investigadores que pretendía vengar a comerciantes cuyos establecimientos fueron saqueados durante los disturbios del 17 de octubre durante las protestas en favor del poder adquisitivo.

El diario añadió que los investigadores encontraron en su domicilio un ejemplar de 'Mein Kampf', de Adolf Hitler.

La PNAT investiga los hechos como asesinato e intento de asesinato en relación con una organización terrorista, con la agravante de que podrían haberse cometido por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión.

El abogado de la familia de la víctima mortal, Yassine Bouzrou, cuestionó hoy la decisión de suspender la detención preventiva y denunció diferencias en el tratamiento de los casos de violencia terrorista según la ideología atribuida a los sospechosos. "Cuando el atentado emana de la extrema derecha, la cuestión psiquiátrica se impone muy rápidamente", señaló.

"Heredé de Biden la peor inflación de la historia, y en los últimos tres meses la hemos reducido al 1,7 %", aseguró en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News.

Trump afirmó que "ahora mismo estamos construyendo más plantas automotrices en Estados Unidos que en cualquier otro momento de nuestra historia. Nos arrebataron la industria automotriz. Ahora lo estoy recuperando todo".

Estas declaraciones se producen un día después de que el presidente pronunciara un mitin en Georgia, uno de los estados en que el escaño del Senado está en juego.

"Ayer hicimos algo en Georgia que fue increíble porque Audi va a construir una de las plantas más grandes. Van a fabricar 200.000 coches al año. Están cerrando en México y Canadá. Vienen a nuestro país con una planta nueva y preciosa justo en Georgia y gastando miles de millones y miles de millones", explicó en su conexión telefónica con Fox.

"Va a ser la planta más grande del mundo", concluyó.

Este anuncio se suma a otros de carácter económico que Trump está realizando en los últimos días en estados que las encuestas marcan como dudosos o de tendencia demócrata.

Este domingo el mandatario acudirá a Michigan para participar en un mitin en un estado muy disputado en el que medidas de su política económica, como los aranceles con Canadá, están afectando a los ciudadanos.

La entidad expuso esta situación en el apartado sobre Bolivia incluido en el informe difundido en su 82 asamblea general que se celebra en Bogotá.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Esos conflictos cesaron después de que el Gobierno logró acuerdos con algunos sectores y decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos de vías que provocaron desabastecimientos de combustibles, alimentos e insumos médicos y ocasionaron millonarias pérdidas económicas.

La SIP señaló que el conflicto "tuvo un impacto directo en el ejercicio del periodismo", pues durante las protestas, periodistas y equipos de prensa "fueron agredidos tanto por manifestantes como durante operativos policiales, mientras cubrían los bloqueos y enfrentamientos".

"Los ataques incluyeron golpes, lanzamiento de piedras, hondas, dinamita y pirotecnia, así como agresiones con gases lacrimógenos y proyectiles policiales" indicó la entidad, cuyo informe detalla una decena de agresiones registradas en las regiones de La Paz y Santa Cruz entre mayo y junio.

Según la SIP, la cobertura periodística en ese contexto "se desarrolló en condiciones de particular riesgo, afectando tanto la integridad de los profesionales como el acceso de la población a información sobre una crisis con importantes consecuencias sociales y económicas".

A esta situación, se suman "presiones" estructurales que afectan la "sostenibilidad y la independencia de los medios", apunto.

La entidad mencionó la "creciente competencia" que enfrentan los medios tradicionales, sobre todo los diarios, de "personas y plataformas digitales que difunden contenidos en redes sociales sin sujetarse necesariamente a los mismos estándares de ética y responsabilidad periodística".

"La proliferación de información sin fuentes identificables y la distorsión de contenidos contribuyen a debilitar la confianza del público en el periodismo profesional", alertó.

La SIP advirtió que esta situación "se agrava por el desplazamiento" de los medios tradicionales en materia de publicidad estatal "y por la vulneración de los derechos de autor sobre contenidos producidos por periodistas y empresas periodísticas" que son reproducidos sin autorización en portales web y redes sociales.

En un contexto de crisis económica, la continuidad de algunos medios también se vio comprometida. Es el caso del diario Opinión, de Cochabamba, que suspendió su edición impresa "debido a su fragilidad financiera".

"Lamentablemente, un guardia de seguridad de una de las empresas falleció como consecuencia de un ataque con misiles en la zona industrial de Yelets", escribió en redes sociales Ígor Artamonov, el gobernador local.

Previamente, el gobernador informó de una trabajadora sanitaria herida en ese ataque.

Según medios de investigación rusos, Kiev habría atacado en Yelets una planta de la industria militar rusa, que ya fue golpeada por fuerzas ucranianas en el pasado.

Paralelamente, las autoridades de la región de Bélgorod elevaron a tres el número de civiles muertos en el ataque nocturno de Kiev.

Un gabinete de crisis que opera en esa región fronteriza denunció además que durante la jornada de hoy un dron enemigo impactó contra una ambulancia, hiriendo a tres sanitarios que se encontraban dentro.

"Hasta el momento, cuatro personas han sido rescatadas y están recibiendo atención médica en el hospital", señalaron las fuerzas de seguridad en X, tras días de operaciones de búsqueda entre los escombros realizadas por diferentes agencias.

"El Servicio Nacional de Policía sigue apoyando las labores de búsqueda y rescate en curso. Se recomienda a las familias que busquen información sobre sus seres queridos desaparecidos que se dirijan a la oficina de la Cruz Roja de Kenia", añadieron.

A última hora del viernes, el ministro keniano del Interior, Kipchumba Murkomen, cifró en siete los desaparecidos, al precisar que once locales situados en la planta baja y en el sótano del edificio estaban ocupados cuando ocurrió el colapso.

Asimismo, según el ministro, en el momento del derrumbe había 67 trabajadores de la construcción en el lugar y todos ellos fueron ya localizados: 66 de ellos ilesos y uno que resultó herido y se encuentra estable en el hospital.

El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situado en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

Diferentes medios locales reportaron varios números de plantas -desde doce hasta 18-, mientras la Policía los cifró en unas diez.

El gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, aseguró que el edificio en cuestión había recibido la aprobación para su construcción, pero no contaba con un "certificado de ocupación", y exigió castigos más duros para los constructores que violan las regulaciones.

Las autoridades desplegaron "maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas", unas operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, en inglés), la Policía, el Gobierno del condado de Nairobi y la Cruz Roja.

Mientras, las fuerzas de seguridad buscan al propietario del inmueble y han lanzado una investigación para esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad penal o negligencia.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran presuntamente el momento exacto en el que el edificio se desploma, levantando una gran humareda de polvo, si bien EFE no pudo verificar ese vídeo de manera independiente.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.

En un informe, aprobado este domingo en Bogotá durante la 82ª Asamblea General de la SIP, el organismo señala que en Argentina persisten las tensiones entre el poder político y la prensa, así como episodios de amenazas y decisiones judiciales que afectan investigaciones periodísticas.

Más allá de los insultos que el propio Milei vierte a diario contra la prensa, la SIP llama la atención sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

La SIP recoge las objeciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y advierte que la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública” o “campaña coordinada” podría generar un efecto inhibitorio sobre periodistas y medios.

El informe menciona las declaraciones del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, quien el 25 de agosto sostuvo que la Justicia debía actuar ante una publicación periodística que consideraba falsa y planteó la necesidad de una ley para castigar esas conductas, lo que luego respaldó Milei.

En cuanto al acceso a la información pública, el informe señala que continúan las controversias por las restricciones al ingreso de periodistas acreditados en la Casa Rosada y que se han denunciado limitaciones en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía.

En su documento, la SIP reseña un hecho como grave, ocurrido en septiembre en la provincia de Formosa, donde un juez condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro”, del canal La Nación+, por realizar entrevistas y filmar en la comunidad de San José.

Otro aspecto que el organismo recogió en su informe, a petición de ADEPA, es la intensidad de los ataques de Milei contra los periodistas.

Los datos aportados por ADEPA y trasladados a Bogotá apuntan a que sólo entre el 17 y el 23 de agosto pasados, el mandatario republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas.

El informe contabiliza señalamientos contra al menos 16 periodistas, con nombres y apellidos, y a nueve medios de comunicación.

Entre los hechos que recuerda la SIP y que los denunció ADEPA en su informe de septiembre pasado está el discurso que el presidente Milei impartió en una escuela de secundaria de Buenos Aires a finales de agosto, cuando provocó un "abucheo" de los estudiantes contra la prensa, lo que desató un gran escándalo en Argentina.

La 82ª Asamblea General de la SIP, que comenzó el jueves en Bogotá y concluye este domingo, reúne a representantes de medios de las Américas y España para debatir sobre libertad de prensa, inteligencia artificial, sostenibilidad económica y los desafíos del periodismo independiente.

“La democracia, nuestra soberanía, el respeto al pueblo, a los pobres, a las mujeres. La dignidad, en definitiva. Está todo en juego”, resume Lourdes, jubilada de 63 años, que lleva décadas votando al Partido de los Trabajadores (PT) desde su colegio electoral en São Bernardo do Campo, ciudad vecina a São Paulo.

Ante una posible victoria de Flávio Bolsonaro, confiesa sentir “mucho miedo” y no sabe cómo encajaría una derrota de Lula. “Me dan ganas de llorar”, admite.

Confiesa no saber qué haría si Bolsonaro llegara al poder, hasta el punto de plantearse abandonar Brasil para reunirse con su hija en el extranjero o vender su casa, comprarse una autocaravana y vivir aislada en la carretera, porque, asegura: “no voy a poder soportarlo”.

En el otro lado de la disputa, Camila, de 44 años y gerente de ventas, considera que Lula ya ha cumplido su ciclo: “Para mí, creo que ya dio” todo lo que tenía que dar, afirma.

Su principal preocupación es la inseguridad, y mientras sostiene la mano de su hija, explica que “la criminalidad es muy elevada, y eso asusta un poco”.

Después de que el senador Flávio Bolsonaro ganase la primera vuelta de las elecciones con dos puntos porcentuales sobre Lula, las encuestas apuntan a su victoria, pero con un pequeño margen que aún sostiene las esperanzas de quienes confían en la remontada del presidente.

De ganar el octogenario líder progresista, sería la primera vez en la historia democrática de Brasil en la que el vencedor de la primera vuelta no llegaría al Palacio de Planalto.

El descontento con la situación económica alimenta las expectativas de cambio de Cristiane da Silva, una contable de 52 años, que considera que una parte importante de la población está insatisfecha con el rumbo del país porque el encarecimiento de la vida dificulta cada vez más llegar a fin de mes.

“Vamos al supermercado y no podemos comprar las mismas cosas que comprábamos hace un año o hace seis meses”, lamenta, antes de reclamar una alternativa que permita salir de la polarización política, “una tercera vía”.

Denis Salgueiro, de 37 años y metalúrgico, mantiene su apoyo a Lula desde 2002 porque considera que el presidente es quien más se preocupa por los trabajadores y las personas con menos recursos.

Una convicción que también vincula con la historia de su familia: “Al igual que mi padre, que hoy está en el cielo y siempre luchó en las huelgas por mejorar las condiciones laborales y por los derechos de los trabajadores, yo también estoy aquí representándolo”.

La preocupación por los derechos de las minorías adquiere un rostro familiar en Lúcia, arquitecta de 62 años, que volverá a votar por Lula ante el temor de que Flávio Bolsonaro siga los pasos de su padre, especialmente en cuestiones que afectan a su hija, bisexual y casada con otra mujer.

Esta realidad convierte estas elecciones en algo personal para ella: “Me parece un poco falso”, dice sobre el candidato opositor, de quien cree que “seguirá la línea del padre”, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo y muy crítico con el colectivo LGTBIQ+.

"El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo: los periodistas enfrentan amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos, además de severas restricciones para desplazarse y acceder a fuentes", expresó la SIP en su informe sobre Haití.

El estudio añadió que numerosos medios han cerrado y muchos periodistas han optado por el exilio, pese a lo cual la prensa continúa desempeñando un papel esencial al informar a la población sobre las zonas de riesgo y documentar una crisis humanitaria que ha desplazado a unos 1,4 millones de personas.

Haití vive desde hace años una crisis política, económica, social y de seguridad agravada por la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

"Naciones Unidas señaló en mayo que 14 trabajadores de medios habían sido asesinados desde 2021", señaló la SIP en su informe, en el que añade que "la violencia de las bandas armadas está reduciendo drásticamente el espacio para el ejercicio del periodismo".

Una muestra de esa violencia fue el secuestro y asesinato en agosto pasado del periodista y director de la radio comunitaria Ti Boukan FM, Joseph Willard Vancol, así como el secuestro el pasado 6 de setiembre de Wesly Renaud Jean, periodista de Radio Télé Métropole, quien continúa desaparecido.

"Asimismo, sigue sin esclarecerse el paradero de los periodistas Junior Célestin y Osnel Espérance, desaparecidos desde marzo y cuya ejecución se presume", agregó el informe.

La SIP subrayó además que los fotoperiodistas Odelyn Joseph, de AP; Clarens Siffroy, de AFP; y Jonet St. Elois, colaborador de EFE, fueron agredidos el pasado 2 de septiembre cuando cubrían un funeral en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, donde fueron asesinadas en los días previos 47 personas en una matanza perpetrada por bandas armadas.

"Los reporteros gráficos fueron objeto de agresiones físicas y verbales por parte de asistentes y familiares de los fallecidos, que arremetieron contra la prensa durante la cobertura", indicó la SIP.

El organismo agregó que el deterioro de la seguridad también tiene implicaciones para el proceso electoral pues se da por descontado que las elecciones presidenciales y legislativas no podrán celebrarse el próximo 13 de diciembre, aunque la Comisión Electoral Provisional (CEP) no ha fijado una nueva fecha para los comicios.

En su informe sobre la libertad de expresión en México, la organización destacó los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla.

Además del de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, y el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado en Puebla.

La SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamó investigaciones exhaustivas que no descarten la actividad periodística como posible móvil de los crímenes.

El informe también menciona otros tres asesinatos en los que, según la información disponible, no se han identificado indicios de relación con el trabajo de las víctimas.

La organización documentó además amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información, incluido un caso en el estado de Tamaulipas donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes de un presunto derrame de petróleo.

La SIP también alertó sobre el uso de herramientas legales contra la prensa, como la denominada 'Ley Serrano', una reforma aprobada en 2025 en el central estado de San Luis Potosí que castigaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones.

La legislación, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo pasado, mientras que el Congreso estatal derogó la reforma en julio pasado.

El informe también recogió las críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el riesgo de interferencias en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones constituyan censura.

El reporte mencionó asimismo los cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas, mientras el Ejecutivo negó que buscara estigmatizarlos.

La SIP advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano.

Según la clasificación mundial de RSF de 2026, México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad.

Así se desprende del informe país de Colombia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprobado este domingo, en el que señala que la violencia contra los periodistas del país suramericano ocurre "particularmente en las regiones (provincias) y contra quienes informan sobre corrupción, orden público, criminalidad y presencia de grupos armados ilegales".

El organismo recordó que en mayo pasado fue asesinado el director del medio digital El Confidente, Mateo Pérez Rueda, cuando realizaba una cobertura periodística en una zona de disputa entre la banda criminal del Clan del Golfo y una disidencia de las FARC en el departamento de Antioquia (noroeste).

La SIP destacó que Pérez Rueda "cubría asuntos relacionados con corrupción y bandas delincuenciales".

El organismo también señaló que el periodista Cristian Herrera murió en junio pasado en Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, tras sufrir "un ataque armado de sicarios".

"Desde 2019 se desempeñaba como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en ese departamento y, desde 2025, integraba su Consejo Directivo. Pocos días después tres presuntos responsables fueron detenidos y judicializados por la fiscalía", añadió la SIP.

La SIP de Prensa manifestó asimismo que en un junio Jader Durango, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles, fue hallado muerto en una carretera del departamento caribeño de Córdoba (norte).

El 2 de octubre, entre tanto, fue encontrado sin vida "Julián Hincapié, líder y periodista comunitario de Anorí", en Antioquia.

"Había sido reportado como desaparecido tres semanas antes. En ambos casos se desconocen los móviles", prosigue el informe.

La SIP también advirtió que las amenazas contra los periodistas siguen siendo "recurrentes" y puso como ejemplo que cuatro periodistas del municipio de Apartadó, en Antioquia, fueron amenazados por supuestos miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.

Estos criminales, según afirmaron, "les exigieron detener publicaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad de ese municipio".

En total, según la FLIP, entre enero y el 1 de agosto pasado hubo 45 agresiones contra periodistas en Antioquia, "lo que convirtió a este departamento en el de mayor número de casos durante ese período".

Salvini obtuvo 465 votos frente a los 146 de Garavaglia, exministro de Turismo y actual presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, en una votación por sufragio secreto que le permitirá prolongar su liderazgo.

En su discurso previo a la votación, el líder de la Liga defendió la línea más dura del partido frente a los críticos: "Desde hace un año oigo decir que no deberíamos ser extremistas. Algunos nos miran con desdén porque formamos parte de los Patriotas. Esta UE necesita un cambio radical, es una carga enorme. Estamos aquí porque somos David contra Goliat", proclamó.

El líder de la Liga arremetió también contra "el islam político", al que calificó de "tumor de Occidente", y exigió eliminar el Pacto Verde europeo.

Sobre la guerra en Ucrania, anunció que acudirá al Consejo de Ministros para expresar la "posición clara" de su partido y rechazó que Italia siga enviando ayuda militar y económica a Kiev. "No podemos seguir mandando dinero y armas a Ucrania", advirtió.

