Las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron, según informó el comando en su cuenta de la red social X, donde publicó el video de la operación.

"Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", se añadió en la publicación.

Esta es la sexta embarcación ecuatoriana que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardea y hunde desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar sobre operaciones en el mar contra el narcotráfico realizadas en coordinación con el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Sin embargo, los tripulantes de las otras embarcaciones y sus familias negaron los supuestos vínculos con Los Choneros, grupo declarado como terrorista por Estados Unidos.

El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes de dos embarcaciones, al no hallar indicios de delito.

Mientras que este martes otros 32 salieron en libertad condicional tras ser procesados por una presunta asociación ilícita, una acusación que rechazaron sus abogados, que aseguraron que la Fiscalía no tenía pruebas contra ellos.

Las operaciones se dan en el marco de la visita que este miércoles realizará a Quito el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales como parte de una gira entre el 8 y el 10 de septiembre que incluye a Colombia y a Perú.

Además de estos seis casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico.

Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en este caso.

Los casos se produjeron en las provincias de Khentii, Dornod, Selenge y Khuvsgul, según explicó este martes Batjargalyn Khandarmaa, especialista en biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, a medios locales.

En cada uno de los episodios, las autoridades medioambientales y los servicios de emergencia locales trabajaron conjuntamente para alejar a los animales sin asustarlos ni sobresaltarlos, indicó la especialista.

El ministerio trata ahora de determinar qué está llevando a los osos a aproximarse a zonas residenciales y estudia factores como la disponibilidad de plantas y frutos de los que se alimentan o la posibilidad de que hayan sido desplazados de sus hábitats por cazadores furtivos o por la presencia de personas que recolectan frutos y otros productos silvestres.

Las autoridades advirtieron además de que los osos pueden acercarse a asentamientos y zonas de pastoreo en busca de comida y agua, especialmente ante situaciones de escasez de alimento, sequías o incendios forestales.

Los restos de ganado y los residuos alimentarios también pueden atraer a estos animales hacia áreas habitadas, por lo que el ministerio difundió recomendaciones para que la población adopte medidas de precaución.

Las autoridades mongolas señalaron a su vez que advirtieron de un aumento en los últimos años de los ataques de osos al ganado, que expertos vinculan, entre otros factores, al cambio climático, la escasez de alimentos en sus hábitats, los incendios forestales y la explotación de los recursos naturales.

El Supremo dejó vigente así el fallo de la Corte Suprema de Misuri, que había determinado que el nuevo mapa no podía utilizarse en las elecciones generales porque una iniciativa ciudadana que reunió más de 300.000 firmas obligaba a someterlo a referéndum.

El tribunal estatal concluyó que la petición había suspendido la entrada en vigor de las nuevas demarcaciones desde diciembre y que estas no podrían aplicarse hasta recibir la aprobación de los votantes.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos después de que Trump instara el año pasado a los estados controlados por su partido a redibujar sus distritos antes de las elecciones de mitad de mandato.

La modificación afecta especialmente al quinto distrito, que representa el demócrata Emanuel Cleaver en Kansas City: la nueva configuración divide partes de la ciudad y extiende el distrito hacia zonas rurales de mayoría republicana.

La decisión del Supremo, sin embargo, no puso fin al conflicto. El juez federal Stephen Clark emitió poco después una orden temporal que impide a Misuri utilizar los antiguos distritos y obliga al estado, por ahora, a mantener el nuevo mapa en las elecciones de noviembre.

Clark argumentó que cambiar las demarcaciones después de las primarias, celebradas en agosto bajo el nuevo mapa, generaría confusión entre los votantes y pondría en duda las candidaturas y los resultados de esos comicios.

La disputa se produce en un contexto de estrecho equilibrio en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan actualmente con una mayoría de 219-214.

De acuerdo con medios locales, se estima que el nuevo mapa de Misuri podría ayudar al Partido Republicano a conservar un escaño adicional, mientras que forma parte de una estrategia más amplia de rediseño electoral promovida por Trump que, según estimaciones citadas por la agencia, podría beneficiar a los republicanos en hasta 16 distritos en varios estados.

Por ahora, los votantes de Misuri siguen sin tener certeza definitiva sobre qué mapa regirá las elecciones del 3 de noviembre, mientras continúan los litigios estatales y federales.

El encuentro entre Lutnick y Sheinbaum se producirá en plena revisión del Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y en medio de fricciones por la agresiva retórica de Washington.

"Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el secretario Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU. para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países. Les mantengo informados", apuntó Ebrard en un mensaje en redes sociales.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que "tamales picantes y tomates", aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva "muy bien" con Sheinbaum.

Trump se refirió así a su vecino del sur mientras respondía preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195.000 millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos", afirmó.

La pasada semana, la presidenta mexicana aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido "sus dificultades", confía en alcanzar un "entendimiento" en las áreas de seguridad y comercio.

La ronda más reciente de revisión comercial con EEUU se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica.

El cocanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en la que asegura que ese movimiento solicitó "en múltiples ocasiones" una "intervención militar" en Nicaragua para "lesionar los derechos fundamentales" de sus ciudadanos.

"Recientemente, desde la República de Costa Rica se emitió un pronunciamiento público de parte de un autodenominado 'Movimiento Campesino Anticanal', del cual no se tiene registro oficial de sus miembros, ni de la cantidad de estos; sin embargo, en múltiples ocasiones han solicitado intervención militar en nuestro país para lesionar los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses", reprochó Managua.

Asimismo, el cocanciller nicaragüense criticó que en ese pronunciamiento se utilizó a menores de edad para leerlo; por lo que manifestaron su "rechazo absoluto a la exposición infantil en espacios inadecuados".

"La presencia de niñas, niños y adolescentes en este contexto representa una vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales y una grave negligencia por parte de los actores involucrados", apuntó.

La Cancillería de Nicaragua argumentó que "la infancia no puede ni debe ser instrumentalizada, expuesta ni utilizada como un elemento de distracción, legitimación o escudo, en escenarios que sobrepasan su madurez emocional y física, comprometiendo directamente su integridad y su seguridad".

"Exponer a la niñez a dinámicas de esta naturaleza vulnera los principios rectores de protección integral consagrados en los marcos legales nacionales e internacionales", agregó.

Managua expresó su "rechazo absoluto a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", al sostener que "la protección infantil no es negociable, ni está supeditada a coyunturas políticas o sociales".

"Instamos al ilustre Gobierno de Costa Rica a luchar juntos para evitar que se vulneren estos principios rectores de protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes", subrayó.

El reclamo de Nicaragua se produce después de que Costa Rica expresara el jueves pasado "su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral".

El Gobierno costarricense anunció que apoyará "una respuesta firme y coordinada" en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La semana pasada, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura (de dos necesarias) una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Dirisio permanecía recluido en el penal de Bouwer desde febrero de 2024, cuando cayó junto a su esposa, la exmodelo paraguaya Julieta Nardi, luego de meses de estar prófugos de la justicia internacional.

Dirisio pedirá la devolución de armas entregadas a la Policía y de una camioneta

Tras confirmarse la sentencia de extradición firmada por la Corte Suprema de Brasil, el empresario fue custodiado hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella para abordar un vuelo especial que lo puso a disposición del juzgado federal brasileño, que reclama su comparecencia por delitos de tráfico internacional de armas y lavado de dinero.

Abastecía al PCC y Comando Vermelho

La investigación internacional estima que la red dirigida por Dirisio importó legalmente a Paraguay armamento de procedencia europea por un valor superior a los 230 millones de dólares.

De acuerdo con la información, en Paraguay se raspaba el número de identificación de las armas, que incluían fusiles y pistolas y que eran importadas de varios países europeos, entre ellos Croacia, Turquía, la República Checa y Eslovenia.

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Después, las armas eran revendidas a grupos que actúan en la frontera entre Paraguay y Brasil para luego ser traficadas hacia los favelas y feudos criminales de Río de Janeiro y São Paulo.

Este arsenal terminó nutriendo a facciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

El caso salpicó al Estado paraguayo y se reveló una red de complicidades, sobornos e impunidad dentro de la propia Dirección de Material de Bélico (Dimabel) y altos mandos militares que facilitaron durante años el ingreso y posterior desvío del armamento.

Mientras tanto, su esposa Julieta Vanesa Nardi Aranda continúa recluida en Córdoba a la espera de que se defina la fase final de su proceso de extradición para responder ante la misma causa.

Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) recogido en la agencia iraní Tasnim, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

El Ejército jordano aseguró haber destruido 18 de los misiles iraníes que se dirigieron contra su país, mientras que dos más cayeron en "zonas despobladas".

Estos ataques iraníes son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes de esta noche.

El Comando Central del ejército de EE.UU. aseguró haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, a la CGRI como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La CGRI amenazó también a los petroleros de Kuwait y Baréin, asegurando que serían "blanco de ataques".

Se trata de tripulantes de las embarcaciones Conquista 2, interceptada y hundida el pasado miércoles, y del María Candelaria, destruida el sábado, quienes llegaron el lunes a la ciudad portuaria de Manta en medio del reclamo de sus familiares, que negaron su vínculo con el narcotráfico.

Los hombres fueron llevados hasta una unidad policial, donde una jueza determinó que la detención en el mar había sido legal y, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, ordenó su liberación bajo la condición de que no salgan del país y que se presenten una vez por semana ante el fiscal que lleva la causa.

Steven Alvia, abogado de varios de los procesados, rechazó el inicio de la investigación en contra de los tripulantes y aseguró que la Fiscalía no tenía pruebas del supuesto delito.

"Confiamos en la justicia del país y que el día 28 de septiembre se va a ratificar la inocencia de nuestros representados", señaló a medios locales en referencia a la fecha en la que, dijo, se realizará una audiencia de procedimiento directo contra los procesados.

Desde el 28 de agosto, al menos cinco embarcaciones ecuatorianas fueron hundidas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

Según el Comando Sur de EE.UU., los barcos funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y declarado como terrorista por el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, el pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes del Conquista 2 y del OM2, al no hallar indicios de delito.

Además de estos cinco casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico.

Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en este caso.

En el marco de la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, el secretario de Estado de EE.UU. llegará este miércoles a Quito, como parte de una gira que realiza entre el 8 y el 10 de agosto y que incluye también Colombia y Perú.

Forbin realizó este llamamiento al participar en Adís Abeba en la reunión ministerial del Programa de Acción de Doha en favor de los Países Menos Adelantados (PMA), organizado por las Oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas dedicada a dicha misión (Ohrlls, por sus siglas en inglés).

También indicó que este encuentro en Naciones Unidas ofrece a Haití la oportunidad de defender sus "intereses específicos", en particular fortalecer su defensa en favor de la seguridad y consolidar su "alianza estratégica" con África, detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos en un comunicado.

La ministra subrayó que el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad constituyen "condiciones esenciales" para la plena realización, en Haití, de los objetivos del Programa de Acción de Doha, que busca apoyar a los países con menos recursos y mayor vulnerabilidad entre 2022 y 2031.

Asimismo, saludó la "solidaridad ya manifestada" por varios países de África, en particular Chad, Sierra Leona y Costa de Marfil, "comprometidos" junto a Haití en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

La ministra abogó por la renovación del mandato de la GSF, que vence a finales de septiembre, y pidió su despliegue completo. Actualmente se encuentran en Haití al menos 450 agentes procedentes de Chad, de un total de 5.500 efectivos previstos en la misión.

También llamó a la movilización de los medios financieros, logísticos y operativos "necesarios" para el cumplimiento de la misión.

Por otro lado, "más allá de la urgencia en seguridad", defendió mecanismos de financiación "mejor adaptados a las realidades de los países confrontados a crisis y fragilidades".

"Estos instrumentos deben permitir apoyar simultáneamente la estabilización, el paso de la urgencia humanitaria a la reactivación económica y el desarrollo a largo plazo", destacó el ministerio.

La institución subrayó que esta reunión representa un "paso importante" en el fortalecimiento de la "alianza estratégica" entre Haití y África, así como en la defensa de los "intereses específicos" del país en el seno del grupo del Programa de Acción de Doha en favor de los Países Menos Adelantados.

Para Forbin, la historia común entre Haití y África debe ahora convertirse en una "fuerza" para el futuro y un "palanca de solidaridad, estabilidad y desarrollo".

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital.

De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.

Esta es la segunda visita que Rubio hace a Ecuador desde que es secretario de Estado, tras una primera estancia en septiembre del año pasado.

Rubio escenificará en la capital ecuatoriana el momento de relaciones más intensas entre EE.UU. y Ecuador, que se profundizaron con la llegada al poder de Donald Trump y Daniel Noboa, respectivamente, especialmente en la "guerra" emprendida por el mandatario ecuatoriano contra las bandas criminales, a las que se les atribuye la ola de violencia sin precedentes en la que está inmerso el país.

En las dos semanas previas a la visita de Rubio a Quito, Estados Unidos ha bombardeado al menos cinco embarcaciones, según informaciones del Comando Sur de ese país y el propio secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Los bombardeos se han dirigido a embarcaciones que, bajo supuesta información de inteligencia de EE.UU., daban soporte logístico en alta mar y reabastecimiento a las lanchas presuntamente cargadas de droga que parten desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica.

En estos ataques, la tripulación fue desalojada de la embarcación antes de ser destruida y sus integrantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas, donde la Justicia, en al menos dos de los cinco casos, los ha dejado en libertad al no hallar indicios de delito.

El apoyo militar de EE.UU. en territorio ecuatoriano también se ha hecho tangible con la llegada de dos MV-22B Osprey, un modelo muy singular de aeronave conocido como convertiplano -entre un helicóptero y un avión de turbohélices, gracias a sus dos grandes rotores basculantes-.

Este tipo de aeronaves, usadas por EE.UU. para incursiones a lugares de difícil acceso -como la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas-, fueron empleadas esta semana en un operativo en el sector de Alto Punino, un enclave de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.

En una columna publicada este mismo martes en el diario ecuatoriano El Universo, Rubio dijo que, después de que Trump declarara organizaciones terroristas a las bandas criminales Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, se abren "capacidades de coordinación militar, seguridad pública e inteligencia críticas a través del Escudo de las Américas y de la Coalición contra los Carteles de las Américas".

Rubio anticipó que están trabajando con Ecuador en la modernización del tratado bilateral de extradición, que ya permitió el año pasado que José Adolfo Macías Villmar, alias Fito, máximo líder de Los Choneros, fuera el primer ecuatoriano en ser extraditado a EE.UU.

La visita de Rubio a Quito se enmarca dentro de la gira que el secretario de Estado realiza esta semana, del 8 al 10 de agosto, a Colombia, Ecuador y Perú, donde tendrá reuniones con sus respectivos presidentes.

Durante su visita a Barranquilla, Rubio y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dieron este martes un nuevo impulso a las relaciones bilaterales teniendo como base la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país suramericano tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

En la misma jornada en la que las autoridades apuraron el estudio de fórmulas para desactivar la protesta de los galenos, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, dijo a medios que el gremio notificó oficialmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social su declaración de una nueva huelga.

"Hoy está abierto un canal, un canal más oficial para negociar también con el intermediario que sería el Ministerio de Trabajo. Repito, nuestro objetivo no es llegar a una huelga, sino que se resuelva esta problemática", señaló.

Los médicos convocaron a la paralización de actividades para los días 21 y 22 de septiembre el pasado jueves, después de celebrar una asamblea en la que tacharon de "migajas" una propuesta de aumento salarial del Gobierno a través de un escalafón, con mayores pagos a quienes tengan más formación y años de servicio.

Hoy, los líderes del Sinamed escucharon una nueva propuesta del Ministerio de Salud y Bienestar Social, de la que no se conocieron detalles oficiales.

"Nosotros no estamos cerrados a ningún planteamiento", señaló González al medio ABC TV a la salida de una reunión con funcionarios del Mspbs, al indicar que "podría ser con un escalafón, pero siempre con una elevación del piso para todos".

A la búsqueda de una solución al conflicto laboral se sumó este martes el Senado, que la víspera instaló una comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general para 2027.

"Por primera vez, a través del director de recursos humanos del Ministerio de Salud y gente técnica de la Comisión Bicameral de Presupuesto, están trabajando de forma conjunta y con eso la ilusión de que la huelga del 21 y 22 de septiembre no se realice", afirmó al respecto la senadora Lilian Samaniego, citada por el rotativo local Última Hora.

Esta nueva huelga se sumará a la que ya hicieron los médicos entre el 24 y el 28 de agosto, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (848 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (915 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (509 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.356 dólares por mes.

Este martes, los maestros del sector público también hicieron un llamado a huelga para los días 17 y 18 de septiembre para exigir al Gobierno un ajuste salarial del 8 % y un mayor presupuesto para la educación en 2027.

En una proclama leída con ocasión del Día Internacional del Periodista desde la histórica Hacienda San Jacinto, a 42 kilómetros al noreste de Managua, los comunicadores sandinistas exclamaron: "Seguimos venciendo frente al terrorismo mediático, venciendo al golpismo, al fascismo, a las noticias falsas, a las mentiras, a las calumnias y a las infamias".

"Seguimos venciendo a los traidores y vendepatrias que no pudieron ni podrán", señalaron los periodistas oficialistas y sandinistas y a la vez, reafirmaron su "compromiso de comunicar para unir, para informar, para acompañar y para fortalecer la esperanza".

Asimismo, respaldaron y celebraron "los esfuerzos que desde nuestro buen Gobierno sandinista, liderado por nuestros copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se realizan para fortalecer nuestra democracia y continuar defendiendo la paz, la soberanía, la estabilidad y seguir luchando contra la pobreza”.

Reafirmaron su “firme, total y rotundo respaldo” a la recién aprobada reforma parcial a la Constitución Política, que busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes Ortega y Murillo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura (de dos necesarias) una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

Con ocasión del Día Internacional del Periodista, una organización no gubernamental humanitaria alertó este martes de que al menos siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica han denunciado seguimientos y amenazas en su contra.

Los afectados sufrieron vigilancia cerca de sus casas, acoso en redes sociales, llamadas desde números desconocidos, revelación de información privada e intimidaciones en espacios públicos, de acuerdo con la denuncia.

Entre 2018 y lo que va de 2026, el Gobierno de Ortega y Murillo cerró al menos cincuenta y cuatro medios de comunicación, entre ellos cinco cuyas sedes fueron allanadas y confiscadas, incluidos el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia, de acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Además, al menos 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

Los maestros agremiados en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) planean organizar una "gran movilización, con paro total de actividades pedagógicas" durante esos días en los centros educativos del sector público, dijo al canal ABC TV el presidente de la FEP, Silvio Piris.

El dirigente se quejó de que en el proyecto de ley de presupuesto para 2027 que presentó el Ejecutivo al Congreso el 1 de septiembre se incluyó un aumento salarial para ese sector del 2,4 %.

No obstante, los docentes demandan un alza del 8 %.

"Como mínimo debería ser del 5 %", añadió Piris, quien anunció que solicitarán al Ministerio de Economía y Finanzas incorporar el aumento salarial mediante una agenda al proyecto de presupuesto que empezó a discutirse en el Congreso el lunes.

Piris advirtió que si los docentes no obtienen una respuesta del Gobierno en las dos primeras jornadas de paro, retomarán la huelga del 22 al 24 de septiembre, lo que coincide con las nuevas manifestaciones convocadas por los médicos del sector público para los días 21 y 22, también para reclamar reajustes salariales.

La propuesta de ley de presupuesto de 2027 prevé destinar 10,4 billones de guaraníes (unos 1.757 millones de dólares) para la educación.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad caribeña de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia colombiana, y supuso la primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump tras la investidura de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves.

Rubio dijo en una declaración que este encuentro augura una "época dorada" entre su país y Colombia, una "nueva etapa de cooperación que no tiene precedente".

El secretario de Estado se mostró a favor de "restaurar las relaciones naturales" entre EE.UU. y Colombia tras la "distancia" de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia colombiana, que calificó de "desastre" para el país suramericano.

Durante la jornada, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento en el que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración Trump, enfocada en potenciar el "renacimiento" de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

Durante su comparecencia, el presidente colombiano anunció los "acuerdos de Barranquilla", una hoja de ruta bilateral con la que busca, con el apoyo de Estados Unidos, reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía.

"De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado 'los Acuerdos de Barranquilla', alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio", expresó De la Espriella.

