Campos informó en conferencia de prensa que designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el estado, para encabezar la nueva unidad investigadora.

La mandataria estatal sostuvo que Chávez Villanueva ha tenido “extraordinarios resultados” en la procuración de justicia para las mujeres en Chihuahua y afirmó que su trayectoria garantizará “objetividad y total profesionalismo” en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras dure la indagatoria, una persona de la fiscalía especial de la mujer quedará al frente de esa área, en sustitución temporal de Chávez Villanueva, según explicó Campos, aunque no dio el nombre de dicho funcionario.

La gobernadora señaló que la fiscal designada informará a la opinión pública, dentro de sus atribuciones legales, sobre los avances y resultados de las investigaciones.

“Mi gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el curso de las investigaciones”, dijo Campos, al argumentar que busca salvaguardar la integridad del proceso.

La mandataria defendió que Chihuahua mantendrá una lucha “frontal” contra la delincuencia organizada, en coordinación con instituciones y con la colaboración que sea necesaria para garantizar la paz, el estado de derecho y la libertad de los chihuahuenses.

Campos también vinculó el caso con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, al que calificó como un golpe de alto impacto económico para el crimen organizado, porque, según dijo, evitó que millones de dosis de cristal y otras drogas llegaran a las calles.

“Esto se traduce en menos adicciones, menos violencia asociada al narcomenudeo y menos deterioro en nuestras familias”, afirmó.

El anuncio ocurre después de que Campos se reuniera con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal.

En una publicación en X, la gobernadora dijo que seguirá fortaleciendo la colaboración “con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad” de México.

La controversia escaló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum descartara el jueves buscar un “conflicto” con Estados Unidos, pero exigiera explicaciones sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo ocurrido en Chihuahua.

Sheinbaum afirmó que cualquier colaboración en materia de seguridad debe estar autorizada por el Ejecutivo federal y señaló que la principal falta habría sido del Gobierno de Chihuahua por solicitar esa colaboración sin informar a las instancias federales.

“El Pleno del JNE, luego del análisis técnico-jurídico y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias”, señaló el organismo en un comunicado difundido en las redes sociales.

En el pedido se señaló que los retrasos en distribuir material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran. Ello obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

Aliaga dijo luego en conferencia de prensa que el JNE le ha quitado la “legitimad absoluta” al proceso electoral e instó a su presidente, Roberto Burneo, a que declare la nulidad de 4.500 actas electorales que sumarían más de un millón votos según el candidato.

“En Perú nos ha pasado algo que ya en Venezuela se ha hecho varias veces (...) El proceso está herido de muerte”, agregó el líder ultraderechista.

Temprano, la policía allanó la casa del exjefe de la entidad electoral que organizó los comicios, Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presunta colusión relacionada con la votación.

Corvetto renunció el martes poco antes de ser interrogado por la fiscalía, ante las múltiples fallas en la jornada electoral del 12 de abril que retrasaron el escrutinio.

Aún no está definido quién enfrentará en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, la única candidata con boleto asegurado.

Ultraderechista Aliaga ofrece dinero por pruebas de supuesto “fraude” electoral en Perú

95% de votos procesados

Con 95% de los votos emitidos ya procesados, Sánchez y López Aliaga pelean palmo a palmo por el segundo lugar, con una leve ventaja de 20.000 sufragios del izquierdista radical.

“La fecha de la segunda vuelta está ya fijada a través de un Decreto Supremo y se ha diseñado un cronograma orientado a cumplir con esa fecha”, dijo a la AFP Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE.

Una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) mencionó “graves fallos” en la primera vuelta, aunque precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude, como alegó el candidato ultraconservador.

El jurado destacó en la obra Dr. Muerte: Confesiones, del salvadoreño Carlos Santos, el abordaje desde "un lenguaje sólido y preciso", y "una prosa sin decoraciones fútiles".

El ensayo de Santos exhibe "una narrativa sabiamente trabajada para sostener la intriga en la justa medida que genera curiosidad, sostiene suficientemente los enigmas y mantiene al lector cerca del núcleo dramático del acontecimiento expuesto", señaló el fallo.

Al recibir el premio de ensayo por el título Crónica de una crisis anunciada: la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba (1960-2024), su autor, el cubano Rodney González, explicó que el texto "busca ser un instrumento para la redención de muchas familias divididas, ilusiones truncadas, vidas literalmente ahogadas, por una política diseñada para ahogar, truncar, dividir y desacreditar".

Los miembros del jurado también otorgaron una mención en el género testimonial al libro El laberinto de la mariposa, del ecuatoriano Juan Pablo Castro, de Ecuador.

Desde su creación, en 1959, centenares de autores de la región han sido premiados en géneros que van desde la poesía y la narrativa hasta el ensayo y el teatro.

Los promotores de esta cita literaria lo consideran una plataforma importante para los escritores emergentes y establecidos para dar a conocer sus obras, así como un reflejo de la diversidad y la riqueza cultural de las Américas y el Caribe.

El primero de los seis días de la conferencia tuvo como protagonistas a la academia y al conocimiento, con el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo.

El director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, Johan Rockström, aseguró que hay tres curvas no lineales simultáneas que chocan en la actualidad, la primera de las cuales es que los riesgos climáticos crecen más rápido de lo esperado, lo que mina los medios de subsistencia de todas las generaciones humanas.

"La segunda curva no lineal es que tenemos mucha evidencia empírica de que podemos resolver este problema y actualmente vemos empíricamente cómo los sistemas de energía verde renovable crecen y superan los de combustibles fósiles, incluso sin subsidios en muchas economías alrededor alrededor del mundo", expresó.

El experto señaló que la tercera curva no líneal es el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles fósiles por la inestabilidad geopolítica del mundo.

Rockström señaló que la tercera curva no líneal es el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles fósiles por la inestabilidad geopolítica del mundo.

"Si unimos estos tres aspectos, tenemos un argumento muy sólido para incluir en la agenda de Santa Marta la transición ordenada y basada en la ciencia para abandonar los combustibles fósiles", añadió el director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima.

La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, anfitriona del evento, considera necesario "tomar decisiones basadas en la ciencia" para impulsar la transición energética, que considera agravada por el contexto geopolítico actual.

"La ciencia ha llamado a que estamos justamente a poco tiempo de que se cierre la ventana de oportunidad de acción. Siete de los nueve límites planetarios ya fueron traspasados el año pasado", expresó Vélez.

Según el informe anual de 2025 del Planetaria Boundaries Science Lab del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático (PIK, por sus siglas en alemán), el estado de salud de la Tierra ha empeorado en el último año y está experimentando "un deterioro generalizado".

Esto ocurre porque se sobrepasaron siete de los nueve umbrales que regulan la estabilidad y la habitabilidad de las personas en el planeta, uno más que en 2024.

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó hoy y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

Entre ellos figuran España, Francia, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Alemania, Guatemala, Italia, México, Noruega, Panamá, Portugal, Reino Unido, Turquía y Uruguay.

Igualmente, dijo la ministra Vélez, asisten "poco más de mil de representantes de ONG y sociedad civil; al menos 500 representantes de comunidades, pueblos y sectores sociales de todo el mundo", y "30 parlamentarios de todo el mundo y 10 representantes de gobiernos subnacionales", entre otros.

En Santa Marta, las partes dialogarán durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Estos eventos suceden a días del reciente atentado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el centro del país, que dejó una turista canadiense asesinada, así como la muerte del propio agresor.

Dichas amenazas se han presentado a través de 'pintas' o mensajes escritos en las paredes de los propios planteles educativos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua, las autoridades han intervenido 17 escuelas primarias, secundarias y de nivel medio suprior, ubicadas en las localidades de Monterrey, Juárez, San Nicolás de los Garza, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

Ante los reportes recibidos al 911 se han trasladado a los planteles agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Unidades de Despliegue Estratégico con el apoyo de caninos.

En cada una de las inspecciones se ha realizado una revisión exhaustiva de las instalaciones, perímetros y áreas señaladas en los mensajes amenazantes; sin embargo, al momento no se han detectado artefactos peligrosos, amenazas reales o personas sospechosas con objetos ilícitos.

Apenas el 24 de marzo, dos maestras fueron asesinadas al interior de la preparatoria Anton Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por uno de sus alumnos.

El agresor, un estudiante de 15 años, mató a María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedoya con un fusil semiautomático AR-15.

En Nuevo León, el 18 de enero de 2017, un estudiante del Colegio Americano del Noreste disparó contra su maestra e hirió a tres de sus compañeros de clases para después privarse de la vida, en un caso inédito en el país.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Con este nuevo ataque, suman más de 130 las personas que han muerto durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025.

El ataque realizado en aguas internacionales en cercanías de Colombia es el cuarto en dos semanas y sucede el mismo día en el que el presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó el Palacio de Miraflores en Caracas para su primer encuentro con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.

AHF Perú y otras organizaciones de la sociedad civil exhortaron a plasmar un Anexo sólido sobre Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS), pieza clave del Acuerdo de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Anexo PABS representa una oportunidad concreta para transformar la manera en que el mundo comparte información científica y accede a sus beneficios.

Este mecanismo establecerá reglas claras para el intercambio de muestras de patógenos y datos genéticos, asegurando que los avances, como vacunas, diagnósticos y tratamientos, lleguen de manera equitativa a todas las poblaciones. Para AHF Perú, este es un paso esencial hacia un sistema de salud global más solidario, eficiente y preparado.

"Perú sabe, por experiencia propia, lo que significa enfrentar una pandemia en condiciones de desigualdad. Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a un acuerdo que garantice que nunca más se repitan esas brechas en el acceso a herramientas que salvan vidas”, afirmó el José Luis Sebastián Mesones, gerente del Programa País de AHF Perú.

Durante la pandemia de covid-19, Perú vivió uno de los escenarios más complejos de la región, con limitaciones en el acceso oportuno a pruebas, vacunas y tratamientos, en gran parte debido a desigualdades globales en la distribución de recursos.

Esta situación reflejó cómo los sistemas actuales pueden dejar atrás a países enteros en momentos críticos. Frente a ello, AHF Perú destaca la importancia de construir un nuevo modelo basado en la cooperación y la corresponsabilidad internacional.

"El Anexo PABS no es solo un instrumento técnico, es una herramienta de justicia global. Permite asegurar que quienes se benefician del uso de recursos compartidos también contribuyan de manera justa, fortaleciendo la capacidad de respuesta de todos los países”, agregó Sebastián Mesones.

Asimismo, AHF Perú subrayó que el contexto actual abre una ventana única para avanzar hacia acuerdos vinculantes que establezcan compromisos claros y sostenibles en el tiempo. La próxima ronda de negociaciones en Ginebra será clave para definir si el mundo logra consolidar un enfoque basado en la equidad o si persisten las brechas que marcaron la respuesta al covid-19.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos compartieron una fotografía del destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta deteniendo a un buque con bandera iraní que pretendía navegar hasta un puerto de la república Islámica.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 29 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

En cuanto a las incautaciones, los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos un carguero iraní ha sido capturado tras una operación con uso de fuerza por parte de EE.UU., al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

El 21 de abril, cuando Trump extendió el alto el fuego de forma indefinida para que Teherán presente una propuesta de paz, las autoridades de Irán rechazaron las declaraciones del republicano al considerar que el bloqueo naval que afecta sus puertos puede ser comparado con un bombardeo.

El departamento de Tesoro ha informado que el bloqueo sobre los puertos se encontraría perjudicando el 90 % del comercio marítimo que ingresa y sale de Irán.

De acuerdo con la casa Blanca, los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán, anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo en su cuenta de X que pese a haber viajado a Pakistán este viernes: "no está prevista ninguna reunión" bilateral con Estados Unidos.

El nuevo listado, que será remitido al presidente Bernardo Arévalo de León para la elección, sufrió un cambio clave con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, quien según diversos analistas era la candidata con mayor apoyo para ser designada por el mandatario, frente a otros con manchas en su expediente en la estela de la actual fiscal general, Consuelo Porras, acusada de corrupción.

En lugar de Morales Valdizón, la Comisión de Postulación votó por Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público (Fiscalía), quien logró integrarse a la nómina final.

La reevaluación de los 48 aspirantes surge luego de que el máximo tribunal anulara la primera selección, al señalar que se acreditó erróneamente la experiencia profesional de algunos jueces para integrar la lista de candidatos que buscan dirigir el Ministerio Público en los próximos cuatro años.

Los seleccionados finales son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

En esta segunda votación, la actual fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia, volvió a quedar fuera al no superar los cinco votos de apoyo.

Durante la sesión, los comisionados enfatizaron que el oficio para remitir la lista al mandatario Arévalo de León debe reflejar que el proceso responde estrictamente al cumplimiento del mandato de la máxima corte.

De hecho, el nuevo proceso para integrar la nómina definitiva se llevó a cabo pese a que diversos comisionados cuestionaron el criterio del tribunal constitucional, que dictaminó que la trayectoria como juez no computa como ejercicio profesional para optar a este cargo.

El presidente Arévalo de León, quien mantiene una abierta pugna con Porras por sus intentos de interferir en los resultados electorales de 2023, tendrá hasta el 16 de mayo para designar al nuevo jefe del Ministerio Público de entre los nombres propuestos.

En la primera visita de un jefe de Estado extranjero a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, los mandatarios priorizaron en su agenda problemas históricos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

"Hemos hecho un abordaje muy serio", dijo Rodríguez junto a Petro en declaraciones a la prensa, luego de sostener una larga reunión privada con ministros de ambos países y miembros de la Comisión Binacional de Vecindad e Integración en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

La mandataria informó que plantearon el establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia, los cuales, aseveró, deben "entrar en vigencia inmediata".

"Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos", expresó.

Y, en ese sentido, Petro indicó que hay que "liberar" a los pueblos fronterizos de las mafias y abogó por un trabajo conjunto y coordinado "a fondo" entre ambas naciones.

"La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos", sostuvo el mandatario, quien indicó que el trabajo debe contemplar acciones militares, policiales y sociales.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

Los gobernantes también hablaron sobre la interconexión eléctrica entre ambos países, aunque Rodríguez reconoció que la región fronteriza con Colombia "padece lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional", aquejado por los constantes apagones.

Según Rodríguez, las sanciones contra su país han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento de esa red.

"La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera", anticipó la líder chavista, sin dar más detalles al respecto.

También dijo que habló con Petro sobre la posibilidad de transportar gas a Colombia y de realizar exportaciones conjuntas, luego de que en marzo pasado, cuando se canceló la reunión pautada entre ambos, informara sobre una primera donación de gas transportada por camiones cisterna a Colombia.

Ambos señalaron igualmente, sin abundar en detalles, que abordaron asuntos de turismo y ambientales, al tiempo que destacaron el hecho de que el año pasado el comercio binacional ascendió a los 1.200 millones de dólares.

Durante el encuentro, los cancilleres Yván Gil, de Venezuela, y Rosa Villavicencio, de Colombia, firmaron el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración que se celebró entre el jueves y este viernes en Caracas y que se enmarcaba en la necesidad de "unión" entre ambos países.

De hecho, Rodríguez abrió sus declaraciones destacando la "profunda necesidad de unión e integración" de ambos países en este momento, mientras que Petro recordó que Venezuela y Colombia fueron parte de un "proyecto" conjunto en un tiempo de la historia.

Petro llegó a Venezuela después del mediodía acompañado de una amplia delegación de funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez; el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López; y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín.

La canciller colombiana se encontraba en el país desde el jueves, cuando instaló, junto a su par venezolano la III reunión de la comisión, que contó con 11 mesas de trabajo para dialogar sobre asuntos de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

A principios de enero, el jefe de Estado colombiano habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar su país y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la jefa de la diplomacia de Bogotá.

Después de la jornada de trabajo con la delegación colombiana, Rodríguez recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en una reunión privada.

El aviso se da después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito permitiera la entrada en vigor de una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones demandaron para frenarla.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Texas Civil Rights Project, Americas Immigrant Advocacy Center, y American Gateways, entre otros, criticaron el fallo que determinaron que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

En ese sentido, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que el fallo de la corte de apelaciones no toca el fondo del asunto.

"(La decisión) no altera lo que todos los tribunales (inferiores) que han examinado leyes similares han concluido: el S.B. 4 es inconstitucional. Esta lucha dista mucho de haber terminado", ahondó el abogado.

La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.

Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.

Las organizaciones que demandaron la norma, junto a la ciudad de El Paso (Texas), alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal, decidir quién puede entrar o no a EE.UU., interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

No está claro cuándo entraría en vigor la norma estatal.

Edna Yang, codirectora de American Gateways, dijo en un comunicado que el fallo “es un revés, no la última palabra”, y los demandantes siguen comprometidos a combatir esta ley.

"Quiero que se sepa, que sepa la comunidad internacional, que usted fue una de las primeras personas que nos llamó aquel 3 de enero, momentos tan duros para el pueblo venezolano, para expresar su solidaridad. Y yo quiero nuevamente agradecérselo", afirmó la líder chavista, después de reunirse con Petro en Caracas y autoridades de ambos países.

Rodríguez agradeció igualmente la visita de Petro, quien se convirtió en el primer jefe de Gobierno en llegar a Caracas en la nueva etapa que se ha abierto para el país tras la operación en la que Maduro fue derrocado.

"Llévese usted la convicción de que aquí hay un Gobierno comprometido para que el desarrollo, tanto de Colombia como de Venezuela, pueda hacer honor a lo que fue el concepto de nuestro padre libertador, Simón Bolívar", agregó.

El domingo pasado, Rodríguez prometió una nueva etapa de esperanza para su país tras poco más de 100 días de haber asumido el cargo, tiempo durante el cual ha restablecido las relaciones con Estados Unidos e impulsado una serie de leyes para facilitar las inversiones foráneas en Venezuela, en especial en los sectores de hidrocarburos y minería.

"Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa, una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza, para volver a encontrarnos entre venezolanos y para garantizar el futuro de nuestra juventud", declaró Rodríguez, en un mensaje transmitido por el canal estatal VTV y compartido en redes sociales.

La mandataria, que planea anunciar el 1 de mayo un aumento del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial, también promovió una ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, que, aseguró, ha beneficiado a "más de 8.000 venezolanos", y cuyo "fin" declaró este jueves, sin precisar mayores detalles.

En la reunión se encontraban el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

"Se apunta a una asociación productiva y estratégica a largo plazo y se trabaja en beneficio de ambos pueblos, así como en asuntos pendientes" en la relación entre el Gobierno de Rodríguez y el del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes.