Pese a la holgada victoria numérica, el congreso reflejó la fractura interna evidenciada por la candidatura alternativa de Garavaglia, quien compitió tras recabar "in extremis" los 80 avales necesarios.

"Me presento porque el objetivo es revertir la tendencia; necesitamos despertar", argumentó Garavaglia en su intervención previa a la votación, en la que alertó sobre el estancamiento electoral y el alejamiento de las demandas de la formación.

Frente a la línea de Salvini, el exministro defendió una Liga "pragmática y moderna" y sostuvo que la extrema derecha y el extremismo "no están en el ADN" del partido, que, recordó, mantiene posiciones de "más de izquierda" en algunas cuestiones sociales.

Salvini asumió el liderazgo de la Liga en 2013, transformando las pretensiones secesionistas de la antigua Liga Norte (fundada en los años noventa para perseguir la independencia de la Italia septentrional) en una fuerza nacionalista de extrema derecha.

Sus discursos contra la inmigración y la UE impulsaron inicialmente el crecimiento del partido, que pasó de obtener alrededor del 4 % de los votos a rozar el 18 % en las elecciones generales de 2018, cuando llegó por primera vez al Gobierno, como vicepresidente, en coalición con los populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5S).

La Liga regresó al Ejecutivo en 2022, tras la victoria de la coalición formada por Hermanos de Italia, el partido de la actual primera ministra, Giorgia Meloni; la propia formación de Salvini, y Forza Italia, liderada por Antonio Tajani.

Sin embargo, la actual Liga está muy lejos de la fuerza que tenía hace apenas unos años y los últimos sondeos la sitúan como séptima en intención de voto, en torno al 5,6 %.

Salvini se ha visto superado por su aliada y primera ministra, Meloni, y también por la irrupción de la nueva formación ultra italiana, Futuro Nacional, del general Roberto Vannacci, a quien él mismo apadrinó y dio un escaño en el Parlamento Europeo en 2024.

"Cientos de miles de personas llegaron a España hace un mes. Dije: ´Oh, eso va a ser un problema´", aseguró el mandatario en una entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News.

Trump, que está inmerso en una gira de campaña para intentar revertir los malos datos que las encuestas auguran a los republicanos en los comicios, destacó la buena situación de Estados Unidos en asuntos de seguridad y migratorios, gracias a su gestión al frente de la Casa Blanca.

"Era un mal país hace dos años. Era un país inseguro. Ahora tenemos las cifras más bajas de delincuencia registradas en los últimos 100 años, y eso a pesar de que dejaron entrar a muchos criminales, y eran cantidades absolutamente enormes de personas", afirmó.

En este punto, Trump recurrió a la comparación con lo que ocurrió en España en agosto durante la crisis de Ceuta, tras entrar decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026.

"Si yo estuviera dirigiendo un país sudamericano o cualquier país, también vinieron de toda África, sería diferente. Ahora mira lo que le están haciendo a Europa. Mira España", afirmó.

Acto seguido, el mandatario se refirió a los altercados que sufre Francia estos últimos días y aseguró: "las personas que están causando los problemas son personas que odian España y odian Francia y odian Italia".

Trump contrapuso lo que ocurre estos días en Francia con su política migratoria y recordó que, cuando conoció a Macron, le dijo: "estás destruyendo Francia. Estás dejando entrar gente que odia tu país".

El presidente intervino este domingo en el programa de Fox News antes de dirigirse a Michigan, donde dará un mitin, un día después de que el expresidente Barack Obama también acudiera a este estado en un acto de campaña de apoyo al candidato a senador Abdul El-Sayed.

"Soy ciudadana brasileña y mientras esté viva y pueda andar, voy a votar", afirmó la anciana a EFE tras cumplir con su deber ciudadano en el colegio Nossa Senhora Auxiliadora, en Manaos, la principal ciudad de la Amazonía brasileña.

Este domingo el país suramericano define quien será el jefe de Estado por los próximos cuatro años, si el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, o el opositor Flávio Bolsonaro, que busca que la ultraderecha vuelva al poder.

Vestida con una camiseta rosa del Flamengo, con pantaloneta negra y sandalias, María José salió temprano de su casa acompañada por su sobrina Keilah Fonseca, debido a las dificultades que tiene para caminar.

Fue de las primeras en llegar al lugar, donde pudo ejercer su voto sin tumultos y con tranquilidad, en medio de la humedad que se condensa con el calor típico de la zona selvática.

Fonseca hace parte de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Quilombolas, que agrupa a descendientes de personas esclavizadas que conservaron tradiciones y formas de organización propias.

Ella y su tía pertenecen a la comunidad de São Benedito, el primer quilombo urbano de la Amazonía y el segundo de Brasil, reconocido oficialmente en 2013, durante el Gobierno de Dilma Rousseff.

El quilombo reúne a 145 familias descendientes de Maria Severa Nascimento Fonseca, una mujer esclavizada que migró a Manaos desde Alcântara, en el estado brasileño de Maranhão, a finales del siglo XIX.

Fue con ella que llegó la devoción a São Benedito, considerado el santo protector de las personas esclavizadas, que dio el nombre a la comunidad y cuya imagen, de más de 200 años y talla en madera, se conserva en la capilla del lugar.

Unos 158 millones de personas fueron convocadas a votar este domingo en Brasil, donde el voto es obligatorio para los ciudadanos entre los 18 y 69 años, pero opcional para los mayores de 70.

La abstención en ese grupo etario ronda el 50 %, frente a cerca del 20 % entre los jóvenes de 16 y 17 años, que también están exentos de la obligación de votar.

En el estado de Amazonas hay más de 400.000 electores de 60 años o más habilitados para votar.

Los últimos sondeos divulgados la víspera daban como ganador a Bolsonaro con el 51 % de los votos válidos, frente a un 49 % de Lula, aunque por el margen de error ambos candidatos están en empate técnico.

En la primera vuelta salió victorioso Bolsonaro con el 47 % de los votos, mientras Lula obtuvo un 45 %.

"Macron y su Gobierno han decidido dar un paso más en la deriva autoritaria. Prohíben nuestras manifestaciones, imponen toques de queda y cierran los centros de las ciudades a los manifestantes", afirmó el colectivo de los 'chalecos amarillos' en un comunicado.

"Haremos oír nuestras cacerolas y sartenes bajo las ventanas de los parlamentarios", aseguraron.

La coordinación de los 'chalecos amarillos', cuyas movilizaciones sacudieron Francia en otoño de 2018, durante el primer mandato de Macron, también llamó a extender esa acción ante los ayuntamientos en protesta por las restricciones a las manifestaciones y toques de queda parciales en algunas ciudades tras los disturbios y saqueos registrados en las protestas del 17 de octubre.

Estas movilizaciones se enmarcan en una ola de protestas iniciadas en septiembre por los estudiantes de institutos para reclamar, entre otras cosas, mejoras en sus centros y en la educación, a la que se sumaron después los universitarios, así como los sindicatos y los 'chalecos amarillos', que añadieron sus reivindicaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos en general.

Los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre Macron.

Para tratar de desactivarla, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne mañana, lunes, a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios.

"Si no se abre el paso, los hijos de la provincia de Maysan se verán obligados a adoptar la desobediencia civil en todos los lugares y se desconectará la provincia de todo Irak", dijo en un discurso aplaudido por cientos de manifestantes que han salido a las calles para denunciar el impacto económico del cierre del cruce.

Dair dio al Gobierno iraquí hasta el jueves para revertir esta decisión, en un momento en el que los manifestantes de Maysan están bloqueando carreteras vitales para el transporte de petróleo para exigir la reapertura de Al Shib, cuyo cierre ha provocado una considerable subida de los precios de los alimentos y otros productos.

El funcionario alegó que este es el único enlace entre Maysan e Irán, del que unas 4.000 familias dependen para subsistir, al tiempo que acusó al Gobierno central de no apoyar el sector industrial ni el agrícola de esta provincia rica en gas y petróleo.

La semana pasada, Irán denunció que el país vecino cerró el cruce sin previo aviso, a lo que Bagdad respondió que la medida se implementó para "elevar la preparación técnica y logística" del paso, un punto de tránsito vital para el comercio entre los dos países y que Teherán usa aún más debido al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Sin embargo, la Embajada iraní en Irak rechazó el viernes las "falsas afirmaciones" lanzadas por uno de los asesores del primer ministro iraquí, Abdelamir Taiban, que aseguró que el cierre del paso estaba relacionado con "la propagación de drogas y moneda falsificada".

El Gobierno iraquí ya cerró temporalmente a mediados de septiembre Al Shib y el cruce de Shalamcheh, también fronterizo con Irán, después de que Arabia Saudí denunciara que sus instalaciones petroleras habían sido atacadas desde Irak, donde operan milicias proiraníes que han golpeado a los países del golfo Pérsico durante la guerra.

Irak, aliado clave tanto de Irán como de Estados Unidos, está tratando de equilibrar sus relaciones entre ambos países en guerra desde finales de febrero, pero Washington ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo de Ali al Zaidi para alejarlo de la influencia de Teherán.

"La libertad de prensa continúa condicionada por un entramado de restricciones legales, censura digital, hostigamiento y actuaciones de organismos de seguridad que limitan el ejercicio del periodismo independiente", dijo la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.

La organización, que concluye este domingo en Bogotá, Colombia, su 82ª Asamblea anual, destacó que aunque durante el período se registraron "algunos avances" como la liberación o el sobreseimiento de causas contra periodistas que estaban judicializados o el levantamiento parcial de los bloqueos digitales de medios, todavía "persisten mecanismos de control y persecución que afectan el acceso a la información":

"Los aparatos de control y persecución -la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpos policiales y otros organismos de seguridad- permanecen intactos", remarcó la SIP.

Dichos organismos, indicó la organización, continúan "impidiendo y obstaculizando el trabajo periodístico, tanto en las coberturas de calle como en el acceso a fuentes y el registro de hechos de interés público", aunque resaltó que hay una "mayor moderación en sus actuaciones".

En ese sentido, detalló que las retenciones de periodistas por parte de cuerpos policiales son breves y que "en varios casos documentados, los equipos de trabajo no son confiscados de forma permanente ni se exige el borrado sistemático de material periodístico".

Asimismo, señaló que el proceso de diálogo que se desarrolla entre el Gobierno y un sector de la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, está generando expectativas de resultados concretos, pero, a su juicio, "persiste la cautela ante la vigencia de la arquitectura legal represiva y de los organismos de inteligencia".

"Cualquier avance parcial -como desbloqueos selectivos, detenciones de corta duración o declaraciones de apertura- seguirá siendo frágil mientras no se traduzca en reformas jurídicas vinculantes, restitución plena de bienes y frecuencias y desmantelamiento efectivo de las prácticas de hostigamiento", advirtió.

El levantamiento de los bloqueos a medios llegó en septiembre en medio de la segunda ronda del diálogo político que se centraba en la discusión de medidas para la libertad de expresión, con denuncias de censura desde hace más de una década.

Según la ONG VE sin Filtro, hasta el 7 de octubre 143 dominios seguían bloqueados en al menos un proveedor y 24 sitios de noticias activos permanecían restringidos.

En el informe del año pasado, la SIP denunció que en Venezuela habían 80 páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos.

Entre los portales de noticias que fueron desbloqueados este año se encuentra la Agencia EFE, los medios colombianos Semana y El Tiempo, y otros.

"En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS PACÍFICO’ y alias ‘OCHENTA’ o ‘MURILLO’, dos de sus principales cabecillas", expresó De la Espriella en X.

La operación fue ejecutada en la madrugada del pasado 22 de octubre y fue el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano, en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados.

El mandatario señaló que en la operación realizada en El Tambo fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, así como las autoridades hallaron un campamento con una capacidad para albergar a unos 25 guerrilleros.

"Con este resultado debilitamos la cadena de mando, la capacidad de combate y las estructuras criminales que pretenden controlar territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano. ¡QUE LO ENTIENDAN LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A RETROCEDER NI UN CENTÍMETRO EN LA DEFENSA DE COLOMBIA!", expresó el presidente.

La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo bombardeo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los 10 muertos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo llevado a cabo en la región de Catatumbo dejó como resultado una adolescente de 16 años fallecida.

“Durante el periodo, la libertad de prensa estuvo marcada por avances institucionales y por persistentes amenazas y restricciones al ejercicio periodístico. En el ámbito judicial se registraron decisiones relevantes para la protección de la crítica pública y la rendición de cuentas, mientras continuaron las agresiones contra periodistas, acciones judiciales contra medios, conflictos laborales y denuncias sobre presiones vinculadas a la pauta estatal y estructuras digitales de desinformación. El contexto estuvo además atravesado por investigaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, tensiones políticas dentro del oficialismo y movilizaciones sociales relacionadas con el presupuesto nacional y los servicios públicos.

En el ámbito político, de cara a las elecciones municipales, el gobernante Partido Colorado (ANR) buscó consolidar su presencia territorial, mientras se registraron diferencias entre figuras de su dirigencia, entre ellas el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el expresidente y actual titular del partido, Horacio Cartes. El opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por su parte, avanzó en un proceso de renovación interna y búsqueda de alianzas. Estas dinámicas tuvieron repercusiones en el debate público y en la relación entre autoridades y medios de comunicación.

En las elecciones municipales del 4 de octubre, Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, derrotó por estrecho margen al oficialista Camilo Pérez (ANR), devolviendo a la oposición el gobierno de la capital tras siete años. Durante el periodo electoral, el presidente Peña expresó públicamente su apoyo al candidato oficialista, lo que generó cuestionamientos por una posible violación de las normas sobre propaganda electoral.

En el ámbito económico y social, aunque se mantuvieron indicadores de crecimiento macroeconómico, persistieron dificultades en el consumo interno, el empleo formal y las condiciones laborales. En el sector de medios, la crisis del modelo publicitario tradicional continuó afectando el empleo y los salarios, mientras los trabajadores de prensa reclamaron el cumplimiento de convenios colectivos. A ello se sumaron protestas de los sectores de salud y educación pública durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La crisis del Instituto de Previsión Social (IPS), marcada por el desabastecimiento de medicamentos y problemas administrativos y financieros, motivó investigaciones oficiales y periodísticas. La Contraloría examinó presuntas operaciones vinculadas a ueno Bank y dos expresidentes del IPS fueron imputados. La prensa también investigó los vínculos financieros del presidente Peña con el grupo: mantuvo acciones en ueno Holding hasta marzo de 2025 y, según investigaciones periodísticas, un crédito de US$300.000 de ueno Bank habría financiado parte de su casa de verano. Estas revelaciones provocaron cuestionamientos y exigencias de transparencia, poniendo de relieve el papel fiscalizador del periodismo de investigación.

En materia de libertad de prensa, el periodismo de investigación enfrentó amenazas y agresiones, particularmente en zonas de frontera, así como acciones judiciales que medios y organizaciones gremiales consideran mecanismos de censura indirecta. También surgieron denuncias sobre nuevas modalidades de hostigamiento digital y una estructura de desinformación que habría utilizado redes sociales y publicidad digital para desacreditar a periodistas, medios y otras voces críticas.

En abril, un Tribunal de Apelación Penal anuló por unanimidad la condena que pesaba sobre la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, quienes habían sido condenados en 2022 por difamación a raíz de publicaciones sobre la gestión de la exviceministra de Tributación Marta González Ayala en relación con el sistema informático Marangatú. Los magistrados determinaron que la sentencia de primera instancia carecía de debida fundamentación, presentaba vicios formales insubsanables y afectaba el derecho constitucional a la información y a la crítica de la gestión pública. La decisión implicó la nulidad de la sentencia y el reenvío de la causa a un nuevo juicio oral, sin pronunciarse sobre el fondo de la acusación.

Ese mismo mes, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) manifestó su preocupación por el proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”, impulsado en el Senado. El gremio cuestionó la discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior para determinar quiénes recibirían medidas de protección y advirtió sobre el riesgo de que el mecanismo pudiera ser utilizado de manera selectiva.

En mayo, la Red de Mujeres Periodistas del Paraguay cuestionó las declaraciones del presidente Peña contra la periodista Mariela Fretes, de ABC Color, después de que esta le formulara preguntas sobre su patrimonio. El mandatario insinuó que periodistas podrían recibir financiamiento de organizaciones criminales y planteó revisar los ingresos de la comunicadora. Posteriormente, en el contexto de las investigaciones sobre una estructura digital de desinformación y perfiles falsos dirigidos contra críticos del oficialismo, también cuestionó públicamente trabajos periodísticos y calificó de “extorsión” determinadas investigaciones. Estas declaraciones fueron cuestionadas por organizaciones de periodistas.

En junio, el Tribunal de Apelación Penal ratificó el rechazo de una garantía constitucional de hábeas data promovida por el empresario Iván Pergher Brunetta contra Última Hora. El accionante buscaba que el medio modificara o eliminara de su sitio web un artículo publicado en 2015 sobre un proceso judicial en su contra, en el que posteriormente obtuvo el sobreseimiento. El tribunal consideró que la pretensión buscaba establecer un “derecho al olvido” que no está reconocido en el ordenamiento jurídico paraguayo.

También en junio, la FIFA notificó a Editorial Azeta S.A. (Grupo ABC Color) y a Radio Cardinal AM la revocación de las credenciales de prensa del relator deportivo Jorge “Chipi” Vera para el Mundial de Fútbol 2026. La medida fue adoptada por comentarios realizados por el comunicador sobre autoridades del fútbol durante un partido de la selección paraguaya. El SPP y el Círculo de Periodistas Deportivos cuestionaron la decisión por considerarla desproporcionada y contraria a la libertad de opinión y al derecho al trabajo. Vera reconoció sus expresiones y presentó una rectificación, pero la FIFA mantuvo la medida.