Esta iniciativa, añadió el mandatario, supone la atención de "enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva" provocado por el sismo, que deja hasta el momento 331 muertos y 4.505 heridos.

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar "en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado".

Además de los estragos causados por el terremoto, el nuevo Gobierno colombiano recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

"Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión", señaló De la Espriella.

El presidente colombiano también prometió a Rubio que su Gobierno participará "responsablemente" en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

Esta es la primera declaración que hace el mandatario sobre Venezuela desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, aunque en la campaña presidencial afirmó a EFE que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

"Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad", dijo De la Espriella este martes.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela "no es un asunto distante", al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

"Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía", concluyó el presidente.

Más de una treintena de artistas venezolanos contarán la historia de los escritores y compositores estadounidenses Jim Jacobs y Warren Casey sobre un escenario que supera de manera considerable las dimensiones del promedio en el teatro musical y que incluso gira para mostrar numerosos ambientes en los cambios de escena.

Una escenografía de gran escala sitúa al público en el instituto Rydell High y en otros espacios donde se desarrolla, con 'rock and roll' en vivo, la trama alrededor de la dulce Sandy y el rebelde Danny Zuko, protagonizada en el cine por los actores estadounidenses John Travolta y Olivia Newton-John en 1978.

Minutos antes del ensayo general, el coreógrafo, Taba Luis Ramírez, dijo a EFE que el Teresa Carreño "tiene tres o cuatro veces las dimensiones de lo que se trabaja normalmente en teatro musical", por lo que se necesitaron más personas, lo que hace también que sea un Vaselina "único en el mundo".

Detrás de este montaje está Clas Producciones, cuya CEO, Claudia Salazar, indicó que más de 300 personas están involucradas en este trabajo, entre ellas nueve músicos, así como los 36 artistas que fueron seleccionados tras unas audiciones en enero, en las que participaron 1.500 aspirantes.

Los ensayos comenzaron en mayo y se vieron momentáneamente pausados como consecuencia del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio que sacudió el norte del país.

Salazar dijo a EFE estar convencida de que la cultura "sin duda alguna" también "va a curar" a Venezuela.

"También somos necesarios en estos momentos cuando ya el tema estructural no nos corresponde, sino la estructura emocional del público, y eso es lo que venimos a hacer", agregó.

El ensayo general también tuvo de público a personas del estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos, que dejaron al menos 6.509 muertos, y que actualmente se encuentran en refugios.

Vaselina es la nueva apuesta de Clas tras las presentaciones de musicales como 'Los miserables' en 2019 y en 2023 y de 'Mamma Mia!' el año pasado, que llegaron después de un recorrido de historias que comenzó en 2013 con 'Godspell'.

Al menos el 50 % de los recursos del préstamo estará destinado a respaldar el comercio entre Estados Unidos y Honduras mediante la financiación de la adquisición de bienes y servicios estadounidenses y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, según informaron las autoridades estadounidenses este martes a EFE.

La aprobación del proyecto fue formalizada este martes durante una ceremonia de firma en Washington entre la jefa de Políticas de la DFC, Caroline Vik, y la directora ejecutiva regional de MiCrédito, Verónica Herrera.

"Este proyecto refleja la fortaleza de la alianza entre Estados Unidos y Honduras al apoyar a los emprendedores, profundizar los vínculos comerciales y fortalecer las cadenas de suministro", declaró Vik a EFE durante el evento.

Vik destacó que Estados Unidos prepara un amplio plan de cooperación en la región, donde sectores como el energético, la agricultura y la salud son pilares para trabajar "de forma transversal".

El acto contó con la presencia del ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el representante de Comercio, Melvin Redondo.

Lagos dijo a EFE que este tipo de acuerdos son un alivio para Honduras, tomando en cuenta el impacto negativo que está teniendo en el país el fenómeno de El Niño.

"Definitivamente, los temas de generación de empleo se deben hacer en vinculación con el sector privado para hacer más efectivo el desarrollo de las comunidades y posteriormente atenuar cualquier efecto de crisis que se vive con la sequía", señaló.

MiCrédito, fundada en Nicaragua en 2004, comenzó a operar en Honduras en 2023 tras adquirir el 100 % de las acciones de Financiera Finca Honduras.

Actualmente cuenta con 26 sucursales en el país y más de 15.200 clientes de crédito, principalmente micro y pequeños empresarios de sectores como el comercio, los servicios y la actividad agropecuaria.

La operación se enmarca además en el fortalecimiento de los vínculos entre Washington y el Gobierno del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura.

Durante la campaña electoral de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó públicamente a Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, y pidió a los hondureños votar por él.

Trump llegó a condicionar el apoyo financiero a Honduras si Asfura no ganaba las elecciones.

La DFC señaló que la nueva línea de financiación permitirá ampliar el acceso al crédito para miles de mipymes hondureñas que adquieren insumos agrícolas y bienes manufacturados estadounidenses.

Entre los productos que podrán beneficiarse de esta financiación figuran tractores y equipos de cosecha, sistemas de irrigación y bombeo y fertilizantes distribuidos por empresas estadounidenses.

La operación se produce después de que el director ejecutivo de la DFC, Ben Black, y Vik visitaran Tegucigalpa a comienzos de este año, donde se reunieron con Nasry 'Tito' Asfura, y miembros de su gabinete para analizar oportunidades de cooperación económica entre ambos países.

La muestra, llamada 'Casa Batlló de Gaudí: La joya modernista del genio catalán' y que reúne 34 paneles fotográficos, se encuentra al aire libre hasta el 15 de noviembre en la Plaza de la Cultura y la organiza el Centro Cultural de España con el apoyo de Museos del Banco Central de Costa Rica.

Esta exhibición busca adentrar a los costarricenses en la historia, las formas, los colores y los detalles de una de las obras más reconocidas de Gaudí y se desarrolla en el marco del Año Gaudí 2026, que conmemora el centenario de la muerte del artista.

Las imágenes, que pueden observarse de forma gratuita en uno de los espacios públicos más transitados de la capital costarricense, permiten detenerse en una obra que sigue sorprendiendo a más de 100 años de su creación por su capacidad para integrar la arquitectura, la naturaleza, el color, la luz y las formas.

El embajador de España en San José, Juan Ignacio Morro, dijo a EFE que la exposición es parte de la cooperación cultural con Costa Rica y que el objetivo es que muchas personas puedan apreciar la belleza de la Casa Batlló, que es uno de los sitios emblemáticos de Barcelona.

"Estamos encantados de inaugurar esta preciosa exposición sobre la Casa Batlló de Antoni Gaudí, un arquitecto universal, magnífico, alguien que realmente ha trascendido a lo largo de las décadas y es objeto de admiración en el mundo entero y orgullo de España", declaró Morro.

En la inauguración también estuvo presente el ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, Jorge Rodríguez, quien destacó a EFE que la Casa Batlló "es una de esas obras monumentales que se convierte en un espacio patrimonial vivo que recibe gente y trata de educar".

"Es una oportunidad de ver el patrimonio como una parte viva porque quienes hemos tenido la dicha de estar en la Casa Batlló sabemos que no es solo la fabulosa arquitectura, las figuras y los espacios, sino también cómo atrae nuevos públicos", expresó Rodríguez.

Aparte de San José, otras 22 imágenes serán exhibidas en el Museo Municipal de la ciudad de Cartago, unos 20 kilómetros al este de San José, del 19 de septiembre al 31 de diciembre.

La exposición fotográfica estará acompañada de una programación cultural que incluye visitas guiadas, charlas, talleres infantiles, cuentacuentos y mascaradas, además del concierto 'El universo de Gaudí en el órgano de la Sagrada Familia', a cargo del organista de la Sagrada Familia, Juan de la Rubia.

De la Rubia propone una experiencia musical inspirada en algunos de los grandes ejes del universo de Gaudí: la arquitectura, la naturaleza, la luz, la liturgia y la dimensión espiritual, y establece un diálogo entre la obra del arquitecto catalán y composiciones de Johann Sebastian Bach, Jehan Alain y Charles Tournemire.

Un estudio divulgado este martes por la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) detalló, además, que el efecto en cadena sobre la recaudación perdida en impuestos locales ascendió a unos 107 millones de dólares.

La operación migratoria 'Midway Blitz', impulsada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó el 8 de septiembre de 2025 y se prolongó durante varias semanas, pero sus efectos económicos se extendieron más allá de su duración, según el reporte.

"El impacto fue significativo y sostenido, y se sintió más allá de los distritos comerciales y de restaurantes emblemáticos de barrios tradicionalmente mexicanos de Chicago, como Pilsen y La Villita", señaló el estudio del Great Cities Institute de UIC.

En total, estimaron que el condado de Cook, donde se encuentran Chicago y otras de las principales ciudades de Illinois, registró 1.260 millones de dólares en "actividad comercial perdida" en tiendas y restaurantes durante el periodo analizado.

"Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes", declaró en conferencia de prensa uno de los autores del estudio, José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de la UIC.

"Nuestro trabajo y nuestra actividad económica son parte de lo que hace que la economía regional de Chicago funcione. Entonces, cuando esos patrones normales de movimiento y actividad económica se ven alterados, los efectos no permanecen confinados a un vecindario o una población", agregó.

Según el investigador, los 1.260 millones de dólares de pérdida son solo "una parte mensurable de un costo económico y humano mucho mayor".

"Cuando se interrumpe la movilidad cotidiana de las comunidades latinas e inmigrantes, esas consecuencias se extienden más allá de los límites de nuestros vecindarios y afectan a la economía en general", agregó.

El estudio destaca que en los suburbios del condado de Cook "la caída del comercio minorista fue aproximadamente el doble" que en la ciudad de Chicago.

Los residentes de los barrios latinos, temerosos de ser detenidos o acosados por las redadas de agentes federales, restringieron sus salidas para hacer las compras rutinarias de alimentos, medicinas, gasolina o ir al banco.

Las salidas cayeron un 7,7 % durante las primeras 19 semanas de redadas a partir del comienzo de la operación, y luego aumentaron al 20 % cuando Trump firmó órdenes ejecutivas adicionales dirigidas a jurisdicciones "santuario" como Chicago y el condado de Cook, agrega el estudio.

"No creo que eso sea algo que nos hayan pedido nunca. Los colombianos nunca han pedido que soldados estadounidenses vengan a Colombia y se enfrenten a los carteles de la droga", dijo Rubio a la prensa tras una reunión bilateral en Barranquilla (norte) con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Las declaraciones de Rubio se producen menos de un mes después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciara que Colombia había solicitado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico y que el país se incorporaría como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), una iniciativa impulsada por Washington.

"A través del recién inaugurado presidente (...) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror", señaló entonces Hegseth.

El secretario de Estado explicó que Colombia ha solicitado apoyo y entrenamiento, así como cooperación en inteligencia, identificación de objetivos y equipos especializados, pero no la entrada de soldados.

"La mayoría de esta lucha las autoridades colombianas están dispuestas a asumirla ellas mismas. Solo necesitan nuestra ayuda con equipos, con inteligencia y, a veces, con algún entrenamiento especializado", afirmó.

Esta es la primera visita oficial de Rubio a Colombia como secretario de Estado y del primer viaje de un alto funcionario estadounidense al país desde la toma de posesión del mandatario colombiano.

Durante la visita, ambos países firmaron memorandos de entendimiento para cooperar en energía atómica de uso civil y en el aseguramiento de tierras raras.

Rubio llegó este martes a Barranquilla para una visita oficial de tres días que también lo llevará a Quito (Ecuador) y a Lima (Perú).

"A partir del lunes, vamos a tener en condiciones extraordinarias, rehabilitadas, un total de 239 instituciones educativas en La Guaira", indicó Terán en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, el ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, enumeró este martes como prioridades recuperar las infraestructuras para que sean cada vez más adecuadas y asegurar la permanencia de los estudiantes, según un boletín informativo compartido en su canal de Telegram.

"Este año escolar es especialmente importante crear una atmósfera afectiva acorde a las necesidades de los niños. Un entorno respetuoso y protector es clave para un nuevo comienzo, dadas las circunstancias que vivió nuestro país a causa del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio pasado", indicó Rodríguez.

Además, el ministro apuntó que la infraestructura de las escuelas se debe evaluar de manera regular, aun cuando, aseguró, el "proceso de revisión se ha cumplido progresivamente tras el terremoto".

Los sismos provocaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

La denunciante, que indicó que los requisitos de vacunación de Nueva York violan su libertad religiosa, había pedido que su hijo pudiera asistir a clase para no tener que mudarse a Florida, donde las normas de vacunación son más laxas, mientras procede su demanda. Anteriormente, instancias judiciales inferiores habían considerado poco probable que la mujer lograra la exención religiosa para la vacunación y habían rechazado permitirle que matriculara al niño en una escuela pública en la localidad de Eastchester.

La mujer argumentaba que si el estado permite exenciones médicas a los requisitos de vacunación, también debe permitir exenciones religiosas, pero las autoridades de Nueva York habían instado al Supremo a rechazar la petición porque no son comparables, recoge el medio USA Today.

El niño ha recibido algunas vacunas pero el estado le exige dosis adicionales contra la polio, la varicela y otras enfermedades, a lo que su madre dijo objetar porque inyectan “material biológico derivado de fuentes no limpias directamente en el torrente sanguíneo”, agrega.

Tras fallo judicial, médica explica el proceso para recuperar vacunas pendientes

La Abogacía General de la Unión argumentó en un pedido con carácter urgente que la suspensión de Rodrigues viola "frontalmente" las competencias del presidente de Brasil, quien es el que nombra al director de la Policía.

Además, el brazo jurídico del Ejecutivo consideró que la "discontinuidad abrupta" en la gestión de las fuerzas de seguridad "compromete" su funcionamiento y "genera riesgo de desorganización institucional".

El pedido va dirigido al presidente del Supremo, Edson Fachin, quien se enfrenta a la difícil tarea de lidiar con una crisis interna sin precedentes en el máximo tribunal por la relación próxima de varios de sus integrantes con un banquero encarcelado por un fraude multimillonario.

Su colega, el magistrado André Mendonça, suspendió este martes a Rodrigues por considerar que hay indicios de que la Policía realizó un "monitoreo sistemático" e ilegal contra él y otras autoridades.

Estos indicios salieron a relucir en un informe de Inteligencia sin valor probatorio usado por otro magistrado, Alexandre de Moraes, para solicitar una investigación contra Mendonça.

La petición de De Moraes fue una respuesta, a su vez, a la decisión de Mendonça de desclasificar otro informe de la Policía que enumera los mensajes del primero con Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master.

La Policía sostiene que Vorcaro pidió protección a De Moraes, famoso mundialmente por llevar a prisión al exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) por golpismo, e incluso le consultó por escrito, días antes de ser arrestado, si debía abandonar el país.

La crisis del Supremo crece cuando falta menos de un mes para los comicios presidenciales de octubre y mientras la derecha brasileña insiste en la necesidad de destituir a De Moraes, visto como alguien cercano a Lula.

El cuerpo de Silva fue encontrado en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena, el pasado 8 de junio, y su muerte causó conmoción debido a las denuncias que había realizado sobre casos de presunta corrupción en esa zona.

Al día siguiente, el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, dijo que sospechaban que la activista se había suicidado, aunque aún no tenían los resultados de la autopsia.

Las declaraciones fueron rechazadas por los allegados a Silva y por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que asumieron la defensa de su caso y posteriormente informaron que la autopsia determinó que había sido asesinada.

La Delegación de la Unión Europea (UE) y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo con la ley.

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado ecuatoriano a incluir entre las líneas de la investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.

El cuerpo de la activista ha permanecido en la morgue de Santa Elena durante estos meses mientras se adelantan las investigaciones locales por el presunto delito de feminicidio.

Sin embargo, por pedido de la familia, el Cepam y el CDH iniciaron el proceso de repatriación del cuerpo hacia Polonia, para que se realice allá otra investigación.

Está previsto que la Fiscalía ecuatoriana entregue este jueves el cuerpo al equipo legal de la familia y a la funeraria que se encargará de la repatriación, un proceso que se hará en coordinación con el gobierno del país europeo.

La defensa de la activista señaló -en un comunicado- que la repatriación del cuerpo no implica que el caso se cierra en Ecuador, sino que seguirán "exigiendo verdad, justicia y una investigación transparente, exhaustiva y diligente que llegue hasta los autores materiales e intelectuales de su muerte violenta".

"Monika vuelve a su tierra, pero su lucha permanece en Ecuador. Exigimos que este crimen no quede impune", afirmaron las organizaciones que buscan esclarecer el caso.

Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

En respuesta a estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán "blanco de ataques", y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

Los afectados sufrieron operaciones de vigilancia cerca de sus casas, acoso en redes sociales, llamadas desde números desconocidos, revelación de información privada e intimidaciones en espacios públicos, de acuerdo con la denuncia.

En una declaración, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua advirtió de que algunos comunicadores nicaragüenses exiliados “incluso han sido alertados por autoridades costarricenses sobre riesgos graves para su vida e integridad”.

Uno de los casos documentados obligó a una periodista a abandonar Costa Rica de urgencia por razones de seguridad, alertó la organización.

El abogado del Colectivo, el nicaragüense exiliado Salvador Marenco, dijo en un coloquio en San José que se documentaron 198 casos de periodistas que sufrieron diversas formas de represión y violencia desde 2018 hasta la fecha, entre ellos trece que fueron víctimas de “algún tipo de represión transnacional”.

“Lamentablemente la violencia los persigue más allá de las fronteras (...). La represión transnacional es un hecho con el que se ha querido silenciar al periodismo que salió de Nicaragua”, advirtió Marenco.

El investigador del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR) Óscar Jiménez alertó de que la persecución en Nicaragua se ha "internacionalizado".

Según un informe del Proledi, se documentaron denuncias de vigilancia digital, seguimiento físico, hostigamiento y amenazas contra periodistas en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá.

“Periodistas exiliados, como Jennifer Ortiz -directora de la plataforma Nicaragua Investiga y que residía en Costa Rica-, recibieron amenazas de muerte y advertencias sobre el elevado riesgo asociado a su trabajo y presencia digital”, de acuerdo con el informe.

Para Jiménez, que participó en el coloquio, “Nicaragua es la vanguardia de la represión, de la crueldad” contra los periodistas.

“No es únicamente estigmatización, persecución y exilio, sino también persecución transnacional, asesinatos, espionaje y desnacionalizaciones; es el laboratorio de la crueldad”, señaló.

Entre 2018 y lo que va de 2026, el Gobierno de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco cuyas sedes fueron allanadas y confiscadas, incluidos el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia, de acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Además, al menos 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

"El Acuerdo de conciliación prevé una contraprestación total de 120 millones de dólares para los demandantes, que consiste en un pago en efectivo de 85 millones de dólares antes del 18 de septiembre de 2026 y 35 millones que se pagarán a más tardar el 31 de enero de 2027", indicó la empresa en un comunicado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés).

Este último pago se prestará como un anticipo sobre la participación en las ganancias futuras relacionadas con 'The Walking Dead' y la serie derivada 'Fear The Walking Dead'.

Esta resolución, que se alcanzó de manera amistosa entre ambas partes el pasado 4 de septiembre, pone fin a una batalla legal que se extendió por casi una década entre AMC y los productores de 'The Walking Dead', considerada la franquicia más exitosa de la cadena televisiva.

En la demanda, el creador de la serie, Robert Kirkman, y varios de sus productores, alegaron un incumplimiento por parte del conglomerado de medios de "respetar sus obligaciones contractuales con el personal creativo, el 'talento' en la jerga de la industria, detrás de una serie televisiva longeva, enormemente rentable y extremadamente exitosa".

Este acuerdo millonario se suma al alcanzado en 2021, en una de las múltiples denuncias de los productores, y en el que la compañía desembolsó otros 200 millones de dólares para cerrar el litigio que mantenía con el director Frank Darabont y su agencia de representación por un caso similar.

"La inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda", dijo el diplomático en una entrevista con CNN Chile.

Judd confirmó la existencia de un análisis de inteligencia específico elaborado por Estados Unidos respecto a la ola de protestas que remecieron al país sudamericano a fines de 2019, fenómeno que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos, cientos de mutilados y graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

"Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto", apuntó el diplomático al ser consultado por la disposición de esa información a la Justicia chilena.

