Las víctimas mortales se han registrado en las provincias andinas de Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) y en las costeras de El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado 1.334 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 163 municipios.

De las 64.757 personas perjudicadas, 46.467 figuran como afectadas y otras 18.290 como damnificadas, según el organismo.

Además, 17.041 viviendas han sufrido daños y 86 han quedado destruidas, mientras que las lluvias han afectado a 28,23 kilómetros de carreteras, 30 puentes y 39 centros de salud.

El organismo también ha contabilizado nueve cuerpos hídricos desbordados y otros dieciséis con tendencia a aumentar su nivel.

Por el momento, 346 personas permanecen alojadas en diez albergues y refugios temporales habilitados en distintas provincias del país.

Esmeraldas es la provincia con mayor número de personas perjudicadas, con 21.616, seguida de Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Manabí.

Ecuador se encuentra en alerta roja desde el 29 de agosto por el fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia.

En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

El acuerdo, negociado por los liberales progresistas de D66 y los democristianos de CDA con la alianza progresista PRO y el partido europeísta Volt, ha provocado fuertes tensiones en el Ejecutivo en minoría del primer ministro, Rob Jetten.

Jetten ha cancelado su viaje a Dublín, donde tenía previsto participar en dos cumbres europeas, para asistir al debate parlamentario extraordinario previsto para este jueves.

La dirección del VVD, encabezada por Dilan Yesilgöz, ha mantenido reuniones internas esta tarde para decidir su posición después de conocer el resultado de unas negociaciones que se prolongaron hasta las tres de la madrugada y de las que fue informado una vez cerrado el pacto.

“No puedo descartar nada. La situación no tiene buena pinta”, declaró Yesilgöz a los periodistas en La Haya, tras advertir de que, si sus socios apoyan el acuerdo este jueves, será necesario un “replanteamiento fundamental” de la colaboración entre los tres.

La dirigente acusó a sus socios de actuar a sus espaldas y lamentó que “nunca había ocurrido algo así en Países Bajos: que dos partidos de una coalición sorprendieran a su tercer socio anunciándole que habían cerrado un acuerdo con la oposición”, criticó.

La propuesta contempla trasladar 1.000 millones de euros de carga fiscal desde las rentas de los trabajadores hacia los grandes patrimonios, mediante un aumento de los impuestos sobre los rendimientos más altos del ahorro y las inversiones.

En concreto, propone aumentar del 36 % al 38,5 % el impuesto sobre los ingresos anuales superiores a 60.000 euros procedentes de ahorros e inversiones, mientras que el tipo general se reduciría al 35,5 %, lo que se espera que genere 221 millones de euros adicionales para las arcas públicas.

También prevé aumentar la carga fiscal sobre algunos ingresos obtenidos de participaciones en empresas y limitar las ventajas tributarias de las donaciones de padres a hijos, aunque todavía no se ha concretado cómo se recaudarán 412 millones de euros de los 1.000 millones previstos.

El pacto es una versión moderada de una propuesta inicial de PRO y Volt, que pretendía recaudar 1.500 millones de euros y eliminar algunas ventajas fiscales para la transmisión de empresas familiares.

El VVD se opone a las medidas por considerar que perjudican a los empresarios y a la inversión.

“Esto es perjudicial para Países Bajos”, insistió Yesilgöz, quien acusó a sus socios de incumplir el acuerdo de coalición y advirtió de que esta “no es la manera de trabajar juntos”.

El líder de PRO, Jesse Klaver, celebró el acuerdo como un “avance decisivo” hacia la introducción de un impuesto a los millonarios, mientras que CDA defendió las concesiones logradas para preservar las ventajas fiscales de las empresas familiares y proteger la inversión en Países Bajos.

La controversia amenaza con complicar la aprobación del Plan Fiscal de 2027, dado que la coalición de D66, VVD y CDA no cuenta con mayoría parlamentaria y necesita el apoyo de otros partidos tanto en el Congreso como en el Senado.

El portavoz parlamentario de D66, Jan Paternotte, descartó que el desacuerdo suponga necesariamente una ruptura de la coalición y recordó que los tres socios pueden votar de forma diferente en la práctica.

El Parlamento debatirá este jueves las enmiendas antes de votar el conjunto del plan fiscal, mientras persiste la incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno neerlandés.

El senador Rubén Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro se reunieron con miembros de la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA) para abordar el escenario abierto tras los comicios.

El encuentro se produce poco después de que Trump nombrara jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, principal arquitecto de las redadas y deportaciones masivas, pese al rechazo de los votantes latinos expresado la semana pasada en las urnas.

A pesar del ascenso de Miller, los legisladores defendieron la necesidad de negociar con la Casa Blanca una reforma migratoria que alivie la situación de los millones de latinos que viven y trabajan en el país desde hace décadas en situación irregular.

Gallego, cuyo nombre suena como posible candidato presidencial demócrata para 2028, se mostró partidario de abrir una negociación para defender a los latinos: "Es necesario que alguien luche con fuerza por nosotros, lo que podría incluir, potencialmente, llegar a un acuerdo con Donald Trump".

"Sé que hay personas dispuestas a dialogar y buscar alianzas. Como líderes, tenemos la responsabilidad de intentar proteger a tantas familias latinas como sea posible", explicó.

El senador añadió que "todavía hay tiempo para lograr un acuerdo" y llamó a perseverar en las negociaciones: "Debemos esforzarnos por trabajar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No es momento para disputas".

El propio Trump declaró el domingo en una entrevista con '60 Minutes' que su política de deportaciones pudo haber sido "demasiado dura", que le perjudicó electoralmente y que quiere negociar con los demócratas un acuerdo migratorio.

Este miércoles, el congresista demócrata Cuéllar aseguró "estar en conversaciones con la Administración sobre el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)" para lograr un acuerdo migratorio.

"Reitero nuestra disposición a colaborar: si ellos quieren trabajar con nosotros, nosotros trabajaremos con ellos", sostuvo.

Los legisladores demócratas explicaron que intentarán alcanzar un acuerdo en los últimos meses del año, todavía con un Congreso de mayoría republicana. Si no lo consiguen, se volcarán en impulsar una reforma migratoria a partir del 3 de enero, cuando se constituirá el Congreso elegido en los comicios del 3 de noviembre.

El vicepresidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, Benny Meléndez, expresó en declaraciones a EFE su confianza en que los demócratas puedan cambiar las políticas migratorias de Trump.

Tras atribuir parte de la victoria demócrata al voto latino, le pidió al partido que no cometiera el error de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, que "prometieron una reforma" que nunca llegó. "Les dimos la oportunidad nuevamente, no nos fallen", advirtió.

"Por ahora no hay ningún elemento que indique peligro. Estos mensajes no sirven para golpear, sino para asustar. Quienes los escriben buscan sobre todo nuestro miedo, días perdidos, la sospecha y el caos", dijo la gobernante en un vídeo.

Meloni reunió esta tarde a los ministros competentes en seguridad y a responsables de los servicios de inteligencia para analizar los avisos de bomba anónimos que habían afectado a unos 6.000 colegios del país, obligando a evacuar muchos de ellos.

Las alertas llegaron mediante un correo electrónico con dominio de Taiwán y firmado por un presunto Mikhail Antropov: "Me he preparado mucho para esto: matar a cada uno de vosotros. Acabo de dejar en vuestro edificio, dentro de una bolsa de plástico, un potente explosivo con un artefacto a distancia", se lee en el mensaje, divulgado por los medios locales.

Estas falsas alertas llegan después de que la semana pasada una acción similar afectara a decenas de vuelos en Europa o del caso de las cámaras frigoríficas manipuladas a distancia en numerosos supermercados de Europa, algunos también en Italia.

Meloni confirmó que no se ha encontrado ningún explosivo en las escuelas italianas y lamentó que hoy, para muchas familias, "haya sido una jornada de miedo y de malestar".

También recordó que las amenazas de bomba en escuelas también se han producido en Irlanda y en Reino Unido y, sobre la autoría de estas amenazas, subrayó que está siendo investigado por la magistratura italiana en colaboración con la justicia europea.

La primera ministra avanzó que "es posible" que mensajes parecidos lleguen de nuevo pero aseguró que "cada alarma seguirá siendo verificada una a una".

Por último, lanzó un mensaje a los italianos para pedirles que confíen en sus fuerzas de seguridad y sus instituciones y continúen con sus vidas.

"Quien ha hecho esto quería una nación detenida y atemorizada pero en cambio se encontrará una nación que mañana se levantará, acompañará a sus hijos a la escuela e irá a trabajar. Esa es la mejor respuesta que tenemos que dar", instó.

El Gobierno italiano ha convocado para mañana jueves una reunión con todos los partidos de la oposición para analizar estos hechos.

El ministro de Exteriores , Antonio Tajani, que ha denunciado la difusión en internet de sus datos privados, ha atribuido casos como las alertas en aviones o el de los frigoríficos a una "guerra híbrida" contra Europa y Occidente.

Estrada Medranda fue detenido a inicios de mes en el país centroamericano junto a su padre Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta (2009-2014), y actual candidato a esa dignidad en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Como parte de esa operación, que investiga delitos relacionados con el narcotráfico, se detuvo a inicios de mes en Ecuador a tres personas, una de ellas Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997).

Noboa puntualizó este miércoles en una entrevista con radio Centro, de Guayaquil, que el caso que involucra a Estrada es una acusación del Distrito Sur de Nueva York.

En el caso se indagan cargos por narcotráfico, con hasta diez años de prisión; posesión ilegal de armas, y "el más grave", que puede acarrear cadena perpetua, es la distribución ilegal de ametralladoras, detalló Noboa.

Explicó que -de acuerdo a la investigación- el entramado consistía en que "se mandaba droga, se importaba las armas, en eso estaba involucrado Jacobo Bucaram, según el fiscal, y el que distribuía las armas a los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) de manera local (...) era Jaime Estrada hijo".

Agregó que, según las investigaciones, en los últimos cuatro años se distribuyó "un alto número de armas largas a GDOs en Ecuador".

El gobernante recordó que Estrada hijo fue candidato a la alcaldía de Manta en 2022 cuando ganó Agustín Intriago, quien posteriormente fue asesinado "con armas largas", y apuntó que "desde 2022 hasta ahora han habido más de 3.600 homicidios solo en la provincia de Manabí, mucho de ellos con armas largas".

Anotó que las armas no se quedan solo en la provincia de Manabí sino que se distribuyen a Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas, las provincias más afectadas por la violencia en los últimos años.

Esas provincias forman parte de las ocho en las que este miércoles se renovó el estado de excepción por treinta días para combatir la inseguridad.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió el pontífice -en su cuenta de la red social X-.

El papa León XIV concluyó este miércoles una histórica visita a Argentina con una misa en la que participaron dos millones de personas en Luján y partió junto con su comitiva rumbo a Perú para proseguir con su gira apostólica.

"Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", publicó el máximo jerarca de la Iglesia católica desde el avión que lo lleva a Lima.

Durante las casi setenta horas que León XIV estuvo en Argentina, multitudes de argentinos y también de personas que viajaron desde otros países acudieron a las celebraciones públicas presididas por el pontífice y esperaron en las calles para verlo pasar en el papamóvil.

León XIV visitó un centro de acogida a personas con discapacidad, presidió una misa en Buenos Aires a la que asistieron 2,5 millones de personas, dio un discurso ante empresarios y representantes sindicales, donde habló sobre la dignidad del trabajo, la economía al servicio del hombre y de otros aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia.

El martes presidió otra misa multitudinaria en Córdoba (setecientos kilómetros al norte de Buenos Aires) a la que asistieron 650.000 personas y, de regreso en Buenos Aires, participó de un encuentro con cerca de un millón de jóvenes.

En estas y otras actividades en Argentina, León XIV recordó varias veces la figura y el legado de su antecesor: Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio-.

Los restos, correspondientes a los cráneos de un hombre africano que participó en la Revolta dos Malês, una histórica insurrección de esclavizados en Brasil en 1835, y de una mujer esclavizada enterrada en Río de Janeiro, según los grupos que reivindicaron su repatriación.

La devolución se produjo tras cuatro años de negociaciones entre el Gobierno brasileño, la universidad estadounidense y representantes de las comunidades descendientes, señala un comunicado divulgado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de Brasil.

En la operación colaboraron la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), que se encargarán de la custodia temporal de los restos mientras se definen, junto con las comunidades descendientes, las medidas de memoria y reparación histórica.

El primero de los cráneos perteneció a un hombre de etnia yoruba, musulmán, cuya identidad se desconoce y que combatió en la Revolta dos Malês, una rebelión protagonizada por africanos esclavizados de religión islámica que estalló en la ciudad brasileña de Salvador en enero de 1835.

El hombre murió en un centro médico tras resultar herido por un disparo de mosquete durante el levantamiento.

Su cráneo fue llevado a Estados Unidos ese mismo año por Gideon Theodore Snow, un comerciante y diplomático estadounidense que ejerció como vicecónsul de su país en Alagoas y posteriormente como cónsul en Pernambuco.

El cráneo fue entregado a un médico que coleccionaba piezas antropológicas en Estados Unidos y terminó en Harvard en 1847.

El regreso era reivindicado desde 2022 por representantes de la comunidad musulmana de Bahía, que crearon el Grupo de Trabajo Arakunrin para conseguir la restitución y poder darle sepultura en un ritual funerario islámico.

El segundo cráneo, según los registros consultados por las autoridades brasileñas, perteneció a una mujer esclavizada cuyos restos fueron exhumados en la década de 1860 del Cementerio de los Pretos Novos, en la región del Valongo, en Río de Janeiro, donde eran enterrados africanos esclavizados.

Los restos fueron llevados a Estados Unidos por integrantes de la Expedición Thayer, una misión científica dirigida por el zoólogo Louis Agassiz en Brasil entre 1865 y 1866, y pasaron a formar parte de la colección del Museo Peabody en 1870.

El Gobierno brasileño destacó en un comunicado que la restitución representa un compromiso con la memoria y la reparación histórica relacionadas con la esclavitud y el tráfico transatlántico de personas esclavizadas.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento aliado de Irán atacó el aeropuerto capitalino "con tres misiles guiados", mientras que afirmó que "la operación cumplió con su objetivo".

Horas antes, la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 dijo en su cuenta de X que sus defensas aéreas lograron interceptar y destruir tres misiles de crucero lanzados por los hutíes contra Riad, sin precisar el blanco del ataque.

Por otra parte, Sarea indicó que también atacaron la estación de bombeo número 11 de Yanbu con un dron, al tiempo que negó que los rebeldes yemeníes hayan apuntado contra las regiones sagradas musulmanas de La Meca y Medina, después de que la coalición afirmara haber interceptado dos aviones no tripulados sobre esas zonas.

"Lo que el enemigo saudí pretende al afirmar que interceptó un avión en los cielos de La Meca no es más que una nueva mentira y una caída moral continua", dijo el portavoz, que insistió en que los hutíes solo atacan "instalaciones petroleras y bases militares" en Arabia Saudí, país al que acusan de imponer un bloqueo en el Yemen.

Los rebeldes han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí y tienen como objetivo también instalaciones civiles y económicas del reino, que trata de hacer frente a esta amenaza mientras mantiene su campaña de bombardeos contra posiciones de los hutíes en el Yemen.

Arabia Saudí atraviesa un nuevo enfrentamiento con los hutíes desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital del Yemen en manos de los insurgentes desde 2014.

Según el parte policial de la ciudad de Caleta Olivia, donde está ubicada la radio, el ataque tuvo lugar en la madrugada del martes y fueron los trabajadores los que advirtieron de los daños al llegar a la emisora para iniciar la jornada laboral.

Los proyectiles impactaron en la fachada, las ventanas y sectores internos del inmueble, incluido el vidrio que separa el estudio de grabación con la sala de operaciones.

Las cámaras de seguridad registraron a los dos agresores cuando disparaban contra el edificio desde una motocicleta.

“Las balas (al parecer hubo 17 disparos) fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, dijo Emir Silva, propietario de la emisora, al medio La Opinión Austral.

Silva consideró que la agresión estuvo relacionada con el ejercicio de la actividad periodística y pudo responder a alguna información difundida por este medio.

Las autoridades no informaron aún sobre personas detenidas ni precisaron los motivos del ataque.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, condenó el ataque a través de un mensaje publicado en la red social X: “En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan”.

En paralelo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el ataque y pidió a las autoridades que esclarezcan el hecho, identifiquen a los responsables y garanticen la seguridad del equipo periodístico.

“Atacar a un medio regional también significa amenazar el acceso de la población a la información sobre su propio territorio”, señaló Artur Romeu, director de RSF para América Latina.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamaron también el esclarecimiento del hecho y alertaron sobre sus consecuencias para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

El plazo inicial de cierre de presentación de candidaturas estaba previsto hasta hoy, pero los aspirantes a integrar este alto órgano judicial tendrán ahora hasta el próximo miércoles a las 16:00 hora local (20:00 GMT) para entregar sus documentos al Comité de Postulaciones Judiciales en el Museo Boliviano del Legislativo, en Caracas, según un aviso oficial de este organismo difundido en redes.

La renovación del Tribunal Supremo fue una de los primeros acuerdos surgidos de la mesa de negociación entre el Gobierno venezolano y una parte de la oposición -en la que no está representado el partido de María Corina Machado- iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

El pasado 4 de noviembre, la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición informó sobre la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, quien deberá constatar que los postulados cumplen "estrictamente" con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación.

El consejo está compuesto por siete juristas que trabajan como un órgano técnico asesor, mientras el Comité de Postulaciones Judiciales del Parlamento -conformado por once diputados y doce miembros de la sociedad civil- reciben las candidaturas y hacen las evaluaciones correspondientes.

El comité detalló que los interesados en la postulación deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad, según una publicación en Telegram del Parlamento.

Además, los candidatos se comprometen a renunciar a cualquier militancia político-partidista y a no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con magistrados del TSJ, así como con la presidenta, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el controlador general, los rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre las cuestiones más complejas. Incluso podemos hablar del armamento, pero solo después de la retirada y del fin de la tutela", dijo el clérigo chií en un discurso televisado durante un acto para conmemorar a los muertos durante los conflictos contra Israel.

El Gobierno libanés aprobó un plan para limitar la posesión de armas exclusivamente a las manos de las fuerzas de seguridad oficiales tras finalizar la guerra de 2024 entre Hizbulá e Israel, una medida con la que reafirmó su compromiso tras el estallido de un nuevo conflicto en marzo, tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán del 28 de febrero.

El plan es una parte clave del acuerdo marco firmado este junio por el Líbano e Israel, pero las autoridades libanesas apenas han avanzado en el desarme de Hizbulá entre miedos al estallido de brotes de violencia interna con el grupo, que se opone a la medida al considerar que la amenaza israelí continúa.

En este contexto, Qassem denunció que un desarme es precisamente lo que Israel busca con sus ataques contra el Líbano y, pese a mostrarse abierto a dialogar con las autoridades libanesas sobre el asunto, insistió en que solo será posible cuando termine la "ocupación israelí" de parte de Líbano.

"No habrá exclusividad con las armas de la resistencia, ni control, ni restricción, ni desarme de la resistencia mientras siga existiendo la ocupación israelí", zanjó.

El secretario general de Hizbulá también cargó contra el acuerdo marco, que consideró beneficioso para Israel "de forma gratuita", sin que el Líbano obtenga nada a cambio, y alertó de que la parte israelí no ha dado "ni un solo paso adelante" para avanzar en su implementación.

Entre otros aspectos, el pacto contempla la salida de sus tropas desplegadas en el territorio libanés, que se iba a dividir en 'zonas piloto' para su paulatino traspaso al Ejército local, algo que en cuatro meses solo se ha cumplido en tres pueblos de los más de 60 ocupados.

"En el Líbano, debe haber un esfuerzo nacional que encarnemos mediante la cooperación mutua, defendiendo nuestra tierra y protegiendo nuestra soberanía, y no debemos permitir que los enemigos nos controlen", sentenció Qassem.

El clérigo, que siempre se ha opuesto a las negociaciones directas entre el Líbano e Israel, en las que no toma parte, reiteró que sí apoyarían un proceso de diálogo "indirecto".

Sus declaraciones se produjeron después de que cinco supuestos integrantes del grupo fueron arrestados este martes en el norte del país, en un nuevo paso contra el movimiento por parte de las autoridades libanesas después de la confiscación de un cargamento de explosivos el mes pasado.

En un debate sobre amenazas híbridas en el Parlamento Europeo, Virkkunen señaló que el coste de estos ataques híbridos no sólo fue financiero sino también "social".

"Aunque los ataques no causaron un impacto significativo en la seguridad alimentaria o la salud pública, deben ser una llamada de atención para todos. Europa no puede permitirse tener dependencias o debilidades estratégicas que expongan nuestra infraestructura crítica a riesgos inaceptables", dijo Virkkunen.

La vicepresidenta comunitaria recalcó la importancia de evitar "riesgos de injerencia extranjera, espionaje o disrupción" en las cadenas de suministro de las tecnologías de la información y la comunicación más críticas y señaló particularmente a infraestructuras como las redes 5G, cada vez más presentes en tareas como la conectividad ultrarrápida, el envío de datos o la detección de drones.

"Necesitamos un enfoque firme, pragmático y proporcionado para reducir los riesgos de nuestras cadenas de suministro esenciales de TIC, y debemos actuar ya para reducir los riesgos de nuestras redes 5G. Se acabó el tiempo de las vacilaciones. Debemos ser mucho más decididos y ambiciosos, también para establecer plazos claros para la eliminación gradual de los proveedores de alto riesgo", pidió Virkkunen.

La comisaria finlandesa incidió en que, si no se consigue eliminar a los proveedores de alto riesgo de las redes 5G, estas dependencias se trasladarán al futuro de la conectividad con el 6G.

"La ciberresiliencia no sólo va de evitar ataques sino de asegurar que nuestras sociedades, economías y capacidades defensivas pueden seguir funcionando en una crisis. El riesgo de disrupción de la infraestructura crítica de la UE por parte de actores extranjeros es real", advirtió.

Virkkunen defendió que la UE ya está equipada con directivas que "podrían haber evitado" algunos de estos incidentes de haber estado plenamente aplicadas y señaló que dispositivos como los refrigeradores industriales afectados recientemente "están innecesariamente expuestos a internet o configurados con 'software' antiguo o contraseñas débiles".

"El Tribunal se retirará ahora para deliberar. La fecha para la lectura de la providencia en este asunto queda fijada provisionalmente para el sábado 28 de noviembre de 2026 al mediodía" (las 11.00 hora GMT), dijo el presidente del TIDM, el camerunés Maurice K. Kamaga tras concluir las vistas orales de dos días de duración en las que Argentina y el Reino Unido expusieron sus argumentos a favor y en contra de las medidas provisionales.

Argentina ha pedido al TIDM cuatro medidas cautelares para impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de las Malvinas a través del proyecto Sea Lion, cuyas perforaciones están previstas para marzo de 2027 y su explotación un año después.

También exige que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en detrimento de los derechos de la República Argentina.

Asimismo, solicita que Londres cese "en toda conducta" que impida al país sudamericano cumplir con las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de "proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia sobre la soberanía de las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

Además, pide al TIDM que dictamine que el Reino Unido se abstenga "de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia", en particular, de otorgar nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental.

Argentina argumenta la urgencia de su solicitud con los perjuicios a los que, en su opinión, se expone el país si en marzo de 2027 comienzan las perforaciones porque constituiría un "hecho consumado" o fait accompli "irreversible".

El proyecto de explotación, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %), no consiste solo en encontrar petróleo, sino en extraerlo mediante hasta 26 pozos y un sistema integral de producción instalado en el lecho marino, diseñado para extraer más de 300 millones de barriles durante un período de 30 años, según alegó en Hamburgo la delegación argentina.

Además argumenta que, al igual que la soberanía territorial de las islas Malvinas es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos" del archipiélago.

Por este motivo, insistió hoy el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 31/49", que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas (islas Falkland para el Reino Unido).

Asimismo, alega que el archipiélago sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.