Con el recibimiento del diplomático y su equipo, Rodríguez "reafirma su deseo de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo mutuo" con EE.UU., agregó VTV.

La reunión se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, donde previamente Rodríguez recibió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien anunció un plan para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

Barrett informó el jueves que ya se encontraba en el país suramericano, donde sustituye a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

En la cuenta en X de la embajada, Barrett aseguró que seguirá "implementando el plan de tres fases" de Trump para este país: estabilización, recuperación y transición.

Posteriormente, la mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, dijo en un acto oficialista que espera "poder continuar la agenda de trabajo" con EE.UU. e instó nuevamente a que la cooperación entre Caracas y Washington sea beneficiosa para ambos pueblos.

La líder chavista afirmó que si bien ha habido "adelantos y avances", aún "falta" trabajo por hacer para que no haya "una sola sanción" contra Venezuela.

Por su parte, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró a EE.UU. su disposición a trabajar en conjunto por la transición democrática en el país suramericano, tras saludar la llegada de Barrett.

Luego de la captura de Maduro, Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder y ha colaborado estrechamente con la Administración Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

"Esta decisión ha sido adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, valorando además la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

El Gobierno de Panamá trasladó además su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y al resto de autoridades cubanas que "comprendiendo las circunstancias excepcionales de estas detenciones, han hecho posible este desenlace".

El anuncio se produce después de que hace un mes, en una visita a Cuba, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reuniera precisamente con Díaz-Canel y su homólogo cubano e informara del "trato humanitario y la debida asistencia legal" que estaban recibiendo los diez detenidos, con los que conversó durante una hora.

Los diez panameños, detenidos a finales de febrero, fueron "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", un tipo legal que puede suponer hasta ocho años de cárcel en la isla.

El Ministerio del Interior de Cuba informó el 2 de marzo de su arresto acusados de realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

Trascendió que eran frases como 'Abajo la tiranía', 'Comunismo: enemigo de la comunidad' y 'Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer', en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

"Fue un boom en sí mismo", dijo Cisneros, quien destacó el lugar de Echenique dentro del llamado “boom latinoamericano” -fenómeno literario de las décadas de 1960 y 1970- y señaló que construyó “un universo muy original con recursos que no necesariamente había encontrado en su época”.

Cueto, por su parte, puso el acento en la “ternura” como rasgo central de la obra de Echenique y lo definió como un narrador que permitió a los lectores “recuperar la mirada sobre la ternura”.

“Pocos escritores nos hacen sentir tan cerca”, afirmó al recordar que sus historias, muchas veces surgidas de la conversación cotidiana, lograban conectar con el público más allá de su veracidad: “No importaba si eran verdaderas o no, pero no han sido olvidadas”.

Durante la charla, los participantes evocaron también el humor del autor, al que Cisneros calificó como “cervantino” por su admiración por el escritor español Miguel de Cervantes, así como su mirada sobre personajes desarraigados y "alejados de cualquier épica".

Cisneros señaló también que en las novelas de Echenique “los personajes contemplan al mundo y se defraudan de la realidad”, mientras que Cueto lo recordó como “un gran contador de historias”, cuyas anécdotas -reales o no- eran “divertidas y brotaban con naturalidad en cada conversación".

En el encuentro también participaron la escritora peruana Giovanna Pollarolo y el autor argentino Federico Jeanmaire, quien destacó que 'Un mundo para Julius' es “un libro fundamental de la literatura latinoamericana”.

Pollarolo, por su parte, evocó su primera lectura de la novela en su juventud, cuando descubrió a través de ella “una Lima inaccesible”, marcada por desigualdades sociales vistas desde la mirada ingenua del niño Julius, capaz de percibir “el mundo de la servidumbre que los adultos no miran”.

Bryce Echenique falleció el pasado 10 de marzo en Lima a los 87 años. El homenaje formó parte de las actividades organizadas por Perú como país invitado de honor en la feria, donde también se recordará al fallecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa y a la poeta Blanca Varela.

Bajo el lema "Los caminos que nos unen", Perú desarrolla en un pabellón propio de 500 metros cuadrados una serie de actividades para mostrar la diversidad de su oferta editorial durante la feria.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los principales eventos culturales de América Latina, comenzó este jueves su 50.ª edición con celebraciones por su aniversario y culminará el próximo 11 de mayo.

"Tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo, pero será un internacional e independiente panel científico al servicio de la humanidad", expresó el director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, Johan Rockström, en una rueda de prensa realizada durante la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta (Colombia).

Esta iniciativa estará dirigida por la copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático, la camerunesa Vera Songwe; el economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el alemán Ottmar Edenhofer, y el profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil) Gilberto Jannuzzi.

Para Rockström, el panel llega en un momento en el que hay tres curvas no lineales simultáneas que chocan, la primera de las cuales es que los riesgos climáticos crecen más rápido de lo esperado, lo que mina los medios de subsistencia de todas las generaciones humanas.

"La segunda curva no lineal es que tenemos mucha evidencia empírica de que podemos resolver este problema y actualmente vemos empíricamente cómo los sistemas de energía verde renovable crecen y superan los de combustibles fósiles, incluso sin subsidios en muchas economías alrededor alrededor del mundo", expresó el experto.

El director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, señaló que la tercera curva no líneal es el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles fósiles por la inestabilidad geopolítica del mundo.

"Si unimos estos tres aspectos, tenemos un argumento muy sólido para incluir en la agenda de Santa Marta la transición ordenada y basada en la ciencia para abandonar los combustibles fósiles", añadió.

Por su parte, el científico brasileño Carlos Nobre, uno de los mayores especialistas sobre el calentamiento del planeta, señaló que el panel científico también debatirá cómo evitar que se superen los límites de dióxido de carbono.

"Soy muy optimista respecto a que este plan nos permita contribuir a encontrar soluciones basadas en la naturaleza para esta energía primaria", expresó Nobre, doctor en Meteorología por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó hoy y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

Igualmente, dijo la ministra de Ambiente colombiana, Irene Vélez, asisten "poco más de mil de representantes de ONG y sociedad civil; al menos 500 representantes de comunidades, pueblos y sectores sociales de todo el mundo", y "30 parlamentarios de todo el mundo y 10 representantes de gobiernos subnacionales", entre otros.

En Santa Marta, las partes dialogarán durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

La salida de Shihab al Din del país del golfo Pérsico fue informada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes agregaron que el corresponsal recibió asistencia consular y que su paradero actual será resguardado por seguridad.

El jueves, el corresponsal fue absuelto de los supuestos delitos de difundir información falsa y poner en riesgo la seguridad nacional, mismos que le valieron permanecer en prisión durante 52 días, es decir casi toda la extensión del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Antes de ser detenido, el reportero "comentó videos e imágenes disponibles públicamente relacionados con la guerra de Irán. Entre sus publicaciones recientes se encontraba un video geolocalizado, verificado por CNN, que mostraba el accidente de un avión de combate estadounidense cerca de una base aérea estadounidense en Kuwait", de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Asimismo, recordó que su detención se produjo en medio de una "censura cada vez más estricta a la prensa" en el Golfo y en Kuwait, donde el Ministerio de Interior advirtió el 2 de marzo contra la grabación o difusión de vídeos o información relacionados con los ataques iraníes contra los países árabes.

Kuwait promulgó el 15 de marzo una ley destinada a salvaguardar y proteger los intereses supremos de las autoridades militares, y su artículo 26 impone penas de cárcel de hasta diez años a quien "difunda noticias, publique declaraciones o propague rumores falsos relacionados con entidades militares".

La decisión fue formalizada mediante la suscripción de un acuerdo de colaboración estratégica con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión) y contempla el impulso de inversiones en sectores prioritarios como transporte sostenible, conectividad, agua y saneamiento y transformación digital.

El acuerdo fue firmado por el representante de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio.

La UE señaló que el objetivo es "impulsar una nueva etapa en la cooperación bilateral, orientada a acelerar la inversión en proyectos de alto impacto económico, social y ambiental en el Perú".

Destacó que la firma del acuerdo "marca un cambio de enfoque: pasar de la cooperación tradicional a una colaboración centrada en generar proyectos bien estructurados, financiables y ejecutables, capaces de atraer inversión y generar resultados concretos".

En este marco, la UE brindará asistencia técnica especializada para la identificación, preparación y estructuración de proyectos, especialmente bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), que incluirá estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad y estructuración).

También facilitará la movilización de financiación europea, a través de bancos de desarrollo e instituciones financieras, junto con instrumentos innovadores que contribuyan al cierre financiero de proyectos.

La UE añadió que se considera promover proyectos de infraestructura de transporte sostenible y eficiente (metro, trenes de cercanías), así como potenciar la conectividad e integración territorial para cerrar brechas digitales y ampliar el acceso en zonas rurales y de difícil acceso.

Además, se busca impulsar proyectos de agua y saneamiento, y la transición energética mediante la diversificación de la cartera hacia generación de energía renovable.

Esta semana, la UE también suscribió un acuerdo de colaboración estratégica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de acompañar a Perú en la modernización de sus sistemas de transporte y comunicaciones.

El acuerdo plantea transformar el sistema de transporte de Perú "mediante soluciones sostenibles, eficientes e inclusivas, poniendo énfasis en fortalecimiento de los marcos regulatorios, la planificación sectorial y las capacidades institucionales".

Este acuerdo también da prioridad al cierre de la brecha digital, por lo que la UE promoverá soluciones innovadoras que combinen infraestructuras terrestres y tecnologías por satélite, para garantizar una conectividad de calidad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas.

Jafar Tafakori, de 57 años y nacionalidad iraní, fue acusado en un tribunal federal de Texas por su supuesta participación en el contrabando de indocumentados entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).

El sospechoso, que enfrenta seis cargos relacionados con el tráfico de inmigrantes, supuestamente introdujo ilegalmente a un gran número de extranjeros, principalmente iraníes, a Estados Unidos a cambio de dinero.

Tafakori coordinaba con otras personas para proporcionar alojamiento, transporte y, en ocasiones, boletos de avión para que los migrantes viajaran por Sudamérica, Centroamérica y México hasta llegar a la frontera sur del país, por donde se les instruía a cruzar.

El acusado llegó a cobrar a algunos inmigrantes hasta 30.000 dólares por sus servicios, detalló el DOJ en el comunicado.

Tafakori fue detenido este jueves en la ciudad de Pereira (Colombia) a petición de las autoridades estadounidenses y se encontraría en proceso de extradición.

El fiscal interino de EE.UU., Todd Blanche, dijo en la nota de prensa que garantizar la seguridad de las fronteras estadounidenses y detener el tráfico de personas es una prioridad para el Departamento de Justicia.

De ser declarado culpable, Tafakori se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los seis cargos.

Concluida la audiencia ordinaria, la jueza Agueda Rentería "se acogió al término de ley (30 días) para dictar la sentencia que en derecho corresponda a dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, acusados por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de distintas formas de peculado", señaló un comunicado del Órgano Judicial.

Ronny Rodríguez y William Pitti, exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) que el 27 de marzo pasado se entregaron a las autoridades tras estar prófugos desde 2015, "se declararon no culpables del delito de peculado", según el comunicado.

La nota añade que en la audiencia el fiscal anticorrupción Javier Cuadra solicitó al tribunal una "sentencia condenatoria" para los dos exfuncionarios, mientras que la defensa pidió la absolución.

Así Rodríguez y Pitti comparecieron hoy por Zoom por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado", esto por la desaparición del equipo tecnológico y software Pegasus supuestamente usado para las interceptaciones durante el Gobierno de Martinelli, de acuerdo con las investigaciones.

Los dos están acusados en la trama de interceptación ilegal de las telecomunicaciones a unas 150 personas durante el Gobierno de Martinelli, un caso conocido como "pinchazos", por el que el expresidente fue juzgado en 2021 y declarado "no culpable" tras un largo y complicado proceso judicial.

Ambos exfuncionarios serán sometidos a otra audiencia, con fecha principal el 29 de abril de 2026 y alterna el 21 de mayo "por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad", es decir, las interceptaciones.

Martinelli está en Colombia en calidad de asilado político, una protección que pidió para evadir la condena en firme a más de 10 años de cárcel y el pago de una multa de 19 millones de dólares por la compra irregular de una editorial de medios panameña.

Este grupo, integrado por activistas de Italia, Francia, Suiza, México y Estados Unidos, trajo donaciones de alimentos, insumos médicos, y materiales educativos para apoyar a la isla ante la profunda crisis que sufre, agravada en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE.UU.

Este convoy, organizado por la Agencia de Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICE), sigue a la visita del convoy Nuestra América, impulsado por movimientos de izquierda y activistas, que en marzo pasado llegó a La Habana con un cargamento de 30 toneladas de medicamentos, alimentos y paneles solares con el fin de poner el foco en la situación de la isla.

En un acto de recibimiento al convoy, el viceministro de Salud Pública Julio Guerra Izquierdo señaló que los envíos de ayuda han representado "un alivio importante para el sistema sanitario" de la isla, aunque "no cubren todas las necesidades".

En ese sentido, subrayó las afectaciones existentes en la atención al Programa Materno Infantil y en el acceso a medicamentos contra el cáncer.

La crisis económica y energética que arrastra Cuba se ha recrudecido desde enero a raíz del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU., una medida de presión calificada por la ONU como contraria al derecho internacional, sumada a las sanciones que ha mantenido sobre la isla durante décadas.

El vehículo utilizado era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el Batallón Pichincha, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército.

El Ejército señaló en un comunicado que además "se hallaron tres artefactos explosivos al interior de las instalaciones del cantón militar y uno más en sus alrededores".

Por su parte, la Personería de Cali condenó "de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (...) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía".

Según esa entidad, "los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas", mientras que el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho".

"Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección", agregó la Personería de Cali.

El Ejército confirmó que no hay registro de "afectaciones al personal militar ni a la población civil", pero las autoridades siguen "verificando el área y evaluando posibles daños materiales al interior de las instalaciones militares".

"De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, este hecho terrorista podría estar relacionado con el grupo armado organizado residual Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco", señaló el Ejército.

El 21 de agosto del año pasado, Cali fue blanco de otro atentado terrorista que dejó seis civiles muertos cuando un camión bomba fue detonado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde funciona la escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, está situada en el suroeste del país, una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la ciudad "está bajo una ofensiva criminal", al vincular este atentado con el de agosto del año pasado.

"Nuestra ciudad vuelve a ser blanco del terrorismo. Hoy más que nunca necesitamos unidad y coordinación en todos los niveles del Estado para enfrentar con firmeza a los narcoterroristas", afirmó Eder.

La alerta fue expresada por líderes de las cuatro etnias, del departamento de Gracias a Dios, al este, fronterizo con Nicaragua, en un 'Diálogo Intercultural Pueblos Indígenas y Gobierno Central-Ministerios Afines' que se celebró en Tegucigalpa, informó el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Frank Cruz.

La Biosfera del Río Plátano y su "situación de agonía nos llama a que todas las instituciones nos pongamos a la orden de los pueblos indígenas del departamento de Gracias a Dios y del pueblo hondureño en general, porque es un problema que nos importa a todos", agregó.

"La preocupación se centra en que la salud del ecosistema ha sido degradada por diversas causas externas, al punto de no recuperarse solo con planes técnicos o vigilancia militar, sino con el reconocimiento efectivo de la autonomía indígena sobre su territorio ancestral", enfatizó.

Los líderes indígenas concluyeron con un pronunciamiento, que será remitido al poder Ejecutivo.

La Biosfera del Río Plátano ha venido sufriendo severos daños desde la segunda mitad del siglo pasado, con el agravante, según denuncias de pobladores y defensores del ambiente, de que narcotraficantes también operan en la reserva natural.

Durante el gobierno que presidió Xiomara Castro (2022-2026), incluso hubo una denuncia de la apertura de una carretera de cinco kilómetros en el núcleo de la Biosfera del Río Plátano, en la que estarían implicados narcotraficantes, ganaderos y agricultores del sector.

Al respecto, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) informó en mayo de 2025 de que se detectaron graves daños al ecosistema en la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano, en Iriona, departamento de Colón.

"En la zona se detectó la apertura ilegal de una carretera de más de cinco kilómetros dentro del lugar", y entre otros hallazgos "se identificaron asentamientos humanos en plena área protegida, más de 200 piezas de madera de color aserradas ilegalmente (...) y extensiones desforestadas desde 2024 ahora destinadas a pasto y ganadería", indicó el ICF.

La Biosfera del Río Plátano no solo es un importante pulmón ecológico del continente americano, sino también refugio de especies endémicas, ríos vírgenes y comunidades indígenas cuya supervivencia depende del equilibrio ambiental.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,36 %, a 117.759.500 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados S.A. (-1,5 %), Pampa Energía (-1,1 %) y Transportadora de Gas del Sur (-1,0 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (2,0 %) y Cresud (1,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subas de hasta el 1,0 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 557 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.399,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,1 %, a 1.498,11 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 1,0 %, a 1.438,34 pesos por unidad.

El movimiento del regulador, que busca "reafirmar su jurisdicción exclusiva" en un tribunal federal, se produce después de que la Fiscalía estatal denunciara a las empresas Coinbase y Gemini por operar plataformas digitales que permiten apostar sobre deportes y otros acontecimientos.

La CFTC indicó en un comunicado que su objetivo es un dictamen que establezca que "la ley federal le garantiza autoridad exclusiva para regular los contratos de eventos", así como una medida que impida a ese estado aplicar las leyes estatales en esta materia.

La noticia se produce en plena polémica tras la identificación del 'trader' que se embolsó unos 400.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket tras la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, y que ha resultado ser un soldado estadounidense.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora, Kathy Hochul, declararon que el Gobierno de Donald Trump "está priorizando a las grandes corporaciones sobre los consumidores" y resaltaron que sus leyes estatales en cuestión están "diseñadas para protegerlos".

"Las leyes de Nueva York para las apuestas están diseñadas para proteger a los consumidores, ya estén haciendo apuestas en un mercado de predicciones o en un casino", afirmaron las líderes demócratas.

Esta semana, la Fiscalía de James demandó a Coinbase y Gemini, que han ampliado sus servicios de intercambio de criptomonedas hacia las apuestas digitales, y las acusó de no tener una licencia y permitir a usuarios menores de 21 años participar en esa actividad.

El jefe legal de Coinbasem Paul Grewal, dijo en X que los mercados de predicciones son plataformas reguladas a nivel federal y prometió "luchar por la supervisión federal pretendida por el Congreso".