Las declaraciones de Judd coinciden con los dichos que la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, María Teresa Rogers, realizó la semana pasada en el V Foro Madrid que se celebró en Santiago, donde apuntó a "fuerzas de izquierdas" que habrían articulado las multitudinarias manifestaciones.

"La política de resentimiento es la razón de por qué aquí en Chile, en 2019, extremistas de izquierda quemaron el Metro y destruyeron negocios, mientras trataban de chantajear al país para tener una nueva Constitución que restringiera libertades y repudiara la fundación de la civilización occidental", señaló entonces Rogers, sin entregar mayores antecedentes.

A la fecha, la Justicia chilena no ha podido señalar a los responsables de los ataques incendiarios perpetrados contra múltiples estaciones del Metro de la capital durante los días de octubre de 2019.

De igual forma, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó su investigación sin identificar nombres de instigadores ni evidencia de financiamiento, pese a que ese era uno de los objetivos de su creación.

El avance revierte la pérdida de 19.550 plazas registrada en julio, cuando el empleo formal cayó el 0,1 % mensual y frenó la recuperación observada en junio.

Al cierre de agosto, México contabilizó 22 millones 798.473 puestos afiliados al instituto, la segunda cifra más alta desde que existen registros y la mayor para un mes de agosto.

Del total, el 87,1 % correspondió a empleos permanentes y el 12,9 % a eventuales, mientras que los puestos permanentes alcanzaron los 19 millones 860.128, el nivel más alto para cualquier mes de la serie histórica.

El IMSS reportó que en los últimos doce meses, el empleo formal aumentó en 343.556 puestos, equivalente a una tasa interanual del 1,5 %, la misma registrada en julio.

Por sectores, los mayores incrementos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con el 6,6 %; la industria extractiva, con el 4,7 %; y los servicios sociales y comunales, con el 3,7 %.

En contraste, el sector agropecuario registró una caída anual del 5,8 %, mientras que el empleo en la industria de transformación se mantuvo prácticamente sin cambios.

Por estados, el Instituto informó que Baja California encabezó el crecimiento, con un avance anual del 8,5 %, seguido de Oaxaca, con el 6,4 %.

Al cierre de agosto, el salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS se situó en 673,1 pesos diarios (39,6 dólares, al tipo de cambio de 17 pesos por dólar), el segundo nivel más alto para cualquier mes desde que existen registros, aunque menor a los 673,9 pesos diarios (unos 38 dólares) del mes pasado.

En comparación con agosto de 2025, el salario promedio aumentó en términos nominales 42,3 pesos diarios (2,5 dólares), lo que representó el quinto mayor incremento registrado para un mes de agosto en la serie histórica del instituto.

Además, el IMSS contabilizó un millón 11.239 registros patronales, 1.815 menos que en julio, una reducción mensual del 0,2 % y del 2,7 % en comparación con agosto de 2025.

El instituto aclaró que estos registros no equivalen necesariamente a empresas, por lo que su reducción no implica automáticamente el cierre de negocios.

En tanto, el comportamiento de las plataformas digitales contrastó con el avance general del empleo, toda vez que los puestos asociados a estas actividades disminuyeron en 48.446 durante agosto, hasta 199.454.

Pese a la caída mensual, el número de puestos de plataformas creció en 66.276 frente a agosto de 2025, un aumento interanual del 49,8 %.

En total, un millón 772.296 personas fueron beneficiadas por la reforma de plataformas digitales que los incorpora a la formalidad.

El instituto reportó además 57.653 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 468.923 correspondientes a personas trabajadoras independientes.

"Esta marcha pacífica es por el tema del alto costo del combustible que ha estado afectando a los ciudadanos guatemaltecos y por el tema de la canasta básica. Invitamos a todas las organizaciones a que nos acompañen, esta lucha no solo es de Totonicapán y Sololá, es de todo el país", declaró Eduardo Tax, presidente de la organización, durante la jornada.

La movilización de las comunidades indígenas responde al encarecimiento constante del petróleo y sus derivados, elevando como consecuencia los productos básicos, con un precio promedio del carburante de 47,42 quetzales (7,40 dólares), el de la gasolina superior a los 44,11 quetzales (6,88 dólares) y la regular a los 41,97 quetzales (6,55 dólares).

A ello se añade la frustrada propuesta del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, de establecer un precio límite de 39 quetzales (6,08 dólares) para el galón de diésel, al no contar con apoyo en el Congreso.

Desde las primeras horas de este martes, los miembros de la organización indígena arribaron en autobuses a la capital y se concentraron en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la ciudad, para desfilar hacia la sede del Congreso y presentar sus demandas a los diputados.

El dirigente añadió que solicitaron la suspensión temporal de los impuestos al combustible o la creación de un fondo directo para los ciudadanos, y advirtió que si no obtienen una respuesta favorable del Legislativo, las asambleas comunitarias decidirán las medidas a tomar.

Por el momento, descartan bloquear carreteras como medida de presión para solucionar el alza de los precios, pues desde la semana pasada, transportistas han obstaculizado de forma intermitente varias vías en Guatemala para presionar al Gobierno a frenar el aumento de los derivados del crudo, rechazando subsidios destinados a los importadores.

En 2023, la organización encabezó masivas jornadas de protesta en defensa de la democracia y los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo de León.

La selección del jurado comenzó este martes y se espera que el proceso, que preside la jueza federal Ann Donnelly, dure unos tres meses, recoge el medio Axios.

El proceso supone un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, que en los últimos años ha estado cada vez más en el punto de mira de Washington.

Según el expediente judicial, la acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

Los abogados de Huawei han intentado que el caso sea desestimado alegando que las acusaciones son "imprecisas" y que los fiscales estadounidenses pretenden extender de manera indebida su jurisdicción a actividades desarrolladas en otros países.

El caso también recupera el episodio que enfrentó a Huawei con el Departamento de Justicia estadounidense por sus negocios con Irán. Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.

Otro caso sonado fue la acusación de Estados Unidos a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, por engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la compañía en Irán.

Meng fue detenida en Canadá a finales de 2018 a petición de EE.UU. y permaneció casi tres años bajo un proceso de extradición antes de regresar a China en 2021.

Aquella detención desencadenó una grave crisis diplomática entre Pekín y Ottawa, durante la que China detuvo a dos ciudadanos canadienses que estuvieron encarcelados durante casi tres años acusados de espionaje.

Al final, Washington retiró la solicitud de extradición y desestimó los cargos contra Meng, que volvió a China, mientras que los dos canadienses fueron liberados.

Las acusaciones que afronta Huawei se remontan a hechos que, según los fiscales, comenzaron a finales de la década de 1990. El caso judicial se hizo público en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y fue ampliado posteriormente.

Según los archivos judiciales, en marzo de 2020 la compañía se declaró no culpable de todos los cargos incluidos en una acusación sustitutiva, que incorporaba delitos de asociación ilícita y conspiración para robar secretos comerciales a empresas tecnológicas estadounidenses, entre otros.

En los últimos años, la empresa, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, ha sido objeto de restricciones por parte de Estados Unidos que han limitado su acceso a chips y otras tecnologías, lo que la ha llevado a reforzar su capacidad de fabricación de semiconductores, en línea con los esfuerzos de Pekín por reducir la dependencia tecnológica del exterior.

"El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá", explicó Homan a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

"Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal", puntualizó el zar fronterizo con base en lo dicho por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Mañana, miércoles 9 de septiembre, vence la designación de TPS para ciudadanos de El Salvador y, el USCIS ha dicho que está previsto que tanto el TPS como los beneficios asociados expiren ese día, lo que supondría el fin a la protección de miles de salvadoreños en Estados Unidos contra la deportación y a la autorización de empleo basada únicamente en dicho TPS.

Se cree que el estatus de protección temporal beneficia actualmente a unos 170.000 salvadoreños en Estados Unidos.

Por otro lado, Homan no quiso confirmar si efectivamente la protección vencerá mañana o si será prolongada.

"Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello", afirmó.

Durante el acto inaugural del Congreso, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Quito, el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, señaló que el país andino es una "tierra de oportunidades" para el desarrollo de energías renovables por su potencial solar, eólico, hidroeléctrico y geotérmico, que despierta el interés de empresas españolas.

El diplomático español destacó las posibilidades que ofrece el país andino en todas sus regiones, incluidas las Islas Galápagos.

"España quiere seguir acompañando a Ecuador en su transformación energética, poniendo a disposición de este proceso experiencia, tecnología, capacidad de inversión y conocimiento, pero también y, sobre todo, voluntad de colaboración", continuó durante su discurso inaugural.

"Lo que hay que hacer es crear leyes, un marco legislativo para que las empresas puedan venir y desarrollar sus proyectos", señaló en declaraciones a la prensa.

Además destacó los tres ejes fundamentales para el futuro del sector: cómo financiar la transformación energética, cómo impulsar la innovación y la competitividad y cómo convertir las ideas en proyectos concretos.

Una muestra de ese potencial se encuentra en la provincia andina de Loja, en el sur del país, donde el prefecto Mario Mancino aseguró que tienen identificados más de 5.400 megavatios de energía renovable entre proyectos eólicos, solares y minihidroeléctricos.

De estos, 1.374 megavatios ya están listos para desarrollarse.

Además destacó que el parque eólico de Villonaco, el primero del país y con la singularidad de situarse a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una capacidad de generación de 16,5 megavatios.

En declaraciones a la prensa, Mancino señaló que el principal obstáculo para sacar adelante esos proyectos es la falta de capacidad de transmisión para incorporar la nueva generación al Sistema Nacional Interconectado.

"Existen los inversionistas, pero están frenados porque esa energía no tenemos cómo desfogarla, porque están saturadas las subestaciones. El cuello de botella es la interconexión", afirmó.

La provincia se ha marcado como meta atraer unos 2.000 millones de dólares de inversión y sumar al menos 1.000 megavatios de energía renovable hasta 2034.

En el Congreso Internacional de Innovación Energética se pusieron sobre la mesa las oportunidades que ofrece el país andino en términos de energías renovables y generar sinergias con empresas españolas interesadas en apostar por la oferta ecuatoriana.

Las conferencias y charlas abordaron el papel de las multilaterales en la financiación de proyectos energéticos, la innovación y la competitividad en el proceso de transición energética, el desarrollo del hidrógeno y experiencias de éxito en el sector.

Entre los participantes hubo ejecutivos de empresas españolas como Eduardo Peyró, presidente de Elecdor, filial en Ecuador de Elecnor; Felipe Altamirano, coordinador de Proyectos del grupo Cox; Gonzalo Ramajo, director de Operaciones de Global Factor.

El Congreso se trasladará el miércoles y jueves a las Islas Galápagos, donde los participantes visitarán el parque eólico de la isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, y recorrerán la isla Santa Cruz, en el centro de la región insular.

En las Galápagos asistirán a una charla magistral del coordinador de sostenibilidad de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Víctor Herrera, titulada 'Galápagos en transición: investigación y perspectivas para un futuro energético sostenible'.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en los precios de los energéticos", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), retrocedieron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV se movió contrario a los mercados en el mundo y "cerró la sesión con una ganancia del 0,52 % luego ligar dos sesiones negativas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Televisa (+9,17 %), Grupo México (+3,47 %), Orbia (+2,36 %), Banorte (+2,25 %) y Sigma (+2,18 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que a pesar del movimiento positivo de este martes, el índice mexicano se apunta una baja de -0,56 % en lo que va de septiembre, y registra un avance del 1,18 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al pasar de 16,93 a 16,91 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 175,6 millones de títulos por un importe de 17.265 millones de pesos (unos 1.021 millones de dólares).

De las 802 firmas que cotizaron en la jornada, 351 terminaron con sus precios al alza, 432 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 9,17 %; de la firma de software y servicios Globant (GLOBC A), con el 5,52 %, y de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 3,52 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el -5,69 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,26 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el -4,76 %.

Panamá está al borde de perder el grado de inversión por parte de Moody's (Baa3 con perspectiva negativa) y Standard and Poor's (S&P, BBB- con perspectiva estable) desde 2024.

En marzo de 2024 Fitch le quitó a Panamá el grado de inversión, alegando el cierre abrupto de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB), y el deterioro fiscal acumulado desde 2019, traducido en que se duplicó la deuda del país durante ese quinquenio.

"Para nosotros es importante tomar una decisión sobre la perspectiva (de la deuda panameña) porque en noviembre (próximo) se cumplirían ya dos años desde que se cambió la perspectiva a negativa (...) estamos cuestionando si es que Panamá debe mantenerse en grado de inversión o no", dijo Reusche a los periodistas en el marco de un evento sobre Panamá celebrado en la capital del país.

Del lado positivo está "el potencial de crecimiento" de Panamá, que este año estará en torno al 4 % según Moody's, por lo que es una de las economías más dinámicas de la región, afirmó.

Pero la duda central está en si la consolidación fiscal lograda hasta ahora por el Gobierno que preside José Raúl Mulino desde julio de 2024 se mantendrá en el tiempo.

El Gobierno de Mulino ha tomado "donde ha podido" medidas a corto y mediano plazo para tratar de preservar el grado de inversión, como la llamativa corrección del déficit fiscal, que en 2025 "se redujo en más del 2,5 % del producto interno bruto (PIB)", para cerrar en 3,68 % frente al 6,23 % del 2024, según las cifras oficiales.

El déficit es fundamental para estabilizar la deuda, que "es muy probable que se estabilice en el nivel de 66 % - 67 % del PIB este año" en Panamá, que también ha visto en los últimos dos años reducir el riesgo-país y el costo de financiamiento, dijo Reusche.

Pero a largo plazo el gobierno "no ha tenido el capital político para adoptar ciertas de las medidas estructurales, como la reforma educativa o la forma cómo se fijan los sueldos en el sector público".

"Estamos buscando señales de que esta disciplina fiscal se va a mantener", al tiempo que se analizan otras variables como "la mina, debido a que puede ser algo muy positivo para las cuentas fiscales si se reabre y se da una negociación saludable, o puede ser algo muy negativo" si se resuelve en un arbitraje desfavorable a Panamá, afirmó el vicepresidente de calificaciones de Moody's.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró en noviembre de 2023 como inconstitucional el contrato de concesión de la mina, que fue cerrada y está bajo un programa de mantenimiento y cuido mientras el Gobierno evalúa su futuro, lo que ocurre luego de que el operador suspendió arbitrajes internacionales por 27.000 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.

"En teoría la perspectiva negativa (de la deuda) podría mantenerse por el hecho de que tenemos cierta incertidumbre con temas como el de la mina, el de otras medidas que trasciendan a este gobierno en cuanto a mantener la disciplina fiscal (...) pero al mismo tiempo somos conscientes de que no es saludable mantener esa indecisión (...) queremos tratar de resolver esa perspectiva negativa antes del fin de este año", agregó Reusche.

"Guatemala está marcando un hito histórico al convertirse en el primer país de Centroamérica en incorporar un E10 (gasolina con un 10 % de etanol). Esto traerá beneficios para su agro, su medioambiente y su economía", expresó en un comunicado el especialista en biocombustibles del IICA Agustín Torroba.

Torroba detalló que el IICA desempeñó un papel técnico para asesorar al país en cuatro ámbitos: el dictado de la normativa técnica regulatoria, la comunicación sobre el tema, la capacitación de funcionarios y el intercambio de buenas prácticas con otros países.

El IICA explicó que Guatemala dio un paso firme en el desarrollo de los biocombustibles líquidos con la puesta en marcha de la gasolina E10, que incorpora un 10 por ciento de etanol en la gasolina regular, lo que representa un avance significativo en la diversificación de su matriz energética y en el impulso de combustibles renovables para el transporte.

Según el instituto, la incorporación del etanol adquiere especial relevancia en Guatemala debido a su dependencia de los combustibles fósiles importados, por lo que el uso de un carburante renovable contribuye a diversificar las fuentes de abastecimiento del sector del transporte.

"A Guatemala le ha costado cuarenta años de implementación esta ley. Finalmente empezó a utilizar un combustible renovable, algo muy positivo para el país. Se está pensando en disminuir emisiones, mejorar la calidad del aire y, sobre todo, fortalecer la seguridad energética", dijo en la nota la directora ejecutiva de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, Aida Lorenzo.

La aplicación del E10 se da tras un proceso de cuatro décadas, iniciado con la aprobación en 1985 de la legislación que permitió incorporar etanol a los combustibles guatemaltecos y que dio paso a distintas etapas hasta concretar su uso, detalló el IICA.

Uno de estos túneles fue identificado en Tultitlán, Estado de México (centro), y el otro en Santa Catarina, Nuevo León (norte), en acciones contra este tipo de contrabando.

En Tultitlán, el hallazgo ocurrió en un predio de la colonia Bello Horizonte, después de una denuncia por un fuerte olor a hidrocarburo y el movimiento de pipas en la zona, de acuerdo con reportes preliminares.

Personal de Pemex y autoridades estatales resguardaron el inmueble y hasta el momento no se ha informado de detenciones, mientras continúan las diligencias sobre la conexión clandestina.

El segundo caso fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Catarina, donde un cateo permitió localizar un túnel de unos cien metros, atravesado por una manguera de alta presión y conectado a dos tomas fraudulentas.

La FGR detalló que en el inmueble también fueron decomisados un arma corta, un cargador, veintiún cartuchos de diversos calibres, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras, documentación y un teléfono celular.

Personal de la petrolera estatal mexicana inhabilitó las conexiones ilegales, añadió la institución.

Por otro lado, la Fiscalía informó de otra acción contra el robo de hidrocarburos en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (centro), donde fueron incautados 480 litros de posible combustible, trece tambos y un vehículo.

Los hallazgos se suman a otros túneles utilizados para alcanzar ductos de Pemex. En mayo pasado, la propia FGR informó de la inhabilitación en Santa Catarina de otra excavación equipada para extraer combustible, conectada con un poliducto.

En abril, cuatro personas murieron en Acolman, Estado de México, tras quedar atrapadas por el derrumbe de un túnel que conectaba a una toma ilegal, mientras que en el mismo sitio ya se había registrado la muerte de otras dos personas en 2024.

Tultitlán también cuenta con antecedentes, pues en julio de 2022 la Guardia Nacional localizó una excavación con una conexión irregular a ductos de Pemex y la empresa procedió a inhabilitarla.

"Nadie quiere mujeres mayores en el trabajo", afirma C. Eun-jung, trabajadora de transporte de 55 años, en el informe, describiendo cómo los compañeros varones más jóvenes las llaman 'kkul ajumma' (tía miel), con la connotación de que las mujeres mayores se quedan con beneficios que deberían corresponder a los hombres "como si chuparan miel".

Eun-jung es una de las 41 mujeres de 28 a 87 años entrevistadas por HRW en el reporte 'Demasiado mayor y mujer: Discriminación sistémica por edad y género contra las mujeres en el trabajo en Corea del Sur', que también consultó a 59 expertos.

HRW sostiene que las mujeres acumulan desventajas desde la contratación, las interrupciones de carrera por responsabilidades familiares y las menores oportunidades de ascenso hasta las brechas salariales y el acoso sexual.

Datos gubernamentales citados por HRW muestran que en 2024 las mujeres percibieron salarios un 31 % inferiores a los de los hombres, la mayor brecha salarial de la OCDE. La diferencia alcanzaba el 50 % a finales de la cincuentena y el 46 % entre los mayores de 60 años.

El informe señala que en octubre de 2025 las mujeres surcoreanas recibían, en promedio, apenas el 53 % de la pensión nacional de vejez mensual percibida por los hombres, según el Servicio Nacional de Pensiones.

"La pensión es muy baja. Calculo que recibiré entre 500.000 y 600.000 wones (349-419 dólares) al mes", dice Jung Kyong-sook, de 55 años, que regresó al mercado laboral hace unos 10 años.

Esta cantidad está por debajo de la línea mensual de pobreza, fijada en 1,2 millones de wones (791 dólares).

La organización critica que entre las ofertas dirigidas a personas mayores de 50 años de Work24, el portal público de empleo del Gobierno surcoreano, las mujeres predominaban entre quienes solicitaban los puestos peor remunerados, como cuidados, limpieza y cocina.

El informe alerta también de acoso sexual y abusos en trabajos de cuidados, citando un estudio de 2024 según el cual estos trabajadores tenían entre siete y diez veces más probabilidades de sufrir acercamientos sexuales no deseados, acoso o violencia física que empleados de oficina o servicios.