El Reino Unido por su parte, afirma "no hay duda" sobre su soberanía de las islas y que el TIDM no es competente para dirimir en un asunto que versa sobre la soberanía territorial.

La fiscal general del Reino Unid, Ellie Reeves, argumentó que, mediante las medidas cautelares pedidas al TIDM, Argentina "pretende instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa".

"El pretexto", dijo, es el deseo de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las Islas Falkland, pero Buenos Aires "ignora por completo el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales en beneficio de su propio desarrollo económico", argumentó.

Además alega que la delegación argentina no ha demostrado de forma "plausible" la urgencia de medidas provisionales, ya que "no habrá ninguna perforación hasta marzo de 2027" y no habrá más licencias en el futuro porque el régimen de concesión está suspendido.

De acuerdo con la publicación, los trabajadores fueron reclutados en Paraguay y trasladados a Brasil con falsas promesas laborales. Una vez en el lugar, les restringieron la libertad, les confiscaron sus teléfonos celulares y les impidieron abandonar las instalaciones.

Fuentes diplomáticas indican que los compatriotas serían repatriados en la brevedad.

La investigación señala que los paraguayos vivían en alojamientos improvisados, en condiciones insalubres y con alimentación insuficiente. Además, no recibían remuneración por sus tareas.

El inspector de trabajo Magno Riga explicó que las víctimas cumplían jornadas de 12 horas diarias, siete días a la semana, sin posibilidad de salir del establecimiento.

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Amenazas y explotación laboral en fábrica clandestina

“Trabajaban siete días a la semana, doce horas al día, y no se les permitía abandonar esos lugares. Estaban sometidos a una jornada agotadora y, además, sus condiciones eran degradantes, ya que el alojamiento era precario y la comida, escasa y limitada. Prácticamente todos los elementos del trabajo esclavo definidos por la ley estaban presentes en este caso”, informó.

Según Globo, inicialmente los trabajadores habían sido contratados para realizar tareas de albañilería y empaquetado de productos. Sin embargo, al llegar a Brasil, algunos comenzaron a trabajar en la construcción de un depósito y posteriormente fueron destinados a la fabricación ilegal de cigarrillos.

Los trabajadores también eran amenazados para evitar que escaparan. Algunos llevaban casi tres meses en el establecimiento sin haber recibido ningún pago.

“Fueron objeto de amenazas para impedir su fuga. Además, quienes llevaban más tiempo aquí, casi tres meses, no habían recibido ninguna remuneración durante todo ese período”, declaró Magno Riga.

Operativo contra una red de trata de personas

El rescate se realizó en el marco de la Operación Hesiquia, desplegada por la Policía Federal brasileña para investigar una presunta red de trata de personas y fabricación ilegal de cigarrillos.

Durante el procedimiento fueron ejecutadas 20 órdenes de registro e incautación y nueve medidas cautelares en distintas ciudades de São Paulo y Mato Grosso do Sul. Tres personas fueron detenidas por posesión ilegal de armas de fuego y contrabando.

Además de liberar a los trabajadores, los agentes encontraron toneladas de tabaco, miles de cigarrillos, maquinaria de dos fábricas, cuatro camiones, otros vehículos y dinero en efectivo.

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Investigación alcanza a varios municipios brasileños

De acuerdo con Globo, los procedimientos se desarrollaron en Américo Brasiliense, Araraquara, Atibaia, Barueri, Bebedouro, Embu-Guaçu, Paulínia y São Simão, en São Paulo; además de Eldorado y Japorã, en Mato Grosso do Sul.

La investigación se originó a partir de informaciones obtenidas en otras dos operaciones de la Policía Federal, denominadas Amerimnia y Nepsis. Las autoridades sospechan que la producción de cigarrillos se realizaba en depósitos clandestinos distribuidos por el país, cuyos lugares cambiaban frecuentemente para evitar inspecciones.

La Fiscalía Laboral, el Ministerio de Trabajo y Empleo y la Defensoría Pública Federal también participaron del operativo para brindar asistencia a los trabajadores rescatados.

Los investigados podrían enfrentar cargos por organización criminal, contrabando, evasión fiscal, trata de personas, sometimiento de personas a condiciones análogas a la esclavitud, migración ilegal y falsificación de documentos, según informó Globo.

La autorización se concretó con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones del pleno del Senado.

Fujimori solicitó el lunes pasado la autorización para participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en China, y posteriormente hacer una visita oficial a Japón, el país de sus antepasados.

Esta petición recibió numerosas críticas, ya que la gobernante partirá mientras el papa cumple su esperada visita a Perú, país del que también tiene nacionalidad, que comenzará durante la tarde de este miércoles.

Ante esto, Fujimori declaró este martes que "jamás" se le ocurriría "desairar" al pontífice, aunque remarcó que como presidenta tiene "obligaciones de Estado que cumplir".

En ese sentido, se informó que las últimas actividades del papa en Perú, que incluirán el lunes próximo una misa multitudinaria en una base aérea de Lima, serán encabezadas por el primer ministro, Luis Galarreta, quien también es vicepresidente de Fujimori.

Al comentar la polémica desatada por el viaje de la gobernante, Galarreta remarcó que "la presidenta va a estar en las primeras fechas" de la visita del papa y que "lamentaba mucho no estar hasta el final".

"Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos", enfatizó el alto funcionario.

La autorización del viaje de Fujimori abarca del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de participar en actividades del APEC en Shenzhen (China) y posteriormente hacer la visita de Estado a Japón el 20 de noviembre.

En Japón todavía residen algunos familiares de la mandataria con parentesco directo con ella, como su hermano Hiro.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

El padre de la jefa de Estado, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su Administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.

Además, durante la jornada hubo al menos cuarenta detenidos en incidentes con las fuerzas policiales.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, consideraron un "éxito" la protesta laboral, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y para exigir subidas salariales frente al coste de la vida.

Es una movilización laboral "justa" y "muy mayoritaria en buena parte del país", aseguraron, y afirmaron que el mayor seguimiento tuvo lugar en sectores como la industria, la logística y el transporte.

Miles de personas se manifestaron en Madrid por la tarde, en una marcha en la que los movimientos sociales tomaron el protagonismo, entre proclamas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?".

"Gobierno y patronal, alianza criminal", fue otro de los lemas coreados con el Sindicato de Inquilinas en la cabecera, detrás de un pancarta que rezaba '11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos'.

Detrás, marchaban los líderes sindicales de CCOO y UGT con una pancarta que decía '11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios'.

"Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos (...)", afirmó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu.

Los manifestantes agitaron sus llaves mientras gritaban contra los caseros y recordaban a Maricarmen Abascal, mujer cuyo desahucio y posterior muerte marcaron el inició de esta movilización social.

En Barcelona, la manifestación congregó a 50.000 personas en el centro de la ciudad, según datos de la Guardia Urbana (policía municipal).

Los gritos para exigir medidas ante la crisis de la vivienda, repiques de llaves y lemas a favor de continuar "la lucha" protagonizaron esa marcha.

El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, dijo en declaraciones a los periodistas que "el seguimiento de la huelga ha sido absoluto" y pidió a la clase política que "escuche y legisle".

Las malas condiciones meteorológicas obligaron la suspensión de las manifestaciones previstas en varias ciudades de la región de Andalucía, como Sevilla, Córdoba o Cádiz, por el paso de la borrasca Charles que afecta al país.

Los sindicatos señalaron que el seguimiento estaba siendo desigual según los territorios, entre el 41 % de media en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura, y más del 80 % en otras como Cataluña y Andalucía, según detallaron en un comunicado.

Por el contrario, la principal organización empresarial (CEOE) calificó de "fracaso" la huelga general que, según sus datos, se desarrolló con un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial" inferior al 5 %.

Entre los servicios, el seguimiento alcanzó el 68,7 % en el comercio y el 63,8 % en la hostelería, turismo y juego hasta las 17:30 hora local (16:30 GMT), informaron los sindicatos.

Desde el inicio de la huelga, en la medianoche, 52 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría por piquetes informativos y altercados, según los últimos datos del Ministerio del Interior español y la policía.

Además, hubo 653 incidencias relacionadas con la jornada de huelga desde las 22.00 del martes y hasta las 14:00 horas del miércoles (21.00 y 13.00 GMT, respectivamente).

La Guardia Civil y la Policía Nacional, que habían reforzado la presencia de efectivos en las calles, practicaron un total de 52 detenciones; la mayoría en el País Vasco (13) y Madrid (9), según datos oficiales.

Tanto los sindicatos como varios partidos de izquierda denunciaron la actuación policial contra los sindicalistas y otros trabajadores, que calificaron de "vergüenza", "violencia", "represión" y actitud "hostil".

En el sector aéreo, las compañías cancelaron 332 vuelos, lo que supuso un 7,3 % de los 4.529 programadas para hoy, según los últimos datos.

La huelga también afectó a los puertos, con algunas terminales de contenedores paralizadas, mientras que el paro es "masivo" en el de Valencia (este), según varios sindicatos.

Los puertos de Barcelona y Tarragona (noreste) fueron bloqueados por trabajadores, que también protestaron a las puertas de grandes mercados mayoristas, como Mercamadrid.

En el sector ferroviario dejaron de circular un 24 % de los trenes previstos de alta velocidad y larga distancia y un 10,2 % de los de cercanías y media distancia de la compañía estatal Renfe.

El tránsito de automóviles bajó en Madrid un 13 % y el de viajeros de los autobuses urbanos públicos se redujo un 63 % durante la hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, informó el Ayuntamiento.

Esta huelga, impulsada por el Sindicato de Inquilinas contra la crisis de la vivienda, generó gran polémica, entre otras razones por convocarse a menos de tres semanas de las elecciones generales del próximo día 29.

Empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha la consideran "política", ie ncluso "ilegal".

El Gobierno, formado por una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista (PSOE), pide respeto para los trabajadores y varios ministros apoyan la huelga sin ambages.

"La reclamación de Argentina se basa en su capacidad para ejercer los derechos del Estado ribereño. Es imposible calificar su reclamación de otra forma que no sea como una reclamación relativa a la soberanía sobre el territorio terrestre, o que pretenda hacer valer su reclamación de soberanía", dijo en el alegato final la asesora jurídica del Reino Unido Sally Langrish.

"Con todo respeto, este tribunal no puede considerar que el tribunal previsto en el Anexo VII tenga competencia prima facie sobre dicha demanda", aludió a cuenta del proceso arbitral entre Argentina y el Reino Unido sobre la explotación de los hidrocarburos en aguas de las islas Falkland.

Antes de la puesta en marcha de dicho tribunal arbitral, Argentina recurrió al TDIM para que tomara medidas cautelares con carácter urgente y se frenaran así los proyectos petrolíferos en las aguas del archipiélago.

Argentina denuncia, entre otras cosas, acciones unilaterales británicas en la concesión de las licencias de explotación petrolífera pese a que existe una disputa territorial, además de daños irreparables en sus derechos y en el lecho marino.

Sin embargo, según subrayó Langrish, "Argentina no ha demostrado ningún derecho plausible que se derive de manera determinante de la propia Convención" y "no ha demostrado la urgencia" respecto a los proyectos petrolíferos.

"El Reino Unido ha confirmado que no se realizarán perforaciones antes del 21 de marzo de 2027", agregó, al tiempo que comentó que el tribunal arbitral "se constituirá con la antelación suficiente para tramitar cualquier solicitud de medidas provisionales antes de esa fecha".

En el cuarto y último punto de su breve intervención ante los jueces de Hamburgo, la representante británica enfatizó, en contra de la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por Argentina, que el país sudamericano "no ha demostrado que vaya a sufrir perjuicio alguno".

"El Reino Unido invita respetuosamente al Tribunal a que desestime todas las solicitudes de la República Argentina relativas a la adopción de medidas provisionales", dijo Langrish.

Según justificó la visión británica esta jurista: "no existe un riesgo real de daño medioambiental" y "la jurisprudencia no respalda la tajante afirmación de Argentina de que la perforación exploratoria, desde el momento en que comienza, constituya intrínsecamente una forma de perjuicio irreparable".

Los hechos, durante los que diez personas fueron también secuestradas, ocurrieron este martes en el territorio de Mambasa, en la provincia de Ituri, declaró a medios locales Rams Malikidogo, coordinador en la zona de la Asociación para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños y las Mujeres (APDEF, en francés).

"Este balance sigue siendo provisional, ya que algunas zonas aún son inaccesibles. No acabamos de entender la situación. Hay operaciones militares en curso, pero el enemigo se está volviendo cada vez más agresivo y creemos que dichas operaciones no se adaptan a la manera de operar del enemigo", señaló Malikidogo.

"El Ejército debe revisar sus estrategias para poner fin a las crueles atrocidades de las ADF", añadió.

Los ataques -que afectaron de manera simultánea a las localidades de Kangwayi, Mise le, Mingazi, Mambaka, Mayi ya Primus, Dongoma, Sukisa y Mabangi-Bangi- también dejaron un herido, dos motos incendiadas y cinco viviendas reducidas a cenizas.

Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al citado grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Cruz, asilada en España, explicó en una conversación telefónica que el recurso se presentará "en cuanto esté en firme" la resolución de condena, emitida el martes por un juzgado que halló culpable al activista del delito de estafa agravada contra tres víctimas por 4.025 dólares.

Zavala fue arrestado en febrero de 2025 junto a veinticinco personas acusado de agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de parcelaciones y limitación a la circulación.

Antes, en el 2022, Zavala había sido arrestado también bajo cargos de estafa y permaneció encarcelado trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente. Posteriormente se unió a Unidehc, que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción contra las pandillas, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

Durante esa reclusión, el salvadoreño aseguró haber presenciado abusos en el sistema penitenciario y presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

La abogada Cruz sostuvo que, en ese contexto, la Fiscalía General presentó "de manera secreta una acusación penal nueva por estafa" en cinco casos, de los que en cuatro resultó absuelto sin condena.

"La Fiscalía presionó a Fidel para un proceso abreviado y que se declarara culpable, algo que él no consideró porque sigue luchando por su inocencia", denunció la letrada.

Para Cruz, la condena a 15 años de cárcel "es una manera de criminalizarlo y desacreditarlo (a Zavala) por lo que significa ser testigo y víctima del Estado en el marco del régimen de excepción".

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal, calificaron la condena contra Zavala de "política" y alertaron que el encarcelamiento "pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y torturas".

Zavala permanece en las celdas del Centro Judicial de San Salvador, aunque según Cruz podría ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, "donde están los verdugos a los que él denunció".

El 10 de marzo de 2025, 171 organizaciones de más de veinte países solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para Zavala.

Tras la audiencia inicial del año pasado, el procesado aseguró que se trata de una "persecución política" con la intención de silenciar a quienes han "denunciado injusticias".

Las invitaciones llegaron al menos a las Cancillerías de Colombia y Ecuador, países vecinos cuyos mandatarios han declinado viajar a Lima para asistir al encuentro con el pontífice, previsto para la tarde de este miércoles en el Palacio de Gobierno de Lima.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló este miércoles que había recibido la invitación de Fujimori, con quien se reunió en Lima el mes pasado.

Fujimori "tuvo la gentileza de invitarme a ir y tener una audiencia con el papa en Lima, pero en este momento no se puede viajar, no se puede salir de Ecuador, hay muchas necesidades, estamos con el fenómeno de El Niño, tenemos que poner orden en muchas áreas", dijo Noboa este miércoles, durante una entrevista a Radio Centro, de Guayaquil.

El gobernante aseguró que en "algún otro momento" irá a visitar al papa: "Estamos bastante alineados en lo que él piensa, yo soy católico". "Me parece maravilloso que venga a esta parte del mundo", dijo Noboa.

El mandatario ecuatoriano señaló que han invitado "varias veces" al papa para que visite Ecuador y expresó su esperanza de que incluya a la nación andina en una próxima gira.

La invitación de Fujimori también llegó al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, según confirmó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al informar que derivó la representación del país en este acto en la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Hasta el momento el Gobierno peruano no ha revelado a qué Gobiernos cursó las invitaciones, pero no ha habido ningún anuncio de que algún jefe de Estado vaya a visitar Perú con motivo de la llegada del Santo Padre.

La visita apostólica de León XIV a Perú supone el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo, que marcó su labor pastoral al haber pasado más de veinte años en él, desde 1985 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando fue convocado al Vaticano por el papa Francisco, luego de ejercer durante ocho años como obispo de Chiclayo.

A lo largo de seis días, del 11 al 16 de noviembre, León XIV visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también visitará distintos puntos de su antigua diócesis, como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba, en la norteña región andina de Cajamarca, y la localidad de Zaña.

"No hay control de ningún país, salvo el nuestro, en la administración del Canal de Panamá", respondió Martínez-Acha, y agregó que con Estados Unidos existe una "cooperación en materia de seguridad", que también tiene con otros países, entre los que mencionó a Reino Unido, Corea de Sur, Japón, Colombia y España.

Una cooperación para "garantizar la seguridad marítima, la protección de infraestructuras críticas y mitigar los riesgos de narcotráfico y del crimen organizado", precisó el canciller panameño.

Hegseth, en medio de una rueda de prensa en el Pentágono el martes, afirmó que EE.UU. y Panamá controlan el paso navegable, por el que transita entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial. "Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal. El mensaje es claro: este es nuestro hemisferio y actuamos en consecuencia", declaró Hegseth.

Al ser preguntado sobre las razones del secretario de Guerra para hablar de un control conjunto del Canal, Martínez-Acha se negó a "entrar en una competencia de retórica con ningún funcionario extranjero".

El funcionario centroamericano reiteró que el Gobierno panameño "no desea verse involucrado en las rivalidades geopolíticas entre las grandes potencias".

El Canal, de ochenta kilómetros de longitud y que une el Atlántico y el Pacífico, fue construido y administrado por EE.UU. por más de 80 años durante el siglo XX, hasta su traspasado a la nación centroamericana el 31 de diciembre de 1999.

Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, en enero de 2025, el tema del Canal ha centrado la relación bilateral, con un período de tensión ese mismo año tras la amenaza del líder estadounidense de recuperar la vía acuática alegando una influencia china sobre ella, siempre negada por el Gobierno de José Raúl Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.

La situación parece haberse superado tras la salida por orden judicial de un operador hongkonés de dos de los cinco puertos cercanos al Canal, luego que se declaró inconstitucional el contrato ley de concesión firmado en la década de 1990 y renovado en el 2021 en medio de críticas de varios sectores panameños.

En esa lista estaba la diputada ecologista Sandrine Rousseau, el también diputado de La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon) Aymeric Caron; el alcalde de la ciudad de Roubaix, David Guiraud, y la activista Assa Traoré, según la emisora RMC y el canal BFMTV.

La radio France Info señaló que en los interrogatorios a los que fue sometido Tessier tras ser arrestado por el tiroteo mortal del 23 de octubre en la ciudad de Trappes, a las afueras de París, contó que había reunido esos nombres con teléfonos por si los utilizaba en el futuro, aunque "no había planificado nada todavía".

A los policías les precisó que había anotado esos números por ser de "izquierdistas" y de "enemigos de Francia", y que los había conseguido a través de una página pirata en la que aparecen datos obtenidos de ficheros pirateados.

Rousseau indicó a RMC que ya sabía que era un objetivo, y que esta información lo confirma.

En una línea similar, Caron contó que "desgraciadamente" no le había sorprendido enterarse de que aparecía en esa lista, que recibe amenazas desde hace años pero que las autoridades no se las toman en serio.

En un mensaje en su cuenta de X, Mélenchon exigió que las autoridades digan quién estaba en la lista del "asesino de Trappes", y se quejó de que a él nadie le avisó nunca cuando hubo arrestos de personas que planificaban matarlo.

"Rechazamos el atentado con explosivos contra la sede de RCN en Cali esta madrugada (...) Atacar un medio pone en peligro a quienes informan y amenaza el derecho ciudadano a recibir información", afirmó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia en su cuenta de X.

La organización exigió a la Fiscalía esclarecer los hechos e identificar a los autores y "su relación con la labor periodística".

"Nuestra solidaridad con el equipo de RCN en Cali. Un atentado contra una sede periodística intimida a toda la prensa y afecta el derecho de la ciudadanía a informarse. La respuesta estatal debe garantizar que puedan seguir trabajando sin temor a nuevos ataques", enfatizó la FLIP.

El atentado con explosivos se perpetró alrededor de las 03:35 hora local (08:35 GMT) y ocasionó daños materiales en la fachada del medio de comunicación, informó el Ministerio de Defensa al tiempo de señalar que comenzó una investigación para esclarecer el ataque.

Por su parte, la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, manifestó su respaldo y solidaridad con los funcionarios de RCN.

"Inaceptable ataque contra el derecho internacional humanitario que compromete la libertad de prensa de nuestro país. La violencia de las armas puede causar miedo, pero nunca respeto ni dignidad", enfatizó Marín.

Además, la defensora puso a disposición del Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana que elaboró la entidad sobre la zona y el suroeste del país para que se puedan "proteger a la población".

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) recordó que este hecho se perpetra tres días después de que RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio, entre otros medios de comunicación, recibieran información de supuestos planes para atentar contra sus sedes.

"La violencia amenaza con silenciar al periodismo. Exigimos investigar los ataques y proteger a sus periodistas", indicó Reporteros Sin Fronteras en su cuenta de X.

"Alrededor de las 14:00 horas (09:00 GMT) terroristas del TTP abrieron fuego contra los vehículos policiales, resultando en diez policías martirizados y otros diez heridos", declaró a EFE Faisal Khan, agente de la comisaría de Gumbat.

El ataque se produjo en el distrito de Kohat, cuando un grupo de agentes participaba en una operación contra la minería ilegal de oro y sus vehículos fueron tiroteados, desatando un intercambio de disparos entre las fuerzas policiales y los atacantes.

De acuerdo con el oficial, entre los fallecidos se encuentran dos altos mandos, un superintendente adjunto de policía y un subinspector asistente, mientras que unos cinco vehículos trasladaban al contingente en el momento de la emboscada.

"Según nuestra información preliminar, los terroristas pertenecían al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)", agregó el funcionario. Un comunicado de la Policía de KP informó posteriormente de que los agentes abatieron a 18 presuntos miembros del TTP.

Ningún grupo se ha atribuido formalmente la autoría de la acción hasta el momento.

La asesora de Información del gobierno provincial de KP, Samar Haroon Bilour, también atribuyó la agresión a "Fitna al-Khawarij", el término utilizado por el Estado paquistaní para referirse al TTP, junto a mafias locales.

"El nexo entre Fitna al-Khawarij y elementos criminales representa una grave amenaza para la ley y el orden", escribió Bilour, y aseguró que "los terroristas y sus facilitadores serán llevados ante la justicia".

A finales de octubre, cuatro policías, entre ellos un alto mando de la unidad antiterrorista, y dos presuntos insurgentes murieron en otro tiroteo registrado en el distrito de Karak, en la misma provincia.

Pakistán experimenta un repunte de la violencia armada, especialmente en KP y en la provincia separatista de Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad son blanco recurrente de ataques.

Gran parte de la violencia se atribuye a los talibanes paquistaníes, el TTP, ideológicamente afín pero orgánicamente independiente de los talibanes que gobiernan en Kabul.

Islamabad acusa con frecuencia al régimen afgano de brindar refugio y permitir que los combatientes del TTP planifiquen ataques desde el otro lado de la frontera, una acusación que Kabul rechaza categóricamente y que ha generado periódicos enfrentamientos armados a lo largo de la divisoria común.

"Activar las fuerzas de seguridad sin una amenaza directa e inmediata que no admita demora podría tener consecuencias devastadoras para la democracia israelí y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones", escribió el líder de Yashar! (¡Recto!), encargado de formar Gobierno, en la misiva, que su partido compartió con los medios.

La carta llega en medio de las sospechas en la oposición de que el primer ministro saliente podría buscar desencadenar una guerra para frustrar la formación de una coalición de Gobierno de la actual oposición, algo que Eisenkot no menciona explícitamente.