"Nuestro país funciona como un lugar de recepción, almacenaje y distribución de drogas hacia otros lugares del mundo, sea Estados Unidos o hacia Europa. Nos volvimos un 'hub' internacional de drogas, donde los cargamentos llegan acá por las vulnerabilidades que tenemos en la parte marítima por lo extenso de las costas", expresó Soto tras anunciar el decomiso de al menos una tonelada de cocaína en el sur del país.

Este viernes el OIJ llevó a cabo un operativo en una propiedad en la localidad de Pavones de Golfito, provincia de Puntarenas (sur), en la costa del Pacífico, en donde decomisó un cargamento de al menos una tonelada de cocaína y detuvo a seis costarricenses y un colombiano.

Los agentes también decomisaron 7 armas de fuego, entre las cuales hay fusiles AR-15, pistolas 9 mm, revólveres.

"Fue una operación de alto riesgo por la cantidad de personas y armas. Este lugar está muy cerca del mar por lo que podríamos presumir que esta droga ingresó vía marítima por la costa pacífica desde los países productores del sur del continente", declaró Soto.

El director interino del OIJ agregó que este decomiso es "muy importante" porque "demuestra que seguimos trabajando para proteger al territorio costarricense del flagelo de las drogas".

En Costa Rica, país que no tiene ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de trasiego de droga de la región, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad y las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que se han registrado durante los últimos años.

Costa Rica contabilizó en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, que fue el récord del país.

En los últimos años Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, lo cual se ha visto reflejado en operativos conjuntos en los océanos y en la donación de escáneres para los puertos y fronteras costarricenses.

Costa Rica también se integró en marzo pasado a la iniciativa regional del presidente estadounidense Donald Trump llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.

El fallo se refiere a una proclamación (212 f) que le permite al Ejecutivo estadounidense deportar sumariamente a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sin permitirles pedir protección.

La medida emitida por Trump el primer día de su mandato citaba una “invasión” como argumento para negar la protección de asilo a personas en riesgo de persecución, con lo que evadía la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Pero un panel del Tribunal de Apelaciones del Distrito de sostuvo que el mandatario no puede eludir las leyes aprobadas por el Congreso que permiten a los extranjeros solicitar asilo.

«Denegar el asilo de un solo golpe, sin información alguna sobre los individuos afectados, ignora necesariamente todo riesgo de persecución que estos enfrentan al ser obligados a regresar a su lugar de origen», escribió el tribunal en una extensa opinión.

La Casa Blanca ha destacado que las admisiones de solicitantes de asilo que han llegado a la frontera son casi nulas desde que Trump asumió su segundo término en enero de 2025.

El fallo representa una victoria para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que presentaron la demanda en nombre de varias organizaciones que brindan servicios legales a solicitantes de asilo y a un grupo de extranjeros afectados por la política.

“Esta decisión pone fin a la política inhumana de Trump de enviar a personas, incluidas familias con niños pequeños, de regreso a un peligro terrible sin siquiera una audiencia”, declaró en un comunicado el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, quien presentó la apelación.

El abogado subrayó que el tribunal “dejó claro” que el presidente no tiene el poder unilateral de anular todas las leyes de asilo promulgadas por el Congreso.

Por su parte, Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo que tras el fallo espera que el gobierno de Estados Unidos “recuerde su obligación” de considerar las solicitudes de protección para refugiados y “se comprometa nuevamente” a defender los derechos fundamentales de las personas que solicitan protección.

La orden del tribunal no entrará en vigencia inmediatamente. Se espera que la Casa Blanca apele el fallo.

La corte permitió este viernes la entrada en vigor de una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron demandas para frenarla.

En el fallo, el tribunal dictaminó que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.

Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.

Las organizaciones que demandaron la norma, entre ellas las ONG American Gateways y Las American Immigrant Advocacy Center, alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal, decidir quién puede entrar o no a EE.UU., interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede llevar a que las autoridades locales actúen de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.

Texas aprobó la ley SB4 durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), en medio de un aumento récord en la cantidad de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular y un enfrentamiento entre Texas y la Administración demócrata.

Ahora, bajo la Administración de Donald Trump, los cruces en la frontera irregulares han disminuido a su punto más bajo en años y el Gobierno emprende en cambio una campaña de arresto masivo de inmigrantes al interior del país.

La ley SB4 entrará en vigor en un momento en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades del estado - entre ellas Houston, Dallas y Austin - para que no limiten la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ante el rechazo de la ciudadanía a las políticas de "mano dura" del Gobierno Trump.

En el último año, los arrestos de migrantes que no tienen antecedentes penales se han disparado un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública aumentaron más de un 1.000 % según un análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.

La misión de la OEA señaló en un comunicado que ha tomado nota del acuerdo del JNE, máximo entre electoral del país, adoptada por unanimidad sobre la inviabilidad de la realización de elecciones complementarias en el marco del proceso presidencial 2026, frente a solicitudes de sectores políticos del país.

"La misión subraya la importancia de esta decisión y de garantizar la integridad del proceso en curso y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada por millones de peruanas y peruanos en las urnas, tanto en el territorio nacional como en el exterior", sostuvo.

Informó que, tras los comicios generales en Perú, mantuvo un despliegue técnico de diez observadores y especialistas en los departamentos de Lima, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Piura y Junín, así como en la circunscripción para peruanos residentes en el extranjero (PEX).

A través de la observación directa en las oficinas electorales del país, "la misión dio seguimiento, entre otros, al repliegue del material electoral, el cómputo de actas, la resolución de actas observadas, la emisión de resoluciones jurisdiccionales y las audiencias públicas de recuento de votos", añadió.

Tras reiterar que "resulta imperativo identificar con precisión técnica las causas de las demoras presentadas en la entrega del material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana", sostuvo que ahora "observa con preocupación la mediatización" de los procesos e investigaciones sobre estos casos "y su posible uso como herramientas de polarización política".

"La MOE OEA considera fundamental que se garantice el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, asegurando que cualquier señalamiento se sustente en pruebas materiales y se resuelva en las instancias legales correspondientes, evitando juicios sumarios en la opinión pública o redes sociales", acotó.

También exhortó "a las autoridades competentes a conducir estas indagaciones con la máxima prudencia y apego a la institucionalidad, privilegiando el rigor jurídico sobre la confrontación mediática para salvaguardar la confianza en el sistema electoral peruano".

La misión confirmó, finalmente, que retornará a Perú para observar la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio con un equipo de más de 90 especialistas y observadores en todo el país.

El JNE de Perú declaró este viernes inviable convocar elecciones complementarias, como había solicitado el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga quien denuncia que ha sido víctima de un fraude sin presentar pruebas contundentes y mientras se aleja de la segunda posición en la votación, que ocupa el izquierdista Roberto Sánchez.

Ante las exigencias de López Aliaga, que no están contempladas en la legislación electoral de Perú, algunas de las principales misiones de observación electoral como la Asociación Transparencia y la Unión Europea (UE) instaron a seguir el proceso dentro del marco de la legalidad.

Cuando se ha contado el 95,2% de los votos, la derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,90 %, con una diferencia de 22.145 votos a favor del izquierdista.

La líder chavista, quien asumió el cargo de mandataria encargada tras la captura en enero de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aseguró que los equipos de ambos países hicieron un "abordaje muy serio y muy completo" sobre el combate a los grupos criminales.

Señaló también que se plantearon el establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia, los cuales, aseveró, deben "entrar en vigencia inmediata".

"Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos", expresó.

Ambas naciones acordaron igualmente planes socioeconómicos, de los que no dio detalles, para atender a las poblaciones más vulnerables, tanto en Venezuela como en Colombia, que "han sido víctimas también del delito en la frontera", agregó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Por su parte, Petro, el primer jefe de Estado que visita Venezuela tras la captura de Maduro, abogó por un esfuerzo coordinado "a fondo" entre ambas naciones para liberar a sus pueblos fronterizos de las mafias.

El objetivo, señaló, es que la frontera común, de 2.219 kilómetros, solo "sea para el pueblo" colombiano y venezolano.

"La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos", sostuvo el mandatario, quien indicó que el trabajo debe contemplar acciones militares, policiales y sociales.

El encuentro entre ambos gobernantes tuvo lugar en medio de la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, que lideran los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villavicencio e Yván Gil, respectivamente, para tratar temas de seguridad, comercio, energía, entre otros.

Como parte de esa reunión, las autoridades colombianas y venezolanas instalaron 11 mesas de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

A principios de enero, Petro habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la canciller colombiana.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Rodríguez indicó que conversó con Petro sobre la posibilidad de transportar gas a Colombia y de realizar exportaciones conjuntas.

También hablaron sobre la interconexión eléctrica en el oeste de Venezuela, donde hay estados fronterizos con Colombia, una región que, reconoció Rodríguez, "padece lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional producto de sanciones" que han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento.

"La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera", anticipó la líder chavista, sin dar más detalles al respecto.

Rodríguez señaló que la cita en Caracas se produce en un momento de "profunda necesidad de unión e integración" entre ambos países, y destacó que equipos técnicos binacionales han trabajado en los últimos días en una agenda que incluye seguridad fronteriza, comercio, migración y cooperación institucional.

Previamente, los cancilleres de Venezuela y Colombia, Yván Gil y Rosa Villavicencio, respectivamente, firmaron el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración Venezuela-Colombia.

Petro se reunió por primera vez con Rodríguez desde que ella asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense en la capital venezolana y zonas vecinas.

La denuncia fue presentada el pasado febrero ante un tribunal de Los Ángeles, pero no fue hasta este viernes que cobró notoriedad después de que los demandantes concedieran una entrevista al diario The New York Times.

Los integrantes de la familia Cascio, cuatro hermanos originarios de Nueva Jersey, han manifestado que mantuvieron una relación compleja con el artista en la que se habrían producido situaciones de vulnerabilidad y conductas inapropiadas de carácter íntimo.

A pesar de que algunos de ellos llegaron a cuestionar la naturaleza de estos encuentros con el intérprete de 'Thriller', el impacto de su figura pública y el respeto que inspiraba su trayectoria profesional habrían dificultado que hicieran pública su situación legal en aquel momento, según el testimonio de las supuestas víctimas.

De acuerdo con la demanda a la que ha tenido acceso el diario, los abusos ocurrieron en diversos lugares, incluyendo la casa del artista estadounidense.

Las acusaciones han sido rechazadas por la familia de Jackson a través de su abogado, Marty Singer, quien calificó esta demanda como "un intento desesperado por obtener dinero".

A lo largo de las décadas, Jackson y su patrimonio legal han enfrentado múltiples procesos judiciales por acusaciones de abuso sexual infantil, conformando un complejo historial que se mantiene vigente hasta la actualidad.

El más sonado fue el de 1993, cuando enfrentó la primera acusación pública por parte de Jordan Chandler, situación que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial millonario que evitó el juicio penal pero que impactó profundamente en su imagen pública.

Cinco días después de la muerte del Rey del Pop, el 25 de junio de 2009, Chandler reveló que había mentido respecto al abuso y se suicidó en noviembre de 2009.

A este primer caso se sumaron el testimonio de varias familias que lo acusaban de abusar sexualmente de sus hijos. Aunque nunca se condenó por estas denuncias, artistas como el rapero Eminem ridiculizaron en sus videos musicales a la estrella del pop abordando esta controversia.

La entrevista de los hermanos Cascio sale a la luz el mismo día del estreno mundial de la película biográfica 'Michael', protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino del cantante), que abarca todas las etapas de la vida del Rey del Pop, desde sus inicios como niño prodigio en los Jackson 5 hasta su consolidación como la mayor estrella del planeta.

"El SICA es un mecanismo estratégico para la concertación política, la coordinación regional y la proyección internacional de nuestros países miembros, en línea con su compromiso con una región más cohesionada y resiliente", expresó el organismo en el documento final de la nonagésima tercera reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, que se celebró en Santo Domingo.

La reunión de ministros y viceministros de Exteriores acordó impulsar una agenda de integración basada en el "diálogo político y la colaboración entre países hermanos; promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los vínculos con los socios para el desarrollo", a fin de ampliar las oportunidades de cooperación.

El SICA valoró el "compromiso" expresado durante la reunión por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de acompañar técnicamente al proceso de integración regional, reconociendo su "valiosa contribución" en materia de análisis económico, resiliencia climática, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

"Esto nos permitirá avanzar hacia una agenda regional que consolide las principales directrices y lineamientos estratégicos de carácter político para el Sistema de la Integración Centroamericana", refirió el documento.

El encuentro, realizado en República Dominicana al concluir este país su período en la presidencia pro tempore del organismo, asumió un reglamento relativo a la integración, quórum y adopción de decisiones de los órganos e instancias regionales del SICA, para asumir posturas oportunas, eficaces y continuas.

Los Estados miembros avanzaron en la definición de una hoja de ruta consensuada para la elección de la nueva titularidad de la secretaría general del SICA, como reflejo de su voluntad de fortalecer la conducción estratégica del Sistema, asegurar la continuidad institucional y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos regionales.

Del encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y sus homólogos de Costa Rica, Arnoldo Tinoco; El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y Guatemala, Carlos Martínez Alvarado.

Asimismo, los viceministros de Exteriores de Honduras, Pamela Handal; Panamá, Carlos Guevara, y Belice, Amalia Mai.

Dolores Bustamante Romero, de 54 años, miembro de la Alianza Nacional de Campesinas y de Workers Center of Central NY, fue detenida en su cita con el ICE este miércoles y "fue desaparecida hacia centros de detención fuera del estado", indicó en un comunicado la Coalición Inmigrante de Nueva York.

Los grupos señalaron que la mujer asistía a sus citas con ICE después de que su solicitud de asilo fuera denegada por un "tecnicismo", tras quedar "atrapada en el sistema de inmigración legal mediante una parada de tráfico rutinaria en 2014 por parte policías estatales que la entregaron a la patrulla fronteriza".

La propia Bustamante dejó escrito un texto el martes en el que declaraba que pensaba asistir a su cita el día siguiente porque quería "hacer las cosas bien" pese a tener miedo, señalando que paga impuestos, contribuye a la economía y no ha cometido "ningún crimen" en EE.UU., donde lleva viviendo 30 años.

"Crucé la frontera con mi hija de 3 años en 2003, huyendo de mi marido abusivo. Temía que me matara y la Policía en México no ayudaba. Vine a EE.UU. y pedí asilo, que es legal. Llevo en tribunales más de 10 años intentando hacer las cosas bien", dijo la mujer, que es recolectora de manzanas.

La mujer, que tiene hijos y nietos en EE.UU., denunció que uno de sus hijos fue deportado a México, asesinado por los carteles, y no se investigó su muerte tras el hallazgo del cadáver en 2017, por lo que teme por su vida.

El medio InvestigativePost reportó la detención y cita a un portavoz de ICE, que dijo que Bustamante había agotado todas las vías para permanecer en el país, algo que sus abogados disputan, y que estaba sujeta a una orden de deportación desde 2018.

También indica que la mujer ha sido trasladada a un centro de detención en Ohio para el procesamiento de su deportación.

Los grupos activistas han convocado una manifestación que reclama "libertad para Dolores" el sábado en la First Unitarian Church de Rochester.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que en el grupo de migrantes hay hombres y mujeres, todos mayores de edad, y está conformado por cinco guatemaltecos, cinco hondureños, cuatro brasileños, tres chinos, tres indios, un ruso, un uzbeko, un turco, un boliviano y un rumano.

Además, en el avión venían tres costarricenses deportados, que se suman a los 8 que llegaron en el vuelo anterior la semana pasada.

El de este viernes es el tercer vuelo con migrantes deportados por Estados Unidos que recibe Costa Rica, en el marco de un acuerdo firmado el pasado 23 de marzo y que ha generado críticas de la oposición política y de organizaciones de derechos humanos.

El primer vuelo llegó el 11 de abril con 25 migrantes, y el segundo el 17 de abril con 30 migrantes, de los cuales 8 eran costarricenses.

Según el Gobierno costarricense, todas estas personas podrán acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para regresar a sus países de origen, o bien solicitar una estancia regular en Costa Rica bajo categorías humanitarias.

Actualmente, de las 47 personas recibidas, 18 se encuentran en el programa de retorno voluntario asistido, 12 han expresado que no desean volver a su país de origen y 2 han desistido de alguna de las opciones. Los demás han pedido más información o aún no han comunicado su decisión, indica la información oficial.

El gobierno ha informado que estos migrantes, que se encuentran en un hotel que se mantiene confidencial, gozan del derecho a la libre movilidad.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que su Gobierno es un socio estratégico de Estados Unidos en la región, firmó un Memorando de Entendimiento con Washington para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo con EE.UU. garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

En el 2025 Costa Rica recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral.

Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o bien permanecieron allí de forma voluntaria.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron el año pasado que varios derechos de estas personas habían sido vulnerados en un refugio para migrantes al que fueron trasladados en el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá.

La querella legal entablada en un tribunal federal en California alega que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no ha implementado una norma de 2024 derivada de la Ley de Aire Limpio, que refuerza los Estándares Nacionales de Calidad del Aire y Ambiente (NAAQS) para el hollín.

El fiscal de California, Rob Bonta, que encabeza la demanda, advirtió en un comunicado que la Administración del presidente Donald Trump “debe cumplir” con la ley y adoptar las medidas que el Congreso ordenó para ayudar a proteger a los estadounidenses “de la mortal contaminación” por hollín.

El hollín, conocido como una partícula cancerígena, es emitido por una variedad de fuentes, incluidos los vehículos con motores de combustión, las fábricas y las obras de construcción.

Debido al pequeño tamaño de estas partículas, una vez inhaladas, pueden penetrar en las partes inferiores de los pulmones y afectar a otros órganos, lo que puede provocar serios problemas de salud, como la reducción de la esperanza de vida, ataques cardíacos, ataques de asma y cáncer.

La demanda advierte que los efectos por el hollín recaen de manera desproporcionada sobre las comunidades de bajos ingresos y comunidades afrodescendientes.

Los once estados, el Distrito de Columbia, la ciudad de Nueva York y el condado de Harris en Texas, solicitaron a la corte emitir una orden judicial que obligue a EPA a adoptar las medidas exigidas por el Congreso para poner en marcha las protecciones de la norma e iniciar su implementación.

“La ciencia es clara: cuando la calidad del aire empeora, aumentan las visitas a los hospitales. Los niños luchan por respirar. Se truncan vidas”, subrayó Bonta.

Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, también hacen parte de la demanda.

Pese a este movimiento negativo semanal, el mercado mexicano registra un avance del 0,9 % en abril y en lo que va del año se apunta una ganancia del 7,65 %.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias principalmente en emisoras del sector tecnológico y sector energético", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la semana con una pérdida de 0,85 % para apuntarse una pérdida por segunda semana al hilo".

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Genomma Lab (-10,8 %), Volaris (-6,47 %), Televisa (-5,64 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-5,52 %) y Grupo México (-5,11 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que "a nivel empresarial, 17 de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno negativo".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,39 unidades por billete verde, frente a los 17,42 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 196,4 millones de títulos por un importe de 17.830 millones de pesos (unos 1.025 millones de dólares).

De las 688 empresas que cotizaron en la sesión, 383 cerraron con sus precios al alza, 276 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 7,57 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 3,63 %, y de la cadena de restaurantes Alsea (ALSEA), con el 2,63 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la concesionaria de infraestructura Acosta Verde (GAV A), con el -11,71 %; de la firma de servicios médicos Médica Sur (MÉDICA B), con el -4,41 % y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –3,48 %.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que una de las movilizaciones sanitarias más importantes del año se desarrollará con el lema 'Vacunación para todos', con la intención de intensificar la respuesta "para garantizar acceso equitativo a vacunas seguras, gratuitas y de calidad".

Agregó que la Semana de la Vacunación es "una estrategia fundamental para proteger a miles de peruanos y avanzar en el cierre de brechas de inmunización en todo el territorio nacional, especialmente en poblaciones vulnerables".

En ese sentido, desde este sábado se intensificarán las acciones en todo el territorio nacional, con el acceso gratuito a las 18 vacunas del Esquema Regular, que protegen contra 28 enfermedades, entre ellas el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la hepatitis A y B, la influenza, el virus del papiloma humano (VPH), la fiebre amarilla y la tos ferina, entre otras.

La campaña sanitaria está dirigida a toda la población, con énfasis en los menores de 5 años, menores de 10 años con esquemas incompletos, adolescentes entre 9 y 18 años para la vacunación contra el VPH, gestantes que requieran protección y adultos mayores de 60 años que deben ser protegidos ante enfermedades respiratorias como la influenza y el neumococo.

La Semana de la Vacunación de las Américas de 2026 será lanzada oficialmente en el estadio Elías Aguirre de la ciudad de Chiclayo, en la costa norte del país, y, como parte de la estrategia, brigadas de salud recorrerán viviendas, mercados y espacios comunitarios para vacunar a los ciudadanos.

El ente emisor señaló en un comunicado que el desempeño de estas exportaciones peruanas a febrero pasado superó lo conseguido por las principales economías latinoamericanas, como Colombia (8,8 %), México (8,4 %), Brasil (5,7 %) y Chile (3,8 %).

Agregó que esto "evidencia una ganancia relativa en competitividad exportadora del país".

El resultado fue impulsado fundamentalmente por el mayor dinamismo de los envíos agropecuarios, en particular de frutas, así como de los sectores textil, químico y siderometalúrgico, añadió el Banco Central.

En febrero pasado, el banco informó que las exportaciones totales de Perú alcanzaron los 92.833 millones de dólares en 2025, con un crecimiento de 24,6 % de las tradicionales y de 14,4 % de las no tradicionales.

El año pasado, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 23.405 millones de dólares, mientras que en 2024 llegaron a 20.460 millones de dólares.

En ese momento, la Asociación de Exportadores (Adex) destacó que Perú se convirtió en el cuarto país exportador de América Latina en 2025, solo por detrás de México, Brasil y Chile, y por encima de Argentina, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo detalló que se alcanzó un récord histórico en exportaciones por quinto año consecutivo.

"Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

A la reunión también asistieron, por México, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, mientras por Brasil, además de Chambriard, asistieron otros dos directivos de Petrobras.

Este encuentro ocurrió luego de conversaciones entre Sheinbaum y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y además de la agenda en temas de energía, en el horizonte está una visita oficial de Sheinbaum a Brasil, que podría ocurrir en mayo.

El pasado 24 de marzo, Sheinbaum confirmó que su Gobierno estudiaba una posible alianza energética con Petrobras, planteada directamente por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y adelantó que los directores de Pemex y Petrobras sostendrían una reunión en abril para evaluar los alcances económicos y técnicos de la posible alianza.

La gobernante mexicana explicó en aquella oportunidad que la reunión entre ambas petroleras sería "clave" para conocer con precisión las posibilidades de cooperación tecnológica y financiera, particularmente en exploración y producción en aguas profundas, sector estratégico para ambos países, y precisó que el planteamiento brasileño estaba enfocado principalmente en petróleo, no en gas.

Sheinbaum agregó que el interés de México en aprender de la industria brasileña del etanol.

El análisis de la alianza se suma a los intercambios técnicos que México y Brasil han mantenido en los últimos meses tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, al país a finales de 2025.

La posible colaboración entre Pemex y Petrobras podría abrir la puerta a una cooperación estratégica entre dos de las mayores petroleras estatales del continente, en momentos en que México busca estabilizar la producción de crudo, avanzar hacia la autosuficiencia y diversificar su matriz energética.

Entre las decisiones aprobadas durante la cita de cinco días que se llevó a cabo en Nassau (Bahamas), se destaca la creación de grupos de trabajo sobre registros de emisiones y contaminantes en América Latina y el Caribe, y de acceso a justicia ambiental, según detalla la COP4 en su página web.

También se aprobaron lineamientos metodológicos para la elaboración de hojas de ruta para implementar un acuerdo en los Estados Partes, que permiten identificar brechas en los países, definir acciones concretas y establecer prioridades mediante procesos transparentes y colaborativos.

Otra resolución fue encomendar a la Secretaría, ejercida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que refuerce la cooperación y el intercambio con otros organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y secretarías de acuerdos multilaterales relevantes sobre medio ambiente.

El objetivo de ello, según se explicó, es apoyar a las partes y a los órganos del acuerdo para que fortalezcan sus capacidades y avancen en la aplicación de los derechos de acceso contenidos en este.

En otra de las resoluciones se acordó extender por un año el mandato del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, de manera de coincidir con la realización de las siguientes Conferencias de las Partes, en 2028 y 2030, respectivamente.

Los delegados aprobaron también invitar a las partes a promover sinergias y alianzas entre el Acuerdo de Escazú y otros foros y acuerdos multilaterales relevantes sobre medioambiente.

Por su parte, en representación de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Carlos de Miguel, urgió a los países de la región que aún no son partes a que se unan.

"Necesitamos llegar a los 33 países de América Latina y el Caribe ya que si avanzamos todos juntos, llegaremos más lejos", dijo.

"Es importante seguir con la implementación del Acuerdo de Escazú y avanzar. El dato, la información como elemento de justicia ambiental es fundamental. La construcción de metodologías en conjunto basadas en la territorialidad es característica de Escazú", agregó De Miguel.

El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y hasta el momento cuenta con 19 Estados Partes.

Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021 y está abierto a ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe.

Asimismo, los delegados aprobaron la composición de una nueva Mesa Directiva del acuerdo, la cual quedó constituida por Derionne Edmeade, de San Cristóbal y Nieves, como presidente, y Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las vicepresidencias.

Además, se fijó la fecha para la siguiente reunión de la COP5 del 20 al 22 de abril de 2028, en un lugar aún por definir.

"Estamos dando un paso importante con la Corporación Andina de Fomento, un aliado estratégico para el desarrollo de la región y un actor clave en la promoción de inversiones en Honduras", dijo la presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, tras la firma del acuerdo.

Gallardo enfatizó que la iniciativa privada está haciendo énfasis en la promoción de inversiones en Honduras para la generación de nuevos empleos "que es lo que más necesita el país".

El convenio establece una agenda de trabajo enfocada en la capacitación continua, la generación de conocimiento técnico y la identificación de proyectos clave en sectores estratégicos como el café, la banca y la energía, según el ente empresarial hondureño.

Además, busca potenciar el crecimiento económico sostenible mediante el apoyo directo al tejido empresarial y a las micro, pequeñas y medianas industrias.

"A través de foros técnicos y asistencia especializada, se impulsan nuevas oportunidades que favorecen la innovación y la generación de empleo a nivel nacional", indicó el COHEP.

La representante del CAF en Honduras, Viviana Casco, expresó que el convenio suscrito "refleja una alianza de una visión compartida, de crecimiento, competitividad y también inversión, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado".

"Este acuerdo reafirma el compromiso que tiene el CAF de trabajar de manera conjunta y de la mano con el sector privado hondureño como socio estratégico del desarrollo del país, promoviendo un entorno que impulse la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico", agregó.

Casco destacó que el rol del CAF va más allá de la financiación como banco de desarrollo, ya que combina recursos financieros y conocimiento técnico que pone a disposición de los diferentes países accionistas, el sector privado y alianzas estratégicas para transformar oportunidades en proyectos que sean tangibles y generen impacto concreto.

López Aliaga ofreció una rueda de prensa junto a personal legal de su partido, Renovación Popular, en el que afirmó que han hecho un peritaje sobre los resultados electorales que, de acuerdo a sus palabras, es una prueba de actos dolosos en el proceso electoral, como la existencia de actas falsas.

"Hay un sabotaje y hay un fin. Hay un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar. Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre", dijo el candidato al reiterar, sin aportar evidencias concretas, que en estas elecciones se ha llevado a cabo un 'Plan Morrocoy', una estrategia atribuida al chavismo en Venezuela para supuestamente ralentizar el voto.

Desde el mismo día de las elecciones, Renovación Popular ha denunciado que los problemas logísticos presentados el 12 de abril en Lima, su bastión electoral, forman parte de un fraude en su contra.

En ese sentido, López Aliaga exigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que para intentar salvar un proceso "herido de muerte" realice una auditoría a las mesas de numeración 900.000, alrededor de 4.500 actas en las que considera, sin presentar pruebas, que ha habido una manipulación a favor del izquierdista Roberto Sánchez, que es segundo y pasaría a segunda vuelta.

Detalló que estas actas le habrían dado supuestamente 250.000 votos a Sánchez "de manera artificial" y afirmó que tienen el peritaje que lo demuestra.

"Le pido al señor Burneo que nos permita verificar esa serie 900.000, diligentemente audite usted con presencia de un auditor internacional que puede verificar lo que estamos hablando si tiene la voluntad. Ahora, si quiere ser cómplice de este proceso fraudulento ya es su problema, pero tiene consecuencia penales gravísimas para usted y el JNE", dijo el candidato.

El equipo de López Aliaga expuso supuestas pruebas de sus denuncias, como actas con el mismo número de votos a las que denominaron "actas espejo" e indicaron que, aunque hay 600 actas de Lima ya resueltas por los jurados electorales, los resultados de su partido no han subido en el escrutinio.

"La primera fase de este plan es que se silencie de manera dolosa, no culposa, el derecho de 1,5 millones de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Una mafia dirigida por Piero Corvetto (organizador de las elecciones) avalada por Burneo, que debe vigilar que los plazos se cumplan", sostuvo al indicar que la demora en la llegada de material a centros de Lima "no fue casual".

En este sentido, el equipo de López Aliaga criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya rechazado su pedido de realizar elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron sus puertas hasta cinco horas tarde debido a la demora de la llegada del material electoral y les acusó de no estar haciendo nada para resolver la situación.

El estudio ‘Cambio climático y salud en México’, elaborado por José Alberto Lara Pulido, del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Ibero, sostiene que los eventos asociados al clima no solo generan daños inmediatos, sino que aumentan el riesgo de muerte por diversas causas durante semanas posteriores.

Según el comunicado, la mortalidad por accidentes puede aumentar hasta 70 % tras ciclones, mientras que las enfermedades respiratorias pueden duplicarse, los padecimientos mentales crecer hasta 50 % y las enfermedades virales más que duplicarse.

El análisis advierte que el impacto no es homogéneo, pues depende del tipo de evento climático y de las condiciones sociales de la población afectada.

En este terreno, niñas y niños, personas mayores y quienes viven con enfermedades previas figuran entre los grupos más expuestos.

La Ibero también señaló que México podría registrar incrementos de entre 1,4 y 2,5 grados centígrados hacia 2060, lo que intensificaría la frecuencia y severidad de eventos extremos.

El calor, añadió, favorece la proliferación de patógenos en alimentos y agua, incrementa alérgenos y agrava enfermedades respiratorias.

El aviso ocurre en un país altamente vulnerable a desastres, pues datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) muestran que, en 2024, los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el 83,6 % de las pérdidas económicas por desastres.

En tanto, las proyecciones para las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales ascendieron los 145.000 millones de dólares en 2025, siendo México el país más expuesto ante terremotos, huracanes, incendios forestales y lluvias extremas en América Latina, donde en 2024 se registraron 26 desastres naturales con pérdidas estimadas en 11.6000 millones de dólares.

En este sentido, la Ibero planteó fortalecer políticas de prevención y adaptación, invertir en infraestructura resiliente, integrar la salud pública en la agenda climática y priorizar a las poblaciones vulnerables.

“En un país altamente vulnerable como México, el desafío ya no es solo entender el fenómeno, sino actuar a tiempo para evitar que el aumento de temperatura se traduzca en más muertes”, apuntó.

Además, la institución académica sostiene que el cambio climático “dejó de ser un problema ambiental para convertirse en una crisis de salud pública”, al tiempo que advirtió que "cada evento extremo no solo destruye infraestructura o ecosistemas, sino que incrementa el riesgo de enfermar y morir".

En una audiencia celebrada en Los Ángeles este viernes, el magistrado dijo que no veía suficiente urgencia en la solicitud de la cantante sobre su hijo.

El juez aseguró que comprendía las preocupaciones de los amigos y familiares de Allman con respecto a su comportamiento, pero que no creía que eso significaba que "carece de capacidad o que la tutela testamentaria sea apropiada".

Este año, Cher sostuvo en una segunda petición que la salud mental de Allman se ha deteriorado gravemente por su adicción a las drogas, tras el rechazo judicial de una primera solicitud presentada en 2023.

Allman compareció en la audiencia mediante una videollamada desde un hospital psiquiátrico, donde actualmente se encuentra bajo custodia tras haber sido arrestado en New Hampshire por cargos de robo y daños a la propiedad tras presuntamente irrumpir en una vivienda.

En su petición la cantante de 'Believe' pedía que un tutor legal administrara el fondo fiduciario creado para él por su difunto padre, el músico Gregg Allman, argumentando que cualquier dinero que Allman recibe del fideicomiso se "despilfarra inmediatamente" en drogas.

Sin embargo, el juez consideró que, al encontrarse actualmente bajo custodia, Allman no podría hacer uso del pago correspondiente al mes de mayo.

El juez denegó la tutela provisional sin perjuicio, lo que significa que Cher podría volver a presentar la solicitud si así lo desea.

La familia ha estado envuelta en polémicas anteriormente. En 2023 Cher fue acusada en una declaración judicial por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo, pero la cantante negó rotundamente las acusaciones a la publicación estadounidense People.

Allman había hablado abiertamente de su adicción a las drogas frente a los medios asegurando que era un niño la primera vez que probó la marihuana y el éxtasis.

El músico también abordó su adicción a la heroína y desde 2010 ha entrado y salido de periodos de rehabilitación.

Los botes, gestionados a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), serán utilizados por miembros de la Fuerza de Policía Marítima Costera (STORM) de El Salvador para "fortalecer los esfuerzos contra el narcotráfico en aguas costeras".

"Hoy entregamos tres embarcaciones especializadas al equipo STORM, las cuales fortalecerán su capacidad para patrullar las aguas litorales, detectar e interceptar las rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes y cerrar puntos críticos del tránsito ilícito”, dijo Naomi Fellows, la encargada de Negocios de la Embajada, según una nota de prensa.

Apuntó que esta entrega se alinea con las prioridades de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en todo el hemisferio occidental "encaminadas a combatir frontalmente el tráfico de estupefacientes", y "marca un paso más en la sostenida y exitosa cooperación entre los Estados Unidos y El Salvador en este tema".

De acuerdo con la embajada de EE.UU. este nuevo apoyo se entrega a un año de que el STORM incautara más de 2,8 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas por El Salvador, con un valor de más de 618,7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones.

La Administración de Trump, además de extender su cooperación para el combate del narcotráfico, ha elogiado la política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que radica en la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas y al que se le atribuye la reducción de homicidios en el país.

Dicho régimen se encuentra vigente desde marzo de 2022, pero es señalado de violar derechos humanos y organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.

El canciller subrayó que su país está dispuesto a “reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, al tiempo que agradeció el apoyo a la postura argentina de parte de la comunidad internacional.

Vídeo: el embajador argentino en París obliga a tapar las Malvinas en un mapa en la Asamblea gala

Este viernes, la oficina del primer ministro Starmer afirmó que la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas “no está en cuestión”, ante los reportes sobre una posible reconsideración de la postura de Estados Unidos sobre esta cuestión en represalia a la falta de apoyo de Londres a la guerra contra Irán.

La reacción británica se produjo después de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono donde se detallan varias medidas que Washington podría tomar contra países de la OTAN que no se han alineado con EE.UU., concretamente España y el Reino Unido.

El presidente argentino, Javier Milei, compartió este viernes la publicación de Quirno en X junto a la frase “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Reino Unido desmiente al gobierno de Milei sobre un embargo aplicado desde la Guerra de las Malvinas

Horas antes, previo a la filtración de las comunicaciones del Pentágono, Milei había afirmado en una entrevista que su Gobierno está “haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de Argentina”.

“Hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro. (...) Nosotros estamos haciendo avances como nunca se han hecho. Pero no depende solo de nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. No hay foro en el que no hagamos el reclamo. Estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, por ejemplo, el de Chile”, señaló Milei.

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 se saldó con la rendición argentina ante las fuerzas británicas.

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, el país suramericano ha reclamado de forma incesante su soberanía sobre las islas en todo tipo de foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado el llamado a negociaciones decenas de veces, sin que Londres se avenga a ello.

Ministro británico de Exteriores visitará las “Falklands”: cómo reacciona Argentina

A lo largo de estos años, Argentina ha logrado que la Organización de Estados Americanos, el G77 más China y otros muchos foros multilaterales y regionales le respalden en su reclamo, pero Estados Unidos siempre ha respaldado la posición británica.