En junio, una causa por amenazas y amedrentamiento contra el periodista Carlos Benítez concluyó con la condena de Zully Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos. Ambas fueron halladas culpables de las amenazas de muerte dirigidas mediante perfiles falsos en redes sociales contra el conductor del programa radial El Observador, de Radio Ñandutí. La investigación vinculó el hostigamiento y un ataque a balazos contra la vivienda del periodista con sus publicaciones sobre la denominada “mafia de los pagarés”.

Ese mismo mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del exgerente de prensa de los canales del Grupo Albavisión (SNT y C9N), Carlos Granada, y dejó firme su condena a 10 años de prisión por coacción, coacción y acoso sexuales contra varias trabajadoras de prensa. La decisión ratificó las sentencias de las instancias anteriores y constituye un antecedente judicial relevante en materia de violencia de género y abuso de poder en espacios laborales de medios de comunicación.

En julio, la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público dispusieron una investigación por presunto abuso de autoridad contra agentes de la Comisaría 3.ª Metropolitana, tras la agresión sufrida por el periodista jubilado de Última Hora, Lorenzo Villalba. El comunicador fue golpeado y esposado mientras registraba con su teléfono el arresto de un sospechoso durante la cobertura de un incendio en una discoteca de Asunción. El SPP cuestionó el uso de la fuerza y el intento de impedir el registro periodístico del procedimiento.

También en julio, el SPP reclamó la destitución del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, a raíz de investigaciones de ABC Color sobre una estructura denominada “La Red Desinformante”. Según las publicaciones, la red habría operado para desacreditar a periodistas y críticos del gobierno y podría haber recibido financiamiento público. Villate cuestionó públicamente al periodista Leonardo Gómez, de ABC Color, utilizando expresiones de carácter político. El SPP y organizaciones internacionales de periodistas expresaron preocupación por estos hechos y por los discursos dirigidos contra comunicadores.

En ese mismo contexto, el SPP denunció que Radio Cáritas 680 AM habría recibido presiones para retirar de sus redes sociales una publicación relacionada con la investigación de ABC Color sobre la denominada “Red Desinformante”. Según la denuncia, la presión habría incluido la amenaza de retirar pauta publicitaria estatal. El caso planteó nuevamente cuestionamientos sobre el uso de la publicidad oficial y su eventual incidencia en la independencia editorial.

En julio también se conocieron evidencias obtenidas del teléfono de Saúl Humberto Ruiz Gauto, detenido en una investigación por amenazas contra el comunicador radial Aníbal Gómez Caballero, de Pedro Juan Caballero. La pericia identificó conversaciones con el diputado por Amambay Santiago Benítez relacionadas con la comercialización de armas y municiones, en fechas coincidentes con el período del hostigamiento al periodista. Benítez reconoció las comunicaciones y señaló que buscaba armamento para reforzar su seguridad personal debido a la situación en la frontera.

Asimismo, en julio el Estado paraguayo realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado en 1991 en Pedro Juan Caballero, en cumplimiento de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia de Asunción y contó con la participación de autoridades, familiares y representantes del gremio periodístico. La familia y el SPP reclamaron, entre otras medidas, la aprobación de una ley de protección integral y la conformación del grupo de trabajo dispuesto por la sentencia internacional para investigar los asesinatos de 22 trabajadores de prensa que permanecen impunes.

En agosto, trabajadores de prensa nucleados en el SPP realizaron movilizaciones ante la negativa de varios medios a aplicar el reajuste salarial del 5% establecido en el contrato colectivo. Las protestas se realizaron frente a sedes de Última Hora y ABC Color y recibieron el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). El gremio vinculó el conflicto salarial con las condiciones de sostenibilidad del ejercicio periodístico.

En septiembre se registraron nuevos avances en la investigación sobre la página “Despierta Paraguay” (Despierta PY), vinculada a la estructura denominada “Red Desinformante”. Una pericia informática privada realizada sobre un teléfono entregado voluntariamente en el marco de una conciliación judicial aportó información sobre la administración y funcionamiento de la estructura digital. Las evidencias fueron relacionadas con directivos de la agencia Azafrán S.A. y con personas vinculadas al actual gobierno. Organizaciones gremiales y juristas solicitaron que el Ministerio Público determine si hubo utilización de fondos públicos para financiar publicidad digital destinada a desacreditar a periodistas y medios.

Las investigaciones periodísticas describieron una estructura que habría utilizado Facebook, Instagram y anuncios de Google para difundir contenidos contra periodistas y medios críticos, incluidos contenidos falsos o manipulados y material generado mediante inteligencia artificial. El caso motivó solicitudes de información e investigación en el Congreso y generó cuestionamientos sobre la eventual utilización de recursos públicos y la posible responsabilidad de funcionarios o terceros. La investigación de ABC Color atribuyó a la estructura un volumen significativo de publicidad digital y ataques dirigidos contra medios y periodistas, aunque estas conclusiones corresponden a la investigación periodística y continúan siendo objeto de cuestionamientos e indagaciones institucionales.

En septiembre, Editorial Azeta S.A. (Grupo ABC Color) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra decisiones judiciales que ordenaron eliminar de sus plataformas digitales cuatro publicaciones periodísticas de 2013 a 2015. La controversia se originó en una acción de hábeas data promovida por el empresario Estanislao Franco de Oliveira, conocido como “Chilao”, quien alegó afectación a su honor y reputación. Las decisiones de primera y segunda instancia ordenaron la supresión de los archivos históricos. El medio sostuvo que las resoluciones constituyen una forma de censura judicial indirecta y vulneran garantías constitucionales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al cierre del período, la acción se encontraba ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

También en septiembre, funcionarios de la Municipalidad de Fernando de la Mora fueron denunciados por agresiones y amedrentamiento contra vecinos y periodistas. Las denuncias surgieron después de que vecinos y comerciantes instalaran carteles para cuestionar el estado de las calles. Según las denuncias, se produjeron amenazas de multas, dificultades administrativas y fiscalizaciones. Un equipo de Nación Media, integrado por periodistas de GEN y Universo 970 AM, también denunció obstrucciones durante la cobertura. El camarógrafo Rodrigo Benítez afirmó haber sido agredido e impedido de registrar imágenes dentro de la municipalidad.

En septiembre, el Tribunal de Sentencia condenó al exsenador Hernán Rivas a ocho años de prisión tras determinar que utilizó un título de abogado falso. El caso había sido impulsado por investigaciones periodísticas que cuestionaron la autenticidad de sus antecedentes académicos y su ejercicio de funciones públicas, incluida la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La sentencia fue considerada relevante por el impacto institucional del caso y por el papel de las investigaciones periodísticas en su exposición.

En septiembre fue incendiado el vehículo del periodista César Candia, corresponsal de SNT y C9N en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, y administrador del medio digital Noticias al Día. Imágenes de circuito cerrado muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, estacionado frente a la vivienda del periodista, rociándolo con un líquido inflamable y provocando el incendio. El SPP exigió una investigación, medidas de seguridad para el periodista y su familia y avances en el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El fiscal Néstor Narváez solicitó formalmente el refuerzo de las medidas de seguridad para Candia y su familia.

En septiembre, el Senado aprobó sin debate una declaración sobre la demora de la Corte Suprema en resolver una recusación en el caso Banco Atlas-Conmebol. Un posterior intento de reconsideración, ante posibles cuestionamientos constitucionales, no prosperó por falta de quórum. Organizaciones de prensa han expresado preocupación por las acciones judiciales contra Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, propietario de ABC Color, ante la posibilidad de que constituyan mecanismos de presión indirecta sobre el medio.

En octubre, la Fiscalía solicitó desestimar una denuncia de Banco Atlas contra la empresa tecnológica Itti por presunto sabotaje informático y tentativa de extorsión, pese a la existencia de un peritaje fiscal que identificó posibles irregularidades en el sistema informático del banco.

También en octubre, investigaciones de ABC Color y Última Hora difundieron un informe técnico del Banco Central del Paraguay que advertía sobre posibles incumplimientos de límites regulatorios y condiciones crediticias cuestionadas en operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas. Según las publicaciones, la entidad administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos y del IPS. Las revelaciones motivaron pedidos de información en el Senado y plantearon interrogantes sobre la supervisión bancaria y el manejo de recursos públicos.

La prensa paraguaya muestra avances en innovación y transformación digital, pero enfrenta crecientes amenazas a su independencia y sostenibilidad, como el uso discrecional de la publicidad estatal, el hostigamiento judicial, la violencia impune contra periodistas y las campañas de desinformación y acoso digital. Ante esta situación, se reclama transparencia en la pauta oficial, medidas contra demandas intimidatorias, garantías de acceso a la información pública y modelos de negocio diversificados para fortalecer la independencia financiera de los medios.

Antes de comenzar la marcha, a la que acudieron unos 30.000 manifestantes según la Delegación del Gobierno en Madrid, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que también asistió, cifró en 15.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad española norteafricana, lo que representa el 20 % de su población habitual.

El Gobierno español, por su parte, estimó en septiembre la cantidad de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada de más de 72.000 migrantes desde Marruecos en alrededor de 10.000, y en más de 12.000 los que volvieron a Marruecos desde el 10 de agosto.

Vivas aseguró en la manifestación que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "podía haber empleado todos los medios y capacidades para que Ceuta volviera inmediatamente a la normalidad y no lo hizo".

"Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que un presidente del Gobierno que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, mientras decía esto se iba de vacaciones. Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", denunció.

Maxi Lacasa, una de las portavoces de las mujeres 'caballas', que viajaron hasta Madrid desde Ceuta denunció que solo haya "dos guardias civiles custodiando la frontera" de Ceuta con Marruecos, por donde, aseguró en declaraciones a EFE, "sigue pasando gente".

Entre las reivindicaciones de las manifestantes destacaron el refuerzo de las fronteras, tanto terrestres como marítimas, con efectivos humanos y tecnológicos, la aprobación de un real decreto ley con medidas extraordinarias para Ceuta y la "inmediata devolución o retorno de quienes entraron ilegalmente".

También pidieron, tanto al Gobierno español como a la Unión Europea, equipamiento, cooperación operativa e implicación efectiva en unas fronteras que "también son europeas".

Algo que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió en septiembre en Bruselas al pedir un "mejor encaje" de Ceuta y Melilla en la Unión Europea, una mayor presencia de las agencias europeas relacionadas con las fronteras, la entrada de ambas ciudades autónomas en la Unión Aduanera y que cuenten con representación fija en el Comité de Regiones de la UE.

Los manifestantes siguieron la marcha al grito de "un caballa nunca se rinde", "Ceuta es España", "expulsión, expulsión" o "Pedro Sánchez, hijo de puta" hasta las inmediaciones del Congreso, donde algunas mujeres ceutíes leyeron manifiestos junto al presidente de la ciudad autónoma.

"Ninguna mujer debería cambiar su forma de vestir por miedo. Yo quiero ponerme lo que me apetezca sin pensar en las miradas que voy a soportar. Y anhelo volver a llevar al cuello la medalla de mi abuela, que por seguridad me tuve que quitar", dijo una de las manifestantes.

Asimismo, las mujeres denunciaron que los parques infantiles estén ocupados por "personas durmiendo en ellos" o el "olor a orina y heces" que desprenden las instalaciones, por lo que piden un aumento de la presencia del Estado y de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, piden también un estatus específico para Ceuta y Melilla en la Unión Europea "con un tratamiento similar al de las regiones ultraperiféricas", que tenga en cuenta "sus singularidades".

El líder del principal partido de la oposición, el ultraderechista Chega, André Ventura, defendió en un mensaje publicado en su cuenta de X la actuación policial, asegurando que "la Policía ha tenido mucha paciencia con esta gente acampada en las plazas. ¡Demasiada paciencia, incluso!".

No obstante, criticó la postura adoptada por el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), a quien acusó de "esconderse".

"Luís Montenegro se ha estado escondiendo, el PSD (su formación política) se ha estado escondiendo y esta es una causa más por la que el país está completamente a la deriva", aseguró el líder ultra, quien dijo que el Gobierno debería salir públicamente a apoyar a la Policía.

Por su parte, el líder del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, convocó una rueda de prensa este domingo para exigir al Ejecutivo una "explicación exhaustiva" sobre la actuación policial en las acampadas, y defendió que la solución al problema de la vivienda "es política, nunca policial".

Montenegro, afirmó Carneiro, "no puede, con su silencio, seguir enfrentando a la policía con los ciudadanos y a los ciudadanos con la policía".

Si bien el Ejecutivo no se ha pronunciado por el momento sobre la operación policial, sí lo ha hecho uno de los partidos de la coalición de Gobierno, el PSD, cuyo portavoz, Sebastião Bugalho, defendió la "proporcionalidad" de la actuación, que se dio "dentro del marco legal que se supone que debe aplicarse para proteger el derecho a la manifestación".

La intervención de la Policía ha motivado este domingo críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional o SOS Racismo, mientras que otros partidos de izquierda también han denunciado el uso excesivo de fuerza.

El movimiento por la vivienda, por su parte, ha convocado para este domingo concentraciones en Lisboa y Oporto para rechazar la violencia policial, y otra protesta el martes frente al Parlamento, donde se empezará a debatir la propuesta de presupuestos del Estado para 2027.

La Policía lanzó una operación simultánea en ambas ciudades a las 2.00 hora local (misma hora GMT) con la que desalojó las acampadas. Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son más de 20 los heridos.

La presentación tendrá lugar en Luján, situada a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde nació y creció el músico y que alberga el santuario nacional dedicado a la Virgen de Luján, patrona de Argentina.

Según un comunicado difundido este domingo por el artista, Pereyra interpretará, entre otros temas, 'Si No Es Contigo', su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.

La participación del artista en la misa papal volverá a vincular su trayectoria musical con la fe, en una convocatoria que conecta uno de los primeros hitos internacionales de su carrera con su historia personal y sus raíces argentinas.

Con esta presentación, Pereyra volverá a cantar ante un pontífice, 26 años después de su actuación frente a Juan Pablo II en Roma.

En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, Pereyra fue elegido representante de la juventud latinoamericana para actuar durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo de ese año.

Argentina será la segunda etapa de la primera gira latinoamericana del pontífice. León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, viajará a Córdoba el día 10 y concluirá su visita al país el 11 con una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice ha retomado su agenda habitual y ha celebrado el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 hora local (04:00 GMT) en la zona de Kanga, en la carretera que une la capital, Nairobi, con la ciudad costera de Mombasa, según precisó a medios locales el comisionado del Gobierno en Makueni, Abdullahi Khalif.

Khalif había confirmado inicialmente veinte muertos, pero el número subió después de que dos víctimas sucumbieran a sus heridas.

Según medios kenianos, el autobús siniestrado transportaba pasajeros que regresaban desde Mombasa hasta Nairobi tras acudir a un entierro.

"Es un accidente grave, estamos atendiendo a los supervivientes", declaró a la prensa el doctor Kevin Wamalwa, superintendente del Hospital del Subcondado de Mtito Andei, adonde fueron trasladados los heridos.

"Estamos elaborando una lista de las víctimas. Algunas personas fallecieron mientras recibían tratamiento", añadió.

También confirmó los hechos en un comunicado la Autoridad Nacional de Transportes y Seguridad (NTSA, en inglés) de Kenia, al revelar que "las informaciones preliminares indican que los vehículos colisionaron frontalmente y sugieren que un adelantamiento indebido pudo haber contribuido al accidente".

"El equipo de investigación de accidentes de la NTSA está colaborando con la Policía para esclarecer la totalidad de las circunstancias que provocaron el accidente", señaló el organismo.

Los hechos ocurrieron semanas después de que al menos 17 personas murieran en otro accidente de tráfico ocurrido en Makueni el pasado día 3, en el que estuvieron involucrados dos camiones, un minibús y varios coches.

Esta carretera suele ser escenario de siniestros, si bien Kenia en general sufre un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras.

El 57 % de los votantes considera "extremadamente" o "muy importante" que los candidatos hablen del tema, según una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation (KFF).

"Lo que vemos en nuestras encuestas, lo que vemos trabajando en comunidades, es que el aborto todavía sigue motivando", comenta a EFE David Berrios, vicepresidente de organización y campañas de Reproductive Freedom for All.

Alejandra Soto, portavoz latina de Planned Parenthood, una de las mayores asociaciones de derechos reproductivos en Estados Unidos, considera que mientras el republicano Donald Trump esté en el poder "es redundante el tener que pensar en qué es lo que puede pasar" con el aborto.

Subrayó a EFE que "hay más de 20 estados con prohibiciones totales o restricciones hasta cierto punto" que se han visto alentados por la postura de la Administración federal contra este procedimiento.

"La realidad es que, para que el aborto realmente esté protegido, al ciento por ciento sin que estemos decidiendo sobre semanas (de embarazo), sin que estemos decidiendo cuáles excepciones, etcétera, lo que se va a requerir es una ley a nivel federal", menciona Soto.

Más de 6 millones de hispanas en edad reproductiva, cerca de cuatro de cada 10 del total en Estados Unidos, viven en estados con restricciones, según un análisis Asociación Nacional para Mujeres y Familias y el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva.

Las asociaciones a favor del aborto piden "desmitificar" la imagen de los latinos como votantes "conservadores" antiaborto, pues el 56 % de los hispanos creen que "debería ser legal en todos o la mayoría de los casos", según un sondeo de marzo pasado del Pew Research Center.