"En este periodo sensible se te exige responsabilidad nacional. Muestra contención y cautela ante movimientos peligrosos que pueden esperar a la jura de un nuevo Gobierno que cuente con la confianza de la Knéset (Parlamento). No profanes la confianza del pueblo en las instituciones del Estado y en el proceso de toma de decisiones", añadió.

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor israelí, recordó al primer ministro que encabeza "un Gobierno de transición que ya no cuenta con la confianza de la Knéset", ya que solo 46 diputados lo respaldan, y advirtió de que en las últimas semanas se han publicado "informaciones muy preocupantes" sobre la "introducción de consideraciones ajenas" en la seguridad de Israel.

También pidió a Netanyahu que no ponga a los jefes de los cuerpos de seguridad y de y las fuerzas armadas "en un grave conflicto constitucional", y cerró la carta con una conocida frase del fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión: "Que sepa toda madre hebrea que ha confiado el destino de sus hijos a comandantes dignos de ello".

En una segunda carta, también difundida por su partido y dirigida a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, Eisenkot solicitó su intervención para recibir informes de seguridad periódicos y acceso a las evaluaciones de inteligencia, una información que el primer ministro suele compartir con el jefe de la oposición.

Según argumentó, en la situación jurídica actual "no hay jefe de la oposición" y, como receptor del mandato para formar Gobierno, debería recibir esos informes, después de que los intentos de su equipo de coordinarlos con el de Netanyahu "no hayan prosperado".

En la misiva, enviada en copia a Netanyahu; al jefe de la oposición saliente, Yair Lapid; al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, y a la asesora jurídica de la Knéset, Sagit Afik, Eisenkot pidió también que toda operación militar sea debatida y aprobada "como exige la ley" en el gabinete de seguridad y en el Gobierno.

La Oficina del primer ministro respondió que "todas las decisiones" del Gobierno de Netanyahu "se tomaron únicamente por consideraciones de seguridad y en plena coordinación con el aparato de seguridad", y que "han traído logros sin precedentes" a Israel, según aseguró en un comunicado.

"La carta de Eisenkot es un paso irresponsable al debatir públicamente asuntos de seguridad sensibles. Es un burdo intento de politizar las cuestiones de seguridad nacional de Israel", señaló la Oficina, que pidió a Eisenkot que, "en lugar de intentar formar un Gobierno con partidarios del terrorismo", se una "a un Gobierno que lucha contra el terrorismo".

En su discurso del martes en la sesión inaugural de la Knéset, Netanyahu llamó a formar "un Gobierno de unidad nacional" frente a la amenaza de Irán y acusó a los partidos árabes de "apoyar el terrorismo", tras lo que Eisenkot canceló una reunión de negociación con el Likud prevista para hoy.

Eisenkot, que obtuvo el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, recibió el domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar Gobierno.

La plataforma ofrece tres itinerarios: El primero de ellos, centrado en las obras de la colección del museo, consta de 22 paradas que recorren sus distintas etapas alrededor del mundo, desde sus años en Cataluña explorando el 'arte mediterráneo' y el novecentismo hasta la influencia de su paso por Nueva York, o su integración en las vanguardias en París, junto a otros pintores como Theo Van Doesburg o Piet Mondrian.

Torres García "emigró a España con su familia, y se formó ahí como artista e hizo la primera parte de su carrera, que fue muy importante", destacó a EFE el director del museo, Alejandro Díaz, quien apuntó que el artista "después siguió esa vida de emigraciones".

"Torres como viajero es parte de su identidad, y por eso en el recorrido también se refleja ese dinamismo vital", resaltó.

La aplicación también ofrece un recorrido enfocado en la relación entre el artista y Montevideo, su ciudad natal, donde se incluyen espacios como sus casas y talleres; mientras que el tercero reúne todos los museos que guardan en sus colecciones obras del artista.

Inspirada en un diálogo en 2016 con el entonces director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, la idea surgió con el objetivo de "generar una conexión con lo visual y con lo estético", explicó el director, para que "la persona conecte con lo que ve".

La propuesta buscó que los contenidos "no fueran académicos, sino que fueran altamente significativos y que tuvieran una narrativa".

Una década después, gracias al Fondo DTI de la Intendencia de Montevideo, el proyecto se materializó como tres circuitos que salen puertas afuera para recorrer una trayectoria relevante para Montevideo y Uruguay, señaló la directora de turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete, en la presentación de la aplicación.

En tanto, el secretario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay, Carlos Varela, también quiso reforzar este mensaje de que "los museos están saliendo de esa sacralidad de las cuatro paredes, están saliendo al territorio y están conectando con la gente".

La web mezcla audio, texto, imágenes y mapas disponibles en español, inglés y portugués, para dar al espectador la posibilidad de sumergirse en la obra de Torres García desde una nueva perspectiva.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de México, Omar García Harfuch, indicó este miércoles que el sujeto arrestado era José Alberto, alias Beto Leyva, integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, lideres de la citada facción con presencia en los estados de Sinaloa, Baja California y Durango.

Medios locales y fuentes de seguridad indicaron que el sujeto arrestado se trata de José Alberto Leyva Acosta, quien tiene su zona de actividad en Choix y Los Mochis, Sinaloa y Tijuana, Baja California.

Además, opera negocios en Tijuana utilizados como operaciones fachada y centros de lavado de dinero para los hermanos Arzate, además de coordinar el tráfico de personas desde el corredor de Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

Según investigaciones, Leyva Acosta era un hombre de confianza de los hermanos Arzate García, quienes son responsables del tráfico de narcóticos, armas, contrabando de dinero en efectivo, operaciones de lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión, secuestro y actos violentos en Sinaloa, Baja California y Durango.

También opera con una red dentro de los Estados Unidos que obtiene armas y vehículos robados que son proporcionados a la organización criminal para operaciones tácticas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado "coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación".

También está ligado con negocios utilizados para lavar dinero de la citada organización delictiva y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos, donde cuenta con una orden de arresto vigente.

En 2007, Leyva Acosta fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en California, por introducir de contrabando a extranjeros indocumentados y la orden federal de arresto activa fue emitida por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos por no comparecer a procedimientos judiciales federales.

La SSPC indicó que la captura del presunto delincuente se dio luego de que autoridades locales intercambiaron de información con el Homeland Security Investigations (HSI, Investigaciones de Seguridad Nacional) de Estados Unidos, agencia de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En la captura participaron agentes de la SSPC y de las secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

Duque hizo estas declaraciones en un acto por el décimo aniversario del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un discurso por el que recibió por igual aplausos y abucheos.

El expresidente, que siempre se ha mostrado abiertamente crítico con el acuerdo, aseguró que "el verdadero enemigo de la paz" es el narcotráfico y que mientras no se ataque esta "lucrativa plaga", es difícil implementar los acuerdos de paz. "No nos vayamos a equivocar: a más coca, menos paz", afirmó Duque.

El ex jefe de Estado lamentó que se limitara la aspersión aérea de glifosato durante su mandato (2018-2022) y que se estén poniendo trabas legales a los planes piloto del Gobierno actual, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, de fumigaciones controladas con glufosinato de amonio, un compuesto prohibido en la Unión Europea (UE).

La prohibición durante su Administración "generó uno de los problemas más complejos" para luchar contra el narcotráfico y, en consecuencia, para desfinanciar a los grupos armados ilegales que operan en el país, dijo Duque y aseguró que a causa de esta decisión se cuadruplicó el área de cultivo.

"Espero que la Corte Constitucional permita esta herramienta para confrontar a ese enemigo de la construcción de la paz", prosiguió el expresidente, quien agregó: "No queremos más impunidad".

Duque criticó así mismo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal para juzgar los crímenes del conflicto establecido a raíz del acuerdo, al considerar que, "después de diez años", no ha impartido "sentencias ejemplarizantes" ni ha emitido "medidas de reparación para las víctimas".

Varios asistentes al acto, en el que había víctimas, firmantes, ONG y organismos multilaterales, entre otros, comenzaron con estas palabras a abuchear al expresidente y le gritaron "mentiroso".

El exmandatario subrayó entonces que los críticos con el acuerdo también tienen "legitimidad" para reclamar. "La paz no es de un partido, no es de una persona: es de toda Colombia", aseguró.

Duque intervino después del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien negoció el acuerdo de paz con las FARC y por el que recibió el premio Nobel de la Paz, defendiera su legado.

Al acto, organizado por la Defensoría del Pueblo, estaba también invitado el expresidente que sucedió a Duque, Gustavo Petro (2022-2026), quien no acudió pese a haber confirmado su asistencia.

En un mensaje publicado en su página web este miércoles, horas después del anuncio del Ministerio ruso de Exteriores, Le Monde mostró "todo" su apoyo a su periodista Ariane Chemin.

Insistió en que Chemin "no ha hecho más que su trabajo de periodista independiente investigando y publicando informaciones verificadas sobre las actividades de propagandista del régimen de Vladímir Putin, realizadas por Xenia Fiódorova en medios franceses del grupo Bolloré e investigando sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania".

Le Monde recordó que a comienzos de 2025, Rusia ya había expulsado a su entonces corresponsal en Moscú, Benjamin Quénelle, una decisión "inédita desde 1957" y que constituía "un nuevo obstáculo a la libertad de informar sobre ese país".

En una línea similar, Ouest France criticó la prohibición impuesta a su colaborador Paul Gogo, al que como a Chemin se le impide entrar en Rusia, porque "constituye un ataque a la libertad de prensa y de información".

Gogo es un periodista independiente que trabaja para diferentes medios franceses y belgas para los que fue corresponsal en Rusia durante diez años hasta que dejó el país hace unos meses.

De hecho, en marzo explicó que lo hacía ante la amenaza de acabar en prisión, que consideraba "una realidad" que había que tomar en serio.

El pasado 14 de octubre contó a Ouest France que las autoridades rusas no habían renovado su visado y denunció que durante su estancia "las cosas no hicieron más que empeorar del primer al último día".

Rusia también precisó este miércoles que impedía la entrada en su territorio a los diputados Arthur Delaporte y Sacha Houlié, al igual que a los dos periodistas "como respuesta a ciertas acciones" contra Fiódorova.

En julio, las autoridades francesas habían decidido la expulsión de esta periodista, que en su momento fue la responsable de la edición en Francia de la cadena rusa de televisión RT, y que en los últimos meses aparecía con mucha frecuencia en los medios del magnate Vincent Bolloré, conocido por su orientación de extrema derecha.

"Si quiere recuperar la seguridad, necesita recuperar el control del territorio que hoy está en manos de los grupos criminales. Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando; sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades", expresó Santos, ganador del premio nobel de paz de 2016.

El exmandatario intervino durante la instalación del foro 'La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional 10 años del Acuerdo Final de Paz', organizado por la Defensoría del Pueblo para conmemorar el décimo aniversario de lo firmado por su Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de noviembre de 2016.

"El deterioro de la seguridad después de la firma del acuerdo es consecuencia de no haberlo implementado y de la falta de una política efectiva de seguridad", expresó Santos defendiendo su legado y a renglón seguido agregó: "La solución a muchos de los problemas que hoy vive Colombia está en el Acuerdo. Eso es lo que el Gobierno (actual) no ha querido entender".

El presidente De la Espriella tomó posesión del cargo el pasado 7 de agosto y se ha declarado contrario al acuerdo de paz, por lo que no envió representantes del Gobierno a este foro, pese a ser invitado.

"El Gobierno debe implementar el acuerdo no solo porque le conviene, sino también porque es su obligación y porque es la palabra empeñada del Estado", insistió Santos durante el acto, al que estuvo también invitado el expresidente Gustavo Petro (2022-2026) pero no asistió.

El expresidente Santos señaló que hoy hay "grupos armados fragmentados y con escasa o nula motivación ideológica se disputan el control de territorios estratégicos y las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, generando una creciente violencia".

Entre ellos figuran las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país y procedente de grupos paramilitares.

"Estos grupos se han expandido, fortalecido y crecido exponencialmente. Hoy se calcula que superan los 27.000 integrantes. Son empresas criminales cada vez más sofisticadas con alcance transnacional. No muy diferentes a las que vienen operando en el resto de América Latina y ahora también en África", añadió Santos.

Durante el foro también intervino el expresidente Iván Duque, quien sucedió a Santos en el poder y fue uno de los mayores críticos del acuerdo de paz. Su discurso fue recibido por igual con aplausos y abucheos.

"Los intereses vinculados a los combustibles fósiles siguen amasando fortunas mientras matan nuestro planeta" fue el mensaje de Guterres (77 años), que está terminando su mandato como secretario general de Naciones Unidas.

Lula, de 81 y recién reelegido como presidente de Brasil, llegó con un mandato renovado y un mensaje climático contundente, pese a ser su propio país un productor petrolero, y ha sido recibido por la sociedad civil con cánticos y vítores.

En una cumbre marcada por grandes ausencias de líderes mundiales, Lula se ha erigido en el gran protagonista sin levantar la voz, debido a la ronquera que arrastra desde las elecciones brasileñas.

Guterres y Lula reclamaron acelerar una respuesta de la comunidad internacional, a todas luces insuficiente, y el máximo responsable de la ONU encontró a quién culpar: los combustibles fósiles.

"Los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios", dijo Guterres al hablar de esas criaturas extintas.

"Los dinosaurios no tenían un lobby. Pero los combustibles fósiles sí" y acusó a esos intereses de distorsionar la ciencia y retrasar la toma de decisiones.

El portugués comparó que las nueve mayores empresas petroleras obtuvieron 95.000 millones de dólares de beneficios en el último trimestre, mientras que el Fondo internacional de pérdidas y daños, para compensar los estragos climáticos en países pobres, ha recibido sólo 600 millones en donaciones.

"Eso es lo que estas empresas facturaron en unas 14 horas", afirmó, antes de pedir impuestos sobre sus beneficios extraordinarios para ayudar a los países vulnerables.

"Quienes contaminan deben pagar", demandó.

Guterres llamó a redoblar la acción ante la inevitable superación del umbral de 1,5 grados de calentamiento global, al subrayar que todavía es posible limitar durante cuánto tiempo se supera esa marca.

"La ciencia no nos dice que nos rindamos, sino que luchemos más", sostuvo.

Por su parte, Lula dirigió su crítica hacia un orden internacional que presta más atención a los conflictos y las disputas económicas que a un problema existencial como la crisis climática.

"Con las guerras y la inflación llamando a la puerta hoy, es más difícil pensar en la catástrofe climática del mañana", lamentó, para agregar: "Pero el planeta no puede quedar a merced de las disputas hegemónicas".

El mandatario brasileño denunció los ataques contra la ciencia y el multilateralismo por parte de "fuerzas reaccionarias".

"En las COP, todas las naciones participan en igualdad de condiciones. En otros foros, el privilegio de veto y el poder del dinero inclinan la balanza", sostuvo.

Brasil ha llevado a la cumbre de Antalya sus hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y luchar contra la deforestación, impulsadas por su presidencia en la anterior cumbre, celebrada en Belém.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la iniciativa para elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía en 2035, la gran propuesta de la presidencia turca de la COP31.

Algunos países como Alemania habían apoyado de forma individual la iniciativa, pero ahora ha quedado claro que los 27 países de la Unión Europea (UE) respaldan la iniciativa, a la que China también ve con buenos ojos, porque beneficia a su industria.

"Vamos camino de superar el objetivo de 1,5 grados, y cada fracción de grado cuenta. Por eso, debemos redoblar los esfuerzos, y Europa hará su parte", declaró von der Leyen.

Europa, señaló, pretende llevar esa proporción incluso al 46 % en 2040 y va camino de "alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en más de la mitad para 2030", con la vista puesta en un recorte del 90 % para 2040.

El anfitrión de la cumbre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó a los países desarrollados mayor responsabilidad en la reducción de emisiones y la financiación climática.

"Con cada minuto que dejamos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, los riesgos y los costes que afrontamos aumentan", afirmó.

El llamamiento de Erdogan llegó dos días después de que celebrara como una "buena noticia" el descubrimiento de dos yacimientos petroleros en el sureste de Turquía, con un potencial estimado de 135 millones de barriles.

Guterres, por su parte, advirtió este miércoles de que los gobiernos, "en particular los de los países desarrollados", no pueden seguir ampliando la producción de combustibles fósiles mientras proclaman su compromiso con el límite de 1,5 grados.

La encuesta, realizada por la empresa privada Ipsos Pêeú, agregó que la desaprobación a la gobernante, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, subió a 53 %, cuatro puntos porcentuales más que en octubre pasado.

Estos resultados indican un descenso de 20 puntos en la aprobación a la gestión presidencial desde la primera medición hecha en agosto, poco después de que asumiera el cargo, y un ascenso de 28 % en su desaprobación en el mismo período.

Además, el porcentaje de personas que señala que no opina sobre la gestión de la mandataria ha disminuido de un 18 % en agosto a un 10 % en noviembre.

El sondeo agregó que la aprobación al primer ministro, Luis Galarreta, subió del 26 % del mes anterior a un 27 % en noviembre, aunque su desaprobación también pasó de 55 a 56 %.

La aprobación al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, descendió un punto, de 28 a 27 %, y su desaprobación escaló de 44 % el mes anterior a 50 % durante este mes.

Por otra parte, un 75 % de los encuestados manifestó su aprobación a la creación de un 'comando unificado' de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Un 59 % también señaló que aprueba la visita que hizo Fujimori a fines de octubre pasado a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer las acciones de ese gobierno contra la criminalidad.

El sondeo agregó que la gestión de la cámara de diputados, que es presidida por la oposición política, es desaprobada por el 53 %, frente a un 26 % que la aprueba, y la del Senado, que dirige el oficialismo, es desaprobada por el 54 % y el 26 % la aprueba.

La ficha técnica publicada por Perú21 indicó que la encuesta se realizó el 4 y 5 de noviembre a 1.210 personas residentes en el país, con un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

La gobernante cumplió el pasado jueves cien días de gestión, en los que se señaló que el principal reclamo de la ciudadanía son los limitados resultados del combate a la criminalidad en el país, principalmente en Lima y la costa norte.

Sin embargo, al ofrecer un balance de su gestión, Fujimori enfatizó que en cien días "no se resuelven los problemas acumulados durante años" y defendió que su Gobierno trabaja "por el Perú que todos anhelamos".

Aseguró, además, que en este periodo de gestión se han establecido "hojas de ruta" para enfrentar el embate del fenómeno climático de El Niño, "reorganizar y potenciar acciones" contra la criminalidad, ejecutar "cientos de obras paralizadas" y sentar las "bases macroeconómicas y fiscales para contar con recursos" para financiar todas estas medidas.

El mandatario hizo estas declaraciones durante la ceremonia celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, para conmemorar el Día de los Veteranos.

Cuando el público ovacionó a Hegseth, el presidente afirmó: "Tenía el presentimiento de que esto sucedería. Ha hecho un trabajo fantástico. Los quiere y los protege".

El martes, la mayoría republicana del Congreso bloqueó una propuesta para llevar a juicio político a Hegseth, a quien el congresista Thomas Massie, republicano crítico con Trump, acusó de emprender una guerra ilegal contra Irán, entre otras cuestiones.

Durante su discurso, Trump expresó un agradecimiento especial a los militares y veteranos que "trabajan para garantizar que el principal patrocinador mundial del terrorismo de Estado, la República Islámica de Irán, nunca posea un arma nuclear".

"Nosotros ganamos. La cuestión es cuándo terminaremos. Quiero asegurarme de que tengamos una victoria total, no una victoria del 93 por ciento", dijo sobre la guerra.

Además, el mandatario advirtió: "No vamos a permitir que nadie perjudique ni dañe a nuestro país con ideologías malas, insensatas y horribles. No lo vamos a permitir. Y todos saben a qué me refiero".

La impopularidad de la guerra contra Irán y la subida de los precios de la gasolina explican el duro castigo que sufrió Trump en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas arrebataron a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso.

Aunque el intento de llevar a juicio político a Hegseth fracasó el martes, la nueva mayoría demócrata promete retomar las investigaciones el próximo enero, cuando entre en funciones el Congreso surgido de las urnas.

El pontífice partió rumbo a Lima a las 14.30 hora local (17.30 GMT) del aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires y el principal de Argentina, a bordo del vuelo AR1096 operado por Aerolíneas Argentinas.

El papa fue despedido en el aeropuerto por el presidente argentino, Javier Milei, quien estuvo acompañado por varios obispos; la secretaria general de la Presidencia argentina y hermana del mandatario, Karina Milei, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

Antes de subir al avión, León XIV saludó y bendijo a algunos feligreses presentes, mientras un grupo de niños entonó 'Alma misionera', una popular canción católica que el papa cantó en algunas de sus actividades en Argentina.

Durante las casi 70 horas que León XIV estuvo en Argentina, correspondientes a cuatro jornadas, multitudes de argentinos y también de personas que viajaron desde otros países acudieron a las celebraciones públicas presididas por el pontífice y esperaron en las calles para verlo pasar en el papamóvil.

"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa. (...) ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", dijo León XIV al concluir la misa de este miércoles a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina.

El papa llegó a Buenos Aires el pasado domingo, procedente de Uruguay, se reunió ese día con Milei y dio un fuerte discurso ante representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

El lunes visitó en Claypole (25 kilómetros al sur de la capital argentina) un centro de acogida a personas con discapacidad, presidió una misa en Buenos Aires a la que asistieron 2,5 millones de personas, dio un discurso ante empresarios y representantes sindicales, donde habló sobre la dignidad del trabajo, la economía al servicio del hombre y de otros aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia.

El martes viajó a Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires) para presidir otra misa multitudinaria -650.000 personas- y reunirse con sacerdotes y religiosos.

Por la noche, de regreso en Buenos Aires, participó de un encuentro con cerca de un millón de jóvenes.

Este miércoles, el papa visitó una prisión en Buenos Aires y luego viajó a Luján (70 kilómetros al oeste de la capital) para coronar su visita a Argentina con una misa en la que participaron más de dos millones de personas.

En estas y otras actividades en Argentina, León XIV recordó varias veces la figura y el legado de su antecesor, Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio-.

León XIV cerrará su viaje apostólico por países suramericanos en Perú, donde permanecerá hasta el próximo día 16.

El estudio, elaborado a lo largo de 2025, señala que estas áreas ocupan una superficie de 614,3 kilómetros cuadrados y albergan a 5,1 millones de habitantes, aproximadamente un tercio de la población del estado.

El Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil, es el grupo con mayor presencia territorial, con 779 zonas identificadas (el 50,9 % del total), en las que viven cerca de tres millones de personas, según el informe.

Las milicias, grupos paramilitares que ejercen control territorial mediante actividades ilegales y extorsiones, actúan en unas trescientas zonas, con 917.105 habitantes, mientras que el Terceiro Comando Puro (TCP) tiene presencia en 274 territorios donde viven 914.859 personas.

Por su parte, la facción Amigos dos Amigos (ADA) fue identificada en 91 áreas, con 221.703 habitantes.

Se trata de la primera vez que el Gobierno regional divulga datos sobre la extensión territorial de las organizaciones criminales en Río de Janeiro, aunque el ISP ya había realizado estudios similares en 2016 y 2019, que se mantuvieron en secreto.

El estudio también pone de manifiesto la expansión territorial del Comando Vermelho, que durante la última década ganó presencia en zonas que anteriormente estaban asociadas a organizaciones criminales rivales.

De los 779 territorios en los que el ISP identificó la actuación de esta organización en 2025, al menos 84 estaban atribuidos en 2019 a otros grupos: 39 a las milicias, veinticuatro al Terceiro Comando Puro y veintiún a Amigos dos Amigos.

El TCP también amplió su presencia en territorios anteriormente vinculados a sus rivales y pasó a predominar en 44 de esas zonas; mientras que las milicias avanzaron sobre siete territorios que en 2019 estaban asociados a otros grupos.

Para elaborar el mapa, los investigadores utilizaron información de las policías Militar y Civil, realizaron visitas de campo y sobrevuelos con drones, y recopilaron datos de la Operación Barricada Zero, un dispositivo policial contra las barreras levantadas por las organizaciones criminales para impedir el acceso a ciertas favelas.

