"Cuando las palabras son más que palabras. La violencia institucional afecta a la democracia", escribió Alconada Mon en la red social X, donde compartió una imagen elaborada por la Academia Nacional de Periodismo que contabiliza insultos presidenciales contra periodistas entre enero y octubre de 2026 y una "amenaza de muerte".

La imagen publicada recoge expresiones utilizadas por Milei contra trabajadores de prensa, entre ellas "operadores", "mentirosos", "basuras", "ensobrados", "corruptos", "sicarios" y "soretes", además de la referencia a "quemar en la hoguera pública". El registro contabiliza 862 agravios, según la información difundida junto a la publicación.

Alconada Mon posee una larga trayectoria en el periodismo local e internacional. Es maestro de la Fundación Gabo y recibió el Premio Pulitzer en 2017 como parte del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por su trabajo en la investigación de los llamados ‘Papeles de Panamá’.

Ha recibido reconocimientos de la Sociedad Interamericana de Prensa, Transparencia Internacional y otras organizaciones periodísticas, y es autor de libros de investigación y novelas.

La nueva escalada de descalificaciones tuvo como blanco principal a Alconada Mon y se produjo después de que la Justicia dictara el sobreseimiento de Milei en la causa $LIBRA, relacionada con la criptomoneda que el mandatario promocionó en sus redes sociales en febrero de 2025 y cuyo posterior desplome perjudicó a inversores.

El periodista publicó este viernes, tras conocerse la noticia: "El sobreseimiento deja sin respuesta: ¿Qué sabía el Presidente antes de difundir el "memecoin"?,¿Qué alcance tuvieron los acuerdos o propuestas comerciales vinculados con sus promotores?, entre otras incógnitas.

Durante una cena de la Fundación Faro celebrada el viernes, Milei mencionó a Alconada Mon y a otros periodistas del diario La Nación, así como a trabajadores del diario Perfil y del canal de noticias A24, a quienes acusó de ser "ensobrados y corruptos" y de participar en una supuesta operación contra su Gobierno. También dijo que "se tienen que quemar en la hoguera".

El sábado, en una entrevista con Radio Mitre, Milei volvió a atacar al diario La Nación, acusó a Alconada Mon de mentir y lo calificó de "delincuente". Y que evaluará con sus abogados la posibilidad de iniciar acciones legales por la cobertura del caso.

Este domingo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en un informe, aprobado en Bogotá durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que en Argentina persisten las tensiones entre el poder político y la prensa, así como episodios de amenazas y decisiones judiciales que afectan investigaciones periodísticas.

El equipo jurídico del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) envió un recurso "urgentísimo" al Tribunal Superior Electoral (TSE) ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados del país.

En este sentido, el PT de Lula, que se disputa la Presidencia este domingo con el senador opositor Flávio Bolsonaro, pide prorrogar dos horas más el horario de votación, que a priori termina a las 17.00 hora local (20.00 GMT), y "detener in fraganti a los responsables" de los incidentes reportados.

"La medida de alcance nacional también atiende al principio de igualdad entre los electores. El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota, por lo que a todos debe corresponderles la misma solución", dijo el PT en el recurso.

Según medios locales, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, también ha solicitado ampliar el horario de votación, pero en ciudades de los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, aunque en su caso alega dificultades de los votantes de esas regiones por las fuertes lluvias de las últimas horas.

También el PT ha denunciado este domingo que algunos alcaldes opositores a Lula no han cumplido con la orden de la Justicia Electoral que obliga a los gestores municipales a disponer de un servicio de transporte municipal a pleno rendimiento, como si fuera un día laboral, y gratuito.

En las ciudades de São Paulo y Salvador, la primera y la quinta ciudad con más habitantes del país, se han registrado denuncias en relación a la falta de autobuses de transporte municipal.

En el caso de Salvador, la Justicia Electoral ordenó la captura del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por sospechas de haber retirado autobuses durante la segunda vuelta para perjudicar a Lula.

Salvador, capital de Bahía, está gobernada por un partido de centro derecha aliado a Bolsonaro y, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Lula obtuvo el 65 % de los sufragios frente al 27 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Ambos candidatos se disputan este domingo la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta que se perfila muy reñida, ya que todos los sondeos situaban a los dos en empate técnico.

"El viernes me reuní con los sindicatos de estudiantes de Secundaria y escuché las expectativas legítimas de nuestra juventud. El primer ministro y los ministros continuarán este diálogo a partir de mañana y aportarán respuestas muy concretas", escribió Macron en sus redes sociales.

Está previsto que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reúna mañana lunes a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios para tratar de apaciguar las protestas sociales que sacuden Francia este otoño.

Los estudiantes reclaman, entre otras medidas, la derogación de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, una reforma de los horarios escolares muy largos y la creación de más plazas universitarias, así como la mejora de los centros educativos.

Se espera que las medidas que se vayan a anunciar se traduzcan en enmiendas al presupuesto de 2027 que se encuentra en trámite parlamentario y que el Gobierno tenga en cuenta las propuestas presentadas en una plataforma de consulta pública, que se abrió entre el 5 y el 23 de octubre para recoger y estudiar peticiones, y que ha recibido algo más de 100.000 contribuciones.

En su mensaje, Macron también agradeció a las fuerzas del orden su labor de garantizar el orden público durante las movilizaciones de la víspera, en la segunda jornada de protestas por el encarecimiento del coste de la vida y en defensa del poder adquisitivo, así como de los servicios públicos.

"Gracias a ellas (las fuerzas de seguridad) y pese a un contexto difícil, el Estado ha estado a la altura de sus misiones", aseguró el presidente francés.

Los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana -sindicatos, estudiantes y 'chalecos amarillos'- han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre Macron.

Para calentar motores, la coordinadora de los 'chalecos amarillos' convocó este domingo para el viernes próximo concentraciones con caceroladas frente a la Asamblea Nacional, para protestar contra la "deriva autoritaria" de Macron, al permitir solo las manifestaciones sindicales tras los episodios de extrema violencia, destrozos y saqueos llevados a cabo el pasado día 17 durante la primera jornada de protestas por el encarecimiento del coste de la vida.

"El presidente Emmanuel Macron y su Gobierno han decidido dar un paso más en la deriva autoritaria. Prohíben nuestras manifestaciones, imponen toques de queda y cierran los centros de las ciudades a los manifestantes", afirmó el colectivo de los 'chalecos amarillos' en un comunicado.

Las protestas de la víspera reunieron a 410.000 personas en todo el país, 110.000 de ellas en París, en 289 concentraciones, frente a los 550.000 participantes y las 441 movilizaciones de la semana anterior, según informó hoy el Ministerio de Interior.

En un mitin de campaña celebrado en Tel Aviv a dos días de las elecciones, el líder de Yashar! (¡Recto!) pidió sus votos a los seguidores del partido del actual primer ministro, el Likud, para conseguir un cambio en Israel.

Las últimas encuestas otorgan la victoria a Eisenkot sobre Netanyahu, pero con un margen de tan solo entre dos y tres escaños, en medio de una campaña en la que el actual primer ministro ha recurrido al miedo a un ataque por parte de Irán con amenazas reiteradas de respuestas "aplastantes" en caso de que ello ocurra.

Dichos sondeos otorgan al grupo opositor de partidos de derecha, centro e izquierda encabezado por Eisenkot la ventaja, por entre cuatro y seis escaños, frente al que lidera Netanyahu con la ultraderecha y los judíos ultraortodoxos.

Según Eisenkot, Netanyahu "prefiere que haya nuevas elecciones" y "quiere mantener a Israel atrapado en un gobierno provisional encabezado por él" tras la votación del martes.

"No permitiré que eso ocurra", afirmó para añadir que "Netanyahu tiene que irse a casa" y que eso "solo ocurrirá si Yashar! es más grande que el Likud por un amplio margen".

"Solo así tendremos una amplia legitimidad pública y podremos formar un gobierno estable, sin vernos arrastrados a ciclos electorales interminables", explicó, y alertó de que "las próximas horas estarán llenas de maniobras mediáticas y mentiras".

El líder de Yashar! aseguró que conoce a Netanyahu y que el actual primer ministro "no dudará en recurrir a mentiras o a medidas extremas para permanecer en el poder".

Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor israelí que tuvo desavenencias con Netanyahu durante su etapa al frente del Ejército y en la manera en que gestionó su reacción a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, reiteró su promesa de que lo primero que hará al llegar al poder será crear una comisión de investigación independiente sobre dichos ataques.

"Esta es la última llamada de atención. Todos los ciudadanos israelíes deben despertar. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde", indicó sobre el escenario.

También incidió en otro de los pilares de su campaña: la obligatoriedad del servicio militar para los judíos ultraortodoxos, que han creado una brecha social en Israel al estar exentos de él.

"En el plazo de un año, todos los ministerios del Gobierno funcionarán conforme a una regla de hierro: Quien sirve y trabaja tendrá prioridad en derechos y prestaciones", dijo al respecto.

Sobre la Franja de Gaza, donde murió uno de los hijos de Eisenkot al principio de la ofensiva israelí que siguió a los ataques de Hamás, indicó de nuevo su compromiso de que en un plazo de 18 meses Hamás dejará de controlar el enclave palestino.

De esa cifra, 28.276 personas han resultado afectadas y 2.258 damnificadas por la temporada invernal, detalló la institución, al añadir que se han implementado 16 alojamientos, en cinco de los cuales se ha acogido a 245 personas de 80 familias.

La Secretaría indicó que se han reportado 629 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 23 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (55,17 %), y deslizamientos (19,55 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como las tropicales de Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas; la amazónica de Orellana y las andinas de Bolívar y Pichincha.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la SNGR, 7.618 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias y 20 han quedado destruidas, mientras que diez puentes están afectados y uno destruido.

Según la titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, se calcula que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Lozano recordó que el Gobierno presidido por el empresario Daniel Noboa ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.

En una carta dirigida a los yemeníes, Al Mashat señaló que Arabia Saudí había llevado a cabo cerca de 3.000 ataques aéreos contra la población civil desde el inicio de la escalada en septiembre, aunque estas cifras no han podido verificarse de forma independiente.

"Estamos decididos a poner fin a la agresión y al asedio por todos los medios a nuestro alcance", afirmó Al Mashat, quien añadió que el grupo acogía con satisfacción los esfuerzos por poner fin a los ataques y al bloqueo, abordar las cuestiones humanitarias, reparar los daños causados por el conflicto y respetar la soberanía y la independencia del Yemen.

Estas declaraciones se produjeron después de que el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmara este domingo que el número total de ataques aéreos y con misiles saudíes desde que comenzó la última escalada en agosto había alcanzado los 3.179.

La cifra de Sarea incluía tanto ataques aéreos como lanzamientos de misiles, mientras que Al Mashat se refirió a cerca de 3.000 ataques aéreos.

Ninguno de los dos proporcionó un desglose de los ataques denunciados, y las cifras no pudieron confirmarse de forma independiente.

Desde este verano, ambas partes enfrentadas llevan a cabo una ofensiva que se intensificó a principios de septiembre, después de que el Ejército yemení, respaldado por Arabia Saudí, se atribuyera el pasado julio un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, bajo control hutí, debido al aterrizaje de un avión iraní.

En su cuenta de X, Feijóo ha calificado de "momento emocionante" la vuelta a Venezuela de Machado, que representa, a su juicio, "la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía".

"Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre", ha expresado el líder popular.

Machado reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

Desde que saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

De acuerdo con la oposición, que recopiló copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado.

La Comisión Electoral informó de que la participación había llegado a casi el 68 % una hora antes del cierre de los colegios.

En el año 2023, la participación fue del 55 %, y el récord histórico fue el 71,5 % de 2000, en los comicios que provocaron la caída del dirigente autoritario Slobodan Milosevic tras masivas manifestaciones.

De hecho, las elecciones de hoy son consideradas las más trascendentales y reñidas desde entonces.

Vucic aspira en estas elecciones a prolongar sus doce años como hombre fuerte de Serbia, primero como primer ministro, hasta 2017, y después como jefe del Estado hasta el mes pasado, cuando dimitió para volver a optar a liderar el Gobierno como candidato de su partido, el conservador Partido Progresista Serbio (SNS).

Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura integrada por expertos y profesionales, impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

Tras votar hoy, Vucic aseguró que actuará con responsabilidad sea cual sea el resultado.

Mientras, un fuerte dispositivo policial cortó poco antes del final de las elecciones los accesos a la sede de la Comisión Electoral, que ha pedido poder terminar el recuento sin interrupciones.

Durante el día, varios medios y ONG locales informaron de algunas irregularidades e incluso incidentes violentos, como en Pancevo, al norte de Serbia, donde un grupo de encapuchados atacó a los interventores de la lista opositora, informó la emisora de radio 021.

En Doljevac, en el sur, una treintena de personas irrumpió en un colegio electoral y atacó a los presentes, señaló la cadena regional N1, aunque las autoridades indicaron que la votación no llegó a interrumpirse.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Serbia mostró su preocupación ante estos incidentes.

“Los ciudadanos serbios tienen que ser capaces de ejercitar su demócratico derecho al voto en un ambiente pacífico y tranquilo”, señaló Andreas Von Beckerath, jefe de la misión de la UE en Belgrado.

Serbia negocia desde 2012 su entrada en la UE, aunque el progreso se ha ralentizado en los últimos años.

La ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que cuenta con observadores repartidos por todo el país, aseguró que en el 25 % de los colegios electorales se registraron casos de personas fotografiando sus papeletas, lo que constituiría un indicio de "amenazas al secreto del voto y de presiones a los votantes".

Durante los mandatos de Vucic, como presidente o jefe del Estado, Serbia ha visto empeorar su puntuación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, e incluso la UE ha mostrado sus dudas sobre el deterioro del Estado de derecho.

Aproximadamente 6,4 millones de serbios estaban convocados a estas elecciones

Los sondeos apuntan a un resultado muy apretado entre 'Serbia Unida', de Vucic, y La Lista de Estudiantes.

La lista opositora está integrada por académicos, economistas y juristas, entre otros expertos, elegidos por los universitarios en asambleas, pero no tiene un líder y ni candidato a primer ministro.

Los analistas han señalado que una elevada participación puede beneficiar a la candidatura de los universitarios.

Las elecciones, adelantadas casi un año por Vucic, llegan tras casi dos años de protestas estudiantiles en demanda de explicaciones tras la muerte de 16 personas en el derrumbe de un voladizo en una estación de tren que había sido renovada, en un contrato opaco, por empresas chinas.

El movimiento se transformó luego en una exigencia de más Estado de derecho y democracia.

"Nosotros estamos en sesión permanente", declaró Abinader a la prensa desde la ciudad de Santiago (norte), donde informó que esta tarde sostendrá una reunión con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, a su regreso a Santo Domingo.

Abinader aseguró que las autoridades mantienen un monitoreo constante de los acontecimientos en el país vecino y evalúan cualquier posible repercusión para la República Dominicana (que comparte la isla de La Española con Haití).

"Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, y estamos para asegurar que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad", manifestó.

El despliegue de estos dos batallones en la frontera sur, además de equipos pesados y artillería, se suma a alrededor de 11.000 militares desplegados a lo largo de la delimitación con Haití, señaló.

Además, el jefe de Estado indicó que la República Dominicana mantiene comunicación con la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2025, que lucha en Haití para recuperar los territorios en manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió este jueves a Haití un contingente de militares para recuperar a los cuatro soldados salvadoreños pertenecientes a la GSF que desaparecieron hace una semana tras una emboscada perpetrada por bandas armadas en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a las afueras de la capital haitiana.

Abinader recordó que ha conversado recientemente con Bukele, con quien tiene previsto volver a hablar este lunes para conocer las acciones que se desarrollan en Haití y determinar si tienen alguna repercusión en territorio dominicano.

Con respecto a una posible ayuda a Bukele en Haití y otros aspectos de la respuesta dominicana, Abinader señaló que se trata de asuntos de seguridad que deben manejarse de manera reservada.

Las declaraciones de Abinader se producen después de que este domingo la GSF confirmara que ha recibido restos humanos sin identificar que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace una semana, posibilidad desmentida la víspera por el presidente salvadoreño.

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de este año en Haití por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de 1.000 mujeres y niñas.

Ello pone en duda la celebración de elecciones presidenciales y legislativas, fijadas para el 13 de diciembre de este año tras ser aplazadas varias veces en los últimos años.

"Un disparo en la línea de trasmisión Cueto-Renté" provocó la desconexión a las 13:14 hora local (17:14 GMT), según el reporte de la UNE en las redes sociales.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, también indicó que se activaron "los protocolos establecidos para la restauración del servicio en ambos territorios".

Esta es la segunda caída parcial del SEN reportada este mes en la zona este de Cuba, tras la que ocurrió el pasado 11 de octubre por un fallo en la línea de 220 kilovarios (kv) Nuevitas-Tunas.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Esa situación ha elevado los cortes eléctricos en los últimos  meses a máximos con más de veinte horas y hasta varios días  sucesivos en muchos lugares de la isla por la falta de capacidad de  generación.

En lo que va de año ha reportado ocho apagones generales y otros tantos parciales que han dejado a la mayoría de sus 9,4 millones de habitantes sin electricidad a la vez.

El Gobierno cubano ha reconocido que el SEN está en condición "crítica", en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, a lo que se sumó el asedio petrolero estadounidense que cortó la llegada de combustibles a la isla.

La mayoría de las centrales termoeléctricas en la isla -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Según diversas estimaciones, Cuba precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas: De ellos, obtiene unos 40.000 con su producción nacional y el resto debería adquirirlos en el exterior.

El parte diario de la UNE sobre la situación del SEN refirió que en esta jornada se encuentran en avería cinco unidades generadoras de centrales termoeléctricas, mientras otras cuatro están fuera de operaciones por estar sometidas a mantenimiento.

De acuerdo con el pronóstico de la UNE para esta jornada, hasta el 62 % del país quedaría sin corriente al ocurrir el mayor corte del suministro en el horario "pico", el de mayor demanda.

Este domingo los brasileños deciden quién será el nuevo jefe de Estado brasileño entre Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo, y el opositor Flávio Bolsonaro, que quiere que la ultraderecha regrese al poder.

El presidente del Tribunal Regional Electoral del estado de Bahía, Mauricio Kertzman Szporer, dispuso la detención de Souza luego de que las autoridades municipales incumplieran una primera orden que exigía restablecer toda la flota de autobuses, con una frecuencia equivalente a la de los días laborales y de forma gratuita.

En su resolución, Szporer afirmó que la retención de los autobuses obstaculizaba la participación electoral de los ciudadanos y señaló que la orientación para reducir la flota había partido de la Secretaría Municipal de Movilidad.

Salvador, capital de Bahía, está gobernada por un partido de centro derecha aliado a Bolsonaro y, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, su población votó masivamente a favor de Lula, con un 65 % de los sufragios.

La medida respondió a una denuncia de la campaña de Lula, que alertó de una reducción superior al 50 % de los autobuses este domingo frente a los días laborales.

La campaña del líder progresista pidió además la detención del alcalde de Salvador, Bruno Reis, aliado de Flávio Bolsonaro, pero hasta el momento dicha solicitud no ha sido evaluada por la Justicia.

Según la campaña de Lula, durante una inspección, la agencia de protección al consumidor de Bahía encontró 55 autobuses estacionados en las instalaciones de la empresa OT Trans que, según el organismo, estaban en condiciones de circular.

La secretaría de Movilidad aseguró que el servicio se había normalizado y atribuyó las interrupciones iniciales a la colocación de propaganda electoral del Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera Lula, en los vehículos estacionados, una práctica prohibida por ley.

En la ciudad de São Paulo, la más poblada de Brasil, también hubo denuncias por la falta de autobuses durante la jornada electoral.

La campaña de Lula afirmó que solo circulaba el 60 % de la flota y anunció que pedirá la detención del secretario municipal de Movilidad, Celso Jorge Caldeira, por incumplir una orden judicial que exigía restablecer el servicio completo y gratuito, con una frecuencia equivalente a la de los días laborales.

Una de las empresas de transporte aseguró que actuó para cumplir la orden, pero alegó que recibió la notificación el sábado, con poco tiempo para reorganizar los turnos y los servicios.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Rubio aseguró que "Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana".

Además confió en que "todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera".

El mensaje del secretario de Estado llegó después de que se conociera que Machado había reaparecido este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

Machado salió de Venezuela a principios de diciembre de 2025, de forma clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz y desde entonces no había vuelto a su país.

Antes del mensaje de Rubio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado por periodistas sobre el regreso de la opositora al país caribeño, pero se limitó a responder que no sabía nada sobre el asunto.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela llevaba semanas rodeado de rumores y finalmente se concretó este domingo.

"Esta es una de las celebraciones más significativas para nuestra comunidad. Aunque la distancia nos separe, los riojanos que vivimos en Chile mantenemos vivo el vínculo con nuestras raíces, nuestra historia y nuestros afectos", afirmó la presidenta de la Sociedad Benéfica La Rioja en Chile, Claudia Sáenz-Laguna.

La Fiesta de San Mateo de Logroño, celebrada originalmente cada 21 de septiembre, coincidiendo con la Vendimia Riojana, inicia con la ofrenda del primer mosto, haciendo una pisada con las primeras uvas de la temporada.

"La Rioja no es solo una manera de vincularnos con el pasado, sino una forma de compartir la herencia que hemos recibido de nuestros mayores, cuidándola y sabiendo entregarla a las nuevas generaciones", dijo Sáenz-Laguna.

La identidad de La Rioja está estrechamente vinculada al trabajo de su tierra, el esfuerzo de su gente por lograr, mediante la dedicación y el cuidado, frutos óptimos para la obtención del buen vino que caracteriza a su región.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, agradeció la invitación al evento y calificó la jornada como un hito "inolvidable" de su paso por Chile.

Su asistencia a la fiesta de San Mateo, que congregó cerca de un centenar de personas, marca el inicio de una agenda de tres días que incluye reuniones con la Cámara Española de Comercio en Chile (Camacoes) y empresarios locales.

"La comunidad de La Rioja es una comunidad de sentimientos, que no entiende de distancias ni generaciones (...) Es una conexión identitaria con la cultura, la esencia, las tradiciones de las que se alimentan nuestras raíces", señaló.

"Festejamos San Mateo con gratitud. Cada generación ha recibido una Rioja que otros cuidaron, personas que han puesto lo mejor de sí mismo para pasarla a quienes vienen después", agrego Capellán de Miguel.

Grupos musicales y de danza tradicional marcaron la dimensión final y más festiva de la jornada, dando celebradas muestras de la Jota Riojana, un baile popular protegido como bien de interés cultural en España que incluye el uso de castañuelas, además de las características boinas riojanas en varones y largos vestidos blancos adornados con flores bordadas en mujeres.

Los orígenes de la festividad se remontan al siglo XII, cuando la ciudad de Logroño, al obtener la categoría de villa, tenía derecho a la celebración de una feria anual, lo que la convirtió en un núcleo comercial de la zona.

La Sociedad Benéfica de La Rioja en Chile se fundó en 1918, con una orientación de ayuda social a sectores de mayor vulnerabilidad que se mantiene hasta hoy.

"Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en donde se concrete el regreso del liderazgo opositor", indicó Figuera en un mensaje en X para celebrar el retorno de Machado.

Sostuvo, en ese sentido, que este regreso es un "resultado directo" de lo ocurrido el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. en un ataque militar en Caracas, y de la "fortaleza del diálogo" iniciado con el chavismo el pasado agosto en el marco del plan de transición que Washington impulsa para Venezuela.

Machado, que no forma parte de estas conversaciones, anunció este domingo que ya se encontraba de regreso en Venezuela, luego de unos siete impedimentos a su ingreso, según había denunciado su equipo en las últimas semanas.

La opositora salió de su país hace diez meses en una operación clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

Para aquel momento Machado se encontraba en la clandestinidad en un intento por evitar ser detenida, tras investigaciones en su contra iniciadas luego de sus denuncias de fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin publicar el detalle de la votación.

Maduro fue depuesto en enero durante un ataque militar de Washington que le acusa de narcotráfico y desde ese momento su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de mandataria encargada.

Estados Unidos anunció un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) en Venezuela y sentó al chavismo y a un sector de la oposición a dialogar en pro de llegar a acuerdos para una elección presidencial.

Durante un mitin en Gerogia, para las elecciones de medio mandato, Trump sostuvo que la llegada de migrantes libios, yemeníes, haitianos o somalís a EE.UU. representa un "peligro directo" para la seguridad nacional, y dijo que el sistema migratorio estadounidense "debería priorizar" la llegada de ciudadanos de Noruega, Suecia o Dinamarca, en lugar de los procedentes de "zonas en crisis".

Además, durante su discurso, anunció la firma de un decreto que restringe drásticamente los viajes y suspende la emisión de visados para nacionales libios, haitianos, yemeníes y somalís, entre otros, bajo el argumento de que los gobiernos de esos países carecen de sistemas e instituciones fiables, lo que imposibilita la "verificación segura" de antecedentes penales.

Las palabras del presidente estadounidense fueron ampliamente rechazas y criticadas por diferentes instituciones, así como por autoridades de distintos perfiles, tanto del este como del oeste del dividido país.

Abdelhamid Dbeiba, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país-, manifestó que la soberanía nacional y la dignidad del pueblo libio "no son una moneda de cambio ni material para las actividades electorales de Estados Unidos".

Asimismo, subrayó los "enormes sacrificios" de Libia en la lucha global contra el terrorismo y recordó que las relaciones bilaterales deben basarse estrictamente en el respeto mutuo.