"Existe el mito que los latinos están contra el aborto. La realidad es muy distinta. Cuando vemos iniciativas estatales que protegen la salud reproductiva, la mayoría de votantes siempre votan por estas iniciativas. Lo hemos visto en estados como Florida, también en estados como Kansas o Misuri", indica Berrios.

El experto asocia la opinión sobre el aborto de los latinos a las finanzas personales, pues los hispanos enunciaron que la economía (86 %) y el costo y acceso a la salud (80 %) son "muy importantes" para definir su voto el 3 de noviembre, con lo que son sus dos mayores prioridades, según una encuesta del Pew de este mes.

El aborto fue uno de los temas centrales de las elecciones de 2022 y 2024, tras la decisión del Supremo de 2022 que revocó el precedente de Roe v. Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto.

Trump había nominado a los jueces que respaldaron esa decisión, recordó Soto.

Por su parte, Reproductive Freedom for All critica los recortes de fondos de la Administración Trump a organizaciones sin fines de lucro como Planned Parenthood y señala que ha designado a funcionarios que respaldan restricciones a la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir el embarazo, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El historiador francés Emmanuel de Waresquiel afirmó este domingo en la emisora France Inter que Macron ha perdido parte de su legitimidad política tras dos años de dificultades para gobernar, debido al adelanto electoral de 2024 que dejó una Asamblea Nacional fraccionada, y criticó que haya descartado tanto la dimisión como la cohabitación para afrontar la crisis institucional.

De Waresquiel estableció así un paralelismo entre la actual crisis política y dos precedentes de la Quinta República francesa: la dimisión del general Charles de Gaulle en 1969 y la cohabitación entre el presidente socialista François Mitterrand y un Gobierno de derecha encabezado por Jacques Chirac en 1986.

"Sin duda, nuestro presidente ha perdido parte de su legitimidad", aseveró el historiador, ya que, "durante dos años, el Gobierno ha sido incapaz de gobernar", constató.

Francia ha tenido varios primeros ministros desde las legislativas anticipadas de julio de 2024: Gabriel Attal, que permaneció en el cargo hasta septiembre; Michel Barnier (del 5 de septiembre al 13 de diciembre de 2024. Cayó tras una moción de censura); François Bayrou (hasta el 9 de septiembre de 2025. Perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional) y Sébastien Lecornu, que dimitió en octubre de 2025, pero Macron lo nombró de nuevo el día 10 de ese mismo mes).

Y es que la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024, anunciada tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas, desembocó en unas legislativas anticipadas que dejaron una Asamblea fragmentada y sin una mayoría clara.

Una situación que ha complicado la aprobación de iniciativas gubernamentales y ha obligado al Ejecutivo a buscar apoyos entre distintas fuerzas políticas, con un telón de fondo de tensiones sobre la orientación de la política económica y social.

Las críticas a la autoridad política de Macron también han sido objeto de análisis este fin de semana por parte de otros expertos debido a la ola de protestas que sacuden al país.

"Este acontecimiento, difícil de prever para la mayoría, ha afectado a un poder ejecutivo débil por razones constitucionalmente evidentes, ya que carece de mayoría y, por lo tanto, de legitimidad real", señaló el profesor de Derecho Público Denis Baranger en un artículo publicado por el diario Le Monde el sábado. "Un gobierno minoritario no puede gobernar bien", recalcó.

El politólogo Luc Rouban, en el mismo artículo, situó las movilizaciones en la continuidad del movimiento de los 'chalecos amarillos' y destacó la paradoja de un presidente que es tanto destinatario de las demandas ciudadanas como objeto de su ira y descontento, como ejemplifican muchos lemas y cánticos en las manifestaciones, y que trata de desactivar el Gobierno multiplicando sus reuniones con líderes políticos, sindicales y estudiantiles.

"Es una agitación estéril, porque no produce resultados y, sobre todo, el propio Emmanuel Macron está dando a los franceses la clave para comprender todo lo que ha fracasado en los últimos diez años", argumentó Jean-Jacques Urvoas, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Brest.

De Waresquiel también cuestionó el uso del término 'faccioso' por parte de Macron para referirse a los autores de los actos violentos en la manifestación del 17 de octubre, que conmocionó a Francia y sorprendió al mundo.

El historiador señaló que esa palabra remite al vocabulario político de la monarquía francesa, incluido el utilizado en tiempos de María Antonieta y Luis XVI, y su utilización puede revelar una desconexión entre el poder y la sociedad.

"Cuando un fenómeno o un grupo de protesta se tacha de faccioso, indica un malentendido entre quienes ostentan el poder, por un lado, y lo que sucede en el seno de la sociedad, por el otro", concluyó.

Ayolas (Paraguay), 25 oct (EFE).- Ramón Ferreira relató con pesar que su vida se detuvo hace dos semanas, cuando la crecida del río Paraná inundó su casa y las de cientos de personas en la ciudad de Ayolas, en el departamento paraguayo de Misiones (sur), transformado en el epicentro de una emergencia causada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que ha dejado más de 4.000 familias damnificadas en todo el país.

"Tuvimos que salir (de nuestras casas), yo estaba haciendo trabajos particulares, afuera, pero con esta situación tuve que dar un paso al costado porque no me da, la movilidad es difícil", dijo Ferreira a EFE desde un albergue en la Escuela 131 de la ciudad.

La vivienda de este hombre en el barrio San Josemí está casi por completo bajo las desbordadas aguas del río Paraná, que suele estar entre los 1,50 y 1,80 metros, pero que por estos días se acerca a los 6,50 metros, muy por encima de los 4,50 que la ciudad tiene como tope antes de entrar en emergencia.

"Sabíamos que la inundación iba a venir", admitió Ferreira resignado.

Teníamos esperanzas de poder pasar octubre en nuestras casas. Lastimosamente, antes de la quincena de octubre vino el aviso y tuvimos que salir antes de que el agua nos arrase", añadió.

Dejaron la vivienda y los animales que él y su familia tienen para el autosustento.

Las ovejas y los cerdos fueron dejados en casas de amigos, mientras que las gallinas, más de un centenar, quedaron en el lugar más alto de la casa, así como las pertenencias que pudo salvar de las aguas.

En Ayolas residen cerca de 18.000 personas, según datos recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el censo de 2022.

De estas, más de 3.000 o casi el 17 % se han visto obligadas a trasladarse a alguno de los 19 refugios instalados en las zonas más altas de la ciudad, aseguró a EFE el intendente (alcalde) electo y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Ayolas, José Mutti.

"Esto va a durar bastante tiempo, empezó el mes de octubre y durará todo noviembre y diciembre. La información que tenemos hasta el momento es que en enero existe la posibilidad de que empiecen a bajar (las aguas)", explicó.

El río Paraná suele crecer cada año, pero esta vez "es diferente", dice Mutti, refiriéndose al fenómeno de El Niño.

"Se afectaron barrios no ribereños (...), tenemos muchísimas pérdidas tanto en la parte agrícola como ganadera", advirtió.

Con todo, esta crecida es menor a la de 1983, muy recordada en el país porque dejó bajo las aguas incluso amplias zonas de la capital, Asunción, cuando subieron de nivel varios de los ríos del país.

"Acá estamos los nietos y los bisnietos de los que estuvieron en 1983", afirmó al respecto Ferreira, al recordar el carácter cíclico de las inundaciones en Paraguay por la crecida del Paraná y otros cuerpos de agua que recorren esta nación mediterránea.

La Escuela 131 alberga a una treintena de familias damnificadas, que suponen más de 100 personas.

Allí, las personas duermen en carpas donadas por la Entidad Binacional Yacyretá, que controla la hidroeléctrica creada por Argentina y Paraguay, y que usa la corriente del Paraná para producir energía.

Algunos de los damnificados tienen la vida en pausa, pero otros como María Magdalena Ferreira encontraron nuevas labores: la mujer es una de las encargadas de las ollas comunitarias, en las que cada día se cocinan al menos tres comidas para más de 100 personas.

Y en medio de sus nuevas ocupaciones, la mujer no olvida la tragedia que atraviesa.

"Se mojaron casi todas mis cosas", declaró a EFE con pesar. "Muy rápido vino el agua", agregó.

Tampoco olvida a sus mascotas, a las que considera parte integral de su familia. Su perrita  y uno de sus gatos, el más dócil, le acompañan en su carpa.

Pero otro arisco felino, que ella califica como "malo", sigue oculto en la parte alta de su casa y cada mañana el hermano de la mujer toma una lancha para llevar comida al animal.

"Ahora todo es tormenta, tormenta, es un peligro para nosotros. Pero sí o sí tenemos que volver a nuestras casas", concluyó la mujer.

El portavoz de la Defensa Civil saudí informó de que los equipos de emergencia intervinieron en ambas localidades tras la caída de los restos de proyectiles, que produjeron daños materiales a tres edificios residenciales y siete vehículos tras ser interceptados y destruidos.

Entre los heridos, hay un ciudadano saudí y un residente de nacionalidad asiática, según el comunicado, que no ofreció más detalles sobre su estado.

La Defensa Civil indicó que se aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, sin aportar más información sobre los daños registrados.

El incidente se produce un día después de que fragmentos de misiles balísticos interceptados cayeran en varias zonas de Arabia Saudí, entre ellas áreas residenciales y Wadi al Mughammas, situado a unos cinco kilómetros al este de la ciudad sagrada de La Meca, sin que se registraran víctimas en esos casos.

Los rebeldes hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus ataques contra objetivos saudíes en las últimas semanas, mientras Arabia Saudí -país que lidera la coalición en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido- ha denunciado el lanzamiento de proyectiles contra distintas regiones del reino.

La GSF señaló en un comunicado que a través de una organización humanitaria externa recibió "restos que podrían pertenecer a los cuatro miembros del contingente salvadoreño que se encuentran desaparecidos tras el ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets", en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

"En este momento, la GSF no está en condiciones de confirmar si dichos restos corresponden al personal desaparecido", agregó esa fuerza multinacional cuya creación fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití.

El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Jack Christofides, manifestó la solidaridad del personal de esa fuerza "con las familias de los cuatro desaparecidos, con sus compañeros de armas, así como con el Gobierno y el pueblo de El Salvador durante estos momentos difíciles".

Esa fuerza multinacional está compuesta por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

La primera información sobre la recuperación de unos restos que podrían pertenecer a los salvadoreños la dio el sábado el diario The New York Times, pero Bukele, que envió a mediados de semana un contingente militar a Haití para tratar de encontrarlos, descartó la posibilidad de que fueran sus soldados.

"No son nuestros hombres", publicó en su cuenta de X, donde añadió que las características de los restos calcinados, recuperados por la ONG Hero Client Rescue, liderada por Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado de EE.UU., no corresponden a los de los "aerotécnicos" salvadoreños desaparecidos.

Según el mandatario, "los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un Ejército que no es el nuestro".

"Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países", añadió el presidente, que sustentó su afirmación con dos fotografías, una de un carné de un integrante la GSF y la otra de un documento de identidad, ambas a nombre de un ciudadano de Chad.

La GSF aclaró en el comunicado de hoy que las imágenes de los documentos "pertenecen a un soldado de la GSF, integrante del contingente de Chad", que está a salvo.

"Dicha tarjeta se extravió durante las operaciones de búsqueda del personal salvadoreño desaparecido. El soldado se encuentra a salvo, junto a su unidad, y no figura entre los desaparecidos", explicó.

La GSF añadió que "la coordinación entre las fuerzas de seguridad haitianas y la GSF sigue siendo fundamental para hacer frente a las bandas armadas que amenazan a las comunidades y al futuro de este país".

"Un total de 30 incidentes de acceso humanitario fueron reportados por socios humanitarios en todo Afganistán en septiembre, lo que representa una disminución del 27% en comparación con agosto", indicó el domingo la OCHA en su Resumen de Acceso Humanitario en Afganistán correspondiente a septiembre de 2026, publicado en su cuenta de X.

La agencia de la ONU señaló que el menor número de incidentes reportados no indica una mejora en el entorno de acceso humanitario, ya que la falta de denuncias sigue siendo un desafío.

"El entorno de acceso siguió estando predominantemente afectado por la interferencia y las restricciones a la participación de las mujeres en las operaciones humanitarias", indicó la OCHA en su Resumen de Acceso Humanitario en Afganistán correspondiente a septiembre de 2026, publicado en su cuenta de X.

Según el informe, la interferencia en las actividades humanitarias representó 18 de los 30 incidentes, lo que la convierte en la principal limitación de acceso. Cuatro incidentes estuvieron relacionados con el entorno físico, mientras que otros casos involucraron operaciones militares y hostilidades en curso, violencia contra el personal humanitario y la detención de trabajadores.

Otro incidente estuvo relacionado con retrasos en la firma de un memorando de entendimiento y la negación de necesidades o derechos humanitarios por parte de las autoridades de facto.

El informe también destacó el empeoramiento de las condiciones de acceso en el oeste de Afganistán, donde el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Gobierno talibán incrementó sus visitas a las organizaciones humanitarias.

"Estas incluyeron un aumento de las visitas del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio a los actores humanitarios, incluyendo lugares de proyectos y oficinas, lo que limita aún más las operaciones", precisó la OCHA.

La OCHA señaló que las restricciones a la participación de las mujeres socavan particularmente la asistencia a mujeres y niñas.

Alrededor del 90 % de las organizaciones encuestadas en septiembre informaron de desafíos para el acceso de mujeres y niñas a los servicios en la región occidental. Las restricciones impuestas desde marzo de 2025 también "provocaron el cierre, la suspensión, la reducción del alcance o impidieron el inicio de 26 de los 139 proyectos encuestados, es decir, el 19 %".

De los 30 incidentes a nivel nacional, siete involucraron dinámicas relacionadas con el género y un trabajador humanitario fue arrestado. La OCHA advirtió que las limitaciones de acceso físico habían aumentado y podrían empeorar a medida que se acerque el invierno.

Los vuelos cancelados son, en su mayoría, de la aerolínea neerlandesa KLM y de la británica EasyJet, apuntaron medios locales.

Según la página web del aeropuerto, se han cancelado casi 80 vuelos que tenían previsto salir de Países Bajos hoy, mientras que también se han registrado cancelaciones en vuelos con destino Schiphol.

Algunos de los destinos afectados son París, Manchester, Hamburgo y Estocolmo, según la agencia de noticias neerlandesa NOS.

Las cancelaciones se deben al temporal Boelo que ha sacudido Países Bajos, así como otros países europeos, durante la noche de este sábado.

El portavoz del aeropuerto informó de que, como resultado, no todas las pistas están disponibles y se ha reducido el número de aviones que pueden aterrizar y despegar.

Los fuertes vientos de anoche provocaron daños en varios puntos del país, afectando también al transporte por tierra. El servicio de ferrocarril se canceló esta mañana al este de Países Bajos cuando un árbol cayó sobre las vías, mientras que en el centro de Ámsterdam un árbol cayó sobre un coche en marcha, aunque no hubo heridos.

La SIP afirma que se intensificó el uso de mecanismos policiales y judiciales como "instrumentos de presión y represión" contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan, documentan y difunden información sobre la situación de la isla.

Asimismo, precisa que esas prácticas se tradujeron en "un aumento de las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales, profundizando las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa".

El informe destaca como el caso de "mayor gravedad" el encarcelamiento preventivo del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Constantin se encuentra -en prisión provisional- en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en la provincia Camagüey (centro-este). Las autoridades le atribuyen el delito de "desobediencia" por una citación a la que llegó tarde, cuando los agentes de la Seguridad del Estado se habían retirado, relata el informe.

Además, recuerda que los integrantes del proyecto digital independiente El4tico (El Cuartico), Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, siguen en prisión bajo cargos de incitar al "desorden público" por sus vídeos de análisis y sátira política, en un contexto de "criminalización" de espacios de opinión en redes sociales.

La SIP refiere la situación de los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas, así como el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien, sin ser periodista, cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.

También cita el caso de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (conocida como Anna Bensi en las redes), de 21 años, y su madre, Caridad Silvente, sancionadas el 1 de octubre a dos años de "libertad limitada" por "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos", tras grabar y difundir un vídeo de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.

Entre las restricciones que enfrentan los periodistas independientes, el documento apunta las prohibiciones de salida del país bajo la categoría de "regulados", lo que la SIP señala como un "mecanismo adicional de presión y control".

En concreto, subraya el recién publicado y vigente decreto 160, que cierra la posibilidad de que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas en Cuba, y mantiene bajo control estatal áreas esenciales como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas actividades editoriales y de información.

A ello suma que la prensa independiente funciona sin amparo jurídico legal, en tanto el Estado conserva el control de los principales medios y el monopolio de las telecomunicaciones.

Advierte sobre los "obstáculos" para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, por la dificultad de conseguir insumos como el papel, los cortes de internet y las conexiones de baja calidad.

Entre las tendencias que ha identificado como más relevantes considera las citaciones verbales que "suelen funcionar como antesala de detenciones y procesos penales" y los delitos ambiguos como la "desobediencia", los "desórdenes públicos" o los "actos contra la intimidad" que se convierten en "instrumentos de presión". Además, las detenciones breves dan paso a la prisión

En ese sentido, también denuncia impedimentos procesales como las demoras de los habeas corpus, la variación de una medida cautelar, la falta de acceso a un expediente y la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones.