Sin embargo, el instituto advierte que las cifras de 2025 no son directamente comparables con las de los estudios anteriores, debido a las mejoras metodológicas y a la incorporación de nuevas fuentes de información.

La publicación del estudio se enmarca dentro de los planes estratégicos del Gobierno regional para la recuperación territorial y el desarrollo económico y social del estado.

"El enjuiciamiento continuado y la detención de Ojukwu parecen formar parte de una tendencia más amplia de utilizar el sistema de justicia penal para castigar a los periodistas por exponer acusaciones de corrupción y exigir responsabilidades a los funcionarios públicos", señaló en la red social X la oficina nigeriana de AI.

Este caso puede "socavar" la libertad de prensa y de expresión en el país, alertó la ONG, al exigir la puesta en libertad "de manera inmediata e incondicional" del informador.

El Tribunal Superior Federal de Abuya, la capital del país, dictó este martes imponer prisión preventiva en la cárcel de Kuje hasta el próximo 1 de diciembre a Ojukwu, que trabaja como reportero de la nigeriana Fundación para el Periodismo de Investigación (FIJ, en inglés).

El proceso contra el periodista data de 2024 e incluye doce cargos entre los que se encuentran acusaciones de difamación, acoso y violación de la ley de ciberdelitos del país, de los cuales se declaró inocente este martes ante la corte.

La denuncia fue presentada originalmente por la oficina del inspector general de la Policía, después de que Ojukwu documentara presunta corrupción y desvío de fondos públicos por parte de Adejoke Orelope-Adefulire, exvicegobernadora de Lagos (sur) y asesora del entonces presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari (2015-2023), ya fallecido.

Según informan medios locales, el periodista publicó informaciones entre 2023 y 2024 en las que responsabilizaba a Orelope-Adefulire de malversar más de 147 millones de nairas (más de 98 millones de euros).

La denuncia fue presentada contra Ojukwu y también contra el fundador de la FIJ y periodista Fisayo Soyombo, que no compareció ante el tribunal esta semana.

En mayo 2024, Ojukwu ya "fue secuestrado por agentes de la Fuerza de Policía de Nigeria (NPF) en conexión con su trabajo periodístico" y mantenido bajo custodia durante diez días antes de ser liberado, frente a la indignación pública y la presión de organizaciones pro derechos humanos, recordó AI.

La organización reivindicó que "ningún periodista debería ser objeto de amenazas, intimidación o medidas punitivas por exigir responsabilidades a quienes ocupan puestos de poder".

"Las autoridades deben garantizar que todo procedimiento legal cumpla plenamente con las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho a un juicio justo y las garantías procesales", concluyó.

Los sospechosos fueron arrestados durante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorisón (Unase) en los sectores de Los Ceibos y Posorja, en Guayaquil, después de que presuntamente amenazaran a la víctima mediante mensajes de WhastApp.

Entre los detenidos está un ecuatoriano de 46 años, considerado por la Policía como un individuo de interés penal relevante, que registra antecedentes por tenencia y porte de armas.

Las otras dos personas arrestadas son mujeres de 26 y 21 años, ambas también de nacionalidad ecuatoriana.

Durante el operativo, los agentes incautaron cinco teléfonos móviles, un vehículo y cuatro comprobantes de depósito, que fueron incorporados como indicios de la investigación.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Este miércoles, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días, el estado de excepción "por grave conmoción interna", que rige en ocho de las 24 provincias del país andino, entre ellas la del Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más afectadas por la violencia.

Las restantes siete provincias son El Oro (fronteriza con Perú), Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales.

Desde entonces ha decretado sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar operaciones especiales contra estas bandas.

Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que Ecuador cerrara el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos.

Bessent es el último alto cargo de la Administración de Donald Trump que traslada su residencia a una base militar, como ya hicieron anteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, o Stephen Miller, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Según fuentes anónimas citadas por el diario, la presunta conspiración iraní contra funcionarios estadounidenses habría alcanzado una fase más avanzada, aunque se desconoce la gravedad de las amenazas contra Bessent.

La capacidad de Irán para llevar a cabo un ataque a gran escala contra territorio estadounidense es limitada, pero ha habido amenazas graves contra ciertas personas, como un complot para asesinar a Trump durante la campaña de 2024, según el diario.

Bessent lidera desde agosto una campaña de presión económica destinada a aislar financieramente a Irán mediante severas sanciones financieras y restricciones comerciales.

El Departamento del Tesoro declaró en un comunicado remitido a The New York Times que Bessent "no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní".

Marco Rubio declaró este miércoles desde París que la presión económica sobre Irán ha dejado el país "en ruinas", lo que hace innecesario que Trump ordene reanudar los ataques a gran escala contra la República Islámica.

El primer ministro, Nawaf Salam, mantuvo una serie de contactos de alto nivel para "dar seguimiento" al caso desde Turquía, donde se encuentra para participar en la cumbre del clima COP31, y desde donde alertó de que la "era de la impunidad y los encubrimientos" ha terminado, informó este miércoles su oficina en un comunicado.

Según la nota, que no menciona la afiliación de los detenidos, se trata de un grupo de "jóvenes" detenidos el martes entre Bcharre y Batroun, zonas mayoritariamente cristianas alejadas de las áreas tradicionales de influencia de Hizbulá.

"El primer ministro Salam enfatizó que la era de la impunidad y los encubrimientos ha terminado, y reiteró que las investigaciones en curso se llevarán a cabo dentro del marco legal", agrega el comunicado.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) confirmó que los "cinco miembros de Hizbulá" están siendo objeto de una investigación preliminar a cargo de la Dirección de Información de las fuerzas de seguridad y que el caso está siendo supervisado por el fiscal del Tribunal de Casación, el juez Ahmad Rami al Haj.

Partidos rivales de la formación chií expresaron su preocupación por la presencia de estas personas en la región septentrional, como el comité ejecutivo del cristiano Kataeb en Batroun, que convocó una reunión para abordar el asunto, o dos diputados del grupo de mismo signo Fuerzas Libanesas.

Las detenciones se produjeron después de que el mes pasado las fuerzas de seguridad libanesas incautaran un cargamento de explosivos en un puesto de control en la zona de Dahr al Baydar, al este de Beirut, en una hasta ahora poco común intervención directa contra Hizbulá.

Al menos 13 personas con supuestos vínculos con ese movimiento político y armado fueron imputadas en relación con los explosivos, que Hizbulá defendió iban a ser utilizados contra Israel, mientras el caso disparó la tensión con las autoridades e incluso temores a un potencial estallido de violencia interna.

El Gobierno del Líbano aprobó un plan para desarmar a Hizbulá el pasado año, a raíz de la guerra de 2024 con Israel, y volvió a reafirmar su compromiso con la medida este marzo tras el estallido de una nueva ronda de hostilidades, aunque los avances al respecto han sido muy limitados.

La misiva, firmada por el principal asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, fue enviada el lunes al congresista Robert García, demócrata por California, quien asumirá la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando comience la nueva legislatura en enero.

La amenaza se produce mientras los demócratas prometen utilizar la mayoría obtenida en las elecciones de medio mandato, del 3 de noviembre, para investigar presuntos actos de corrupción de la Administración de Trump e incluso impulsar juicios políticos contra miembros de su gabinete.

El abogado de la Casa Blanca afirmó en su carta que está investigando "amenazas abusivas y caprichosas que proliferan entre los legisladores demócratas que buscan abusar del proceso legislativo para intimidar e interferir con el funcionamiento legítimo del Gobierno".

"Parece que Donald Trump tiene algo que ocultar", respondió García en un comunicado, en el que afirmó que el Congreso no se dejará "intimidar por amenazas infundadas de un Departamento de Justicia instrumentalizado ni por los abogados del presidente".

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar a funcionarios y miembros del Gobierno, pero carece de competencias judiciales o penales.

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, interpretadas como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

En un mensaje publicado el pasado sábado en redes sociales, Trump aseguró que había ordenado al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que "extorsionen" a miembros, aliados y donantes del Partido Republicano.

El fiscal general, Todd Blanche, aliado del presidente, dijo el domingo que podría abrir investigaciones penales contra los demócratas porque, a su juicio, se están extralimitando en sus funciones de supervisión.

"El Acuerdo de París respeta las especificidades nacionales: importan los objetivos, no los métodos para conseguirlos", dijo el representante de Arabia Saudí, uno de los principales productores y exportadores de petróleo.

"Combatir el cambio climático requiere dar a los países en vías de desarrollo acceso a lo que necesitan. Arabia Saudí advierte desde hace años de que buscar la neutralidad climática sin seguridad energética erosiona esta lucha", dijo Abdulaziz bin Salman.

"Las estrategias del clima no deben constituir una barrera que impida el desarrollo económico", insistió el ministro saudí.

Además, dijo que la meta de aumentar el uso de la electricidad frente a otras energías "no necesariamente significa que se reduzcan emisiones, mientras no se considere de qué fuentes se obtiene esta electricidad", recordó.

Con todo, Arabia Saudí ha aplicado también estrategias para reducir emisiones y prevé poner en marcha mecanismos para capturar 44 millones de toneladas dióxido de carbono al año durante la próxima década, agregó.

El ministro también dijo que se debe alcanzar "un objetivo común desde diferentes vías, respetando las circunstancias de los distintos países".

El último rechazo se produjo este miércoles, cuando las autoridades fronterizas marroquíes se negaron a aceptar un ataúd con los restos de un ciudadano marroquí plenamente identificado que se intentó repatriar a través del paso de Tarajal, confirmaron a EFE fuentes policiales tras informaciones adelantadas por el diario El Faro de Ceuta.

La negativa se suma a la que Marruecos dio al intento de devolver los 90 cadáveres hallados en la ciudad de la entrada masiva, pese a que este último caso no tiene vinculación con el episodio migratorio.

El intento de hoy se produjo ante el expreso deseo de la familia de un marroquí con residencia en España de devolver a su país los restos del hombre, fallecido por causas naturales en el Hospital Universitario de Ceuta.

Sus familiares querían enterrarlo en Marruecos para poder organizar una última despedida y darle sepultura en su lugar de nacimiento, pero no se permitió el paso del cuerpo por la frontera.

La repatriación debe ser autorizada por la delegación del gobierno de Tetuán, que es la que debe dar la autorización consular para ejecutar el trámite, pero desde la delegación en Tetuán contactaron con Rabat, que no ha dado el visto bueno, según el rotativo.

Los familiares han lamentado la situación, resaltando que el fallecido estaba plenamente identificado.

Marruecos señaló en agosto que no aceptaría los cadáveres de sus nacionales fallecidos durante la crisis migratoria en Ceuta si no se cumplían dos requisitos: la entrega a Rabat de su informes forenses una vez estuvieran plenamente identificados y la repatriación de los menores marroquíes que están en la ciudad española, puestos bajo tutela estatal española obligatoria cuando no están acompañados.

El episodio migratorio ha abierto una brecha diplomática entre ambos países, tensa en lo que respecta a los reclamos marroquíes sobre los territorios españoles de Ceuta y Melilla en el norte de África, y ha dejado a decenas de familias sin saber sobre el destino y la recuperación de los restos de los fallecidos durante la entrada.

"Pido a los ciudadanos que no salgan de casa", escribió en redes sociales el gobernador local, Vitali Jotsenko, quien agregó que en la región trabajan activamente las defensas antiaéreas.

En tanto, los habitantes de Omsk informaron sobre explosiones e incendios en distintos lugares.

Debido al ataque, se cancelaron varios eventos previstos para este miércoles, confirmaron las autoridades.

En algunos barrios de la capital regional se interrumpió temporalmente el suministro eléctrico.

En declaraciones al canal estatal Bolivia Tv, Paz informó que su Administración acaba de "cerrar" un "paquete inicial de cerca de 250 millones de euros" con el KfW.

El anuncio del mandatario boliviano fue complementado con una publicación en X, en la que detalló que tuvo un encuentro con la responsable de la cooperación financiera del KfW, Brigitte Réthier, y que los recursos servirán para cuidar los bosques, el agua y la energía, además de "impulsar la inversión privada que genere empleo".

Paz está en Turquía desde el martes para participar en la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que comenzó el lunes en la ciudad turca de Antalya.

El gobernante también destacó la condición de Bolivia como el "corazón" que bombea agua dulce hacia las cuencas del Amazonas y del río de La Plata y que aporta con el líquido vital en un "60 %" para Suramérica.

Paz dijo que ese carácter de Bolivia como una de "las grandes reservas de agua dulce del mundo" se está presentando al planeta en la COP31, de forma que el resto de países se sume a ese cuidado y que, a la vez, eso signifique "ingresos" para el desarrollo del país.

"Somos parte del reservorio de agua dulce más grande del mundo y eso tiene que ser un esfuerzo de cuidar, no solo los bolivianos, sino de orden mundial", añadió.

El presidente de Bolivia defendió que los ciudadanos de su país tengan "un beneficio" por cuidar la naturaleza y que, con ocasión de dicho encuentro, presentará varios proyectos relacionados con resultados "en el corto plazo".

Paz también destacó sus encuentros con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; con el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha; y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien dijo que sostendrá una reunión bilateral.

El 50 % de esas muertes ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y que a su vez son responsables del 45 % de las víctimas mortales, mientras que el 5 % restante es atribuido a grupos de autodefensa, señala el informe.

De las 1.167 personas asesinadas, la gran mayoría eran hombres (81 %), mientras que un 13 % eran mujeres y el 6 % niños, agregó la información.

Con estas cifras, el total de personas que han perdido la vida por la violencia en el país caribeño en los primeros nueve meses del año asciende a 4.217.

La Binuh advirtió además del regreso de miembros de bandas armadas a los barrios de Bel-Air, Bas Delmas y La Saline, en Puerto Príncipe, de donde habían huido tras operaciones de seguridad llevadas a cabo a principios de este año.

En el periodo analizado al menos 344 personas de entre ocho y 75 años de edad fueron víctimas de agresiones sexuales, y en la mayoría de los casos (77 %) fueron violaciones colectivas.

"Los casos de violencia sexual, especialmente los cometidos por bandas, siguen sin denunciarse en su mayor parte, debido al temor a las represalias, a la estigmatización social y a la falta de confianza en la policía y en el sistema", lamentó el órgano de la ONU.

Al menos cinco víctimas de la violencia sexual fueron asesinadas por sus agresores tras haber sido violadas, mientras que otras cuatro, entre ellas tres chicas de 15, 16 y 17 años, quedaron embarazadas a raíz de los abusos.

Asimismo, al menos 27 mujeres y cuatro niñas fueron víctimas de violaciones repetidas durante su cautiverio, tras haber sido secuestradas por miembros de bandas.

El informe señala además que por lo menos 32 niños de entre 14 y 16 años fueron reclutados por la banda 'Grand Ravine' y murieron en intercambios de tiros con las fuerzas de seguridad.

Por ello, la Binuh señaló que "a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones del Estado, con el apoyo de los agentes de la sociedad civil y los socios internacionales, las medidas de protección y prevención destinadas a reducir los riesgos de reclutamiento han seguido siendo insuficientes".

Respecto a las investigaciones judiciales sobre masacres y violaciones graves de los derechos humanos, la Binuh documentó "avances" en la puesta en marcha de los dos centros judiciales especializados en delitos masivos y delitos financieros, con la asignación de 24 magistrados y el refuerzo de la coordinación, entre otros puntos.

Por el contrario, advirtió que "no se ha registrado ningún avance durante el trimestre en los procedimientos judiciales relativos a varios casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos, en particular las masacres de Grand Ravine (2017), La Saline (2018), Bel-Air (2019) y Pont-Sondé (2024).

Las bandas armadas son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A ellos se sumaron el mes pasado más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

El premio fue entregado el pasado 4 de noviembre en la categoría de "Desarrollo Humano e Inversión Social Estratégica", además de ser reconocido como el ganador del premio "Grand Prix", como el proyecto con la calificación más alta de entre las 51 iniciativas participantes, de acuerdo con la organización.

"Los reconocimientos destacan el compromiso de Castillo Hermanos con la generación de valor compartido, el fortalecimiento de las comunidades y la promoción de una cultura empresarial basada en la integridad, la transparencia y la sostenibilidad", según detalló -en un comunicado- la empresa multinacional.

El proyecto "Guatemaltecos por la Nutrición", fundado hace cuatro años, ha promovido el desarrollo de la lucha contra la desnutrición en diversas áreas del país, principalmente en el departamento (provincia) de Huehuetenango, ubicado unos trescientos kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala.

"El programa Guatemaltecos por la Nutrición fue distinguido (por Sustentia Magna Impact 2026)  por su contribución para romper el ciclo de la desnutrición infantil a través de un modelo integral que combina los ejes de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento, Acceso a Alimentos, Desarrollo Infantil Temprano, y Fortalecimiento de la Economía Familiar", puntualizó la nota informativa.

De acuerdo con la misma fuente, la iniciativa altruista "ha presentado resultados importantes al reducir en niños menores de cinco años la desnutrición aguda de un 6 % al 0,38 %".

Por su parte, el director ejecutivo de "Guatemaltecos por la Nutrición", José Silva, valoró la importancia del galardón entregado por la plataforma de sostenibilidad corporativa e impacto social nacida de la organización Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE).

"El Grand Prix recibido por Guatemaltecos por la Nutrición nos motiva a seguir impulsando soluciones integrales que contribuyan a erradicar la desnutrición infantil y a crear más oportunidades de desarrollo para miles de familias guatemaltecas", expuso Silva.

La ceremonia de entrega por parte de Sustentia Magna Impact 2026, con 35 empresas participantes, también incluyó un premio para Castillo Hermanos en la categoría de "Ética, Transparencia y Confianza", por sus "prácticas responsables entre colaboradores, líderes y proveedores", agregó el reporte.

“Estos reconocimientos reflejan la convicción de Castillo Hermanos por generar prosperidad sostenible para las familias y comunidades donde operamos. Nos enorgullece que nuestros programas de fortalecimiento ético sean reconocidos por su impacto y contribución al desarrollo del país”, concluyó Hernán Herrera, Gerente Corporativo de Cumplimiento y Ética de Castillo Hermanos.

Ataviados con sus uniformes de faena, unos 250 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se concentraron en una plaza contigua al Congreso, en Asunción, la capital del país, para denunciar lo que consideran ha sido un "golpe bastante fuerte".

La intervención de Ueno bank por problemas de solvencia financiera desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso.

Una de las principales preocupaciones es la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos recursos de cinco cajas previsionales, y de aquellos depósitos que superen los 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares) cobijados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Lorena Canan, dijo a EFE que unos 1.400 millones de guaraníes (unos 226.488 dólares) depositados en Ueno proceden de la colecta nacional que esa institución realiza cada año en octubre y el resto de sus 140 cuarteles en el país.

En ese sentido, pidió un proyecto de "ley de salvataje financiero" que permita recuperar "íntegramente" esos recursos.

Estos bomberos reciben igualmente donaciones de otros países, principalmente vehículos e implementos para el combate de incendios y la atención de otras emergencias.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró el lunes que se ha pagado ya a 1,74 millones de ahorristas el "equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía, y que a partir de ahora "tendrá prioridad" la recuperación de los recursos de los aportantes y los jubilados.

"Puede esperarse que esta fusión (como califica la operación) redunde en un sustancial detrimento de la competencia dentro de un mercado o mercados en el Reino Unido", asegura la CMA, que ordena una investigación sobre la operación "a menos que las partes provean una iniciativa aceptable para encarar estas preocupaciones sobre la competencia" antes del próximo día 18.

Según el argumentario de la CMA, los productos que más preocupación despiertan en cuanto al detrimento de la libre competencia son las "mezclas e ingredientes secos" usados en los productos Schwart, como el 'chile con carne', así como salsas vendidas dentro de la marca French's, principalmente la mostaza.

La CMA recuerda que su obligación es promover la competencia en beneficio de los consumidores e investigar las operaciones que la obstaculicen, y esta operación era "una fusión importante (porque) el volumen de negocios supera los 100 millones de libras (120 millones de euros).

De hecho, la operación, cuando fue anunciada el 31 de marzo pasado, fue valorada en 44.800 millones de dólares. Se explicó entonces que daría lugar a un gigante global de condimentos y otros productos alimenticios con ventas combinadas de unos 20.000 millones de dólares.

Según los acuerdos anunciados entonces, los accionistas de Unilever controlarán el 55,1 % del grupo combinado y los de McCormick el 35 %.

En 2025, el negocio de alimentación de Unilever facturó 10.728 millones de euros (12.379 millones de dólares), con un beneficio operativo de 2.449 millones de euros (2.825 millones de dólares).

VV publicó un video en el que la esposa de Rocha, María Constanza Cipriani, asegura, junto a funcionarios policiales, que se le indicó que no podía entrar nadie que "no estuviera autorizado por la comandancia".

"Yo le pregunto: ¿dónde está aquí la prohibición de visita? ¿Usted dice que esta orden la dio un tribunal? Usted me tiene que traer la orden del tribunal", dijo Cipriani al funcionario policial, mientras sostenía un papel.

Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

El abogado rechazó, además, la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que confirmó los resultados proclamados del CNE a favor de la reelección de Maduro, en medio de cuestionamientos a esta victoria dentro y fuera de Venezuela.

Días antes de ser detenido, en agosto de 2024, el opositor dijo que el procedimiento de convalidación del TSJ "no existe" en las leyes de Venezuela y que "nadie cree" en el CNE.

Su liberación de prisión, pero con arresto domiciliario, se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en enero pasado, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Rocha ha recibido varias visitas en su casa, incluyendo la de Machado en octubre pasado y la de la historiadora, ensayista y periodista polaco-estadounidense Anne Applebaum en septiembre.

"Ayer autoricé un bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia. ¡Abatido alias 'Negro Perea', uno de los diez cabecillas prioritarios del país!", escribió este miércoles el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

El Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea ejecutaron la operación denominada Nehemías, en la zona rural de Tarazá (Antioquia), contra el grupo Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.

"El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal", detalló el mandatario.

Según las autoridades, Haminton Mosquera estaba acusado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025.

Como resultado de la operación, también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación.

Además, el bombardeo destruyó un campamento que se utilizaba supuestamente para coordinar actividades criminales.

"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos", apuntó De la Espriella.

Este es el octavo bombardeo contra grupos armados ilegales desde que el mandatario asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Esta táctica militar continúa en medio de una polémica por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, al considerar que ya se registran al menos ocho menores de edad muertos en medio de estos operativos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La controversia por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los diez muertos fueron menores de edad, dos de quince años y uno de dieciséis.

Noboa aseguró que ha conversado "varias veces" con su homólogo colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, para fijar "un precio bajo de 8, 9, 10 centavos (por kilovatio-hora), que inicialmente él estaba de acuerdo".

"Ahora nosotros vamos a necesitar de Colombia tres, cuatro semanas, pero a finales de diciembre, enero y febrero, ellos van a necesitar (de Ecuador). Entonces cualquier cosa que cobren ahora se les va a cobrar de vuelta", anticipó en una entrevista con la radio Centro, de Guayaquil.

El gobernante agregó que Colombia tiene "otro problema (...), más que nosotros: es el paso del crudo por nuestro oleoducto".

"También será así, o sea si el 'rate' era cinco dólares, ahora será 50", señaló al apuntar que "al final se trata de que hay que ser recíproco, y se le cobrará también a Colombia un alto valor por el paso del crudo, se le cobrará también electricidad cara en los momentos en que ellos necesiten, ya que en este momento, ellos han decidido cobrarnos unos valores altos", dijo.

En agosto pasado, el Gobierno colombiano reanudó la venta de energía a Ecuador luego de que en enero la suspendió en respuesta a los aranceles que Noboa anunció contra el vecino país por temas de seguridad fronteriza y que desataron una guerra comercial que concluyó en junio último.

Al anunciar la reanudación, el Ministerio ecuatoriano de Ambiente y Energía señaló que la operación se había concretado "en condiciones más competitivas para el país", ya que el precio promedio de importación de energía para la jornada del 5 de agosto se ubicó en 0,33 dólares por kilovatio-hora, "aproximadamente un 67 % inferior al registrado en operaciones anteriores, cuando el precio alcanzó 0,99 dólares por kilovatio-hora".