Por su parte, el comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (ENL), Sadam Haftar, calificó de "ofensivas e inaceptables" las palabras de Trump y subrayó que los debates electorales y las consideraciones políticas internas "no pueden ser una justificación para dañar a los países".

Sadam Haftar -hijo del mariscal Jalifa Haftar, que tutela el este del país- recordó que Libia es un estado independiente y soberano, y rechazó "la sumisión a cualquier tipo de abuso", por lo que pidió una "posición oficial clara" e instó a presentar una protesta formal, acorde a las normas diplomáticas, una solicitud de coincide con la de las autoridades del oeste.

Además, el Parlamento, el Alto Consejo de Estado, la Presidencia, el Consejo Presidencial, distintos ministerios y otras entidades se unieron al rechazo y exigieron unas "disculpas inmediatas" por parte de Estados Unidos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que el primer ataque tuvo como objetivo el aeropuerto de la capital saudí y aseguró que la operación alcanzó su objetivo con éxito, sin aportar pruebas sobre los daños ocasionados.

La segunda operación estuvo dirigida contra posiciones de aeronaves, depósitos de municiones, centros de control de drones y otras instalaciones de la base aérea de Rey Khalid, situada en Jamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí. Según el comunicado, los impactos fueron "precisos y directos".

El tercer ataque tuvo como objetivo la base naval meridional de las fuerzas de la Guardia Fronteriza saudí en Jizán, cerca de la frontera con el Yemen, donde los hutíes aseguraron haber causado "muertos y heridos entre los soldados y oficiales saudíes", sin precisar cifras.

Los insurgentes justificaron estas operaciones como una respuesta a los bombardeos saudíes del día anterior contra Saná y otras provincias bajo su control, que, según su versión, causaron decenas de muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños.

En el comunicado, las fuerzas hutíes advirtieron de que continuarán sus ataques contra el interior de Arabia Saudí y amenazaron con intensificar sus operaciones hasta que cese la ofensiva militar y se levante el bloqueo impuesto al Yemen.

Asimismo, instaron a las compañías aéreas internacionales y regionales, así como a sus empleados y pasajeros, a evitar el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, al que calificaron de inseguro, y advirtieron de que el espacio aéreo saudí tampoco es seguro, con la excepción de las zonas de La Meca y Medina, según la nota.

Los ataques se enmarcan en la escalada militar entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital y amplias zonas del norte y oeste del Yemen, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.

"El periodismo está muy complicado en América Latina", reconoce Jornet, director del periódico cordobés La Voz del Interior, en una entrevista a EFE en el marco de la Asamblea General de la SIP, que este domingo celebra en Bogotá su jornada final.

De un lado está la presión política. El gremio sufre "males endémicos", con periodistas asesinados, exiliados y expulsados de sus países; pero lo más llamativo en los últimos años es, a juicio de Jornet, el auge de Gobiernos elegidos democráticamente que atacan a medios y periodistas, erosionando la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, "era la excepción y ahora pasa a ser casi la regla" en este sentido. Y luego hay otros exponentes de esta tendencia, prosigue, como Nayib Bukele en El Salvador, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y el Gobierno venezolano, entre otros.

Jornet se detiene en su propio país. Explica que el presidente Javier Milei llegó con "un buen respaldo popular", pero que está empleando un "modo totalmente confrontativo que alienta la violencia verbal" y que está restringiendo el acceso "a determinados sectores e información".

"Las viejas categorías de derecha e izquierda en esto no funcionan: en Argentina tuvimos al kirchnerismo con años muy complicados para el periodismo, y llegó el Gobierno de derecha de Milei con exactamente los mismos métodos", se lamenta.

Luego está la crisis del modelo de negocio, una situación vinculada a "las plataformas de inteligencia artificial" que toman los contenidos de los medios "sin pagar ningún tipo de retribución y sin citar fuentes", absorbiendo "buena parte del tráfico" en internet y entrenando a sus sistemas con esa información.

Además, agrega, gran parte de la publicidad ha migrado en los últimos años a las grandes plataformas digitales y el tráfico a los medios en internet (una fuente indirecta de ingresos) se está derrumbando porque los lectores preguntan directamente a la inteligencia artificial.

El nuevo presidente de la SIP destaca que el principal problema económico de los medios es de ingresos y advierte que concentrarse en recortar "termina afectando a la calidad y haciendo que los medios pierdan muchas veces contacto con sus propias comunidades".

"Hay mucha gente proponiendo cosas, pero hay muy pocos medios que sean realmente sostenibles y que tengan unas finanzas sólidas para cimentar su independencia", lamenta Jornet, que defiende que esta situación "afecta mucho a la democracia, porque muchas pequeñas comunidades se van quedando sin medios de comunicación".

Además, esas grandes plataformas digitales distribuyen "muchas veces desinformaciones", sesgos e incluso campañas de grupos políticos o Gobiernos, afirma.

"La primera responsabilidad es de las grandes plataformas, que están alentando esa distribución de contenido falso o no suficientemente chequeado", indica el presidente de la SIP, quien ve en un segundo nivel de responsabilidad a los Gobiernos, que considera que deberían fomentar la "alfabetización digital".

Si no, prosigue, se entra en un "círculo vicioso": "Una mala educación lleva a que la gente caiga más fácil en desinformación, eso afecta el proceso democrático. Y, al no haber buena democracia, los niveles de inversión en educación siguen cayendo", argumenta.

"En realidad, debería ser el mejor tiempo para el periodismo", señala Jornet, convencido de que el auge de la desinformación debería llevar a buscar las "fuentes confiables".

Ante este panorama, Jornet apuesta por asumir responsabilidades en el sector y "mantener una calidad y una utilidad" que mejoren la "credibilidad del medio". "Hay que responder con periodismo: hacer más y mejor periodismo", apostilla.

En su opinión, "hay periodismo bueno y hay periodismo malo", pero -con todas sus limitaciones- "el periodismo como tal sigue siendo una base esencial de un sistema democrático" y cuidarlo es esencial.

Yotova, actual presidenta en funciones, habría obtenido entre el 35 % y 36,5 % de los votos y se enfrentará así en la segunda y decisiva vuelta el 1 de noviembre a Gyurov, quien recibió hoy el apoyo de un 32,5 % estimado.

Según los datos de los institutos demoscópicos Myara y Trend publicados por la televisión privada Nova TV, la participación en los comicios fue históricamente baja, con una estimación del 21 %, el nivel más bajo desde la caída del comunismo en 1989 en el país balcánico.

En las encuestas antes de las elecciones, la diferencia entre Yotova y Gyurov era de hasta 17 puntos porcentuales, por lo que en caso de confirmarse las estimaciones actuales la carrera por la presidencia en Bulgaria será muy disputada en la segunda vuelta.

Tercero en la votación de hoy fue el candidato ultranacionalista y prorruso Kostadin Kostadinov, líder del partido Resurrección, con un 14 % estimado de los votos.

Yotova es una experiodista de televisión y exdiputada socialista, de 62 años, que fue vicepresidenta del país durante casi 10 años junto al prorruso Rumen Radev.

Accedió en enero a la presidencia en funciones después de que Radev dimitiera para presentarse en las legislativas anticipadas de abril pasado, que acabó ganando con amplia mayoría con su partido Bulgaria Progresista.

Gyurov, un economista de 50 años, fue primer ministro interino este año durante cuatro meses (febrero a mayo) y recibió el apoyo de las fuerzas europeístas.

La principal diferencia entre los dos candidatos es su postura frente a la guerra en Ucrania.

Mientras Yotova aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y apostar por la diplomacia, Gyurov defiende reforzar el apoyo a Ucrania y la disuasión frente a Moscú por parte de la UE y la OTAN.

Según el informe de la SIP publicado en el marco de su Asamblea General celebrada en Bogotá, si bien el acceso a la información pública se mantiene en términos generales estable, el ejercicio independiente del periodismo enfrenta importantes obstáculos que afectan su seguridad, cobertura efectiva sobre temas sensibles y sostenibilidad.

Subraya que la violencia de grupos criminales constituye uno de los principales mecanismos de presión contra los periodistas, lo que ha "obligado a cerca de una docena de reporteros a abandonar el país y ha provocado el retiro definitivo de al menos una periodista de la actividad informativa, así como el abandono de investigaciones de interés público por razones de seguridad y presiones políticas".

La contracción de la cobertura independiente ha contribuido, además, a la aparición de zonas de silencio informativo, principalmente en mercados locales pequeños que carecen de medios con trayectoria consolidada, alerta.

Añade que, a pesar de la existencia formal de un Mecanismo Estatal de Protección para periodistas, su funcionamiento continúa siendo limitado debido a la falta de presupuesto.

A ello se suma la persistencia de "altos niveles de impunidad" frente a agresiones y crímenes contra comunicadores, indicó al señalar que la integridad física de los trabajadores de prensa también se ve afectada por agresiones y actos de hostigamiento "atribuidos tanto a actores estatales como a grupos criminales".

Asimismo, señala que persisten campañas de desprestigio, amenazas y hostigamiento en línea contra periodistas, "aunque sin un incremento significativo respecto de períodos anteriores. La violencia, combinada con la precariedad laboral y la inestabilidad económica, ha contribuido al aumento de la autocensura".

La SIP destacó el caso del periodista Hernán Higuera, de la televisión Ecuavisa, quien el 19 de junio anunció su decisión de apartarse de la investigación sobre el caso Progen -que indaga presuntas irregularidades en contratos suscritos durante la crisis energética de 2024-, tras denunciar presiones de instituciones estatales contra su esposa y su hijo.

Por otra parte, en el ámbito institucional, la SIP anotó que se han registrado prácticas que afectan el acceso de los periodistas a fuentes y espacios oficiales, y recordó que en febrero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aprobó un reglamento interno para establecer filtros y mecanismos de acreditación de los periodistas autorizados a cubrir eventos militares.

De igual manera, funcionarios del Gobierno han rechazado durante al menos seis meses las invitaciones a entrevistas formuladas por Ecuavisa, añadió al agregar que diario Expreso (que tras más de medio siglo, este mes dejó de circular en papel) denunció una estrategia de hostigamiento estatal mediante el uso de organismos de control.

También generó preocupación una sentencia emitida a finales de abril por el Primer Tribunal de la Sala Especializada Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ordenó a la organización Fundamedios eliminar de su portal una alerta sobre la seguridad de periodistas publicada en 2025.

Fundamedios acató la resolución bajo protesta y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la sentencia vulnera estándares internacionales de libertad de expresión y protección de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

El acceso a fuentes institucionales y el flujo de información pública también han experimentado restricciones derivadas de decisiones administrativas discrecionales, alertó la SIP en su informe.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil transcurre hoy con normalidad, en una jornada pasada por agua en varias regiones del país en la que los ciudadanos decidirán entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro al próximo jefe de Estado.

También, antes de la primera vuelta, Trump dijo que seguía las elecciones "muy de cerca" y añadió que "Brasil es un país muy importante. […] El pueblo brasileño es fantástico. Estas son unas elecciones muy importantes".

Entonces, como ahora, no expresó su apoyo a ningún candidato.

De hecho, tras la primera vuelta, Trump calificó como una "gran victoria" la ventaja de Flávio Bolsonaro y pronosticó una segunda vuelta con un resultado "muy reñido".

El candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impuso por dos puntos de ventaja sobre Lula da Silva en la primera vuelta.

Convencida de que el vandalismo y los saqueos del pasado 17 de octubre refuerzan aún más sus opciones de conquistar el Elíseo en su cuarta intentona, Le Pen vendió la suya como una propuesta de orden, que promete perseguir la inmigración ilegal y recuperar el control de las fronteras y la soberanía militar.

"Os propongo el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad", clamó ante más de 8.000 militantes reunidos en una ciudad simbólica del país por representar la resistencia francesa en tiempos de Juana de Arco.

Una figura de la que ya se apropiaba la extrema derecha desde hace años como símbolo de orgullo nacional y que Le Pen no dejó de ensalzar para calentar a sus incondicionales.

"Antes de la victoria, hay que estar convencidos de que se puede ganar", dijo la líder ultraderechista entre cánticos de "Marine presidenta", en un espectáculo más propio de Estados Unidos que de Francia, que solo lo ha usado en contadas ocasiones, como la campaña del conservador Nicolas Sarkozy en 2012.

Fue el punto culminante de un congreso en el que el partido, convertido en una maquinaria electoral, cerró filas en torno a su lideresa, a la que ningún otro candidato parece hacer sombra por el momento.

Le Pen prometió "devolver el poder al pueblo" y, para ello, utilizar el referéndum para impulsar las grandes reformas que promete, empezando por la inscripción en la Carta Magna del endurecimiento de la política migratoria, aunque los constitucionalistas le hayan advertido de que para eso tendrá que contar con una mayoría reforzada en las cámaras.

"¡Macron dimisión!", gritaba el público y Le Pen enviaba sus dardos al actual presidente, al que no dudó en considerar un traidor por querer compartir con otros el arma nuclear.

"Queremos que Francia recupere su potencia, pero no una potencia de dominación, una potencia de protección", dijo la líder de la extrema derecha, que señaló que convertirá al país en "una nación de paz".

Frente a la Europa de la defensa que persigue Macron, Le Pen antepuso "una defensa nacional" y rechazó "delegarla", aunque se comprometió a mantener el gasto militar ya comprometido por el actual presidente.

Le Pen se comprometió a reforzar las fronteras de Francia, a expulsar a todos los inmigrantes que delincan, imponer penas más duras para los que agredan a agentes de la autoridad y a combatir con dureza el crimen.

"No dejaremos que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas", afirmó.

Aseguró que "la nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece" y prometió un nuevo derecho: la prioridad nacional.

Le Pen omitió referencias al carácter racista del atentado que el pasado viernes costó la vida a una persona en las afueras de París y que según los primeros elementos apuntan a que buscaba una masacre de personas de origen extranjero.

Ese atentado ha puesto a la líder de la extrema derecha en el disparadero, con acusaciones de que su discurso alienta ese tipo de comportamientos.

En busca de ampliar su base electoral, Le Pen prometió un gobierno "plural", aunque confirmó que su primer ministro será Jordan Bardella, pese a las acusaciones de antisemitismo que pesan sobre él.

El delfín de Le Pen también pronunció un discurso, interrumpido por militantes de juventudes judías, que fueron expulsados a la fuerza del recinto ferial que acogía el congreso.

"Os han querido amedrentar pero estáis aquí", dijo el joven político, un día después de haber sido reelegido al frente del partido que, aseguró, "alcanza los 160.000 militantes, lo que lo convierte en el mayor del país".

Fue una referencia a la manifestación que la víspera había reunido a unas 13.000 personas para protestar contra la ideología de la extrema derecha, entre ellos algunos líderes políticos y sindicales, una concentración que había levantado temores sobre posibles disturbios con grupos ultraderechistas pero que acabó sin incidentes.

En su informe sobre Canadá, aprobado este domingo, la SIP destacó que, citando datos de la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ, en inglés), más del 35 % de las solicitudes federales de acceso a la información fueron respondidas fuera de los plazos legales durante el año fiscal 2024-2025.

El documento también expresa preocupación por las modificaciones introducidas en la provincia de Ontario a la legislación sobre acceso a la información, que excluyen determinados registros del primer ministro provincial, ministros de su gabinete y sus oficinas y amplían los tiempos de respuesta.

Asimismo, la SIP señala su preocupación por el posible impacto sobre la protección de fuentes confidenciales del proyecto federal C-22, que propone ampliar las facultades de acceso a información digital durante investigaciones y que actualmente se encuentra en estudio en un comité en el Senado.

El informe recoge además casos de detenciones, agresiones e interferencias policiales contra periodistas que cubrían protestas, así como campañas coordinadas de acoso, especialmente contra profesionales que informan sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

La SIP también menciona el debate sobre la independencia editorial de la radiotelevisión pública CBC.

Según Neves, "siempre que se produzca una situación de ilegalidad", en referencia a la ocupación del espacio público, "ese espacio debe recuperar su libertad, y eso es precisamente lo que han hecho las fuerzas de seguridad", dijo en declaraciones a la prensa tras participar en un evento de reconocimiento a bomberos en el distrito de Braga, en el norte del país.

"Lo que vi, y creo que todos vimos, fue fuerza física para hacer cumplir de verdad la ley y el Estado de derecho. De eso es de lo que estamos hablando aquí", añadió el ministro.

La actuación de la Policía durante la madrugada de este domingo ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad civil y del sector político.

En una operación simultánea en Lisboa y Oporto a las 2.00 hora local (misma hora GMT) se retiraron por la fuerza las tiendas de campaña instaladas durante la noche del sábado, tras manifestaciones multitudinarias en varias ciudades del país.

Según las cifras oficiales fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son más de 20 los heridos.

Tras la respuesta institucional a la acampada, el movimiento por la vivienda ha convocado para este domingo concentraciones en Lisboa y Oporto para rechazar la violencia policial, y otra protesta el martes frente al Parlamento, donde se empezará a debatir la propuesta de presupuestos del Estado para 2027.

El panel “Crímenes sin justicia: la impunidad que amenaza al periodismo” se desarrolló durante el segundo día de la asamblea, que reúne en Bogotá a periodistas, directivos de medios y especialistas de toda la región para debatir los desafíos que enfrenta la libertad de prensa. La SIP, organización hemisférica dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de prensa desde hace más de ocho décadas, ha convertido la lucha contra la impunidad en uno de los ejes históricos de su trabajo.

La discusión reunió a Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia; Adriana León, directora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú; y Pedro Vaca Villareal, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panel fue moderado por Roberto Rock, director de La Silla Rota y expresidente de la SIP.

Durante la introducción al intercambio, Rock destacó la importancia de pasar de la denuncia a la acción y mencionó iniciativas regionales orientadas a romper los ciclos de impunidad. Entre ellas se encuentra la Unidad de Respuesta Periodística (URP), un proyecto impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con apoyo del Global Media Defence Fund de la UNESCO.

La URP investiga y documenta casos de periodistas asesinados cuyos expedientes permanecen sin resolver, revisa pruebas, reconstruye contextos, identifica contradicciones y explora posibles vías legales para impulsar la reapertura de procesos o el avance de investigaciones paralizadas. La iniciativa busca contribuir a que los casos vuelvan a moverse y eventualmente alcancen verdad y justicia.

La asamblea de la SIP aprobó informe de Paraguay que habla sobre amenazas y restricciones al periodismo

La impunidad no comienza con el asesinato

Para Jaramillo, uno de los principales errores de los Estados es entender la impunidad únicamente a partir de los homicidios contra periodistas. La directora de la FLIP recordó que en Colombia un periodista es amenazado, en promedio, cada dos días y que muchas de esas amenazas nunca son investigadas. Cuando ello ocurre, explicó, la impunidad se convierte en un factor que facilita nuevas agresiones e incluso asesinatos.

Como ejemplo mencionó el caso del periodista colombiano Rafael Moreno, quien denunció cerca de 40 amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre corrupción antes de ser asesinado en 2022. Según Jaramillo, la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades permite que las amenazas evolucionen hasta convertirse en violencia letal.

La abogada también recordó que Colombia registra 172 periodistas asesinados desde 1977, mientras que numerosos casos emblemáticos, como los de Guillermo Cano Isaza, Julio Daniel Chaparro, Jorge Torres y Gerardo Bedoya, siguen enfrentando décadas de impunidad o investigaciones incompletas.

El crimen organizado gana terreno

Adriana León, por su parte, se refirió a la situación en Perú. Advirtió sobre el deterioro acelerado de las condiciones para ejercer el periodismo en zonas dominadas por redes criminales. Según explicó, la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada está afectando cada vez más la capacidad de los periodistas para investigar asuntos de interés público.

“Nos hemos encontrado con periodistas que tienen información de enorme relevancia, pero no pueden publicarla porque tienen miedo”, señaló. León destacó que la situación ha obligado al IPYS a fortalecer programas de seguridad para periodistas, incluyendo refugios temporales, asistencia especializada y medidas de protección física. “Hace apenas unos días tuve que comprar tres chalecos antibalas para periodistas peruanos”, afirmó.

La periodista alertó también sobre el fenómeno de los “silencios informativos”, cada vez más frecuentes en regiones donde la violencia y la ausencia de protección estatal limitan la capacidad de informar de medios locales y comunitarios.

La estigmatización desde el poder

Uno de los planteamientos que generó mayor consenso entre los panelistas fue el impacto de los discursos hostiles contra la prensa promovidos por las propias autoridades. Pedro Vaca advirtió que varios países de la región atraviesan un momento particularmente preocupante debido al creciente uso de narrativas que presentan a los periodistas como adversarios políticos o enemigos.

“Es difícil encontrar hoy un país del continente donde la figura presidencial no esté estigmatizando de alguna manera la labor periodística”, afirmó. A su juicio, ese discurso aumenta los riesgos para la prensa y crea condiciones que facilitan tanto las agresiones físicas como las campañas de acoso en línea.

Jaramillo coincidió en que las declaraciones estigmatizantes no afectan únicamente a los periodistas señalados directamente, sino que generan un ambiente generalizado de temor y autocensura. “Los periodistas empiezan a cuidar cada palabra por miedo a amenazas, ataques o persecuciones judiciales”, señaló.

El periodismo regional, el más vulnerable

Otro de los mensajes centrales del panel fue la necesidad de prestar mayor atención al periodismo local. Vaca recordó que los periodistas más expuestos suelen trabajar lejos de las capitales, en territorios donde la frontera entre la legalidad y la criminalidad es difusa y donde las instituciones estatales tienen menos capacidad de respuesta. “Es un periodismo más solitario y mucho más expuesto”, afirmó.

Los panelistas coincidieron en que gran parte de los ataques más graves contra la prensa ocurren precisamente en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde los reporteros investigan corrupción local, economías criminales, conflictos territoriales o abusos de poder sin contar con los recursos de los grandes medios.

Más allá de “las tres P”

Durante la conversación, los participantes retomaron un marco tradicional para combatir la impunidad basado en tres pilares: prevenir, proteger y perseguir a los responsables. Sin embargo, Vaca propuso añadir una nueva dimensión: defender las condiciones democráticas que permiten el ejercicio libre del periodismo.

Según el exrelator de la CIDH, la protección de los periodistas también depende de la independencia judicial, la separación de poderes y la existencia de instituciones capaces de responder ante las agresiones. “La verdad sobre los ataques a la prensa sigue asustando en América Latina”, concluyó. “Y cuando la justicia falla, el periodismo tiene la responsabilidad de seguir buscándola”.

Violencia y acoso oficial plagan al periodismo de las Américas, concluye la SIP

Fuente: SIP.

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la organización remarcó que "este tipo de intimidación no es nuevo en el país", pero "hasta hace algunos años no constituía un fenómeno tan frecuente".

La SIP mencionó el asesinato, el pasado 19 de septiembre, de la comunicadora Susy Aponte Polo, en un caso de presunto sicariato que se produjo en la ciudad norteña de Caraz y "puso nuevamente de relieve los riesgos que enfrentan quienes difunden información sobre asuntos sensibles".

"En varios episodios, incluido el de Aponte, los propios periodistas habían advertido previamente que sus vidas estaban en riesgo, sin que, según las denuncias conocidas, recibieran una respuesta estatal efectiva", remarcó.

El informe también sostuvo que el Congreso peruano, cuya nueva legislatura asumió funciones a fines de julio pasado, volvió a situarse entre las instituciones "más cuestionadas por acciones que afectan o buscan limitar el trabajo de la prensa peruana".

En contraste, añadió, "durante este semestre no se registraron agresiones de gravedad contra la prensa provenientes del Poder Ejecutivo ni del Ministerio Público".

Al detallar algunas acciones del Congreso que afectaron el ejercicio periodístico, señaló que periodistas de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva y que, en agosto pasado, el diputado Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para establecer como agravante la apología del delito "mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión".

La SIP remarcó que esta propuesta fue retirada posteriormente "tras recibir diversas críticas".

El organismo indicó que más de 60 periodistas peruanos fueron afectados por agresiones de diverso tipo durante el primer trimestre de este año, en la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones celebrabas en abril, y que el 69 % de los casos fue atribuido a candidatos y el 64 % correspondió a discursos estigmatizantes, aunque también se registraron amenazas y agresiones físicas.

Durante la cobertura electoral de la primera vuelta, realizada el 12 y 13 de abril, ocho periodistas resultaron afectados, entre ellos Ysrael Rivera, reportero de Radio Uno, de la región sureña de Tacna, quien fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico de partidos políticos en zonas cercanas a centros de votación.

En junio, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al diario El Comercio aplicar el derecho al olvido y eliminar tres artículos publicados en 2014 que vinculaban a una antigua asesora del Ministerio de Agricultura con una organización criminal.

El informe mencionó que el 6 de junio fue atacada con explosivos la vivienda del periodista Julio Aquise, en la región sureña de Arequipa, quien había presentado ante la Fiscalía presuntas pruebas sobre actos de corrupción cometidos por policías, y que en el período se presentaron querellas por presunta difamación contra los periodistas César Hildebrandt y Paola Ugaz.

Además, que el periodista y fundador del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, recibió mensajes con amenazas de muerte, mientras que otros cinco periodistas de la ciudad amazónica de Iquitos fueron objeto de una querella presentada por una fiscal después de que difundieran información sobre dos vehículos que adquirió en un período de menos de cinco meses, a partir de un información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sobre esa normalización hablaron este domingo las periodistas Jineth Bedoya y Claudia Palacios; la exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero y la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aído, durante un panel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrado en Bogotá.