En 2013 se celebró en Malvinas un referendo en el que los habitantes de las islas mayoritariamente votaron a favor de mantener el estatus del archipiélago como territorio de ultramar dependiente del Reino Unido, una consulta que Buenos Aires siempre ha considerado ilegal.

"No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán", escribió Baqaei en un mensaje de X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.

La Casa Blanca anunció el viernes el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner el sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Sin embargo, Baqaei insistió en que Araqchí solo se reunirá con representantes "de alto nivel" pakistaníes para tratar su "mediación en curso y sus buenos oficios para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos".

Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una "oportuna" gira que también incluirá Mascate y Moscú con el objetivo de "coordinar estrechamente" asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus "vecinos son prioridad".

La Casa Blanca explicó el viaje de Witkoff y Kushner porque la delegación iraní quería "hablar en persona" y Washington estaba dispuesto a "escuchar", dado que habían visto "algunos avances" por parte de Irán en los últimos días.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

Así lo indica la minuta del último encuentro del Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU), presentada este viernes por el organismo financiero.

"En el escenario base, la inflación se acelera principalmente por el conflicto en Medio Oriente; no obstante, se ubica siempre dentro del rango de tolerancia y se mantiene la convergencia hacia la meta en el Horizonte de Política Monetaria, luego de situarse leve y transitoriamente encima de la misma", explica.

Mientras tanto, dentro del análisis que hace del contexto económico, apunta que ​"el escenario internacional se encuentra inusualmente incierto, dominado por el conflicto en Medio Oriente, cuya persistencia constituyó la principal fuente de incertidumbre del período".

"El inicio de la guerra generó un shock de oferta con efectos que se transmiten a través del encarecimiento de la energía -en particular del petróleo-, el aumento de los costos logísticos y el deterioro de las condiciones financieras globales, traduciéndose en presiones inflacionarias a nivel global", explica.

De acuerdo con esto, apunta que la inflación global muestra una aceleración en los últimos meses.

"La región también resintió el impacto y continúa con bajo dinamismo de la actividad. Brasil enfrenta perspectivas de desaceleración moderada de la actividad, con inflación mostrando cierta aceleración en el margen, por lo que el ciclo de recortes de la tasa Selic sería más gradual. En Argentina, la recuperación de la actividad continúa siendo heterogénea y el proceso de desinflación perdió impulso en un contexto de mayor volatilidad", indica la minuta de la reunión del Comité de Política Monetaria.

El pasado 21 de abril, el BCU decidió no hacer modificaciones en su Tasa de Política Monetaria y mantenerla en 5,75 %, decisión que tiene como objetivo conducir la inflación hacia la meta de 4,5 % anual.

En marzo, la inflación interanual de Uruguay bajó al 2,94 % y -por primera vez en 33 meses- quedó por debajo del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %.

Asimismo, conversaron sobre la posibilidad de abrir el mercado mexicano a la chía paraguaya y acerca de una eventual asistencia mutua “contra el narcotráfico y la farmacodependencia, así como temas de política internacional”.

Canadá entra al top 5 de destinos de la carne paraguaya en un trimestre de menor exportación

En 2025, las exportaciones totales de carne bovina paraguaya alcanzaron los 2.095,5 millones de dólares, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como principales destinos.

Los productos agropecuarios son el segundo rubro de exportación paraguayo solo por detrás de la soja, el producto estrella de la economía del país.

La semana pasada, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín, había informado que una comitiva mexicana visitará Paraguay el venidero mes de mayo para evaluar los frigoríficos del país, un paso necesario para la definitiva habilitación del mercado, reportó entonces la prensa local.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que Menchú, de raíces indígenas maya k'iche', "fortalecerá el cumplimiento" del mandato de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de "colocar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes transversales de la agenda internacional del país".

De 67 años, se desarrolló anteriormente como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y fue "figura central" en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, destacó la dependencia.

Ahora, en su nuevo rol como Alta Consejera, ayudará a la SRE "en el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".

"Su gestión articulará sinergias entre las distintas áreas de la Secretaría y las dependencias competentes, con el propósito de establecer planes y líneas de acción conjuntas que eleven la voz y las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral y aseguren su presencia en la agenda global", añadió la Cancillería.

Este nombramiento se realizó en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El sector no enfrentó en los primeros tres meses del año eventos extraordinarios como sismos, huracanes o lluvias torrenciales, factores que históricamente elevan la frecuencia y el costo de los siniestros, especialmente en la segunda mitad del año.

A ello se sumó una baja en el robo de vehículos asegurados y una mejora en su recuperación, lo que, según la AMIS, “evidencia el trabajo coordinado entre el sector y las autoridades”.

“La colaboración entre instituciones y el intercambio de información son clave para avanzar en la prevención del delito y mejorar la recuperación de unidades en el país”, señaló el organismo.

En este contexto, la aseguradora Quálitas reportó que durante el primer trimestre de 2026 su índice de siniestralidad en el ramo automotriz se ubicó en 62,6 %, un nivel que la industria considera sostenible, aunque superior al del mismo periodo del año anterior por el aumento en el costo promedio de los siniestros y ajustes regulatorios.

La compañía atribuyó esta moderación en parte a factores estacionales, ya que el primer trimestre suele registrar menos accidentes, con la frecuencia más baja observada desde 2021.

Además, durante el periodo no se presentaron fenómenos climáticos relevantes, como tormentas o lluvias intensas, que habitualmente elevan los reclamos por daños materiales.

Sin embargo, el sector anticipa que la siniestralidad repuntará conforme avance el año, debido al ciclo estacional y a una mayor incidencia de eventos meteorológicos.

En materia de robo de autos, Quálitas reportó una reducción cercana al 14 % en unidades aseguradas sustraídas, en línea con la tendencia de la industria, mientras que este tipo de eventos representó alrededor del 12 % del costo total de sus siniestros.

Los datos más recientes de la AMIS muestran que, entre febrero de 2025 y enero de 2026, el robo de vehículos asegurados disminuyó 15 % respecto al periodo previo, aunque el delito sigue afectando de forma importante al país, con un promedio de 147 unidades robadas al día.

La tasa de recuperación también mejoró, al pasar de 42 % a 45 % en los últimos 12 meses.

Pese a la reducción, el organismo advirtió que entidades como el Estado de México, Puebla, Jalisco y Sinaloa continúan concentrando la mayor incidencia de este delito.

El comportamiento favorable del primer trimestre ofrece un respiro para el sector asegurador, aunque persisten riesgos asociados al clima y a la inseguridad vehicular para el resto de 2026.

Al cierre de hoy, el Dow Jones bajó un 0,16 %, hasta 49.230 puntos; Mientras, el selectivo S&P, con un avance del 0,8 %, hasta 7.165 unidades; y el Nasdaq, con una subida del 1,63 %, hasta 24.836 enteros, registraron máximos históricos, impulsados por Intel, que se disparó un 24 %.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones también cierra con pérdidas acumuladas, del 0,5 %, y el S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias, del 0,55 % y el 1,5 %, respectivamente.

Los inversores han apostado por las compras o las ventas en función de las últimas noticias sobre la crisis en Oriente Medio, pero el momento más positivo fue el miércoles, cuando EE.UU. anunció la ampliación del alto el fuego con Irán en medio de las dudas sobre la negociación de paz.

La Casa Blanca confirmó este viernes que sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones.

Mientras, los operadores han seguido la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo mundial, que sigue cerrado en la práctica, lo que ha elevado los precios del petróleo: el barril de Brent supera los 105 dólares y el de Texas los 94 dólares.

Analistas de PIMCO opinaban en una nota que, incluso si la interrupción del estrecho se resuelve rápido, los precios elevados de la energía pueden tardar en normalizarse, con un efecto lesivo especialmente para los usuarios, es decir, los hogares estadounidenses.

Aerolíneas como American y United han divulgado ya que el encarecimiento del combustible para aviones está afectando a sus cuentas, y han adelantado cambios en sus programaciones.

En el plano corporativo, destacó Intel, premiado por los mercados después de reportar ayer un aumento de las pérdidas pero un crecimiento sostenido en los ingresos gracias a los centros de datos y la inteligencia artificial (IA), así como unas buenas perspectivas de demanda.

Las tecnológicas son las grandes ganadoras de la semana, en medio de anuncios de inversión relacionados con la IA: Amazon planea invertir hasta 25.000 millones en los próximos años en Anthropic, y Google otros 40.000 millones en esa misma firma, desarrolladora del modelo Claude.

Al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,306 %, el oro cedía a 4.722 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,1719 dólares.

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", fue la frase que el gobernante colombiano pronunció hace una semana en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde dio a conocer la fecha de la cita.

Meses atrás, Maduro espero, sin éxito, coordinar un cara a cara con Petro, quien no reconoció el tercer mandato del chavista tras su cuestionada reelección, en julio de 2024.

A continuación, los intentos previos a esta reunión:

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó en enero pasado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a visitar la nación vecina, lo que consideró necesario para "restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes" como países y pueblos hermanos.

"La invitación está hecha, de la misma manera que hace unas semanas se invitó al presidente (estadounidense, Donald) Trump a que venga a visitarnos a Colombia, a que nos conozca, a que podamos establecer un diálogo mucho más presencial, más directo", manifestó entonces la jefa de la diplomacia de Bogotá.

A comienzos de marzo, fuentes oficiales indicaron que Petro se reuniría el 13 de marzo con la mandataria encargada de Venezuela en un punto de la frontera común, probablemente en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Dicho encuentro supondría el primer viaje de carácter internacional de Rodríguez, pero fue cancelado a última hora, sin abundar en detalles, según dieron a conocer un día antes de la fecha pautada fuentes oficiales colombianas.

El mismo 13 de marzo, Delcy Rodríguez anunció un encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad con Colombia, previsto para el 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia (noroeste).

La cita no se llevó a cabo y finalmente se dio este viernes la llegada de Petro a Caracas.

Este viernes, Petro, vestido de blanco, aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para reunirse con Rodríguez, en su primera visita a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y como el primer jefe de Estado en llegar al país desde entonces.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada con 190.745 puntos básicos, prácticamente 5.000 unidades menos que el viernes pasado.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable, con una ligera apreciación del 0,1 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,997 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña retrocedió un 0,3 % en comparación con el billete estadounidense.

En una semana más corta por el festivo del martes, el Ibovespa solo cerró en verde el lunes (+0,20 %). El resto de días no salió del rojo, especialmente el miércoles, cuando se dejó un 1,65 %.

Los operadores financieros siguen pendientes de la evolución de la guerra en Oriente Medio y, en concreto, del diálogo entre EE.UU. e Irán, en un momento en que se espera una segunda ronda de negociaciones de paz en Pakistán.

En este contexto, las empresas que hoy perdieron más valor en el Ibovespa fueron la tecnológica Positivo (-8,0 %) y la petrolera privada Brava (-5,5 %), un día después de esta anunciar que la estatal colombiana Ecopetrol adquirió el 26 % de su capital social, con la posibilidad de convertirse en el controlador a través de una opa.

También fue una mala jornada para la petrolera estatal brasileña Petrobras, buque insignia del corro paulista, cuyas acciones se dejaron entre un 1 % y un 1,3 %, lastrado por la bajada del barril de Texas, referencia en América.

En la otra cara de la moneda, al frente de las ganancias figuraron los títulos de la operadora de seguros de salud privados Hapvida, con una avance del 5,8 %.

El volumen financiero en el parqué brasileño superó hoy a los 25.300 millones de reales (5.040 millones de dólares), en unos 3,7 millones de operaciones.

"Se acabó el tiempo de las negociaciones con el régimen iraní", escribió Wicker en su cuenta oficial de X y argumentó que considera que las autoridades actuales de la república islámica no cumplirán con promesas ni acuerdos.

Wicker se dirigió a Trump sugiriendo que: "nuestro comandante en jefe debe ordenar a sus experimentados líderes militares que acaben de destruir las capacidades militares convencionales de Irán y eliminen cualquier vestigio de su programa nuclear".

El republicano de Mississipi es conocido por ser parte de una ala dura conservadora que ha respaldado la intervención en Oriente Medio y que usualmente respalda a Trump en temas militares y de presupuesto desde la Cámara Alta.

El llamado de Wicker se produce pocas horas después de que la Casa Blanca confirmara que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán.

Trump anunció el martes un alto el fuego indefinido hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Pakistán, según anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

A través de X, el diputado indicó que las solicitudes de amnistía se seguirán recibiendo, sin aclarar lo dicho por Rodríguez el jueves.

Varias ONG han advertido que no es competencia del Ejecutivo la derogación de este instrumento jurídico, que fue aprobado en febrero.

Arreaza subrayó que la ley ha beneficiado a prácticamente "todo el universo de personas" que "podía amparar" y, por ello, la presidenta encargada abrió "mecanismos alternos" para revisar otros casos.

El jueves, Delcy Rodríguez no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada ese día.

Tras este anuncio, la ONG Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente.

Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar "mediante otra ley de igual rango" dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces Arreaza.

En una publicación en X, la agrupación gremial consideró que el caso contra López -un periodista de un medio local del estado La Guaira (norte, vecino de Caracas)- es "parte de un patrón de judicialización y control contra quienes informan".

El sindicato divulgó también un video del periodista, en el que detalló que entregó su solicitud de amnistía ante la Defensa Pública el pasado 23 de febrero, tres días después de la promulgación de la Ley de Amnistía; y añadió que su defensora pública consignó la solicitud ante tribunales el 6 de marzo.

"Desde entonces, hemos ido cada semana, y cada semana es lo mismo. No hay un pronunciamiento del tribunal, ni a favor ni en contra, sobre la amnistía en mi caso", indicó el periodista en el video, quien calificó la situación como "tormentosa" y exigió una decisión favorable.

Esta denuncia se publicó un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara que la amnistía "llega a su fin", pese a que la ley no contempla una caducidad, y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

Arreaza agregó entonces que seguían "recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país".

Una joven de 18 años, identificada como Angela Han Hicks y un menor de 16 años, cuya identidad no ha sido revelada, fueron arrestados esta semana y cada uno enfrenta cargos por conspiración para cometer asesinato.

Las autoridades aseguran que Hicks, quien reside y fue detenida en Carolina del Norte, conversó en un chat con al menos otras dos personas, incluyendo el menor de 16 años, sobre un plan para atacar la sinagoga Beth Israel y "matar a todos los judíos que se pueda".

Hicks fue arrestada en Lexington (Carolina del Norte) y trasladada a una cárcel en el condado de Davidson, donde tiene programada una audiencia ante la corte el próximo 12 de mayo.

El joven del área de Houston también permanece detenido en el condado de Harris y, durante una audiencia de presentación hoy, la fiscalía reveló que había sido suspendido en el pasado de una escuela pública por haber publicado amenazas en internet, según informó el diario The Houston Chronicle.

En un comunicado, el FBI señaló que los arrestos de estos dos jóvenes se dieron tras una investigación en varios estados por parte de unidades antiterrorismo.

La Federación Judía de Houston había informado el miércoles que estaba en comunicación con las fuerzas del orden “en relación con información sobre posibles amenazas al campus" de Beth Israel, donde también hay una escuela. Las amenazas llevaron al cierre temporal de las instalaciones.

Tanto el FBI como el Gobierno estatal de Texas han anunciado en el último año que dedicarían personal y recursos contra el terrorismo para "combatir el antisemitismo".

En marzo del año pasado, el Departamento de Justicia también anunció que crearía una unidad dedicada a combatir los "actos de antisemitismo" en EE.UU.

A la cita convocada en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Paz, asistieron las próximas autoridades departamentales de las regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, a excepción de la nueva autoridad de Potosí.

"Todos estamos de acuerdo en que necesitamos producir, todos estamos de acuerdo en que necesitamos nuevas normas para que la inversión se genere en nuestras regiones y que el Estado tenga el espacio que le corresponde de servicio y de facilitación", dijo Paz durante una declaración conjunta.

El mandatario boliviano expresó que los asistentes compartieron la necesidad de la "profundización de las autonomías" y hablaron de la propuesta presidencial de la distribución '50-50' de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones "como un punto de inicio" para un nuevo acuerdo fiscal y el desarrollo humano.

El '50-50' fue uno de los pilares de la campaña presidencial de Paz en las elecciones de 2025, que complementa la eliminación de lo que llamó "Estado tranca", en referencia a la distribución de los recursos fiscales y la eliminación de la burocracia.

La propuesta también busca que las regiones puedan impulsar sus propias políticas y proyectos de desarrollo, además de la captación directa de inversiones en los campos que consideren estratégicos.

Paz elogió la reunión con los gobernadores, quienes asumirán el cargo el próximo 4 de mayo junto a 335 alcaldes, como algo que se debe hacer en Bolivia, "dejando la política de lado y priorizando las prioridades de la construcción de nuestros departamentos".

"La principal filiación no es la partidaria, la filiación son las soluciones por Bolivia, es un liderazgo conjunto, no hay un líder… son liderazgos", remarcó el mandatario.

Por su parte, la gobernadora electa del sureño departamento de Tarija, María René Soruco, durante su discurso, indicó que en Bolivia "existe una deuda con la autonomía" y que no se quiere únicamente una "descentralización administrativa", sino la construcción de una verdadera "coparticipación".

Asimismo, el gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), aseguró al término del encuentro que no tiene "ningún problema" en reunirse y trabajar con Paz, pero que lo hará "sin renunciar" a su ideología y "posición política".

El Gobierno convocó a esta primera reunión con los gobernadores electos tras la realización de la segunda vuelta electoral en cinco de los nueve departamentos el domingo, al considerar que se "cierra un ciclo político" y se abre una "nueva etapa" con liderazgos renovados en las regiones del país.

La llamada Comisión Postuladora se reunió para acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que invalidó el jueves la selección de los seis candidatos que establece el procedimiento alegando que, erróneamente, se acreditó la experiencia profesional de los aspirantes que han sido jueces como requisito cumplido.

La máxima corte ordenó retroceder el proceso a la fase de evaluación de los expedientes de 48 candidatos y remitir en plazo de 48 horas una nueva lista de seis, de entre los cuales el presidente del país elegirá a quien dirija el Ministerio Público en el período 2026-2030.

La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gámez, expresó durante la sesión de este viernes su desacuerdo con la interpretación jurídica de la Corte de Constitucionalidad, aunque confirmó que se acatará la orden judicial de repetir el proceso.