El pasado 6 de noviembre, Noboa aseguró que, tras los recientes problemas por el estiaje de los embalses, que provocaron cortes de energía en grandes industrias, ese día su país contaba con un superávit de 200 megavatios sin necesidad de comprarle energía a Colombia.

"Lo que verdaderamente le da sostenibilidad" al sistema eléctrico ecuatoriano es cómo se manejen los embalsen, la autogeneración de las industrias, recuperación y mantenimientos, y control de la potencia en horas pico, aseveró este miércoles.

"La dirección y el personal del Ministerio de Exteriores de Rusia anuncian con profundo pesar el repentino fallecimiento de Alexandr Dárichev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa ante Estados Unidos, ocurrido el 11 de noviembre a la edad de 66 años", señala la nota oficial.

El comunicado destaca que Dárichev era "un diplomático excepcional, un líder experimentado, un buen amigo y un mentor".

"Profesional de primer nivel y brillante experto en asuntos estadounidenses, Alexandr Dárichev desempeñó un papel fundamental en una de las áreas más importantes de la política exterior rusa", concluye la nota.

Dárichev era hijo del que fue consejero de la embajada rusa en Hungría, Nikita Dárichev, y comenzó su propia carrera diplomática en la década de los 1990.

Trabajó durante largos períodos en la embajada rusa en Estados Unidos y también encabezó la misión diplomática de su país en Canadá.

Dárichev fue además subdirector del Departamento de América del Norte en el Ministerio de Exteriores ruso.

En marzo de 2025, en el marco de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, fue nombrado jefe de la misión diplomática rusa en Washington, ocupando un cargo que se mantenía vacante desde octubre de 2024.

Cientos de personas pasean por el llamado Parque Nacional Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, en el oeste de Teherán, entre los misiles de crucero y balísticos como Jorramshahr, Seyil y Qadr, de 2.000 kilómetros de alcance, o el hipersónico Fattah, los drones, los helicópteros, los cohetes lanzadores de satélites y los sistemas de defensa antiaérea.

Dos niños juegan precisamente sentados detrás de un sistema antiaéreo mientras, a sus espaldas, una pareja se graban junto a los misiles, y en otra zona los visitantes se detienen ante varios drones que Irán asegura haber capturado, con reproducciones de las banderas de Estados Unidos e Israel tendidas en el suelo.

"Había visto los drones y misiles muchas veces en las noticias, pero nunca tan de cerca. Algunos son gigantescos. Me parece increíble esta exposición", cuenta a EFE un ama de casa de 49 años.

Muchos de los misiles y drones que se exhiben forman parte del arsenal que Irán ha empleado en la guerra iniciada el 28 de febrero para atacar el territorio israelí y posiciones estadounidenses en Oriente Medio, en una campaña que se extendió a Jordania, Irak, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán.

Entre los misiles figuran los balísticos Jorramshahr, Seyil, Jeibar Shekan y Zolfagar, mientras que entre los drones aparecen los Shahed-238, Shahed-107 y Shahed-136, este último empleado también por Rusia en su guerra contra Ucrania y cuyo diseño sirvió de base para el LUCAS estadounidense.

Un hombre que se saca un selfi junto a un misil Jorramshahr considera de vital importancia que Irán sea capaz de fabricar sus propias armas.

"Hemos pasado por dos guerras en dos años. Especialmente en el último conflicto que aún continúa, estos misiles y drones nos han servido para hacer frente al denominado ejército más poderoso del mundo, que se supone es el estadounidense. Nadie se imaginaba que Irán luchara de tú a tú y no cediera ante los cazas y portaaviones más sofisticados del planeta”, dice Hosein, ingeniero mecánico de 52 años.

Para fortalecer su poderío militar, Irán plantea levantar el límite de 2.000 kilómetros que se había impuesto para sus misiles balísticos.

Así lo afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, el sábado, justo el día en que se inauguró la exposición que durará hasta el viernes.

La afirmación se produjo una semana después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara a las Fuerzas Armadas responder a las amenazas “sin limitaciones geográficas”, y precedió a la presentación, el martes, de una base subterránea de la Fuerza Aeroespacial, donde el jefe del Estado Mayor, Alí Abdolahi, recorrió galerías con misiles balísticos y de crucero.

Así, Irán ha sacado pecho ante las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reiterado continuamente que Estados Unidos había neutralizado la Armada y la Fuerza Aérea iraníes y destruido casi todo el equipo militar del país.

Algo que Irán ha desmentido una y otra vez.

Hoy, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, afirmó en X que las capacidades militares del país se han reforzado y que, "respaldadas por la producción estratégica y las tecnologías avanzadas, van más allá de las afirmaciones engañosas de Trump".

"El desenlace de la guerra está claro: o se aceptan las demandas legítimas de Irán o el enemigo se rinde en el campo de batalla", añadió el vocero castrense.

Entre las condiciones que Irán exige en su llamado plan de dos días se encuentran el levantamiento del cerco naval y de las sanciones, el fin de las hostilidades en todo Oriente Medio y la descongelación de sus activos en el extranjero.

Teherán supedita a esas condiciones la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones sobre su programa nuclear, mientras que el jefe de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, aseguró el martes que todavía no había conversaciones en curso con Washington, a pesar de los esfuerzos de los mediadores para encontrar una salida diplomática al conflicto.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz.

"Un bosque en pie debe valer más que un bosque talado. Por eso queremos incorporarnos al Fondo Bosques Tropicales para Siempre", afirmó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante su intervención en el plenario de la cumbre climática COP31.

El Fondo, impulsado por Brasil, busca captar inversiones públicas y privadas para remunerar a los países que conserven sus bosques tropicales.

El mandatario boliviano defendió que la protección ambiental debe traducirse en resultados, y reconoció contradicciones entre el discurso y las políticas del pasado.

"Durante demasiado tiempo dijimos que defendíamos la naturaleza mientras sufríamos incendios y deforestación", señaló.

"No tenemos que elegir entre conservación y desarrollo", sostuvo, al reclamar alternativas económicas para las poblaciones indígenas, campesinas y locales.

Antes de su intervención en la COP, Paz participó en un acto para luchar contra la deforestación de los bosques tropicales con el presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, y otros líderes, y dijo que se abría una nueva etapa de cooperación ambiental con ese país.

Paz señaló que Bolivia trabajará con sus "vecinos y hermanos", en particular Brasil, para proteger la Amazonia, a la que definió como el "corazón del agua dulce".

El mandatario reclamó en su discurso en la COP31 "financiamiento accesible, transferencia de tecnologías y alianzas que se conviertan en proyectos medibles con resultados en el territorio".

También propuso que el medioambiente sea "un instrumento de paz" para resolver conflictos y ofrecer mejores soluciones a las futuras generaciones.

"El medio ambiente es la víctima silenciosa de las guerras. La destrucción sigue ahí cuando el conflicto ya ha terminado", dijo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la ronda de discursos de líderes mundiales que arrancó hoy en Antalya.

Afirmó que "la agresión asesina de Estados Unidos y el régimen sionista de Israel pone en peligro la salud pública, además de causar sufrimiento humano".

Los ataques estadounidenses causaron el incendio de depósitos de carburante cerca de Teherán, liberando "entre 500.000 y un millón de toneladas de dióxido de carbono", aseguró Pezeshkian, quien destacó que los "incendios masivos han destruido años de esfuerzos internacionales para reducir emisiones".

"Invitamos al mundo a evaluar las consecuencias de la agresión y considerar mecanismos de compensación", sugirió Pezeshkian.

También denunció, como ya hizo al mediodía de hoy su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre, la guerra en Gaza, que describió como "una catástrofe tanto humana como medioambiental".

Pezeshkian subrayó que Irán, pese a no tener acceso a créditos internacionales, "continúa esforzándose, bajo las condiciones más difíciles del mundo, para reducir las emisiones y conseguir energía limpia", aumentando la electrificación.

"La paz es un requisito para la protección medioambiental", concluyó el dirigente iraní.

"Los marcos diplomáticos, las hojas de ruta y los mecanismos ya existen. Lo que falta es acción política", afirmó Albares en un discurso en el Foro de París por la Paz, en el que defendió la adopción de medidas "reales, soluciones políticas" e "irreversibles" para hacer posible la creación de un Estado palestino soberano y la integración de Israel en la región.

"Tenemos muy poco tiempo para actuar", urgió en su discurso introductorio del panel titulado 'Construir una arquitectura de paz centrada en los ciudadanos en Israel-Palestina', dedicado al papel de la sociedad civil de ambos territorios en la resolución del conflicto y a la necesidad de incorporar sus iniciativas a los procesos diplomáticos.

Albares recalcó que, sin una solución política, no será posible alcanzar un alto el fuego duradero, y alertó de la distancia entre el creciente consenso internacional para alcanzar una solución de dos Estados que permita la paz entre Israel y Palestina, que es "una posibilidad real", y la realidad sobre el terreno, donde "la destrucción no cesa".

"Lo que estamos viendo es una paradoja: el respaldo internacional a la solución de dos Estados es cada vez mayor, pero la distancia entre ese consenso y la realidad sobre el terreno no deja de crecer. Aumentan la polarización, la desconfianza y los discursos de odio en toda la región, lo que dificulta cada vez más la construcción de la paz", constató Albares.

El ministro español abogó por construir una coalición que tenga el "coraje político" y el "valor" de tomar decisiones, especialmente tras las últimas elecciones en Israel, por lo que instó a avanzar y a hacerlo rápidamente.

"Tenemos que construir puentes de paz y entendimiento. Los discursos extremistas y de odio dominan cada vez más el debate público. Los vemos en Europa, en España y en Francia, y debemos combatirlos. No siempre es fácil. Por eso es fundamental apoyar a los israelíes y palestinos que luchan contra el odio", dijo.

Y añadió: "Cuando existen fuerzas e injerencias extranjeras que buscan profundizar nuestras divisiones, debemos trabajar para construir una paz duradera en Oriente Medio, tanto hoy como en el futuro".

En este sentido, el ministro defendió que la construcción de una paz duradera debe contar con la participación de la sociedad civil y de las comunidades locales, y subrayó que los acuerdos no pueden limitarse a las negociaciones diplomáticas.

"Una paz duradera no puede imponerse desde el exterior. La legitimidad social y local es esencial", consideró Albares.

En este sentido, destacó la iniciativa de España de reunir a representantes de la sociedad civil israelí y palestina para promover el diálogo y avanzar hacia una solución de dos Estados.

Albares pidió también respaldar a los activistas de ambas sociedades que trabajan contra el extremismo y el odio, pese a las amenazas, y concluyó con un llamamiento a aprovechar la oportunidad diplomática antes de que sea demasiado tarde.

"Tenemos un objetivo, tenemos legitimidad y disponemos de instrumentos. También contamos con una ventana de oportunidad que es muy limitada. Tenemos muy poco tiempo para actuar" ante la oportunidad de "hacer realidad el sueño de que los pueblos israelí y palestino puedan vivir en paz, seguridad y dignidad, de manera duradera, en una región estable", concluyó Albares.

"Galicia está ahora en condiciones de pagar su deuda histórica con los que tuvieron que salir por falta de oportunidades y darle a sus descendientes todo lo que no tuvieron", aseguró Rueda ante representantes de comunidades gallegas de varios países del mundo.

La promesa se realizó en la ceremonia de apertura en esta ciudad brasileña del XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, el órgano que reúne cada tres años a los representantes de la colectividad gallega en el exterior.

Rueda, en su calidad de presidente del Consejo, afirmó que decidió acudir a Río en un viaje de dos días para poder detallar las ayudas que Galicia (noroeste de España) ofrece a los descendientes de los miles de gallegos que abandonaron su tierra por falta de oportunidades.

Agregó que la llamada Estrategia Galicia Regresa, un programa para apoyar a quienes retornan, no solo es una forma de ayudar a los emigrantes y sus descendientes cuando regresen sino también de incentivar el desarrollo de Galicia.

"Necesitamos de una renovación, de sangre nueva, de gallegos que regresen a las tierras de sus ancestros", aseguró.

Agregó que este programa, que ofrece ayudas económicas, cursos de capacitación y apoyo a la creación de empresas, permitió que la población de Galicia aumentara en los últimos años a diferencia de lo que ocurre en otras regiones de España.

"Estamos recibiendo personas mejor formadas y nuevos trabajadores", dijo.

Según estadísticas de la Xunta, la estrategia de apoyo al retorno permitió que cerca de 58.000 gallegos o sus descendientes se establecieran en Galicia entre 2018 y 2025, mediante ayudas a unas 7.500 familias procedentes de más de 60 países.

Ese movimiento permitió que Galicia ganara más de 140.000 habitantes gracias al saldo migratorio positivo registrado en el período y que dejara atrás la tendencia histórica de una región fuente de emigración.

Rueda dijo que, pese al éxito de este programa, la Xunta no olvidará a los gallegos que decidan permanecer en los países en que se establecieron y que seguirá ofreciéndo ayuda a las cientos de entidades que amparan a los gallegos más necesitados en el exterior.

"Queremos que sepan que siempre apoyaremos a los gallegos en el exterior que lo están pasando mal y que reciben poca ayuda y que estamos aquí precisamente para agradecer y ofrecerles respaldo a todos esos centros", dijo.

La reunión del pleno del Consejo de Comunidades Gallegas en Río de Janeiro constituye la cuarta en que este organismo se cita fuera de Galicia, tras las citas celebradas en Buenos Aires (2003), Montevideo (2009) y La Habana (2016).

La justicia dictó la misma medida cautelar contra la pareja de Áron Orbán, cuya identidad no ha sido revelada. Tampoco se ha dado a conocer el lugar donde ambos, detenidos el pasado lunes, permanecen bajo custodia.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar ante la sospecha de que una empresa vinculada al hermano del líder ultranacionalista, quien encabezó el Gobierno de Hungría entre 2010 y 2026- matriculó fraudulentamente en 2024 a más de un centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, en el sur del país.

Dicha inscripción permitió a los beneficiarios tramitar y obtener visados de entrada al espacio Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE).

Mientras el Ejecutivo de Orbán mantenía una férrea retórica contra la inmigración irregular, la compañía de su hermano, según 'Telex.hu', gestionaba ante embajadas húngaras visados para los ciudadanos vietnamitas, cobrando un mínimo de 1.000 euros por solicitante.

La Oficina Nacional de Investigación (NNI) y la Oficina Nacional de Protección y Recuperación de Bienes (NVVH) investigan dos casos relacionados con redes de tráfico irregular de personas, en el marco de las cuales se ha arrestado a varias personas, incluidos antiguos altos cargos, según fuentes policiales.

Hasta el momento, son tres los exministros de los gabinetes del exmandatario que están actualmente bajo arresto por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos: Miklós Seszták (Desarrollo Nacional, 2014-2018), Balázs Hankó (Cultura, 2024-2026) y György Matolcsy (Economía, 2010-2013 y gobernador del Banco Central entre 2013 y 2025).

Por su parte, Viktor Orbán ha acusado al Gobierno del conservador Péter Magyar de instrumentalizar el sistema judicial para perseguir a la oposición política.

Magyar asumió el poder tras la victoria de su formación, el partido Tisza, en las elecciones legislativas del pasado abril, con la promesa de exigir "rendición de cuentas" a los implicados en escándalos de corrupción durante los mandatos de Orbán.

"Están llegando niños mucho más chiquitos, niñas mucho más pequeñas", explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en una visita a la localidad de La Restinga, en la isla de El Hierro, afectada por un elevado número de llegadas de pateras y embarcaciones precarias desde el Atlántico.

Rodríguez explicó que, en algunos casos, en el primer registro de identificación por parte de las autoridades se atribuye la edad de 16 años a niños que parecen mucho más pequeños.

La dirección general ha pedido a la Fiscalía que revise la edad que consta en esos registros para que, cuando los menores sean trasladados a otras regiones del país, en el marco de un sistema de reubicación para descongestionar la situación en Canarias, se les asignes los mecanismos adecuados de acogida.

Rodríguez anunció que hoy se reabre un "macrocentro" en La Laguna (isla de Tenerife) para atender a los chicos y chicas que llegan sobre todo a El Hierro, donde ya hay 248 menores acogidos.

El aumento de las llegadas ha obligado al Gobierno regional de Canarias a volver a utilizar centros que tenía cerrados en Tenerife desde el verano, explicó. "Nunca hemos salido de la contingencia migratoria", afirmó la directora general.

Añadió que además de ocuparse de la primera acogida, su departamento reorganiza las plazas en las distintas islas para asignar alojamiento en función de la edad de los menores, de si son niños o niñas y de si hay dudas sobre su edad.

En El Hierro, donde el dispositivo de emergencia del Gobierno canario ha llegado a albergar hasta 300 menores, el Ayuntamiento del municipio de La Frontera ha vuelto a ceder dos albergues por si las llegadas desbordan los recursos de la isla.

La presión sobre los centros herreños ha sido menor de la que se temía a principios de semana, cuando unas 600 personas que se encontraban en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) fueron trasladadas a la isla de Gran Canaria entre el martes y hoy.

La directora general ha reclamado que se aplique un mismo criterio en toda España para el ingreso en la red de protección de quienes declaran ser menores y cuya edad está pendiente de determinar.

A su juicio, en esos casos la incorporación a la red debería producirse una vez realizadas las pruebas de determinación de la edad.

Se trata de arroz de la variedad CT16 para la compañía cubana Los Palacios de la provincia Pinar del Río (oeste), en el marco de un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de ambos países, puntualizó el texto publicado en el diario Cubadebate.

La compañía vietnamita recibió en enero de 2025 tierras para sembrar arroz en Los Palacios, a unos cien kilómetros al suroeste de La Habana, y ha coordinado con sus socios cubanos la puesta en marcha de modelos pilotos para el cultivo del cereal bajo gestión integral de la empresa, suministro de insumos y asistencia técnica a los agricultores locales.

AgriVMA también trabaja en la isla en la comercialización y suministro de semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria, junto con el apoyo técnico a las explotaciones agrícolas.

Además, la compañía asiática instaló y puso en funcionamiento en el municipio de San Cristóbal, que pertenece a la provincia de Artemisa (oeste), la primera planta de procesamiento de arroz del país que emplea tecnología y líneas de producción vietnamitas.

De acuerdo con los datos publicados en esta jornada, la superficie de cultivo de AgriVMA en Cuba han aumentado de mil a más de 2.500 hectáreas en las provincias de Pinar del Río, Granma, Sancti Spíritus y Villa Clara.

Vietnam y China se han convertido en los últimos años en los principales proveedores de arroz a Cuba, donde ese cereal es un alimento vital con un consumo promedio per cápita de sesenta kilogramos al año.

Cuba requiere de unas 700.000 toneladas anuales de arroz para el consumo nacional y según cifras oficiales, en 2024 el país solo produjo unas 80.000 toneladas, apenas un 11 % de lo que consume.

Los datos de este cultivo concuerdan con la reducción de otras muchas producciones agrícolas en la isla, debido a la profunda crisis económica desde hace seis años, marcada por los errores en la política económica nacional y agravada en 2026 con el cerco petrolero impuesto por EE.UU. y las sanciones a quienes hagan negocios con el Gobierno cubano.

La detención ocurrió el pasado 4 de noviembre cuando los jóvenes, de 19 años, viajaban, después de visitar a su familia en Georgia, hacia el Wallace State Community College, ubicado en la ciudad de Hanceville (Alabama), donde estudian becados y forman parte del equipo de fútbol.

Según relatan sus padres, una patrulla los detuvo por una presunta infracción de tránsito. Sin embargo, cuando Luis, que manejaba el vehículo, presentó su licencia de conducir emitida en Georgia, el agente les dijo que eran indocumentados y procedió a arrestarlos.

"Tratan de mantenerse en pie pero ya se han quebrado. Nunca habían pensado estar en una cárcel y recibido un trato de esa manera", señala el padre sobre sus hijos que han sido trasladados a por lo menos cinco cárceles diferentes en menos de una semana.

La familia Orta Santoro ingresó a EE.UU. en junio de 2022 con una visa de turista y sometió una petición de asilo, que les permitió tener permisos de trabajo, número de seguro social y licencias de conducir.

"Hemos hecho las cosas como nos han pedido, hicimos los pagos y estábamos esperando para poder presentar y defender nuestro caso", defiende Orta sobre la petición de asilo que hicieron porque su vida corre peligro en Venezuela.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó a EFE que los gemelos fueron detenidos porque fueron considerados como "extranjeros en situación irregular".

Aunque la agencia reconoce que ingresaron legalmente a los Estados Unidos con un permiso de estancia temporal, señala que posteriormente permanecieron en el país de manera ilegal.

"Cabe aclarar que las solicitudes que se encuentran en trámite NO otorgan un estatus legal", subrayó el portavoz.

Orta considera injusta la situación que atraviesan sus hijos y asegura que nunca recibieron notificación alguna del Ejecutivo estadounidense de que su estatus migratorio fuera irregular. "Si una entidad del Gobierno te expide un permiso de trabajo y una licencia de conducir, entiendo que estás en situación legal", sostiene.

El padre venezolano también indica que los gemelos llegaron a EE.UU. siendo menores de edad y que la responsabilidad de estar en el país recae sobre sus hombros al igual que su petición de asilo.

No obstante, los jóvenes tendrán que presentar sus alegatos en audiencias diferentes la próxima semana en una corte de inmigración en Luisiana, donde están detenidos.

El abogado de inmigración Fernando Romo, que no representa a los Orta, explicó a EFE que después que un peticionario de asilo cumple 18 años deberá defender su proceso solo. "Definitivamente los casos se debilitan porque son dependientes de los casos de sus padres, que son los que argumentan el riesgo", opina.

El jurista, además, señala que el Ejecutivo ha puesto bajo la lupa a los peticionarios de asilo, que ingresaron con visas de turista. El Departamento de Estado dijo en agosto pasado que revocaría las visas a extranjeros que ingresaron como visitantes y posteriormente solicitaron asilo. Se estima que hasta unas 200.000 visas podrían ser canceladas.

En el caso de los gemelos, el DHS dijo que todas sus alegaciones "serán examinadas" por un juez de inmigración, y se les garantizará el debido proceso.

Mientras tanto, los Orta esperan que el juez le conceda una fianza a los hermanos para que puedan defender su caso en libertad.

"Que le hagan una evaluación a Luis y Carlos como personas que le van a hacer bien al país", puntualizó el padre. EFE

"Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si las autoridades mexicanas tenían conocimiento de la investigación.

Sheinbaum señaló que Benítez Alcántara había salido de México antes de ser detenido en Colombia y remitió al gabinete de seguridad y al Poder Judicial para proporcionar mayores detalles sobre el caso.

"Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia, creo. Y pues ya que el gabinete de seguridad dé más información, o el propio Poder Judicial sobre este juez", expresó.

El juez federal, de 49 años, fue arrestado en el país suramericano a comienzos de noviembre, en una operación coordinada con las autoridades estadounidenses, que buscan su extradición para juzgarlo por nueve cargos relacionados con su presunta colaboración con una organización internacional de narcotráfico.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación del canadiense Andrew Clark, considerado el segundo al mando de la organización criminal encabezada por el exdeportista olímpico Ryan Wedding.

La acusación sostiene que el juez aprovechó su cargo en Ciudad de México, donde tenía a su cargo procedimientos de extradición, para favorecer al presunto narcotraficante, cuya liberación ordenó el 24 de febrero de 2025.

Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delitos violentos.

El caso también ha abierto investigaciones en México.

El Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juzgador ya acumulaba cuatro procedimientos administrativos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y anunció una nueva investigación tras su detención.

La defensa de Benítez Alcántara ha negado las acusaciones de soborno y busca evitar su extradición a Estados Unidos, al sostener que cualquier responsabilidad por sus resoluciones judiciales debe determinarse ante las autoridades mexicanas.