Palacios recordó que, cuando comenzó su carrera, sus compañeros ni siquiera la llamaban por su nombre, sino que se referían a ella como "la tetoncita".

Durante años asumió que aquel ambiente formaba parte de la profesión, hasta que comprendió que lo que vivía tenía un nombre: acoso.

"Yo había aprendido a lidiar con eso, y no lo digo con orgullo, lo digo porque fue mi herramienta para sobrevivir", relató.

También recordó algunos comentarios de compañeros que, cuando contó que un trabajador la miraba de una manera que la incomodaba y la desconcentraba, respondieron: "¿Qué culpa tiene él de que usted sea bonita? Regálele unas gafas oscuras para que usted no se dé cuenta de lo que está haciendo".

La periodista reconoció que entonces se preguntó con frustración por qué los medios hablaban de violencia contra las mujeres mientras dentro de sus propias redacciones seguían reproduciéndose esas conductas.

Cuando llegó a un puesto directivo, Palacios decidió que no podía responder a la denuncia de una trabajadora joven diciéndole que aquello era normal.

"Creo que cualquier periodista mujer que está escuchando a Claudia habrá dicho en su narración: 'A mí también'", apuntó la moderadora de la charla, Graciela Rock, quien defendió la necesidad de hablar abiertamente del problema y de transformar las prácticas que lo perpetúan.

La exrelatora destacó el proceso impulsado por Caracol Televisión después de las denuncias contra dos periodistas reconocidos, que fueron desvinculados mientras el canal creó una comisión para investigar lo ocurrido y prevenir nuevos casos.

Para Botero, la respuesta debe combinar formación, cambios culturales, protocolos comprensibles y mecanismos independientes que permitan atender las denuncias.

"De nada sirve el mejor protocolo si adentro no hay alguien que se lo tome en serio", advirtió.

Bedoya, por su parte, pidió que los medios apliquen los estándares internacionales que reconocen la violencia diferenciada que sufren las mujeres periodistas y recordó que garantizar sus derechos también es una condición para informar con libertad y ofrecer a las audiencias un periodismo de calidad.

"Tenemos que dejar el miedo a un lado para admitir que en nuestras redacciones ha habido acoso. Ese es el primer paso", afirmó la periodista colombiana, quien reveló que hace tres meses denunció ante la Fiscalía a un periodista que llevaba más de 25 años en la redacción de El Tiempo, por presuntamente acosar a practicantes y periodistas.

Bibiana Aído, quien además fue la primera ministra de Igualdad de España, alertó que el acoso y la violencia contra las periodistas no son hechos aislados, sino que también pueden funcionar como mecanismos de silenciamiento.

Según datos que citó, el 45 % de las periodistas decide autocensurarse ante los ataques en el ámbito digital.

La directora de ONU Mujeres defendió la necesidad de contar con datos, recursos y voluntad de las directivas para abordar el problema y recordó que la violencia no solo afecta a quien la sufre directamente, sino también a otras mujeres que observan las consecuencias de denunciar.

Las participantes coincidieron en que romper el silencio no basta si las instituciones no responden.

Consideran además que hace falta que las redacciones dejen de justificar los comentarios, que las denuncias sean escuchadas sin prejuicios y que las mujeres no tengan que aprender a defenderse solas para poder hacer su trabajo.

La coalición formada por populistas y nacionalistas, liderada por el magnate Andrej Babis, aprobó en la noche del viernes al sábado en primera lectura una ley que elimina ese canon (unos 100 euros por año) para pasar a financiar los servicios públicos de radio (CRo) y televisión (CT) a través de los presupuestos del Estado.

La manifestación bajo el lema 'No toquen los medios de comunicación' fue convocada por la asociación cívica 'Un millón de momentos por la democracia', que en el pasado ya había organizado protestas contra Babis.

Con los cambios propuestos por el Gobierno, los medios públicos perderían en torno al 15 % de su financiación en comparación con la situación actual.

Según la oposición europeísta, los cambios propuestos son un paso hacia el control estatal de la radio y de la televisión públicas, lo que amenaza la independencia de los medios.

Tras la votación parlamentaria en la madrugada del sábado, el comité de empresa de CRo y CT convocó una huelga para el 3 de noviembre.

Además, quiere impugnar ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Europea la forma en que la coalición gobernante hizo aprobar el proyecto de ley en primera lectura en la Cámara Baja, informó Radio Praga.

También el presidente del país, el exgeneral de la OTAN Petr Pavel, criticó en X la forma de actuar del Ejecutivo, que adoptó la ley en primera lectura en plena madrugada del sábado.

Según el mandatario, un conocido crítico de Babis, esa votación "socava la confianza en las buenas intenciones del Gobierno" y "suscita serias dudas sobre sus motivos".

Los medios de comunicación públicos son "pilares fundamentales de la democracia" y su reforma debe producirse en medio de un amplio debate público, señaló Pavel.

Babis, por su parte, aseguró en un vídeo colgado en X que el Gobierno no pretende controlar los medios públicos, al tiempo que acusó a la oposición y a sus críticos de azuzar las tensiones en el país.

"Cancelar el canon no significa el final de la televisión y la radio checa, ni su nacionalización, ni una amenaza para la democracia. Al contrario, su financiación será más estable, más previsible y mejor protegidas", aseguró.

Milán siempre fue la tarjeta de presentación de Italia ante el mundo: monumental, fría, la ciudad del grandioso Duomo, de las boutiques, los negocios, de la ópera... de las oportunidades.

Pero últimamente se ha convertido en un foco de malestar social. Hace una semana cientos de jóvenes, muchos niños, aprovecharon una manifestación pacífica para saquear tiendas y arramplar con todo lo que podían. Teléfonos, zapatillas, ropa... lo que fuera.

El asalto supuso decenas de denuncias y la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de reforzar el orden público con militares y con una férrea estrategia legal de disuasión.

Pero, ¿qué está ocurriendo en el motor económico italiano?

"Es una sociedad muy polarizada donde coexisten grupos sociales muy acomodados que ocupan una posición de poder económico, social y político y otros en una situación muy vulnerable", explica a EFE el experto en Sociología Urbana, Giampaolo Nuvolati.

Esto se traduce en la existencia de barrios riquísimos, como su aristocrático centro o su flamante complejo 'Citylife', aptos para millonarios atraídos por un régimen fiscal suculento, y otros de clases obreras e inmigrantes muy cerca, sin llegar a periféricos.

Aquellos vándalos, coordinados por redes sociales, provenían de la periferia y de otras provincias. El más joven tiene solo 11 años y era ya conocido por sus gamberradas en un barrio del sur milanés.

Se les conoce como 'maranza', un término con algo de estigma que describe a chavales italianos o italianos de segunda generación que exhiben ropas de presunta marca, veneran raperos ostentosos y, lo más importante, siempre van en pandilla.

El sociólogo Maurizio Ambrosini considera que no están poco integrados sino que creen "ilusamente" estarlo desde el punto de vista del consumo. Quieren lo que todos y ese es un auténtico anzuelo en la ciudad de las pasarelas y de los 'influencer'.

"Un chico que vive en un barrio pobre puede tomar el metro y en un cuarto de hora se topa con tiendas deslumbrantes", recuerda.

El experto traza una ecuación para tratar de explicar estos saqueos, sumando las "ganas de transgresión" de la adolescencia, las "lógicas de grupo, la envidia social y la desigualdad percibida". Mero gamberrismo mezclado con precariedad.

La imagen ha hecho pensar en las 'banlieue' francesas, pero los sociólogos excluyen esa idea porque en la geografía milanesa estas 'periferias' están muy cerca y son mucho más mixtas.

Pero lo cierto es que sus calles están cambiando rápidamente por la gentrificación y una suerte de recambio entre su población.

Basta pensar que en la última década, 400.000 personas se han borrado del padrón municipal y 488.000 han llegado, es decir, que un tercio de la población ha sido sustituido por nuevos vecinos, según datos municipales.

Entre estos 'nuevos milaneses' el 31 % son extranjeros. Egipcios y chinos, principalmente, pero también filipinos, peruanos, marroquíes, ucranianos o salvadoreños.

Un ejemplo de esta realidad multiétnica está a solo cinco paradas de metro de la rica San Babila: Vía Padova. Sus calles son muy distintas, juran los más viejos, ahora huelen a especias una mañana de domingo, cuando sus restaurantes ofrecen delicias de medio mundo.

Francesca es una funcionaria que pasea con su perro. Cree que a menudo los adolescentes -tiene un hijo de 18 años- "se sienten un poco abandonados" en medio de las diferencias abismales de la urbe.

"No es una ciudad peligrosa pero tiene muchas contradicciones. Un centro dorado y unas periferias que pasan a la plata y otros metales menos nobles. Quien está más lejos de la luz, quizá esté más enfadado", razona, apostando por la integración.

Muy cerca, la señora Paola rezonga porque su autobús tarda más de la cuenta. Nació en esta misma zona y cree que ha cambiado muchísimo: "Naturalmente a peor. La degradación puede tocarse. Faltan muchos servicios, sobre todo policía", denuncia.

Muchas escuelas de Vía Padova muestran pancartas que proclaman que "Aquí nadie es extranjero". Un matrimonio, Giuseppe y Laura, protestan. "Somos nosotros los que no podemos sentirnos integrados", zanja ella. Aseguran que en su edificio hay familias con las que no interactúan porque ni siquiera hablan italiano.

El barrio, aunque las peleas nocturnas no son raras, por el día respira tranquilidad. La gente pasea, hace la compra o charla en los bares. Unos jóvenes latinos toman cerveza. Solo uno se lanza a hablar, se llama José, ecuatoriano de 25 años con un diamante tatuado en una mejilla. Accede porque, ríen sus amigos, "quiere ser famoso".

"La vida aquí es tranquila", musita. Le gustaría tener "cosas, lujos y proyectos" con su hijo de tres años, aunque de momento seguirá trabajando en una fábrica. Condena los saqueos pero dice que él al centro no va nunca, que ahí no se le ha perdido nada.

Un decreto supremo publicado este domingo en el diario oficial El Peruano señaló que durante la vigencia del estado de excepción la PNP mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.

La prórroga, que fue dictada por primera vez por el actual Gobierno de la derechista Keiko Fujimori el pasado 28 de agosto, regirá a partir del 28 de octubre.

La medida implica la restricción de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Además, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con el permiso de las autoridades, mientras que las actividades que no sean masivas podrán realizarse sin autorización previa.

El decreto incluyó una disposición complementaria en la que señaló que la lucha operativa contra la criminalidad estará a cargo de un comando unificado, cuya conducción estará a cargo de la PNP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Este comando tiene la misión de realizar acciones para "garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como a prevenir, investigar y combatir la criminalidad organizada" en Lima y el Callao.

La decisión de ampliar el estado de emergencia se tomó tras recibir una petición de la comandancia general de la PNP, que se basó en informes internos "sobre la perturbación al orden interno por la persistencia del accionar criminal y la inseguridad ciudadana" en la capital peruana.

La norma fue publicada con las firmas de Fujimori, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) se declaró "optimista" y consideró que Lula "va a ganar la segunda vuelta", pese a que figura en segundo lugar en las encuestas preelectorales.

"Tengo una esperanza de que ese pueblo brasileño que es parte de la patria grande y que lucha por su soberanía, por su dignidad, por su autodeterminación se va a imponer", expresó el también líder cocalero.

Para el expresidente boliviano, el triunfo de Lula será posible "salvo que así como", a su juicio, ocurrió "en Colombia o en Perú" el tribunal electoral brasileño actúe en contra del actual mandatario de ese país.

"Eso podría ser, esa es ahora la otra forma de hacer ganar a los gobiernos de derecha", opinó Morales.

Dos sondeos divulgados la noche del sábado muestran un empate técnico entre ambos candidatos, con una ligera ventaja de dos puntos para el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (51 %), frente a Lula (49 %).

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos

Los Gobiernos izquierdistas de Morales y Luis Arce (2020-2025) fueron aliados de Lula da Silva por su afinidad política con el mandatario brasileño.

El centrista Rodrigo Paz, que está próximo a cumplir un año en la Presidencia de Bolivia, ha asegurado varias veces que "la ideología no da de comer", por lo que su Gobierno buscará relacionarse con países respetuosos de la democracia y que puedan contribuir al crecimiento del país.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática expresamos nuestra satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado", dijo la PUD en un mensaje en X.

La plataforma indicó que este hecho marca "un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia" y llamó a unir fuerzas y avanzar "con determinación" hacia la transición de forma "pacífica y ordenada" para que los venezolanos puedan recuperar "plenamente" sus derechos en el marco del plan de tres fases de Estados Unidos (estabilización, recuperación y transición).

"¡Bienvenida a casa, María Corina! ¡Sigamos unidos hasta conquistar la democracia y la libertad de Venezuela!", añadió la PUD.

Machado anunció en sus redes sociales este domingo que se encontraba de regreso en Venezuela y apareció en una iglesia católica en el pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara (oeste) -ubicado a unas cuatro o cinco horas por tierra desde Caracas- , saludando a sus seguidores.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se logró su retorno, pero su equipo indicó que en las próximas horas ofrecerán detalles.

Desde que Machado salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

La agenda en la capital panameña contempla comparecencias relacionadas con el acceso a la justicia, la institucionalidad democrática y la independencia judicial, según ha señalado la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre las sesiones, se realizarán audiencias sobre la independencia judicial en Perú, Ecuador y Costa Rica; el acceso a la justicia en Granada; la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, y la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Perú.

También se abordarán los casos de diversos grupos en situación histórica de exclusión o de riesgo.

Así se analizará la situación de personas defensoras de derechos humanos en México; personas LGBTIQ+ en Centroamérica; niñas, niños y adolescentes migrantes; denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile; el pueblo raizal en Colombia, y mujeres privadas de libertad.

La institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador, la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos, la libertad de religión y de creencias en Nicaragua, y el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela, son asuntos que también serán examinados.

La agenda incluye igualmente un diálogo del Pleno de la Comisión con personas y organizaciones de la sociedad civil defensores de los derechos humanos, a fin de escuchar sus análisis, preocupaciones y aportes sobre temas de interés regional.

La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Está integrada por siete personas comisionadas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.

Las peticiones individuales que examina la CIDH pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados en convenciones y tratados interamericanos sobre la materia.

Entre sus funciones está recibir las denuncias y peticiones sobre violaciones de derechos humanos; solicitar a los Estados miembros medidas cautelares de protección en casos graves; visitas oficiales a los países para verificar la situación de los derechos humanos; monitoreo e informes temáticos por país; y dictar recomendaciones.

En el caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones contempladas en el informe final, la Comisión puede elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) -con sede en Costa Rica- para que dicte una sentencia de cumplimiento obligatorio.

La policía escocesa informó de que falleció a las 10:30 de la mañana en una carretera de Mid Kilton, localidad histórica del suroeste de Escocia, por la caída de un árbol y sin que existan circunstancias sospechosas sobre el fallecimiento.

Por otro lado, más de 82.000 propiedades llevan varias horas sin suministro eléctrico en la mañana del domingo debido a la borrasca Boelo, que azota el Reino Unido desde ayer con vientos huracanados de hasta 135 kilómetros por hora.

La Asociación de Redes Energéticas informó de que los cortes afectaron desde ayer a cientos de miles de clientes, pero este domingo por la mañana pudo restablecerse el servicio a 344.900. Sin embargo, 82.600 propiedades -hogares pero también otro tipo de construcciones- seguían desconectadas por la tarde.

Los vientos huracanados han afectado sobre todo al norte de Gales y toda Escocia y han obligado al servicio meteorológico (Met Office) a activar una alerta naranja hasta las 21:00 de esta próxima noche.

También hubo copiosas lluvias en las últimas horas, que no han causado inundaciones a gran escala salvo en la localidad escocesa de Largs (Ayrshire Norte), donde se vieron imágenes de calles anegadas.

La compañía Network Rail Scotland tuvo que suspender varias líneas férreas después de que una estación de tren en Glasgow quedara inundada e inutilizada y de que se reportaran varios árboles derribados por el viento y que habían caído sobre las vías.

La oficina meteorológica aconsejó a los británicos evitar acercarse al borde del mar durante la jornada por el riesgo de fuerte oleaje, que fácilmente podría desbordar la línea costera, y pidió tener cuidado también con objetos que eventualmente pueden caer de los tejados por las rachas de viento.

Twaha Mwaipaya "habría sido secuestrado hoy alrededor de las 14.00 horas (11.00 GMT) en Kamulu, en el condado de Machakos (al este de la capital, Nairobi) por individuos que se movían en tres vehículos, entre ellos una camioneta Toyota Land Cruiser", señaló AI a través de la red social X.

Mwaipaya estaba desplazándose en taxi para visitar a unos amigos, relató la organización.

"Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con nosotros de inmediato. Las autoridades deben determinar urgentemente su paradero y garantizar su seguridad", aseveró AI.

También se hizo eco de la noticia la periodista y activista tanzana de derechos humanos Maria Sarungi Tsehai, feroz crítica del Gobierno de su país, quien fue también secuestrada en Nairobi en enero de 2025 y puesta en libertad unas horas después.

"Twaha Mwaipaya huyó a Kenia tras ser secuestrado y gravemente torturado por los matones de (la presidenta tanzana) Samia Suluhu (Hassan) o lo que es lo mismo, la Policía de Tanzania", aseguró en X Tsehai.

"¡Si llevan a Twaha a Tanzania lo matarán! Fue secuestrado hace pocas horas a las afueras de Nairobi (...) Necesitamos que se cierren todas las fronteras y controles policiales y que se garantice su seguridad", añadió.

Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), principal formación de la oposición en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, se encuentra en prisión preventiva y a la espera de su veredicto en un juicio por traición.

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado durante los últimos años una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan.

"No sé nada sobre ello", dijo Trump al ser preguntado por reporteros en Washington sobre el retorno de Machado al país suramericano.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario. Trump a reporteros en Washington.

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

Gargash aseguró en un mensaje en su cuenta de X que el debate objetivo sobre la "visión", "competencia" y la candidatura de Nusseibeh es "legítimo y bienvenido", y añadió que es "natural que la candidatura de una figura profesional, conocida por tender puentes y dar prioridad a la diplomacia, suscite objeciones por parte de algunas voces extremistas".

Sin embargo, afirmó que el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, "carece de objetividad e ignora que las Naciones Unidas se crearon para promover el diálogo y resolver conflictos, no para perpetuar enemistades ni saldar cuentas".

"Espero que estos tuits sean fruto de la iniciativa del responsable de la cuenta del señor Ghalibaf y no reflejen su postura personal", añadió el asesor emiratí.

Previamente, Ghalibaf había arremetido en su cuenta de X contra la nominación de Nusseibeh, alegando que se trataba de una maniobra diplomática destinada a allanar el camino para un proyecto de "Gran Israel" y a servir de cobertura para lo que calificó de "genocidio sistemático" en Gaza.

El político iraní acompañó su publicación de una noticia de febrero de 2024 del canal France 24, en la que Nusseibeh defendía la decisión de EAU de mantener relaciones diplomáticas con Israel pese a la preocupación por las víctimas y la destrucción causadas por la guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Defender lo ocurrido en Gaza es lo que figura en su currículum; el zorro está actualizando su perfil de Linkedin para solicitar el puesto de guardián del gallinero", sostuvo Qalibaf en tono irónico en referencia a la candidata.

Nusseibeh, que actualmente es ministra de Estado de Asuntos Exteriores emiratí y antigua embajadora ante Naciones Unidas entre 2013 y 2024, fue propuesta formalmente el 21 de octubre como candidata para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye en diciembre.

A continuación, el texto completo de las Conclusiones de la SIP, presentadas por Daniel Dessein, del diario La Gaceta de Argentina.

“La violencia contra periodistas volvió a sacudir a la libertad de prensa en las Américas durante el último semestre y, según los informes presentados, dos periodistas fueron asesinados en Colombia, tres en México, dos en Guatemala, uno en Perú y uno en Haití. En este último país desde el 12 de septiembre continúa desaparecido el periodista Wesly Renaud Jean.

Junto a la violencia física contra los periodistas, desde el poder ha surgido un discurso hostil contra el periodismo. En Argentina persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la «desinformación masiva» y la «manipulación de la opinión pública».

La asamblea de la SIP aprobó informe de Paraguay que habla sobre amenazas y restricciones al periodismo

Adicionalmente, 12 periodistas y trabajadores de la comunicación fallecieron trágicamente en Venezuela a causa de los terremotos en junio, mientras que en agosto otros periodistas y trabajadores de prensa resultaron afectados por movimientos telúricos en Colombia, así como en Panamá en octubre.

En Colombia continuaron las estigmatizaciones desde sectores políticos mientras que, en Costa Rica, continúan los cuestionamientos a medios independientes y restricciones a la información pública.

En Estados Unidos, la exclusión de medios de coberturas oficiales, las restricciones en el Pentágono y las presiones sobre fuentes confidenciales suscitaron preocupación.

El acoso judicial y regulatorio se consolida como otro mecanismo de presión. En Brasil se registraron decisiones que afectaron el secreto de las fuentes y ordenaron retirar publicaciones. En cuatro semanas se contabilizaron 7.030 ataques digitales contra periodistas, especialmente mujeres. En Panamá persistieron las demandas por calumnia e injuria con reclamos millonarios.

En Perú inquietan las querellas, las restricciones y el llamado derecho al olvido. Hubo también presiones en Paraguay y restricciones informativas en Canadá y Puerto Rico.

En los escenarios más represivos, las consecuencias son aún más profundas. Cuba intensificó las detenciones y los procesos penales contra periodistas independientes, entre ellos Henry Constantín, vicepresidente regional de la SIP para Cuba, injustamente encarcelado desde el 16 de septiembre pasado.

En Nicaragua, más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado desde 2018; once departamentos son considerados zonas de silencio informativo y ya no circulan periódicos impresos. En El Salvador se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa entre enero y mediados de julio y al menos 40 periodistas debieron exiliarse. En Venezuela, pese a liberaciones y a un levantamiento parcial de bloqueos, persisten la censura digital y las estructuras de control sobre la información.

La precariedad económica también amenaza el derecho de las comunidades a estar informadas. En Bolivia, el diario Opinión suspendió su edición impresa después de 41 años y Correo del Sur enfrenta procesos que comprometen su continuidad. En Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de circular en formato impreso. Se repiten la pérdida de empleos y las presiones mediante la publicidad oficial.

La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos y oportunidades para el periodismo y preocupa la falta de un sistema de compensación adecuado por el uso de los contenidos.

En este panorama adverso también hubo algunos avances. En Colombia, la Fiscalía priorizó la investigación de delitos contra periodistas y una decisión de la Corte Constitucional protegió a mujeres periodistas frente a expresiones estigmatizantes. En Chile se condenó la interceptación ilegal de las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel.

En República Dominicana, el Tribunal Constitucional protegió la permanencia de información de interés público en archivos digitales.

Estas son señales que recuerdan que la defensa de la libertad de prensa exige instituciones activas, garantías efectivas y una sociedad comprometida con el derecho ciudadano a estar informado.”

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fuente: SIP.

Los activistas, que fueron expulsados de la sala por el servicio de seguridad de la formación política, desplegaron una pancarta con el mensaje "Bardella reelegido (como presidente): el racismo y el antisemitismo no molestan al RN; al contrario", en una acción reivindicada poco después por la UEJF en su cuenta en la red social X.

Bardella, reelegido la víspera como presidente del partido con un apoyo del 99 % de los votantes, trató de acallar a los militantes de la UEJF pidiendo a los congresiats del RN que entonasen el himno nacional francés, La Marsellesa, mientras los agentes del servicio de seguridad intervenían para sacar a los manifestantes a la fuerza.

El grupo de activistas estaba formado por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y una de ellas gritó cuando era expulsada: "Son un peligro para Francia". Uno de los jóvenes tenía la nariz ensangrentada.

La UEJF denunció posteriormente que sus militantes habían sido agredidos y expulsados por la fuerza, y anunció su intención de presentar una denuncia.

"Tranquilícense, queridos amigos. Les pido que paren", dijo Bardella durante el incidente, mientras asistentes al congreso coreaban "fuera".

El presidente del RN pidió a sus seguidores que no dieran publicidad a la "ultraizquierda que odia la democracia" y llamó a continuar con el acto. "La mejor respuesta que podemos darles es ignorarlos y, por tanto, continuar", añadió antes de entonar La Marsellesa, que fue coreada a voz en grito por los asistentes.

En sus redes sociales, la UEJF rechazó ser de ultraizquierda y afirmó que sus activistas habían acudido al congreso del RN, donde su líder Marine Le Pen pronunció hoy el mitin de lanzamiento de su campaña oficial al Elíseo, para denunciar lo que consideran declaraciones antisemitas de Bardella.

A finales de septiembre pasado, el medio de investigación Mediapart publicó unos mensajes que atribuyó a Bardella y que presentó como escritos antisemitas de 2013, cuando el actual presidente del RN tenía 17 o 18 años. Acusaciones que él niega.

El sábado, dos periodistas de Mediapart fueron expulsados brevemente por la fuerza por el personal de seguridad del partido antes de poder regresar al recinto, y hoy un periodista del mismo medio afirmó que había sido expulsado violentamente por agentes de seguridad cuando intentaba acercarse a los militantes de la UEJF.