La SIP, con sede en Miami, es una organización fundada en 1943 sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión, integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

Pese a la devastación que sufre la Franja, la universidad estaba operando como institución educativa y los fallecidos han sido identificados como Ashraf Dahlan, Shadi Abu Ataya y Sami Baroud, guardias de seguridad del centro.

Además, en tres ataques anteriores a lo largo del día, otros cuatro palestinos han perdido la vida este domingo, en lo que constituye nuevas violaciones por parte de Israel del actual alto el fuego.

Un palestino identificado como Hamdan Salman abu Amra, según información proporcionada por una fuente del Hospital Al Aqsa, falleció esta mañana en un ataque perpetrado por un dron israelí al este de Deir al Balah (centro de Gaza); mientras que un segundo murió en otro ataque aéreo contra un grupo de personas al noroeste de la ciudad de Gaza.

La segunda víctima ha sido identificada como Fawzi Salem a Sawarka, de 54 años, de acuerdo con una fuente del Hospital Al Shifa al que fue trasladado junto a varios heridos, incluido uno grave.

Otros dos palestinos murieron en un tercer ataque contra la ciudad de Jan Yunis (sur), en el que cuatro personas también resultaron heridas, entre ellas un niño, informó el Hospital Naser, que identificó a las víctimas como Alaa Ahmed abu Zayed y su hermano, Nabil.

Estos ataques, diarios, se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año. Solo ayer sábado, Israel mató a otros cuatro gazatíes e hirió a 14 más, según datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad local.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023.

"Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Tras recordar que Obama hizo campaña por Hillary Clinton y Kamala Harris, el presidente aseguró que ahora está haciendo campaña por "un yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes", en alusión a El Sayed.

No es la primera vez que Trump hace estas declaraciones, ya que este viernes aseguró que era parte de los "Hermanos Musulmanes", que fueron designados como grupo terrorista extranjero por su Gobierno en noviembre de 2025 por sus vínculos con Hamás.

Michigan se ha convertido en clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado y este domingo Trump tiene previsto también un mitin en este estado.

"Yo gané en Michigan por un amplio margen; logré recuperar la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y mucho más. Además, hay más empleos que nunca", escribió el mandatario antes de acudir al acto de campaña de este domingo.

Después de votar, Lula, que opta a un cuarto mandato no consecutivo, destacó que en la campaña electoral para la segunda vuelta se produjeron las “mayores manifestaciones políticas” de los últimos 50 años en Brasil.

Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro pelean voto a voto este domingo

“Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas”, dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a los periodistas tras depositar su voto.

Lula lanza duras críticas contra Bolsonaro y condena hechos de violencia

El gobernante también alertó de algunos episodios aislados de violencia política conocidos en las últimas horas, como el lanzamiento de un ladrillo contra una militante del PT en la ciudad de Montes Claros.

“Es una demostración de lo que está en juego”, enfatizó el líder progresista, que también vertió críticas contra su rival, Flávio Bolsonaro, a quien se refirió como “un miliciano” y una “persona descalificada moral y éticamente”, sugiriendo que es corrupto.

También opinó que este domingo, el electorado decide si se respeta la bandera brasileña o si elige a un grupo político que “quiere gobernar con la bandera estadounidense”.

El mandatario brasileño, que cumplirá 81 años el próximo martes, acudió a votar vestido con guayabera blanca, acompañado de su mujer, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva; el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y otros cinco ministros y exministros, entre otros aliados.

El rival de Lula en estos comicios, el senador Flávio Bolsonaro, votó más temprano, unos 25 minutos después de la apertura de las urnas, en una escuela en Río de Janeiro.

Sondeos dan empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro

Dos sondeos divulgados la noche de este sábado muestran un empate técnico entre ambos candidatos, con una ligera ventaja de dos puntos para el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (51 %), frente a Lula (49 %).

Flávio Bolsonaro pide salir a las urnas “con lluvia o con sol” para cambiar Brasil

En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, Bolsonaro fue el candidato más votado con el 47 % de los sufragios, frente al 45 % que recibió Lula.

Los colegios electorales están abiertos desde las 08:00 hora local (11:00 GMT), cierran a las 17:00 (20:00 GMT) y dan paso al escrutinio, que se completará en pocas horas gracias al sistema de votación electrónico implantado en Brasil hace tres décadas.

"Los sesenta contactos que registramos, identificamos y monitoreamos en Uganda -en relación con el reciente caso de la enfermedad del ébola en un viajero keniano- han completado su periodo de seguimiento de 21 días y han recibido el alta", reveló en una rueda de prensa el ministro ugandés de Sanidad, Chris Baryomunsi.

El ministro explicó que, tras la confirmación del caso por parte de Kenia el pasado 5 de octubre, las autoridades ugandesas pusieron en marcha una investigación para "reconstruir" el historial de viaje del ciudadano keniano, ya fallecido, y lograron identificar sesenta contactos.

Estas personas, precisó Baryomunsi, "han estado aisladas, en cuarentena y han completado el seguimiento obligatorio de 21 días" durante los que "ninguna de ellas ha desarrollado síntomas" y "ninguna ha dado positivo para ébola".

Durante la rueda de prensa, el dirigente anunció varias medidas para reforzar su respuesta y prevención del ébola, entre las que destacó el "seguimiento de contactos".

Así, explicó que "todas las personas identificadas como contactos de un caso activo serán incluidas en una lista de prohibición de vuelo y no se les permitirá salir de Uganda hasta que completen su periodo obligatorio de monitoreo de 21 días".

"Toda persona que se determine que ha tenido contacto con un caso sospechoso será sometida a una cuarentena institucional preventiva y seguimiento durante 21 días desde la fecha de su último contacto", añadió.

Kenia ha detectado hasta ahora nueve contagios de ébola, tras confirmar el pasado 5 de octubre su primer caso importado, el de un hombre keniano que regresó a su país pasando por Uganda, tras haber vivido los últimos siete años en la RDC.

Ese hombre y otra paciente -una familiar cercana suya que ya se encontraba en cuarentena- han fallecido hasta ahora, mientras los otros siete enfermos siguen recibiendo atención médica.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 23 de octubre, ha causado 9.876 casos confirmados y 4.803 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda y Kenia, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Nigeria (uno), Países Bajos (uno) y Francia (uno).

El tiroteo se produjo horas después de que se celebrara un partido de fútbol americano en el estadio, aunque aún no ha trascendido si el suceso se produjo por algún asunto relacionado con el juego.

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, explicó a los medios que el tiroteo probablemente se originó a raíz de un altercado entre dos o tres personas y que la Unidad de Delitos Violentos del departamento estaba a cargo de la investigación en curso.

"Todavía estamos trabajando en el lugar. Nuestros detectives, nuestros sargentos y nuestro personal forense se encuentran en el lugar y lo están procesando a medida que avanzamos, recopilando toda la información posible. Esta es una investigación en curso", aseguró Revell.

Entre los heridos, uno se encuentra en estado crítico, otras tres pe4sonas graves y ocho están en condición estable.

Una de las víctimas era estudiante de Florida A&M, según el jefe de policía.

De hecho, la universidad se manifestó a través de un comunicado y aseguró que estaba “al tanto de un incidente que ocurrió cerca del campus, en Perry Street, la noche del 24 de octubre”.

También el alcalde de Tallahassee, John Dailey, se pronunció en su cuenta de X sobre le tiroteo, al que calificó de "tragedia verdaderamente horrorosa y desgarradora".

"Si usted es un ciudadano ugandés que regresa a Uganda y tiene antecedentes de haber estado en la RDC, le someteremos a una cuarentena de 21 días (el periodo de incubación del virus del Ébola), de la que usted asumirá el costo", afirmó en una rueda de prensa el ministro ugandés de Sanidad, Chris Baryomunsi.

Asimismo, señaló, "el movimiento a través de la frontera entre Uganda y la RDC está restringido a viajeros esenciales, incluidos los trabajadores humanitarios y los conductores de camiones" comerciales.

El ministro divulgó esta decisión después de que su cartera anunciara el viernes que el país no permitirá el tránsito por su territorio a personas que hayan viajado a la RDC, al alertar que "se invocarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Salud Pública en caso de incumplimiento" y que "las personas que ingresen al país por vías no autorizadas serán remitidas a las autoridades competentes".

Uganda ha anunciado estas medidas después de que Nigeria confirmara el pasado martes un caso importado de la enfermedad que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Nigeria tras unas vacaciones en Uganda.

Kenia, por su lado, ha detectado hasta ahora nueve contagios de ébola, tras confirmar el pasado 5 de octubre su primer caso importado, el de un hombre keniano que regresó a su país pasando por Uganda, tras haber vivido los últimos siete años en la RDC.

Ese hombre y otra paciente han fallecido hasta ahora, mientras los otros siete enfermos siguen recibiendo atención médica.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 23 de octubre, ha causado 9.876 casos confirmados y 4.803 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda, Kenia y Nigeria, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Países Bajos (uno) y Francia (uno).

La Asociación de Redes Energéticas informó de que los cortes afectaron desde ayer a cientos de miles de clientes, pero esta mañana pudo restablecerse el servicio a 344.900. Sin embargo, 82.600 propiedades -hogares pero también otro tipo de construcciones- siguen desconectadas al medio día del domingo.

Los vientos huracanados han afectado sobre todo al norte de Gales y toda Escocia, y ha obligado al servicio meteorológico (Met Office) a activar una alerta naranja hasta las 9 de esta próxima noche.

También hubo copiosas lluvias en las últimas horas, sin causar víctimas hasta el momento. Tampoco se reportaron inundaciones a gran escala salvo en la localidad escocesa de Largs (Ayrshire Norte), donde se vieron imágenes de calles anegadas por las lluvias.

La compañía Network Rail Scotland tuvo que suspender varias líneas férreas, después de que una estación de tren en Glasgow quedara inundada e inutilizada y que se reportaran varios árboles derribados por el viento y que habían caído sobre las vías.

La oficina meteorológica aconsejó a los británicos evitar acercarse al borde del mar durante la jornada por el riesgo de fuerte oleaje, que fácilmente podría desbordar la línea costera, y pidió tener cuidado también con objetos que eventualmente pueden caer de los tejados por las rachas de viento.

Aunque Vance reitera que ahora está centrado en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, ha comenzado a expresar con mayor claridad su confianza en recibir el aval de Trump para 2028, unas expectativas que el presidente ha enfriado.

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“Creo que si me presento, el presidente me respaldará”, dijo el lunes en una entrevista con la plataforma 2Way al ser preguntado por una posible candidatura, aunque reconoció que no había hablado con Trump al respecto.

Trump evita comprometer su apoyo a Vance en medio de la incertidumbre electoral

Un día después, ambos protagonizaron un momento de cierta incomodidad ante la prensa en el Despacho Oval, cuando Trump evitó comprometer su apoyo a Vance, que se encontraba detrás de él.

“No me ha hablado de ello. Es irrelevante. Todavía es muy pronto, tenemos que superar las elecciones de medio mandato y veremos cómo va”, dijo entonces el mandatario.

Los republicanos afrontan una prueba de fuego en noviembre: las encuestas apuntan a que los demócratas les arrebatarán la mayoría en la Cámara de Representantes y tienen posibilidades de hacer lo mismo en el Senado, lo que podría complicar los últimos dos años del segundo mandato de Trump.

Pese a las tensiones, Vance mantiene la mira en la Casa Blanca

Con independencia del resultado, Vance parece encaminado a intentar suceder al mandatario. Desde hace más de nueve décadas, prácticamente todos los vicepresidentes han aspirado a llegar a la Casa Blanca, con la excepción de Dick Cheney, explica a EFE Joel Goldstein, investigador especializado en la Vicepresidencia estadounidense.

“Yo esperaría que el vicepresidente Vance hiciera evidentes sus intenciones en algún momento después de las elecciones de mitad de mandato”, agrega el experto, quien señala que no hay precedentes de que un mal resultado en las legislativas frustre por sí solo una candidatura presidencial.

Vance intenta desde hace tiempo marcar un perfil propio dentro de la Administración y ha expresado reservas, por ejemplo, sobre la guerra de Irán, en sintonía con las bases trumpistas que rechazan el intervencionismo exterior.

Esta misma semana ha evitado respaldar la reelección del primer ministro Benjamín Netanyahu en Israel y ha reivindicado su estilo confrontativo al defender un polémico anuncio de campaña en Ohio que ha suscitado críticas entre sus propios compañeros de partido.

Vance lidera las preferencias republicanas, pero depende del apoyo de Trump

El apoyo de Trump se perfila como un factor clave, dado que el Partido Republicano se ha transformado a su imagen y semejanza en los últimos años.

El presidente ha elogiado tanto a Vance como a Rubio como posibles sucesores, al tiempo que sigue deslizando la idea de que él mismo podría volver a presentarse, pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

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La última vez fue este mismo jueves, en un mitin electoral, cuando dijo que merece presentarse de nuevo porque le hicieron “trampa” en las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden y cuya derrota nunca ha reconocido.

Rubio gana protagonismo pese a la ventaja de Vance en las encuestas

Según el agregador de encuestas de RealClearPolitics, Vance es el claro favorito de los republicanos para suceder a Trump, con un 39,1% de las preferencias, por delante del 23,8% de Rubio. El secretario de Estado, sin embargo, tiene cada vez más presencia pública y no ha descartado volver a buscar la Presidencia.

Para Goldstein, el respaldo explícito de Trump sería “muy importante para que Vance obtenga el apoyo” del movimiento MAGA, pero, dado el carácter del presidente, es probable que demore ese aval para no compartir protagonismo en el último tramo de su mandato.

No sería algo inédito: los presidentes no siempre han respaldado a sus vicepresidentes antes de que estos obtengan la nominación. Lo que sí está claro, según el experto, es que los medios contarán cada minuto que pase sin que Trump lo haga, una situación que podría resultar “vergonzosa” para Vance.

Esta segunda jornada se vivió en la capital española con una afluencia numerosa y ordenada durante la mañana y con un ambiente mayormente tranquilo, aunque algunos votantes se enfrentaron en la puerta del edificio -el colegio Blanca de Castilla- por sus diferencias ideológicas y tuvieron que ser separados por las trabajadoras que organizaban las colas.

"El flujo de electores es bastante impresionante comparado con la primera ronda", aseguró a EFE en la entrada del colegio electoral la cónsul general de Brasil en Madrid, María Angélica Ikeda, que observó que "muchísimos electores que no vinieron en la primera ronda están aquí para la segunda".

La cónsul dijo que el ambiente estaba siendo "muy bueno, aunque sean unas elecciones muy tensas". "Aquí en la calle hay gente que apoya a un candidato o que apoya al otro, pero están todos tranquilos, está todo yendo muy bien", subrayó.

En la primera vuelta, que tuvo lugar el pasado 4 de octubre, los resultados en Madrid fueron de 3.571 votos a favor de Lula da Silva y de 2.333 votos a favor de Flávio Bolsonaro.

Ana Paula Santos, una votante brasileña que lleva viviendo 25 años en España, explicó a EFE por qué había votado a Lula. "Yo creo que no existe sociedad perfecta. Nosotros tenemos un problema endémico de corrupción y eso, infelizmente, es algo que va a ser muy difícil solucionar en cualquier caso", reconoció, para agregar que "hay unos valores universales que Bolsonaro ha demostrado, con hechos, que no vive".

"El voto es individual, pero las consecuencias son colectivas", resaltó Santos junto a su compañera, Cristina Ana Pérez, votante de Lula también, para quien "ni uno ni otro son los mejores", pero que al no compartir las ideas "tan radicales" de Bolsonaro se decantó por el actual mandatario.

En el interior del colegio electoral de Madrid, Paola contó a EFE que acudió para votar a Bolsonaro porque "Lula está hace 20 años y el Brasil no está bien".

"Esta es la verdad, necesitamos un cambio muy grande", aseguró, tras lo que criticó que actualmente en Brasil se vive "un poco de dictadura".

Preguntada por si creía que Bolsonaro ganará estas elecciones, asintió con seguridad: "Yo creo que sí. Espero que sí".

Esta segunda vuelta decidirá el futuro presidencial de Brasil, después de que Bolsonaro fuera el más votado en la primera vuelta.

El presidente brasileño, que busca la cuarta reelecciónno consecutiva, intentará romper una tendencia que se mantuvo desde el retorno de los comicios presidenciales directos a Brasil en 1989: el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

Las ciudades habilitadas en España para que los brasileños puedan votar son Madrid y Barcelona, donde más de 40.000 residentes en España podrán ejercer su derecho al voto. En la jurisdicción de Madrid hay 23.520 brasileños habilitados para ello y pueden hacerlo en horario de 8:00 hora local (7:00 GMT) a 17:00 hora local (16:00 GMT).

"Nos preocupa profundamente que el uso de la fuerza por parte de la policía haya sido excesivo e indiscriminado y que la operación policial —y, en particular, el uso excesivo y desproporcionado de porras y otros equipos por parte de la policía— haya provocado decenas de heridos", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Portugal, João Godinho Martins, citado en un comunicado.

También cuestionó el "uso de una fuerza excesiva" en las últimas semanas.

"La policía -continuó- tiene la obligación de recurrir a la dispersión de las manifestaciones y al uso de la fuerza únicamente como último recurso y de forma proporcional a la situación. No es eso lo que estamos viendo, y esta situación debe investigarse con urgencia", señalaron.

Por su parte, AI está investigando lo ocurrido, con información de sus observadores, que estaban documentando el suceso y se encontraban presentes durante el incidente, con conocimiento de las fuerzas policiales, según explicó la organización.

La Policía lanzó una operación simultánea en Lisboa y Oporto, donde se habían instalado tiendas en la tarde del sábado tras manifestaciones multitudinarias, a las 2.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo con la que desalojó las acampadas.

Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son 20 los heridos.

Según la Junta Central de Control de Polución (CPCB), el organismo indio de medición, la ciudad de Fatehpur Sikri registró este domingo un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 250 puntos, catalogado como "pobre", confirmando la ciudad como la urbe más contaminada del país también hoy.

Asimismo, según plataformas de monitoreo independientes, Fatehpur Sikri es en este momento la ciudad más contaminada del mundo. Esta categoría "pobre" implica molestias respiratorias para la mayoría de las personas tras una exposición prolongada.

Por su parte, la capital del país, Nueva Delhi, marcó hoy un AQI de 155 impulsado por la alta concentración de partículas finas PM2.5. Este nivel "moderado" causa molestias al respirar en personas con enfermedades pulmonares, asma y problemas cardíacos.

Ante esta situación, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire impuso el pasado 21 de octubre en la capital india las restricciones relativas a la fase I de su Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP). Las autoridades han instado a evitar la quema de basura y a priorizar el transporte público.

Para atajar una de las principales fuentes de polución, responsables de la Comisión se reunieron este sábado con las autoridades de los distritos de Amritsar y Tarn Taran, en el estado de Punjab, para revisar y maximizar las medidas destinadas a eliminar la quema de rastrojos de arroz.

El deterioro del aire es crónico en la metrópoli capitalina entre noviembre y febrero debido a la mezcla de tráfico, industrias, fuegos agrícolas y la falta de viento.

Para mitigar esta crisis, el Gobierno de Delhi anunció en septiembre un paquete de medidas invernales que prohíbe las obras de construcción y establece el teletrabajo para el 50 % de los empleados.

"Elegir la madrugada para soltar perros y disparar balas de goma contra personas que dormían o se manifestaban pacíficamente es una decisión política. Demuestra que este Gobierno prefiere reprimir a quienes denuncian la crisis de la vivienda antes que resolverla", escribió el movimiento en un comunicado difundido este domingo.

La Policía lanzó una operación simultánea en ambas ciudades a las 2.00 hora local (misma hora GMT) con la que desalojó las acampadas. Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son 20 los heridos.

"Quienes se encontraban en los campamentos no cometieron ningún delito. Estaban ejerciendo un derecho constitucional, el derecho de manifestación, para defender otro derecho constitucional, el derecho a la vivienda", agregó Casa para Viver.

Para protestar contra la respuesta institucional convocaron una protesta para el próximo martes 27 de octubre, a las 18.30 hora local, frente a la Asamblea de la República (Parlamento), donde ese día se comenzará a discutir el proyecto de presupuestos para 2027 presentado por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha).

El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta.

De hecho, en varias ocasiones durante la última semana los manifestantes han instalado las tiendas, que han acabado siendo retiradas bien por ellos mismos o en operaciones policiales.

En el Teatro Variedades, la historia del espectáculo popular no se cuenta solo a través de sus grandes nombres. También pasa por las luces que convierten la noche en día, los cuerpos sobre el escenario, los límites impuestos por la censura y quienes sostienen cada función fuera del foco.

Un siglo después de su inauguración, el teatro del Parque Mayer de Lisboa vuelve sobre esas transformaciones en una muestra que conecta su memoria con preguntas más amplias sobre cómo se produce y se mira un espectáculo.

La exposición "Um lugar chamado Variedades", coproducida por el Teatro Variedades y el Museo de Lisboa, reúne fotografías, programas y objetos y permanecerá abierta hasta agosto del año que viene. Los comisarios José Daniel Ferreira y Mário Nascimento conducen la visita.

Durante el recorrido, los guías invitan a los visitantes a ocupar el lugar de los actores ante el público de una función de 1938. En la fotografía, explican, se distingue a "señoras, jóvenes, caballeros". La imagen permite reconstruir quién acudía al teatro y cómo era la sala antes de las reformas posteriores. También muestra cómo una instantánea escénica puede convertirse en un documento social.

La construcción del Variedades comenzó en 1924, según el proyecto de José Urbano de Castro. Inaugurado dos años después con la revista "Pó de Arroz", el teatro incorporó pronto la exuberancia de decorados y figurines y la influencia de la revista parisiense.

En ese cruce entre modelos internacionales y cultura urbana portuguesa se consolidó un espacio de entretenimiento popular, con artistas como Beatriz Costa y Vasco Santana.

Entre las imágenes de la época figuran atracciones de fenómenos: "la mujer transparente, la mujer sirena o la cabra de dos cabezas", enumeran los guías, que las describen como una especie de "freak show", expresión de una cultura del espectáculo atraída por lo insólito.

Otra imagen muestra a una artista que baila casi desnuda, pintada de plateado. El guía pide situarla en la posguerra y en el contexto de la llegada de la electricidad: "La electricidad consiguió traer el día a la noche". La luz, añade, debía de hacer espectacular el efecto de aquella figura.

El escenario también registra las tensiones políticas de su tiempo. Durante el Periodo Revolucionario en Curso (PREC), posterior a la Revolución de los Claveles de 1974, "O Pá, Pega na Vassoura" ("¡Oye, agarra la escoba!") recuperó la crítica directa a la actualidad y al antiguo régimen.

Poco antes, la censura había impuesto cortes a "Arre Burro!", con Beatriz Costa y un burro real llamado Manjerico. Según los comisarios de la muestra, el animal a veces sufría "desarreglos intestinales" en escena y, para limpiar, entraba "el chico del cubo y la escoba". La anécdota desplaza la atención hacia el trabajo de quien hacía posible que la función continuara.

Por el Variedades pasaron también Amália Rodrigues, Maria Matos, Laura Alves, Raul Solnado y José Viana. En 1969, Anita Guerreiro estrenó "Cheira a Lisboa" ("Huele a Lisboa"), una canción que quedó indisolublemente asociada a la ciudad. Las revistas convivían con comedias, operetas y aproximaciones menos frecuentes al teatro contemporáneo.

En 1966, un incendio destruyó parte de las instalaciones y la maquinaria, pero la sala se recuperó y consiguió abrir sus puertas al año siguiente. Tras décadas sin actividad regular, una rehabilitación iniciada en 2020 adaptó el edificio a las necesidades de la producción escénica actual.

Desde su reapertura, el 5 de octubre de 2024, el Variedades combina memoria y creación contemporánea, como muestran las reinterpretaciones de Cláudia Pascoal, que recupera canciones asociadas al teatro desde una sensibilidad actual.

"Um lugar chamado Variedades" parte de una historia lisboeta, pero su recorrido reúne asuntos que exceden una sola ciudad: la circulación de modelos escénicos, la tecnología como parte de la puesta en escena, la regulación de lo que podía o no decirse y el trabajo invisible detrás de cada función. Cien años después de "Pó de Arroz", el Variedades conserva esas huellas al tiempo que se abre a otras voces.

La propuesta estadounidense, a la que tuvo acceso EFE, busca rebautizar la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) para eliminar la referencia al referéndum y sostiene que una autonomía bajo soberanía marroquí es "la única solución viable" y la única base para futuras negociaciones.

Estados Unidos es el país encargado de redactar la resolución sobre la Minurso, pero el texto final requiere para su aprobación nueve votos favorables de los quince miembros del Consejo y que ninguno de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) vote en contra.

EE. UU. también plantea también que la Minurso deje de tener un mandato de mantenimiento de la paz dentro de seis meses y continúe como misión política especial entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2027.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi M. Omar, advirtió en una carta dirigida a la presidencia del Consejo que, si el borrador se aprueba sin "cambios sustanciales y significativos", el movimiento "no tendría más opción que desvincularse del proceso de paz en su conjunto".

El secretario general de la ONU, António Guterres, había recomendado al Consejo de Seguridad prorrogar el mandato de su misión en el Sáhara por un año más para evitar una escalada de las hostilidades que pondría en peligro las negociaciones.

La eliminación del referéndum de autodeterminación supondría una victoria histórica para Marruecos, que administra el 80% del territorio de la ex-colonia española enfrentado al independentista Frente Polisario desde hace medio siglo.

Rabat ya logró un importante apoyo el pasado año, cuando el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la Minurso por doce meses pero tomó como base la propuesta marroquí de autonomía.

Tras más de siete años sin un calendario formal de negociaciones, Marruecos y el Frente Polisario mantuvieron tres rondas de conversaciones entre enero y febrero.

En abril, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, cuyo país reconoce desde 2020 la soberanía marroquí sobre la excolonia española, afirmó durante una visita a Rabat que su país trabaja por una solución "pacífica" del conflicto del Sáhara, pero también "en un plazo razonable".

El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, dijo ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre, que el proceso de "solución política" para el Sáhara Occidental está "ya en marcha".

La Minurso fue creada por Naciones Unidas en 1991 para supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, organizar un referéndum de autodeterminación para que la población del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración en Marruecos e identificar y registrar a los votantes que tendrían derecho a participar en la consulta.

El referéndum estaba previsto inicialmente para enero de 1992, pero nunca se celebró debido a los desacuerdos entre las partes.

Además, la Minurso realiza tareas de desminado y ha liberado aproximadamente 150 millones de metros cuadrados de terreno, según estimaciones del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS).

"La ONU debe demostrar liderazgo, no ser un espectador de las crisis globales", afirmó el jefe de la diplomacia india durante su intervención en el foro global Chinmaya Amrit Mahotsav.

Jaishankar subrayó que los argumentos a favor de un multilateralismo reformado "se fortalecen cada día porque "grandes partes del mundo no pueden quedar excluidas de la toma de decisiones".

Al referirse a los dos grandes conflictos actuales, en Ucrania y en Oriente Medio, el ministro advirtió de que "sociedades, economías y poblaciones lejanas, que apenas tienen capacidad de decisión sobre estos asuntos, están pagando las consecuencias", y reiteró que "el diálogo y la diplomacia son la única solución".

Asimismo, alertó sobre la crisis de las "4F" (finanzas, combustible, alimentos y fertilizantes, por sus siglas en inglés) que azota al Sur Global, y exigió al Norte Global asumir su responsabilidad para encontrar soluciones y eliminar los riesgo de la economía internacional.

"El mundo no puede avanzar con una mitad próspera y otra privada de prosperidad en una era de complejas cadenas de suministro, mercados globalizados y recursos compartidos. Esto es, sencillamente, una receta para la inestabilidad permanente", apostilló.

En materia de seguridad, calificó el terrorismo como "otra amenaza mortal para la paz" y tachó de "inaceptable" su uso como instrumento de política de Estado. "Continúa existiendo porque no todos los Estados muestran realmente una política de tolerancia cero", denunció el ministro.

Finalmente, Jaishankar abordó el rápido avance de la inteligencia artificial (IA), a la que describió como "la madre de todos los cambios".

"Pero algo tan amplio, algo con consecuencias tan trascendentales, no puede quedar en manos de unos pocos. Eso iría en contra de las tendencias de libertad y democratización que el mundo ha experimentado durante los últimos 80 años", concluyó el ministro.

El consistorio eleva ya a 2.674 los palestinos expulsados de sus casas por el Ejército israelí, pertenecientes a 411 familias, según un informe difundido este domingo.

Entre los desplazados figuran 180 bebés menores de dos años, 222 personas mayores de 60 años, 168 enfermos crónicos, 115 mujeres embarazadas o lactantes y 28 personas con discapacidad, según el Ayuntamiento.

La cifra supera en casi 500 la facilitada el sábado a EFE por un portavoz municipal, que contabilizaba casi a medianoche a 2.193 personas, de 344 familias, inscritas como desplazadas por orden del Ejército israelí, de las cuales 140 familias aseguraron no tener ningún lugar alternativo donde alojarse.

Las tropas israelíes reforzaron este domingo su despliegue en las zonas de Al Yaladeh y Aqabat Tafuh, donde continuaron irrumpiendo en viviendas y agrediendo a los vecinos que aún no han sido desalojados, entre ellos niños y ancianos, según fuentes locales citadas por la agencia oficial palestina Wafa.

Un anciano, Hiyazi Shawar al Tamimi, tuvo que ser trasladado al hospital con fracturas en una pierna, además de contusiones y hematomas, después de que los soldados le golpearan y le impidieran llegar a su casa, según explicó a Wafa la Media Luna Roja Palestina.

Según la agencia, las tropas israelíes mantienen cerrados los accesos a Hebrón, de la que los palestinos solo pueden salir a pie por tres puntos habilitados y tras someterse a un interrogatorio de los militares, y han marcado con una equis algunos de los edificios desalojados, dentro de una campaña de demoliciones en dos zonas de la ciudad, según medios palestinos.

El Ejército israelí anunció el viernes por la noche el inicio de la operación, que prevé que dure varios días y en la que asegura estar llevando a cabo "registros minuciosos, precisos y focalizados" para "localizar y desmantelar infraestructuras terroristas y armamento", y el sábado informó de la detención de 40 personas en toda Cisjordania.

Las autoridades israelíes comenzaron también a derribar estructuras que consideran "ilegales" en Hebrón y en las cercanías del lugar del ataque del viernes, en el que murieron los dos soldados y fueron abatidos los dos atacantes palestinos.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, en la que Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, controladas por Jordania desde 1948, con evacuaciones forzosas de residentes, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha condenado la operación como un "castigo colectivo" y una "peligrosa escalada" que "no traerá seguridad ni paz a nadie".

El canciller anunció su viaje el miércoles en Berlín en el marco del foro 'Berlin Global Dialogue' como una iniciativa destinada a "estrechar aún más" los lazos con "todos aquellos que defienden un comercio abierto y basado en normas", mientras que en la Cancillería Federal precisaron el viernes que el foco del viaje estará puesto en la "cooperación en la seguridad y la economía".

Merz viajará a Singapur, Corea del Sur y Japón en un contexto en el que desde Berlín trata de impulsarse una nueva posición europea frente a China, con propuestas como el instrumento frente a países con prácticas comerciales desleales que el jefe del Gobierno alemán presentó a principios de mes junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

Con estas ideas en mente, Merz se reunirá el martes con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, líder de la ciudad-estado del sureste asiático con la que Alemania tiene una "asociación estratégica" desde 2024, expresión que habla de una profunda relación bilateral, que aborda tanto la cooperación económica y tecnológica como la de orden político y militar.

Merz llegará el miércoles a Japón procedente de Singapur, donde se reunirá con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en una visita al que es el segundo socio comercial de Alemania en Asia, por detrás de China, en la que el canciller también participará en un foro empresarial germano-japonés.

Japón figura entre los socios con los que Alemania desarrolla actualmente planes en materia de defensa, pues, entre otras cosas, la firma germano-sueca Taurus Systems, fabricante de los misiles de crucero homónimos, y la nipona Kawasaki Heavy Industries estudian cómo trabajar juntos en materia de sistemas militares.

Alemania ha mantenido "conversaciones exploratorias" sobre una colaboración en un proyecto para fabricar un avión de combate junto a Reino Unido, Italia y Japón, bajo el marco del Global Combat Air Programme (GCAP) tras fracasar Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en el que también participaron Francia y España.

Además, según subrayó a EFE Olaf Boehnke, experto de la consultora internacional Rasmussen Global, no hay que perder de vista que "Japón es el tercer mayor apoyo financiero de Ucrania después de Estados Unidos y Alemania" frente a la guerra de agresión rusa.

El jueves, en Corea del Sur, el tercer socio comercial de Alemania en Asia, Merz tiene previsto reunirse con el presidente Lee Jae Myung, jefe de Estado de un país que, desde el punto de vista de la seguridad, también interesa a Berlín por su experiencia como nación amenazada durante décadas por la dictadura norcoreana.

El canciller visitará en Corea del Sur la zona desmilitarizada que divide la península coreana.

En paralelo al viaje del canciller, el jefe de Estado alemán realizará la primera visita de un presidente alemán a China desde 2018.

De cara a su visita, desde la Oficina Presidencial se ha precisado que el viaje de Steinmeier tiene lugar "en el marco de un análisis en profundidad por parte de la República Federal de Alemania de las relaciones políticas, comerciales y económicas de Alemania y Europa con China".

Steinmeier, que irá a China acompañado de una delegación con diputados germanos y europeos además de figuras del mundo de la cultura, la ciencia y la sociedad civil, tiene previsto mantener encuentros con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro de China, Li Qiang.

Además de visitar Pekín, el presidente alemán también se desplazará con el foco puesto en cuestiones de orden cultural a la provincia de Anhui, en el este del gigante asiático.

Pero, según Boehnke, también subyace en el viaje del jefe de Estado germano que Berlín ha adoptado una actitud "mucho más crítica" respecto a Pekín.

Y está por ver si Xi o Li politizan la visita del jefe de Estado germano, aunque "en el sistema alemán, el presidente del Estado no tiene ninguna función ejecutiva, sino que es más bien una figura simbólica", según este experto.

471 de estas personas fueron trasladadas este domingo por la Delegación del Gobierno en Canarias, donde se encuentra El Hierro, a la isla de Gran Canaria, y desde el pasado viernes acudieron a esa isla alrededor de 900 migrantes para aliviar la presión sobre los recursos herreños, informaron a EFE fuentes del dispositivo.

El incremento de llegadas de migrantes procedentes de diferentes países de África volvió a tensionar un sistema que durante los episodios más intensos de la conocida como ruta canaria (por el nombre del archipiélago español) tuvo que compatibilizar la atención de centenares de personas recién desembarcadas con unos recursos sanitarios dimensionados para una isla de poco más de 11.000 habitantes.

El nuevo repunte migratorio volvió a mostrar también la vertiente más trágica de la ruta atlántica, que es la más mortífera del mundo.