El caso se produce en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales transnacionales, particularmente las vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Mediante el acuerdo, los países de la región podrán adquirir pruebas moleculares del VPH de alta calidad en condiciones preferentes de precio, lo que permitiría ahorros de entre el 30 y el 70 por ciento, indicó este miércoles Unitaid en un comunicado.

El VPH es el causante de prácticamente todos los casos de cáncer cervical o de cuello uterino, una enfermedad que causa más de 40.000 muertes de mujeres al año en la región latinoamericana, pese a ser prevenible mediante vacunaciones, cribados y tratamientos a tiempo.

La OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan desde 2013 el uso de pruebas del VPH en los programas de cribado de cáncer de cuello uterino, aunque su implantación en Latinoamérica y el Caribe ha sido limitada debido a obstáculos financieros y técnicos.

Unitaid, organización asociada a la OMS y consagrada a mejorar el acceso a productos médicos en países menos desarrollados, respaldará el acuerdo anunciado este miércoles con medidas de puesta en práctica en países de la región, como El Salvador o Guatemala.

Restrepo hizo estas declaraciones al intervenir en la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico (ANIF) de Colombia, que en esta edición lleva como lema "El sector financiero en tiempos de desajustes fiscales y cambios tecnológicos".

De no actuar, Colombia "entraría en una crisis fiscal en el primer trimestre de 2027", por lo que es "indispensable hacer un ajuste fiscal", como el que se ha propuesto en la Ley de Rescate Económico que el Ejecutivo está impulsando. "Aquí no se admiten pañitos de agua tibia", subrayó.

A este respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró en este mismo acto que "la situación fiscal es supremamente grave y delicada". "No hay opción al ajuste", apostilló y abogó por hacerlo de forma ordenada y por que no sea el mercado el que lo imponga.

Gómez señaló que Colombia gasta al mes 11,9 billones de pesos (3.619 millones de dólares) más de lo que recauda, lo que atiza la inflación y fuerza al Banco de la República (central) a mantener las tasas de interés elevadas, disuadiendo la inversión.

"Nuestro modelo de crecimiento está topado por el gasto público" y eso "siempre es insostenible", agregó el ministro, y señaló que su plan prevé que el descenso del gasto del Estado suponga dos tercios del ajuste.

Con respecto a la Ley de Rescate Económico, sin entrar en su tramitación legislativa (que se prevé en este ejercicio), destacó la reducción del tamaño del Estado, la venta de activos públicos, el incremento de impuestos y el descenso de la inversión del Gobierno central.

Restrepo insistió en generar "confianza" para revertir la tendencia negativa en que se encuentra inmersa Colombia con una "estabilización fiscal justa" y una política que apueste por incrementar la inversión extranjera y el crecimiento.

"No logras crecimiento sin ajuste fiscal, y no hay ajuste fiscal posible sin crecimiento (...). Si no hay confianza no se puede lograr ni lo uno ni lo otro", afirmó.

La confianza, argumentó el vicepresidente, se construye sobre la base de varias seguridades: la física (enfrentando "el narcotráfico y las economías criminales"), la seguridad jurídica, la seguridad económica y la "seguridad democrática".

Restrepo explicó que los objetivos del Gobierno en este ámbito son un ajuste del 2,4 % del producto interno bruto (PIB) para el próximo año y del 4,7 % para el 2030, año en el que además se quiere llegar a un crecimiento del 6 % y una inversión equivalente al 25 % del PIB.

El vicepresidente señaló que el martes se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no dio detalles sobre los asuntos del encuentro.

El Gobierno colombiano, que tomó posesión a principios de agosto, solicitó ayuda a finales de septiembre al FMI alegando que las cuentas públicas del país se encontraban en su momento "más crítico de su historia".

No obstante, pese a varios encuentros entre representantes del Ejecutivo y del FMI, aún no se ha concretado el tipo de ayuda, su cuantía y las posibles contrapartidas. Expertos han indicado a EFE que el organismo multilateral podría prestar hasta 16.000 millones de dólares al país suramericano entre 2027 y 2028.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu se refiere a las palabras hace una semana de Trump, cuando habló de la interrupción de los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina en ayuda militar a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno tras las elecciones en Israel, acusó entonces a Netanyahu de poner en peligro la relación estratégica del país con Estados Unidos y exigió explicaciones a la ciudadanía sobre los cambios en el marco de cooperación entre ambos países.

"La iniciativa conjunta del primer ministro Netanyahu y el presidente estadounidense Trump demuestra la solidez de la alianza entre ambos países y su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes", defiende la oficina del primer ministro en funciones en su comunicado de este miércoles.

Y añade que "Israel cuenta con una economía fuerte y estable", y que ambos países "están dando un paso significativo para pasar de la ayuda a la colaboración".

La nota recuerda que Netanyahu ya habló del asunto en mayo durante una entrevista a la CBS, cuando dijo que quería reducir gradualmente la ayuda financiera militar estadounidense "hasta cero", un proceso que planteó completar en un plazo de diez años.

Este lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en París que Trump quiere que la financiación militar estadounidense a Israel termine "lo antes posible". La nota de la oficina de Netanyahu pone de relieve que Rubio también expresó ese día que esta medida la propuso Israel.

El político demócrata aspiraba a la reelección en 2024, pero abandonó la carrera en plena campaña ante las presiones de su partido por las dudas sobre su avanzada edad.

Cedió entonces el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien perdió frente al actual presidente, Donald Trump.

"Si hubiera sabido que me sentía mal por tener cáncer, habría renunciado. No habría seguido adelante, porque no creo que un hombre de 80 años con cáncer deba postularse para presidente", declaró a la revista People en una entrevista para promocionar su nuevo libro de memorias.

Biden señaló, sin embargo, que durante su estancia en la Casa Blanca desconocía que padecía la enfermedad y creía que él "era la persona mejor preparada para el puesto".

El punto de inflexión de su campaña fue el debate electoral con Trump de junio de 2024, en el que se mostró débil y desorientado, lo que disparó las dudas sobre su salud, pero el demócrata sostiene que su actuación no fue algo "trascendental".

"Mira, no conozco a nadie que no haya cometido un error en un debate. Para mí, no fue muy importante", declaró.

El expresidente, que padece un cáncer de próstata en estadio 4, ha completado la radioterapia, recibe actualmente terapia hormonal y asegura que se siente "bien".

"No digo que vaya a vivir para siempre, pero lo importante es que tengo todas mis facultades, tengo acceso a todo lo que tenía antes y me siento bien", afirmó.

Biden publicará el próximo 17 de noviembre sus nuevas memorias, 'Promise me, America' ('Prométeme, Estados Unidos'), en las que, entre otras cuestiones, niega haber ocultado el cáncer durante su mandato y asegura que conoció el diagnóstico después de dejar la Casa Blanca.

El exmandatario ha reconocido públicamente que la enfermedad limitará su capacidad para viajar y promocionar el libro.

Durante su discurso en la Plaza Piłsudski de la capital polaca, el presidente polaco, Karol Nawrocki, arremetió contra la crisis institucional y judicial que atraviesa la nación, y afirmó que en las últimas semanas se había "enterrado" el prestigio del TC.

Exigió reconstruirlo mediante un esfuerzo conjunto para devolverlo a los ciudadanos porque, dijo, Polonia merece un tribunal "libre de cordones policiales" y "libre de políticos".

El primer ministro, Donald Tusk, replicó en un mensaje en la red social X que "al menos en este día podría haber intentado no dividir a los polacos, sino unirlos".

"Una pena", escribió el jefe del Gobierno polaco, que pasó la jornada en Szczeczin, cerca de la frontera alemana, para presidir la botadura de un barco de la Armada.

No obstante, invitó públicamente a Nawrocki y a su familia a su residencia en Sopot (norte de Polonia) para "sentarse a la mesa de la cocina y conversar cara a cara, de polaco a polaco", en un intento de rebajar la polarización política y la tensión en torno al TC.

Mientras tanto, en Varsovia tuvo lugar la tradicional Marcha de la Independencia, donde se dieron cita más decenas de miles de personas.

El evento contó con la presencia de los principales líderes de la derecha parlamentaria, como los dirigentes de la ultranacionalista Ley y Justicia (PiS) y de la ultraderechista Confederación.

La jornada estuvo además marcada por la conmoción del atentado ocurrido el pasado sábado en Cracovia, donde un hombre al volante de un vehículo irrumpió en la Plaza del Mercado y abrió fuego contra la multitud, dejando seis muertos y 15 heridos, tras haber asesinado previamente presuntamente a sus padres y hermana en su ciudad natal.

En medio de la creciente inquietud por la seguridad ciudadana, las autoridades municipales blindaron el centro de la ciudad con bloques de hormigón, desplegaron un dispositivo policial reforzado y se prohibió portar armas de fuego o pirotecnia, a pesar de lo cual se pudieron ver multitud de bengalas y velas de humo.

La Marcha de la Independencia se celebra desde hace más de una década por iniciativa de pequeños grupos ultranacionalistas y actualmente se ha consolidado como una ocasión para que todas las fuerzas de la derecha polaca se den cita y muestren su poder de convocatoria.

"Nos acaban de informar que dos femeninas, dos mujeres, se unieron a este grupo de militares", indicó Sandra Hernández, miembro de la ONG, en un video publicado en X.

La ONG señaló a EFE que las dos mujeres que se unieron a la huelga también se encuentran recluidas en Ramo Verde.

Hernández expresó preocupación por la salud y la integridad física de estos militares, ya que se les ha negado el acceso al servicio médico de la cárcel y dijo que tampoco han recibido agua potable.

Tras esta denuncia, la activista pidió a la líder de la delegación opositora en la mesa de negociación con el chavismo, Dinorah Figuera, tomar cartas en el asunto y exigir la liberación plena de todos los presos políticos, en especial de los militares.

"Ya que ellos se encuentran en este momento arriesgando su vida, exigiendo que sean liberados, ya que los militares son los grandes olvidados en todas las negociaciones, en todas las liberaciones y excarcelaciones que han habido en el país", concluyó Hernández.

En la víspera, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que un total de 34 militares encarcelados en Ramo Verde iniciaron una huelga de hambre para denunciar un "bloqueo judicial" en sus causas.

El observatorio explicó -en un comunicado en X- que la huelga la comenzaron primero veintiún sargentos vinculados al "caso Cotiza", un hecho ocurrido en 2019 y que vincula a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que robaron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes.

Según informó entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el grupo insurrecto fue "rendido y capturado" tras pactar su entrega a militares leales al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ONG detalló que estos militares denuncian un "bloqueo judicial injustificable", ya que pasaron de tener una sentencia firme en 2022, a la anulación del proceso en 2024.

Así mismo, la organización señaló que a esta huelga se sumaron otros trece militares detenidos en la misma cárcel, para apoyar a sus compañeros y para exigir su libertad.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 detenidos por razones políticas, de los cuales 140 son militares y 182 civiles.

Un total de 11 legisladores demócratas faltaron a la votación, celebrada el martes por la noche. De haber acudido y votado en el mismo sentido que el resto de su partido, la iniciativa habría avanzado.

"Mientras me dirigía al hemiciclo para oponerme a esa moción, un incidente de tráfico y un autobús escoltado por la policía provocaron un retraso que hizo que la votación concluyera antes de que yo, junto con otros miembros, pudiera llegar a la Cámara", explicó en redes sociales Jonathan Jackson, representante por Illinois.

Un portavoz de Melanie Stansbury, de Nuevo México, señaló que el mismo incidente de tráfico impidió a la congresista acceder al Capitolio y que, cuando llegó al hemiciclo, la votación ya había terminado.

Laura Gillen, de Nueva York, aseguró que también quedó "atrapada detrás de la misma camioneta de policía" y que habría votado a favor de que el juicio político a Hegseth siguiera adelante.

Por 211 votos frente a 204, la Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial, lo que en la práctica evitó que el pleno se pronunciara sobre los cargos contra el secretario de Defensa.

La medida fue impulsada por el congresista Thomas Massie, miembro del Partido Republicano pero muy crítico de Trump.

La votación evitó que el pleno tuviera que pronunciarse sobre los ocho cargos presentados por Massie contra Hegseth, entre ellos haber iniciado la guerra en Irán, ordenado la captura de Maduro y destruido decenas de lanchas en el Caribe sin autorización previa del Congreso.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró el martes que no había hablado con ninguno de sus compañeros ausentes, pero sostuvo que esa votación no suponía el final del proceso contra Hegseth, sino "el principio".

A partir de enero, la nueva Cámara de Representantes surgida de las elecciones del 3 de noviembre contará con una amplia mayoría demócrata de más de 250 congresistas, que podría impulsar de nuevo la iniciativa.

"Consideramos que desde nuestro punto de vista las elecciones están garantizadas para el 27, presupuestalmente", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, horas después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Sheinbaum sostuvo que el ente electoral dispondrá de unos 36.000 millones de pesos (1.928 millones de dólares), una cantidad que consideró suficiente para organizar los comicios y similar, teniendo en cuenta la inflación, a los recursos de las elecciones presidenciales de 2024.

"El INE se queda con 36.000 millones más o menos, que es un presupuesto pues importante y muy similar al que tuvo, si consideramos la inflación el INE en el 2024", afirmó.

El ajuste presupuestario se produce antes de las elecciones de 2027, cuando México renovará los 500 escaños de la Cámara de Diputados y celebrará comicios para elegir gobernadores y otras autoridades locales.

La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada el presupuesto federal de 2027, por 10,63 billones de pesos (unos 570.000 millones de dólares), con 352 votos a favor y 130 en contra, tras una sesión de casi 20 horas.

Los legisladores reasignaron los 6.000 millones de pesos recortados al INE a distintos programas, entre ellos para La Escuela es Nuestra, medioambiente y la búsqueda de personas desaparecidas.

Sheinbaum destacó que el presupuesto contempla aumentos del 11,3 % en salud, del 10,7 % en educación, del 11,5 % en seguridad, del 20,6 % en el campo y del 13 % en ciencia, porcentajes que el Gobierno ya había anunciado en septiembre al presentar el paquete económico.

El presupuesto aprobado representa un incremento real del 1,3 % respecto a 2026 y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El decreto introduce beneficios tributarios para equipos, maquinaria, materiales y componentes utilizados en la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de electricidad.

La medida contempla bienes vinculados a distintas fuentes de generación eléctrica, como la hidroeléctrica, solar, eólica, térmica y geotérmica.

La intención del Ejecutivo es "favorecer las inversiones y el desarrollo de la estructura eléctrica en el país".

Para aplicar la medida, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá elaborar los listados oficiales de los bienes y las subpartidas arancelarias beneficiadas, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana (Senae).

El decreto entrará en vigor con su publicación en el Registro Oficial, mientras que las tarifas del 0 % comenzarán a aplicarse al día siguiente de que se publiquen los listados correspondientes.

"Estos acuerdos requieren tiempo. Son difíciles. Cuando hicimos los Acuerdos de Abraham, nos llevó tres años y medio", admitió este miércoles Jared Kushner, emisario de la Casa Blanca, en rueda de prensa.

Con todo, los mediadores no cejan en su empeño y viajarán a Moscú para mantener consultas con el presidente ruso, Vladímir Putin -en la primera mitad del jueves, según el Kremlin-. Kushner confía en lograr allí "más progresos", ya que -destacó- ve "oportunidades" de llegar a un acuerdo de paz. Para ello, seguidamente se reunirá en Dublín con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

El único logro palpable fue el preacuerdo para una canje masivo de prisioneros de guerra, cuyo número -se especuló con que podrían superar los mil soldados por bando- se conocerá próximamente, según explicaron ambos bandos.

Rusia se salió con la suya y en Abu Dabi las conversaciones se centraron no tanto en detener los combates como en la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad para Europa. "El mundo necesita un nuevo sistema de seguridad", ya que el actual, en vigor desde la Conferencia de Yalta de 1945, "funciona muy mal", dijo Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa, al término de las dos jornadas de reuniones.

En su opinión, la guerra en Ucrania fue una confirmación de la urgencia de entablar negociaciones multilaterales, ya que Moscú envió propuestas, al respecto, a EE.UU. y la OTAN a finales de 2021, meses antes de que comenzaran los combates, pero estos las rechazaron.

El asesor de Putin destacó que Moscú y Washington habían encontrado "algunos puntos de entendimiento" en este asunto. "Esta conversación, sin duda, continuará. Europa necesita un sistema de seguridad moderno, renovado, justo, que no perjudique a ciertos países", añadió.

"En cuanto a las cuestiones territoriales, cada centímetro de nuestro territorio será recuperado por Rusia. De una forma u otra", afirmó, en una demostración de que Moscú mantiene la pólvora seca.

Eso sí, Kushner precisó que "la implementación de la seguridad en la posguerra no se producirá hasta que se llegue a un acuerdo sobre los territorios y sobre todas las demás cuestiones bilaterales".

Mientras, desde la distancia, Zelenski se mantuvo inflexible e insistió en que lo primero es cesar los combates y concretar las garantías de seguridad para su país.

"Las partes hablaron de sus puntos de vista sobre las garantías de seguridad, y es necesario que el primer paso sea poner fin a la guerra y ofrecer garantías de seguridad para Ucrania", dijo Zelenski tras hablar desde Copenhague con sus negociadores por teléfono en presencia de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Al respecto, el líder del equipo negociador y jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Rustem Umérov, afirmó por sigue habiendo "diferencias sustanciales" entre las partes. "Tenemos por delante un trabajo muy complicado, pero existe potencial para continuar el proceso de negociación", señaló.

El más optimista fue David Arajamia, figura muy cercana a Zelenski y también presente en Abu Dabi, quien aseguró: "Creo que tenemos un buen impulso para encontrar una solución antes de que llegue el Año Nuevo".

Otro de los asuntos que separa a ambas partes es la participación europea en las negociaciones. Representantes de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido mantuvieron consultas con los enviados de Ucrania y EE.UU.

Precisamente, Kushner adelantó que "uno de los objetivos de la reunión en Moscú será explorar la posibilidad de involucrar a los europeos para que las conversaciones adopten un formato multilateral".

"Si Europa identificara a una persona para hablar en su nombre, eso sería un logro más grande que conseguir que los rusos les incluyan en las negociaciones", dijo, en línea con Arajamia, quien subrayó que "Ucrania es parte de Europa y los países europeos tienen que estar sentados a la mesa con nosotros".

Por el momento, Moscú se ha negado al considerar que la UE es parte en el conflicto, aunque no cerró del todo la puerta. "Cuando haya una propuesta concreta, entonces la estudiaremos. Mientras, considero que les vendría bien aprender de los emisarios americanos por su sentido común y deseo de lograr la paz", afirmó Medinski.

Al mismo tiempo, les acusó de no presentar "ni una sola iniciativa o propuesta de paz". "No entendemos muy bien sobre qué podemos hablar con ellos", dijo. Además, los calificó de "turistas" y les instó a "entrar en razón" antes de sumarse a las negociaciones.

Tras debatir el caso en su sesión de agosto y septiembre, el grupo de cinco juristas hizo público este miércoles un informe en el que señala que la detención de Rodríguez Dos Ramos es arbitraria y contraviene artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Vistas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Dos Ramos inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparaciones, de conformidad con el derecho internacional", señala el informe de 16 páginas, sin carácter vinculante.

El coronel, de doble nacionalidad venezolana y portuguesa, fue detenido en 2019 en relación con el presunto ataque con drones contra Maduro en 2018, durante un acto conmemorativo de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas.

A raíz de esos hechos se señaló como responsables a 34 personas, entre ellas el coronel, condenado en 2022 a 30 años de prisión por los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

Según el informe, en 2024 un tribunal de ejecución fijó la duración de la pena en cuatro años y once meses, y su defensa pidió que se le aplicara la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, aunque la Corte de Apelaciones lo denegó.

El grupo de trabajo considera en su informe que hubo numerosas irregularidades en la detención y el proceso del coronel, como un sometimiento a casi cuatro años de prisión preventiva sin justificación, dilaciones indebidas o la existencia de tortura y malos tratos.

Según la denuncia presentada, tras su detención Rodríguez Dos Ramos fue sometido a diversos tipos de tortura, incluidos un simulacro de ejecución, asfixia con una bolsa en la cabeza, golpes con un bate y amenazas de muerte para obligarlo a firmar una declaración contra un dirigente opositor.

En el documento, los expertos también manifestaron su preocupación por el alto número de casos similares que han tratado en Venezuela, recordando 21 informes anteriores de otras personas privadas de libertad en el país, y subrayaron que ello podría indicar "una práctica generalizada o sistemática de la detención arbitraria".

El documento recuerda que Rodríguez Dos Ramos fue vinculado en el proceso a su superior inmediato, el general Héctor Armando Hernández Da Costa, cuyo caso también fue tratado por estos expertos de la ONU en 2020, declarando igualmente arbitraria su privación de libertad.

Un indocumentado adicional aún no ha sido repatriado por las autoridades, según dijo la agencia estadounidense -en un comunicado difundido hoy-.

La tripulación del guardacostas Heriberto Hernández fue la que llevó a cabo el traslado del grupo al buque Capella (GC-108) de la Armada Dominicana, frente a las costas de Samaná, tras la interceptación de un viaje migratorio por parte de la embarcación Joseph Doyle en el Paso de la Mona.

El operativo se realizó durante la madrugada del pasado lunes, cuando una tripulación de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una la embarcación tipo yola (navío artesanal ligero y frágil) de uno 25 pies (8 metros) de eslora, con un número indeterminado de personas a bordo.

Tras la detección, los guardacostas de San Juan enviaron la nave Joseph Doyle para interceptar la embarcación sospechosa.

Una vez en el lugar, los funcionarios describieron el navío como sobrecargado, con la línea de flotación muy baja y en peligro de zozobrar.

Por su seguridad, los guardacostas embarcaron a 31 personas del barco improvisado.

Todos los extranjeros afirmaron ser ciudadanos dominicanos.

Tras la interceptación, el personal de la Guardia Costera coordinó con sus socios interinstitucionales y la Armada de la República Dominicana para completar la repatriación.

Esta interdicción forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, 'Protección del pueblo estadounidense frente a una invasión'.

El HSTF es una alianza que abarca a todo el Gobierno, dedicada a desmantelar carteles delictivos, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero.

En un comunicado, PHRI informa este miércoles de que el Tribunal Supremo israelí desestimó su solicitud de liberar a los 14 profesionales sanitarios, entre ellos directores de hospitales y especialistas en distintas áreas médicas, algunos de los cuales llevan más de dos años arrestados.

La organización había pedido al jefe del Estado Mayor del Ejército que revocara sus órdenes de detención, emitidas al amparo de la Ley de Combatientes Ilegales -que permite mantener a personas detenidas sin presentar cargos ni celebrar un juicio- ante el alto el fuego y las necesidades del sistema sanitario gazatí.

El Supremo, indica la ONG, consideró en su resolución rechazando la liberación que no hay motivos para intervenir en la decisión militar.

En una resolución separada, el Tribunal de Distrito de Lod (cercano a Tel Aviv) rechazó la petición de que Abu Safiya, detenido desde diciembre de 2024, pudiera ser examinado por un médico independiente ante la preocupación por su estado de salud.

PHRI alegó para ello un informe de un especialista israelí en medicina interna, que examinó su historial clínico y que cuestiona la conclusión judicial previa de que el médico no padece otros problemas aparte de hipertensión.

Según el informe, Abu Safiya perdió 14 kilos entre enero y mayo de 2025, y presentó una reducción de sus niveles de hemoglobina. El especialista también señala que no se investigaron suficientemente sus episodios de dolor torácico y que se demoró aproximadamente un mes el diagnóstico de sarna, pese a sus reiteradas solicitudes de tratamiento, dice PHRI.

Abu Safiya denunció ante sus abogados haber sufrido golpes, patadas y porrazos por parte de los guardias, además de dificultades respiratorias y problemas de visión, recuerda la organización israelí.

El especialista, aclara la ONG, no pudo examinar personalmente al médico y elaboró su valoración a partir de los registros facilitados por el Servicio Penitenciario israelí.