Según su relato, uno de los agentes lo empujó por unas escaleras y una asistente del RN le dijo que "volviera a su país" ('bled', en francés país con sentido despectivo), algo que negó el partido. Finalmente, el equipo de Mediapart abandonó el lugar al considerar que su seguridad no estaba garantizada.

Mientras tanto, un centenar de personas que se habían congregado en el campus de la Facultad de Derecho de Orleans para expresar su rechazo a una eventual llegada al poder de RN, y que marchaban pacíficamente, fueron interceptadas por la policía a casi tres kilómetros del Co’Met Arena, donde se celebró el congreso del partido ultraderechista.

La víspera, unas once mil personas, según las autoridades, se manifestaron sin incidentes en Orleans en contra del RN, cuya líder es favorita en las encuestas para ser la próxima presidenta de Francia.

El día comenzó lluvioso en algunos de los principales colegios electorales del país como pudo constatar EFE en Río de Janeiro y São Paulo, donde ejercieron su deber el actual mandatario y el aspirante de la ultraderecha brasileña.

El primero en votar fue el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien acudió a una escuela de Río de Janeiro, unos 25 minutos después de la apertura de los puestos de votación en el país.

Acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, el candidato, que busca regresar la ultraderecha al poder, afirmó que en el país la esperanza se ha convertido en miedo, por lo que hizo un llamado para que los brasileños salgan a votar, “con lluvia o con sol”, para cambiar el rumbo del país.

Lea más: Lula dice al votar que el pueblo salió a la calle a “defender sus conquistas”

Un “miliciano” “descalificado ética y moralmente” para gobernar

Más o menos una hora después votó Lula en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical.

Allí destacó la dimensión de las movilizaciones durante la campaña electoral, que, según dijo, mostraron cómo el pueblo salió a la calle a “defender sus conquistas”.

El líder progresista, en compañía de su esposa Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva; el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y otros cinco ministros y exministros, entre otros aliados, también criticó a su rival, a quien se refirió como un “miliciano” “descalificado ética y moralmente” para gobernar el país.

Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest sitúan a Flávio Bolsonaro con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ambos permanecen en empate técnico debido al margen de error.

Transcurre con normalidad pese a las lluvias

El presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Kassio Nunes Marques, afirmó que la segunda vuelta transcurre “dentro de lo esperado”.

De acuerdo con el último reporte de la Policía Federal, al menos 22 personas han sido detenidas este domingo por delitos electorales durante la segunda vuelta en Brasil, principalmente por casos relacionados con propaganda irregular, violación del secreto del voto y desobediencia electoral.

En una rueda de prensa, el director del organismo, Andrei Rodrigues, informó que se abrirá una investigación para el caso de una concejal del Partido de los Trabajadores (PT), formación que lidera Lula, que resultó herida la noche del sábado luego de que el vehículo en el que se transportaba durante una manifestación en Montes Claros, estado de Minas Gerais, fuera atacado con ladrillos y botellas.

En los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Paraná, cuatro de los cinco principales colegios electorales, las lluvias se registraron desde las primeras horas del día.

Lea más: Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro pelean voto a voto este domingo

Lluvias en día de segunda vuelta

Aunque en Río el agua ya menguó, la lluvia puede aparecer de nuevo en la tarde y en el estados de Minas también se prevé inestabilidad durante este período.

En Paraná los aguaceros bloquearon tres carreteras y las autoridades buscan alternativas para los votantes.

En el estado de São Paulo, los comicios continúan con tranquilidad pese a que la lluvia no da tregua. Algunos municipios tuvieron que realizar cambios en los sitios de votación por los aguaceros que comenzaron en la noche del sábado y se extendieron hasta la madrugada del domingo.

Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas este domingo, en una jornada en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

"Las restricciones al acceso a la información, las presiones sobre medios y periodistas, los cuestionamientos a la distribución de la publicidad estatal y las iniciativas regulatorias en materia de radiodifusión configuran un escenario de creciente tensión para el ejercicio independiente del periodismo y la libertad de prensa", indica un informe de la SIP publicado en el marco de su Asamblea General celebrada en Bogotá.

El documento agrega que "entre las principales preocupaciones se encuentran la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria estatal, los discursos oficiales de descalificación hacia la prensa, las restricciones al acceso a fuentes gubernamentales, el hostigamiento digital y diversas iniciativas que afectan las condiciones para el ejercicio del periodismo".

La SIP indicó que la asignación de la pauta publicitaria estatal "ha sido cuestionada por su presunto uso para favorecer a medios cercanos al gobierno y limitar el apoyo a medios críticos", y que además "persisten expresiones de funcionarios gubernamentales que descalifican, estigmatizan y desacreditan públicamente a periodistas y medios de comunicación".

El informe también cita un estudio del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la estatal Universidad de Costa Rica, que denuncia presiones sobre periodistas y un incremento de la autocensura, y además recordó que Costa Rica ha experimentado un deterioro en el escalafón de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, al pasar del puesto 8 en 2022 al 36 en 2026.

Asimismo, la SIP calificó como "otro foco de preocupación" un proyecto de reforma a la Ley de Radio promovida por el gobierno, que establece nuevos cánones para el uso de frecuencias, que alcanzarían hasta el 7,73 % de los ingresos brutos para empresas de televisión y el 3,13 % para las de radio.

Los críticos de esta iniciativa sostienen que estos montos podrían afectar la viabilidad económica de algunos medios.

En su informe de este domingo la SIP además hace referencia a un decreto de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que declaró como secreto de Estado determinada información, documentos y contrataciones relacionados con tres órganos de seguridad: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Fuerza Élite.

Otro punto mencioado por la SIP, es que a finales del pasado abril el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de cinco integrantes de la Junta Directiva de Grupo Nación, empresa editora del diario La Nación, el más influyente del país.

"Según medios locales, las revocaciones formaron parte de una serie más amplia de cancelaciones de visas que también afectaron a magistrados, exdiputados, al expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y otros actores políticos e institucionales del país. Estas medidas fueron descritas por distintos sectores como parte de una escalada de presión diplomática", destacó la SIP en su informe.

Luego de diez meses fuera de su país, de donde salió para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Machado regresa tras superar unos siete bloqueos aéreos y marítimos a su retorno desde Centroamérica e islas del Caribe, según la información que ha revelado su equipo y fuentes conocedoras del asunto.

"Estoy aquí. Con ustedes", dijo este domingo en un mensaje en X y minutos después su partido, Vente Venezuela (VV), difundió imágenes de la líder opositora ingresando a una iglesia en la pintoresca localidad de Santa Rosa, estado Lara (oeste), arropada por sus seguidores. No hay detalles todavía sobre su viaje de regreso.

Instalada en los últimos meses en Panamá -país al que considera una segunda casa por haberla acogido en momentos álgidos, como cuando resguardó las actas de votación que, según la oposición, daban el triunfo a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024-, Machado llega a Venezuela decidida a encabezar la lucha por nuevas elecciones presidenciales.

La opositora, de 59 años, ha buscado el cambio político en su país desde sus inicios en 2002, cuando fundó la organización Súmate, dedicada a la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, pero solo logró convertirse en la líder máxima de la oposición en 2023, cuando arrasó en las primarias de ese año.

Siempre defendió a Estados Unidos como un aliado y apenas 12 días después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas de este país, Machado se reunió con Trump, a quien le entregó la medalla del Nobel y le expresó su deseo de volver a Venezuela.

Entonces el mandatario anunció que podría "involucrar" de alguna manera a la opositora en su plan de transición para Venezuela, pero días después el secretario de Estado, Marco Rubio, -quien es más cercano a Machado-, declaró que el liderazgo de la dirigente no era realista en ese momento para iniciar una transición.

En marzo, Machado se reunió nuevamente con Trump bajo total hermetismo y solo hasta el 5 de octubre volvió a referirse a ella como una persona "fantástica". El mandatario fue preguntado sobre si apoyaba el regreso de la líder opositora al país y se limitó a responder que "todo saldría bien".

En todo este tiempo, Washington ha estado negociando acuerdos en materia de petróleo, minería y gas con el Gobierno de Delcy Rodríguez, una relación que ha crecido al punto de calificarse mutuamente como socios y amigos, que los llevó a firmar en agosto un convenio petrolero que permite a Estados Unidos acceder a la quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca principalmente el petróleo venezolano, y no impulsar la democratización del país. Machado tardó en reaccionar a este acuerdo y solo se limitó a decirle a la Administración de Trump que sus "enemigos" están en el poder en Venezuela.

Bajo este escenario la relación Machado-Trump parece distante.

Sin embargo, Trump declaró hoy a reporteros en Washington que "es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo".

Mientras, la urgencia por elecciones de Machado no coincide con la declaración reciente de Trump en las que sostuvo que aún es "demasiado pronto" para la celebración de las mismas.

El plan de transición del mandatario contempla un proceso de negociación entre el chavismo y la oposición representada por la exdiputada Dinorah Figuera para alcanzar un acuerdo que permita convocar a comicios presidenciales en el país suramericano.

Figuera fue escogida por Estados Unidos como la líder de la delegación opositora bajo el argumento de que representa el Parlamento electo de 2015, cuando el antichavismo ganó la mayoría de curules.

Machado no forma parte del diálogo, pero manifestó en sus inicios que no obstaculizará el proceso y reiteró su disposición a negociar con Delcy Rodríguez, como ya lo había indicado hace meses durante una reunión con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir (un) cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado en febrero pasado en un encuentro virtual con medios colombianos.

Recientemente reiteró en redes sociales su disposición a negociar, lo que desató las críticas del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Durante su programa de televisión, el dirigente oficialista -uno de sus principales detractores- también se mofó de las denuncias sobre los presuntos impedimentos a la opositora para retornar y, de hecho, descartó que ella intentara regresar por las fronteras marítimas o terrestres.

Con todo, Machado se encuentra de vuelta en el país y ha reabierto el tablero político venezolano.

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la organización apuntó que entre periodistas y medios independientes "prevalece el temor y la cautela ante el fortalecimiento de la propaganda gubernamental, las presiones, el acoso y la falta de transparencia del Gobierno del presidente Nayib Bukele".

"Los profesionales que investigan casos de corrupción, derechos humanos y seguridad enfrentan riesgos particulares", según el documento, que señal que también se han documentado agresiones, detenciones arbitrarias, ciberataques y otras formas de intimidación contra periodistas y comunicadores.

Según cifras del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) citadas en su análisis por la SIP, entre enero y el 15 de julio de 2026 se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa.

Las formas más frecuentes fueron las declaraciones estigmatizantes con 68 casos, el acoso digital con 45, la difamación con 26 casos, el acoso en espacios físicos con 20, y los insultos con 13 casos.

La APES ha señalado a funcionarios de alto nivel del Ejecutivo como la principal fuente de agresiones, alertó la organización.

La situación de la libertad de prensa también se refleja en los índices internacionales, según la SIP que enfatizó que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a El Salvador en el puesto 143 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026.

El país centroamericano retrocedió 8 posiciones respecto de la medición anterior y RSF también señaló que el presidente Bukele ha declarado confidencial información pública, pese a que la libertad de expresión está protegida constitucionalmente.

En su informe la SIP resalta que los medios y periodistas también han denunciado restricciones para acceder a eventos oficiales y dificultades para obtener información pública, especialmente sobre seguridad y actuaciones gubernamentales.

Además, menciona que organizaciones de prensa denuncian que funcionarios niegan información a periodistas, limitan el acceso a conferencias y muestran mayor apertura hacia medios considerados afines al gobierno.

Las radios y los medios comunitarios enfrentan dificultades adicionales marcadas por el ahogamiento económico, el acoso técnico y la autocensura, indicó.

Según la organización, la ausencia de asesinatos recientes de periodistas no elimina otros riesgos para el ejercicio de la profesión, puesto que las amenazas, el acoso digital, la vigilancia, las restricciones de acceso, el uso abusivo de procesos judiciales y el exilio pueden limitar el ejercicio periodístico sin que exista violencia letal.

"Las críticas y cuestionamientos en las redes sociales son aplastadas por ejércitos de troles y cuentas anónimas o aparentemente afines al oficialismo, que recurren a insultos, obscenidades y amenazas contra periodistas, especialmente mujeres", alertó.

Además, apuntó que "el Gobierno ha rechazado diversas acusaciones y cuestionado la independencia o las motivaciones de medios y organizaciones críticas", lo que contrasta con los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales que describen un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo.

En conjunto, el ejercicio periodístico se desarrolla en un entorno restrictivo, marcado por la criminalización, la vigilancia, las limitaciones al acceso a la información, las presiones económicas y legales, el acoso digital y el exilio, concluye la SIP en su informe.

La presencia militar se centrará, fundamentalmente, en proteger y asegurar las instalaciones petroleras operadas por la compañía estatal argelina Sonatrach en territorio nigerino, aunque también está previsto brindar apoyo a los intereses del país vecino, con el que Argelia mantiene una estrecha relación.

Este movimiento se produce cuando se encuentra vigente un memorando de entendimiento para la cooperación militar suscrito entre ambos países en junio pasado, que incluye la seguridad fronteriza y el control migratorio.

Además, a principios de esta semana, Argelia y Níger firmaron otro documento que denominaron "protocolo militar", aunque se desconocen los detalles, ya que su contenido no se hizo público.

A finales de agosto, el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, ordenó el despliegue de aviones de combate para auxiliar a la junta militar de Níger durante lo que el Gobierno nigerino calificó como golpe de Estado fallido, tras el ataque armado a la base aérea de la capital, Niamey, y el Palacio Presidencial.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump a reporteros en Washington.

El mandatario no ofreció detalles sobre el retorno de la opositora y añadió: "Nos está yendo muy bien en Venezuela".

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

La Real Sociedad de Salvamento Marítimo de los Países Bajos (KNRM) confirmó a medios holandeses que el barco se encuentra a la deriva y que hay tres heridos.

Dos de ellos ya han sido rescatados en helicóptero por la Guardia Costera y trasladados a un hospital, aunque se desconoce la gravedad de su estado.

Medios locales han asegurado que el buque llevaba 25 tripulantes a bordo.

El barco, un buque de carga pesada y casi 150 metros de eslora que navega bajo bandera portuguesa, se está viendo arrastrado por la fuerza del viento y olas de más de 4,5 metros de altura tras el paso de dos fuertes tormentas este fin de semana.

Tres lanchas de rescate han zarpado desde puertos neerlandeses, además de un helicóptero de la Guardia Costera, una lancha de rescate alemana y un buque de salvamento, según informes citados por medios del país. También se informa de que un helicóptero ha trasladado a una enfermera de urgencias médicas al barco.

El buque, el UHL Freedom, zarpó de Polonia con destino a Alemania el pasado jueves.

La gremial periodística recordó en el documento, difundido este domingo en su 82 asamblea general que se lleva a cabo en Bogotá, los asesinatos de los periodistas Carlos Cal Ical y Lisandro López Sánchez, además del exfiscal anticorrupción Francisco Solórzano Foppa.

Cal Ical fue acribillado con arma de fuego el pasado 26 de abril en el departamento (provincia) de Alta Verapaz (norte), mientras que López Sánchez perdió la vida también a tiros el 2 de octubre en Huehuetenango (noroeste).

Por su parte, Solórzano Foppa, uno de los referentes de la lucha contra la corrupción en Guatemala, fue abatido por sicarios el 17 de octubre cuando jugaba fútbol en un centro deportivo, en un crimen que ha conmocionado al país centroamericano.

En opinión de la SIP, se han reavivado "las alarmas sobre la violencia criminal como mecanismo para silenciar a las voces críticas" en Guatemala.

La organización regional periodística también lamentó que durante el último año proliferaron las "amenazas contra integrantes de medios de comunicación, detenciones y posibles actos de criminalización, así como intentos de limitar el acceso a la información pública por parte de funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo".

Uno de los casos establecidos como bloqueos del Gobierno a la información pública tuvo lugar en el Ministerio de Economía, que decidió "modificar la información disponible" sobre las licitaciones públicas.

En el mismo sentido, la SIP recalcó que un informe semestral de la organización Red Rompe el Miedo documentó "51 casos y 73 agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación".

En la madrugada de este domingo, el juez de control del centro de justicia del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México, Ricardo Santos Dorantes, determinó que el Ministerio Público "aportó elementos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de traición a la patria".

De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, el delito de traición a la patria contempla penas que van de los 5 hasta los 40 años de prisión.

Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Jáuregui, quien permanecerá recluido en el citado penal durante el tiempo que dure el proceso y hasta que se le dicten sentencia.

Apenas el pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó de la apertura de una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción del ex fiscal general de Chihuahua.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la investigación surgió tras una reunión entre su titular, Ernestina Godoy, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien compartió información sobre presuntos "actos de corrupción" del exfiscal estatal.

Los señalamientos están relacionados con "casinos y prestanombres, sobre lo cual, la gobernadora facilitaría la información respectiva, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación", apuntó la autoridad.

La nueva indagatoria se sumó a los dos procesos penales abiertos contra Jáuregui, el de traición a la patria y otro por ejercicio ilegal del servicio público, relacionados con la participación de presuntos de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en abril pasado.

La FGR agregó que la gobernadora Campos "responsabilizó al ex fiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera".

El 19 de abril, dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de un operativo antidrogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, estado de Chihuahua.

Durante el operativo, autoridades de Chihuahua participaron en el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y según la investigación federal, lo hicieron con presencia de agentes de EE.UU. sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

El caso escaló en los últimos días con la detención y encarcelamiento de Jáuregui, quien renunció a la fiscalía estatal el 27 de abril tras reconocer fallos institucionales de información y supervisión.

"Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita", apuntó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

"Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida". añadió.

El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la privada Universidad Iberoamericana (UIA) que indicó que en México 1.338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en 2024.

Mientras que otros 7.941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

Explicó que estas cifras la UIA las recopiló a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas para desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil, publicado hace unos días.

El citado documento advierte que las cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que "carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado".

"Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación", apuntó la Iglesia católica mexicana.

Explicó que, según el reporte, el reclutamiento de un niño o un adolescente "puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza" y que las organizaciones criminales "aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro", entre otras situaciones más.

Mientras que el cuadernillo, sobre reclutamiento infantil, documenta que "incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados".

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, el diagnóstico advierte sobre las dificultades de algunos medios para acceder a funcionarios de alto rango y las denuncias de que determinados servidores públicos han recibido instrucciones de no hablar con sus periodistas.

A ello se suma el progresivo distanciamiento de las conferencias de prensa semanales del presidente panameño, José Raúl Mulino, celebrada por última vez el pasado 18 de junio.

Entre las principales preocupaciones figura la distribución de la publicidad oficial.

Los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, dos de los medios de mayor circulación nacional y tráfico digital, han denunciado un supuesto bloqueo del Gobierno central en la asignación de estos recursos, que, según sus señalamientos, favorecen a medios con líneas editoriales más afines a la Administración.

En el ámbito legislativo, el documento cuestiona el mantenimiento del artículo 539 dentro del proyecto de reforma al Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional con miras a las elecciones de 2029.

La disposición sanciona la denominada “manipulación masiva” en medios digitales con penas de prisión y, según el informe, su redacción ambigua podría dar lugar a interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas y desinformación.

Asimismo, recoge las objeciones de los gremios periodísticos a un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, que convertiría un principio de ética y autorregulación en un mecanismo sujeto a sanciones judiciales. Aunque la iniciativa regresó a primer debate, no ha sido retirada por su proponente.

Otra de las propuestas cuestionadas es el anteproyecto de ley 51, que plantea modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial.

 El informe reconoce la preocupación por los ‘deepfakes’ y la suplantación digital, pero reconoce sobre el riesgo de que estas normas se utilicen para limitar la crítica y la fiscalización de los funcionarios públicos.

La situación judicial de los medios constituye otro de los ejes del documento. La Corporación La Prensa (Corprensa) afronta actualmente 12 procesos que representan reclamaciones económicas por aproximadamente 12,5 millones de dólares, según el informe.

Entre los casos figura una demanda civil de 5,5 millones de dólares presentada en 2012 por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. Un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa y condenó al medio a pagar cinco mil dólares por daño moral, una decisión que está en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, según el informe, permanece vigente una demanda civil por calumnia e injuria presentada por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, con una compensación de 2,5 millones de dólares.

El documento también menciona una nueva querella penal presentada por el expresidente Ricardo Martinelli -asilado en Colombia desde mayo de 2025- contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez, acompañada de una reclamación civil de un millón de dólares. A esta se suman demandas de particulares y empresas.

"Ambiciono dotar a Francia de nuevo de un Ejército potente y moderno", señaló la favorita de los sondeos para las presidenciales del año próximo, que se negó también a compartir la bomba atómica.

"Toda concesión de este instrumento de soberanía y de nuestra seguridad nacional es para mí un acto de traición", dijo la líder ultraderechista, en un momento en el que el actual presidente, Emmanuel Macron, promueve ejercicios nucleares conjuntos con otros países europeos para abrir el paraguas de protección a todo el continente.

Francia, única potencia nuclear de la UE, ha abordado recientemente una inversión en defensa impulsada por Macron. Le Pen aseguró que mantendrá "esos compromisos presupuestarios".

Agregó que tener la bomba atómica "no significa querer hacer la guerra" y dijo que apuesta por "una nación de paz", lo cual no constituye "un acto de debilidad" sino "una exigencia de la razón".

"Conmigo no habrá virilidad guerrera, ni esas demostraciones al tiempo ridículas y vanas, posturas de matamoros patéticos que nos dan vergüenza", indicó.

"La sangre francesa se ha derramado demasiado a lo largo de la historia y el país necesita a todos sus hijos (...) Por ello no enviaremos a jóvenes a morir en aventuras guerreras inconsideradas o irresponsables y menos en guerras que no son las nuestras", señaló Le Pen, que recientemente anunció un recorte de la ayuda financiera a Ucrania si llega al Elíseo.

La política concluyó que Francia "volverá a la política exterior del general De Gaulle hecha de tres exigencias: independencia, equidistancia y constancia".

La acampada cumple ya cuatro semanas instalada en la capital española para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. La movilización surgió tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años.

Desde la comisión de Comunicación de la Acampada 26S indicaron a EFE que retiraron las tiendas situadas en dos calles que salen de Sol, ya que la acampada se extendió más allá de la plaza, "para no molestar a los comerciantes" de la zona, después de que muchos negocios se quejasen del daño económico por la caída de ventas provocado por la ocupación del lugar.

Mientras, los acampados trabajan en un manifiesto consensuado con las comisiones, nodos y vecindades que conforman la protesta que sea la hoja de ruta a seguir para organizar una "desacampada" gradual y acordada y trasladar la fuerza del movimiento a los barrios.

Los acampados valoran en asambleas que organizan ellos mismos desde hace más de una semana el futuro de la movilización, que debe pasar también por dar alternativas a las personas sin hogar que se encuentran en Sol.

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.

Minutos antes, había indicado en X: "Estoy aquí. Con ustedes".

Luego, el líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que la líder se encontraba en territorio venezolano.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo el opositor.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se produjo su regreso, pero su equipo indicó que en las próximas horas ofrecerán detalles.

González Urrutia anticipó que "muy pronto" él también regresar para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

"Sin periodismo no hay democracia", afirmó Gil durante la ceremonia celebrada en Bogotá, con motivo de la 82 Asamblea General de la SIP, en la que advirtió de los riesgos que afronta la profesión ante las noticias falsas, los algoritmos, las plataformas tecnológicas y la autocensura.

"La verdad sí tiene remedio. De hecho, la verdad debe tener remedio", señaló la directiva, quien defendió la necesidad de buscar y publicar información para que los ciudadanos puedan formarse un criterio propio y contribuir a construir sociedades más libres y democráticas.

Gil, que se incorporó al grupo Prisa en el año 2000 y anteriormente fue su directora financiera, sostuvo que su labor consiste en garantizar que los 1.800 periodistas de Prisa Media puedan trabajar en las mejores condiciones de libertad y exigencia, así como asegurar la financiación y rentabilidad del grupo.

La española advirtió además de la violencia contra los periodistas y de la impunidad en los crímenes cometidos contra ellos, que, según dijo, terminan silenciando no solo a las víctimas, sino también a la verdad y a la libertad de prensa.

El Premio Ejecutiva del Año reconoce a líderes de la industria de medios que, por su trayectoria, capacidad de gestión e innovación, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del sector.

Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana, cuando su aparición con indumentaria oficial desató un auténtico furor en redes sociales.

Desde entonces, en cada evento público donde se presenta, decenas de ciudadanos hacen fila para tomarse una fotografía con el pequeño canino, mientras algunos asistentes le llevan regalos e incentivos gastronómicos.

El canino fue donado hace seis meses por una pareja de adultos mayores del estado de Chihuahua (norte) que ya no podía contener la energía del animal, encontrando en la corporación federal una segunda oportunidad de vida.

"Ellos por la actividad y la energía de Comando Chihuahua ya no sabían cómo cuidarlo, lo dan en adopción y la gente se dio cuenta de que era bien recibido por todos los integrantes de la Guardia Nacional", explicó en una entrevista con EFE la sargento primero Andrea Elizabeth Vilchis, quien forma parte del equipo que acompaña al ejemplar.

A diferencia de los tradicionales pastores alemanes o belgas malinois dedicados a la detección de narcóticos o explosivos, las funciones de este chihuahua se centran en la proximidad social, asistiendo a escuelas, plazas públicas y actividades comunitarias para generar confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

En las dependencias federales opera un amplio contingente canino que suma cerca de 1.000 perros en la Secretaría de la Defensa Nacional y 300 en la Guardia Nacional, entre los cuales Comando destaca como el único ejemplar de su raza.