El informe reclama al Gobierno surcoreano combatir los estereotipos de género y edad, eliminar sesgos en los programas públicos de empleo, aprobar una ley integral contra la discriminación y garantizar el acceso a pensiones equivalentes al menos a un ingreso digno.

La operación tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de septiembre en la localidad de Montbolo, en los Pirineos Orientales (a unos 15 a 20 kilómetros en línea recta de la frontera con España, y a unos 35 kilómetros en coche del paso fronterizo más cercano por carretera, como el de La Jonquera), en el marco de los controles de los flujos de droga realizados por la Gendarmería francesa bajo la dirección de la Fiscalía de Perpiñán.

Durante la intervención, uno de los conductores del convoy embistió un vehículo de la unidad de vigilancia e intervención de la Gendarmería, causando heridas leves a dos agentes. Tras una breve persecución, los agentes detuvieron a uno de los conductores y se incautaron de cerca de 934 kilos de cocaína.

El detenido, un hombre de 20 años procedente del departamento de Oise, al norte de Francia, fue puesto inicialmente bajo custodia policial.

Por la cantidad de droga incautada, el carácter internacional de la operación y los primeros elementos de la investigación, la PNACO asumió el caso, en coordinación con la Fiscalía de Perpiñán y la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de Marsella.

Tras finalizar su custodia policial, el sospechoso compareció ante los magistrados especializados del Tribunal Judicial de París, que habían abierto una investigación judicial.

El joven fue procesado por adquisición, posesión, transporte, oferta o cesión no autorizada de estupefacientes; importación de estupefacientes en banda organizada; y participación en una asociación delictiva para preparar delitos castigados con penas de al menos diez años de prisión.

El juez de libertades y detención ordenó su prisión preventiva, de acuerdo con la petición de la PNACO.

La investigación continúa bajo la dirección de la Gendarmería francesa, incluida su sección de investigaciones de Montpellier, y de la Oficina Francesa Antidrogas (OFAST), con el objetivo de identificar a todos los integrantes y ramificaciones de la estructura criminal que podría estar detrás del convoy.

"Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad", dijo De la Espriella al referirse a Venezuela en la comparecencia de prensa que hizo junto a Rubio en Barranquilla (norte de Colombia) al término de la reunión bilateral.

"Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema", añadió.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela "no es un asunto distante", al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

"Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía", añadió De la Espriella.

El pronunciamiento del mandatario se dio luego del anuncio una nueva "época dorada" entre Washington y Bogotá y del lanzamiento de una hoja de ruta bilateral durante la primera visita de Rubio como secretario de Estado al país.

En la visita Colombia y Estados Unidos firmaron memorandos de entendimiento para cooperar en energía atómica de uso civil y en el aseguramiento de tierras raras.

Rubio llegó este martes a Barranquilla para una visita oficial de tres días que además de Barranquilla lo llevará a Quitó, en Ecuador el miércoles y Lima, en Perú, el este jueves.

La declaración de este martes ratifica lo dicho por De la Espriella a EFE en febrero pasado, cuando manifestó que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela es liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que quedó al frente de los asuntos del Estado desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y lo llevaron ante la Justicia del país norteamericano, donde permanece detenido en una cárcel en Nueva York a la espera de un juicio.

"De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado 'los acuerdos de Barranquilla', alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio", expresó De la Espriella tras reunirse con Rubio.

El mandatario colombiano, que recibió al alto funcionario estadounidense en Barranquilla (norte de Colombia), sede nombrada por el mismo mandatario como alterna de la Presidencia, resaltó que el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto dejó "enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva".

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar "en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado".

"Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión", señaló De la Espriella.

El Gobierno nuevo recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

El mandatario colombiano le pidió al secretario de Estado estadounidense "acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar instrumentos que permitan financiar esta transición sin sacrificar la recuperación económica".

Para el presidente es clave aprovechar que "Colombia tiene una posición geográfica privilegiada, acceso a dos océanos (el Pacífico y el Atlántico)" y "convertir todas esas ventajas" en "inversión, en fábricas, cadenas productivas y empleos dignos".

La primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump se produjo un mes después de la toma de posesión de De la Espriella, y con la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral en lo más alto de la agenda.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves.

Según la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a medios como la CNN y Fox que el Ejército de EE.UU. atacó petroleros iraníes, vinculados a la Guardia Revolucionaria, en respuesta a intentos de agresión previos contra un buque de la Armada de Estados Unidos.

Según Fox, que cita a altos funcionarios, los objetivos alcanzados estaban cerca de la isla iraní de Jarg y del puerto de Jask, y estas operaciones se enmarcan en la campaña económica para aumentar la presión sobre Teherán.

La Guardia Revolucionaria, a través de un comunicado recogido por Tasnim, advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin "serán blanco de ataques" como respuesta a las acciones estadounidenses.

"Ante los actos atroces del Ejército estadounidense, que ataca varios petroleros de la República Islámica de Irán, advertimos a todas las tripulaciones de petroleros en los muelles de Kuwait y Bahréin, donde operan estos terroristas y que son cómplices de sus fechorías, que abandonen inmediatamente sus buques, ya sea que estén anclados o en el muelle, porque serán blanco de ataques", reza el comunicado.

La firma se hizo en el marco de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió en la ciudad caribeña de Barranquilla -designada capital alterna del país por el mismo mandatario colombiano- con el presidente Abelardo de la Espriella.

Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración del presidente Donald Trump, enfocada en potenciar el "renacimiento" de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

Estados Unidos mostró un creciente interés en la energía nuclear desde que Trump volvió al poder en 2025, a pesar de que su construcción es costosa y aún es un tema políticamente delicado.

Con este memorando, Colombia se suma a otros países de la región que también llegaron a acuerdos con EE.UU. en materia nuclear, entre ellos Argentina, México, Brasil y Paraguay.

Estados Unidos ha firmado el 'Acuerdo 123' con más de 25 países desde 1954.

La sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense autoriza la transferencia de tecnología nuclear civil, para uso energético o científico, a cambio de que los países beneficiarios cumplan con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Este año Trump se ha enfocado asimismo en fortalecer el abastecimiento de minerales críticos, con la creación en febrero del Foro sobre Compromiso Geoestratégico con los Recursos, que reúne a Estados Unidos y un grupo de países aliados con el objetivo de impulsar las cadenas de suministro de minerales estratégicos y reducir la dependencia de China.

Los minerales críticos son recursos que se consideran esenciales para la economía, la tecnología y la seguridad nacional de un país, al igual que las tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en la fabricación de componentes electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de defensa.

Este nuevo memorando firmando entre ambos países coincide con el reciente hallazgo de tungsteno, en el departamento de Caldas (centro de Colombia) por parte de la empresa Collective Mining, luego de seis años de exploración de oro, plata y cobre.

El tungsteno es un metal muy denso y con una elevada resistencia a las altas temperaturas, por lo que es altamente cotizado y estratégico para la elaboración de herramientas industriales de corte, la industria aeroespacial y de defensa, y los sistemas eléctricos.

Estos memorandos suponen el intento del Gobierno de De la Espriella de lograr suspender temporalmente el arancel del 12,5 % que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas, como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto del 10 de agosto.

Luego de su paso por Colombia, Rubio seguirá su gira por Ecuador y Perú, países con los que Washington también quiere estrechar lazos políticos desde la victoria de sus actuales gobernantes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.

"Es inusual viajar a un país y conocer a un jefe de Estado y un presidente al que uno ya conoce desde hace años, antes de que fuera presidente, antes de que descubriera la política", dijo Rubio durante una declaración a medios en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico, tras reunirse con De la Espriella.

El jefe de la diplomacia estadounidense bromeó al decir que De la Espriella, un abogado millonario de ultraderecha que tomó posesión de la presidencia colombiana hace un mes, "se volvió loco y se metió a presidente, se metió a político".

Rubio describió al mandatario como "un hombre energético, un hombre de visión" y "valiente" por afrontar, según dijo, la compleja situación que heredó su Gobierno, en referencia tanto a la presidencia anterior, del izquierdista Gustavo Petro, como el desastre causado por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

El secretario de Estado también celebró la posibilidad de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que consideró "naturales" por los vínculos personales, culturales y económicos entre ambos países.

Rubio hizo estas declaraciones al comparecer ante los medios después de reunirse con De la Espriella en Barranquilla (norte de Colombia), en su primera visita al país suramericano apenas un mes después de la toma de posesión del mandatario colombiano.

En primer lugar destacó el interés de Washington de apoyar a Colombia en la lucha contra los grupos armados y los narcotraficantes, destacando que son "las mismas redes, los mismos grupos de criminales" los que operan en ambos países.

Además apuntó que se puede avanzar en el ámbito económico, donde Colombia aspira a que Washington suspenda los aranceles del 12,5 % que ha impuesto a algunos de sus productos (aunque en la comparecencia no se abordó esta cuestión).

"Las oportunidades a nivel económico son increíbles", aseguró Rubio sin entrar en detalles y calificó a Colombia de "socio de muchos años" de Estados Unidos.

El secretario de Estado se mostró a favor de "restaurar las relaciones naturales" entre EE.UU. y Colombia tras la "distancia" de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la Presidencia colombiana, que calificó de "desastre" para el país suramericano.

Asimismo, Rubio destacó que EE.UU. ayudaría a Colombia a recuperarse del terremoto de magnitud 7,4 que azotó medio país el pasado 10 de agosto y que ha dejado al menos 331 muertos, además de daños materiales que cálculos iniciales elevan a 9.500 millones de dólares.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en asuntos claves para ambos países como la lucha contra el denominado narcoterrorismo, la energía y los lazos comerciales.

"Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America", anunciaron los creadores Trey Parker y Matt Stone en X, a propósito del estreno de la temporada número 29 el próximo miércoles.

Los creadores evitaron explicar si el cambio será permanente o alude al primer capítulo de la nueva temporada, que dará continuidad a las parodias basadas en el mandatario estadounidense.

A finales de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá, en plena guerra comercial con el país vecino por la imposición de aranceles.

El domingo pasado, el mandatario publicó en su red Truth Social, un mapa de Nuevo México con el nombre 'Nueva América'.

Trump ya había renombrado el Golfo de México por el Golfo de América.

Esta es la segunda alusión de 'South Park' sobre el presidente estadounidense en menos de una semana.

La serie recibió un premio Emmy al mejor programa de animación el 6 de septiembre y, con motivo de las celebraciones, publicaron una imagen de su versión animada de Trump sosteniendo el premio y con el mensaje: "Por fin conseguiste tu Emmy".

La temporada de 2025 de South Park se centró en gran medida en el presidente de EE.UU., presentándolo como un villano que mantenía una relación sentimental con Satanás.

Los guardacostas movilizaron un buque y un helicóptero para interceptar la embarcación, que era precaria y estaba sobrecargada, después de que esta fuera avistada por una tripulación aérea de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

A bordo de la embarcación, viajaban 34 ciudadanos dominicanos (30 hombres, dos mujeres y dos menores) y 17 ciudadanos haitianos (15 hombres y dos mujeres), según el comunicado de la Guardia Costera.

Los adultos fueron entregados a las autoridades de la Armada de la República Dominicana, mientras que los dos menores quedaron bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

El comandante Matthew Pinhey, de la Guardia Costera, destacó la colaboración entre agencias federales y puertorriqueñas, así como con la Armada de la República Dominicana, para detener la migración ilegal en el Canal de la Mona.

"Estas travesías marítimas son peligrosas y a menudo exponen a las familias a embarcaciones no aptas para la navegación, muy sobrecargadas y sin ningún equipo de salvamento", señaló Pinhey.

El Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico, es una ruta migratoria frecuente para los migrantes dominicanos y haitianos que salen de la isla La Española.

En un documento presentado esta semana ante un tribunal de Los Ángeles, la familia de la menor pide una indemnización por daños y perjuicios del cantante incluyendo a sus empresas, representantes, su madre y un guardia de seguridad residente, argumentando que todos estaban al tanto del comportamiento inapropiado del músico con la menor.

La demanda, a la que tuvo acceso este martes Los Angeles Times, alega que D4vd inició una "relación sexual continua" con Celeste en noviembre de 2023, cuando ella tenía 13 años, y que duró hasta 2025.

El documento también alega que el rapero estadounidense, llamado David Anthony Burke, tomó fotografías íntimas de Celeste manteniendo relaciones sexuales en su domicilio.

La relación sexual continuó incluso después de que un agente del Alguacil del condado de Los Ángeles le informara a Burke que Celeste era menor de edad, según alega la demanda.

El cantante tiene prevista una comparecencia ante un tribunal el próximo 19 de octubre, como parte de un proceso judicial abierto en su contra desde el pasado 17 de abril, cuando fue arrestado por la Policía de Los Ángeles bajo sospecha del asesinato de Rivas.

La justicia dictaminó en una audiencia el pasado julio que había pruebas suficientes para juzgarlo por asesinato y desmembramiento del cuerpo de la menor.

La Fiscalía sostiene que el cantante asesinó a la joven el 23 de abril de 2025, un día después de que ella lo amenazara con revelar públicamente su relación, poco antes del lanzamiento de su álbum debut 'Withered'.

Según los fiscales, entre las circunstancias especiales que alegan están el acecho premeditado, el asesinato por motivos de lucro y la eliminación de una testigo de una posible investigación criminal.

De ser declarado culpable, D4vd podría enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte, que la Fiscalía aún no ha confirmado si solicitará.

Kaka salió de su lugar de trabajo en la capital Niamey el 31 de agosto, pero nunca llegó y desde entonces no ha dado señales de vida, según confirmó a EFE su esposa y varios miembros de su equipo, que se muestran incapaces de localizarlo.

Según medios locales, su vehículo también está desaparecido, lo que ha alimentado las sospechas de un posible secuestro o detención arbitraria, en un contexto de fuerte tensión política tras el intento de golpe de Estado registrado días antes en la capital nigerina.

Moudi Moussa, coordinador de CAP Medias, una organización de medios audiovisuales privados, aseguró a EFE que se trata de "un secuestro".

Una fuente de la Dirección General de Seguridad y Documentación del Estado (DGDES), que pidió anonimato, sugirió que podría estar retenido en la brigada de investigación de la Gendarmería Nacional de Niamey, sin aportar más detalles.

Hasta el momento no ha trascendido información oficial sobre su paradero ni sobre los motivos de su desaparición, y las autoridades nigerinas no han emitido ningún comunicado al respecto, pese a las reiteradas solicitudes de esclarecimiento por parte de organizaciones de derechos humanos.

Kaka, que trabaja como periodista desde la década de 1990 y fue corresponsal de la radio francesa internacional RFI en Níger hasta 2023, ejerce en la actualidad como director de radio televisión Saraounia, uno de los pocos medios audiovisuales privados que siguen operando en el país tras la suspensión de varios medios occidentales por parte del Gobierno surgido del golpe de 2023.

La Administración Trump modificó el programa, conocido como SAVE (siglas en inglés de "Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios"), que originalmente se diseñó solo para ser utilizado con individuos que estuvieran optando a acceder a determinadas ayudas públicas.

El actual Gobierno estadounidense amplió las fuentes de datos que alimentan SAVE, incluyendo información relacionada con la Seguridad Social, y permitió a autoridades electorales estatales enviar grandes lotes de registros de inscripción de votantes, en lugar de limitar el uso a verificaciones caso por caso, como parte de su campaña para probar que existe fraude electoral masivo en el país.

Investigaciones posteriores revelaron que muchas de las personas que el sistema comenzó a catalogar como no estadounidenses eran, de hecho, estadounidenses.

En junio, una jueza federal del Distrito de Columbia dictaminó que el uso del renovado SAVE era ilegal al considerar que, por un lado, infringió leyes de privacidad al emplear determinados datos sin contar con autorización adecuada y también normativas sobre el uso de datos de la Seguridad Social, y, por otro, que creó un sistema que acarreaba un riesgo considerable a la hora de señalar a ciudadanos como no ciudadanos, poniendo así en peligro su derecho al voto.

La Fiscalía General estadounidense argumentó en el escrito presentado hoy ante el Supremo que el fallo de la jueza es "indefendible" y que "amenaza la integridad de las próximas elecciones".

Esta nueva apelación ante la máxima corte del país se produce después de que la Administración Trump también haya presentado un recurso ante el Supremo para que desbloquee unas nuevas directrices dictaminadas por el presidente estadounidense para que el Servicio Postal pueda restringir el voto por correo, que es según el republicano otra fuente de votos fraudulentos.

La Casa Blanca amplifica pues con esta última acción su campaña para restringir el voto en las próximas elecciones legislativas de medio mandato, en la que Trump se juega el control de las dos Cámaras del Congreso en un momento marcado por su baja popularidad a causa de la guerra de Irán.

La instancia, aprobada por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, será la primera que requerirá a un Canciller y se realizará el próximo lunes 28 de septiembre, posterior al viaje del ministro a Nueva York junto al mandatario chileno, José Antonio Kast, para participar de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

La interpelación parlamentaria es un mecanismo de fiscalización establecido por la Constitución donde la Cámara de Diputadas y Diputados cita a un ministro de Estado para que responda preguntas sobre temas bajo su cargo, respecto de materias específicas que generan dudas o controversia.

Congresistas de la oposición chilena han señalado que la Cancillería ha tenido un actuar "desprolijo" y "ambiguo" bajo la conducción de Pérez Mackenna, y que se han adoptado "medidas muy débiles" para enfrentar el cruce con Argentina tras los dichos de un Alto Mando de su Fuerza Aérea en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

A fines de agosto, Chile envió una nota de protesta al país vecino luego de que jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, se refiriera a la vía marítima austral como un espacio de "soberanía".

Otro de los temas que se incluirá en la interpelación es el vínculo del actual Gobierno chileno con la Casa Blanca, en particular luego de que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijera en el V Foro Madrid, que se realizó en Santaigo, que aplicar la 'Doctrina Donroe' -política exterior de Donald Trump que buscar reafirmar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental- bajo la administración de Kast resultaba "más fácil de implementar".

Las declaraciones del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, en contra de la comunidad palestina asentada en el país suramericano también serán tratados durante la interpelación, así como el retiro del apoyo a la expresidente Michelle Bachelet en su carrera para encabezar Naciones Unidas y la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados.

"Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan", señaló por su parte Pérez Mackenna tras conocerse la aprobación de la medida en el Legislativo.

La Paz, 8 sep (EFE).- La Fiscalía de Bolivia amplió este martes con dos nuevos delitos la segunda investigación penal contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo, que inicialmente se abrió por presunto enriquecimiento ilícito, mientras el consultor fue trasladado a un penal de máxima seguridad para cumplir seis meses de prisión preventiva.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la causa ahora incluye los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas.

Cerimedo fue trasladado esta jornada desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de La Paz, para cumplir la segunda orden de prisión preventiva dictada en su contra.

La investigación por enriquecimiento ilícito fue abierta de oficio por la Fiscalía horas después de que el argentino fuera detenido, el pasado 18 de agosto, por el ataque armado contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller.

Ernesto Giraldes, uno de los abogados del argentino, dijo que la defensa solicitará en una audiencia que Cerimedo pueda defenderse en libertad en los procesos por los que tiene órdenes de prisión preventiva.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que Cerimedo permanecerá "completamente" aislado de la población carcelaria durante siete días "por su seguridad".

El argentino ya cumplía prisión preventiva en Palmasola por otro proceso, en el que está acusado de feminicidio en grado de tentativa. La Fiscalía sostiene que presuntamente contrató a sicarios para matar a Beller.

Cerimedo enfrenta además una tercera causa por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio. Mariaca indicó que el argentino ya prestó declaración y se espera que un juez fije la fecha de su audiencia cautelar.

Los procesos contra Cerimedo han puesto bajo la lupa su relación con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, afirmaran que fue asesor personal del mandatario.

Cerimedo admitió que es amigo de Paz, pero sostuvo que su colaboración fue informal, que nunca tuvo un contrato ni fue funcionario del Estado y negó haber influido en el Gobierno.

El argentino formó parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

Las tumbas están ubicadas en el conjunto amurallado Utzh An, el más extenso del complejo Chan Chan, y en la Cámara Principal se encontraron restos de un individuo de la nobleza chimú con piezas en concha y metal, según detalló el Ministerio de Cultura durante la presentación.

En las dos cámaras laterales de las tumbas se encontraron armas y emblemas de metal, además de una veintena de individuos sepultados, que sumados a otros 18 encontrados en esta plataforma funeraria, suman 38 en total.