 El pasado miércoles fueron enterrados dos jóvenes que habían llegado muertos tres días antes en un cayuco con 131 personas a bordo, uno de ellos un gambiano de 26 años cuya familia pudo seguir la inhumación mediante videollamada.

Además, la Guardia Civil española investiga la muerte de un menor que, según varios testigos, habría sido arrojado por la borda durante la travesía de otro cayuco que llegó a El Hierro el 19 de octubre, tras nueve días de navegación desde Senegal.

En esa embarcación viajaban 145 personas, entre ellas cinco mujeres y ocho menores, procedentes de Gambia, Mali, Guinea Conakry y Senegal.

En los últimos años las fuerzas de seguridad han investigado otros delitos graves cometidos durante las travesías, entre ellos agresiones sexuales, asesinatos y casos de personas arrojadas al mar.

García Sánchez consiguió también dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque', ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y 'Tirano Banderas', así como la Concha de Plata (del Fesival de San Sebastián) a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'.

GEl cineasta español, recalcó la Academia, estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos".

Nacido en la ciudad de Salamanca (oeste) el 22 de septiembre de 1941, era licenciado en Derecho y con estudios de Sociología. Comenzó en teatro su trayectoria con el grupo independiente 'Los Goliardos'. Más tarde, ingresó en la Escuela Oficial de Cinematografía.

Ya en 1966 trabajó como ayudante de dirección en el filme 'La caza', del director español Carlos Saura.

Debutó como director de largometrajes con 'El love feroz' (1975), a la que siguieron 'Colorín colorado' (1976) y 'Las truchas' (1978), su tercer largometraje con el que consiguió el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1979.

En 1981 dirigió, junto a Andrés Linares, 'Dolores', un documental dedicado a la dirigente comunista Dolores Ibárruri, conocida como "la Pasionaria".

Posteriormente, dirigió 'La corte de Faraón' (1985), una comedia musical ambientada en la posguerra española y ganadora de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; y dos años más tarde 'Divinas palabras' (1987), adaptación de la obra de Ramón María del Valle-Inclán.

A estas siguieron 'La noche más larga' (1991) y 'Tirano Banderas' (1993), adaptación de la novela de Valle-Inclán por la que obtuvo el premio Goya al mejor guion adaptado, junto a Rafael Azcona.

También fue guionista de 'Belle Époque' (1992), dirigida por Fernando Trueba. La película consiguió nueve premios Goya, entre ellos el de mejor guion original.

Considerado uno de los referentes del cine español de la época, con una trayectoria marcada por la comedia, la sátira y la crítica social, a su lista se sumaron los títulos 'Suspiros de España (y Portugal)' (1995) y 'Tranvía a la Malvarrosa' (1996).

Ya en el siglo XXI, continuó su actividad con 'Lázaro de Tormes' (2000), 'La marcha verde' (2001), 'Por la gracia de Luis' (2009) y 'Los muertos no se tocan, nene' (2011), entre otros títulos.

Su carrera fue reconocida con la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en 2017 y el nombramiento como socio de honor del Cine Club Duero en 2002.

"Usaremos una Ley de Protección de Inversiones para dejar claro que el fetiche izquierdista de las nacionalizaciones arbitrarias no es compatible con la Constitución", declaró el ministro conservador al tabloide Bild.

Según explicó Dobrindt a este medio, el proyecto de ley constará de tres elementos, el primero de los cuales pasará por establecer que las compensaciones económicas que se pagan en caso de una expropiación deben ajustarse al precio de mercado, determinado por un peritaje.

En segundo lugar, el pago de la compensación deberá realizarse en dinero y de forma inmediata.

Finalmente, se deberá demostrar la necesidad imperiosa de llevar a cabo la expropiación, aportando pruebas de que todas las otras medidas posibles -en este caso, para paliar la crisis de la vivienda- se han agotado.

La Izquierda está manteniendo contactos con el Partido Socialdemócrata (SPD) y con Los Verdes para formar una alianza que le permita gobernar en Berlín, y ha llegado con estos partidos a un acuerdo preliminar para expropiar unas 150.000 viviendas a las grandes inmobiliarias privadas.

Sin embargo, el partido proyecta que se indemnice a las empresas afectadas con aproximadamente 16.000 millones de euros, muy por debajo del precio de mercado estimado por los expertos.

Uno de los colíderes de La Izquierda, Luigi Pantisano, reaccionó a las declaraciones de Dobrindt subrayando que los ciudadanos de Berlín han apoyado dos veces la expropiación, primero a través de la consulta popular que se celebró en 2021, y después con la victoria de la formación izquierdista en las regionales de septiembre.

El Gobierno del canciller Friedrich Merz demuestra con su proceder "que los accionistas de (la inmobiliaria) Vonovia son más importantes para ellos que los inquilinos e inquilinas de alquiler en Berlín", denunció y aseguró que un proyecto de ley como el propuesto por Dobrindt seguramente sería declarado inconstitucional por la Justicia.

"En una primera etapa (del conflicto con Occidente), por cierto, hubo acusaciones contra Rusia de que estaba prohibiendo y negándose a suministrar materias primas relativamente baratas: petróleo, gas, carbón y uranio. Pero nunca le hemos negado nada a nadie", afirmó Putin en una entrevista difundida este domingo.

El jefe del Kremlin recalcó que, si bien los europeos están "planeando dejar de comprar lo que aún reciben de Rusia, siguen recibiendo, por cierto, bastante".

"Nuestro GNL representa el 20% del mercado europeo. Es un segmento de mercado significativo", subrayó.

Agregó que Rusia coincide en que hay que “hacer la transición a fuentes de energía renovables", pero esto debe pasar gradualmente y a medida que otras fuentes estén listas para un uso racional y económicamente viable.

"Cerremos las centrales nucleares, clausuremos las minas de carbón a cielo abierto, etcétera. Ni siquiera entiendo qué piensan usar", dijo Putin sobre las políticas europeas.

En este sentido, opinó que estas políticas "crearon las bases que impulsaron estas protestas en las principales ciudades" de Europa.

"¿Cuál es la razón? Sus propios errores, y en diversas áreas. En la economía y las finanzas, hay una deuda pública excesiva, superior al 100%", enumeró.

Por ello, aseguró que “no hay necesidad de culpar a nadie en el extranjero” y Europa debe abordar “sus propios problemas, que surgieron en su territorio".

Si este trabajo no se hace, será peor para la propia Europa, dijo Putin, quien agregó que en ese caso no se analizarán las causas de las dificultades y “se echarán balones fuera”.

“Primero para culpar a Estados Unidos, y ahora, a Rusia”, concluyó.

"La expectativa que teníamos, y parece que se está confirmando, es que ahora, en la segunda vuelta, la participación será mucho mayor. Esperamos que acuda a votar alrededor del 50 % del electorado", dijo el embajador, Raimundo Carreria Silva, en declaraciones a los medios, tras achacar el abstencionismo de la primera vuelta a un puente, ya que el lunes posterior era festivo en Portugal.

El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo de Brasil.

Seguidores de ambos candidatos se concentraron en la Ciudad Universitaria de Lisboa, donde se habilitaron varios edificios para los centros de votación, en los que había filas para depositar la papeleta. La capital portuguesa cuenta con 78.833 electores habilitados para votar en estas presidenciales.

Una de ellas Daniela, una joven que este domingo votó por Bolsonaro. "He decidido votar por él porque sus propuestas están en línea con lo que yo creo, con los valores que defiendo: la familia, la seguridad, la educación… así que, claro, el 22, Bolsonaro, Brasil va a mejorar", explicó a EFE.

Al contrario, Sabine viajó este fin de semana desde el archipiélago de las Azores a Lisboa específicamente para votar, después de no haberlo hecho en la primera vuelta, convencida de que su candidato, Lula, ganaría.

"No voté en la primera vuelta, pensaba que Lula iba a ganar; y como se produjo ese empate, hoy me he sentido en la obligación de venir aquí para que podamos consolidar nuestra democracia", testimonió.

En la primera vuelta de las presidenciales, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, con 56,1 millones de sufragios, frente al 45,16 % alcanzado por Lula, equivalente a 53,8 millones de votos.

En Lisboa y Oporto, Luiz Inácio Lula da Silva fue el candidato más votado, con 14.948 votos (53,51 %) y 10.356 (52,49 %), respectivamente, mientras que en Faro se impuso Flávio Bolsonaro, con 1.305 sufragios (48,88 %).

El pasado 6 de octubre, primera vuelta de las presidenciales, la abstención en Portugal se situó en el 61,7 %.

Según las últimas encuestas electorales divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula.

No obstante, ambos aspirantes están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos.

Según el candidato de la oposición, en los últimos cuatro años “todo el mundo ha empeorado” y por eso no se puede seguir insistiendo en el “error”, pues los brasileños viven con miedo a la inseguridad y por las dificultades económicas.

Bolsonaro votó unos veinte minutos después de que fueran abiertas las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro.

Vestido con una camisa amarilla de manga corta y con un adhesivo en el pecho con el número 22, el que lo identifica como el candidato del Partido Liberal, el aspirante de la ultraderecha llegó al lugar en medio de la lluvia, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro, y un fuerte esquema de seguridad.

En el lugar, decenas de personas estaban desde una hora antes en fila a la espera de la apertura de las mesas, que cerrarán a las 17.00 (20.00 GMT).

Los colegios electorales abren para la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil

Las últimas encuestas divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, le dan la victoria a Bolsonaro con un 51 % de los votos validos, frente al 49 % obtenido por Lula.

No obstante, tanto el aspirante de la ultraderecha como el líder progresista están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

Unos 158,7 millones de votantes están convocados para elegir la fórmula presidencial, este domingo donde además se elegirá a seis gobernadores.

Ocho de los nueve fallecidos fueron sepultados en una fosa acondicionada frente a la iglesia de San Jorge en la aldea de Hamud, en la provincia de Karak, donde fueron asesinados por un grupo de hombres armados que aun no han sido identificados.

El cortejo fúnebre fue presidido por el patriarca Teófilo III de Jerusalén de la Iglesia Ortodoxa Griega, confesión a la que pertenecían los asesinados, según transmitió en directo la cadena de televisión pública jordana, Al Mamlaka.

El primer ministro jordano, Yafar Hasán, participó en este último adiós y depositó una corona floral en los féretros, que fueron llevados en hombros por agentes de seguridad pública y envueltos en banderas jordanas antes de ser sepultados en la fosa, donde se construirá un monumento conmemorativo.

En la tarde del viernes, varios individuos armados irrumpieron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge durante una ceremonia fúnebre en la que había asistentes tanto cristianos como musulmanes, y empezaron a "disparar indiscriminadamente" contra los presentes, informaron a EFE testigos del suceso.

Las autoridades jordanas han cifrado en nueve los muertos y en unos 40 los heridos, que se encuentran estables -según Al Mamlaka- en este ataque que el Gobierno jordano ha tildado de "terrorista" y ha atribuido al EI, aunque aún no ha sido reivindicado por ningún grupo.

El próximo diciembre, se cumplen justo diez años desde que Karak fuera escenario de un ataque reivindicado por el EI en el que murieron 14 personas, entre ellas una canadiense.

Jordania, con una población de alrededor de 11,5 millones de habitantes, es un país de mayoría musulmana en el que los cristianos representan aproximadamente el 3 % de la población.

Aunque los ataques de este tipo son poco habituales, las fuerzas de seguridad realizan periódicamente operaciones contra redes vinculadas al extremismo, así como contra el contrabando de armas y drogas procedentes de países vecinos.

"Sigo con preocupación la grave situación humanitaria en Yemen, en particular en la ciudad de Taiz, donde la población sufre por la falta de comida, agua y atención médica", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

Y añadió: "Hago un sentido llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región vivir en paz".

El apelo del papa se produce en medio de una escalada de la ofensiva de los hutíes contra la ciudad de Taiz, a la que imponen un cerco desde hace un par de semanas y asedian a diario para hacerse con su control mientras la población civil se está quedando sin acceso a suministros básicos y a servicios esenciales.

En la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, la Red Yemení de Derechos y Libertades denunció este sábado que al menos 212 civiles, entre ellos 38 menores, han muerto en bombardeos "indiscriminados", disparos de francotiradores y explosiones de minas terrestres.

Más de 268.000 personas han abandonado sus hogares debido al recrudecimiento del conflicto en Yemen, especialmente desde inicios de septiembre, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según la Comisión Electoral Central y el Ministerio del Interior, este porcentaje apenas supera la mitad del registrado en las anteriores elecciones presidenciales, celebradas en 2021, cuando la participación a esa hora fue del 10,2 %.

Cerca de 6,6 millones de ciudadanos con derecho a voto están convocados a las urnas en más de 12.660 colegios electorales para elegir entre 27 candidatos, una cifra inédita de aspirantes al cargo.

La presidenta en funciones, Iliana Yotova, experiodista y ex eurodiputada de orientación socialista y prorrusa, es la principal favorita para pasar a la segunda y decisiva ronda electoral.

En ella se enfrentará, con toda probabilidad, al exprimer ministro interino Andrey Gyurov, antiguo vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria y exdiputado de orientación europeísta.

Según los últimos sondeos, Yotova podría obtener hasta un 47 % de los votos, frente al 30 % de Gyurov.

Yotova fue la mano derecha de Rumen Radev, presidente hasta enero pasado y ahora primer ministro. Ambos defienden el fin de la ayuda militar a Ucrania para evitar que se prolongue el conflicto y apuestan por la diplomacia como vía para poner fin a la guerra.

Gyurov, por su parte, aboga por una mayor asistencia militar a Ucrania, así como por una política más activa de Bulgaria en el seno de la OTAN y la Unión Europea en apoyo al país invadido.

A su juicio, una victoria rusa supondría una amenaza para la seguridad de toda Europa.

El politólogo Dimitar Ganev atribuyó el desinterés de los votantes, por un lado, a la celebración reciente de elecciones legislativas, el pasado 19 de abril, ganadas por Radev con una contundente mayoría, y, por otro, a la amplia ventaja de Yotova sobre su rival en las encuestas.

«Creo firmemente que habrá un auge en Bulgaria y que debe haber paz, estabilidad y seguridad. Los búlgaros, más que nadie, necesitamos diálogo, acuerdo, conversación y unión», dijo Yotova ante la prensa tras depositar su voto.

Gyurov, por su parte, afirmó que había votado por «una Bulgaria europea, libre y orgullosa».

Según las previsiones demoscópicas, la participación no superará el 50 % y ninguno de los candidatos obtendrá la mayoría absoluta.

Por ello, el próximo domingo, 1 de noviembre, se celebrará una segunda y definitiva vuelta entre los dos aspirantes más votados, previsiblemente Yotova y Gyurov.

"Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania", afirmó el pontífice desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del ángelus dominical.

El ataque se produjo en la localidad de Hamud (gobernación de Karak), cuando varios individuos armados, presuntamente vinculados al Estado Islámico, irrumpieron en el patio del templo durante un funeral.

"Expreso mi cercanía a esa comunidad que se distingue por la pacífica convivencia y el respeto entre las diferentes religiones. Continuemos juntos rezando por la paz", afirmó el papa ante los peregrinos congregados en la plaza de San Pedro.

Asimismo, recordó la cita interreligiosa del próximo martes 27 de octubre en Asís bajo el lema 'Paz desarmada y desarmante', que conmemora el 40 aniversario de la histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por San Juan Pablo II.

"Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz", dijo León XIV.

Aunque estaba prevista su presencia en el encuentro de Asís, los médicos del pontífice desaconsejaron finalmente su traslado en helicóptero, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, que requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

En un comunicado, el médico personal del papa, Luigi Carbone, y el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, señalaron que, pese a la evolución favorable, consideraron "oportuno desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre", debido al poco tiempo transcurrido desde la operación.

En un comunicado, Borr Drilling indicó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 20.37 hora local (19.37 GMT) de este sábado, e implicó a la plataforma de perforación Prospector 5, mientras realizaba operaciones de "elevación" en preparación para una "campaña de perforación planificada".

La Prospector 5 es propiedad de Borr Drilling, que también la opera, y está contratada para apoyar las operaciones de perforación en la zona de BW Energy.

"La información preliminar indica que la plataforma sufrió un hundimiento repentino de una de sus patas en el lecho marino durante las actividades de precarga, lo que provocó una pérdida de estabilidad y el posterior hundimiento de la estructura", detalló Borr Drilling en el comunicado.

"En el momento del suceso, había 115 personas a bordo de la plataforma. Se ha confirmado que 110 de ellas se encuentran a salvo. Cinco personas permanecen desaparecidas y en estos momentos se están llevando a cabo amplias operaciones de búsqueda y rescate", añadió.

Para ello, se ha activado el equipo de respuesta de emergencia de Borr Drilling y la empresa está trabajando con las autoridades locales y con su cliente, BW Energy.

"Estamos profundamente preocupados por las personas que aún no han sido localizadas y por todos los afectados por este incidente. Nuestra prioridad inmediata es apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como el bienestar de todo el personal implicado", señaló el consejo delegado de Borr Drilling, Bruno Morand.

También reaccionó al accidente el presidente y líder golpista de Gabón, Brice Oligui Nguema, quien expresó en la red social X su "profunda emoción" por lo ocurrido y situó la plataforma afectada frente a las costas de la ciudad sureña de Mayumba.

"Sigo hora a hora la evolución de las operaciones de búsqueda y rescate. He dado instrucciones al Gobierno para que movilice todos los medios del Estado, empezando por la Marina Nacional, para que estas labores de búsqueda continúen sin tregua y las familias sean informadas de manera prioritaria", agregó.