Debido a su fisonomía, las autoridades militares tuvieron que construirle una pista de entrenamiento adaptada especialmente a su tamaño dentro de las instalaciones del Campo Militar en la Ciudad de México.

Pese al mito sobre el temperamento nervioso atribuido a los perros de su especie, la sargento destacó que el canino es un elemento de carácter estable y sumamente sociable con personas y con otros animales.

Su rutina diaria en el cuartel comienza a las ocho de la mañana para posteriormente cumplir con un horario escolar de adiestramiento que se extiende de las nueve de la mañana a las tres de la tarde.

Para sus misiones oficiales, el cuerpo técnico confeccionó una guerrera con la misma tela del uniforme de la institución, además de un chaleco táctico, palestina con parches de cursos, gafas de protección y casco a medida.

El papel de Comando va más allá de la imagen, la Guardia Nacional busca aprovechar el impacto mediático del canino para enviar un mensaje sobre la importancia de la adopción responsable y las segundas oportunidades para las mascotas, demostrando que los animales rescatados o donados pueden desempeñarse con éxito en tareas comunitarias.

"La verdad que para la Guardia Nacional es un orgullo y estamos muy felices de que Comando Chihuahua sea parte de nosotros, además de que es muy importante fomentar las segundas oportunidades y la adopción", concluyó la sargento.

Con la disciplina de sus entrenamientos diarios y el carisma demostrado en cada una de sus apariciones públicas, Comando Chihuahua continúa cumpliendo sus labores de proximidad social en el Campo Militar, consolidándose como una figura representativa dentro del contingente canino de las fuerzas armadas mexicanas.

Un grupo de encapuchados atacó a los interventores de la opositora Lista de los Estudiantes en Pancevo, una ciudad del norte de Serbia, informó la emisora de radio 021.

En Doljevac, en el sur del país, una treintena de personas irrumpió en un colegio electoral y atacó a los presentes, señaló la cadena regional N1, aunque las autoridades indicaron que la votación no llegó a interrumpirse.

También se produjeron ataques en dos centros de votación de Nuevo Belgrado, un distrito periférico de la capital, informó el diario Danas.

Estas son las elecciones más trascendentales en Serbia desde el año 2000, cuando el líder autoritario Slobodan Milosevic perdió las elecciones y acabó dimitiendo tras las masivas protestas ciudadanas.

Aleksandar Vucic, hombre fuerte del país desde hace doce años y ministro durante los últimos años del régimen de Milosevic, se presenta de nuevo como candidato a primer ministro tras haber dimitido como presidente el pasado mes.

Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura de expertos y profesionales impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la creciente corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

La ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que cuenta con observadores repartidos por todo el país, indicó que en el 25 % de los colegios electorales se habían registrado casos de personas fotografiando sus papeletas, lo que constituiría un indicio de "amenazas al secreto del voto y de presiones a los votantes".

En general, CRTA ha contabilizado algún tipo de irregularidad en el 29 % de los 8.200 colegios electorales, como el uso indebido del aerosol indeleble que se emplea para marcar los dedos de los votantes y evitar que puedan votar dos veces.

Los serbios han acudido a votar en masa durante la mañana y, en Belgrado, podían verse colas ante los colegios electorales incluso antes de su apertura, a las 07.00 (06.00 GMT).

En ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Toronto, la afluencia ha sido enorme, según muestran los medios serbios.

En Viena, donde también reside una importante comunidad serbia, el tiempo de espera para votar llegaba a las cuatro horas, informó la prensa austríaca este domingo.

Según los cálculos de CRTA, la participación a las 16.00 alcanzaba ya el 56 %, 14 puntos porcentuales más que a esa misma hora en las elecciones de 2023, ganadas con mayoría absoluta por el partido conservador SNS de Vucic.

El récord de participación en la Serbia moderna se registró en las elecciones del año 2000, cuando acudió a votar el 75 % del electorado. Poco después cayó el régimen de Milosevic.

Muchos analistas coinciden en que una elevada participación beneficia a la candidatura opositora de los universitarios, especialmente en un escenario de resultados muy ajustados, como anticipan los sondeos.

Unos 6,4 millones de serbios pueden acudir a votar hasta las 20.00 hora local (19.00 GMT) en estas elecciones y se espera que las primeras proyecciones no oficiales de los resultados se anuncien 90 minutos después.

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la SIP señaló que los periodistas y medios de comunicación que investigan la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico afrontan condiciones especialmente difíciles.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) -coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil de Honduras-registró 60 de estas agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026, relacionadas principalmente con conflictos territoriales, movilizaciones sociales, denuncias de corrupción y actuaciones de instituciones estatales.

Asimismo, en mayo pasado el Conadeh alertó sobre amenazas, agresiones e intimidación contra comunicadores, algunas de las cuales han provocado desplazamientos forzados.

El organismo recibió 208 quejas por presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión durante 2025.

Aunque la Constitución hondureña reconoce la libertad de emitir el pensamiento sin censura previa, "persisten obstáculos para su ejercicio efectivo", indicó la SIP.

El deterioro también se refleja en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, que ubicó a Honduras en el puesto 16 de 23 países, con 35,64 puntos sobre 100, en la categoría de "alta restricción", en la que permanece desde 2023.

La SIP relacionó esta situación con la llegada al poder de Xiomara Castro (2022-2026) y la crisis política en el Parlamento.

Durante las elecciones de noviembre de 2025, C-Libre documentó "50 alertas de agresiones" contra periodistas con motivación política, atribuidas principalmente a actores estatales y políticos.

En ese contexto, la Fiscalía acusó en julio de 2026 al general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos delitos contra la libertad de prensa vinculados con la publicación "Sicarios de la verdad", difundida en mayo de 2025 por un medio militar y denunciada por periodistas como parte de una "presunta campaña de desacreditación".

En septiembre, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, decisión que su defensa apeló y solicitó el sobreseimiento definitivo.

La presión y los ataques que también se extiende a las plataformas digitales, que lo han denunciado.

Así el medio Contracorriente ha denunciado reclamos por derechos de autor contra 32 investigaciones en tres días, que provocaron la suspensión temporal de su cuenta de Instagram, mientras que el diario digital Criterio.hn reportó la eliminación de al menos 14 publicaciones por motivos similares.

De igual forma, la Red Centroamericana de Periodistas alertó en agosto sobre amenazas, vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales.

La cita denominada, 'BioSummit 2026-The World Biodiversity Summit' reunirá, del 4 al 6 de noviembre, a científicos, investigadores, autoridades, académicos, productores, empresarios y representantes de distintas organizaciones.

La agenda conectará ciencia, innovación, conocimiento ancestral y sector productivo para analizar cómo la biodiversidad puede contribuir a la seguridad hídrica, la adaptación climática, la producción de alimentos y el desarrollo económico.

Entre 1997 y 1998 hubo en Ecuador un severo fenómeno de El Niño, que ocasionó pérdidas calculadas en 2.882 millones en el país, equivalentes aproximadamente al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, recordaron este domingo los organizadores de la cita.

Subrayaron que esta experiencia refuerza la importancia de fortalecer la prevención, la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación de los ecosistemas y las actividades productivas, aún más en momentos en los que ya se sienten los efectos de El Niño.

Por ello, todas las conferencias estarán abiertas al público sin costo y con previa inscripción para ampliar el acceso al conocimiento científico, experiencias internacionales y propuestas que contribuyan a fortalecer la resiliencia del país.

La jornada inaugural abordará el estado de la biodiversidad y los desafíos globales para su conservación, así como la gobernanza ambiental y la preparación frente a los riesgos climáticos.

Entre los temas previstos figuran el monitoreo de El Niño, las alertas tempranas, la adaptación multisectorial y la protección de ecosistemas estratégicos.

El segundo día estará dedicado a la innovación científica, tecnológica, normativa y financiera aplicada a la conservación y regeneración de la biodiversidad.

Se analizarán herramientas como la inteligencia artificial aplicada a la biodiversidad, la restauración de bosques, los mercados de carbono, la medición ambiental y los desafíos regulatorios que inciden en el comercio internacional.

La tercera jornada se centrará en la producción regenerativa y su contribución a la seguridad alimentaria e hídrica, la recuperación de los suelos y la resiliencia de las actividades económicas.

Además, el 7 de noviembre se realizará una experiencia de campo que permitirá acercarse a ecosistemas estratégicos de Ecuador junto a expertos.

"La biodiversidad no es el paisaje de la economía. Es la maquinaria que la sostiene", subrayó Marcelo J. Salame, director de BioSummit 2026 y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono y Biodiversidad.

En el marco de la 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá, la SIP señaló que, transcurrido un año y medio del Gobierno encabezado por Yamandú Orsi, los medios, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin obstáculos significativos.

"No se produjeron hechos graves que afectaran de manera sustancial la libertad de expresión o el derecho a la información", puntualizó en su informe sobre Uruguay.

Más allá de esto, apuntó que algunos episodios ocurridos "merecen seguimiento por sus posibles efectos sobre el ejercicio del periodismo independiente y el debate público".

En ese sentido, recordó que en el mes de junio se generó una controversia en el marco de una entrevista que hizo El Observador a la senadora del oficialista Frente Amplio Bettiana Díaz.

"El periodista le consultó sobre una publicación de carácter personal que la legisladora había realizado previamente en redes sociales. Díaz cuestionó la pertinencia de la pregunta y sostuvo que el abordaje respondía a un sesgo de género y constituía una intromisión en su vida privada", indicó la SIP.

Añadió que este episodio "generó cuestionamientos públicos de sectores del oficialismo, organizaciones sociales cercanas al Gobierno y la Asociación de la Prensa del Uruguay respecto del abordaje realizado por el periodista durante su cobertura".

"Si bien no se produjo una medida formal de censura o restricción, este tipo de situaciones puede incidir de manera negativa en el ejercicio profesional", remarcó la SIP en su informe.

Por otro lado, detalló que la senadora oficialista Blanca Rodríguez planteó en septiembre la necesidad de penalizar lo que calificó como "discurso de odio" difundido "en las redes, en los podios y en los micrófonos".

"Uruguay contempla en su Código Penal el delito de incitación al odio, que sanciona la incitación pública al odio, desprecio o violencia contra personas por motivos relacionados, entre otros, con el color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Cualquier eventual ampliación de estas disposiciones debería analizarse a la luz de las garantías sobre libertad de expresión y de prensa reconocidas por el sistema interamericano de derechos humanos", enfatizó la SIP.

Finalmente, subrayó que a dichos episodios "se suma la situación económica que atraviesan diversos medios de comunicación, que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en el sector e inquietud sobre la sostenibilidad de la industria en momentos de disrupción causada por la inteligencia artificial".

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo González Urrutia en X al citar un mensaje de la dirigente en la misma red social.

Machado dijo previamente: "Estoy aquí. Con ustedes", sin precisar exactamente dónde.

Hasta ahora, ni ella ni su equipo han ofrecido detalles sobre su regreso. González Urrutia dijo que "muy pronto" él también regresará para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de salir de Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

“Una candidatura al puesto de mayor rango en la ONU tiene el objetivo de allanar el camino diplomático al proyecto del ‘Gran Israel’ y blanquear un genocidio sistemático”, afirmó Qalibaf en su cuenta de X.

El político iraní acompañó su publicación de una noticia de febrero de 2024 del canal France 24, en la que Nusseibeh defendía la decisión de Emiratos Árabes Unidos de mantener las relaciones diplomáticas con Israel pese a la preocupación por las víctimas y la destrucción causadas por la guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Defender lo ocurrido en Gaza es lo que figura en su currículum; el zorro está actualizando su perfil de LinkedIn para solicitar el puesto de guardián del gallinero”, añadió Qalibaf en tono irónico en referencia a la candidata.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, Nusseibeh defendió que la cooperación con Israel había permitido a Abu Dabi instalar un hospital de campaña en Gaza y otro flotante en Egipto, aunque también reclamó un alto el fuego humanitario y la solución de los dos Estados, al considerar necesario dialogar incluso con quienes mantienen posiciones contrarias.

Emiratos Árabes Unidos e Israel establecieron relaciones diplomáticas en 2020 en el marco de los Acuerdos de Abraham, promovidos por Estados Unidos, con lo que el país árabe se convirtió en el primero del golfo Pérsico en normalizar sus relaciones con el Estado hebreo.

Nusseibeh, ministra de Estado de Asuntos Exteriores y antigua embajadora ante Naciones Unidas entre 2013 y 2024, fue propuesta formalmente el 21 de octubre como candidata para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye en diciembre.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023.

"El Shin Bet notificó a la oficina del líder de Los Demócratas, el general en la reserva Yair Golán, que desde esta mañana se le proveerá seguridad por parte del Shin Bet y financiada por el Estado", anunció en un comunicado este domingo la formación de Golán.

También Yashar! ("¡Recto!" en hebreo), el partido de Gadi Eisenkot, informó en la noche del sábado que el que fuera jefe del Estado Mayor iba a recibir desde este domingo servicios de seguridad de manos de una empresa privada, dirigida y supervisada por la unidad 730 del Shin Bet.

Según el diario The Times of Israel, la inteligencia interior israelí también protegerá al candidato de Amcha Israel ("Pueblo de Israel"), el derechista Ofer Winter.

En el caso de Golán, Los Demócratas especificaron que el Shin Bet ha accedido a proveerle de protección según una decisión de seguridad "que se actualizaría según las últimas evaluaciones".

La decisión se produjo después de que un hombre en estado de embriaguez atacara a un guardaespaldas de otro de los líderes de la oposición, Naftalí Bénet, en una discusión en la que mostró su apoyo al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Este martes Israel celebra las 26ª elecciones parlamentarias de su historia, para las que los sondeos sitúan a Netanyahu como segundo en intención de voto, después de Eisenkot.

El documento destaca que en agosto pasado, durante la ceremonia de la Federación de Medios de Comunicación Social, el presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó que su gobierno “nunca será un obstáculo para los medios”, defendió la función del periodismo de escrutar al poder y condenó el hostigamiento digital, en medio de cuestionamientos sobre el carácter liberal de su administración.

No obstante, advierte el informe, la Administración de Kast comunicó que cesaría el financiamiento del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, decisión justificada mediante el ajuste fiscal que afectó a casi la totalidad de las carteras del Ejecutivo, medida que fue cuestionada por académicos y especialistas.

La discusión pendiente del proyecto conocido como "Ley Mordaza 2.0", que establece sanciones por divulgar antecedentes de investigaciones penales, genera preocupación en organizaciones periodísticas y especialistas por sus posibles efectos sobre la investigación de asuntos de interés público, trabajo que ha cumplido un rol fundamental en Chile durante los últimos años destapando casos de corrupción política, judicial y económica.

Otro foco de tensión identificado por el estudio es la propuesta legislativa que habría permitido usar obras publicadas para analizar datos sin autorización ni remuneración, posibilidad que podía incluir contenidos periodísticos destinados al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, lo que motivó el rechazo de asociaciones de prensa, televisión y derechos de autor.

Si bien la ley despachada por el Congreso en agosto no incorporó dicha disposición, la discusión podría reabrirse durante el debate que busca regular los sistemas de IA, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

De acuerdo al informe, los medios regionales seguían esperando pagos del Servicio Electoral por publicaciones de nóminas electorales realizadas en 2025, "situación que mantiene un impacto potencial sobre su sostenibilidad económica y capacidad para contribuir al pluralismo informativo y a la cobertura descentralizada".

Durante el periodo se han registrado además ataques contra periodistas y equipos de televisión y radio durante manifestaciones que evidencian riesgos en terreno, sin medidas concretas que contribuyan a su protección ni avances de proyectos de ley en esa dirección en el Congreso.

En junio pasado, recuerda el capítulo chileno del documento, la Justicia condenó a cinco años de presidio a dos exfuncionarios por interceptar ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel en 2017; seguidamente, el fiscal nacional, Ángel Valencia, emitió instrucciones para proteger fuentes confidenciales, limitar diligencias intrusivas e investigar de oficio delitos contra trabajadores de las comunicaciones.

Persisten dudas sobre la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, luego de que el Senado rechazara en mayo las designaciones para dirigir la agencia encargada de aplicarla, y el Gobierno propusiera postergar su entrada en vigor hasta diciembre de 2027, iniciativa que aún seguía en trámite al cierre del informe.

Así, investigaciones de las cadenas públicas NDR y WDR han revelado que la colíder de AfD, Alice Weidel, posiblemente estuvo al tanto mucho antes de lo admitido públicamente de unos donativos recibidos por el partido en 2017 que más tarde fueron hallados ilegales.

Cuando estalló el escándalo en 2018, Weidel, entonces una figura emergente, aseguró que no tenía conocimiento de los detalles de la financiación de las campañas electorales y que no supo de las transacciones hasta semanas después de que se hubieran producido.

Sin embargo, entre los correos filtrados ahora, figuran emails escritos por Weidel en 2017 en los que da instrucciones precisas a personas de confianza advirtiendo por adelantado de las donaciones, que comenzaron a llegar cuatro días después en 18 tramos, procedentes de Suiza y con un valor total de 132.000 euros.

En 2021 se sobreseyó la causa penal contra Weidel por una presunta infracción de la Ley de Partidos por falta de pruebas de que los donativos ilegales habían sido pactados, pero AfD tuvo que pagar una multa de 400.000 euros por no haberlos rechazado en su momento.

Por otro lado, los emails expuestos también han revelado los datos personales de miles de jóvenes votantes en la región de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste) que AfD había solicitado a las autoridades regionales antes de los recientes comicios de septiembre para enviarles publicidad electoral.

El comisionado de Protección de Datos de la región, Sebastian Schmidt, confirmó esta semana al diario Handelsblatt que ha abierto varios procedimientos para investigar si ha habido funcionarios públicos que hayan infringido la ley de protección de datos al suministrar esta información.

No obstante, de acuerdo con este medio, AfD también podría enfrentarse a multas significativas por no haber protegido mejor los datos y por no haber informado a los afectados en cuanto se produjo la filtración.

Los emails también sacan a la luz detalles sobre el viaje de siete políticos ultraderechistas, entre ellos cuatro diputados, a Siria en 2018, cuando el país se hallaba aún bajo el régimen de Bachar al Asad.

Los mensajes intercambiados en ese momento sobre el desplazamiento apuntan a que éste fue objeto de gran controversia dentro de la formación por no estar pactado con la dirección y sugieren incluso que fue organizado con la ayuda de Hizbulá y de los servicios secretos rusos.

El martes pasado AfD confirmó a EFE que "en septiembre de 2026 se produjo un ataque informático contra un proveedor de servicios de alojamiento web" de su partido, "en el que, al parecer, se copiaron ilegalmente partes de unos pocos buzones de correo electrónico".

"Este ataque se detectó y se detuvo rápidamente, y posteriormente se informó a todos los usuarios al respecto. Los buzones de correo actuales de la organización federal de AfD no se han visto afectados", precisaron las fuentes consultadas de AfD, que indicaron que hay una investigación abierta.

En un informe aprobado durante su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la SIP señaló que, aunque la prensa paraguaya muestra "avances en innovación y transformación digital", enfrenta "crecientes amenazas a su independencia y sostenibilidad", como "el uso discrecional de la publicidad estatal", el "hostigamiento judicial", la "violencia impune" contra periodistas y campañas de desinformación.

La SIP ubica su análisis en un contexto "atravesado por investigaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, tensiones políticas dentro del oficialismo y movilizaciones sociales relacionadas con el presupuesto nacional y los servicios públicos".

El documento advierte, entre otros, sobre presuntas "estructuras digitales de desinformación" -denunciadas por el diario local ABC Color-, que habrían utilizado Facebook, Instagram y anuncios de Google para difundir contenidos contra periodistas y políticos críticos al Gobierno, incluidos materiales falsos, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

El caso motivó "solicitudes de información e investigación en el Congreso y generó cuestionamientos sobre la eventual utilización de recursos públicos", advirtió la SIP.

A raíz de las denuncias sobre la supuesta 'Red Desinformante', el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) reclamó en julio pasado la destitución del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate. De igual forma, alertó "presiones" contra la Radio Cáritas para que descartara de sus redes una publicación relacionada con este caso, bajo "la amenaza -según la denuncia del medio- de retirar pauta publicitaria estatal".

Igualmente, la SIP mencionó que el presidente paraguayo, Santiago Peña, -cuyos vínculos financieros fueron objeto de revisión por parte de la prensa- cuestionó públicamente trabajos periodísticos, calificó de "extorsión" investigaciones de medios e "insinuó que periodistas podrían recibir financiamiento de organizaciones criminales", al responder a preguntas de una reportera sobre su patrimonio.

Entre los ataques a periodistas, la organización documentó el caso del comunicador César Candia, cuyo vehículo fue incendiado por un desconocido encapuchado en septiembre pasado. Asimismo, indicó que en junio pasado fueron halladas culpables dos personas por las amenazas de muerte desde perfiles falsos en redes sociales contra el periodista Carlos Benítez, cuya casa fue atacada a tiros en septiembre de 2025.

También el informe recoge la "preocupación" expresada por el gremio local en torno el proyecto de ley 'De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia' impulsado en el Senado, en relación con la "discrecionalidad" que otorga al Ejecutivo para determinar quiénes recibirían medidas de protección, lo supone un riesgo "de que el mecanismo pudiera ser utilizado de manera selectiva".

Por otra parte, la SIP reseñó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas que el Estado Paraguayo ofreció en julio pasado a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado en 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, en cumplimiento de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Prohibamos la carne de res, de cerdo y de pollo… y también las verduras, porque hay un estudio que dice que podrían ser indicadores de sufrimiento”, escribió José Andrés en su cuenta de la red social X.

José Andrés respondió a uno de los defensores de la prohibición, denominada Iniciativa 86, que rechaza el "foie gras" por considerar que se obtiene a través de una práctica cruel para los animales.

"Tenemos niños con hambre en Estados Unidos y en el mundo… acabemos con el hambre y luego hablamos", señaló el chef.

La Junta Electoral de Washington verificó el 5 de agosto las firmas necesarias para incluir la propuesta en la papeleta electoral, junto con la votación para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y otros cargos locales y estatales.

El intento de prohibición incluye la alimentación forzada de aves para agrandar su hígado y la venta comercial, distribución e importación de "foie gras" en Washington.

La campaña Pro-Animal DC fue la promotora de la iniciativa y, en caso de aprobarse, las multas irían de 1.000 a 5.000 dólares por infracción, con sanciones adicionales por cada día que continúe la violación, y podría llegar a pérdida de licencias comerciales.

"Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus brazos armados, pueden intentar provocarnos con ataques para perturbar las elecciones", afirmó Netanyahu en un vídeo difundido por su oficina y grabado en una de las baterías del sistema antimisiles de larga distancia Arrow ("Flecha" en inglés).

"No nos pongáis a prueba. Recibiréis golpes desproporcionados, mucho más fuertes de lo que imagináis. Será un golpe aplastante para vosotros. No os equivoquéis: no nos pongáis a prueba", añadió el primer ministro, que aseguró que el Ejército israelí está preparado "tanto para la defensa como para el ataque".

El sistema Arrow, desarrollado por Israel con Estados Unidos, está diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance como los que Irán ha lanzado contra territorio israelí en las últimas confrontaciones entre ambos países.

La advertencia llega a dos días de unas elecciones en las que Netanyahu, que lleva casi veinte años en el poder en total, se juega la continuidad al frente del Gobierno, teniendo su bloque una ligera desventaja en los sondeos frente al de la oposición, sin que ninguno alcance la mayoría de 61 escaños.

Esta mañana, Netanyahu ya publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía Tel Aviv sufriendo la detonación de una bomba nuclear, mostrándose nuevamente como el "único" candidato capaz de lidiar con Irán.

No es la primera vez que el primer ministro alerta de posibles ataques en vísperas de los comicios: a principios de septiembre ya aseguró que había "indicios" de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de las elecciones.

Sin embargo, según el diario Financial Times, ha sido Netanyahu quien ha presionado sin éxito a EE.UU. para retomar la ofensiva contra la República Islámica.

"Rechazamos la estigmatización de las mujeres en nombre de un dogma de otro tiempo", dijo la política, favorita de todos los sondeos para imponerse en las presidenciales de abril-mayo próximos.

En medio de un espectáculo "a la americana", que recordó en Francia a los que la campaña del conservador Nicolas Sarkozy en 2012, Le Pen desgranó algunos de los puntos principales de su ideario político, centrados en el soberanismo económico, el combate contra la inmigración y el "restablecimiento del orden".

Además de la ideología islamista, prometió también "combatir la violencia" que atribuyó a la izquierdista La Francia Insumisa, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon, aparece como su principal rival en los sondeos.

"También combatiremos el oscurantismo tecnófobo", dijo Le Pen, que encarnó en "la ecología punitiva" que "desafía el progreso" y al "derrotismo" que "anuncia cada semana el fin del mundo y sugiere, incluso, dejar de tener hijos".

Aclamada por un público enfervorecido, Le Pen aseguró que su batalla no busca "restaurar la Francia de ayer, sino construir la de mañana".

Aseguró que el estado actual del país "no es culpa de su pueblo, es culpa de sus políticos" y proclamó "una alternancia que no es un acto revolucionario" pero que consideró necesaria en la vida democrática del país.