Los restos óseos pertenecían a individuos de grupos distinguidos de la nobleza chimú, dado que "sobre y alrededor de los esqueletos se hallaron finos ornamentos y bienes ceremoniales, incluyendo aplicaciones de cinabrio, un pigmento sagrado", explicó la fuente.

Además, entre estos individuos destaca uno cuyo tratamiento funerario se aparta de manera excepcional del patrón conocido para la sociedad chimú, que se desarrolló entre los años 1.000 y 1.470 en la actual región de La Libertad, a pocos kilómetros de la actual ciudad de Trujillo.

"En el fondo de una de las cámaras, su cuerpo fue colocado completamente extendido, una disposición inusual frente a los entierros chimú caracterizados por posiciones flexionadas o flexionadas sentadas", lo que abre la posibilidad de un ritual de sacrificio o una diferencia jerárquica, indicó.

Algunos de los individuos enterrados tenían pigmentación roja sobre la cabeza, así como muchas de las piezas de cerámica, y este pigmento rojo sagrado es usado exclusivamente en entierros de alto rango en las sociedades andinas.

Los arqueólogos también encontraron 60 piezas cerámicas (botellas de asa estribo y vasijas) con una clara influencia estilística inca, lo que confirmaría la interacción y anexión del reino chimú al imperio incaico.

El responsable del Proyecto de Inversión del Complejo Arqueológico de Chan Chan, el arqueólogo Jorge Meneses, declaró que "lo que conocíamos provenía de plataformas saqueadas", pero que "hoy tenemos la oportunidad histórica de estudiar individuos y artefactos intactos después de 600 años".

Las intervenciones en Utzh An tienen un 79 % de avance registrado hasta julio pasado, y los estudios permitirán comprender los patrones funerarios de la élite chimú y la ocupación inca después de la conquista del Valle de Moche, señaló el ministerio.

"El hecho de haber encontrado una plataforma funeraria sin haber sido saqueada y que esté siendo excavada científicamente, gracias al Estado por el Ministerio de Cultura, va a darle vuelta al mundo", expresó Meneses.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, dijo que tiene "el enorme privilegio de estar en una tumba de élite Chimú y ahora vamos a mostrarla al mundo".

Beingolea agregó que "identificar hallazgos de este nivel, con entierros atípicos y evidencias que abren nuevos interrogantes sobre posibles rituales de sacrificio, demuestra que la inversión pública en sitios arqueológicos como Chan Chan, genera un valor incalculable que debemos compartir con la ciudadanía".

"El Estado peruano ratifica su compromiso ante la Unesco (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para seguir investigando y preservando Chan Chan", subrayó la autoridad.

Trump hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social y afirmó que los programas representan más de 50.000 millones de dólares anuales.

La medida afecta a los llamados Programas de Adjudicación Múltiple, un sistema mediante el cual el Gobierno federal de Estados Unidos y otras entidades públicas pueden adquirir productos y servicios comerciales a través de contratos previamente establecidos por la Administración de Servicios Generales.

Trump ordenó a la Administración de Servicios Generales trabajar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para retirar de esos programas los productos de origen canadiense, y condicionó su regreso a que Ottawa restablezca una "reciprocidad plena y justa" para los agricultores y empresas estadounidenses.

Según el mandatario, estos programas representan más de 50.000 millones de dólares al año.

La medida anunciada por el republicano se produce el mismo día en que entraron en vigor los aranceles de represalia impuestos por Canadá a productos estadounidenses por unos 27.600 millones de dólares canadienses (20.000 millones de dólares estadounidenses), con tasas de entre el 15 % y el 50 %.

Las tarifas afectan a sectores como el acero, los muebles, los productos electrónicos y distintos bienes de consumo, y son la respuesta de Ottawa a los aranceles del 50 % impuestos por Washington el mes pasado a determinados productos canadienses.

La disputa comercial se agravó después del fracaso de las negociaciones entre ambos países en agosto y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó esta semana a Washington de buscar una relación basada en la dependencia económica y afirmó que Estados Unidos llegó a exigir capacidad para influir en futuros acuerdos comerciales de Canadá con terceros países.

Carney defendió la decisión de su Gobierno de abandonar las negociaciones al considerar que las condiciones planteadas por Estados Unidos no permitían alcanzar un acuerdo justo, aunque aseguró que todavía es posible lograr un pacto comercial "mutuamente beneficioso".

El primer ministro canadiense ha planteado como alternativa reducir la dependencia histórica de su país del mercado estadounidense mediante la diversificación de sus mercados y el fortalecimiento de la producción nacional.

La nueva ronda de medidas eleva además la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que durante años ha sostenido buena parte de la integración económica norteamericana.

Quiroz acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en la Ciudad de México, donde entregó un escrito dirigido a la fiscal general, Ernestina Godoy, en el que solicitó formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.

Quiroz asumió como alcaldesa de Uruapan, ubicado en Michoacán, oeste de México, tras el asesinato de su esposo durante una celebración del Día de Muertos en el municipio, hecho que provocó una ola de indignación nacional.

En el documento, presentado en su calidad de "víctima indirecta", acusó que las pesquisas realizadas en Michoacán han estado marcadas por "grandes sesgos", a la vez que sostuvo que han tratado de distraer la búsqueda de justicia y "solo favorecen a los verdaderos asesinos de Carlos (Manzo)".

En declaraciones con medios, Quiroz consideró "urgente" que la FGR asuma la investigación ante lo que describió como "temas políticos" alrededor del caso.

"Confío en la federación y (...) espero que el caso no se politice absolutamente en nada allá en el estado de Michoacán y que sean ellos acá en la federación quien tengan todos los elementos y que sean ellos quienes investiguen", afirmó.

En ese sentido, aseguró que la investigación en Michoacán está "prácticamente cerrada", por lo que insistió en que la FGR asuma el caso para evitar que las pesquisas sigan divididas entre autoridades estatales y federales, sumado a la participación del crimen organizado.

"Creo que el hecho de que ya haya intervenido la delincuencia organizada ya es una competencia federal", remarcó.

La petición ocurre mientras la Fiscalía de Michoacán refuerza una línea de investigación que explora el posible vínculo de Quiroz con Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por presuntamente filtrar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) información sobre los movimientos de Manzo.

El 26 de agosto pasado, la Fiscalía de ese estado detalló que las nuevas diligencias surgieron a partir de declaraciones de Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, quien dijo que Quiroz habría recomendado y posteriormente recontratado a García Rivero en el Ayuntamiento de Uruapan.

Finalmente, su abogado, Víctor Zúñiga, aseguró que Quiroz entregará a la FGR los teléfonos celulares de Manzo que le han sido requeridos por la Fiscalía de Michoacán, ante su desconfianza hacia las autoridades estatales.

"Se va a entregar a la Fiscalía General porque no podemos confiar en nadie que está aventando chismes, vaya, tratando de incriminar a una dama", sostuvo Zúñiga.

Obvio es reseñar que el público se divirtió, pero más por la disposición de los toreros.

A decir verdad el juego de los toros dejó que desear. Por falta de raza en algunas casos, y de clase casi en general. No se pararon, tampoco blandearon pero, salvo el segundo de Diego Ventura y el primero de Ginés Marin, ninguno tuvo embestidas enclasadas.

Dos toros de Victoriano del Río lidió Roca Rey, y dos de Virgen María Ginés Marín. No habría sorteo. El uno en su línea de dar muchos pases, pasarse al toro cerca y darse sendos arrimones.

Del extremeño podemos decir que está de vuelta para ser aquel joven torero que tocaba con los dedos la condición de figura, pero que se fue diluyendo.

Ya de salida el primero de Roca Rey cantó lo que iba a ser su lidia, y su principal defecto: no se iba del capote del peruano y tampoco se iba de la muleta. Se movía sin clase, muchos pases y arrimón final. El generoso público le primó con dos orejas.

Más toro el quinto, de desigual embestida en los lances de recibo de Roca Rey. Fue un animal que iba y venia pero le faltaba clase. Mucha premiosidad y parsimonia la de Roca, que pronto tuvo que acortar distancia y se pegó un arrimón de época. El torero tiró por la épica.

El primero de Ginés Marín, vareado y corretón de salida, tenía poco celo. Poco prometía pero Marín lo mejoró en el curso de la faena. Lo sujetó en el tercio y aunque de embestida un punto rebrincado, comenzó a lucir su buen son. Faena larga bien planteada y resuelta, afloró el buen fondo del astado. Estocada y descabello. Dos orejas.

El sexto tuvo el gran defecto de no humillar y la faena tuvo el mérito de no dejarse el torero tocar la muleta. Consiguió templarlo y le ligó los muletazos, aunque solo con el lucimiento que permite el toreo por arriba. Oreja.

Diego Ventura demostró su condición de gran figura del rejoneo. Con caballos jóvenes y muy nuevos, en su cuadra no hay bajones. Tuvo un primer toro reservón, brilló lo justo en una lidia más bien corta para lo que se estila en el toreo a caballo.

El cuarto fue un animal que resistió toda su lidia en las afueras, era un murubeño de sostenido y enclasado galope al que cuajó un tercio de banderillas muy brillante sobre Oro Negro en las preparaciones a dos pistas, con Quitasueños en las batidas, y con el gran Bronce clavando sin cabezada. Un oreja cortó a su primero y las dos y el rabo del cuarto.

Dos toros de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones, y 2 toros de Virgen María (3° y 6°) y 2 de Victoriano del Río (2° y 5°) para la lidia a pie. Desiguales de presentación y juego, a la mayoría les faltó entrega.

Diego Ventura. Rejón (Oreja); rejón (Dos orejas y rabo).

Roca Rey, de blanco y oro. Pinchazo hondo y estocada (Dos orejas); pinchazo y estocada delantera (Oreja tras aviso).

Ginés Marín, de bouganvilla y oro. Estocada y descabello (Dos orejas tras aviso); media estocada (Oreja tras aviso).

Don Benito, lleno, cartel de No hay billetes. Los tres toreros salieron a hombros.

Se trata de las ONG Human Rights First (HRF) y el Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR), que también pidieron sanciones para "altos funcionarios militares y policiales", de acuerdo con un comunicado emitido este martes.

"La evidencia presentada por HRF y RWCHR al Gobierno canadiense detalla la participación de estos funcionarios en una campaña de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que ha afectado a decenas de miles de personas", indicaron en la misiva.

Amanda Strayer, asesora jurídica principal para la rendición de cuentas en Human Rights First, dijo, de acuerdo con la nota, que "el régimen de Bukele ha perpetrado graves violaciones de derechos humanos a una escala no vista en El Salvador desde la guerra civil del país, y se necesita con urgencia justicia y rendición de cuentas para presionar al gobierno a poner fin a esta crisis".

"Instamos al Gobierno canadiense a ejercer su liderazgo en favor de los derechos humanos e imponer sanciones de tipo Magnitsky a los funcionarios responsables de estos abusos generalizados y atroces", acotó.

De acuerdo con el comunicado, "bajo la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, que permite a Canadá imponer restricciones financieras contra quienes sean responsables o cómplices de 'graves violaciones de derechos humanos'".

"Como arquitecto del régimen de excepción de El Salvador, el presidente Bukele es responsable de los abusos cometidos por funcionarios salvadoreños en la ejecución de su llamada 'guerra contra las pandillas' desde 2022", sostuvieron las organizaciones.

Precisaron que "otros altos funcionarios salvadoreños, incluidos el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza; y el ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, también son responsables de los abusos cometidos por funcionarios de las dependencias que supervisan".

"Human Rights First y RWCHR han recomendado sanciones en Canadá contra estas cuatro personas por su participación en graves violaciones de derechos humanos, siguiendo una recomendación similar que Human Rights First hizo al gobierno de Estados Unidos en 2023", subrayaron.

Bajo este régimen, las garantías constitucionales de toda la población -del derecho a la defensa o la inviolabilidad de las comunicaciones- se encuentran suspendidas, y la medida ha dejado más de 92.950 detenciones de personas que la Administración de Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.

La medida, que diversos analistas dicen que también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas del Gobierno de Bukele, continuará vigente al menos hasta el 27 de septiembre, tras la prórroga 54.

En tanto, las organizaciones humanitarias suman al menos 6.400 denuncias de atropellos y 554 muertes de detenidos en custodia estatal, la mayoría con señales de violencia, según las denuncias.

"Para compensar esta falta de ingresos, es probable que los gobiernos locales cobren tarifas a sus residentes para recaudar los fondos necesarios para financiar parques y espacios públicos, así como para la preparación ante tormentas", afirmó la organización en un comunicado.

De ser aprobada en los comicios del 3 de noviembre, la enmienda incrementará la exención de impuestos de las viviendas, frenará la subida en locales y alquileres y controlará el gasto municipal, al imponer un límite estricto a los ayuntamientos y condados.

El impulsor de la enmienda es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y fue presentada por la bancada republicana en la Cámara de Representantes estatal bajo el pretexto de poner freno al precio de la vivienda e inmuebles en Florida, que se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, la ONG considera que descuida el gasto en programas fundamentales para proteger las comunidades ante las tormentas y posibles ciclones que las azoten durante la temporada anual de huracanes.

Sierra Club Florida es la última organización que se suma al rechazo hacia la medida, que también ha recibido la oposición de comités políticos y sindicatos por los fuertes recortes en recaudación local.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,22 %, a 132.914.052,76 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Sur (+3,8 %) e IRSA (+2,6 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Loma Negra (-2,4 %) y Grupo Financiero Valores (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 494 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.530 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza subió a 1.511,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.540 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,4 %, a 1.591 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió a 1.527,81 pesos por unidad.

Según informó la Presidencia argentina en un comunicado, "se ha dispuesto el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos", entre personas jurídicas y humanas.

El Ejecutivo de Javier Milei considera que estos sujetos "habrían violado" la ley de hidrocarburos aprobada en 2011, que obliga a las petroleras a contar con una autorización concedida por el país suramericano para operar en su territorio.

Argentina considera que las licencias que tienen las petroleras que operan en Malvinas son "ilegales" porque fueron concedidas por el gobierno local isleño.

La apertura de los procedimientos anunciada este martes se suma a los ya iniciados en los últimos días contra otros 45, tanto personas naturales como jurídicas "involucradas en el desarrollo ilegítimo" de actividades petroleras en una zona que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El Gobierno de Milei no ha informado de momento los nombres de las empresas y personas a las que se inició un procedimiento.

La ley de 2011 establece sanciones que van hasta los veinte años de inhabilitación para operar en Argentina.

"Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", aseveró la Presidencia en su comunicado de este martes.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el pasado jueves que aceleraría la aplicación de sanciones a las petroleras que operan en Malvinas, sus accionistas, directivos y proveedores.

Además de estos procedimientos administrativos, el Gobierno argentino presento este martes una demanda penal en la Justicia contra la petrolera israelí Navitas, dos de sus subsidiarias británicas y dos petroleras canadienses, con licencias para operar en la cuenca Malvinas norte.

Navitas lidera el proyecto Sea Lion, que busca comenzar a extraer crudo en marzo de 2028 en un área 'offshore' a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas.

"Mientras en el mundo el petróleo y los combustibles suben en medio de una situación internacional cada vez más compleja, en Ecuador la gasolina y el diésel vuelven a bajar", escribió el mandatario -en su cuenta de X-.

Noboa aseguró que este será el tercer mes consecutivo en el que se registrará una reducción y que ya serían "diez centavos menos desde junio".

Estos combustibles ya no están subsidiados en el país andino, pero el pasado 9 de julio, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y el diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto en los consumidores de las variaciones extraordinarias del mercado internacional.

La reforma que eliminó los subsidios a los combustibles en Ecuador mantuvo el sistema de bandas e incorporó un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional, como lo que sucede ahora con los precios del petróleo y los hidrocarburos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"En un momento difícil para el mundo, nuestro trabajo es cuidar el bolsillo de los ecuatorianos", agregó Noboa.

Con esta reducción, el precio de la extra y ecopaís pasará de 3,24 dólares por galón a 3,21 dólares; mientras que el del diésel premium pasará de 3,18 a 3,15 dólares.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión en el actual conflicto en Oriente Medio, dado que su cierre parcial y paso restringido ha afectado el precio global del petróleo y sus derivados.

Los tres menores se encontraban en el patio de una casa del barrio Camino de Santa María, cuando se produjo la descarga eléctrica que mató a un menor de trece años y causó heridas a las niñas de nueve y diez años de edad.

Las menores, atendidas en el Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas, se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con fuentes médicas de la institución citadas por el Periódico 26, de la provincia oriental.

La noticia recuerda a sucesos similares ocurridos en 2025 como el de dos adolescentes de trece y 16 años que fallecieron mientras jugaban a fútbol al aire libre durante una tormenta eléctrica en la localidad de Bauta, en la provincia de Artemisa (oeste).

Además incluye el caso de otros tres menores que perdieron la vida tras ser alcanzados por un rayo en una zona elevada de Manicaragua, provincia Villa Clara (centro), cuando buscaban señal de internet con sus móviles, al tiempo que una cuarta persona resultó herida en el incidente.

Las descargas eléctricas, conocidas popularmente como rayos, son la primera causa de muerte por fenómenos naturales en Cuba, de acuerdo con estadísticas disponibles.

Un estudio del Instituto de Meteorología (Insmet) de 2020, indicó que la media anual es de 54 muertes de personas alcanzadas por rayos.

Según datos oficiales, entre 1987 y 2023 se registraron en la isla al menos 1.892 muertes por tormentas eléctricas, con un promedio de 51 muertos por año, cifra que supera ampliamente el número de pérdidas humanas provocadas por huracanes, tornados, lluvias intensas e inundaciones costeras y otros desastres naturales en la isla.

Por eso, los especialistas insisten en que ante la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas, lo recomendable es "alejarse de terrenos abiertos y despejados, como praderas o cultivos" pues en esos espacios, las personas se convierten en "pararrayos".

Igualmente, sugieren aislarse del suelo y evitar el contacto con charcos o zonas mojadas, así como alejarse de ríos, piscinas, lagos, el mar y otras masas de agua.

Otros de sus consejos, advierten, es no permanecer debajo de los árboles, ni en lugares altos como cerros o montañas, y apartarse de postes de la electricidad.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada en los 187.366 puntos.

Luego del festivo del lunes por la Independencia Nacional, los operadores vieron con buenos ojos los resultados del último sondeo para las presidenciales del 4 de octubre.

La encuesta de Quaest divulgada la víspera mostró un empate técnico entre el Lula y el candidato de la ultraderecha, ambos con el 41 % de las intenciones de voto en una eventual segunda vuelta.

La posibilidad de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro suba al poder es apreciada por el mercado por sus posturas económicas más liberales.

A la vez, la disparada de los precios internacionales del crudo ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán dio un nuevo impulso a las acciones de las compañías vinculadas a las materias primas brasileñas.

El desempeño de Petrobras, uno de los principales valores del parqué, ayudó a impulsar la jornada con el avance de sus acciones ordinarias que se apreciaron un 2,36 % y de las preferenciales que se valorizaron un 2,08 %.

Las mayores ganancias fueron para los títulos ordinarios de la constructora MRV (+4,68 %) y para los de la Compañía Siderúrgica Nacional (+4,09 %).

En el lado opuesto se ubicaron las acciones preferenciales de la compañía de calzado Alpargatas (3,83 %) y las ordinarias de la compañía de alquiler de sitios web Locaweb (-3,79 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,86 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,085 reales tanto para la venta como para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 29.312 millones de reales (unos 5.862 millones de dólares o 4.968 millones de euros), en más de 4,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.

"En Buenos Aires con el presidente Javier Milei para fortalecer la alianza política y económica entre Italia y Argentina, países hermanos unidos por raíces comunes", escribió Tajani en un mensaje en su perfil de la red social X, acompañado por una foto en la que se lo ve junto a Milei y al canciller argentino, Pablo Quirno.

El ministro italiano anticipó además que confía en poder aumentar las exportaciones italianas a la región gracias al acuerdo Unión Europea-Mercosur y "al rol estratégico" de las empresas italianas.

El encuentro se celebró en la Casa Rosada y contó también con la participación de la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei; el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara; el embajador italiano en Argentina, Fabrizio Nicoletti; el presidente de Confindustria -la principal organización empresarial de Italia, Emanuele Orsini; y la ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Tajani llegó a Argentina al frente de una delegación de alrededor de un centenar de empresas italianas, en una misión destinada a profundizar la cooperación comercial y las inversiones bilaterales y que continuará en São Paulo (Brasil) el próximo miércoles y jueves.