"Consideramos que los integrantes de la lista original reúnen con suficiencia los requisitos constitucionales de honorabilidad, idoneidad y capacidad, y que la interpretación de la Corte sobre el ejercicio profesional de los jueces limita el derecho de participación pero, como órgano subordinado a la Constitución, procederemos a la reevaluación inmediata bajo los nuevos criterios", aseguró Gámez.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, fue la única entre los 15 comisionados en mostrarse a favor del fallo judicial y argumentó la necesidad de "depurar el proceso para que no existan dudas sobre la legalidad de la tabla de gradación aplicada".

La Comisión aprobó iniciar la nueva calificación de aspirantes tras recibir la documentación por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien este viernes devolvió los expedientes tras la notificación del fallo constitucional.

Al Presidente de la República le corresponde, por mandato de la ley, designar al sucesor de Porras, cuyo mandato finaliza el 16 de mayo tras dos períodos consecutivos e intentó repetir por tercera vez pero no quedó preseleccionada.

Diversos analistas coinciden en que esta revisión de la lista de candidatos abre la puerta a un cambio en la correlación de fuerzas para definir quién sustituirá a Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024).

En 2022, cuando todo apuntaba a que no sería reelecta, una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.

"Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo", aseguró el pasado 13 de abril el presidente Arévalo, quien tiene en la fiscal a su mayor adversario político desde que ganó las elecciones en 2023, cuando Porras intentó anular ese triunfo por un supuesto fraude nunca comprobado.

En una carta pública, a propósito de la visita de Petro en Caracas, el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol -acrónimo acuñado por las autoridades venezolanas para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos"- solicitó la intervención "inmediata y directa" del mandatario en favor de este grupo.

Concretamente, pidieron a Petro que solicite al Gobierno de Venezuela la "revisión inmediata" de las causas judiciales de los ciudadanos colombianos detenidos en operaciones Tancol y que sean liberados mediante una amnistía.

Asimismo, solicitaron que se active la asistencia consular y que Colombia tenga acceso directo a los centros de reclusión donde están estas personas para así verificar su estado de salud.

Por otra parte, los familiares plantearon que se conforme una mesa de seguimiento en conjunto con la Cancillería de Colombia para conocer los avances de la situación jurídica de los 16 detenidos.

Según la carta, este grupo está conformado por campesinos, mecánicos, enfermeras y trabajadores humildes y "son falsos positivos" de una operación militar contra lo que el Gobierno de Venezuela denominó, en 2021, "tancol".

"Fueron detenidos sin orden judicial ni flagrancia, la mayoría de ellos fueron torturados, fueron incomunicados, se les forjó un expediente judicial y enfrentan cargos o han sido condenados ya por el delito de terrorismo", detalló el colectivo.

En marzo pasado, una decena de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigió que el Parlamento de Venezuela revisara los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.

Desde las afueras de la sede administrativa del Parlamento, el activista Oglis Ramos señaló entonces que se tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los llamados grupos "tancol".

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

La decisión confirma lo dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares), considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado.

Según el fallo, al que accedió EFE, la medida alcanza a un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Fernández, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso.

En una primera etapa, se avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con la exgobernante y su entorno familiar, mientras que más de 80 corresponden a Báez y a empresas vinculadas a la operatoria investigada.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas que buscaban frenar el decomiso y consideraron que los criterios utilizados para identificar los bienes son válidos, en el marco de una causa que ya cuenta con condenas firmes.

Asimismo, sostuvieron que el decomiso tiene como objetivo recuperar activos vinculados a los hechos de corrupción y evitar que los beneficios obtenidos a partir del delito permanezcan en manos de los condenados.

La resolución también ratificó que la medida puede alcanzar bienes transferidos a terceros, incluidos aquellos recibidos por herencia, al entender que su origen ilícito no se ve modificado por esos traspasos.

No obstante, el fallo incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien consideró que en algunos casos no se analizaron de forma suficiente los planteamientos de las defensas respecto de bienes heredados por los hijos de la expresidenta.

La causa 'Vialidad' investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que habilitó la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas.

El médico, identificado como Marcelo Arantes e Silva, fue detenido el jueves en la ciudad brasileña de Goiânia, en el centro del país, y se encuentra en prisión preventiva en una cárcel en Senador Canedo, un municipio vecino, según la Policía Civil del estado de Goiás.

La Policía decidió divulgar el nombre del ginecólogo para animar a otras mujeres a denunciar posibles abusos sufridos durante las consultas, que tenían lugar en dos consultorios, en Goiânia y Senador Canedo, según un comunicado de la institución.

La primera denuncia se registró en 2017 y hasta ahora, 23 mujeres han acusado al médico de conductas similares: tocamientos en los senos y en los genitales, en algunos casos sin usar guantes.

Algunas pacientes aseguraron que el médico les hacía comentarios de contenido sexual y les preguntaba si sentían placer durante los tocamientos, según relató la comisaria al cargo del caso, Amanda Menuci, a la televisión Globo.

En el caso que está más avanzado en la Justicia, el Ministerio Público ya ha presentado una denuncia formal ante el tribunal por cargos de violación de persona vulnerable, delito que se castiga con penas de entre ocho y quince años de cárcel.

El Consejo Regional de Medicina de Goiás suspendió la licencia profesional de Arantes e Silva la semana pasada, cuando la Policía informó por primera vez de la investigación contra el ginecólogo.

La divulgación del caso ha permitido un aumento del número de las denunciantes, que han pasado de cinco a 23 en apenas una semana.

Los hechos fueron reportados la mañana de este viernes y se registraron cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el ayuntamiento de General Terán.

En su patrullaje, los uniformados detectaron a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

Al notar la presencia de los oficiales de la corporación Fuerza Civil, los sospechosos abrieron fuego por lo que los policías repelieron la agresión.

El saldo del enfrentamiento es de cinco personas muertas y el aseguramiento de cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Las autoridades estatales confirmaron que no se reportaron policías lesionados durante el intercambio de disparos, gracias a la rápida respuesta de los elementos de seguridad.

Tras los hechos, las autoridades implementaron un reforzamiento de la presencia policial en la zona, en coordinación con fuerzas federales como la Defensa y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad en el municipio

En recientes fechas, el municipio de General Terán ha estado en el foco público ya que el pasado mes de marzo se reportó la privación ilegal de un grupo de trabajadores.

Los hombres trabajaban en ranchos de la zona y habrían sido retenidos por presuntos miembros del crimen organizado en General Terán y el vecino municipio de China.

Tras el secuestro masivo, siete habían sido puestos en libertad y uno a la fecha continúa sin ser localizado.

El Indec indicó en el documento que los 509.600 turistas que ingresaron en Argentina en el tercer mes del año supusieron un aumento del 6,3 % con respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo receptivo llegó principalmente de países europeos (21,3 %) seguido de Norteamérica (15,6 %) y de territorios limítrofes de Argentina como Brasil (15,0 %).

En marzo llegaron además al país 314.700 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió un 3,2 % en comparación con la de marzo de 2025.

La suba en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina representa una recuperación respecto al año anterior en el sector, que había sufrido en razón de un tipo de cambio que ya no es tan favorable para los extranjeros como en épocas anteriores, donde la brecha cambiaria hacía que el país fuera más atractivo en materia de precios.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisó que en marzo salieron del país unos 1.529.100 residentes -un 20,9 % menos que hace un año-, de los cuales 1.061.800 fueron turistas y 463.700, excursionistas.

La baja se relaciona con el empeoramiento de la situación económica, que a pesar de la sostenida apreciación del peso frente al dólar, impactó en la capacidad de los turistas argentinos para acceder a bienes y servicios en el exterior.

Los principales destinos de los argentinos en el exterior durante marzo fueron a territorios limítrofes como Brasil (38,2 %), Uruguay (13,9 %) y Chile (13,5 %).

El buque MSC-Francesca, de bandera panameña y propiedad italiana, fue incautado esta miércoles de manera "ilegal" por parte de Irán cuando transitaba alrededor del estrecho de Ormuz, informó la Cancillería de Panamá.

Los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador exigieron -en un comunicado conjunto- la "liberación inmediata del buque y de su tripulación", así como el "cese de toda acción que vulnere la libre navegación en aguas internacionales".

Consideraron que dicho acto constituye una violación "inaceptable" del derecho internacional y un "desafío directo a uno de los principios esenciales del orden jurídico global: la libertad de navegación".

La acción de Irán "no solo vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento", sino que "compromete gravemente la seguridad" de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio y la estabilidad energética mundial, indicaron.

Recordaron que la libertad de navegación —incluido el derecho de paso inocente y el "régimen de tránsito en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional"— está "universalmente reconocida y jurídicamente consagrada" en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

"Su respeto no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales. Su transgresión deliberada erosiona la confianza en el sistema internacional y sienta un precedente peligroso que la comunidad de naciones no puede tolerar", advirtieron los tres países.

Asimismo, llamaron la atención sobre el uso de la fuerza o de medidas coercitivas contra embarcaciones civiles en tránsito internacional, lo que constituye una "escalada inaceptable" e "incompatible con las obligaciones internacionales que rigen el comportamiento de los Estados".

"Ningún país puede arrogarse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo global ni de instrumentalizar los estrechos internacionales con fines de presión política o estratégica", expresaron.

También, hicieron un llamado a la comunidad internacional a rechazar "de manera categórica este tipo de conductas" y a reafirmar, "con claridad", la vigencia de las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima.

"Reiteramos nuestra plena solidaridad con Panamá y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa del derecho internacional, la libertad de los mares y el respeto a las reglas que sostienen el orden internacional", señalaron.

"Una de las experiencias que te hacen mejor persona", escribió Sanz en el libro de visitas de Machu Picchu, según recogieron en fotografías los turistas.

Mientras que Cayo, conocida actriz y celebridad en Perú, anotó la expresión en quechua 'tupananchiskama' que significa "hasta que la vida nos vuelva a encontrar" y es también el título de una película que protagonizó con el actor español Maxi Iglesias, que también fue su pareja.

Tras sorprender este miércoles a la cantante italiana Laura Pausini en pleno concierto, el intérprete español viajó este jueves a Cusco, en el sur de Perú, donde fue captado por seguidores y curiosos desde su llegada al aeropuerto.

Durante la visita a Machu Picchu y en la ciudad de Cusco, la pareja estuvo rodeada de su equipo de seguridad, pero también saludaron y se hicieron fotos con fans en su recorrido.

Medios locales informaron que Sanz y Cayo viajaron a la capital inca con motivo del matrimonio de uno de los mejores amigos de la actriz.

Los rumores de la relación entre ambos surgieron en el concierto que Sanz ofreció en Lima a finales de febrero y posteriormente ambos fueron compartiendo imágenes y comentarios en las redes sociales, hasta que hace unos días, el cantante y la actriz confirmaron su romance durante una presentación del artista español en Nueva York.

Sanz se encuentra inmerso en una exitosa gira por Latinoamérica donde pasó por Colombia, Perú, Chile y Argentina, y arrancó en Chicago el 9 de abril su recorrido por Estados Unidos.

El cantante ganó en los más recientes Latin Grammy los galardones a Mejor Álbum Contemporáneo por el álbum '¿Y ahora qué?', y Grabación del Año por 'Palmeras en el Jardín'.

En un comunicado, la dependencia señaló que este procedimiento estaba pendiente, lo que hasta ahora impedía a las empresas beneficiarse del esquema preferencial, pese a que México había insistido de manera recurrente en reuniones con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.

“El día de hoy se publicó en el Federal Register una lista de procedimientos y requisitos para aplicar el beneficio arancelario para los productores de acero y aluminio con operaciones en México y/o Canadá que exportan al sector automotriz pesado de Estados Unidos”, indicó la SE.

El beneficio consiste en reducir el arancel actual del 50 % aplicado al acero y al aluminio hasta un nivel máximo del 25 %, dependiendo de los compromisos de producción asumidos en territorio estadounidense.

Según la autoridad mexicana, las reducciones estarán condicionadas a cuatro requisitos principales: cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); procesar el fundido y colado en la región (melted and poured).

Además de ser proveedor directo o indirecto de la industria automotriz pesada de Estados Unidos; y presentar un plan con nuevos compromisos de producción en ese país.

La publicación del procedimiento ocurre en medio de negociaciones comerciales entre ambos países para intentar aliviar las tarifas impuestas al acero, aluminio y sector automotor mexicano, en vísperas de la revisión formal del T-MEC prevista para finales de mayo.

El martes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que la prioridad de México en las conversaciones con Washington es reducir, más que eliminar, los aranceles.

Las tarifas estadounidenses al acero y aluminio mexicanos, impuestas bajo la Sección 232, alcanzan actualmente el 50 %, mientras que este nuevo mecanismo permite una disminución parcial para productores que fortalezcan la capacidad industrial en Estados Unidos.

La medida se enmarca en la estrategia comercial de Washington de reforzar la producción manufacturera interna, especialmente en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional y la industria automotriz pesada.

“Afirmamos que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves”, dijo el papa estadounidense en un vídeo en inglés dirigido a los asistentes al acto en la Universidad DePaul de Chicago.

Y añadió: “Además, se pueden desarrollar, y se han desarrollado, sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan completamente a los culpables de la posibilidad de redención”.

También recordó que la Iglesia enseña sistemáticamente que toda vida humana, “desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y merece ser protegida”.

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León XIV señaló que tanto el papa Francisco como sus predecesores “insistieron repetidamente en que se puede salvaguardar el bien común y cumplir las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital”.

Asimismo, citó el Catecismo de la Iglesia Católica para recalcar que esta práctica es “inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

Al final del mensaje, León XIV celebró la decisión histórica tomada por el gobernador de Illinois en 2011 y ofreció su apoyo a quienes trabajan por el fin de la pena máxima “en Estados Unidos de América y en todo el mundo”.

En Estados Unidos, la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones, y ha sido abolida en 23 estados y el Distrito Columbia, según la ONG Death Penalty Information Center.

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De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida, y para 2026 hay programadas 32 ejecuciones, de las cuales se han llevado a cabo ocho.

“Rezo para que sus esfuerzos conduzcan a un mayor reconocimiento de la dignidad de cada persona, y e inspiren a otros a trabajar por la misma causa justa”, concluyó el papa estadounidense en su mensaje.

Los diplomáticos participaron en un evento organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, al que asistieron alrededor de 70 empresarios de ambos países, en el segundo y último día de visita a Bolivia del canciller Pérez Mackenna.

Aramayo dijo a los medios que, para dinamizar la economía de Bolivia de la mano del sector empresarial, "es inequívoca la necesidad de poder profundizar lazos con un país hermano como Chile".

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

En octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar la reclamación marítima de Bolivia, que perdió su acceso al Pacífico en la guerra de 1879.

El canciller boliviano indicó que el acercamiento es un proceso que está comenzando tras el "mandato" dado por los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Chile, José Antonio Kast, de avanzar en un camino que pueda llevar al bienestar de la población de ambos países.

La reunión con los empresarios abordó la mejora del comercio, la relación aduanera y fronteriza, los desafíos asociados a las innovaciones tecnológicas para dinamizar el vínculo económico entre ambos países.

A su turno, el ministro chileno de Exteriores declaró que trabajarán para dar a los pueblos la oportunidad de desplegar "sus capacidades de construir un futuro mejor para todos".

Subrayó que se han descubierto "grandes oportunidades para el futuro", pero también se han identificado "problemas".

"Los vamos a resolver juntos, lo vamos a resolver con diálogo, lo vamos a resolver visitándonos en La Paz, en Santa Cruz, pero también en Santiago", apuntó el canciller chileno.

El lunes, en un comunicado conjunto, los cancilleres destacaron que "es posible avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas de manera constructiva y propositiva".

Al término de la jornada, los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU., restaban 1,45 dólares con respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el crudo de Texas ha subido un 10 % ante las guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán, anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Trump anunció el martes un alto el fuego indefinido en la guerra hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo para poner fin al conflicto.

Los contactos entre Teherán y Washington permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

Por su parte, Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, según anunció el jueves Trump tras mantener una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Los operadores también siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, en medio del bloqueo total a las costas iraníes ordenado por Trump.

Según el analista Tom Essaye, el contrato de junio del WTI "es el indicador clave del precio del petróleo".

"(Si ocurre) un cierre por encima de los 100 dólares, debería interpretarse como una señal de que se ha producido un catalizador de aversión al riesgo o de escalada bélica, y los inversores deberían prepararse para una mayor volatilidad", apunta el experto en su informe Sevens Report.

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como "flota en la sombra" que transporta petróleo iraní.

"La 'Furia Económica' está imponiendo un estrangulamiento financiero al régimen iraní, al obstaculizar su agresión en Medio Oriente y ayudando a frenar sus ambiciones nucleares", declaró el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent en referencia también a la operación 'Furia Épica', que desató la guerra contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

El Tesoro señaló que las refinerías independientes chinas, conocidas como "teteras", se han convertido en un eslabón clave para sostener la economía petrolera de Irán, y subrayó que Hengli figura entre los mayores clientes de crudo y otros productos iraníes, por valor de miles de millones de dólares.

Según Washington, estas compras han proporcionado una fuente vital de ingresos para el régimen iraní y sus fuerzas armadas.

Sin embargo, el anuncio se produce el mismo día en que la Casa Blanca ha dado a conocer que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán finalmente a Islamabad el sábado para retomar las conversaciones con el objetivo de poner fin al conflicto.

Según la Casa Blanca, EE.UU. ha visto "algunos avances" en la postura de Irán en los últimos días, lo que facilita que haya un encuentro en persona tras el fracaso de las negociaciones del pasado 11 y 12 de abril, que concluyeron sin acuerdo.

Por su parte, Bessent aseguró que su gobierno "continuará asfixiando la red de buques, intermediarios y compradores de la que depende Irán para colocar su petróleo en los mercados globales".

"Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana intentando convencerme de que no, no es un sueño. Esto es, sin duda, mi peor pesadilla", escribió Reiner.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Su hijo menor, Nick Reiner, fue arrestado y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres; se declaró inocente.

Este viernes, Jack, de 34 años, describió el insoportable viaje de 45 minutos que hizo del centro de Los Ángeles hasta la casa de su infancia, para encontrarse con su hermana Romy, quien le había notificado lo sucedido, y poder "averiguar qué demonios acababa de pasar".

"Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance", describió.

En su escrito, Jack Reiner lamenta el hecho de que sus padres, a quienes describe como "el centro de su vida", no podrán acompañarlo en algunos de los sucesos más importantes de su vida.

También reflexiona sobre el miedo que pudieron haber sentido antes de morir y asegura que "eran las últimas personas en el mundo que merecían lo que les pasó".