Derrotada en la segunda vuelta de las dos últimas presidenciales por Emmanuel Macron, Le Pen acusó a este de haber dejado al país "al borde del precipicio" y propuso "rescatarlo".

"Lo proclamo aquí, en Orleans, la ciudad de Juana de Arco, que antes de ganar la batalla ganó otra, la de convencer que se podía vencer", señaló.

El informe señala que el entorno institucional se ha vuelto "progresivamente más opaco y restrictivo" debido a reformas legislativas regresivas y a barreras administrativas avaladas judicialmente.

El principal factor de este retroceso es la promulgación de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, firmada el 14 de diciembre de 2025 por la gobernadora Jenniffer González.

La nueva ley impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales, lo que dificulta los procesos para acceder a información pública, tanto para periodistas como para ciudadanos.

Establece un término de 20 días laborables para entregar información, en lugar de los 10 días previstos anteriormente, para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o que su antigüedad sea menor a tres años.

En el caso de documentos que superen las 300 páginas o los tres años de antigüedad, ese plazo aumenta a 30 días laborables y se puede extender hasta 50.

También dispone que "no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole", y exige notificar cada solicitud a los jefes de agencia, quienes determinarán si esta es "no defectuosa", entre otros requisitos.

La SIP también incidió en su informe en que se implementó una política de exclusión en La Fortaleza, sede del Ejecutivo y residencia de la gobernadora, al exigir una certificación previa del Departamento de Estado para ingresar a las conferencias de prensa.

Aunque un tribunal de primera instancia declaró inconstitucional la exigencia en febrero de 2026, el Supremo resolvió el pasado 17 de abril que el Ejecutivo puede requerir dicho carnet oficial, sentando un precedente adverso para el escrutinio de la gestión pública.

En el ámbito del discurso público, persiste un entorno de hostigamiento verbal promovido desde altas esferas del Poder Legislativo, destacando los insultos recurrentes del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contra medios y periodistas en las redes sociales.

El informe de la SIP recoge, además, que los diarios El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de imprimirse a finales de septiembre y pasaron a operar exclusivamente en formato digital, en el contexto de la acelerada transformación digital que atraviesa el ecosistema informativo.

En sus informes por país de la 82ª Asamblea General de la SIP que concluye este domingo en Bogotá, el organismo indicó que esas señales tienen que ver con "el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital".

El documento recopiló "varios episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas", como el de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, que el 15 de mayo fue empujado por un agente penitenciario, mientras que a finales de julio, Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono, al parecer por particulares, mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.

"También genera atención la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios" tras la eliminación de La Semanal, un mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas, lo que causó "inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública".

La SIP también expresó su preocupación por "disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública (...) por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades".

"A estos desafíos se suma el deterioro del ecosistema informativo digital. La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por atención y alcance con contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación", agregó el documento.

En ese sentido, apuntó que aunque la expansión de plataformas, canales y cuentas digitales ha ampliado el pluralismo informativo, "también ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas".

De otro lado, la SIP destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales al rechazar en septiembre pasado "un recurso que buscaba la eliminación de publicaciones de Diario Libre y Google LLC realizadas en 2019 sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador".

"El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. También valoró que las publicaciones daban cuenta de una investigación y no presentaban al reclamante como culpable", al tiempo que destacó la sentencia como "particularmente relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido".

Su gestión anterior en la SIP estuvo ligada a la defensa directa de la libertad de prensa. Durante los cinco años en que encabezó la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la SIP reforzó su voz en la región frente a la persecución, la censura y los asesinatos de periodistas. En ese tiempo también advirtió sobre fenómenos como la creciente ola de periodistas exiliados en la región y sobre la falta de protocolos de protección en muchos países.

En la conducción de la entidad, Jornet trabajará junto a Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. Lauría ocupa el cargo desde noviembre de 2023, cuando reemplazó a Ricardo Trotti, que había dirigido la organización desde enero de 2015. Tiene más de treinta años como periodista y ha dedicado los últimos veinte a la defensa de la libertad de expresión. Durante quince años fue director de programas regionales y responsable del área de las Américas en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y entre 2017 y 2021 dirigió el área de libertad de expresión del programa de periodismo independiente de la Fundación Open Society. Entre sus funciones como director ejecutivo está acompañar al presidente y a los voceros de la organización en sus posiciones sobre los problemas que afectan a periodistas y medios de la región. En la propia asamblea de Bogotá, Lauría participó en un panel sobre periodistas desplazados. Allí advirtió que el exilio periodístico ya no se limita a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que se ha extendido a otras naciones donde crecen las presiones políticas, judiciales y criminales contra la prensa. También ha señalado que la desinformación es una amenaza estructural para las democracias, porque impide construir una realidad compartida basada en hechos. Esa agenda coincide con la de Jornet, centrada en la sostenibilidad del periodismo y su protección.

Jornet tiene además una larga trayectoria en el gremio de la prensa argentina. Presidió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) entre 2011 y 2014. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información, supervisa los programas de responsabilidad social de La Voz y coordina su Manual de Principios, Valores y Estilo. También es autor del libro “Gestión periodística: herramientas para lograr un periodismo efectivo y de calidad”.

Sobre las prioridades de su mandato, el nuevo presidente adelantó que la sostenibilidad del periodismo será uno de los ejes centrales de su gestión, y advirtió que sin apoyo a la prensa la consecuencia sería “un acelerado deterioro democrático e institucional”.

La asamblea de Bogotá tuvo otros momentos destacados. Se conmemoraron los 30 años de “El mejor oficio del mundo”, el discurso que Gabriel García Márquez pronunció ante la SIP en 1996, y The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026.

El hombre, de 39 años, está siendo sometido a una evaluación psiquiátrica en la enfermería de la Prefectura de Policía de París, después de que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) haya suspendido temporalmente su detención preventiva por motivos de salud mental.

Los especialistas recomendaron un periodo de observación que podría prolongarse hasta 48 horas para determinar si su estado permite reanudar los interrogatorios, según informó este domingo la PNAT en un comunicado, en el que añadió que los análisis detectaron cannabis y cocaína en su organismo cuando fue detenido.

El tiroteo comenzó el viernes hacia las 10:00 hora local en Trappes y continuó en la localidad vecina de La Verrière, en el departamento de Yvelines. Según las primeras investigaciones, el sospechoso disparó ráfagas con un subfusil desde un automóvil, un pequeño utilitario, y fue detenido en la cercana Coignières tras un recorrido de unos 20 minutos.

La víctima mortal fue Pengo Bossio Wangi, de 26 años, una promesa francesa de las artes marciales mixtas en Francia, mientras que entre los cinco heridos figura una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala y resultó gravemente herida.

Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso eligió a sus víctimas por su color de piel, según informaciones de Le Monde, que también informó de que el hombre habría dicho a los investigadores que pretendía vengar a comerciantes cuyos establecimientos fueron saqueados durante los disturbios del 17 de octubre durante las protestas en favor del poder adquisitivo.

El diario añadió que los investigadores encontraron en su domicilio un ejemplar de 'Mein Kampf', de Adolf Hitler.

La PNAT investiga los hechos como asesinato e intento de asesinato en relación con una organización terrorista, con la agravante de que podrían haberse cometido por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión.

El abogado de la familia de la víctima mortal, Yassine Bouzrou, cuestionó hoy la decisión de suspender la detención preventiva y denunció diferencias en el tratamiento de los casos de violencia terrorista según la ideología atribuida a los sospechosos. "Cuando el atentado emana de la extrema derecha, la cuestión psiquiátrica se impone muy rápidamente", señaló.

"Heredé de Biden la peor inflación de la historia, y en los últimos tres meses la hemos reducido al 1,7 %", aseguró en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News.

Trump afirmó que "ahora mismo estamos construyendo más plantas automotrices en Estados Unidos que en cualquier otro momento de nuestra historia. Nos arrebataron la industria automotriz. Ahora lo estoy recuperando todo".

Estas declaraciones se producen un día después de que el presidente pronunciara un mitin en Georgia, uno de los estados en que el escaño del Senado está en juego.

"Ayer hicimos algo en Georgia que fue increíble porque Audi va a construir una de las plantas más grandes. Van a fabricar 200.000 coches al año. Están cerrando en México y Canadá. Vienen a nuestro país con una planta nueva y preciosa justo en Georgia y gastando miles de millones y miles de millones", explicó en su conexión telefónica con Fox.

"Va a ser la planta más grande del mundo", concluyó.

Este anuncio se suma a otros de carácter económico que Trump está realizando en los últimos días en estados que las encuestas marcan como dudosos o de tendencia demócrata.

Este domingo el mandatario acudirá a Michigan para participar en un mitin en un estado muy disputado en el que medidas de su política económica, como los aranceles con Canadá, están afectando a los ciudadanos.

La entidad expuso esta situación en el apartado sobre Bolivia incluido en el informe difundido en su 82 asamblea general que se celebra en Bogotá.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Esos conflictos cesaron después de que el Gobierno logró acuerdos con algunos sectores y decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos de vías que provocaron desabastecimientos de combustibles, alimentos e insumos médicos y ocasionaron millonarias pérdidas económicas.

La SIP señaló que el conflicto "tuvo un impacto directo en el ejercicio del periodismo", pues durante las protestas, periodistas y equipos de prensa "fueron agredidos tanto por manifestantes como durante operativos policiales, mientras cubrían los bloqueos y enfrentamientos".

"Los ataques incluyeron golpes, lanzamiento de piedras, hondas, dinamita y pirotecnia, así como agresiones con gases lacrimógenos y proyectiles policiales" indicó la entidad, cuyo informe detalla una decena de agresiones registradas en las regiones de La Paz y Santa Cruz entre mayo y junio.

Según la SIP, la cobertura periodística en ese contexto "se desarrolló en condiciones de particular riesgo, afectando tanto la integridad de los profesionales como el acceso de la población a información sobre una crisis con importantes consecuencias sociales y económicas".

A esta situación, se suman "presiones" estructurales que afectan la "sostenibilidad y la independencia de los medios", apunto.

La entidad mencionó la "creciente competencia" que enfrentan los medios tradicionales, sobre todo los diarios, de "personas y plataformas digitales que difunden contenidos en redes sociales sin sujetarse necesariamente a los mismos estándares de ética y responsabilidad periodística".

"La proliferación de información sin fuentes identificables y la distorsión de contenidos contribuyen a debilitar la confianza del público en el periodismo profesional", alertó.

La SIP advirtió que esta situación "se agrava por el desplazamiento" de los medios tradicionales en materia de publicidad estatal "y por la vulneración de los derechos de autor sobre contenidos producidos por periodistas y empresas periodísticas" que son reproducidos sin autorización en portales web y redes sociales.

En un contexto de crisis económica, la continuidad de algunos medios también se vio comprometida. Es el caso del diario Opinión, de Cochabamba, que suspendió su edición impresa "debido a su fragilidad financiera".

"Lamentablemente, un guardia de seguridad de una de las empresas falleció como consecuencia de un ataque con misiles en la zona industrial de Yelets", escribió en redes sociales Ígor Artamonov, el gobernador local.

Previamente, el gobernador informó de una trabajadora sanitaria herida en ese ataque.

Según medios de investigación rusos, Kiev habría atacado en Yelets una planta de la industria militar rusa, que ya fue golpeada por fuerzas ucranianas en el pasado.

Paralelamente, las autoridades de la región de Bélgorod elevaron a tres el número de civiles muertos en el ataque nocturno de Kiev.

Un gabinete de crisis que opera en esa región fronteriza denunció además que durante la jornada de hoy un dron enemigo impactó contra una ambulancia, hiriendo a tres sanitarios que se encontraban dentro.

"Hasta el momento, cuatro personas han sido rescatadas y están recibiendo atención médica en el hospital", señalaron las fuerzas de seguridad en X, tras días de operaciones de búsqueda entre los escombros realizadas por diferentes agencias.

"El Servicio Nacional de Policía sigue apoyando las labores de búsqueda y rescate en curso. Se recomienda a las familias que busquen información sobre sus seres queridos desaparecidos que se dirijan a la oficina de la Cruz Roja de Kenia", añadieron.

A última hora del viernes, el ministro keniano del Interior, Kipchumba Murkomen, cifró en siete los desaparecidos, al precisar que once locales situados en la planta baja y en el sótano del edificio estaban ocupados cuando ocurrió el colapso.

Asimismo, según el ministro, en el momento del derrumbe había 67 trabajadores de la construcción en el lugar y todos ellos fueron ya localizados: 66 de ellos ilesos y uno que resultó herido y se encuentra estable en el hospital.

El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situado en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

Diferentes medios locales reportaron varios números de plantas -desde doce hasta 18-, mientras la Policía los cifró en unas diez.

El gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, aseguró que el edificio en cuestión había recibido la aprobación para su construcción, pero no contaba con un "certificado de ocupación", y exigió castigos más duros para los constructores que violan las regulaciones.

Las autoridades desplegaron "maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas", unas operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, en inglés), la Policía, el Gobierno del condado de Nairobi y la Cruz Roja.

Mientras, las fuerzas de seguridad buscan al propietario del inmueble y han lanzado una investigación para esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad penal o negligencia.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran presuntamente el momento exacto en el que el edificio se desploma, levantando una gran humareda de polvo, si bien EFE no pudo verificar ese vídeo de manera independiente.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.

En un informe, aprobado este domingo en Bogotá durante la 82ª Asamblea General de la SIP, el organismo señala que en Argentina persisten las tensiones entre el poder político y la prensa, así como episodios de amenazas y decisiones judiciales que afectan investigaciones periodísticas.

Más allá de los insultos que el propio Milei vierte a diario contra la prensa, la SIP llama la atención sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

La SIP recoge las objeciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y advierte que la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública” o “campaña coordinada” podría generar un efecto inhibitorio sobre periodistas y medios.

El informe menciona las declaraciones del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, quien el 25 de agosto sostuvo que la Justicia debía actuar ante una publicación periodística que consideraba falsa y planteó la necesidad de una ley para castigar esas conductas, lo que luego respaldó Milei.

En cuanto al acceso a la información pública, el informe señala que continúan las controversias por las restricciones al ingreso de periodistas acreditados en la Casa Rosada y que se han denunciado limitaciones en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía.

En su documento, la SIP reseña un hecho como grave, ocurrido en septiembre en la provincia de Formosa, donde un juez condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro”, del canal La Nación+, por realizar entrevistas y filmar en la comunidad de San José.

Otro aspecto que el organismo recogió en su informe, a petición de ADEPA, es la intensidad de los ataques de Milei contra los periodistas.

Los datos aportados por ADEPA y trasladados a Bogotá apuntan a que sólo entre el 17 y el 23 de agosto pasados, el mandatario republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas.

El informe contabiliza señalamientos contra al menos 16 periodistas, con nombres y apellidos, y a nueve medios de comunicación.

Entre los hechos que recuerda la SIP y que los denunció ADEPA en su informe de septiembre pasado está el discurso que el presidente Milei impartió en una escuela de secundaria de Buenos Aires a finales de agosto, cuando provocó un "abucheo" de los estudiantes contra la prensa, lo que desató un gran escándalo en Argentina.

La 82ª Asamblea General de la SIP, que comenzó el jueves en Bogotá y concluye este domingo, reúne a representantes de medios de las Américas y España para debatir sobre libertad de prensa, inteligencia artificial, sostenibilidad económica y los desafíos del periodismo independiente.

“La democracia, nuestra soberanía, el respeto al pueblo, a los pobres, a las mujeres. La dignidad, en definitiva. Está todo en juego”, resume Lourdes, jubilada de 63 años, que lleva décadas votando al Partido de los Trabajadores (PT) desde su colegio electoral en São Bernardo do Campo, ciudad vecina a São Paulo.

Ante una posible victoria de Flávio Bolsonaro, confiesa sentir “mucho miedo” y no sabe cómo encajaría una derrota de Lula. “Me dan ganas de llorar”, admite.

Confiesa no saber qué haría si Bolsonaro llegara al poder, hasta el punto de plantearse abandonar Brasil para reunirse con su hija en el extranjero o vender su casa, comprarse una autocaravana y vivir aislada en la carretera, porque, asegura: “no voy a poder soportarlo”.

En el otro lado de la disputa, Camila, de 44 años y gerente de ventas, considera que Lula ya ha cumplido su ciclo: “Para mí, creo que ya dio” todo lo que tenía que dar, afirma.

Su principal preocupación es la inseguridad, y mientras sostiene la mano de su hija, explica que “la criminalidad es muy elevada, y eso asusta un poco”.

Después de que el senador Flávio Bolsonaro ganase la primera vuelta de las elecciones con dos puntos porcentuales sobre Lula, las encuestas apuntan a su victoria, pero con un pequeño margen que aún sostiene las esperanzas de quienes confían en la remontada del presidente.

De ganar el octogenario líder progresista, sería la primera vez en la historia democrática de Brasil en la que el vencedor de la primera vuelta no llegaría al Palacio de Planalto.

El descontento con la situación económica alimenta las expectativas de cambio de Cristiane da Silva, una contable de 52 años, que considera que una parte importante de la población está insatisfecha con el rumbo del país porque el encarecimiento de la vida dificulta cada vez más llegar a fin de mes.

“Vamos al supermercado y no podemos comprar las mismas cosas que comprábamos hace un año o hace seis meses”, lamenta, antes de reclamar una alternativa que permita salir de la polarización política, “una tercera vía”.

Denis Salgueiro, de 37 años y metalúrgico, mantiene su apoyo a Lula desde 2002 porque considera que el presidente es quien más se preocupa por los trabajadores y las personas con menos recursos.

Una convicción que también vincula con la historia de su familia: “Al igual que mi padre, que hoy está en el cielo y siempre luchó en las huelgas por mejorar las condiciones laborales y por los derechos de los trabajadores, yo también estoy aquí representándolo”.

La preocupación por los derechos de las minorías adquiere un rostro familiar en Lúcia, arquitecta de 62 años, que volverá a votar por Lula ante el temor de que Flávio Bolsonaro siga los pasos de su padre, especialmente en cuestiones que afectan a su hija, bisexual y casada con otra mujer.

Esta realidad convierte estas elecciones en algo personal para ella: “Me parece un poco falso”, dice sobre el candidato opositor, de quien cree que “seguirá la línea del padre”, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo y muy crítico con el colectivo LGTBIQ+.

"El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo: los periodistas enfrentan amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos, además de severas restricciones para desplazarse y acceder a fuentes", expresó la SIP en su informe sobre Haití.

El estudio añadió que numerosos medios han cerrado y muchos periodistas han optado por el exilio, pese a lo cual la prensa continúa desempeñando un papel esencial al informar a la población sobre las zonas de riesgo y documentar una crisis humanitaria que ha desplazado a unos 1,4 millones de personas.

Haití vive desde hace años una crisis política, económica, social y de seguridad agravada por la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

"Naciones Unidas señaló en mayo que 14 trabajadores de medios habían sido asesinados desde 2021", señaló la SIP en su informe, en el que añade que "la violencia de las bandas armadas está reduciendo drásticamente el espacio para el ejercicio del periodismo".

Una muestra de esa violencia fue el secuestro y asesinato en agosto pasado del periodista y director de la radio comunitaria Ti Boukan FM, Joseph Willard Vancol, así como el secuestro el pasado 6 de setiembre de Wesly Renaud Jean, periodista de Radio Télé Métropole, quien continúa desaparecido.

"Asimismo, sigue sin esclarecerse el paradero de los periodistas Junior Célestin y Osnel Espérance, desaparecidos desde marzo y cuya ejecución se presume", agregó el informe.

La SIP subrayó además que los fotoperiodistas Odelyn Joseph, de AP; Clarens Siffroy, de AFP; y Jonet St. Elois, colaborador de EFE, fueron agredidos el pasado 2 de septiembre cuando cubrían un funeral en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, donde fueron asesinadas en los días previos 47 personas en una matanza perpetrada por bandas armadas.

"Los reporteros gráficos fueron objeto de agresiones físicas y verbales por parte de asistentes y familiares de los fallecidos, que arremetieron contra la prensa durante la cobertura", indicó la SIP.

El organismo agregó que el deterioro de la seguridad también tiene implicaciones para el proceso electoral pues se da por descontado que las elecciones presidenciales y legislativas no podrán celebrarse el próximo 13 de diciembre, aunque la Comisión Electoral Provisional (CEP) no ha fijado una nueva fecha para los comicios.

En su informe sobre la libertad de expresión en México, la organización destacó los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla.

Además del de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, y el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado en Puebla.

La SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamó investigaciones exhaustivas que no descarten la actividad periodística como posible móvil de los crímenes.

El informe también menciona otros tres asesinatos en los que, según la información disponible, no se han identificado indicios de relación con el trabajo de las víctimas.

La organización documentó además amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información, incluido un caso en el estado de Tamaulipas donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes de un presunto derrame de petróleo.

La SIP también alertó sobre el uso de herramientas legales contra la prensa, como la denominada 'Ley Serrano', una reforma aprobada en 2025 en el central estado de San Luis Potosí que castigaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones.

La legislación, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo pasado, mientras que el Congreso estatal derogó la reforma en julio pasado.

El informe también recogió las críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el riesgo de interferencias en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones constituyan censura.

El reporte mencionó asimismo los cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas, mientras el Ejecutivo negó que buscara estigmatizarlos.

La SIP advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano.

Según la clasificación mundial de RSF de 2026, México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad.

Así se desprende del informe país de Colombia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprobado este domingo, en el que señala que la violencia contra los periodistas del país suramericano ocurre "particularmente en las regiones (provincias) y contra quienes informan sobre corrupción, orden público, criminalidad y presencia de grupos armados ilegales".

El organismo recordó que en mayo pasado fue asesinado el director del medio digital El Confidente, Mateo Pérez Rueda, cuando realizaba una cobertura periodística en una zona de disputa entre la banda criminal del Clan del Golfo y una disidencia de las FARC en el departamento de Antioquia (noroeste).

La SIP destacó que Pérez Rueda "cubría asuntos relacionados con corrupción y bandas delincuenciales".

El organismo también señaló que el periodista Cristian Herrera murió en junio pasado en Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, tras sufrir "un ataque armado de sicarios".

"Desde 2019 se desempeñaba como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en ese departamento y, desde 2025, integraba su Consejo Directivo. Pocos días después tres presuntos responsables fueron detenidos y judicializados por la fiscalía", añadió la SIP.

La SIP de Prensa manifestó asimismo que en un junio Jader Durango, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles, fue hallado muerto en una carretera del departamento caribeño de Córdoba (norte).

El 2 de octubre, entre tanto, fue encontrado sin vida "Julián Hincapié, líder y periodista comunitario de Anorí", en Antioquia.

"Había sido reportado como desaparecido tres semanas antes. En ambos casos se desconocen los móviles", prosigue el informe.

La SIP también advirtió que las amenazas contra los periodistas siguen siendo "recurrentes" y puso como ejemplo que cuatro periodistas del municipio de Apartadó, en Antioquia, fueron amenazados por supuestos miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.

Estos criminales, según afirmaron, "les exigieron detener publicaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad de ese municipio".

En total, según la FLIP, entre enero y el 1 de agosto pasado hubo 45 agresiones contra periodistas en Antioquia, "lo que convirtió a este departamento en el de mayor número de casos durante ese período".

Salvini obtuvo 465 votos frente a los 146 de Garavaglia, exministro de Turismo y actual presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, en una votación por sufragio secreto que le permitirá prolongar su liderazgo.

En su discurso previo a la votación, el líder de la Liga defendió la línea más dura del partido frente a los críticos: "Desde hace un año oigo decir que no deberíamos ser extremistas. Algunos nos miran con desdén porque formamos parte de los Patriotas. Esta UE necesita un cambio radical, es una carga enorme. Estamos aquí porque somos David contra Goliat", proclamó.

El líder de la Liga arremetió también contra "el islam político", al que calificó de "tumor de Occidente", y exigió eliminar el Pacto Verde europeo.

Sobre la guerra en Ucrania, anunció que acudirá al Consejo de Ministros para expresar la "posición clara" de su partido y rechazó que Italia siga enviando ayuda militar y económica a Kiev. "No podemos seguir mandando dinero y armas a Ucrania", advirtió.

Pese a la holgada victoria numérica, el congreso reflejó la fractura interna evidenciada por la candidatura alternativa de Garavaglia, quien compitió tras recabar "in extremis" los 80 avales necesarios.

"Me presento porque el objetivo es revertir la tendencia; necesitamos despertar", argumentó Garavaglia en su intervención previa a la votación, en la que alertó sobre el estancamiento electoral y el alejamiento de las demandas de la formación.

Frente a la línea de Salvini, el exministro defendió una Liga "pragmática y moderna" y sostuvo que la extrema derecha y el extremismo "no están en el ADN" del partido, que, recordó, mantiene posiciones de "más de izquierda" en algunas cuestiones sociales.

Salvini asumió el liderazgo de la Liga en 2013, transformando las pretensiones secesionistas de la antigua Liga Norte (fundada en los años noventa para perseguir la independencia de la Italia septentrional) en una fuerza nacionalista de extrema derecha.

Sus discursos contra la inmigración y la UE impulsaron inicialmente el crecimiento del partido, que pasó de obtener alrededor del 4 % de los votos a rozar el 18 % en las elecciones generales de 2018, cuando llegó por primera vez al Gobierno, como vicepresidente, en coalición con los populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5S).

La Liga regresó al Ejecutivo en 2022, tras la victoria de la coalición formada por Hermanos de Italia, el partido de la actual primera ministra, Giorgia Meloni; la propia formación de Salvini, y Forza Italia, liderada por Antonio Tajani.