Durante su visita a Buenos Aires, el ministro también participó en el Foro Pymes Italia-América Latina, donde defendió el apoyo a las empresas como generadoras de empleo.

La jornada concluirá en el Teatro Colón con una función del Teatro di San Carlo de Nápoles, en el marco del 2.500 aniversario de la fundación de esa ciudad.

La gira de Tajani se enmarca en la estrategia italiana de "diplomacia del crecimiento" y en las oportunidades que Roma espera que genere el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El intercambio entre Italia y los países del Mercosur aumentó un 51 % entre 2019 y 2025 y alcanzó casi 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2026.

Argentina y Brasil son dos de los principales mercados de América Latina para Italia y concentran buena parte de la actividad de la misión empresarial italiana.

Las unidades de conservación, situadas cerca de la carretera BR-319, suman 6.690 kilómetros cuadrados y fueron anunciadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto para celebrar el Día de la Amazonía.

Se trata de áreas con un elevado grado de conservación y con la presencia de pequeños asentamientos dedicados a la pesca y a la agricultura de subsistencia, que podrán mantener sus actividades pese al anuncio.

Al decretar la protección, el objetivo es evitar que el asfaltado en curso de la BR-319, que el propio Gobierno está impulsando, lleve a una ola de ocupaciones de tierra en los márgenes y a un aumento de la deforestación.

Lula, candidato a la reelección en los comicios de octubre, defendió que el desarrollo económico que generarán las obras de mejora es compatible con la conservación de la naturaleza.

"Vamos a construir una carretera moderna, que va a poder dar salida a la producción de dos regiones brasileñas, pero que ejemplificará ante el mundo cómo es posible combinar desarrollo con preservación", afirmó.

La BR-319 se extiende a lo largo de casi 900 kilómetros y une Porto Velho, capital del estado de Rondônia, y Manaos, capital del estado de Amazonas.

Un tramo de unos 400 kilómetros presenta pavimentación en muy mal estado o inexistente, por lo que durante el largo periodo de lluvias este se vuelve intransitable y Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía, se queda incomunicada por tierra.

El asfaltado, por tanto, ha sido una demanda constante de empresarios y políticos de la región desde hace años, si bien asociaciones ecologistas han expresado su preocupación por el impacto que puede tener.

En los últimos tres años y medio, el Gobierno de Lula ha logrado frenar la deforestación en la Amazonía, después de un periodo de aumento, gracias al refuerzo de la fiscalización contra crímenes ambientales.

Como consecuencia de estas acciones, la tala en el entorno de la BR-319 cayó un 70 % entre 2022 y 2025, según datos difundidos hoy por las autoridades.

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, pide a la Justicia argentina que investigue el entramado de empresas con licencias para explorar y explotar hidrocarburos en la cuenca Malvinas norte, en aguas del Atlántico sur, que están bajo una disputa de soberanía entre este país austral y el Reino Unido.

La denuncia apunta contra la petrolera israelí Navitas Petioleum LP; sus subsidiarias británicas Navitas Petroleum Development & Production Ltd y Navitas Petroleim Atlantic Limited; y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Navitas lidera el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, archipiélago administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina. Esta iniciativa prevé iniciar la extracción de crudo hacia marzo de 2028.

El Gobierno de Javier Milei, que ha negado de manera sistemática el cambio climático y ha impulsado una reforma de la ley que protege los glaciares para favorecer la minería, ha incluido ahora el tema ambiental en la demanda contra las empresas que trabajan en las Malvinas.

El Ejecutivo argentino acusa a las empresas de operar en las islas bajo licencias otorgadas por el Ejecutivo local isleño, unos permisos que el país suramericano considera ilegales.

La demanda se centra, por tanto, en la operación en territorio que Argentina considera como propio.

Sin embargo, la presentación judicial va más allá y también pide "analizar la posible configuración de los delitos", previstos en la ley argentina sobre el manejo de residuos peligrosos, "en caso de verificarse la generación o gestión ilícita de residuos derivados de las actividades hidrocarburíferas denunciadas".

La demanda señala que las actividades petroleras en el ámbito marino "implican, por su propia naturaleza, la utilización de sustancias potencialmente contaminantes, la generación de residuos peligrosos y la existencia de riesgos inherentes de contaminación derivados de la perforación, la extracción, el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos".

"A ello se suma la posibilidad de incidentes, derrames u otras contingencias susceptibles de ocasionar afectaciones al ambiente marino, cuya eventual producción y relevancia penal deberán ser objeto de la investigación", añade la presentación judicial.

El Gobierno argentino pide, igualmente, investigar la eventual configuración de infracciones o delitos de tipo aduanero, de asociación ilícita e, incluso, de lavado de activos.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 628 puntos, hasta 52.786; el selectivo S&P 500 recortó un 0,58 %, hasta 7.673 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,32 %, hasta 26.421 unidades.

El parqué neoyorquino inició con aversión al riesgo una semana bursátil más corta de lo habitual, pues este lunes se celebró el festivo del Día del Trabajo en EE.UU.

Entre los factores de peso, el aumento de tensiones geopolíticas en Oriente Medio llevó a un alza en el precio del petróleo que a su vez reavivó el temor por la inflación persistente.

Los contratos de futuros del petróleo de Texas para octubre subieron hoy a 93,03 dólares el barril, impulsados por los recientes ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí.

El rendimiento del bono a 10 años subió al 4,792 %, y el del título a 30 años al 5,249 %.

Los inversores esperan la publicación de dos medidas de inflación muy seguidas por la Reserva Federal: el Índice del precio de los productores (IPP), el jueves, y el de los consumidores (IPC), el viernes.

El banco central estadounidense celebra la semana que viene su reunión de política monetaria, y la expectativa mayoritaria es que eleve los tipos de interés, según la herramienta FedWatch.

Mientras tanto, este martes, EE.UU. impuso efectivamente sus aranceles de represalia a Canadá, algunos de hatsa el 50 %, sobre importaciones por valor de unos 20.000 millones de dólares.

En el plano corporativo, la tecnológica Qualcomm subió un 3,2 % después de anunciar una colaboración con Amazon Web Services (AWS) para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

En otros mercados, el oro bajaba a 4.406 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1622 dólares y el bitcóin bajaba a 78.520 dólares.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en julio pasado un derrumbe del 4,5 % en comparación con igual periodo de 2025.

En los primeros siete meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 1,7 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 1,2 % interanual en junio último, hasta los 376.374.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en junio una subida del 31,6 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en julio un descenso del 0,81 % con respecto a junio último y una caída del 6,5 % en términos interanuales.

"En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año", observó Construya en su informe.

Según la entidad, "en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación, en la medida que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, en especial que se registre una importante reducción en las tasas de interés de los créditos".

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024.

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), del total de mexicanos recibidos en la capital centroamericana, 2.622 son hombres y 226 mujeres. En agosto se registró la cifra mensual más alta, con 848 atenciones.

La llegada de los ciudadanos mexicanos a Guatemala forma parte de un protocolo regional de vuelos que trasladan a deportados desde Estados Unidos, quienes de inmediato son enviados a su país de origen.

"Este mecanismo responde a una coordinación con Estados Unidos para facilitar el tránsito de ciudadanos mexicanos hacia su país de origen. El IGM recibe la información de los vuelos con 48 horas de anticipación y la comparte con la embajada o el consulado de México para la identificación de sus ciudadanos", afirmó el director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, en un comunicado.

Rivera remarcó en la nota de prensa que estas coordinaciones contemplan únicamente el paso inmediato de mayores de edad sin alertas de seguridad ni solicitudes de asilo.

El procedimiento excluye a unidades familiares y menores de edad para garantizar el respeto a los derechos humanos durante el retorno, según indicó el IGM.

En lo que va de 2026, las autoridades de migración del país centroamericano han registrado la recepción de 47.306 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 6 de septiembre.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó a través de una publicación en X la captura de los sospechosos, a quienes las autoridades vinculan con el delito de robo de vehículos y señalan como generadores de violencia en la capital sinaloense y sus alrededores.

Durante la intervención operativa, las fuerzas federales incautaron tres armas de fuego, dos largas y una corta, treinta cargadores, 502 cartuchos útiles, cinco chalecos balísticos, dos pecheras y diversos artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

En el sitio del altercado también se aseguró un vehículo con placas del estado de Texas, Estados Unidos, el cual contaba con reporte de robo vigente en dicho país y era utilizado por el grupo para desplazarse por los corredores carreteros del estado.

Este enfrentamiento ocurre en un contexto de persistente volatilidad operativa en el noroeste del país, donde las agresiones directas contra fuerzas de seguridad ponen de relieve el nivel de armamento y la capacidad de despliegue de las células delictivas locales.

El ataque en Sinaloa se suma a una situación nacional marcada por la diversificación de las tácticas del crimen organizado, que ha llegado a recurrir al uso de coches bomba contra fuerzas de seguridad, como el reciente episodio vivido en una comisaría en el estado de Zacatecas donde resultaron heridas 11 personas.

La captura se suma al balance de acciones del Gabinete de Seguridad desplegadas en Sinaloa, marco en el cual las autoridades federales buscan frenar la disputa territorial entre facciones del crimen organizado e inhibir el robo de transporte en las vías de comunicación estratégicas.

Los cuatro detenidos, el armamento y la unidad recuperada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

En el área urbana de Perú, donde se concentra la mayor parte de sus 34 millones de habitantes, el porcentaje de tenencia de mascotas baja a 61,8 % y en Lima Metropolitana, con una población de 10 millones de personas, este porcentaje se ubica en 59,6 %.

El estudio del INEI explicó que el 68,5 % de los hogares con personas menores de 18 años tuvo alguna mascota, mientras que en las casas en las que viven sólo mayores de edad es el 59,8 %.

En los hogares sin niños menores de 5 años, las mascotas están presentes en un 64,6 %.

La mascota preferida son los perros, que están en el 52 % de hogares peruanos, mientras que los gatos viven en el 33 % de las casas.

En los hogares del área rural, el 62,5 % tuvo al menos un perro, especialmente en la sierra (57,8 %) y la selva (51 %), y en regiones sureñas como Apurímac el principal motivo para la tenencia fue la protección o seguridad (75,9 %).

No obstante, el 63 % de hogares eligió tener un perro por compañía o afecto, principalmente en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao (85,5 %).

La presencia de gatos está en el 33 % de hogares de Perú y el principal motivo para acogerlos fue el de compañía o afecto (53 %), seguido por un 29,9 % que lo elige para el control de plagas de otros animales como los roedores y lagartijas.

La surandina Apurímac tiene el mayor porcentaje de hogares con al menos un gato (55 %), seguida por Huancavelica (54,9 %) y Ayacucho (47,8 %), mientras que Lima Metropolitana tiene un 25,8 % e Ica un 24,4 %.

Otro 3,4 % de hogares prefieren otro tipo de mascotas en casa como los loros, canarios, conejos, peces y tortugas, entre otros.

"La ley de salud mental dice que cualquier internación tiene que ser el último recurso y el más excepcional", expresó durante su testimonio Damián Barreiro, psicólogo e investigador especializado en adicciones.

El testigo, quien trabajó con Díaz y declaró en calidad de experto, dijo que una persona que consume sustancias "no está incapacitada" y que para ingresarla en una institución psiquiátrica en contra de su voluntad debe haber "un riesgo inminente para él o para terceros".

La decisión de que Maradona recibiera un tratamiento domiciliario tras ser intervenido por un hematoma subdural en la cabeza ha sido foco de un fuerte debate durante el juicio.

Mientras los médicos a cargo del exfutbolista afirmaron que se trató de un tratamiento por adicciones, la Fiscalía y las querellas denunciaron que fueron descuidados los aspectos clínicos de la salud de Maradona y que un paciente con sus antecedentes cardíacos debía ser ingresado en una clínica.

Ignacio O'Donnell, sociólogo especializado en adicciones, también declaró este martes y señaló que un tratamiento ambulatorio es efectivo en pacientes adictos, siempre y cuando "haya un entorno que lo acompañe y que no esté en contacto con personas que consuman".

"Si no está en consumo y se mantiene sin consumo, no necesita una internación", agregó.

Díaz, también especialista en adicciones, se sumó al equipo que atendía a Maradona un mes antes de su fallecimiento, acontecido el 25 de noviembre de 2020, dos semanas después del comienzo del tratamiento domiciliario.

El objetivo de Díaz era brindar atención psicológica al exfutbolista y acompañarlo en su tratamiento por su adicción al alcohol, una tarea llevada a cabo junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada por la muerte del astro.

Según la acusación, el psicólogo "omitió disponer su internación en un centro de rehabilitación adecuado conforme estipula y lo facultaban leyes vigentes".

Con los dos testigos de este martes comenzó formalmente la etapa del juicio dedicada a la producción de pruebas de las siete defensas, que se estima terminará a finales de septiembre.

El juicio comenzó el pasado 14 de abril y declararon al momento más de 60 testigos.

Los siete acusados en este juicio declararon al menos una vez y el neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado y señalado por diferentes testigos como el médico a cargo de salud de Maradona, hizo uso de la palabra diez veces a lo largo del proceso.

Además de Díaz, Cosachov y Luque, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito con penas de entre 8 a 25 años de prisión.

"El diésel es un tema de preocupación, el transporte de carga ha tenido que absorber esa alza. Así que ese es un tema que preocupa, pero lamentablemente son 'shocks' internacionales, es como un blanco en movimiento", señaló Quiroz a la prensa chilena a la salida del Ministerio de Hacienda.

El secretario de Estado expresó: "esperamos que prontamente ese conflicto termine, pero no ha evolucionado como se esperaba hace cosa de un mes", en referencia a la guerra en Irán.

"Por fortuna, el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel", añadió.

El ministro de Economía, Daniel Mas, por su parte había adelantado el pasado lunes que, ante el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, tanto el precio del diésel como de la gasolina tendrán una nueva alza este jueves con el próximo reporte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

El precio de los combustibles aumentaron en Chile a mediados de agosto pasado, acercándose a los costos de los niveles históricos que se alcanzaron en marzo de este año, cuando el Gobierno chileno aplicó el denominado "bencinazo", en el inicio del conflicto.

El precio de la gasolina experimentó una subida cercana al 32% y el del diésel un 62%, a los pocos días de la llegada al poder del ultraderechista José Antonio Kast, quien decidió no usar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y traspasar íntegramente a los consumidores el alza internacional del petróleo.

Este sería el tercer aumento de combustibles consecutivo, tras los decretados por el Ejecutivo a finales de julio y a mediados de agosto.

El ministro Mas vinculó el aumento de la inflación en agosto al alza de los combustibles, decretados recientemente por el Gobierno en reacción al impacto del conflicto en Oriente Medio.

"El IPC (índice de precios al consumo) de un 0,6 % en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes", señaló en redes sociales.

 El IPC, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registró un incremento que duplica su estimación para este mes y acumuló un 4,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025, dejando la inflación acumulada de 2026 en un 3,6 %.

"Al excluir los elementos más volátiles, la inflación subyacente avanzó solo un 0,1 %, lo que implica una señal más favorable", enfatizó Mas y excusó que la variación responde a "factores que no dependen directamente" de la política económica del gobierno.

La resolución judicial ordena paralizar las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los nuevos ciudadanos hasta que los consulados certifiquen formalmente el cumplimiento del requisito de exilio, endureciendo la supervisión burocrática sobre miles de expedientes en trámite en el extranjero.

Durante la jornada, la mayoría de los ciudadanos que acudieron a la sede consular española en la capital mexicana reconocieron desconocer el alcance de la decisión judicial y continuaron sus gestiones bajo la rutina habitual.

Entre los testimonios recogidos por EFE, Andrea Villaseñor, una joven que obtuvo la nacionalidad española como bisnieta de exiliados republicanos, admitió desconocer el ajuste legal impulsado por el tribunal español pero consideró comprensible que se busquen mecanismos de control en la concesión de permisos.

"Complicarlo puede ser perjudicial para algunas personas", reconoció

Por su parte, Alfredo Cimental, nieto de un exiliado republicano que llegó a México tras pasar por un campo de concentración en Francia, valoró de manera positiva que se mantenga el filtro para verificar el exilio real de los antepasados, sugiriendo que la restricción debe enfocarse estrictamente en la participación electoral de quienes no residen en territorio español.

"Si no vives tanto tiempo en España. O sea, por ejemplo, yo si no he vivido allá los tres últimos años, ¿por qué voy a votar? No conozco al candidato", dijo Cimental.

En abril, durante su visita al Consulado español en México, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, indicó que había la oficina había recibido más de 117.000 solicitudes, el país con más peticiones tras Argentina.

La ley de nietos, dictada en 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España y que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.

A su juicio, restablecer la confianza en el sistema multilateral es “el reto determinante de esta época” y ofreció al presidente de la Asamblea General entrante, el bangladesí Khalilur Rahman, trabajar en este propósito.

Rahman tomó hoy el relevo, por un mandato de un año, de la alemana Annalena Baerbock, a quien Guterres agradeció sus días y “su habilidad” para guiar la organización.

Guterres denunció que el derecho internacional y los derechos humanos, que definió como “el núcleo de la organización”, se incumplen con “demasiada frecuencia y con impunidad” y aseguró que esto se traduce en desconfianza y sospechas al sistema internacional, que no hacen más que “obstaculizar las soluciones eficaces”.

Este se produce en un contexto de conflictos, enfrentamientos y ante el “riesgo de una escalada nuclear”, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, la cada vez más amenazante crisis climática y las tecnologías como la inteligencia artificial que ofrecen grandes peligros “si no van acompañadas de una buena gobernanza y transparencia”.

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El secretario general, que pasará el testigo a principios de 2027 tras nueve años en el cargo, lamentó que el sufrimiento humano se intensifica y los desplazamientos de población se sitúan cerca de niveles récord.

Por eso, defendió, se debe trabajar para que la ONU, a través de la diplomacia, el diálogo y la colaboración, reconstruya “la confianza y la buena fe de las que carece la geopolítica”.

“Esta Asamblea puede garantizar que los pueblos del mundo hereden un futuro mejor, más saludable y más pacífico”, indicó Guterres.

La Asamblea General de la ONU arrancó este martes su 81º periodo de sesiones, que lleva por título ‘Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos’, en medio de la crisis financiera y de prestigio de la organización mientras se enfrenta a la elección de un nuevo secretario general.

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En declaraciones a la radio televisión estatal RTS, el mandatario dijo que emitirá un decreto para disolver la Asamblea Nacional mañana, miércoles, y que convocará las elecciones parlamentarias a las 12.00 hora local (10.00 GMT).

Desde noviembre de 2024 un movimiento estudiantil ha protestado en diversas oleadas, con grandes manifestaciones contra el gobierno dominado por Vucic desde hace doce años.

El desencadenante de las protestas, las más multitudinarias en el último cuarto de siglo, fue el colapso de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad (norte), donde murieron 16 personas.

Esta obra había sido realizada por empresas chinas tras un proceso dudoso de licitación pública.

Durante meses las universidades del país estuvieron bloqueadas por los estudiantes en protesta contra el gobierno de Vucic, un antiguo ministro de Propaganda del fallecido líder autoritario yugoslavo Slobodan Milosevic.

El presidente expresó su esperanza de que la actual crisis política terminará tras las elecciones, agregando que felicitará a sus rivales si éstos ganan y aceptará cualquier resultado democrático.

La oposición en Serbia está dividida, mientras que Vucic controla gran parte de los medios de comunicación, especialmente los influyentes tabloides que suelen hacer campaña en su favor y en contra de sus oponentes.

Las elecciones parlamentarias estaban previstas en realidad a finales de 2027, si bien el movimiento estudiantil opositor exigía desde hace meses un adelanto electoral.

Serbia causó esta semana gran revuelo internacional, al conceder al fallecido criminal de guerra y genocida Ratko Mladic un gran funeral en Belgrado, con honores militares y en presencia de varios ministros.

Según Vucic, las críticas de países vecinos y de la Comisión Europea se deben solo al "odio" que tienen a Serbia.

"El principal objetivo del ataque, por supuesto, era yo, pero también Serbia. No tienen nada que reprocharle a Serbia, salvo que ven mi fantasma por todas partes", dijo Vucic.