"Merecían ser amados, merecían ser respetados y, sobre todo, merecían ser apreciados por todo lo que dieron a los tres y al mundo", apuntó el hijo del director de 'When Harry Met Sally'.

El mayor de los Reiner también confesó que la situación le genera el mismo nivel de dolor y de coraje: "Me rompe el corazón y me enfurece a la vez".

"Cuando no se vive una tragedia como la que Romy y yo estamos viviendo, es difícil comprender la magnitud de lo horrible que ha sido todo esto. Como no eran tus padres, tal vez sea más fácil seguir adelante o incluso olvidar por un momento lo que sucedió ese día, pero para nosotros, es cada día", escribió.

Jack Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que le brindó el ser hijo de una estrella de Hollywood, describe a su padre como su "héroe" y a su madre como una persona amorosa e incondicional.

"Pero cambiaría cada partido de los Dodgers, cada espectáculo de Broadway, cada vacación, por tan solo poder pasar una hora más hablando con ellos y despidiéndome", apuntó.

En su ensayo, Jack Reiner evitó mencionar a Nick, quien aparecerá en la corte el próximo miércoles.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 25 centavos de dólar por barril para su entrega en junio en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 105,07 dólares.

El barril llegó a cotizar este jueves a 107,40 dólares en su pico semanal, pero luego moderó su subida.

En un panorama de pesimismo, con las bolsas europeas cerrando hoy todas a la baja por la situación en el golfo Pérsico, la noticia de que mañana se reanudan probablemente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán trajo un soplo relativo de esperanza para el final de una guerra que pronto cumple dos meses.

Mañana son esperados en Islamabad los negociadores nombrados por el presidente Donald Trump, su yerno Jared Kushner y su amigo Steve Witkoff.

Del lado iraní se espera que participe el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, quien anunció este viernes en su cuenta de la red social X el inicio de una "oportuna" gira regional por Islamabad, Mascate y Moscú.

Sin embargo, y a falta de avances tangibles en las negociaciones, el estrecho de Ormuz sigue cerrado, bloqueado por partida doble -Irán bloquea su tránsito y EEUU hace lo propio con los buques que salen de puertos iraníes-.

Hoy la Organización Marítima Internacional (OMI) volvió a recordar que el estrecho no es una vía segura y desaconsejó tajantemente transitar por este corredor por el que en tiempos normales circula un 20 % del crudo y el gas natural del mundo, un 13 % de los fertilizantes y un 9 % de los automóviles, según cifras de la OMI.

La SIP condena estas prácticas, advierte sobre el uso creciente de acciones judiciales como mecanismos de presión, destaca los desafíos que plantea la inteligencia artificial y hace un llamado urgente a fortalecer la acción colectiva, la innovación y los mecanismos destinados a combatir la impunidad.

Conclusiones de Reunión de Medio Año 2026 de la SIP

A continuación, el texto íntegro de las conclusiones:

“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ratifica en su reunión virtual de Medio Año 2026 que la libertad de prensa afronta una coyuntura crítica en el hemisferio.

Lo que antes eran tácticas asociadas principalmente con sistemas autoritarios, hoy cruza fronteras, vuelve los límites más difusos y aparece en lugares donde se pensaba que las instituciones democráticas eran sólidas”, dijo el presidente de la organización continental, Pierre Manigault.

En su discurso de apertura, el también presidente del grupo Evening Post Publishing Company, de Charleston, Carolina del Sur, advirtió que “cada vez más líderes políticos emplean una retórica agresiva que deslegitima al periodismo, alimenta la polarización y erosiona la confianza pública”. Y remarcó que cuando se presenta a los periodistas como adversarios, “se crea un clima donde prospera la intimidación y se instala la autocensura”.

Agregó que “cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal a todo el hemisferio y se envalentona a otros gobiernos a hacer lo mismo”.

Precisamente, el hostigamiento, las restricciones a las coberturas informativas, la intimidación directa y las presiones administrativas y judiciales alentadas desde el poder político son una realidad que surge de la gran mayoría de los informes país por país presentados en la reunión.

Se observan estas prácticas antidemocráticas en regímenes tan dispares como las dictaduras de Nicaragua y Cuba, el gobierno autocrático de transición que tomó el poder tras la caída de Nicolás Maduro, y en países con liderazgos surgidos de elecciones libres pero que optaron por una marcada confrontación con la prensa, como los de Estados Unidos, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guyana, Honduras y Paraguay. En Canadá, en tanto, se presentan proyectos de leyes y ordenanzas con efectos intimidatorios.

En un hecho sin precedentes en democracia, en estos días se prohibió en Argentina el ingreso de los 60 reporteros acreditados en la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras el presidente Javier Milei descalifica al “95% de los periodistas”.

Las agresiones más violentas contra periodistas y medios en el último semestre se registraron en Perú, país que vive un proceso político altamente adverso para el trabajo de la prensa, y en Ecuador y México, donde el hostigamiento desde el poder se suma el accionar del crimen organizado, en un entorno agravado por la impunidad de quienes ejercen la violencia.

En estos tres países se contabilizaron en el período dos periodistas asesinados en cada caso: Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú; Fernando Álvarez y Robinson del Pezo en Ecuador, y Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en México.

La situación es también dramática en Haití, donde dos reporteros fueron secuestrados y siguen desaparecidos. Y así debemos considerarlos, aunque versiones no confirmadas aseguran que fueron asesinados. Se trata de Osnel Espérance y Junior Célestin. El caos político y social que vive el país caribeño genera impunidad para las pandillas criminales y una violencia extrema que crea “desiertos informativos” donde el periodismo independiente es prácticamente imposible.

Una de las resoluciones aprobadas en el encuentro virtual condena “enérgicamente los actos de violencia, amenazas, hostigamiento judicial, estigmatización y campañas de desprestigio dirigidas contra periodistas y medios de comunicación”.

En Brasil, el período previo a las elecciones se ve marcado por el aumento de la violencia, intimidaciones y acoso judicial contra periodistas. Pero hubo avances institucionales como fallos judiciales que fortalecen la libertad de prensa, y se adoptó un protocolo para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad.

En Costa Rica, si bien desde el gobierno se cuestionan decisiones judiciales a favor del pluralismo informativo, se avanza en la protección de la prensa con la derogación de normas que criminalizaban y establecían penas de cárcel para periodistas.

En Colombia, en cambio, prosperan propuestas para incrementar penas en causas contra periodistas por injurias y calumnias.

En Guatemala hay restricciones para acceder a información pública, pero se destaca la decisión de la Corte Suprema de revocar tres fallos contra el periodista y editor José Rubén Zamora, quien vivió un verdadero calvario judicial que lo mantuvo en prisión, casi sin interrupción, desde julio de 2022. En el segundo día de la reunión, Zamora brindó un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo de la SIP en todo este proceso.

La proliferación de demandas desmesuradas contra medios y periodistas fue tema de un panel donde se expusieron los casos de los grupos Vanguardia, de Saltillo, México, y Granasa, de Ecuador. Asimismo, se advirtió la continuidad de estas presiones judiciales, políticas y económicas en Panamá, lo que ratifica la necesidad de avanzar en legislaciones anti-SLAPP para desestimar rápidamente estas causas judiciales montadas para acallar voces disidentes.

En República Dominicana, en tanto, sigue sin consenso la reforma de la ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Y en Chile, tras el reciente cambio de gobierno, continúa sin avances la ley de protección a periodistas y se esperan nuevos desafíos por la normativa de datos personales que entrará en vigor en diciembre.

Durante la reunión de Medio Año, se destacó que la cruda realidad que vive el periodismo en buena parte del continente coincide con la ausencia de políticas activas que garanticen la sostenibilidad de la prensa como partícipe vital para fortalecer el debate democrático.

En esa línea, se abordaron las oportunidades, los riesgos y los impactos que puede generar el avance de la inteligencia artificial. “La libertad de prensa no puede existir sin medios sostenibles”, dijo el presidente Manigault, por lo cual ratificó el impulso de la SIP a la innovación para ayudar a las organizaciones a un entorno en rápida evolución. El AI Product Lab, desarrollado con el apoyo de Google News Initiative, presentó durante el encuentro algunos de los prototipos elaborados por 20 medios de la región.

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Manigault también anunció la reactivación de la Unidad de Respuesta Rápida, con el apoyo del Fondo Mundial para la Defensa de los Medios, de UNESCO, para poner freno a la impunidad en delitos contra la prensa. Asimismo, la SIP dará continuidad a la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX).

“La misión de la SIP no ha cambiado; la urgencia, sí —dijo Manigault—, porque un ataque contra el periodismo es un ataque contra la democracia, sea donde fuere”."

El caso paraguayo

El informe sobre Paraguay aprobado en la asamblea señala que los hechos registrados durante el período evidencian un deterioro del entorno para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por la combinación de conflictividad social, opacidad institucional, restricciones normativas y administrativas al acceso a la información pública, y un aumento de ataques, amenazas y presiones contra periodistas y medios de comunicación.

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Textualmente, el apartado sobre Paraguay señala:

“El país atravesó un complicado escenario en un contexto caracterizado por denuncias de corrupción, cuestionamientos a la independencia judicial y restricciones al acceso a la información pública.

En el plano institucional, se acentuaron las dudas sobre la transparencia institucional y la independencia de los poderes del Estado. La filtración, en diciembre, de una reunión entre el presidente Santiago Peña, el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generó alarma sobre posible injerencia política en el Poder Judicial. Ese mismo mes, la revelación del esquema conocido como la “mafia de los pagarés” —que implicó cobros indebidos mediante resoluciones judiciales irregulares y afectó a numerosos trabajadores con embargos salariales ejecutados principalmente a través del Banco Nacional de Fomento— expuso graves niveles de corrupción.

Durante el período se adoptaron medidas que restringen el acceso a la información pública. En noviembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, cuyo artículo 24 ha sido ampliamente cuestionado por limitar el acceso a información pública bajo el argumento de proteger datos personales, en aparente contradicción con la Constitución Nacional y la Ley N.º 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.

Asimismo, se registró el uso sistemático de acciones de amparo para bloquear solicitudes de información: entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la presentación de 27 acciones de amparo para bloquear solicitudes de acceso a la información pública. Fueron concedidos 19 de estos amparos, ordenando al MEF no revelar datos, comprometiendo la ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental.

En el ámbito legislativo, también se observaron iniciativas orientadas a modificar estándares de transparencia, como el proyecto impulsado por el oficialismo en el Senado para reinstaurar el voto secreto en la elección de autoridades de la CSJ, así como la postergación reiterada de un proyecto de ley destinado a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en un contexto de cuestionamientos por la exclusión de estos últimos del texto normativo.

En este escenario, se consolidó un clima de creciente hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Las expresiones del presidente Peña contra periodistas y medios críticos, así como diversas acciones de funcionarios públicos —incluyendo restricciones al acceso a fuentes, limitaciones para realizar preguntas en actos oficiales y descalificaciones públicas— motivaron pronunciamientos del Sindicato de Periodistas del Paraguay, que denunció un ambiente adverso para la libertad de prensa y el ejercicio del derecho a la información.

Asimismo, se identificaron patrones de presiones judiciales y administrativas contra actores vinculados a medios de comunicación críticos. El proceso iniciado contra el Banco Atlas, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos vinculados a contratos con el fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, fue señalado por la defensa como un caso de persecución selectiva, en tanto la entidad financiera mantiene vínculos con el grupo empresarial propietario del diario ABC Color.

En términos generales, el gobierno enfrentó un semestre particularmente complejo, marcado por movilizaciones masivas desde febrero, encabezadas principalmente por gremios docentes en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Ejecutivo. Las protestas también incluyeron reclamos contra las denominadas “jubilaciones VIP” de parlamentarios, generando una fuerte presión social y amplios despliegues policiales.

Este escenario tuvo antecedentes en las movilizaciones promovidas desde fines de septiembre por el grupo “Generación Z Paraguay” y continuó en octubre con protestas por presuntos hechos de corrupción en el Instituto Paraguayo del Indígena, que derivaron en la remoción de su titular.

En paralelo, persistieron los reclamos de trabajadores y asegurados del Instituto de Previsión Social, evidenciando una crisis estructural en el sistema de salud pública, con denuncias por falta de insumos, escasez de medicamentos y deterioro de equipos.

La percepción de una creciente brecha entre la “estabilidad macroeconómica” del discurso oficial y las condiciones reales de vida profundizó el descontento. Episodios como la paralización del transporte público en marzo y denuncias de irregularidades en la adjudicación de viviendas reforzaron los cuestionamientos a la gestión, junto con controversias públicas desestimadas por el presidente como un “invento”.

Otros hechos relevantes:

• El 24 de octubre fue capturado un sospechoso de atacar con una bomba molotov la vivienda del periodista Aníbal Benítez Vera, director del diario digital PDS, junto con una bala envuelta en un papel que decía: “Cuídese”.
• El 30 de octubre, fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, sospechoso de amenazar por redes sociales al periodista Carlos Benítez, conductor del programa El Observador, en radio Ñandutí. Su vivienda había sido atacada a balazos en septiembre.
• El 27 de noviembre, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó el informe “Rompiendo el Silencio”, que documenta 22 asesinatos de periodistas cometidos ente 1989 y 2024, con altos niveles de impunidad en la mayoría de los casos. La mayoría de los periodistas asesinados investigaban temas relacionados con el narcotráfico, el contrabando y la corrupción, sobre todo en zonas de frontera.
• El 22 de enero, se ordenó prisión preventiva de la abogada Zully Ortiz García y Evelin Paredes Frutos por presuntas amenazas contra el periodista Carlos Benítez, director de El Observador. Ortiz García es sospechosa de ser la instigadora de las amenazas contra el periodista a través de las redes sociales, con relación a las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.
• El 12 de enero, en el marco del sexto aniversario del asesinato del periodista Léo Veras, organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de diligencia en la investigación del crimen.
• El 13 de febrero, Amnistía Internacional presentó ante la CSJ una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula organizaciones sin fines de lucro (Ley N° 7.363/2024), argumentando que restringe derechos fundamentales, sanciona desproporcionadamente y pone en riesgo a víctimas y defensores de derechos humanos.
• El 2 de febrero, una jueza de Primera Instancia en lo Laboral ordenó a Televisión Cerro Corá (Canal 9) reintegrar a la periodista Angie Prieto a su trabajo, tras probar que su despido en octubre de 2022 fue injustificado. Prieto fue desvinculada de la empresa luego de expresar su apoyo a las denunciantes del periodista Carlos Granada, entonces gerente de prensa del Grupo Albavisión, condenado a 10 años de cárcel por acoso sexual y otros hechos punibles.
• El 10 de febrero, la Entidad Binacional Yacyretá prohibió a sus funcionarios, a través de una circular, comunicarse con la prensa. La medida fue cuestionada como un mecanismo de censura institucionalizada destinado a encubrir irregularidades, despilfarro y falta de probidad en la gestión de la binacional.
• El 4 de marzo, el periodista Juan Alcaraz, director del portal Salto del Guairá Noticias y corresponsal del canal GEN y de Universo 970AM, denunció que fue agredido por el intendente de Laurel (Departamento de Canindeyú), Pablo Karjallo Pérez.
• El 27 de marzo, la jueza de Paz de Fernando de la Mora Natalia Molas rechazó un pedio de censura contra los periodistas Luis Bareiro, Santiago González y Arturo Villasanti que les prohibiría hablar de las funcionarias judiciales Silvia Sugasti y Gessica Caballero. Fueron expuestas en un video en “una sesión de spa” dentro de la oficina de Atención a Víctimas de Violencia del Palacio de Justicia de San Lorenzo. Las funcionarias denunciaron violencia telemática, según la Ley 5777, “de Protección Integral a la Mujer”, exigiendo que se prohibiera a los periodistas exhibir videos o comentar sobre lo ocurrido. La jueza entendió que en este caso prevalece la libertad de expresión, ya que al ser funcionarias públicas están sujetas a escrutinio ciudadano"

El acusado, Evert Carreño, alias Porras o El Viejo, presuntamente dio instrucciones, coordinó la ejecución de los delitos, definió los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de la banda y utilizó a menores de edad, a los que contactaba a través de aplicaciones de mensajería instantánea, según el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La Fiscalía documentó "un patrón delictivo" de esta banda que servía para "amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta".

Por eso, la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, uso de menores de edad para la comisión de delitos, fabricación, tráfico y porte de armas, y hurto calificado, entre otros más.

El imputado no aceptó los cargos y deberá seguir recluido en una cárcel, en la que permanece acusado de otros delitos en los que supuestamente está involucrado.

A su llegada, el jefe de la diplomacia iraní fue recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, y por el mariscal de campo Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa.

Según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán en un comunicado, Araqchí mantendrá encuentros al más alto nivel para discutir "los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad regional".

Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una "oportuna" gira que también incluirá Mascate y Moscú.

A través de su cuenta en la red social X, Araqchí afirmó que el propósito de sus visitas es "coordinar estrechamente" con sus socios en asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus "vecinos son prioridad".

La presencia de la delegación iraní en Islamabad se produce en paralelo al anuncio de la Casa Blanca sobre el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner mañana sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Este nuevo intento por rebajar la tensión ocurre después de que las delegaciones se marcharán sin acuerdo en los encuentros directos del 11 y 12 de abril en Islamabad.

De celebrarse un nuevo encuentro, Araqchí tomaría el relevo del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien lideró la delegación anterior.

Por el lado estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance cede su lugar a Witkoff y Kushner, una decisión tomada luego de que Washington identificara "algunos avances" por parte de Teherán en los últimos días que facilitan el encuentro presencial, según precisó Leavitt.

Los renovados esfuerzos de mediación de Pakistán se producen pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego indefinido, en un intento por reactivar un proceso que había permanecido encallado ante la exigencia iraní de que Washington levante el bloqueo naval a sus puertos y buques.

"Con mi equipo de abogados, entregamos la apelación ante la respuesta negativa de mi solicitud de amnistía", dijo Rojas en un video publicado en su cuenta de X.

El también defensor de derechos humanos exigió el sobreseimiento de su causa, que calificó como un "burdo montaje con testimonios falsos y pruebas forjadas".

A su lado, el abogado Eduardo Torres exigió al sistema de justicia de Venezuela libertad plena para Rojas, quien ha estado encarcelado en varias oportunidades, la más reciente el 15 de abril de 2024, cuando fue detenido y acusado de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial.