Israel mantiene detenidas a unas 9.265 personas por motivos de 'seguridad', la "inmensa mayoría" residentes de Cisjordania y Gaza, según datos de octubre de este año del Servicio Penitenciario israelí recopilados por la organización israelí HaMoked.

De ellas, el 84 % se encuentran detenidas sin juicio: 3.236 pendientes de su celebración, 3.101 bajo detención administrativa y 1.419 arrestadas bajo la Ley de Combatientes.

La oficina de Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato republicano que perdió la carrera al Senado frente al demócrata James Talarico, presentó este lunes los documentos para desistir de las demandas contra la ONG Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), una organización de defensa de los inmigrantes en Houston, y Annunciation House, una red de albergues para migrantes en El Paso.

Estas dos demandas forman parte de las decenas de acciones legales que Paxton ha emprendido en los últimos años contra opositores, entre ellos otras ONG promigrantes, políticos demócratas, organizaciones progresistas, grupos musulmanes y profesionales de la salud, dentro y fuera del estado, que ofrecen servicios de aborto o tratamientos de afirmación de género a personas trans.

El nuevo Gobierno estatal tomará posesión en enero y el fiscal general electo, el demócrata Nathan Johnson, ya ha anunciado que reformará la Fiscalía y ha acusado a Paxton de usar su cargo de manera "partidista" y como un "show político".

No está claro si la oficina de Paxton retirará otras acciones pendientes antes del cambio de Gobierno, como la que mantiene contra Jolt, un grupo que promueve la participación electoral de los latinos.

La demanda contra FIEL, presentada en 2024, acusaba a la organización de violar las normas que prohíben a las entidades sin ánimo de lucro participar en campañas políticas. La Fiscalía la calificó de organización “radical, antiestadounidense y de fronteras abiertas”.

En el último año, FIEL ha denunciado casos de violencia por parte de agentes de inmigración del Gobierno federal.

La organización también ofrece asesoría legal a la comunidad latina e inmigrante, así como educación sobre sus derechos y acompañamiento en el acceso a la educación.

César Espinosa, director de FIEL, dijo a EFE que la retirada de la demanda por parte de la oficina de Paxton los tomó “por sorpresa” y que supone un alivio para la organización.

“Sabemos que, al final del día, estamos del lado correcto de la historia y un gobierno que no concuerda con lo que hacemos estaba tratando de buscar cualquier manera para afectarnos”, aseguró el activista.

Espinosa lamentó que la batalla legal le haya costado “tiempo” a FIEL: “Nos quitó tiempo de organizar y de activar a nuestra comunidad”.

También en 2024, Paxton demandó a Annunciation House con la intención explícita de cerrar sus operaciones en el estado. En la demanda, el fiscal acusó a la organización de “tráfico de personas” y de promover la "entrada ilegal" al país.

Un juez de primera instancia desestimó la demanda y acusó a Paxton de “acosar” a una organización de derechos humanos, pero el fiscal apeló y el Tribunal Supremo de Texas permitió que el caso siguiera adelante en mayo de 2025, en un fallo que facilitó a la Fiscalía iniciar procesos para disolver organizaciones sin ánimo de lucro.

Annunciation House fue fundada en 1978 y opera varios albergues para migrantes y refugiados en la ciudad fronteriza de El Paso, donde además los pone en contacto con servicios legales y de atención médica.

Según dijo a EFE Rubén García, director de la organización, la demanda no solo generó “incertidumbre” sobre su futuro, sino que también afectó la forma en que los activistas promigrantes se expresan.

“Es una manera de aplacar la habilidad de nosotros de poder hablar públicamente, de abogar por los refugiados y migrantes”, dijo García, quien aseguró que la decisión de retirar la demanda está relacionada con los resultados de las elecciones de medio mandato.

“Nosotros tuvimos abogados excelentes (...) pero la elección fue la fuerza que dio el empuje final para que ese caso llegara a su fin”, agregó.

García espera que el nuevo Gobierno demócrata de Texas dé marcha atrás a las políticas antimigrantes promovidas por el gobernador Greg Abbott, que buscaba un cuarto mandato y perdió frente a la demócrata Gina Hinojosa.

“No fuimos la única organización que el fiscal persiguió y espero que muchas de las políticas del gobernador, como por ejemplo poner barreras en el río Grande, paren”, dijo.

Por ahora, añadió, espera poder seguir con su trabajo de dar techo y comida a los recién llegados: “Agradezco a Dios que aún tengo energía y vida para seguir luchando por los refugiados y los migrantes”.

Esta feria de arte es "el primer evento internacional en celebrar el bicentenario de la fotografía", según Florence Bourgeois, directora de Paris Photo.

"Desde las galerías que presentan fotografía del siglo XIX hasta las últimas experimentaciones con arte digital (en referencia al uso de la inteligencia artificial) muestran cómo es un medio que está muy vivo y que está en constante transformación", explicó a EFE Anna Planas, directora artística del evento.

El bicentenario del nacimiento de la fotografía es el hilo conductor del certamen, que reúne imágenes decimonónicas y actuales.

La edición de este año recoge el trabajo de 1.260 artistas, un 38 % de ellos mujeres (un 18 % más que en 2018), según los datos facilitados por la organización. Asimismo, se prevé reunir a 80.000 visitantes, 5.000 más que en la edición anterior.

En el Grand Palais pueden contemplarse instantáneas de precursores como Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Anna Atkins y Girault de Prangey, entre otros.

Asimismo destacan galerías emblemáticas como Gilles Peyroulet y Bruno Tartarin, especializadas en los orígenes del medio.

También acuden galeristas contemporáneos, como Christophe Gaillard, que presenta la obra de Isabelle le Minh, o Binome, que expone una selección que pone a prueba la materialidad de la fotografía.

Paris Photo cuenta además con representación española, a través de autores como José Guerrero, Ira Lombardía, Jorge Yeregui, Marcel Giró, Ricardo Cases, Agnes Essonti y Nicolás Combarro.

La presencia latinoamericana llega de la mano de la galería Rolf Art y del artista Jorge Mara, que abordan la genealogía de la fotografía en Argentina entre los años 30 y 90 del siglo pasado. Sobresale asimismo el trabajo de la brasileña Claudia Andujar, quien retrató a las comunidades yanomami y del Catrimani en la Amazonía.

Sobre el auge del uso de la inteligencia artificial (IA) en todos los ámbitos cotidianos y creativos, como la fotografía, Planas se mostró convencida de que es una herramienta complementaria, como en su día lo fueron los programas de retoque digital.

"Aquí en la feria hay fotografía hecha con inteligencia artificial", afirmó, al tiempo que detalló que se trata de "una manera más de utilizar el medio" empleada "por varios artistas de manera creativa".

Eso sí, bajo la supervisión de un comisario experto en la materia, porque "todavía hace falta mucha mediación y curación para estos artistas", añadió.

"El uso de estas técnicas abre también un espacio creativo", sentenció.

Paris Photo coincide con la subasta este sábado en París de la primera fotografía de Bogotá, tomada en 1842, y que está estimada en un valor de entre 60.000 y 80.000 euros, según la casa Christie’s, quien organiza la venta.

La primera imagen de la capital colombiana fue captada hace 184 años y muestra la entonces llamada calle del Observatorio. La fotografía fue realizada por el barón Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia.

"Un final negociado a la guerra de agresión ilegal de Rusia debe mitigar el riesgo de seguridad que Rusia supone para el continente europeo, pero también incluir el retorno de cada menor ucraniano a sus padres. Fracasar en esto dejará una mancha negra en la humanidad para siempre", dijo Kallas ante el Parlamento Europeo.

Horas después de que concluyeran en Abu Dabi las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con mediación de EE.UU., Kallas advirtió de que Rusia "no está mostrando señales de que esté preparada para negociar en serio" y apuntó a que su tratamiento de los menores ucranianos es "el ejemplo más claro de la falta de respeto de Rusia por la vida".

"Es una política del Gobierno ruso, aprobada por Putin personalmente, para deportar a niños ucranianos de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Todas las pruebas apuntan a un crimen contra la humanidad", dijo Kallas, que advirtió de que es "probable" que adolescentes ucranianos robados estén ahora siendo enviados de vuelta a Ucrania como parte de las fuerzas armadas rusas para luchar contra su país.

La jefa de la diplomacia europea recordó que la Unión Europea está sancionando a las personas y redes responsables de estas prácticas, incluyendo a campos de menores en Corea del Norte, y pidió que se haga un seguimiento de la labor del secretario general de Naciones Unidas en sus contactos con Moscú para localizar a estos menores, evaluar su estado y garantizar su retorno.

"Los esfuerzos internacionales están surtiendo efecto. Se ha devuelto a 2.790 menores rusos, incluyendo a trece niños y adolescentes la semana pasada. Uno de ellos, Luka, acababa de cumplir los 18 y había sido llamado a filas por Rusia", dijo Kallas.

La alta representante rechazó el argumento ruso de que está llevando a cabo "evacuaciones humanitarias" de estos menores en zonas ocupadas y replicó que si, este fuese el caso, Moscú habría establecido una comunicación segura entre esos niños y sus padres o tutores legales.

"Basta de demoras, abran todos los pasos fronterizos, no sólo uno, y dejen que nuestros socios clave, las ONG, trabajen", indicó en un comunicado el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Fletcher lamentó que numerosos ministros de Asuntos Exteriores hayan prometido apoyo "pero también hayan dicho repetidamente que sería difícil avanzar hasta después de las elecciones israelíes", celebradas el pasado 27 de octubre.

"Ahora se nos dice que esperemos a la formación de un gobierno", se quejó el coordinador humanitario, quien aseguró que "esto no es una excusa aceptable, como la comunidad internacional y la Junta de Paz han dejado claro".

Fletcher reclamó el "fin del castigo colectivo" impuesto a la población gazatí, un sufrimiento que en su opinión es "previsible y evitable".

"Cuando uno analiza por dónde andan las matrices de opinión en nuestra población, uno se da cuenta de que dentro de las transformaciones lo que más inmediatamente esperan las personas es que haya menos apagones y más alimentos", puntualizó el presidente en una reunión con representantes de las industrias agroalimentarias.

Díaz-Canel señaló que "tanto el tema energético como el alimentario son los primeros en los que hay que buscar que haya transformación y que se empiecen a ver los impactos en los hogares".

Tras el colapso por años de su agricultura, Cuba importaba el 80 % de los alimentos que consume, una labor complicada en los últimos años ante la falta de divisas del Estado y agravada este 2026 por el cerco petrolero de EE.UU. a la isla y las sanciones a quienes hagan negocios con el Ejecutivo de La Habana.

La oferta en las antiguas bodegas (tiendas estatales de básicos subvencionados) -ya prácticamente desaparecidas- y en las que solo se puede comprar lo que corresponde por la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento), se ha quedado casi nula frente a un mercado privado cada vez más creciente y con precios elevados.

Solo como ejemplo, un cartón de huevos en la isla tiene un costo aproximado de 3.600 pesos CUP (unos 4 dólares al cambio informal) en un país donde el salario estatal promedio se situó en agosto en los 7.354 pesos (unos ocho dólares), según las cifras oficiales.

En este contexto, Díaz-Canel, reiteró la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos sobre todo para programas de "segmentos más vulnerables, como son los niños de 0 a 6 años, los círculos infantiles, los hogares maternos, los hospitales pediátricos y los niños que necesitan una atención alimentaria diferenciada".

El presidente cubano insistió en que, si se producen más alimentos, "los precios bajan" y "la inflación baja", aunque este indicador solo ha ido en aumento en los últimos meses en el país caribeño y en septiembre se situó en el 28,44 %, de acuerdo con datos estatales.

Las cifras no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes.

Cuba acumuló entre 2020 y 2025 una severa contracción de más del 15 % y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).

"Necesitamos congelar los combustibles para dar certezas. Vienen las cosechas y los trabajos más voluminosos que tenemos y nadie puede trabajar con la inseguridad de que los precios sigan subiendo, no se le suben las tarifas a la gente cada 20 días", señaló a la prensa local el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona centro-sur, Freddy Martínez.

Los dirigentes gremiales sostuvieron un encuentro con el biministro secretario general de Gobierno e Interior, Claudio Alvarado, tras las conversaciones que durante la jornada de ayer concluyeron sin acuerdo.

Camioneros y transportistas mantienen desde ayer una movilización nacional con bloqueos parciales de las principales autopistas del país, ralentizando el tráfico en los ingresos a la capital del país y rutas del las zonas norte y sur.

Entre las principales demandas de los transportistas se encuentran la eliminación transitoria del impuesto a los combustibles o la revisión de los peajes de las autopistas.

"Hay mucha angustia hoy día en todos los camioneros pequeños y medianos (...) la gente está desplegada porque tiene una situación económica muy compleja", subrayó el dirigente gremial.

Durante su intervención en la puesta en operación del AWS South America (Chile), el mandatario, José Antonio Kast, afirmó que "en comparación con otros países, en Chile el precio es más bajo que en la mayoría del continente americano".

"Hay veces que eso no se ve y lo entiendo, porque hay una urgencia, hay una afectación personal (...) cuando uno tiene urgencias en un país, tiene que ir viendo cómo las enfrenta, con responsabilidad y aquí parte de la confianza y parte de la estabilidad, es que se respetan las leyes", indicó el mandatario respecto de las movilizaciones.

Chile registra una racha de seis alzas consecutivas en el precio de los combustibles desde julio pasado tras el impacto provocado por la guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán, presionando al diésel a máximos históricos.

El último aumento de precios se registró el pasado jueves, a lo que el Gobierno respondió con el anuncio de un proyecto de ley para contener el alza de los combustibles durante 90 días y establecer un tope de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares).

Las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se desmarcaron de la protesta.

Desde que inició la guerra en Oriente Medio, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

Chile importa prácticamente todo el combustible que consume y dispone desde 2014 del llamado Mecanismo De estabilización de precios de los combustibles (Mepco), una herramienta que busca evitar que los precios de los combustibles cambien de forma brusca cada semana debido a la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

A los pocos días de llegar al poder, Kast tomó la controvertida decisión de no recurrir al Mepco y trasladar a los consumidores todo el aumento del precio de los combustibles.

El precio de la gasolina aumentó entonces un 32 % y el del diésel un 62 %, golpeando la economía de distintos sectores y torpedeando la popularidad del presidente, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.

El alza de los combustibles está empujando a la inflación a su nivel más alto en 18 meses y el IPC subió 0,5 % en octubre, acumulando una variación anual de 4,5 %.

Según reportan medios locales este miércoles, el Parlamento suazi aprobó la víspera la conocida como Ley de Empoderamiento Económico de los Ciudadanos, a lo que siguió un caldeado debate en la cámara.

Así, el diputado por el distrito capitalino de Mbabane Este, Welcome Dlamini, afirmó que funcionarios del Ministerio de Comercio ya han empezado a ejecutar la ley, particularmente cerrando comercios regentados por asiáticos.

"¿Por qué no podemos dar a los asiáticos o a los extranjeros al menos dos o tres años antes de echarlos, para que los emaSwati (como se conoce a la población suazi) puedan aprender a gestionar los negocios?", se preguntó Dlamini, al advertir que las clausuras de negocios estaban haciendo que algunos productos se echen a perder.

Esto fue contradicho por Tanele Magagula, diputada por la región de Hhohho, quien reivindicó que "los negocios propiedad de extranjeros en las zonas rurales deben ser incautados inmediatamente".

"¿Por qué tenemos que esperar tres años mientras los emaSwati sufren?", dijo Magagula.

Tras el debate, el Parlamento concluyó el martes que debe concederse un plazo de doce meses a los extranjeros dueños de negocios que no cumplan con los requerimientos legales del país.

Sin embargo, según la prensa suazi, el texto de la ley no fue formalmente enmendado en este sentido, así que el Gobierno podría seguir aplicándola de la misma manera.

Esta medida se produjo mientras la vecina Sudáfrica está inmersa desde el pasado abril en una ola de xenofobia impulsada por grupos antiinmigración que culpan a los extranjeros de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y las altas tasas de criminalidad del país e incluso han llegado a impedirles el acceso a la atención sanitaria y a la educación en centros públicos.

Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países en los últimos meses frente a esa violencia, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.

Por su lado, Kenia dio el pasado 8 de septiembre un plazo de 90 días para que los extranjeros propietarios de pequeños negocios regularicen su situación migratoria y mercantil, después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.

Esuatini, última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y de la que un 60 % vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial (BM).

"La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales", publicó en sus redes sociales en nuevo mandatario, que juró al cargo el pasado viernes en reemplazo del ahora expresidente Santiago Peña, destituido ese mismo día por el Senado, tras el escándalo por la intervención de Ueno bank.

En concreto, el jefe de Estado pidió al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, que se aplique la medida en el presupuesto para 2027 que discute el Congreso, en servicios como pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, suministro de comida y bebidas para eventos, entre otros.

Alliana, quien asumió en agosto de 2023 como vicepresidente de Peña, fue juramentado por el Congreso para completar el actual periodo de Gobierno, que concluye en 2028.

Peña fue destituido en un juicio político y luego puesto en prisión preventiva acusado de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en una causa que indaga los supuestos vínculos del político con Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia.

El expresidente se expone a una pena máxima de quince años de cárcel, informó este miércoles la Fiscalía.

El sábado pasado, tras una reunión con el ministro de Salud, Isaías Fretes, Alliana prometió atender las necesidades "más urgentes" de la cartera, como el abastecimiento de los medicamentos en los hospitales.

La Administración de Peña incluyó en el presupuesto de 2027 unos 18,2 billones de guaraníes, unos 2.933 millones de dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central, para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El proyecto de ley de presupuesto para 2027 presentado en septiembre pasado asciende a los 166,3 billones de guaraníes (unos 25.700 millones de dólares de entonces).

La caída de Ueno bank ha generado preocupación por la recuperación de unos ochocientos millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos los de cinco cajas de pensiones.

Al finalizar una misa multitudinaria a las puertas de la imponente Basílica de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), el pontífice se dirigió hasta la imagen de la Virgen y dejó la rosa a sus pies.

La 'Rosa de Oro', una tradición que se remonta a la Edad Media, es un gesto de devoción a la Virgen de los papas y de bendición especial a los santuarios marianos.

León XIV ya hizo este regalo en su paso por otros grandes santuarios, como Nuestra Señora de Lourdes (Francia), la Catedral de Santa María de la Almudena (España) o el Santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres en Florida (Uruguay).

En su visita a Luján en 1982, Juan Pablo II (1920-2005) regaló ese presente a la Virgen, que se conserva en el museo instalado en la cripta de la imponente basílica.

Visitado por unas dos millones de personas cada año, este santuario es el principal centro de peregrinación de Argentina y uno de los mayores de Latinoamérica.

Desde 1975, cada primer fin de semana de octubre miles de jóvenes caminan a pie de Buenos Aires a Luján, una peregrinación de la que Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) fue un gran promotor mientras fue cardenal primado de Argentina y arzobispo de Buenos Aires (1998-2013).

"Hoy, en la casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón", dijo en su homilía León XIV, quien celebró la misa revestido con una casulla celeste con la imagen bordada de Nuestra Señora de Luján.

La basílica, de estilo neogótico, cobija la pequeña imagen original de terracota de esta virgen, que excepcionalmente sale del santuario. Este miércoles ha sido una de esas ocasiones históricas y se decidió para que pudiera estar junto al altar donde León XIV celebró la misa, en la puerta de la basílica y ante la plaza de la localidad repleta de gente.

La historia de la Virgen de Luján se remonta a 1630, cuando el portugués Antonio Farías de Sá encargó a un amigo en Pernambuco (Brasil) una imagen de la Virgen bajo la advocación de la Purísima Concepción para una capilla en su hacienda en Sumampa, en la actual provincia argentina de Santiago del Estero.

Al llegar a orillas del río Luján, los bueyes que transportaban la imagen -de apenas 38 centímetros de alto- se detuvieron, lo que se consideró un signo milagroso del deseo de la Virgen de quedarse allí.

El 8 de mayo de 1887, la Virgen de Luján fue coronada por decisión de León XIII, de quien Robert Prevost tomó su nombre como sumo pontífice al ser electo papa el 8 de mayo de 2025, curiosamente el mismo día en que se celebra la solemnidad de la patrona de Argentina.

"Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar", suplicó el papa.

"En ocasiones, los ataques contra el patrimonio cultural son deliberados y tienen como objetivo borrar una identidad cultural o imponer un relato identitario determinado", manifestó Barrot en el Foro de París por la Paz, en su discurso de apertura de una mesa redonda organizada con motivo del décimo aniversario de la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH).

El ministro citó la destrucción de los budas de Bamiyán, en Afganistán, en 2001; los daños causados en Palmira, en Siria, en 2015, y los ataques contra monumentos e instituciones culturales en Ucrania como ejemplos de la instrumentalización del patrimonio en los conflictos.

Durante una visita a Ucrania, Barrot relató que habló con el director de un museo de arte local que temía que un solo ataque ruso pudiera destruir la colección bajo su responsabilidad. "Lo que intentaba preservar era una parte de la memoria y de la identidad de su país", destacó el jefe de la diplomacia francesa.

"Preservar el patrimonio significa, en esencia, preservar la memoria, reforzar la resiliencia de las comunidades y promover la paz", sostuvo Barrot, al tiempo que destacó su papel para favorecer el diálogo intercultural y acercar a los países.

En este sentido, defendió que el patrimonio cultural constituye "un asunto estratégico y una herramienta diplomática", y subrayó que su destrucción deja "huellas imborrables" en las comunidades y supone una pérdida para las generaciones futuras y para toda la humanidad.

Por ello, destacó el trabajo de ALIPH, creada hace diez años por iniciativa de Francia y Emiratos Árabes Unidos para movilizar financiación y responder con rapidez a las necesidades de protección y recuperación del patrimonio en zonas de conflicto.

La ALIPH ha financiado cerca de 650 proyectos en 65 países y cuenta actualmente con diez Estados miembros, precisó el ministro, que destacó su intervención en la reconstrucción del casco antiguo de Mosul, en Irak; la restauración de monumentos en Alepo y Kiev y la formación de especialistas en conservación.

Francia aporta aproximadamente un tercio del presupuesto de la alianza, indicó Barrot, quien anunció además el compromiso de su país para destinar un millón de dólares anuales durante cinco años a la preservación del patrimonio cinematográfico.

"Les invito a mirar el problema de la violencia en los territorios de una manera distinta, la violencia de hoy no es responsabilidad del acuerdo sino en gran medida del lento avance de la implementación", expresó Marín.

La funcionaria intervino durante la instalación del foro 'La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional 10 años del Acuerdo Final de Paz', organizado por la Defensoría para conmemorar el décimo aniversario de lo firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016.

En la jornada intervendrán los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026), cuyos gobiernos han sido los encargados de implementar el acuerdo.

"Extrañamos al Gobierno (actual), que hace parte de la discusión pese a no estar presente", expresó Marín.

El pasado 7 de agosto tomó posesión el presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al acuerdo de paz y no envió representantes a este foro, pese a ser invitado.

La defensora del pueblo reivindicó que "el acuerdo de paz atravesó tres gobiernos muy distintos ideológicamente y sigue en pie", e hizo una invitación a "que ese debate se siga dando, pero dentro de la senda de la Constitución, teniendo en cuenta lo que necesita el país, los derechos humanos de la gente, especialmente los territorios que han estado más asolados por violencia".

"Hay deudas que hemos tenido antes del acuerdo y que tenemos después de él, principalmente con las víctimas y los territorios (....) El acuerdo quiso contribuir a saldarlsas", señaló Marín.

Por eso advirtió que "la desigualdad -que es territorial entre las ciudades y el campo, que también tiene rostro étnico, de género, generacional, que afecta más a los más discriminados"- es el problema que Colombia debe superar para salir adelante.

"Si no tomamos en serio el reto de superar la profunda desigualdad en el país, quizás no acabaremos las violencias del pasado y del presente", dijo Marín.

Para el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, "persisten retos importantes, de sostenibilidad y acceso a mercados, retos como la estigmatización que impide que firmantes accedan a empleos (...) pero sobre todo persisten retos de seguridad".