Sin embargo, la actual Liga está muy lejos de la fuerza que tenía hace apenas unos años y los últimos sondeos la sitúan como séptima en intención de voto, en torno al 5,6 %.

Salvini se ha visto superado por su aliada y primera ministra, Meloni, y también por la irrupción de la nueva formación ultra italiana, Futuro Nacional, del general Roberto Vannacci, a quien él mismo apadrinó y dio un escaño en el Parlamento Europeo en 2024.

"Cientos de miles de personas llegaron a España hace un mes. Dije: ´Oh, eso va a ser un problema´", aseguró el mandatario en una entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News.

Trump, que está inmerso en una gira de campaña para intentar revertir los malos datos que las encuestas auguran a los republicanos en los comicios, destacó la buena situación de Estados Unidos en asuntos de seguridad y migratorios, gracias a su gestión al frente de la Casa Blanca.

"Era un mal país hace dos años. Era un país inseguro. Ahora tenemos las cifras más bajas de delincuencia registradas en los últimos 100 años, y eso a pesar de que dejaron entrar a muchos criminales, y eran cantidades absolutamente enormes de personas", afirmó.

En este punto, Trump recurrió a la comparación con lo que ocurrió en España en agosto durante la crisis de Ceuta, tras entrar decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026.

"Si yo estuviera dirigiendo un país sudamericano o cualquier país, también vinieron de toda África, sería diferente. Ahora mira lo que le están haciendo a Europa. Mira España", afirmó.

Acto seguido, el mandatario se refirió a los altercados que sufre Francia estos últimos días y aseguró: "las personas que están causando los problemas son personas que odian España y odian Francia y odian Italia".

Trump contrapuso lo que ocurre estos días en Francia con su política migratoria y recordó que, cuando conoció a Macron, le dijo: "estás destruyendo Francia. Estás dejando entrar gente que odia tu país".

El presidente intervino este domingo en el programa de Fox News antes de dirigirse a Michigan, donde dará un mitin, un día después de que el expresidente Barack Obama también acudiera a este estado en un acto de campaña de apoyo al candidato a senador Abdul El-Sayed.

"Soy ciudadana brasileña y mientras esté viva y pueda andar, voy a votar", afirmó la anciana a EFE tras cumplir con su deber ciudadano en el colegio Nossa Senhora Auxiliadora, en Manaos, la principal ciudad de la Amazonía brasileña.

Este domingo el país suramericano define quien será el jefe de Estado por los próximos cuatro años, si el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, o el opositor Flávio Bolsonaro, que busca que la ultraderecha vuelva al poder.

Vestida con una camiseta rosa del Flamengo, con pantaloneta negra y sandalias, María José salió temprano de su casa acompañada por su sobrina Keilah Fonseca, debido a las dificultades que tiene para caminar.

Fue de las primeras en llegar al lugar, donde pudo ejercer su voto sin tumultos y con tranquilidad, en medio de la humedad que se condensa con el calor típico de la zona selvática.

Fonseca hace parte de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Quilombolas, que agrupa a descendientes de personas esclavizadas que conservaron tradiciones y formas de organización propias.

Ella y su tía pertenecen a la comunidad de São Benedito, el primer quilombo urbano de la Amazonía y el segundo de Brasil, reconocido oficialmente en 2013, durante el Gobierno de Dilma Rousseff.

El quilombo reúne a 145 familias descendientes de Maria Severa Nascimento Fonseca, una mujer esclavizada que migró a Manaos desde Alcântara, en el estado brasileño de Maranhão, a finales del siglo XIX.

Fue con ella que llegó la devoción a São Benedito, considerado el santo protector de las personas esclavizadas, que dio el nombre a la comunidad y cuya imagen, de más de 200 años y talla en madera, se conserva en la capilla del lugar.

Unos 158 millones de personas fueron convocadas a votar este domingo en Brasil, donde el voto es obligatorio para los ciudadanos entre los 18 y 69 años, pero opcional para los mayores de 70.

La abstención en ese grupo etario ronda el 50 %, frente a cerca del 20 % entre los jóvenes de 16 y 17 años, que también están exentos de la obligación de votar.

En el estado de Amazonas hay más de 400.000 electores de 60 años o más habilitados para votar.

Los últimos sondeos divulgados la víspera daban como ganador a Bolsonaro con el 51 % de los votos válidos, frente a un 49 % de Lula, aunque por el margen de error ambos candidatos están en empate técnico.

En la primera vuelta salió victorioso Bolsonaro con el 47 % de los votos, mientras Lula obtuvo un 45 %.

"Macron y su Gobierno han decidido dar un paso más en la deriva autoritaria. Prohíben nuestras manifestaciones, imponen toques de queda y cierran los centros de las ciudades a los manifestantes", afirmó el colectivo de los 'chalecos amarillos' en un comunicado.

"Haremos oír nuestras cacerolas y sartenes bajo las ventanas de los parlamentarios", aseguraron.

La coordinación de los 'chalecos amarillos', cuyas movilizaciones sacudieron Francia en otoño de 2018, durante el primer mandato de Macron, también llamó a extender esa acción ante los ayuntamientos en protesta por las restricciones a las manifestaciones y toques de queda parciales en algunas ciudades tras los disturbios y saqueos registrados en las protestas del 17 de octubre.

Estas movilizaciones se enmarcan en una ola de protestas iniciadas en septiembre por los estudiantes de institutos para reclamar, entre otras cosas, mejoras en sus centros y en la educación, a la que se sumaron después los universitarios, así como los sindicatos y los 'chalecos amarillos', que añadieron sus reivindicaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos en general.

Los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre Macron.

Para tratar de desactivarla, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne mañana, lunes, a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios.

"Si no se abre el paso, los hijos de la provincia de Maysan se verán obligados a adoptar la desobediencia civil en todos los lugares y se desconectará la provincia de todo Irak", dijo en un discurso aplaudido por cientos de manifestantes que han salido a las calles para denunciar el impacto económico del cierre del cruce.

Dair dio al Gobierno iraquí hasta el jueves para revertir esta decisión, en un momento en el que los manifestantes de Maysan están bloqueando carreteras vitales para el transporte de petróleo para exigir la reapertura de Al Shib, cuyo cierre ha provocado una considerable subida de los precios de los alimentos y otros productos.

El funcionario alegó que este es el único enlace entre Maysan e Irán, del que unas 4.000 familias dependen para subsistir, al tiempo que acusó al Gobierno central de no apoyar el sector industrial ni el agrícola de esta provincia rica en gas y petróleo.

La semana pasada, Irán denunció que el país vecino cerró el cruce sin previo aviso, a lo que Bagdad respondió que la medida se implementó para "elevar la preparación técnica y logística" del paso, un punto de tránsito vital para el comercio entre los dos países y que Teherán usa aún más debido al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Sin embargo, la Embajada iraní en Irak rechazó el viernes las "falsas afirmaciones" lanzadas por uno de los asesores del primer ministro iraquí, Abdelamir Taiban, que aseguró que el cierre del paso estaba relacionado con "la propagación de drogas y moneda falsificada".

El Gobierno iraquí ya cerró temporalmente a mediados de septiembre Al Shib y el cruce de Shalamcheh, también fronterizo con Irán, después de que Arabia Saudí denunciara que sus instalaciones petroleras habían sido atacadas desde Irak, donde operan milicias proiraníes que han golpeado a los países del golfo Pérsico durante la guerra.

Irak, aliado clave tanto de Irán como de Estados Unidos, está tratando de equilibrar sus relaciones entre ambos países en guerra desde finales de febrero, pero Washington ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo de Ali al Zaidi para alejarlo de la influencia de Teherán.

"La libertad de prensa continúa condicionada por un entramado de restricciones legales, censura digital, hostigamiento y actuaciones de organismos de seguridad que limitan el ejercicio del periodismo independiente", dijo la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.

La organización, que concluye este domingo en Bogotá, Colombia, su 82ª Asamblea anual, destacó que aunque durante el período se registraron "algunos avances" como la liberación o el sobreseimiento de causas contra periodistas que estaban judicializados o el levantamiento parcial de los bloqueos digitales de medios, todavía "persisten mecanismos de control y persecución que afectan el acceso a la información":

"Los aparatos de control y persecución -la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpos policiales y otros organismos de seguridad- permanecen intactos", remarcó la SIP.

Dichos organismos, indicó la organización, continúan "impidiendo y obstaculizando el trabajo periodístico, tanto en las coberturas de calle como en el acceso a fuentes y el registro de hechos de interés público", aunque resaltó que hay una "mayor moderación en sus actuaciones".

En ese sentido, detalló que las retenciones de periodistas por parte de cuerpos policiales son breves y que "en varios casos documentados, los equipos de trabajo no son confiscados de forma permanente ni se exige el borrado sistemático de material periodístico".

Asimismo, señaló que el proceso de diálogo que se desarrolla entre el Gobierno y un sector de la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, está generando expectativas de resultados concretos, pero, a su juicio, "persiste la cautela ante la vigencia de la arquitectura legal represiva y de los organismos de inteligencia".

"Cualquier avance parcial -como desbloqueos selectivos, detenciones de corta duración o declaraciones de apertura- seguirá siendo frágil mientras no se traduzca en reformas jurídicas vinculantes, restitución plena de bienes y frecuencias y desmantelamiento efectivo de las prácticas de hostigamiento", advirtió.

El levantamiento de los bloqueos a medios llegó en septiembre en medio de la segunda ronda del diálogo político que se centraba en la discusión de medidas para la libertad de expresión, con denuncias de censura desde hace más de una década.

Según la ONG VE sin Filtro, hasta el 7 de octubre 143 dominios seguían bloqueados en al menos un proveedor y 24 sitios de noticias activos permanecían restringidos.

En el informe del año pasado, la SIP denunció que en Venezuela habían 80 páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos.

Entre los portales de noticias que fueron desbloqueados este año se encuentra la Agencia EFE, los medios colombianos Semana y El Tiempo, y otros.

"En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS PACÍFICO’ y alias ‘OCHENTA’ o ‘MURILLO’, dos de sus principales cabecillas", expresó De la Espriella en X.

La operación fue ejecutada en la madrugada del pasado 22 de octubre y fue el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano, en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados.

El mandatario señaló que en la operación realizada en El Tambo fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, así como las autoridades hallaron un campamento con una capacidad para albergar a unos 25 guerrilleros.

"Con este resultado debilitamos la cadena de mando, la capacidad de combate y las estructuras criminales que pretenden controlar territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano. ¡QUE LO ENTIENDAN LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A RETROCEDER NI UN CENTÍMETRO EN LA DEFENSA DE COLOMBIA!", expresó el presidente.

La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo bombardeo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los 10 muertos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo llevado a cabo en la región de Catatumbo dejó como resultado una adolescente de 16 años fallecida.

“Durante el periodo, la libertad de prensa estuvo marcada por avances institucionales y por persistentes amenazas y restricciones al ejercicio periodístico. En el ámbito judicial se registraron decisiones relevantes para la protección de la crítica pública y la rendición de cuentas, mientras continuaron las agresiones contra periodistas, acciones judiciales contra medios, conflictos laborales y denuncias sobre presiones vinculadas a la pauta estatal y estructuras digitales de desinformación. El contexto estuvo además atravesado por investigaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, tensiones políticas dentro del oficialismo y movilizaciones sociales relacionadas con el presupuesto nacional y los servicios públicos.

En el ámbito político, de cara a las elecciones municipales, el gobernante Partido Colorado (ANR) buscó consolidar su presencia territorial, mientras se registraron diferencias entre figuras de su dirigencia, entre ellas el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el expresidente y actual titular del partido, Horacio Cartes. El opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por su parte, avanzó en un proceso de renovación interna y búsqueda de alianzas. Estas dinámicas tuvieron repercusiones en el debate público y en la relación entre autoridades y medios de comunicación.

En las elecciones municipales del 4 de octubre, Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, derrotó por estrecho margen al oficialista Camilo Pérez (ANR), devolviendo a la oposición el gobierno de la capital tras siete años. Durante el periodo electoral, el presidente Peña expresó públicamente su apoyo al candidato oficialista, lo que generó cuestionamientos por una posible violación de las normas sobre propaganda electoral.

En el ámbito económico y social, aunque se mantuvieron indicadores de crecimiento macroeconómico, persistieron dificultades en el consumo interno, el empleo formal y las condiciones laborales. En el sector de medios, la crisis del modelo publicitario tradicional continuó afectando el empleo y los salarios, mientras los trabajadores de prensa reclamaron el cumplimiento de convenios colectivos. A ello se sumaron protestas de los sectores de salud y educación pública durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La crisis del Instituto de Previsión Social (IPS), marcada por el desabastecimiento de medicamentos y problemas administrativos y financieros, motivó investigaciones oficiales y periodísticas. La Contraloría examinó presuntas operaciones vinculadas a ueno Bank y dos expresidentes del IPS fueron imputados. La prensa también investigó los vínculos financieros del presidente Peña con el grupo: mantuvo acciones en ueno Holding hasta marzo de 2025 y, según investigaciones periodísticas, un crédito de US$300.000 de ueno Bank habría financiado parte de su casa de verano. Estas revelaciones provocaron cuestionamientos y exigencias de transparencia, poniendo de relieve el papel fiscalizador del periodismo de investigación.

En materia de libertad de prensa, el periodismo de investigación enfrentó amenazas y agresiones, particularmente en zonas de frontera, así como acciones judiciales que medios y organizaciones gremiales consideran mecanismos de censura indirecta. También surgieron denuncias sobre nuevas modalidades de hostigamiento digital y una estructura de desinformación que habría utilizado redes sociales y publicidad digital para desacreditar a periodistas, medios y otras voces críticas.

En abril, un Tribunal de Apelación Penal anuló por unanimidad la condena que pesaba sobre la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, quienes habían sido condenados en 2022 por difamación a raíz de publicaciones sobre la gestión de la exviceministra de Tributación Marta González Ayala en relación con el sistema informático Marangatú. Los magistrados determinaron que la sentencia de primera instancia carecía de debida fundamentación, presentaba vicios formales insubsanables y afectaba el derecho constitucional a la información y a la crítica de la gestión pública. La decisión implicó la nulidad de la sentencia y el reenvío de la causa a un nuevo juicio oral, sin pronunciarse sobre el fondo de la acusación.

Ese mismo mes, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) manifestó su preocupación por el proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”, impulsado en el Senado. El gremio cuestionó la discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior para determinar quiénes recibirían medidas de protección y advirtió sobre el riesgo de que el mecanismo pudiera ser utilizado de manera selectiva.

En mayo, la Red de Mujeres Periodistas del Paraguay cuestionó las declaraciones del presidente Peña contra la periodista Mariela Fretes, de ABC Color, después de que esta le formulara preguntas sobre su patrimonio. El mandatario insinuó que periodistas podrían recibir financiamiento de organizaciones criminales y planteó revisar los ingresos de la comunicadora. Posteriormente, en el contexto de las investigaciones sobre una estructura digital de desinformación y perfiles falsos dirigidos contra críticos del oficialismo, también cuestionó públicamente trabajos periodísticos y calificó de “extorsión” determinadas investigaciones. Estas declaraciones fueron cuestionadas por organizaciones de periodistas.

En junio, el Tribunal de Apelación Penal ratificó el rechazo de una garantía constitucional de hábeas data promovida por el empresario Iván Pergher Brunetta contra Última Hora. El accionante buscaba que el medio modificara o eliminara de su sitio web un artículo publicado en 2015 sobre un proceso judicial en su contra, en el que posteriormente obtuvo el sobreseimiento. El tribunal consideró que la pretensión buscaba establecer un “derecho al olvido” que no está reconocido en el ordenamiento jurídico paraguayo.

También en junio, la FIFA notificó a Editorial Azeta S.A. (Grupo ABC Color) y a Radio Cardinal AM la revocación de las credenciales de prensa del relator deportivo Jorge “Chipi” Vera para el Mundial de Fútbol 2026. La medida fue adoptada por comentarios realizados por el comunicador sobre autoridades del fútbol durante un partido de la selección paraguaya. El SPP y el Círculo de Periodistas Deportivos cuestionaron la decisión por considerarla desproporcionada y contraria a la libertad de opinión y al derecho al trabajo. Vera reconoció sus expresiones y presentó una rectificación, pero la FIFA mantuvo la medida.

En junio, una causa por amenazas y amedrentamiento contra el periodista Carlos Benítez concluyó con la condena de Zully Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos. Ambas fueron halladas culpables de las amenazas de muerte dirigidas mediante perfiles falsos en redes sociales contra el conductor del programa radial El Observador, de Radio Ñandutí. La investigación vinculó el hostigamiento y un ataque a balazos contra la vivienda del periodista con sus publicaciones sobre la denominada “mafia de los pagarés”.

Ese mismo mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del exgerente de prensa de los canales del Grupo Albavisión (SNT y C9N), Carlos Granada, y dejó firme su condena a 10 años de prisión por coacción, coacción y acoso sexuales contra varias trabajadoras de prensa. La decisión ratificó las sentencias de las instancias anteriores y constituye un antecedente judicial relevante en materia de violencia de género y abuso de poder en espacios laborales de medios de comunicación.

En julio, la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público dispusieron una investigación por presunto abuso de autoridad contra agentes de la Comisaría 3.ª Metropolitana, tras la agresión sufrida por el periodista jubilado de Última Hora, Lorenzo Villalba. El comunicador fue golpeado y esposado mientras registraba con su teléfono el arresto de un sospechoso durante la cobertura de un incendio en una discoteca de Asunción. El SPP cuestionó el uso de la fuerza y el intento de impedir el registro periodístico del procedimiento.

También en julio, el SPP reclamó la destitución del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, a raíz de investigaciones de ABC Color sobre una estructura denominada “La Red Desinformante”. Según las publicaciones, la red habría operado para desacreditar a periodistas y críticos del gobierno y podría haber recibido financiamiento público. Villate cuestionó públicamente al periodista Leonardo Gómez, de ABC Color, utilizando expresiones de carácter político. El SPP y organizaciones internacionales de periodistas expresaron preocupación por estos hechos y por los discursos dirigidos contra comunicadores.

En ese mismo contexto, el SPP denunció que Radio Cáritas 680 AM habría recibido presiones para retirar de sus redes sociales una publicación relacionada con la investigación de ABC Color sobre la denominada “Red Desinformante”. Según la denuncia, la presión habría incluido la amenaza de retirar pauta publicitaria estatal. El caso planteó nuevamente cuestionamientos sobre el uso de la publicidad oficial y su eventual incidencia en la independencia editorial.

En julio también se conocieron evidencias obtenidas del teléfono de Saúl Humberto Ruiz Gauto, detenido en una investigación por amenazas contra el comunicador radial Aníbal Gómez Caballero, de Pedro Juan Caballero. La pericia identificó conversaciones con el diputado por Amambay Santiago Benítez relacionadas con la comercialización de armas y municiones, en fechas coincidentes con el período del hostigamiento al periodista. Benítez reconoció las comunicaciones y señaló que buscaba armamento para reforzar su seguridad personal debido a la situación en la frontera.

Asimismo, en julio el Estado paraguayo realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado en 1991 en Pedro Juan Caballero, en cumplimiento de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia de Asunción y contó con la participación de autoridades, familiares y representantes del gremio periodístico. La familia y el SPP reclamaron, entre otras medidas, la aprobación de una ley de protección integral y la conformación del grupo de trabajo dispuesto por la sentencia internacional para investigar los asesinatos de 22 trabajadores de prensa que permanecen impunes.

En agosto, trabajadores de prensa nucleados en el SPP realizaron movilizaciones ante la negativa de varios medios a aplicar el reajuste salarial del 5% establecido en el contrato colectivo. Las protestas se realizaron frente a sedes de Última Hora y ABC Color y recibieron el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). El gremio vinculó el conflicto salarial con las condiciones de sostenibilidad del ejercicio periodístico.

En septiembre se registraron nuevos avances en la investigación sobre la página “Despierta Paraguay” (Despierta PY), vinculada a la estructura denominada “Red Desinformante”. Una pericia informática privada realizada sobre un teléfono entregado voluntariamente en el marco de una conciliación judicial aportó información sobre la administración y funcionamiento de la estructura digital. Las evidencias fueron relacionadas con directivos de la agencia Azafrán S.A. y con personas vinculadas al actual gobierno. Organizaciones gremiales y juristas solicitaron que el Ministerio Público determine si hubo utilización de fondos públicos para financiar publicidad digital destinada a desacreditar a periodistas y medios.

Las investigaciones periodísticas describieron una estructura que habría utilizado Facebook, Instagram y anuncios de Google para difundir contenidos contra periodistas y medios críticos, incluidos contenidos falsos o manipulados y material generado mediante inteligencia artificial. El caso motivó solicitudes de información e investigación en el Congreso y generó cuestionamientos sobre la eventual utilización de recursos públicos y la posible responsabilidad de funcionarios o terceros. La investigación de ABC Color atribuyó a la estructura un volumen significativo de publicidad digital y ataques dirigidos contra medios y periodistas, aunque estas conclusiones corresponden a la investigación periodística y continúan siendo objeto de cuestionamientos e indagaciones institucionales.

En septiembre, Editorial Azeta S.A. (Grupo ABC Color) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra decisiones judiciales que ordenaron eliminar de sus plataformas digitales cuatro publicaciones periodísticas de 2013 a 2015. La controversia se originó en una acción de hábeas data promovida por el empresario Estanislao Franco de Oliveira, conocido como “Chilao”, quien alegó afectación a su honor y reputación. Las decisiones de primera y segunda instancia ordenaron la supresión de los archivos históricos. El medio sostuvo que las resoluciones constituyen una forma de censura judicial indirecta y vulneran garantías constitucionales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al cierre del período, la acción se encontraba ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

También en septiembre, funcionarios de la Municipalidad de Fernando de la Mora fueron denunciados por agresiones y amedrentamiento contra vecinos y periodistas. Las denuncias surgieron después de que vecinos y comerciantes instalaran carteles para cuestionar el estado de las calles. Según las denuncias, se produjeron amenazas de multas, dificultades administrativas y fiscalizaciones. Un equipo de Nación Media, integrado por periodistas de GEN y Universo 970 AM, también denunció obstrucciones durante la cobertura. El camarógrafo Rodrigo Benítez afirmó haber sido agredido e impedido de registrar imágenes dentro de la municipalidad.

En septiembre, el Tribunal de Sentencia condenó al exsenador Hernán Rivas a ocho años de prisión tras determinar que utilizó un título de abogado falso. El caso había sido impulsado por investigaciones periodísticas que cuestionaron la autenticidad de sus antecedentes académicos y su ejercicio de funciones públicas, incluida la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La sentencia fue considerada relevante por el impacto institucional del caso y por el papel de las investigaciones periodísticas en su exposición.

En septiembre fue incendiado el vehículo del periodista César Candia, corresponsal de SNT y C9N en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, y administrador del medio digital Noticias al Día. Imágenes de circuito cerrado muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, estacionado frente a la vivienda del periodista, rociándolo con un líquido inflamable y provocando el incendio. El SPP exigió una investigación, medidas de seguridad para el periodista y su familia y avances en el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El fiscal Néstor Narváez solicitó formalmente el refuerzo de las medidas de seguridad para Candia y su familia.

En septiembre, el Senado aprobó sin debate una declaración sobre la demora de la Corte Suprema en resolver una recusación en el caso Banco Atlas-Conmebol. Un posterior intento de reconsideración, ante posibles cuestionamientos constitucionales, no prosperó por falta de quórum. Organizaciones de prensa han expresado preocupación por las acciones judiciales contra Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, propietario de ABC Color, ante la posibilidad de que constituyan mecanismos de presión indirecta sobre el medio.

En octubre, la Fiscalía solicitó desestimar una denuncia de Banco Atlas contra la empresa tecnológica Itti por presunto sabotaje informático y tentativa de extorsión, pese a la existencia de un peritaje fiscal que identificó posibles irregularidades en el sistema informático del banco.

También en octubre, investigaciones de ABC Color y Última Hora difundieron un informe técnico del Banco Central del Paraguay que advertía sobre posibles incumplimientos de límites regulatorios y condiciones crediticias cuestionadas en operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas. Según las publicaciones, la entidad administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos y del IPS. Las revelaciones motivaron pedidos de información en el Senado y plantearon interrogantes sobre la supervisión bancaria y el manejo de recursos públicos.

La prensa paraguaya muestra avances en innovación y transformación digital, pero enfrenta crecientes amenazas a su independencia y sostenibilidad, como el uso discrecional de la publicidad estatal, el hostigamiento judicial, la violencia impune contra periodistas y las campañas de desinformación y acoso digital. Ante esta situación, se reclama transparencia en la pauta oficial, medidas contra demandas intimidatorias, garantías de acceso a la información pública y modelos de negocio diversificados para fortalecer la independencia financiera de los medios.

Antes de comenzar la marcha, a la que acudieron unos 30.000 manifestantes según la Delegación del Gobierno en Madrid, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que también asistió, cifró en 15.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad española norteafricana, lo que representa el 20 % de su población habitual.

El Gobierno español, por su parte, estimó en septiembre la cantidad de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada de más de 72.000 migrantes desde Marruecos en alrededor de 10.000, y en más de 12.000 los que volvieron a Marruecos desde el 10 de agosto.