Oligui Nguema reivindicó que "los gaboneses tienen derecho a saber qué ha ocurrido" y aseguró que "la investigación abierta por el Ministerio de Petróleo y Gas establecerá las causas y las responsabilidades y las conclusiones se harán públicas".

"Quienes trabajan en el mar para nuestro país deben poder hacerlo en condiciones de seguridad. Es una exigencia que plantearé a cada uno de los operadores presentes en nuestro dominio marítimo", concluyó.

Un palestino identificado como Hamdan Salman abu Amra, según la información de una fuente del Hospital Al Aqsa, falleció esta mañana en un ataque perpetrado por un dron israelí al este de Deir al Balah (centro de Gaza); mientras que un segundo murió en otro ataque aéreo contra un grupo de personas al noroeste de la ciudad de Gaza.

La segunda víctima ha sido identificada como Fawzi Salem a Sawarka, de 54 años, de acuerdo con una fuente del Hospital Al Shifa al que fue trasladado junto a varios heridos, incluido uno grave.

Otros dos palestinos murieron en un tercer ataque contra la ciudad de Jan Yunis (sur), en el que otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño, informó el Hospital Naser, que identificó a las víctimas como Alaa Ahmed abu Zayed y su hermano, Nabil.

Estos ataques, diarios, se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año. Solo ayer sábado, Israel mató a otros cuatro gazatíes e hirió a otros 14, según datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad local.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023.

El expresidente Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política en el país balcánico desde 2014, se presenta como candidato a primer ministro al frente del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS).

A las 10.00 (09.00 GMT), el 19,7 % de los serbios convocados a votar había acudido ya a las urnas, más del doble que en las legislativas de de hace tres años cuando el SNS acabó ganando por mayoría absoluta.

Según varios analistas, una elevada participación podría beneficiar a la candidatura opositora Lista de los Estudiantes, especialmente en un escenario de resultados muy ajustados, como vaticinan los sondeos.

Tras votar en una guardería en las afueras de Belgrado, Vucic declaró ante la prensa que espera que el proceso se desarrolle sin problemas.

"Escucharemos la voluntad democrática de los ciudadanos. Se puede ganar o perder unas elecciones. De cualquier manera, actuaremos con responsabilidad", declaró el aspirante a primer ministro ante los numerosos medios presentes.

Preguntado por EFE sobre si se retiraría de la política en caso de perder, Vucic, de 56 años, dijo que primero hay que esperar al resultado de hoy.

El político nacionalista y populista advirtió de que Serbia decide hoy si avanza hacia el futuro o si regresa a "la época de las privatizaciones depredadoras, la devastación económica del país y la humillación política tanto de la nación como del Estado".

Vucic aspira en estas elecciones a prolongar sus doce años como hombre fuerte de Serbia, primero como primer ministro, hasta 2017, y después como jefe del Estado hasta el mes pasado, cuando dimitió para volver a optar a liderar el Gobierno.

Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura integrada por expertos y profesionales, impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la creciente corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

"Lo más importante es que la gente salga a votar libremente y según su conciencia", dijo ante la prensa Ilija Srdanovic, el cardiólogo que encabeza la lista electoral, aunque no ejerce como su líder ni ha sido designado candidato a primer ministro.

"Lo que hemos visto hasta ahora es que todo ha estado muy bien organizado y la votación transcurre sin problemas", valoró, por su parte, Gilles Baum, jefe de la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

No obstante, la ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA) ha denunciado algunas incidencias, como un leve retraso en la apertura del 16 % de los colegios electorales o problemas iniciales para que los observadores independientes accedieran a los centros de votación.

Esta organización había denunciado previamente graves irregularidades durante la campaña, como coacciones a la oposición, presiones, compra de votos y campañas de manipulación en los medios afines a Vucic, la mayoría de los cuales se posicionan contra la oposición.

Aproximadamente 6,4 millones de serbios pueden acudir a votar hasta las 20.00 (19.00 GMT) en estas elecciones, consideradas las más trascendentales y reñidas en Serbia desde que las protestas ciudadanas masivas provocaron la caída del régimen autoritario de Slobodan Milosevic.

"Actualmente estamos hablando de la cumbre de noviembre en Shenzhen (China), pero hemos recibido una invitación (a la cumbre del G20)", dijo a la televisión estatal rusa el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Enseguida respondió afirmativamente a la pregunta de si mucho depende de la cumbre en China.

En cuanto a la agenda de la cumbre de la APEC, Ushakov dijo que aún no se ha hablado de una posible reunión entre Putin y el líder estadounidense, Donald Trump, ya que se planea organizar un encuentro trilateral en el que estaría presente también el anfitrión del evento, Xi Jinping.

“Aún no hemos coordinado esta reunión. Hasta ahora, solo hemos hablado de contactos trilaterales. Si los dos presidentes coinciden en el mismo lugar, al menos se saludarán, conversarán sentados a la mesa y hablarán durante los actos protocolares. Estas importantes cumbres internacionales ofrecen oportunidades significativas para la comunicación”, explicó.

Esta semana, Ushakov ya dijo que la posibilidad de una reunión entre los líderes ruso, estadounidense y chino, que no rechaza ninguna de estos países, fue uno de los asuntos que abordaron Putin y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, durante un encuentro en San Petersburgo.

En este sentido, señaló que la parte rusa expuso algunas “consideraciones prácticas” en relación con el posible contenido de las negociaciones trilaterales.

Más tarde, Ushakov precisó que los tres líderes “ han confirmado su disposición” a reunirse.

De hecho – agregó – los expertos de las partes ya han hecho el trabajo previo.

“Ahora es necesario que todos los líderes estén en el mismo lugar al mismo tiempo”, indicó y subrayó que en caso de celebrarse, sería “la primera vez que se reúnen los líderes de países tan grandes”.

El banco central estadounidense celebra el martes y el miércoles su primera junta de política monetaria desde que en septiembre apostara por incrementar el referencial en un cuarto de punto (dejándolo en la horquilla del 3,75-4 %), en lo que supuso la primera subida en más de tres años.

Aquella decisión complicó los argumentos que los republicanos, y ante todo Trump, venían defendiendo sobre su compromiso de aliviar una inflación heredada de Joe Biden que estaba en niveles no vistos desde hace cuatro décadas.

Con el índice de precios al consumidor (IPC) y el deflactor de gastos en consumo personal (PCE), un indicador que la Fed suele tener incluso más en cuenta a la hora de enfocar su política monetaria, mostrando subidas medias en Estados Unidos del 3,5 % interanual en los tres últimos meses, la Fed ha tenido que mover ficha y se da por hecho que volverá a hacerlo antes de que acabe el año.

Esos números y la restricción del crédito resultante cargan de argumentos el mensaje de los demócratas, centrados en subrayar que Trump ha contribuido a elevar el coste de la vida en el país.

Ahí han pesado su cruzada arancelaria, que ha hecho que muchas importaciones resulten menos asequibles para los estadounidenses, y la cada vez más impopular guerra contra Irán, que ha encarecido los combustibles.

A esto último se le ha sumado el recrudecimiento de los ataques ucranianos contra refinerías rusas, disparando aún más el diésel, un insumo crítico en la mayoría de los distritos electorales de la nación norteamericana que se paga ahora a 6,30 dólares el galón de media, un 75 % más que hace un año.  

El consenso de analistas y mercados es que la Fed no subirá los tipos esta semana y que esperará a diciembre a hacerlo, aunque, en todo caso, anunciar un nuevo incremento el miércoles no depararía consecuencias visibles en materia de empleo o encarecimiento del crédito durante los seis días que restan hasta las elecciones, en las que Trump y los republicanos se juegan mantener su exiguo control del Congreso. 

Por otro lado, anunciar una subida de tasas de interés esta semana sí tendría un efecto sorpresa potencialmente dañino, recordando de manera aún más ostensible al votante -que ya da por hecho que el crédito se endurecerá antes o después- que la inflación sigue sin estar controlada.

El jueves 29 de octubre se publicará a su vez el dato más reciente del PCE, un indicador que puede ahondar las malas perspectivas sobre la inflación a cinco días de que abran las urnas, y también el dato del producto interior bruto (PIB) estadounidense del tercer trimestre.

Los economistas esperan un crecimiento anualizado del 3 % en julio-septiembre en la primera economía del mundo, una aceleración con respecto al 2,2 % del segundo trimestre.

Un PIB resistente puede brindar a Trump argumentos favorables en vísperas de las elecciones, aunque su rentabilidad política sería menos evidente si una parte importante del crecimiento procede de inversiones en inteligencia artificial (IA), que muchos ciudadanos en Estados Unidos miran cada vez con más recelo debido al fantasma de la destrucción de empleo y a la alta demanda de recursos y energía que generan los centros de datos.

Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

Los puestos de votación atenderán a los electores hasta las 17.00 (20.00 GMT) de este domingo, en el que se espera que disminuya la abstención del 21,08 % registrada en la primera vuelta, la más alta desde 1998.

Los mismos horarios se seguirán en el exterior, donde unas 919.000 personas se inscribieron para participar de los comicios, un 32 % en relación con las elecciones de 2022.

De la misma forma que el pasado 4 de octubre, las mesas de votación atenderán a quienes estén en la fila a la hora del cierre.

En la primera vuelta de las presidenciales, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, con 56,1 millones de sufragios, frente al 45,16 % alcanzado por Lula, equivalente a 53,8 millones de votos.

São Paulo, el estado más poblado del país, se mantiene como el mayor colegio electoral de Brasil, con el 21,5 % de los votantes, seguido por Minas Gerais (10,3 %), Río de Janeiro (8 %), Bahía (7 %) y Paraná (5,4 %), según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Según las últimas encuestas electorales divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula.

No obstante, ambos aspirantes están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos.

"Netanyahu, estás en un estado de histeria", le dice Eisenkot, líder del partido de centro-derecha Yashar! (¡Recto!), en un mensaje de X a dos días de las elecciones general en Israel, cuyas encuestas pronostican una bajada en los escaños que obtendría el Likud de Netanyahu que le haría imposible gobernar con los partidos de su ejecutivo actual.

El ex jefe del Estado Mayor añade que Netanyahu, "como en cada campaña electoral", vuelve a recurrir a la táctica del miedo, y que esta vez amenaza "a los ciudadanos de Israel con una aniquilación masiva".

Sus críticas se producen después de que Netanyahu publicara en X un texto, acompañado de la imagen de una explosión nuclear sobre una ciudad costera muy parecida a Tel Aviv, advirtiendo del presunto peligro de que se produzca "un segundo holocausto" si él no es reelegido, ya que persiste la "amenaza existencial" ante Irán y sus aliados.

"Esto, después de no haber logrado tus objetivos bélicos respecto a Irán", le reprocha Eisenkot en su mensaje, y asegura que Netanyahu ha pasado "de prometer una 'victoria total' a decir que 'no nos rendiremos'".

Y añade: "Has fracasado. Y dentro de dos días, el pueblo de Israel te lo demostrará claramente en las urnas".

En otro comunicado, el líder de los Demócratas, Yair Golán, exigió que se restringa el acceso de Netanyahu a las redes sociales tras publicar "una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv".

"Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento", dice en el texto, prometiendo reemplazar junto al bloque de la oposición a "estos alarmistas que siembran el miedo".

"Después de 20 horas, decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros, y se han recuperado los cuerpos de dos mineros", dijo en un comunicado este colectivo vecinal, que documenta y denuncia violaciones de derechos humanos en Sudán, principalmente los relacionados con la guerra que azota al país desde abril de 2023.

Según la nota, el derrumbe sucedió el sábado en la zona de Salim, donde se iniciaron operaciones de rescate con "herramientas manuales limitadas", mientras que los comités de resistencia denunciaron una intervención "ineficaz" de las autoridades locales.

En este sentido, condenaron "el flagrante desprecio de las autoridades estatales" por las vidas de los mineros al dar una respuesta limitada, sin que el Gobierno sudanés haya proporcionado el equipo y la maquinaria necesarios para rescatar a las víctimas, cuyo número puede ser muy superior al registrado hasta el momento.

Asimismo, alabaron los esfuerzos de los residentes de la zona, que están ayudando en las tareas de desescombro con herramientas rudimentarias.

A finales de septiembre, al menos diez personas murieron al derrumbarse cinco pozos de oro en una mina en la mina de Oni El Dakkan, en la población de Jebeit del noreste de Sudán.

Cinco días antes, al menos 80 personas perdieron la vida en otro suceso similar en el estado centro occidental de Kordofán del Oerste.

Estos accidentes ponen de relieve los crecientes riesgos de la minería artesanal no regulada, y es que antes de la guerra que vive Sudán desde 2023, el sector de la minería artesanal daba empleo a más de dos millones de personas, una cifra que aumentó hasta unos cuatro millones después del inicio del conflicto.

Este sector produce alrededor del 80 % del oro extraído en Sudán, cuya producción se estima en unas ochenta toneladas anuales.

Los más de 8.200 colegios electorales abrieron a las 07:00 hora local (06:00 GMT) y cerrarán a las 20:00 hora local (19:00 GMT) y se espera que algunas ONG anuncien las primeras proyecciones de resultados no oficiales unos 90 minutos más tarde.

Unos 6,4 millones de electores están llamados a elegir a los miembros del nuevo Parlamento unicameral de 250 escaños.

Los sondeos apuntan a un resultado muy ajustado entre Serbia Unida, liderada por el partido conservador SNS de Vucic, y La Lista de Estudiantes, integrada por académicos, economistas, juristas, ingenieros, sociólogos y artistas elegidos por los universitarios.

Las elecciones, adelantadas casi un año por Vucic, llegan tras dos años de protestas, lideradas por los estudiantes, en demanda de explicaciones tras la muerte de 16 personas en noviembre de 2024 por el derrumbe de un voladizo en una estación de tren que había sido renovada en el marco de un contrato opaco por empresas chinas.

Vucic, primer ministro entre 2014 y 2017, fue durante nueve años presidente del país hasta dimitir en septiembre pasado para poder presentarse como candidato a jefe del Gobierno.

Los universitarios han centrado su candidatura en la lucha contra la corrupción y el autoritarismo, del que acusan a Vucic, mientras que el presidente afirma que es el único que puede garantizar la estabilidad en Serbia.

Serbia ha visto muy ralentizado en los últimos años su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), a la que aspira a ingresar desde 2012, y el nivel de corrupción lleva una década creciendo, según la ONG Transparencia Internacional.

Vucic se ha negado a sumarse a las sanciones europeas contra Rusia, de donde importa a bajo precio el 90 % del gas que consume y con la que Serbia mantiene estrechos vínculos históricos.

La presencia de China ha aumentado en los últimos años, y ese país es ahora el segundo inversor extranjero, sólo por detrás de la UE.

Vucic presume además de mantener buenas relaciones con el presidente estadounidenses, Donald Trump.

"Tenemos otros dos años del gobierno de (Donald) Trump para terminar el trabajo en Irán, y no hay forma de saber qué vendrá después, si será Kamala Harris o algún Mamdani", parafraseó Netanyahu en su cuenta de X, en la que compartió las palabras de un escritor israelí, Yuval Bloomberg, junto a una imagen de una explosión nuclear generada por inteligencia artificial.

El texto alega también que algunos de los temas centrales de estas elecciones, como el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, Catar o si él mismo había sido alertado de un posible ataque antes del 7 de octubre "no es más que una enorme cortina de humo, destinada a ocultar la única cuestión que prevalece sobre todas las demás".

"Si cayeran dos bombas atómicas en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?", añade el mensaje, que también valora la cercanía entre Netanyahu y Trump y la capacidad del primero para "tomar el teléfono y mantener una conversación personal y sustancial" con el presidente de EE.UU.

"Cualquiera que se preocupe por su propia supervivencia física, o por la de su familia y sus seres queridos, debería dudar -su mano debería temblar- antes de elegir a alguien incapaz de completar la misión. Hacerlo equivaldría a condenarse a uno mismo y a su familia al riesgo de un segundo holocausto", concluye el texto.

En otro comunicado, el líder de los Demócratas, Yair Golán, exigió que se restringa el acceso de Netanyahu a redes tras publicar "una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv".

"Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento", añadió en el texto, prometiendo reemplazar junto al bloque de la oposición a "estos alarmistas que siembran el miedo".

“Si hay un negociador, eso es bueno. Y si es uno que busca sinceramente a contribuir a un arreglo pacífico (en Ucrania), eso será aún mejor”, dijo Peskov a la agencia TASS.

Según él, la UE “lleva mucho tiempo queriendo hacerlo, pero no se decide o no puede” nombrar a un negociador.

Peskov lamentó que hasta el momento los funcionarios europeos solo se hayan limitado a hacer declaraciones, sin tomar medidas reales.

El diario alemán Berliner Zeitung informó previamente que el presidente finlandés, Alexander Stubb, es el candidato más probable para ocupar el papel de mediador europeo en posibles conversaciones de paz con Rusia sobre Ucrania.

Según el periódico, el mandatario finlandés cuenta con tres ventajas clave: una buena relación personal con el presidente estadounidense Donald Trump, experiencia directa en el trato con Rusia y acceso a las autoridades ucranianas.

El 22 de octubre, The Telegraph también incluyó a Stubb en una lista de posibles candidatos de la UE para negociar con Rusia.

La UE también podría estar representada en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente checo, Petr Pavel; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; o el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aseguró previamente que para Rusia es irrelevante quién será el negociador europeo, lo que importa es su posición en la mesa de negociación.