El juez Juan Carlos Peinado convocó a una audiencia preliminar a las acusaciones, que mantienen los cargos y solicitan 13 años de prisión; y las defensas, que piden el archivo de la causa, como también la Fiscalía, antes de dictar la apertura de juicio oral con jurado popular, según fuentes jurídicas.

Después, el juez debería elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de fijar fecha de juicio, que suele tardar en señalarse entre cuatro y ocho meses de media.

Peinado abrió la causa en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que la mujer de Sánchez codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

Peinado decidió procesarla el pasado 20 de junio por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

"Señor presidente, tendría esperanza de que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto", dijo Reddington en el programa Good Morning America, recordando que Trump se ha interesado por el caso y ha opinado sobre él.

El juicio contra Lindsay Clancy fue anulado el viernes pasado después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime, por lo que el caso está en manos de la Fiscalía y la defensa, que deberán decidir si afrontan un nuevo juicio, negocian un acuerdo o ponen fin al proceso.

La Casa Blanca indicó a los medios que los indultos presidenciales corresponden solo a condenas federales, por lo que la petición de la defensa resultó ser más simbólica que práctica, según constató el propio abogado.

En declaraciones al medio WBZ, Reddington afirmó que su objetivo era "buscar ayuda de Trump", aunque se trate de un caso estatal y no federalm si este cree que merece una "intervención", y sugirió que puede influir en el fiscal encargado, Tim Cruz, que es del Partido Republicano.

Reddington inicialmente dijo confiar en un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía que pueda evitar otro juicio, pero a este segundo medio le indicó su rechazo a un acuerdo de culpabilidad para Clancy, señalando que "no merece la cárcel, porque estaba enferma" cuando mató a sus hijos.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, en enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La mujer admite que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de asesinato, alegando que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto.

El viernes, tas la anulación del juicio, Trump dijo que había seguido el mediático caso y comentó que Clancy "hizo una cosa horrible", y añadió que "tendrá un precio, será una institución mental o la cárcel, o algo".

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el séptimo mes del año el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó 4,9 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en junio pasado una subida interanual del 2,1 %.

En los primeros siete meses de 2026, la actividad industrial acumuló una contracción del 2,6 %.

De acuerdo con el informe del Indec, 12 de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en julio caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de maquinaria y equipo (- 26,7 %), productos textiles (-13 %), materiales para la construcción (-12,6 %) y automóviles (-5,4 %).

Las alzas destacadas fueron apenas las del refino de petróleo (8,1 %), gracias al impulso de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, y la industria siderúrgica (1,6 %).

El informe oficial no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector respecto al mes anterior.

Según apuntó la consultora Orlando Ferreres en un informe, la marcha de la industria seguirá mostrando un comportamiento de "dualidad" entre los sectores orientados al mercado externo y aquellos sectores debilitados por la baja demanda doméstica.

"En la medida en que veamos una recuperación del consumo minorista de la mano de una mejora en los ingresos de las familias, podremos ver una marcha más homogénea de las manufacturas", sostuvo la consultora.

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.

Así lo destacó este martes el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, durante un diálogo en Madrid con especialistas en relaciones internacionales y políticas públicas.

Con la pregunta, "¿hay futuro para la cooperación internacional?", el foro se focalizó en tratar de entender cómo la encrucijada en la que se encuentra el actual sistema de gobernanza global impacta directamente en el futuro de América Latina.

Según el investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud, "el enfrentamiento global entre China y EE.UU. es quien marca la pauta y quien irrumpe de lleno en cualquier conflicto que tenga lugar", repercutiendo en América Latina, una región que EE.UU. considera suya pero donde China ya se posiciona como el principal socio comercial, especialmente en Suramérica.

El investigador advirtió que la política estadounidense hacia la región prioriza frenar la migración ilegal y el narcotráfico, saltándose la justicia, al tiempo que intenta expulsar o contener la expansión de China.

Para ilustrarlo mencionó el "corolario Trump de la doctrina Monroe" gracias al cual Washington busca asegurar el acceso a materias primas estratégicas.

Por su parte, la profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Claudia Martínez señaló el riesgo de que América Latina quede relegada a un papel completamente secundario y dependiente en este nuevo tablero de poder, con el peligro de convertirse en una simple zona de influencia bajo las estrategias de seguridad estadounidenses.

"Estamos exportando materias primas con poco valor agregado. Entonces, ¿en qué nivel de negociación podemos estar?", se preguntó.

"América Latina es hoy un continente fragmentado, no partido en mitades o en partes, sino fragmentado", subrayó Malamud, al especificar que cada Estado actúa por su cuenta, lo que imposibilita proyectar una voz conjunta.

Para él, ni siquiera los gobiernos de derecha o de extrema derecha son homogéneos.

Sentenció que "hay en América Latina una falta pavorosa en este momento de cooperación, de colaboración, de coordinación intergubernamental y esto afecta a la cooperación".

Esta debilidad estructural latinoamericana se ve agravada por el deterioro político interno de los Estados por factores como la polarización, el populismo y la desconfianza ciudadana, según Jabonero.

Mientras el espacio de diálogo está en peligro por la policrisis global, la OEI abogó por una cooperación internacional enfocada en resolver los problemas de los ciudadanos.

"Deberíamos de abandonar melancolías de viejas épicas bolivarianas y levantar una bandera pensando en resultados tangibles como son la movilidad académica, homologación de títulos o inteligencia artificial", urgió su secretario general.

Para lograr este objetivo, la especialista Magaly Robalino recordó que "la paz y las libertades fundamentales solo pueden ser sostenidas a través de la colaboración entre Estados, el respeto y la reciprocidad".

En sintonía con esta idea, Martínez concluyó que "se coopera por intereses convergentes", apostando por sellar alianzas estratégicas que fortalezcan de verdad "la resiliencia productiva, el fortalecimiento de las capacidades institucionales" y una industrialización sostenible.

“La cooperación es la única salida que tenemos para fortalecer nuestras instituciones”, subrayó.

La profesora de la Universidad Complutense Tahina Ojeda destacó que, pese a los bloqueos e intereses geopolíticos en las altas esferas, en las "capas intermedias y bajas" se sigue realizando un trabajo en áreas de "derechos humanos, de género, de cultura, de deporte", logrando transformaciones reales en los territorios iberoamericanos.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,55 dólares respecto al cierre previo.

Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron una amplia operación militar con "decenas de misiles balísticos y drones" contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco y la base aérea de Khamis Mushait, en el sur de Arabia Saudí, que provocó más de 70 heridos.

El operativo responde, según los hutíes, a una "escalada importante y generalizada" por parte de Riad.

A esto se suma que el pasado sábado el Ejército de Estados Unidos atacó a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses.

Según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un comunicado, el Ejército estadounidense "inutilizó de forma permanente" los petroleros del CGRI M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, y el M/T Stark 1, cerca de Jask, en el Golfo de Omán.

Asimismo, las fuerzas de EE.UU. destruyeron por completo el petrolero sin carga M/T Kylo, también conocido como 'Noxen', en el golfo de Omán, dejándolo inoperativo.

Según el analista Tom Essaye, los temores geopolíticos siguen dominando los mercados del petróleo, "lo que está impulsando las materias primas en general".

"Sin embargo, cualquier indicio de avance hacia un alto el fuego probablemente provocará una fuerte caída del crudo, ya que lo único que quieren ahora los inversores es tener la esperanza de que el conflicto no se prolongue indefinidamente", apunta Essaye en su informe diario Sevens Report.

El grupo se refirió, en un comunicado, a la designación el pasado 26 de agosto como "organización terrorista" del grupo británico Palestine Action y a la posterior congelación de sus bienes en Estados Unidos.

Según CJFS, las autoridades utilizaron como pretexto los actos de vandalismo cometidos por integrantes del grupo contra fabricantes de armas vinculados con el Ejército de Israel.

Palestine Action tiene su sede en el Reino Unido, donde también fue ilegalizado. La organización recordó que las autoridades británicas también aplicaron cargos relacionados con terrorismo a siete personas acusadas de causar daños en 2025 en el campo de golf Turnberry, propiedad de Trump, en Escocia.

Destacaron además que las autoridades de ese país también acusaron de terrorismo ese año a la exeditora del British Medical Journal, Fiona Godlee, "por sostener un cartel que decía: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".

La organización hizo un llamamiento a las organizaciones comunitarias judías para que repudien la política de la Administración Trump.

"La equiparación de la protesta con el terrorismo confirma los peores temores de los críticos a principios de la década de 2000: que la llamada 'Guerra contra el Terror' socavaría la sociedad democrática", afirmó CJFS en el comunicado.

La organización también citó a Zinaida Miller, profesora de la Universidad Northeastern, en Massachusetts, y experta en derecho internacional de los derechos humanos, quien consideró que este tipo de procesamientos son síntomas preocupantes de una "decadencia autoritaria" que amenaza la libertad de expresión, tanto en los campus universitarios como fuera de ellos.

"Las leyes antiterroristas ofrecen a gobiernos supuestamente democráticos una vía para reprimir la disidencia y la libertad de expresión -en particular en defensa de los derechos palestinos- con el pretexto de la seguridad", afirmó Miller.

"Es indignante que tanto el Gobierno estadounidense como el británico estén incurriendo en este abuso de poder", añadió.

El comunicado también cita a Aaron Shakow, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, quien sostuvo que "abusar" de las leyes antiterroristas "no protege a los judíos, ni en Israel ni en la diáspora".

En un comunicado, el Ministerio Público dijo que los "informes, testimonios, videos y fotografías" de las diligencias del caso sugieren preliminarmente que el exfuncionario -gobernador del departamento Central por el oficialista Partido Colorado entre 2018 y 2022- "habría caído en el sanitario de su celda, lo que le produjo las heridas".

"Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental", añadió la Fiscalía en el texto.

González fue trasladado la noche del domingo a un centro asistencial cercano a la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, antes conocida como la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplía su pena.

El exgobernador fue llevado inicialmente al Hospital del Barrio Obrero, en Asunción, para ser tratado por un golpe en la cabeza y otras heridas.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá (centro), donde fue operado con éxito para aliviar la presión intracraneal que le produjeron dos sangrados en el cerebro, según se informó la víspera.

Inicialmente, las autoridades barajaron que González sufrió un accidente cerebrovascular en la pieza de baño de su celda, lo que le produjo la caída y posteriores heridas en la cabeza, ojo izquierdo y otras partes del cuerpo.

Pero hoy, el director del departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, dijo que la hipótesis del accidente cerebrovascular "pierde fuerza" y que el exgobernador tiene 4 hemorragias en la cabeza y una fractura del lado izquierdo del cráneo, heridas que posiblemente fueron causadas por la caída.

También esta jornada, uno de los médicos tratantes, José Espínola, dijo a la prensa que González tiene "un cuadro clínico de meningitis", o una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal.

De igual manera, afirmó que los signos vitales del exgobernador permanecen "estables", si bien sigue en coma inducido en la unidad cuidados intensivos.

González estuvo al frente del departamento Central, el más poblado de Paraguay, hasta 2022, cuando fue destituido por la Junta Departamental -el órgano legislativo de la región- después de que fuera imputado por el caso conocido en el país como "fondos covid-19".

El pasado 4 de agosto, el exgobernador se entregó a la Justicia tras apuntar que no tenía "nada que ocultar" y estaba en conocimiento de una orden de captura en su contra, según explicó entonces a periodistas el jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, Ramón Cañete.

De acuerdo con la investigación, González fue responsable de desviar unos 5.105 millones de guaraníes (más de 865.000 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central de Paraguay) que estaban destinados a la recuperación de la economía, hechos que cometió entre 2020 y 2021.

Los hallazgos revelaron que el exgobernador entregó millonarios fondos a una ONG para la supuesta ejecución de obras que resultaron ser "fantasmas" y justificó los gastos con facturas falsas y clonadas.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el informe, publicado este martes por el periódico digital El Confidencial, no tiene "ninguna finalidad espuria" y corresponde a un documento interno de trabajo para saber qué se dice de la actuación y de la actividad del ministerio, sin "ningún otro objetivo o finalidad".

Fuentes ministeriales insistieron en ese carácter interno de la lista, un dosier elaborado por Interior sobre 280 profesionales de la información y analistas de la actualidad, según el periódico, con fichas, fotografías y comentarios sobre su ideario.

El Ministerio del Interior no realiza diferencias "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento", adujo Grande-Marlaska al ser preguntado por este asunto en una comparecencia de prensa en la ciudad de Ceuta, además de manifestar un respeto absoluto por la libertad de expresión e información.

Según El Confidencial, "el equipo de Marlaska elaboró un dosier secreto de decenas de periodistas 'fichados' por su ideología".

Entre los comentarios sobre ellos, aparecen expresiones como "apoya al Gobierno" (formado por una coalición de izquierdas), "alineado con posiciones de derechas" o "defiende las políticas del PSOE" (Partido Socialista), apunta el periódico.

Brunner mantuvo hoy encuentros primero con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y posteriormente con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quienes analizó "la situación en la frontera de Ceuta, en el marco de una serie de reuniones celebradas esta semana", según confirmaron a EFE fuentes comunitarias.

"La frontera de Ceuta es nuestra frontera común de la UE. Hemos apoyado a España y a Ceuta desde el primer día, y seguiremos haciéndolo. Esto requiere que todos los niveles colaboren para defender la seguridad de nuestra frontera exterior. La prioridad sigue siendo que todas las personas sin derecho a permanecer en el territorio regresen a Marruecos", dijo Brunner tras los encuentros.

Para el Ejecutivo comunitario, la prioridad "número uno" son los retornos, para lo que la Comisión "está proporcionando apoyo técnico y financiero en materia de vigilancia y gestión de fronteras".

El comisario subrayó que la plena aplicación de las nuevas normas en materia de migración y asilo "es esencial para una respuesta europea unida, junto con un proceso de análisis de las lecciones aprendidas para reforzar la resiliencia y la preparación de la UE".

Brunner agradeció además a Vivas y Albares "su estrecha cooperación y reafirmó el compromiso y el apoyo continuos de la Comisión".

El ministro español se reunirá mañana con representantes del Comité Europeo de las Regiones, la Comisaria Europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quienes abordará las relaciones con Marruecos y "otros países de la Vecindad Meridional", según se lee en un comunicado.

Albares también se reunirá con el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, con quien analizará la inclusión de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, así como otros instrumentos disponibles para mejorar la integración comercial y económica de Ceuta y Melilla en la Unión Europea.

“La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias”, aseveró Díaz-Canel.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, sí que hizo referencia a la publicación de Trump y dijo irónicamente que “el Gobierno de EE.UU. va a dejar geográficamente desorientados a sus ciudadanos”.

“Pronto no sabrán en qué golfo, lago, edificio, país, continente o planeta se encuentran”, señaló Rodríguez en redes sociales.

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Las afirmaciones del Gobierno cubano tienen lugar en un contexto en que La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones secundarias desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.

De fondo, EE.UU. ha mantenido siempre la sombra de una posible intervención militar.

La víspera, el canciller cubano denunció que el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, tuvo un costo para la isla de 8.083,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7 % más respecto al mismo periodo del año anterior.

Rodríguez informó de estas cifras durante la presentación del informe ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, y calificó de “cruel castigo colectivo” las medidas de los últimos meses adoptadas por la Administración Trump.

La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada por la crisis energética, tras acumular una contracción de un 15 % entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar hasta un 10,3 % este año.

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Hasta el 6 de septiembre, 2.007 trabajadores de la salud y de primera respuesta habían recibido la vacuna Ervebo en seis zonas de salud distribuidas en las provincias de Tshopo, Bas-Uélé e Ituri, dentro de protocolos de investigación clínica.

Según la OMS, la dispersión geográfica abarca seis provincias con una extensión conjunta de unos 630.000 kilómetros cuadrados, lo que genera un entorno operativo “crecientemente complejo” y aumenta la exigencia sobre las redes de laboratorio, el rastreo de contactos y la logística.

El organismo multilateral reiteró que el riesgo de propagación se mantiene “muy alto” dentro de la RDC y “alto” para los países vecinos con frontera terrestre, debido a la transmisión sostenida, la elevada mortalidad, la movilidad poblacional, la inseguridad y los desafíos logísticos. No obstante, el riesgo a nivel global y en el resto de África continúa siendo bajo.

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La familia de Jeyner Méndez-Rosales aseguró a EFE que el hombre, de 37 años, recibió una golpiza por parte de los oficiales estadounidenses de ICE que lo perseguían, cuando comenzó a correr al verse sorprendido por ellos en la madrugada del 31 de agosto, cuando salía de su casa a trabajar.

Los oficiales supuestamente estaban ocultos detrás de unos matorrales afuera de su vivienda en la ciudad de Lawrenceville, a unos 50 kilómetros al noreste del centro de Atlanta, cuando aparecieron en la oscuridad para arrestarlo.

"Estamos exigiendo que nos expliquen qué pasó. Él tuvo el error de correr, porque estaban escondidos y salieron de sorpresa a las 4 de la mañana, no sabía si eran ladrones", relató un familiar de Méndez-Rosales, quien pidió que no se revelara su identidad por temor a represalias.

El nicaragüense sostiene que fue derribado con una patada y luego cuando estaba en el suelo, en medio del forcejeo, los agentes comenzaron a golpearlo, lo que resultó en la fractura de una costilla, uno de sus brazos -por lo que tuvo que ser intervenido- y uno de los dedos del pie, además de dislocarse uno de sus hombros y sufrir varios golpes en distintas partes del cuerpo.

Méndez-Rosales fue hospitalizado varias horas después de la detención tras quejarse de dolor y tuvo que ser sometido a una cirugía por una de las fracturas que sufrió, según dijeron sus allegados que lo pudieron ver brevemente en el Hospital Grady Memorial donde se estaba recuperando.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) confirmó que el migrante nicaragüense fue arrestado durante una operación de ICE en Lawrenceville en la que, afirma, intentó escapar, pero negó que fuera golpeado por los agentes durante la persecución.

"Méndez-Rosales intentó huir; en el proceso, tropezó con un escalón de cemento y se lesionó el hombro. No sufrió otras lesiones durante la detención", indicó un portavoz de DHS en una declaración enviada a los medios, que agrega que fue hospitalizado para recibir tratamiento tras quejarse de dolor en el hombro.

El nicaragüense permanecerá "bajo custodia de ICE a la espera de su expulsión", señaló el portavoz.

"Tiene golpes en las costillas, en el área del pubis, en el pie, además de las fracturas. Es ilógico que digan que fue una caída", expresó el familiar, que compartió varias fotografías y un video de Méndez encadenado en el hospital.

La familia de Méndez-Rosales asegura que no entiende la razón de su detención pues afirma que carece de antecedentes penales y que se encontraba viviendo legalmente en el país.

Mostraron fotografías de sus documentos, incluida la licencia de conducir de Georgia que está vigente hasta el 2029.

"Dicen ellos (ICE), que tiene una orden de deportación, a pesar de tener todo los papeles en regla. A él no se le informó, no estábamos enterados de eso, porque no le llegó ninguna carta o no recibió ningún tipo de notificación", afirma su familiar.

De acuerdo con el DHS, la Patrulla Fronteriza arrestó a Méndez-Rosales el 10 de diciembre de 2022, después de que ingresara ilegalmente al país cerca de El Paso, Texas.

Posteriormente, fue puesto en libertad por la administración del Gobierno de Joe Biden y el 15 de mayo, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión en su contra después de que este no se presentara a su audiencia de inmigración, según indicó la agencia.

Mientras tanto, la familia del nicaragüense contratará a un abogado para pelear el caso porque considera injusta e indignante su detención.

La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, informó de la visita y de que los dos jefes de Gobierno se reunirán hoy en la capital para mantener conversaciones políticas.

"Ucrania tiene una necesidad crítica de defensas aéreas y otros tipos de apoyo militar y se enfrenta a un invierno que representa un reto", declaró Store en este sentido, en alusión a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

"El tema de las conversaciones es, entre otras cosas, cómo el apoyo militar y civil noruego puede satisfacer del mejor modo posible las necesidades de Ucrania", agregó, según el comunicado.

Alrededor de 3.000 policías y 3.500 militares, incluidos unos 600 miembros de la Guardia Nacional noruega participarán en el operativo que se desplegará el miércoles para garantizar la seguridad del funeral, el mayor de los últimos tiempos.