Vivas aseguró en la manifestación que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "podía haber empleado todos los medios y capacidades para que Ceuta volviera inmediatamente a la normalidad y no lo hizo".

"Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que un presidente del Gobierno que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, mientras decía esto se iba de vacaciones. Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", denunció.

Maxi Lacasa, una de las portavoces de las mujeres 'caballas', que viajaron hasta Madrid desde Ceuta denunció que solo haya "dos guardias civiles custodiando la frontera" de Ceuta con Marruecos, por donde, aseguró en declaraciones a EFE, "sigue pasando gente".

Entre las reivindicaciones de las manifestantes destacaron el refuerzo de las fronteras, tanto terrestres como marítimas, con efectivos humanos y tecnológicos, la aprobación de un real decreto ley con medidas extraordinarias para Ceuta y la "inmediata devolución o retorno de quienes entraron ilegalmente".

También pidieron, tanto al Gobierno español como a la Unión Europea, equipamiento, cooperación operativa e implicación efectiva en unas fronteras que "también son europeas".

Algo que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió en septiembre en Bruselas al pedir un "mejor encaje" de Ceuta y Melilla en la Unión Europea, una mayor presencia de las agencias europeas relacionadas con las fronteras, la entrada de ambas ciudades autónomas en la Unión Aduanera y que cuenten con representación fija en el Comité de Regiones de la UE.

Los manifestantes siguieron la marcha al grito de "un caballa nunca se rinde", "Ceuta es España", "expulsión, expulsión" o "Pedro Sánchez, hijo de puta" hasta las inmediaciones del Congreso, donde algunas mujeres ceutíes leyeron manifiestos junto al presidente de la ciudad autónoma.

"Ninguna mujer debería cambiar su forma de vestir por miedo. Yo quiero ponerme lo que me apetezca sin pensar en las miradas que voy a soportar. Y anhelo volver a llevar al cuello la medalla de mi abuela, que por seguridad me tuve que quitar", dijo una de las manifestantes.

Asimismo, las mujeres denunciaron que los parques infantiles estén ocupados por "personas durmiendo en ellos" o el "olor a orina y heces" que desprenden las instalaciones, por lo que piden un aumento de la presencia del Estado y de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, piden también un estatus específico para Ceuta y Melilla en la Unión Europea "con un tratamiento similar al de las regiones ultraperiféricas", que tenga en cuenta "sus singularidades".

El líder del principal partido de la oposición, el ultraderechista Chega, André Ventura, defendió en un mensaje publicado en su cuenta de X la actuación policial, asegurando que "la Policía ha tenido mucha paciencia con esta gente acampada en las plazas. ¡Demasiada paciencia, incluso!".

No obstante, criticó la postura adoptada por el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), a quien acusó de "esconderse".

"Luís Montenegro se ha estado escondiendo, el PSD (su formación política) se ha estado escondiendo y esta es una causa más por la que el país está completamente a la deriva", aseguró el líder ultra, quien dijo que el Gobierno debería salir públicamente a apoyar a la Policía.

Por su parte, el líder del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, convocó una rueda de prensa este domingo para exigir al Ejecutivo una "explicación exhaustiva" sobre la actuación policial en las acampadas, y defendió que la solución al problema de la vivienda "es política, nunca policial".

Montenegro, afirmó Carneiro, "no puede, con su silencio, seguir enfrentando a la policía con los ciudadanos y a los ciudadanos con la policía".

Si bien el Ejecutivo no se ha pronunciado por el momento sobre la operación policial, sí lo ha hecho uno de los partidos de la coalición de Gobierno, el PSD, cuyo portavoz, Sebastião Bugalho, defendió la "proporcionalidad" de la actuación, que se dio "dentro del marco legal que se supone que debe aplicarse para proteger el derecho a la manifestación".

La intervención de la Policía ha motivado este domingo críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional o SOS Racismo, mientras que otros partidos de izquierda también han denunciado el uso excesivo de fuerza.

El movimiento por la vivienda, por su parte, ha convocado para este domingo concentraciones en Lisboa y Oporto para rechazar la violencia policial, y otra protesta el martes frente al Parlamento, donde se empezará a debatir la propuesta de presupuestos del Estado para 2027.

La Policía lanzó una operación simultánea en ambas ciudades a las 2.00 hora local (misma hora GMT) con la que desalojó las acampadas. Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son más de 20 los heridos.

La presentación tendrá lugar en Luján, situada a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde nació y creció el músico y que alberga el santuario nacional dedicado a la Virgen de Luján, patrona de Argentina.

Según un comunicado difundido este domingo por el artista, Pereyra interpretará, entre otros temas, 'Si No Es Contigo', su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.

La participación del artista en la misa papal volverá a vincular su trayectoria musical con la fe, en una convocatoria que conecta uno de los primeros hitos internacionales de su carrera con su historia personal y sus raíces argentinas.

Con esta presentación, Pereyra volverá a cantar ante un pontífice, 26 años después de su actuación frente a Juan Pablo II en Roma.

En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, Pereyra fue elegido representante de la juventud latinoamericana para actuar durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo de ese año.

Argentina será la segunda etapa de la primera gira latinoamericana del pontífice. León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, viajará a Córdoba el día 10 y concluirá su visita al país el 11 con una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice ha retomado su agenda habitual y ha celebrado el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 hora local (04:00 GMT) en la zona de Kanga, en la carretera que une la capital, Nairobi, con la ciudad costera de Mombasa, según precisó a medios locales el comisionado del Gobierno en Makueni, Abdullahi Khalif.

Khalif había confirmado inicialmente veinte muertos, pero el número subió después de que dos víctimas sucumbieran a sus heridas.

Según medios kenianos, el autobús siniestrado transportaba pasajeros que regresaban desde Mombasa hasta Nairobi tras acudir a un entierro.

"Es un accidente grave, estamos atendiendo a los supervivientes", declaró a la prensa el doctor Kevin Wamalwa, superintendente del Hospital del Subcondado de Mtito Andei, adonde fueron trasladados los heridos.

"Estamos elaborando una lista de las víctimas. Algunas personas fallecieron mientras recibían tratamiento", añadió.

También confirmó los hechos en un comunicado la Autoridad Nacional de Transportes y Seguridad (NTSA, en inglés) de Kenia, al revelar que "las informaciones preliminares indican que los vehículos colisionaron frontalmente y sugieren que un adelantamiento indebido pudo haber contribuido al accidente".

"El equipo de investigación de accidentes de la NTSA está colaborando con la Policía para esclarecer la totalidad de las circunstancias que provocaron el accidente", señaló el organismo.

Los hechos ocurrieron semanas después de que al menos 17 personas murieran en otro accidente de tráfico ocurrido en Makueni el pasado día 3, en el que estuvieron involucrados dos camiones, un minibús y varios coches.

Esta carretera suele ser escenario de siniestros, si bien Kenia en general sufre un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras.

El 57 % de los votantes considera "extremadamente" o "muy importante" que los candidatos hablen del tema, según una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation (KFF).

"Lo que vemos en nuestras encuestas, lo que vemos trabajando en comunidades, es que el aborto todavía sigue motivando", comenta a EFE David Berrios, vicepresidente de organización y campañas de Reproductive Freedom for All.

Alejandra Soto, portavoz latina de Planned Parenthood, una de las mayores asociaciones de derechos reproductivos en Estados Unidos, considera que mientras el republicano Donald Trump esté en el poder "es redundante el tener que pensar en qué es lo que puede pasar" con el aborto.

Subrayó a EFE que "hay más de 20 estados con prohibiciones totales o restricciones hasta cierto punto" que se han visto alentados por la postura de la Administración federal contra este procedimiento.

"La realidad es que, para que el aborto realmente esté protegido, al ciento por ciento sin que estemos decidiendo sobre semanas (de embarazo), sin que estemos decidiendo cuáles excepciones, etcétera, lo que se va a requerir es una ley a nivel federal", menciona Soto.

Más de 6 millones de hispanas en edad reproductiva, cerca de cuatro de cada 10 del total en Estados Unidos, viven en estados con restricciones, según un análisis Asociación Nacional para Mujeres y Familias y el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva.

Las asociaciones a favor del aborto piden "desmitificar" la imagen de los latinos como votantes "conservadores" antiaborto, pues el 56 % de los hispanos creen que "debería ser legal en todos o la mayoría de los casos", según un sondeo de marzo pasado del Pew Research Center.

"Existe el mito que los latinos están contra el aborto. La realidad es muy distinta. Cuando vemos iniciativas estatales que protegen la salud reproductiva, la mayoría de votantes siempre votan por estas iniciativas. Lo hemos visto en estados como Florida, también en estados como Kansas o Misuri", indica Berrios.

El experto asocia la opinión sobre el aborto de los latinos a las finanzas personales, pues los hispanos enunciaron que la economía (86 %) y el costo y acceso a la salud (80 %) son "muy importantes" para definir su voto el 3 de noviembre, con lo que son sus dos mayores prioridades, según una encuesta del Pew de este mes.

El aborto fue uno de los temas centrales de las elecciones de 2022 y 2024, tras la decisión del Supremo de 2022 que revocó el precedente de Roe v. Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto.

Trump había nominado a los jueces que respaldaron esa decisión, recordó Soto.

Por su parte, Reproductive Freedom for All critica los recortes de fondos de la Administración Trump a organizaciones sin fines de lucro como Planned Parenthood y señala que ha designado a funcionarios que respaldan restricciones a la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir el embarazo, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El historiador francés Emmanuel de Waresquiel afirmó este domingo en la emisora France Inter que Macron ha perdido parte de su legitimidad política tras dos años de dificultades para gobernar, debido al adelanto electoral de 2024 que dejó una Asamblea Nacional fraccionada, y criticó que haya descartado tanto la dimisión como la cohabitación para afrontar la crisis institucional.

De Waresquiel estableció así un paralelismo entre la actual crisis política y dos precedentes de la Quinta República francesa: la dimisión del general Charles de Gaulle en 1969 y la cohabitación entre el presidente socialista François Mitterrand y un Gobierno de derecha encabezado por Jacques Chirac en 1986.

"Sin duda, nuestro presidente ha perdido parte de su legitimidad", aseveró el historiador, ya que, "durante dos años, el Gobierno ha sido incapaz de gobernar", constató.

Francia ha tenido varios primeros ministros desde las legislativas anticipadas de julio de 2024: Gabriel Attal, que permaneció en el cargo hasta septiembre; Michel Barnier (del 5 de septiembre al 13 de diciembre de 2024. Cayó tras una moción de censura); François Bayrou (hasta el 9 de septiembre de 2025. Perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional) y Sébastien Lecornu, que dimitió en octubre de 2025, pero Macron lo nombró de nuevo el día 10 de ese mismo mes).

Y es que la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024, anunciada tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas, desembocó en unas legislativas anticipadas que dejaron una Asamblea fragmentada y sin una mayoría clara.

Una situación que ha complicado la aprobación de iniciativas gubernamentales y ha obligado al Ejecutivo a buscar apoyos entre distintas fuerzas políticas, con un telón de fondo de tensiones sobre la orientación de la política económica y social.

Las críticas a la autoridad política de Macron también han sido objeto de análisis este fin de semana por parte de otros expertos debido a la ola de protestas que sacuden al país.

"Este acontecimiento, difícil de prever para la mayoría, ha afectado a un poder ejecutivo débil por razones constitucionalmente evidentes, ya que carece de mayoría y, por lo tanto, de legitimidad real", señaló el profesor de Derecho Público Denis Baranger en un artículo publicado por el diario Le Monde el sábado. "Un gobierno minoritario no puede gobernar bien", recalcó.

El politólogo Luc Rouban, en el mismo artículo, situó las movilizaciones en la continuidad del movimiento de los 'chalecos amarillos' y destacó la paradoja de un presidente que es tanto destinatario de las demandas ciudadanas como objeto de su ira y descontento, como ejemplifican muchos lemas y cánticos en las manifestaciones, y que trata de desactivar el Gobierno multiplicando sus reuniones con líderes políticos, sindicales y estudiantiles.

"Es una agitación estéril, porque no produce resultados y, sobre todo, el propio Emmanuel Macron está dando a los franceses la clave para comprender todo lo que ha fracasado en los últimos diez años", argumentó Jean-Jacques Urvoas, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Brest.

De Waresquiel también cuestionó el uso del término 'faccioso' por parte de Macron para referirse a los autores de los actos violentos en la manifestación del 17 de octubre, que conmocionó a Francia y sorprendió al mundo.

El historiador señaló que esa palabra remite al vocabulario político de la monarquía francesa, incluido el utilizado en tiempos de María Antonieta y Luis XVI, y su utilización puede revelar una desconexión entre el poder y la sociedad.

"Cuando un fenómeno o un grupo de protesta se tacha de faccioso, indica un malentendido entre quienes ostentan el poder, por un lado, y lo que sucede en el seno de la sociedad, por el otro", concluyó.

Ayolas (Paraguay), 25 oct (EFE).- Ramón Ferreira relató con pesar que su vida se detuvo hace dos semanas, cuando la crecida del río Paraná inundó su casa y las de cientos de personas en la ciudad de Ayolas, en el departamento paraguayo de Misiones (sur), transformado en el epicentro de una emergencia causada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que ha dejado más de 4.000 familias damnificadas en todo el país.

"Tuvimos que salir (de nuestras casas), yo estaba haciendo trabajos particulares, afuera, pero con esta situación tuve que dar un paso al costado porque no me da, la movilidad es difícil", dijo Ferreira a EFE desde un albergue en la Escuela 131 de la ciudad.

La vivienda de este hombre en el barrio San Josemí está casi por completo bajo las desbordadas aguas del río Paraná, que suele estar entre los 1,50 y 1,80 metros, pero que por estos días se acerca a los 6,50 metros, muy por encima de los 4,50 que la ciudad tiene como tope antes de entrar en emergencia.

"Sabíamos que la inundación iba a venir", admitió Ferreira resignado.

Teníamos esperanzas de poder pasar octubre en nuestras casas. Lastimosamente, antes de la quincena de octubre vino el aviso y tuvimos que salir antes de que el agua nos arrase", añadió.

Dejaron la vivienda y los animales que él y su familia tienen para el autosustento.

Las ovejas y los cerdos fueron dejados en casas de amigos, mientras que las gallinas, más de un centenar, quedaron en el lugar más alto de la casa, así como las pertenencias que pudo salvar de las aguas.

En Ayolas residen cerca de 18.000 personas, según datos recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el censo de 2022.

De estas, más de 3.000 o casi el 17 % se han visto obligadas a trasladarse a alguno de los 19 refugios instalados en las zonas más altas de la ciudad, aseguró a EFE el intendente (alcalde) electo y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Ayolas, José Mutti.

"Esto va a durar bastante tiempo, empezó el mes de octubre y durará todo noviembre y diciembre. La información que tenemos hasta el momento es que en enero existe la posibilidad de que empiecen a bajar (las aguas)", explicó.

El río Paraná suele crecer cada año, pero esta vez "es diferente", dice Mutti, refiriéndose al fenómeno de El Niño.

"Se afectaron barrios no ribereños (...), tenemos muchísimas pérdidas tanto en la parte agrícola como ganadera", advirtió.

Con todo, esta crecida es menor a la de 1983, muy recordada en el país porque dejó bajo las aguas incluso amplias zonas de la capital, Asunción, cuando subieron de nivel varios de los ríos del país.

"Acá estamos los nietos y los bisnietos de los que estuvieron en 1983", afirmó al respecto Ferreira, al recordar el carácter cíclico de las inundaciones en Paraguay por la crecida del Paraná y otros cuerpos de agua que recorren esta nación mediterránea.

La Escuela 131 alberga a una treintena de familias damnificadas, que suponen más de 100 personas.

Allí, las personas duermen en carpas donadas por la Entidad Binacional Yacyretá, que controla la hidroeléctrica creada por Argentina y Paraguay, y que usa la corriente del Paraná para producir energía.

Algunos de los damnificados tienen la vida en pausa, pero otros como María Magdalena Ferreira encontraron nuevas labores: la mujer es una de las encargadas de las ollas comunitarias, en las que cada día se cocinan al menos tres comidas para más de 100 personas.

Y en medio de sus nuevas ocupaciones, la mujer no olvida la tragedia que atraviesa.

"Se mojaron casi todas mis cosas", declaró a EFE con pesar. "Muy rápido vino el agua", agregó.

Tampoco olvida a sus mascotas, a las que considera parte integral de su familia. Su perrita  y uno de sus gatos, el más dócil, le acompañan en su carpa.

Pero otro arisco felino, que ella califica como "malo", sigue oculto en la parte alta de su casa y cada mañana el hermano de la mujer toma una lancha para llevar comida al animal.

"Ahora todo es tormenta, tormenta, es un peligro para nosotros. Pero sí o sí tenemos que volver a nuestras casas", concluyó la mujer.

El portavoz de la Defensa Civil saudí informó de que los equipos de emergencia intervinieron en ambas localidades tras la caída de los restos de proyectiles, que produjeron daños materiales a tres edificios residenciales y siete vehículos tras ser interceptados y destruidos.

Entre los heridos, hay un ciudadano saudí y un residente de nacionalidad asiática, según el comunicado, que no ofreció más detalles sobre su estado.

La Defensa Civil indicó que se aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, sin aportar más información sobre los daños registrados.

El incidente se produce un día después de que fragmentos de misiles balísticos interceptados cayeran en varias zonas de Arabia Saudí, entre ellas áreas residenciales y Wadi al Mughammas, situado a unos cinco kilómetros al este de la ciudad sagrada de La Meca, sin que se registraran víctimas en esos casos.

Los rebeldes hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus ataques contra objetivos saudíes en las últimas semanas, mientras Arabia Saudí -país que lidera la coalición en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido- ha denunciado el lanzamiento de proyectiles contra distintas regiones del reino.

La GSF señaló en un comunicado que a través de una organización humanitaria externa recibió "restos que podrían pertenecer a los cuatro miembros del contingente salvadoreño que se encuentran desaparecidos tras el ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets", en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

"En este momento, la GSF no está en condiciones de confirmar si dichos restos corresponden al personal desaparecido", agregó esa fuerza multinacional cuya creación fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití.

El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Jack Christofides, manifestó la solidaridad del personal de esa fuerza "con las familias de los cuatro desaparecidos, con sus compañeros de armas, así como con el Gobierno y el pueblo de El Salvador durante estos momentos difíciles".

Esa fuerza multinacional está compuesta por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

La primera información sobre la recuperación de unos restos que podrían pertenecer a los salvadoreños la dio el sábado el diario The New York Times, pero Bukele, que envió a mediados de semana un contingente militar a Haití para tratar de encontrarlos, descartó la posibilidad de que fueran sus soldados.

"No son nuestros hombres", publicó en su cuenta de X, donde añadió que las características de los restos calcinados, recuperados por la ONG Hero Client Rescue, liderada por Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado de EE.UU., no corresponden a los de los "aerotécnicos" salvadoreños desaparecidos.

Según el mandatario, "los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un Ejército que no es el nuestro".

"Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países", añadió el presidente, que sustentó su afirmación con dos fotografías, una de un carné de un integrante la GSF y la otra de un documento de identidad, ambas a nombre de un ciudadano de Chad.

La GSF aclaró en el comunicado de hoy que las imágenes de los documentos "pertenecen a un soldado de la GSF, integrante del contingente de Chad", que está a salvo.

"Dicha tarjeta se extravió durante las operaciones de búsqueda del personal salvadoreño desaparecido. El soldado se encuentra a salvo, junto a su unidad, y no figura entre los desaparecidos", explicó.

La GSF añadió que "la coordinación entre las fuerzas de seguridad haitianas y la GSF sigue siendo fundamental para hacer frente a las bandas armadas que amenazan a las comunidades y al futuro de este país".

"Un total de 30 incidentes de acceso humanitario fueron reportados por socios humanitarios en todo Afganistán en septiembre, lo que representa una disminución del 27% en comparación con agosto", indicó el domingo la OCHA en su Resumen de Acceso Humanitario en Afganistán correspondiente a septiembre de 2026, publicado en su cuenta de X.

La agencia de la ONU señaló que el menor número de incidentes reportados no indica una mejora en el entorno de acceso humanitario, ya que la falta de denuncias sigue siendo un desafío.

"El entorno de acceso siguió estando predominantemente afectado por la interferencia y las restricciones a la participación de las mujeres en las operaciones humanitarias", indicó la OCHA en su Resumen de Acceso Humanitario en Afganistán correspondiente a septiembre de 2026, publicado en su cuenta de X.

Según el informe, la interferencia en las actividades humanitarias representó 18 de los 30 incidentes, lo que la convierte en la principal limitación de acceso. Cuatro incidentes estuvieron relacionados con el entorno físico, mientras que otros casos involucraron operaciones militares y hostilidades en curso, violencia contra el personal humanitario y la detención de trabajadores.

Otro incidente estuvo relacionado con retrasos en la firma de un memorando de entendimiento y la negación de necesidades o derechos humanitarios por parte de las autoridades de facto.

El informe también destacó el empeoramiento de las condiciones de acceso en el oeste de Afganistán, donde el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Gobierno talibán incrementó sus visitas a las organizaciones humanitarias.

"Estas incluyeron un aumento de las visitas del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio a los actores humanitarios, incluyendo lugares de proyectos y oficinas, lo que limita aún más las operaciones", precisó la OCHA.

La OCHA señaló que las restricciones a la participación de las mujeres socavan particularmente la asistencia a mujeres y niñas.

Alrededor del 90 % de las organizaciones encuestadas en septiembre informaron de desafíos para el acceso de mujeres y niñas a los servicios en la región occidental. Las restricciones impuestas desde marzo de 2025 también "provocaron el cierre, la suspensión, la reducción del alcance o impidieron el inicio de 26 de los 139 proyectos encuestados, es decir, el 19 %".

De los 30 incidentes a nivel nacional, siete involucraron dinámicas relacionadas con el género y un trabajador humanitario fue arrestado. La OCHA advirtió que las limitaciones de acceso físico habían aumentado y podrían empeorar a medida que se acerque el invierno.

Los vuelos cancelados son, en su mayoría, de la aerolínea neerlandesa KLM y de la británica EasyJet, apuntaron medios locales.

Según la página web del aeropuerto, se han cancelado casi 80 vuelos que tenían previsto salir de Países Bajos hoy, mientras que también se han registrado cancelaciones en vuelos con destino Schiphol.

Algunos de los destinos afectados son París, Manchester, Hamburgo y Estocolmo, según la agencia de noticias neerlandesa NOS.

Las cancelaciones se deben al temporal Boelo que ha sacudido Países Bajos, así como otros países europeos, durante la noche de este sábado.

El portavoz del aeropuerto informó de que, como resultado, no todas las pistas están disponibles y se ha reducido el número de aviones que pueden aterrizar y despegar.

Los fuertes vientos de anoche provocaron daños en varios puntos del país, afectando también al transporte por tierra. El servicio de ferrocarril se canceló esta mañana al este de Países Bajos cuando un árbol cayó sobre las vías, mientras que en el centro de Ámsterdam un árbol cayó sobre un coche en marcha, aunque no hubo heridos.

La SIP afirma que se intensificó el uso de mecanismos policiales y judiciales como "instrumentos de presión y represión" contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan, documentan y difunden información sobre la situación de la isla.

Asimismo, precisa que esas prácticas se tradujeron en "un aumento de las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales, profundizando las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa".

El informe destaca como el caso de "mayor gravedad" el encarcelamiento preventivo del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Constantin se encuentra -en prisión provisional- en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en la provincia Camagüey (centro-este). Las autoridades le atribuyen el delito de "desobediencia" por una citación a la que llegó tarde, cuando los agentes de la Seguridad del Estado se habían retirado, relata el informe.

Además, recuerda que los integrantes del proyecto digital independiente El4tico (El Cuartico), Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, siguen en prisión bajo cargos de incitar al "desorden público" por sus vídeos de análisis y sátira política, en un contexto de "criminalización" de espacios de opinión en redes sociales.

La SIP refiere la situación de los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas, así como el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien, sin ser periodista, cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.

También cita el caso de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (conocida como Anna Bensi en las redes), de 21 años, y su madre, Caridad Silvente, sancionadas el 1 de octubre a dos años de "libertad limitada" por "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos", tras grabar y difundir un vídeo de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.

Entre las restricciones que enfrentan los periodistas independientes, el documento apunta las prohibiciones de salida del país bajo la categoría de "regulados", lo que la SIP señala como un "mecanismo adicional de presión y control".

En concreto, subraya el recién publicado y vigente decreto 160, que cierra la posibilidad de que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas en Cuba, y mantiene bajo control estatal áreas esenciales como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas actividades editoriales y de información.

A ello suma que la prensa independiente funciona sin amparo jurídico legal, en tanto el Estado conserva el control de los principales medios y el monopolio de las telecomunicaciones.

Advierte sobre los "obstáculos" para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, por la dificultad de conseguir insumos como el papel, los cortes de internet y las conexiones de baja calidad.

Entre las tendencias que ha identificado como más relevantes considera las citaciones verbales que "suelen funcionar como antesala de detenciones y procesos penales" y los delitos ambiguos como la "desobediencia", los "desórdenes públicos" o los "actos contra la intimidad" que se convierten en "instrumentos de presión". Además, las detenciones breves dan paso a la prisión

En ese sentido, también denuncia impedimentos procesales como las demoras de los habeas corpus, la variación de una medida cautelar, la falta de acceso a un expediente y la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones.

La SIP, con sede en Miami, es una organización fundada en 1943 sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión, integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.