"Desde la firma del acuerdo, la misión ha verificado los homicidios de 501 combatientes, también persiste el reclutamiento de menores, la extorsión contra sus proyectos y los desplazamientos forzados", añadió.

Por eso, Jenca aseguró que "revertir esta situación debe ser una prioridad para todos" y revindicó que "el acuerdo puso en marcha mecanismos para la prevención de la violencia", pese a que "su implementación ha sido poco articulada".

"Para consolidar la seguridad se requieren mejores condiciones de vida y oportunidades económicas, mejores servicios públicos y mayor presencia de las instituciones", resaltó.

"Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible", dijo el papa estadounidense y peruano antes de viajar a Perú para la última etapa de su gira por Latinoamérica.

Exclamó ante la multitud que llegó al santuario de la patrona del país: "¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!", después de haber pasado tres días en el país y visitar Córdoba además de la capital.

"La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón", añadió.

Y continuó: "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera. Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud".

"Camboya, 1975. Pensábamos que eso quedó en el pasado para siempre, pero no, ha vuelto a resurgir aquí", afirmó Vucic en una rueda de prensa, en la que denunció supuestas "detenciones masivas" ordenadas por la Lista de Estudiantes, que, sin embargo, todavía no ha asumido el poder en el país balcánico.

La lista opositora, que derrotó al partido gobernante SNS después de 14 años de poder, promete restaurar el Estado de derecho y llevar a la Justicia a los responsables de delitos cometidos en el pasado por el régimen de Vucic, un antiguo ministro de Propaganda del expresidente yugoslavo autoritario Slobodan Milosevic.

Al referirse a las más recientes detenciones de personas relacionadas con su Gobierno, ordenadas por la Justicia, el exmandatario recordó masacres cometidas por jóvenes en Camboya contra miles de personas.

Pol Pot fue el líder de los llamados 'Jemeres Rojos' y fue el principal responsable del régimen de terror que gobernó Camboya entre 1975 y 1979.

Durante ese periodo, su proyecto de transformar el país en una sociedad agraria radical provocó deportaciones masivas de población, trabajos forzados, purgas, torturas, hambrunas y ejecuciones sumarias, con hasta tres millones de muertos.

Según Vucic, en el actual "clima de persecuciones y extorsiones" en Serbia, el SNS no debería tomar parte en las elecciones presidenciales, previstas para finales de año.

"Creo que en este momento las elecciones no son posibles ni normales, cuando la gente literalmente lucha por cada aliento. Pero no así los criminales, los criminales caminan libremente y gobiernan el país", dijo Vucic, al que la oposición acusa de haber gobernado de forma autoritaria en los últimos años.

La sesión constituyente del Parlamento serbio, donde la Lista de Estudiantes tendrá 140 y el SNS 103 de los 250 escaños, ha sido convocada para el próximo martes, día 17.

El plazo legal para la formación del nuevo Gobierno es de 90 días a partir de la fecha de constitución de la Asamblea, a más tardar el 15 de febrero de 2027.

Durante el EFE Forum Salud LATAM 2026, señalaron que el dolor crónico —persistente o recurrente por más de tres meses— afecta la calidad de vida y la salud mental y requiere respuestas más allá del control de los síntomas.

En el transcurso del primer panel, 'Vitamina D: la pieza que faltaba en la evaluación del paciente con dolor', los expertos abordaron la relación de esta hormona con la salud musculoesquelética y la inflamación.

Manuel Mirassou Ortega, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral (AMMOM), y Jorge Yamamoto, integrante del comité científico de la Federación Mexicana de Diabetes, señalaron que la poca exposición solar, el confinamiento y la obesidad pueden contribuir a niveles inadecuados.

Aunque suele identificarse como una vitamina, esta sustancia funciona como hormona y participa en distintas funciones fisiológicas, entre ellas la salud ósea y muscular, explicó Yamamoto.

Su posible papel en el dolor se relaciona también con la presencia de receptores de vitamina D en el sistema nervioso central.

Luis Díaz López, presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, y Gerardo Cabrita Peñaloza, gerente médico de Adium México, explicaron la posible participación de la vitamina D en la inflamación y el procesamiento del dolor.

Por ello, destacaron la importancia de detectar posibles deficiencias mediante pruebas de 25-hidroxivitamina D e individualizar la suplementación según las condiciones clínicas de cada paciente.

También alertaron sobre los riesgos de la automedicación y la necesidad de supervisión médica. El impacto de esta condición trasciende las molestias físicas y puede afectar el descanso y la salud emocional, advirtió Díaz López.

"El dolor crónico es uno de los principales factores que generan insomnio, depresión y ansiedad y es vivir día a día con ese sufrimiento que impide que tengamos una vida saludable", afirmó.

En el segundo panel, 'Innovación para transformar el abordaje del dolor: prevención, diagnóstico y nuevas terapias', especialistas examinaron los retos para incorporar tecnologías médicas, ampliar la atención fuera de los hospitales y agilizar los procesos regulatorios y de adquisición de medicamentos.

Entre las alternativas para dar continuidad a los tratamientos, Roxana Rojas, CEO de Baxter de México, destacó los sistemas ambulatorios de infusión y las bombas elastoméricas, que permiten a determinados pacientes recuperarse en casa con analgesia prescrita y monitoreada por sus médicos. Estas herramientas pueden favorecer su autonomía y reducir la saturación hospitalaria.

La detección temprana fue otro eje. Elisa Fortuño Juárez, líder médica para Inmunología en UCB México, subrayó que la educación médica y la información científica ayudan a mejorar el diagnóstico de enfermedades poco conocidas o estigmatizadas, como la hidradenitis supurativa y la psoriasis, cuyo retraso diagnóstico puede afectar la calidad de vida.

En materia regulatoria, Claudia Almazán Méndez, directora de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), destacó el mecanismo de reliance, mediante el cual las autoridades sanitarias pueden considerar evaluaciones y autorizaciones de agencias regulatorias de referencia para agilizar registros de medicamentos.

Almazán añadió que simplificar y digitalizar trámites puede facilitar el acceso a innovaciones, aunque la disponibilidad depende también de las compras y la distribución en el sistema público.

Por su parte, Juan Villarreal Hurtado, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), consideró que la planificación de la demanda y la coordinación entre autoridades e industria son pasos necesarios para mejorar el abasto.

“La integración de la demanda desde las clínicas hasta el nivel de especialidades se está haciendo con el tiempo que nos parecía se había dejado, y creo que ese es un avance en relación con el que habíamos tenido previamente”, señaló.

Villarreal agregó que otro reto es mejorar el financiamiento del sistema de salud, pues los recursos disponibles condicionan la capacidad de las instituciones públicas para ofrecer tratamientos y el gasto que deben asumir los pacientes.

Los especialistas coincidieron en que transformar la atención exige colaboración entre autoridades, hospitales, profesionales, industria y pacientes, desde la prevención hasta la rehabilitación.

"El mundo ha entrado en la época de la electricidad. Apoyo el compromiso de un 35 % de electrificación global en 2035 y exhorto a los demás a hacer lo mismo", dijo von der Leyen durante la ronda de discursos en la cumbre de líderes que se celebra en Antalya, en el sur de Turquía.

"Está al alcance de la mano: más del 70 % de nuestra electricidad (en la UE) ya viene de fuentes limpias", aseguró von der Leyen, quien dijo que "Europa debe hacer aún más y lo hará".

"Cumpliremos nuestros compromisos. Estamos en vías de reducir nuestras emisiones en un 90 % hasta 2040 y seremos el primer continente neutral respecto al clima en 2050", prometió Von der Leyen.

La líder comunitaria planteó que la transición energética "solo puede tener éxito si tiene éxito en el mundo entero", y afirmó que Europa ha dedicado 32.000 millones de euros a apoyar a países en vías de desarrollo y que "ayuda a sus socios a construir economías limpias.

"Va en nuestro interés mutuo", reconoció.

"Ha sido el verano de la verdad, con inundaciones en Nepal, sequías en Sudán y una de las peores épocas de incendios en Europa que se hayan registrado, y con la crisis de Ormuz afectando a los mercados de energía", recordó von der Leyen, en referencia al problema de suministro de petróleo por esa vía debido a la guerra en Irán.

Además, reconoció que el último informe de Naciones Unidas muestra que parece inevitable que se supere el límite de un calentamiento del planeta de 1,5º C a finales del siglo en comparación a la era preindustrial, pero insistió en que "toda fracción de grado por encima es importante".

La cifra fue aportada por fuentes del Ministerio de Educación citadas en medios locales tras la alerta que esta mañana se produjo en las escuelas e institutos públicos de prácticamente todas las regiones del país, excepto en el Valle de Aosta y Trentino Alto Adige (norte).

Las falsas alarmas llegaron de forma anónima vía correo electrónico a los centros educativos, lo que obligó a desplegar operativos de inspección por parte de las fuerzas de seguridad italianas, sin que hasta el momento se haya encontrado ningún artefacto explosivo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que no se ha detectado ningún indicio de "peligro real" tras estas falsas amenazas, aunque ha convocado una reunión de urgencia esta tarde en Roma para evaluar la situación.

A pesar de todo, los falsos avisos provocaron desconcierto y sobresalto en colegios e institutos donde decenas de padres se agolpaban hacia el mediodía a las puertas de varios colegios para recoger a sus hijos.

En Roma, EFE constató cómo a las puertas de centros como el Liceo Talete, el Terenzio Mamiani y el instituto Luigi Einaudi, algunos estudiantes salían muy nerviosos, incluso entre lágrimas, mientras llamaban por teléfono a sus padres para saber dónde reunirse.

Otros, ya reunidos con sus familiares, celebraban entre risas la inesperada suspensión de las clases, ajenos a la preocupación por la alarma que había provocado su evacuación.

Entre mochilas y gritos, se respiraba un ambiente de tensión, palpable en el bullicio de alumnos, docentes y personal laboral, que acababan por fundirse entre abrazos para serenarse tras la mañana de agitación.

Los profesores, que ordenadamente conducían a sus alumnos hacia sus progenitores, también parecían conmocionados, pues este se trata ya del segundo episodio masivo de estas características en Italia en lo que va de noviembre.

A comienzos de mes, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.

La policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos.

Los nuevos avisos falsos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia y en Europa durante las últimas semanas.

Solo en octubre, la producción nacional sumó 254.500 unidades, una subida del 2,7 % en relación a octubre de 2025, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Sin embargo, la patronal alertó sobre el crecimiento de las importaciones y la caída de las exportaciones, lo que evidencia una pérdida de participación en los mercados vecinos de los fabricantes instalados en Brasil.

En octubre, las ventas de vehículos de origen brasileño al exterior sumaron solo 29.100 unidades, una caída interanual del 28,3 %, mientras que, en el acumulado anual, la reducción fue del 23,5 %, con 363.100 vehículos enviados al exterior.

En sentido opuesto, las importaciones crecieron un 22,3 % en octubre, con 56.700 nuevos vehículos, lo que eleva el acumulado anual a los 520.700 vehículos, una subida del 29,5 %.

La combinación entre el avance de las importaciones y la retracción de las exportaciones llevó a la balanza comercial de vehículos a un déficit de 157.600 unidades en los diez primeros meses de 2026, tras el superávit registrado en el mismo período del año pasado.

“Esto representa un debilitamiento de la producción nacional. Representa posiblemente una reducción del número de empleos (en Brasil). Representa posiblemente una desactualización tecnológica en nuestra cadena (productiva), menos desarrollo que se hace en el país", expresó en rueda de prensa el presidente de Anfavea, Igor Calvet.

Los modelos chinos, cuyo crecimiento en las importaciones fue del 101,2 % respecto al período entre enero y octubre del año pasado, ya duplican a los argentinos en el patentamiento en Brasil (288.000 chinos contra 143.000 argentinos entre enero y octubre de 2026).

El funcionario destacó que, dada la tendencia y la velocidad de crecimiento, va a ser necesario que el Gobierno brasileño converse con el chino para establecer acuerdos en esta área.

Con todo, las exportaciones a Argentina cayeron un 37,2 %, hasta 174.200 unidades hasta octubre; las dirigidas a México, un 9,3 %, hasta 60.500; las destinadas a Uruguay, un 32,4 %, hasta 19.200; y las que tuvieron a Chile como destino un 23,5 %, hasta 17.000.

El único destino al que aumentaron las ventas fue Colombia, con una subida del 7,3 %, hasta los 42.000.

Las ventas de vehículos nuevos en Brasil alcanzaron 265.500 unidades en octubre de 2026, lo que representó un incremento interanual del 1,8 %.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las comercializaciones totalizaron 2,52 millones de unidades, un avance del 16,1 % respecto al mismo período de 2025.

"La prevención del lavado de activos constituye una prioridad para la protección de la economía nacional", señaló este miércoles el BCE en un comunicado.

La medida, aprobada mediante una resolución administrativa el pasado 27 de octubre y vigente desde el 6 de noviembre, incorpora nuevos procedimientos de verificación, identificación, registro y debida diligencia para los depósitos de billetes de alta denominación que realizan las entidades financieras en el BCE.

Según la institución, los ciudadanos y turistas podrán usar con normalidad los billetes para compras y pagos, mientras que bancos, cooperativas y mutualistas continuarán aceptándolos confirme a sus procedimientos internos.

Sin embargo, las personas que deseen cambiar estos billetes por otros de menor denominación en las ventanillas del Banco Central deberán identificarse, declarar el origen lícito del dinero y permitir que se registren los números de serie de los billetes entregados.

Por su parte, las entidades financieras deberán realizar estos procedimientos exclusivamente en las instalaciones habilitadas por el BCE en Quito, Guayaquil y Cuenca.

"Debido a que Armenia no ha cumplido con sus obligaciones durante varios años y en virtud de los estatutos de la organización, se propuso y se decidió privar a Armenia de su derecho a voto, así como del derecho a nombrar a sus representantes para altos cargos en la OTSC", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Péskov, al comentar los resultados de una cumbre de la alianza en Moscú.

La respectiva decisión fue incluida en la declaración final al término de la reunión en Moscú.

El secretario general de la OTSC, Taalatbek Masadikov, precisó, por su parte, que la expulsión de Armenia del bloque no estaba sobre la mesa durante la cumbre moscovita.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ya adelantó la víspera que los miembros de la OTSC no tenían planes de expulsar a Armenia, pero sí iban a abordar otras medidas sancionatorias contra Ereván por el incumplimiento de las contribuciones anuales.

"Ereván lleva más de dos años sin pagar sus cuotas, lo que plantea la cuestión de aplicar a la República de Armenia las disposiciones del artículo 25 de la Carta de la OTSC", dijo Lavrov, quien precisó que se trata de la "privación del derecho a voto" y de la posibilidad de nominar candidatos para cargos de responsabilidad.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, quien tiene intención de solicitar oficialmente el ingreso de su país en la Unión Europea, aseguró hace dos meses que no ve con malos ojos la exclusión de Armenia de la OTSC.

"Puedo decir con claridad que no tenemos previsto incrementar nuestra actividad en la OTSC. También sé que en la OTSC se debate la exclusión de Armenia. Estaré muy satisfecho si la organización excluye a Armenia", afirmó el líder armenio.

Añadió que esto liberaría a Ereván del dilema sobre su futuro en la organización. De hecho, este miércoles, cuando los líderes de otros cinco miembros de la alianza - Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán- estaban reunidos en Moscú, Pashinián asistió en Turquía, otrora el principal enemigo de Armenia, a las actividades de la COP31.

Ereván congeló su participación en la OTSC en febrero de 2024 tras denunciar en 2021 y 2022 incursiones de tropas azerbaiyanas en su territorio.

Entonces, Armenia pidió a la alianza militar activar los mecanismos de reacción en casos de crisis, pero no recibió una respuesta de la OTSC.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía hasta los 52.294; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,86 %, hasta los 7.585 enteros; y el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,44 %, hasta las 25.426 unidades.

Las acciones de Nvidia subían un 2,69 % después de la bajada registrada por la investigación de la empresa a su director ejecutivo, Jensen Huang, que admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, presuntamente con una ejecutiva de la empresa Megaspeed que era una espía del Gobierno chino.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI, en inglés) subía este miércoles un 1,43 %, hasta los 87,27 dólares el barril, en un contexto de dudas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había dado por "prácticamente terminada" la guerra.

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior.

El martes se conoció que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró un incremento en octubre del 0,4 % en octubre con respecto al mes anterior, lo que incluye una subida destacada del precio de la gasolina del 1 % con respecto a septiembre, según informó hoy el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Estos datos podrían reforzar los argumentos a favor de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

La medida se aplica en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas (cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador), Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El gobernante dispuso, entre otras medidas, la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Noboa había decretado el pasado 15 de septiembre un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó entonces un toque de queda nocturno que rigió desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

La renovación del estado de excepción se dio un día después de que terminara un toque de queda nocturno de diez días, que rigió entre las 00:00 y las 05:00 (05:00 y 10:00 GMT) —el cuarto decretado en Ecuador en lo que va de año— y que abarcó a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

En ese toque de queda fueron detenidas más de 2.600 personas y se decomisaron 2,5 toneladas de droga, entre otros resultados.

La renovación del estado de excepción se da a unas dos semanas de los comicios locales, convocados para el próximo 29 de noviembre, en los que se designará a alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otras autoridades.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

Además, los cerca de 55 jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la novena reunión de este foro, que tendrá lugar en Dublín, hablarán de cómo hacer Europa más competitiva.

Bajo el lema "Europa fuerte, segura y conectada", el encuentro incluirá una sesión plenaria y dos mesas redondas. En una de ellas se abordará el modo de proteger y defender la Europa democrática, en particular frente a la agresión de Rusia y a las campañas híbridas contra las infraestructuras.

El debate tendrá lugar en el contexto del incremento de las amenazas y ciberataques contra infraestructuras y servicios esenciales en Europa. La última campaña de este tipo ocurrió este mismo miércoles, cuando más centenares de centros escolares de Irlanda del Norte y de Italia recibieron amenazas de bomba que la Policía autonómica (PSNI) consideró "falsas", si bien algunas escuelas tuvieron que ser evacuadas.

La segunda mesa redonda de la Comunidad Política Europea abordará cómo construir una Europa competitiva a través de la innovación, de una energía asequible y de un continente mejor conectado.

Está previsto que durante la reunión del jueves se adopten distintas declaraciones, en particular sobre la migración, la lucha contra el narcotráfico y los principios de la seguridad europea.

Al término de las mesas redondas habrá debates bilaterales y multilaterales.

Fuentes europeas indicaron que en ese contexto se hablará de Ucrania, en un momento de escalada de los ataques, en paralelo a las conversaciones de paz en curso.

La cita tendrá lugar tras la ronda de contactos que representantes de Kiev, Moscú y Washington mantuvieron en Abu Dabi esta semana para buscar una salida pactada a la guerra.

Precisamente el mediador estadounidense Jared Kushner anunció al término que viajará el jueves a Moscú con Steve Witkoff, el otro emisario de la Casa Blanca para negociar el final de la guerra, para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Kushner y Witkoff planean viajar de Moscú a Dublín para informar del resultado de la conversación con Putin al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participará el jueves en la CPE y el viernes en una cumbre europea informal también en la capital irlandesa.

Por último, el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirá como invitado a la reunión de la Comunidad Política Europea como "símbolo de lo cerca que quiere estar Canadá y de la solidez de los lazos existentes, especialmente en los debates sobre seguridad" indicaron fuentes europeas.

La CPE es un foro informal para jefes de Estado o de Gobierno de toda Europa, así como para líderes de las instituciones de la Unión Europea y los secretarios generales de la OTAN, el Consejo de Europa y la OSCE.

El foro se creó en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, con el fin de ofrecer un espacio para el diálogo político donde los líderes puedan abordar cuestiones de interés común.

Desde entonces se celebran dos cumbres al año, alternando entre Estados miembros de la UE y países no pertenecientes a ella. La última cumbre tuvo lugar en Ereván el pasado mes de mayo.

La reunión del jueves y la del viernes se celebrarán en el Centro de Convenciones de Dublín.

Irlanda ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes ante la celebración de ambos eventos.

Está previsto que Suiza acoja la próxima cumbre de la CPE.

La gestora ANA - Aeroportos de Portugal informó en un comunicado de que el aeropuerto de la capital ha notificado 310 trayectos cancelados (tanto de forma previa como durante la operación) de un total de 565 previstos para hoy.

Le sigue Madeira, con 20 cancelaciones previas en 80 previstos; Faro, con 16 cancelados de 62, y Oporto, con 14 cancelados de 214.

"ANA - Aeroportos de Portugal sigue acompañando la situación permanentemente, en articulación con las entidades competentes, adoptando las medidas necesarias en función de su evolución", indicó.

En su página web se puede leer un mensaje en el que, "debido a las condiciones meteorológicas adversas", recomiendan a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo con las compañías aéreas antes de dirigirse al aeropuerto y prevean tiempo adicional para su traslado.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en cuatro distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante las precipitaciones previstas para las próximas horas, mientras que hay aviso naranja y amarillo para el resto del país.

El octogenario mandatario reapareció el lunes para rendir un homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador (1936-1976), en un acto oficial de 25 minutos en el que caminó a marcha lenta, con pasos cortos, y de la mano de Murillo.

Con un ramo de flores que confundió con un micrófono, dibujó una leve sonrisa y habló de forma lacónica: "Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte".

La última aparición pública de Ortega había sido el 2 de septiembre pasado cuando presidió el acto central por el 47 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

La plataforma Confidencial documentó que "este es el período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario, pero sobre todo, marca un patrón de desaparición cada vez más prolongado", y aseguró de que durante 2026 "sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos".

Entre 2018 y 2025 el veterano gobernante promedió 26 apariciones públicas entre enero y octubre de cada año. Sin embargo, en ese mismo período de 2026 solo ha tenido 11 actos públicos, según Confidencial.

En medio de su prolongada ausencia, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que elimina la figura de vicepresidente y en su lugar crea la de "designados presidenciales", quienes serán nombrados por los copresidentes de la República.

El Parlamento está supeditado al Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Ortega y Murillo.

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado, Félix Maradiaga, esa nueva reforma constitucional, la tercera en los últimos tres años, está encaminada a allanar el camino a la "sucesión dinástica".

La última reforma tiene un fondo evidente y es que "Daniel Ortega tiene una edad avanzada, un deterioro físico visible y un declive cognitivo que ya nadie en el poder puede disimular", argumentó en una declaración Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 junto a otras 221 personas.

"Rosario Murillo sabe que ese momento llegará y no ha encontrado la fórmula para heredar el poder sin fracturar al partido. El nombre de Laureano Ortega Murillo (hijo de la pareja presidencial) en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica", alegó.

Para el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo, es la copresidenta Murillo la que toma las decisiones en Nicaragua, porque, según dijo a EFE, Ortega "en este momento está bastante enfermo".

Ortega llega a los 81 años delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

"La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible", argumenta ese centro de pensamiento.

Esa enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como "traidor a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 81 años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

Entre los arrestados figuran dos personas identificadas en las investigaciones ministeriales como líderes del crimen organizado que opera en la zona limítrofe con Guatemala, un corredor marcado en los últimos años por disputas territoriales entre carteles del narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el operativo se efectuó sobre un camino de terracería en la colonia Bellavista, donde fuerzas de seguridad desplegadas interceptaron al grupo de sospechosos armados.

Durante la intervención se aseguraron doce armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos dotados con placas balísticas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), junto con corporaciones policiales del estado.

Los catorce detenidos y el material bélico quedaron a disposición del Ministerio Público federal, instancia responsable de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica conforme a los tiempos legales.

La región fronteriza de Chiapas registra disputas entre diferentes grupos delictivos por el control de rutas para el trasiego de drogas, armas y el paso irregular de migrantes.

La detención de los 14 hombres armados se da en un contexto en el que el Gobierno federal busca contener las actividades del crimen organizado mediante una estrategia basada en el uso de inteligencia policial, la coordinación militar y el despliegue de fuerzas conjuntas en puntos estratégicos del país.