En la lista de invitados confirmados al acto figuran los presidentes de Estonia, Finlandia, Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría, así como representantes de las principales casas reales.

Así, estarán presentes entre otros los reyes Felipe VI y Letizia y la reina Sofía de España; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, además del príncipe heredero Christian; los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, el rey Abdalá II de Jordania y los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein.

Mamdani confirmó este martes su asistencia tras anunciar la publicación de miles de documentos que apuntan a que las autoridades de la ciudad sabían que el aire en la Zona Cero seguía siendo "tóxico" tras los atentados.

El alcalde defendió que la jornada debe estar centrada en las víctimas y en quienes participaron en las labores de rescate.

"Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país", dijo, y agregó que quiere que el foco esté "en las familias cuyos seres queridos les fueron arrebatados hace 25 años en el horrible acto de terrorismo del 11 de septiembre, y también en los rescatistas que hicieron todo lo que pudieron".

Entre quienes han criticado la asistencia de Mamdani está Giuliani, alcalde de Nueva York durante los atentados y quien supervisó la respuesta de la ciudad en las horas y días posteriores. Según Giuliani, la presencia de Mamdani es "ofensiva" para las familias de las víctimas.

"No está de acuerdo en que el 11 de septiembre fue un ataque terrorista islámico contra Estados Unidos", afirmó Giuliani el fin de semana en un programa de Newsmax.

El exgobernador republicano George Pataki y Bruce Blakeman, líder del condado de Nassau y candidato a gobernador republicano cuyo sobrino murió en los atentados, también han expresado su rechazo.

Mamdani anunció el pasado julio su asistencia, antes de que Giovanni Galante, viudo de una víctima, iniciara una recogida de firmas que suma casi 100.000 apoyos para pedirle que no acuda, alegando posiciones del alcalde que consideran hostiles, entre ellas sus presuntos vínculos con figuras controvertidas del islamismo y su negativa a condenar la expresión "globalizar la intifada".

Por otro lado, Mamdani sí ha recibido el respaldo de figuras demócratas como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ha asegurado que el edil "tiene que estar" en la ceremonia, a la que han asistido todos los alcaldes neoyorquinos en ejercicio desde el 11-S.

La ceremonia, que prohíbe desde 2012 cualquier intervención de los políticos, se celebrará el viernes en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan, donde se reunirán familiares de las víctimas y autoridades para recordar a las casi 3.000 personas que murieron en los atentados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no asistirá a los actos en Nueva York, pero sí estará en el Pentágono, otro de los lugares atacados el 11-S, donde podrá pronunciar un discurso.

Así lo anunció este martes el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que señaló que estas labores se centrarán en las plantas de tratamiento de agua de Mamo y Naiguatá.

Las obras de rehabilitación beneficiarán a hasta 250.000 personas, según Dujarric.

Por su parte, Unicef señaló en un comunicado que esta labor "representa un paso importante hacia el restablecimiento de servicios más confiables y sostenibles para las comunidades afectadas" por los sismos, que dejaron al menos 9.509 muertos.

La agencia indicó que las obras también fortalecerán la capacidad de bombeo y la producción de agua potable con el fin de aumentar el volumen de agua disponible a través de la red de distribución.

"Tras los daños catastróficos causados por los terremotos, la prioridad ha sido garantizar que los niños tengan acceso a agua potable y segura (...). El siguiente paso crucial es garantizar el acceso continuo a los servicios de agua y saneamiento para los niños, al tiempo que se apoya la restauración de servicios más seguros y sostenibles", subrayó Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en Venezuela.

Unicef ha destinado 25,7 millones de dólares a las labores de respuesta al terremoto, pero la organización advierte de que existe un déficit de financiación de 40 millones de dólares.

Los trabajos en materia de agua, saneamiento e higiene cuentan actualmente con una financiación de alrededor del 24 %, señala.

La condena se dictó contra el autor intelectual del homicidio, Hilario Mamani, así como contra Leónida Mujica, Rolando Becerra y Marwin Prinche, integrantes de la Asociación de Agricultores Ecológicos Los Hijos de Madre de Dios, quienes contrataron al sicario venezolano Junior Ortega para que asesinar a Pacheco por la suma de 5.000 soles (1.500 dólares), detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la sustentación del fiscal adjunto provincial Carlos Rodríguez, el crimen ocurrió el 10 de setiembre de 2020 en el contexto de la defensa de una concesión de forestación y reforestación ubicada en la comunidad de San Juan, en Madre de Dios, región sureña limítrofe con Brasil y Bolivia.

Uno de los concesionarios era el padre de la víctima, Demetrio Pacheco, mientras que el fallecido estaba autorizado para cautelar el área frente a un intento de ocupación ilegal para actividades de tala.

La acusación en este caso estuvo a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Los ataques contra los líderes nativos y defensores ambientales en Perú están vinculados al avance de delitos en la Amazonía como la tala ilegal, la extracción ilegal de oro y el narcotráfico, y se concentran principalmente en las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios.

En agosto pasado, un juzgado de la Corte Superior Nacional de Perú condenó a cuatro hombres a penas entre 15 y 35 años de cárcel, por el homicidio del líder indígena Quinto Inuma Alvarado en 2023, a pesar de las medidas de protección otorgadas por el Estado por las amenazas que sufría de las mafias de tala ilegal.

"Reitero: los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán, no significa que el Ejecutivo lo avale. Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo", escribió en X el mandatario panameño.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá acogió este martes al "Grupo Multipartidista de Intercambio Panamá - Yuan Legislativo Taiwán", según una agenda publicada en las redes sociales del Legislativo y que confirmaron a EFE fuentes internas.

La reunión creó oficialmente ese grupo "multipartidista" de intercambio (que no un "grupo de amistad" por la ausencia de relaciones diplomáticas) con la presencia virtual de diputados de Taiwán, según dijeron a EFE fuentes presentes en la reunión.

Esta no es la primera vez que la Administración de Mulino se deslinda de los acercamientos de los diputados panameños con Taiwán. En enero de este año un grupo de parlamentarios viajó por segunda vez a la isla, provocando el rechazo del Gobierno al reiterar el "compromiso con la política de 'una sola China'".

La primera visita de una delegación de diputados panameños sucedió en noviembre pasado, siendo la primera de funcionarios de Panamá desde la ruptura diplomática de 2017 para establecer vínculos diplomáticos con China y dejando una enorme polémica entre el Ejecutivo, Legislativo y la embajada de China en Panamá.

La controversia aumentó después de que la embajada china criticó el viaje y Panamá denunció una injerencia inaceptable, mientras que los diputados defendieron una agenda productiva sobre cooperación, tecnología e inversiones.

La polémica se dio en medio de las tensiones entre EE.UU. y China a lo que se sumaron, además, las amenazas de Donald Trump para "recuperar" el Canal de Panamá por una supuesta injerencia china, al señalar que un operador hongkonés administraba entonces dos puertos ubicados en la entrada del paso navegable.

Pekín considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

"Si ya son españoles, son españoles. No existen españoles de segunda. Todos tenemos unos derechos. No es conveniente", afirmó a EFE Javier Rivas, un español de 50 años que reside en Ecuador desde hace 18 años, a las puertas del Consulado General de España en Quito.

También a las puertas del consulado se encontraba Génesis López, una ecuatoriana de 26 años que adquirió la nacionalidad española en 2017 a través de su padre ecuatoriano, también nacionalizado español por su tiempo como residente en España.

Aunque ella no está afectada por la decisión del Tribunal Supremo de España, aseguró que tiene interés en participar eventualmente en las elecciones españolas, pese a que hasta ahora no ha acudido a votar en ninguna cita electoral.

"Siempre he votado aquí, en (las elecciones de) Ecuador", dijo López en referencia a los comicios ecuatorianos, donde el voto es obligatorio para mayores de edad.

En Ecuador residen cerca de 60.000 españoles, la gran mayoría migrantes que nacieron en Ecuador y que adquirieron la nacionalidad española por su tiempo de permanencia en España, desde donde luego regresaron a su país de origen, sobre todo tras la crisis económica de 2008.

El Tribunal Supremo español ha suspendido temporalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de hijos o nietos de exiliados españoles.

La ley de nietos, dictada en 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España y que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Una semana después de entrar en vigor, el Gobierno de España aprobó una instrucción donde se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955, lo que coincide con la Guerra Civil española y el periodo de post-guerra.

Contra ello han presentado recursos los partidos Iustitia Europa y el ultraderechista Vox, que han sido acogidos por el Tribunal Supremo con esta medida cautelar para que solo sean inscritos en el CERA los españoles nacionalizados conforme a los requisitos de la ley y no conforme a la interpretación del Gobierno, hasta que emita una sentencia al respecto.

Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil española (1936-1939) o por la persecución de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.

El informe mensual de la organización documenta que durante el pasado mes se registraron 94 protestas pacíficas, "menos de la mitad que en julio consistentes en cacerolazos motivados por apagones prolongados y una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)".

Se trata de una disminución notable frente a las 200 registradas en julio, y que en agosto se concentraron de nuevo en La Habana (el 57 % del total).

El pico del mes tuvo lugar el 4 de agosto, con 16 cacerolazos, motivados por la desconexión del SEN, refiere el informe mensual sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

El texto recalca que “la acentuada crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el colapso de la infraestructura con cortes de servicios públicos de electricidad, agua y gas, se mantuvieron como telón de fondo constante”.

“En contraste con esa caída”, refiere Cubalex, “la violencia e inseguridad ciudadana escaló a 315 hechos delictivos, con un nuevo récord en el período de 52 homicidios”.

Pese al aumento en las cifras con respecto a julio, estos 52 homicidios representarían una proyección anual de 6,64 muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa que se mantiene lejos aún de las reportadas por otros países de la región.

La organización también registró 280 eventos represivos en Cuba durante todo agosto, entre ellos las violaciones contra personas privadas de libertad, violencia o acoso, traslados, amenazas o coacción y los operativos policiales de vigilancia o seguimiento.

Cubalex indica que entre "los patrones de coocurrencia más frecuentes" de violaciones de derechos humanos en agosto destaca la negación o prestación deficiente de atención médica en centros de detención y reclusión, “con una alarmante cifra de cinco muertes bajo custodia, así como las detenciones arbitrarias seguidas de traslados”.

“El mes de agosto confirmó la continuidad de la crisis energética e hídrica heredada de julio, combinada con el índice de criminalidad más alto documentado desde que Cubalex comenzó a monitorear esta variable en 2024”, señala el texto.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, agravada desde 2024 por la situación energética que ha elevado los cortes eléctricos a más de 20 horas diarias en La Habana y hasta tres días seguidos en el resto del país.

La presión de EE.UU. intensificada con el asedio petrolero desde enero y las sanciones desde mayo, ha agravado aún más la situación.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales.

La estrategia fue presentada junto al Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que estableció que la superficie cultivada aumentó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, consideró que los datos son "realmente preocupantes" y afirmó que es "urgente" recuperar la capacidad de intervención institucional para lograr resultados sostenidos.

La Política Antidroga 2026-2030 se articula en los ejes de seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, con una estrategia que combina la reducción de la oferta y la demanda de drogas.

Al presentar el plan, Oviedo afirmó que el Gobierno buscará reducir progresivamente los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los límites establecidos por la ley, diferenciándolos de la producción legal y de los usos tradicionales de la hoja.

Para reducir la oferta, la estrategia priorizará una "interdicción estratégica y territorializada", basada en las acciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Estas medidas se complementarán con inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control de los precursores químicos, según explicó el ministro.

La reducción de la demanda se abordará desde un enfoque de salud pública, mediante programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social, con prioridad para niños, adolescentes y otras poblaciones vulnerables.

El plan contará con una financiación de 492 millones de dólares para los próximos cinco años, de los que el 56,3 % procederá de la cooperación internacional y el resto será aportado por el Estado boliviano.

Oviedo señaló que la nueva política se ejecutará bajo los principios de "soberanía" y "no injerencia", con una cooperación internacional orientada a fortalecer las capacidades nacionales.

Por su parte, el representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, valoró que el plan abarque las dimensiones de seguridad, salud y desarrollo, y reafirmó la disposición del bloque a colaborar con el país en la lucha contra las redes criminales.

La nueva estrategia es la primera política antidroga presentada por un Gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales y después con Luis Arce.

Desde la llegada de Paz al poder, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La justicia española suspendió cautelarmente el derecho al voto, así como las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

La cola sobrepasa la entrada de la Lonja de Comercio, donde se ubica el consulado, y los solicitantes buscan en los alrededores las pocas sombras que permite el intenso sol del septiembre cubano. Hasta allí se desplazan los vendedores ambulantes aprovechando las demoras en el proceso.

Pese a esa espera y tiempo por delante, los cubanos prefieren no hablar por temor a que la ansiada concesión de la ciudadanía pueda sufrir algún contratiempo.

"Nosotros somos nuevos aquí en este tema (la solicitud de nacionalización) y no puedo dar datos calificativos grandes ni elocuentes. Ni me abstengo ni doy una opinión verdadera", dice Pedro Matías, uno de los pocos que deciden responder a las preguntas de EFE.

La nacionalidad española sigue siendo una puerta de salida para un país que ha perdido más de un millón de habitantes desde 2020, quienes optaron por la migración como la mejor opción para mejorar sus condiciones de vida.

Cuba vive una grave crisis estructural desde hace seis años, por motivos internos y externos. Desde enero se ha agudizado la situación, coincidiendo con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias decretas por Estados Unidos contra el Gobierno de la isla.

Los consultados desconocen el último fallo del Tribunal Supremo español y la suspensión cautelar del derecho al voto en España.

Es el caso de Marisol Jiménez, en trámites junto a su marido para conseguir la nacionalidad. Sin embargo, sus razones de migrar no son solo económicas: "Coger la ciudadanía no quiere decir mejorar solamente la vida", afirma.

Una vez sea española esta ama de casa cubana también quiere poder participar en la sociedad civil: "Si voy a tener la ciudadanía y a convivir en el país, sí me gustaría (votar)".

Cerca está Yénica Artaya, acompañando a su madre en el proceso de nacionalización. Coincide con Jiménez. "Como ciudadana, claro que es importante que cada cual pueda votar. Es un derecho. Claro que sí", dice a EFE.

La resolución judicial no anula las nacionalidades ya concedidas ni paraliza los trámites de ciudadanía. La suspensión cautelar tampoco afectará a aquellos que puedan acreditar un exilio de sus antepasados por razones políticas, ideológicas, de creencia o identidad sexual.

Cuba es uno de los países con más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos, y según datos de septiembre de 2025, un mes antes del cierre del plazo de peticiones, representaban cerca del 13 % del total.

En el mundo, 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales

La ley de nietos aprobada en 2022 da la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, además de a los hijos o nietos de exiliados que perdieron su nacionalidad, también a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y otros casos.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, justificó el veto a los parlamentarios británicos, junto al impuesto al abogado Fahad Ansari, director de la asociación Riverway to the Sea, por su presunta implicación en "actividades antisemitas y antiisraelíes".

De los once diputados sancionados por Israel, cinco (Adrián Ramsay, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns y Hannah Spencer) pertenecen al Partido Verde ('Green Party').

Un portavoz de esa formación dijo: "No permitiremos que el Gobierno israelí nos silencie mediante la intimidación. Estamos orgullosos de nuestros diputados por defender los derechos palestinos y exigir el fin de la complicidad británica en el genocidio y la ocupación ilegal", según recogieron medios británicos.

En la lista destaca especialmente el nombre de Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista entre 2015 y 2020 y ahora diputado y cofundador de la formación izquierdista Your Party, que dijo en redes sociales que "el genocidio de Israel no puede quedar impune" y prometió seguir alzando la voz por "la paz, la libertad y la justicia para el pueblo palestino" tras conocer el veto.

La diputada Zarah Sultana, cofundadora de Your Party junto a Corbyn, afirmó que consideraba la prohibición de entrada a Israel como "una medalla de honor" al provenir de un "gobierno fascista" y escribió en la red social X: "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre".

También fue sancionada por Tel Aviv la histórica laborista Diane Abbott, primera parlamentaria negra de la historia del Reino Unido, que ya había sido suspendida en el pasado por su propio partido por unas polémicas declaraciones sobre la comunidad judía, si bien no se pronunció públicamente tras el anuncio.

La lista se completa con los laboristas John McDonell, Richard Burgon y Naz Shah.

Además de a los once diputados, Israel también ha vetado la entrada a Ansari, abogado de Hamás en la impugnación del grupo palestino a su ilegalización en el Reino Unido.

Rubio aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz del municipio de Soledad, que sirve a Barranquilla, a las 13:02 hora local (18:02 GMT) para iniciar una gira por Latinoamérica que lo llevará también a Ecuador y Perú, países con los que Washington quiere estrechar lazos políticos.

Rubio fue recibido en el aeropuerto por el canciller colombiano, Omar Bula, y la embajadora del país suramericano en Washington, María Consuelo Araújo.

Fue recibido con honores militares bajo el calor de la capital del departamento colombiano del Atlántico, donde la temperatura supera los 32 grados centígrados y la humedad supera el 70 %.

Una vez terminó la breve ceremonia, Rubio se desplazó hacia el Batallón Paraíso de Barranquilla, que desde que De la Espriella asumió el cargo el pasado 7 de agosto se convirtió en la sede alterna de la Presidencia colombiana junto con el Palacio de Nariño en Bogotá.

Está previsto que Rubio se entreviste allí con De la Espriella. Por el momento no está confirmado si ambos comparecerán ante los medios tras su reunión.

La primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump se produce a un mes de la toma de posesión de De la Espriella, y con la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral entre los principales temas de la agenda.

El canciller Bula aseguró este martes en redes sociales que la visita de Rubio marca el comienzo de la alianza bilateral con el Gobierno de Trump, basada en el "respeto mutuo, la soberanía y la defensa" de los intereses nacionales.

"Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente De la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región", dijo Bula.

El ministro detalló además que el Gobierno colombiano centrará la reunión en tres ejes principales: la seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, el comercio bilateral y la "defensa de los valores compartidos".

"La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su gente. Ese es nuestro enfoque y esperamos que esta nueva era de las relaciones bilaterales sea lo más beneficiosa para los dos pueblos", añadió el canciller.

En el álbum, Tavárez "explora distintas dimensiones del amor, desde la atracción y los recuerdos hasta el amor imposible, el destino, la vulnerabilidad, la adrenalina y la celebración", según explica un comunicado enviado por los representantes del exponente urbano.

"Más que una colección de canciones, el EP fue concebido como una historia conectada, en la que cada tema representa un capítulo y una emoción diferente", añadió la nota.

Igualmente, en el proyecto musical, Tavárez combina "distintas influencias musicales", en las que este refleja su evolución como artista mientras revela una faceta más íntima de sí mismo.

Nazario, por su parte, por primera vez forma parte integral de la visión creativa del proyecto.

Y es que según se informó, juntos protagonizan una serie de videoclips y visualizers interconectados que construyen una narrativa cinematográfica que evoluciona junto con la música.

Cada pieza visual conecta con la siguiente, permitiendo al público descubrir la historia capítulo a capítulo y extendiendo el universo de '8', que se lanza coincidiendo con Tavárez en la portada de la revista Rolling Stone en Español.

“Los pasajeros con vuelos programados para hoy deben verificar directamente con su aerolínea las actualizaciones del estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto”, agregó.

La plataforma Flightradar 24, que monitoriza el estado de los vuelos en tiempo real, desveló más de cuarenta cancelaciones este martes, una treintena de ellas correspondientes a vuelos con destino Miami Los vuelos hacia Miami también fueron los más afectados por los retrasos.

Así fue el accidente del avión de carga de Amazon

Esas dos pistas permanecen cerradas desde el accidente aéreo que tuvo lugar poco antes de las 14:00 hora local del domingo (18:00 GMT), cuando el avión de carga de Amazon se salió de la pista y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra varios vehículos.

El Boeing 767-300 cruzó una valla del aeropuerto y golpeó primero la camioneta que se encontraba dentro de las instalaciones de MIA. Posteriormente atravesó otra valla e impactó otro vehículo en una avenida, antes de detenerse en un terreno cercano a varias filas de robotaxis Tesla estacionados.

Cinco de los siete ocupantes de la camioneta fallecieron, mientras que los otros dos resultaron heridos.

Los dos tripulantes del avión sufrieron heridas leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica.

El avión había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.