El pasado lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que un tribunal negó la anulación del caso contra el periodista, tras más de un mes de retraso en la respuesta a su solicitud de amnistía.

En un mensaje publicado en X, el sindicato señaló entonces que el Tribunal Primero de Juicio en materia de terrorismo negó el sobreseimiento (anulación) del caso contra Rojas, quien había sido imputado por delitos como asociación para delinquir, terrorismo, conspiración e intento de magnicidio.

El periodista permaneció detenido por casi dos años, hasta su excarcelación -con medidas cautelares- el pasado 14 de enero.

El jueves, Delcy Rodríguez anunció que la amnistía "llega a su fin" -sin dar detalles sobre esto- y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada ese día.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

"Creo que es muy apropiado que, en el 250 aniversario de nuestra nación, el presidente más transparente y accesible asista por primera vez a la Cena de Corresponales de la Casa Blanca, y su discurso será muy entretenido, se los aseguro", declaró Leavitt a la prensa.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que agrupa a los reporteros que cubren al presidente, organiza cada año una gran cena de gala en Washington a la que acuden políticos, periodistas y empresarios para celebrar la libertad de prensa.

Desde 1924, todos los presidentes han acudido alguna vez a la cita, excepto Trump, quien la boicoteó durante su primer mandato (2017-2021) y también el año pasado debido a su tensa relación con los medios de comunicación.

El líder republicano anunció en marzo pasado que aceptó la invitación de este año para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país y porque la prensa, que en el pasado fue "extraordinariamente mala" con él, ahora reconoce que es "uno de los mejores presidentes de la historia", según dijo.

"Será un honor para mí aceptar su invitación y trabajar para que sea la cena más grandiosa, emocionante y espectacular de la historia", declaró.

La gala de este año no contará, como era habitual, con un humorista encargado de burlarse del presidente y de la prensa, sino que tendrá como artista invitado al mentalista Oz Pearlman.

El evento tiene lugar mientras Trump aumenta las críticas contra los medios de comunicación por su cobertura de la guerra de Irán y tras haber presentado demandas por difamación contra varias empresas periodísticas.

La Cena de Corresponsales, uno de los eventos sociales más destacados de la capital estadounidense, ha sido criticada por su opulencia y por la aparente connivencia entre la prensa y el poder político.

Para la semana pasada, California tenía una reserva de 2,6 millones de barriles, una cifra inferior al máximo de más de 3,5 millones de barriles registrado el año pasado.

La Comisión de Energía de California, organismo que monitorea el inventario de combustibles, ha dicho que las existencias actuales de combustible para aviones se encuentran “dentro de los rangos históricos” y aunque es ajustado aún no ha surgido “un déficit estructural”, según un portavoz citado por Los Angeles Times.

Sin embargo, la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente continúe pone a California en riesgo de enfrentar escasez y un aumento mayor en los boletos de avión.

Y es que el estado ostenta el estatus de ‘Isla Petrolera’ ya que carece de oleoductos que conecten sus refinerías con otros estados productores de petróleo de EE.UU., lo que lo obliga a importar entre el 60 % y el 70 % de su petróleo desde el extranjero.

El Estado Dorado obtiene del extranjero el 20 % de su combustible para aviones, mayormente de países asiáticos como Corea del Sur, según datos de la Comisión de Energía de California.

Andy Walz, quien dirige el negocio de refinación de petróleo, oleoductos y productos químicos de Chevron, dijo a The Wall Street Journal que “es probable” que surja un déficit en los meses siguientes en California y que en “algún momento” las reservas se agotarán.

Se proyecta que más de 1,2 millones de visitantes internacionales viajarán a Estados Unidos para el Mundial 2026, según la firma de investigación Tourism Economics. Dos estadios en California acogerán 14 partidos en total.

El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, y los detalles de la trama se mantienen bajo reserva.

Según la revista especializada, el reciente ganador al Óscar a mejor actor por 'Sinners' ('Los pecadores') producirá la película y está considerando también protagonizará.

McQuarrie, por su parte, se encargará de escribir, dirigir y producir esta adaptación cinematográfica de una de las franquicias de disparos en primera persona más emblemáticas de Electronic Arts.

El videojuego, que debutó en 2002 con 'Battlefield 1942', ha vendido decenas de millones de copias gracias a su enfoque en combates multijugador por tierra, mar y aire.

El proyecto ha sido presentado a varios estudios y plataformas de contenidos en línea para su desarrollo.

El guionista ha estado detrás de proyectos como la saga de 'Mission: Impossible' ('Misión Imposible'). Jordan, por su parte, se encuentra inmerso en varios proyectos desde su victoria en la 98º edición de los premios más prestigiosos de la Academia.

El actor estadounidense dirigirá, protagonizará y producirá una nueva versión de 'Thomas Crown Affair' ('El caso Thomas Crown') para Amazon MGM; también está previsto que lidere el reparto junto a Austin Butler de la adaptación a la gran pantalla de 'Miami Vice', la serie de televisión de la década de 1980 que explora el glamour y la corrupción de Miami.

El fallo, del juez federal de la ciudad de Río Gallegos Claudio Vázquez, hace lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante (Poder Legislativo local) de la ciudad santacruceña de El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde está, entre otros, el monumental glaciar Perito Moreno.

La resolución judicial dispone la suspensión dentro del territorio de Santa Cruz de los efectos de la reforma a la ley de protección de glaciares aprobada por el Parlamento argentino el pasado 9 de abril y promulgada este viernes por Milei.

El juez ordenó al Estado nacional que "se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión" dispuso el magistrado.

En su presentación judicial junto a legisladores provinciales y nacionales, las autoridades ejecutivas y legislativas de El Calafate reclamaron que la reforma aprobada por el Parlamento argentino sea declarada inconstitucional.

La reforma, cuyo debate fue impulsado por el Gobierno, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La norma modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno de Milei ha alegado que esta modificación a la ley de glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".

La discusión de esta ley desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.

Además del amparo presentado en Santa Cruz, el Gobierno de la provincia de La Pampa (centro) presentó un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares en el que plantea la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta" de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei.

En su reclamo judicial, La Pampa señaló que, si bien no tiene glaciares en su territorio, se nutre de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.

La batalla judicial en ciernes tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste).

En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

Además de en Berlín, fueron convocadas protestas en Múnich, Fráncfort (en el sur), Colonia (oeste), Hannover (centro), Hamburgo (norte), entre otras grandes ciudades del país.

En la capital alemana, delante de la sede federal del Partido Socialdemócrata (SPD), varios centenares de manifestantes desplegaron una pancarta de seis por catorce metros que representa la "factura de los errores del Gobierno".

"Las crisis energéticas no se resuelven con energías fósiles. Ahora necesitamos inversiones en la transición energética, en energías renovables. Bloquearla es falto de consideración, peligroso y negligente, pero precisamente eso es lo que hace el Gobierno y, a la cabeza de todos, la ministra de Economía Katherina Reiche", declaró la portavoz de Fridays for Future Nele Evers en un comunicado.

"Esperamos del Gobierno que tome medidas que de verdad alivien a los ciudadanos y protejan el clima. Especialmente el SPD debe asumir su responsabilidad y hacer frente a la destructiva política de su socio de coalición", agregó.

El movimiento criticó que las medidas del Gobierno para aliviar el impacto de la crisis energética ocasionada por la guerra en Oriente Medio, como la reducción de los impuestos a los carburantes en aproximadamente 17 céntimos -que fue aprobada este viernes en la Cámara Baja- suponen un incentivo equivocado.

Con gestos como este Alemania se vuelve más dependiente a largo plazo de "caras energías fósiles y autócratas", indicó y pidió por el contrario desarrollar más las energías renovables, las tecnologías de acumulación de energía y sistemas de calefacción climáticamente neutrales.

Sefcovic aseguró que el memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación en minerales críticos firmado hoy es prueba de esa mejor relación y de la voluntad de cumplir con lo pactado en el acuerdo comercial bilateral de 2025.

"Esto (el MoU) sería una prueba tangible de que también estamos cumpliendo claramente con el acuerdo UE-EE.UU. del año pasado, que siempre he visto como una plataforma de lanzamiento para una cooperación positiva en el futuro", explicó Sefcovic.

En el curso de ese viaje, el comisario se ha reunido con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick; con el del Tesoro, Scott Bessen; así como con el de Estado, Marco Rubio.

Antes de retornar a Europa, Sefcovic tiene prevista también una reunión con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, durante la cual espera concluir un plan de acción para "fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos" con base en el MoU.

El diplomático eslovaco valoró positivamente la evolución en el último año de los lazos en materia comercial entre Bruselas y Washingon, marcada por la decisión adoptada en abril de 2025 por EE.UU. de aplicar aranceles generalizados para forzar la negociación de acuerdos comerciales.

Sefcovic consideró que, tras anunciar Washington la batería de gravámenes sobre la UE y el resto de socios comerciales, las cosas fueron "muy intensas", pero que ahora se han acercado mucho las posturas.

"Creo que ambas partes sentimos ahora claramente que nos entendemos mucho mejor", afirmó.

A su vez, su viaje llega en un momento marcado por la reciente aprobación del acuerdo comercial bilateral que resultó de los aranceles del 20 % que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en abril de 2025.

El pacto establece aranceles máximos del 15 % de EE.UU. sobre productos europeos, por parte del Parlamento Europeo, aunque la ratificación está parcialmente congelada debido a las nuevas decisiones arancelarias de la Casa Blanca, que en febrero implementó de manera unilateral un gravamen generalizado del 10 % después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal buena parte de los impuestos aduaneros.

"Quisiera subrayar que la UE está haciendo su parte. Destaqué en particular dos compras de energía por valor de 50.000 millones de dólares, así como casi 290.000 millones de dólares en inversiones de la UE en EE.UU. solo en los últimos años", aseguró Sefcovic en su encuentro con la prensa.

El comisario también destacó varias reuniones con miembros del Congreso estadounidense, de quienes aseguró que le transmitieron "un interés genuino para implementar el acuerdo UE-EE.UU.".

El plan, presentado por el asesor de EE.UU. para África, Massad Boulos, a principios de este mes, fue plasmado en un informe que recoge diversos proyectos para resolver la crisis en la que Libia está sumida desde 2011 y dividida territorialmente desde 2014.

El este del país está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste, gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), liderado por Abdelhamid Dbeiba.

El proyecto principal es la propuesta de unificación en una sola Administración, que plantea dividir el mando entre el hijo del mariscal Haftar y comandante adjunto del Ejercito Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Saddam Haftar -quien lideraría el Consejo Presidencial y sería comandante supremo de Ejército-, y Dbeiba, que mantendría su cargo de primer ministro para todo el país y asumiría, además, la cartera de Defensa.

Otro de los puntos, menos controvertido que el reparto de poder, fue aprobado el pasado 11 de abril, al alcanzar un acuerdo consistente en la unificación del presupuesto, primer consenso nacional desde que, hace casi 13 años, se produjera una escisión en dos administraciones.

El pacto presupuestario fue acogido con satisfacción por todas las instituciones, que agradecieron a Boulos su trabajo, desarrollado con el gobernador del Banco Central de Libia, Nagi Issa, quien aseguró que servirá para "frenar los gastos no controlados" y apoyar la estabilidad de dinar libio, cuya inflación alcanzó porcentajes de dos cifras.

Sin embargo, el reparto de poder entre la familia Haftar y Dbeiba, no fue aceptado por diversas facciones políticas y militares, ni por el Consejo Presidencial -órgano colegiado que desempeña las funciones de jefatura de Estado- y el Alto Consejo de Estado -órgano consultivo-, que mostraron públicamente su oposición.

Los más críticos argumentan que el plan "socavaría el marco político del país y lo llevaría de vuelta a una era de tiranía y ejecuciones públicas de disidentes".

Mientras, la misión de la ONU para Libia (UNSMIL) defiende la hoja de ruta presentada el pasado agosto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, centrada en la celebración de elecciones, aunque la representante del alto organismo para el país magrebí, Hanna Tetteh, reconoció recientemente un estancamiento en el proceso, debido -aseguró- a que "algunos dirigentes actúan fuera del marco establecido".

En el escrito -hallado en un baño del área de bachillerato- se advertía de que el supuesto ataque ocurriría durante esta misma jornada.

Ante la alerta registrada en la Unidad Educativa 'Maximiliano Spiller', ubicada en la capital provincial, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó de que se activaron "los protocolos de seguridad de forma inmediata, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo".

Con el fin de salvaguardar a la comunidad, este viernes, la institución educativa "pasó a la modalidad de clases no presenciales".

El hallazgo del mensaje ocurrió en la misma semana en la que en el interior de una barbería del Tena, se registró un ataque, que dejó dos muertos y dos heridos, entre ellos, un menor de edad, como víctima colateral, y quien fue ingresado en una casa de salud.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En el marco de la lucha contra el crimen, entre el 3 y el 18 de mayo próximo, en nueve provincias y cuatro municipios se aplicará un toque de queda, que se extenderá desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT).

En la segunda quincena de marzo ya se aplicó la misma medida en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En mayo próximo, se replicará en esas provincias, a las que se sumarán las de Pichincha, cuya capital es Quito, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbííos, estas dos últimas, fronterizas con Colombia.

También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

"Encontrándose agotado el exhaustivo y pormenorizado estudio de las características que revisten los eventos investigados" y tras un planteo formulado por la Fiscalía interviniente, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el archivo de una de las causas por las que se investiga a Adorni, "por inexistencia de delito".

La resolución fue compartida a través de X por el jefe de Gabinete, también investigado por otros viajes y compra de propiedades, junto a un mensaje en el que expresó: "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".

La investigación se inició en marzo después de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había viajado en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento 'Argentina Week', celebrado en Nueva York.

La denuncia expresaba que el traslado de Angeletti, motivado por cuestiones de carácter personal y desvinculado de funciones oficiales o actividades institucionales, constituía un uso irregular de fondos públicos, algo que fue descartado por la Fiscalía tras comprobarse que el viaje no había implicado gastos extra por parte del Estado.

Otro vuelo que desató la actuación de la Justicia es el que Adorni, su esposa, sus dos hijos y un amigo, el periodista Marcelo Grandío, realizaron en febrero pasado a Punta del Este (Uruguay) en un vuelo privado.

"Él pago sus cuatro pasajes, creo que por 3.600 dólares en total. (...) Lo invité a mi casa porque hace dos años que no se iba de vacaciones. Vamos en taxi avión. (...) Lo pagó él con plata del Estado", dijo Grandío en una entrevista con el canal LN+.

Tras estas declaraciones, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia contra Adorni "por enriquecimiento ilícito, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco", según expresó la legisladora a través de X.

La Justicia de Argentina también investiga al funcionario por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias, debido a las inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos.

"Necesitamos tomar decisiones basadas en la ciencia. La ciencia ha llamado a que estamos justamente a poco tiempo de que se cierre la ventana de oportunidad de acción. Siete de los nueve límites planetarios ya fueron traspasados el año pasado", expresó Vélez en la rueda de prensa inaugural de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

Según el informe anual de 2025 del Planetaria Boundaries Science Lab del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático (PIK, por sus siglas en alemán), el estado de salud de la Tierra ha empeorado en el último año y está experimentando "un deterioro generalizado".

Esto ocurre porque se sobrepasaron siete de los nueve umbrales que regulan la estabilidad y la habitabilidad de las personas en el planeta, uno más que en 2024.

"Si no hacemos algo, ya va a ser muy tarde para tomar las acciones necesarias desde la perspectiva de lo que nos compromete como gobiernos", expresó Vélez.

La reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países, "poco más de mil de representantes de ONG y sociedad civil; al menos 500 representantes de comunidades, pueblos y sectores sociales de todo el mundo", y "30 parlamentarios de todo el mundo y 10 representantes de gobiernos subnacionales", entre otros, según Vélez.

En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Durante la jornada de este viernes será instalado el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que busca proporcionar insumos para que las políticas públicas ayuden al esfuerzo internacional de abandonar los combustibles fósiles.

Este organismo estará dirigido por la copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático, la camerunesa Vera Songwe; el director y economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el alemán Ottmar Edenhofer, y el profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), Gilberto Jannuzzi.

"Es muy importante poder alinearnos en decisiones con la ciencia. Y esas decisiones son, por un lado, decisiones en el campo de la energía y por otro lado son decisiones en el campo de la geopolítica. No somos ingenuos, estamos en un momento muy particular que se ha acelerado después de el conflicto en el Medio Oriente", expresó Vélez sobre la guerra en Irán.

Eso, en su opinión, pone sobre la mesa "unas tensiones y unas nuevos desafíos en las conversaciones" que habrá en la conferencia de Santa Marta.

"Precisamente por eso sabemos que estamos en un momento histórico y es nuestra responsabilidad, como gobiernos y también como pueblos del mundo, estar a la altura de los desafíos que este contexto nos demanda", concluyó.

La académica, coordinadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS), explicó en un seminario que persisten "inequidades en cuánto y cómo se vive, con diferencias en calidad de vida entre territorios y sexos", según informó la UNAM en un comunicado.

"El desempeño del sistema de salud no ha logrado reducir estas brechas, lo que indica limitaciones estructurales en el acceso y la calidad de la atención. No basta que existan los sistemas de salud, sino qué calidad prestan los servicios", aseguró.

Para tratar estas desigualdades, Agudelo pidió "políticas diferenciadas" que se adapten a los perfiles epidemiológicos y sociales de acorde a los estados que conforman la República mexicana.

En este sentido, llamó la atención en la persistencia de enfermedades no transmisibles, mientras que se "han incrementado" padecimientos externos como homicidio, suicidio, muerte o discapacidad asociada con arma de fuego.

Según las cifras que expuso, de 1990 a 2021 la mortalidad de los mexicanos por afecciones transmisibles, donde se encuentran las respiratorias, se elevó 50,3 %.

Sin embargo, las no transmisibles - como cáncer o enfermedades cardiovasculares- bajaron un 16,8%, a pesar de que siguen siendo las principales causas de fallecimiento en el país norteamericano.

En ese mismo periodo, añadió la académica, la esperanza de vida se incrementó un 6,7%, si bien "no necesariamente se manifestó en condiciones de bienestar".

De la situación de mortalidad a nivel nacional, recordó que el país tiene la mayor tasa de mortalidad por razones evitables, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Se trata de la primera visita oficial de un jefe de Estado al país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera.

Delcy Rodríguez anuncia que la amnistía en Venezuela "llega a su fin"

Petro, quien fuera un estrecho aliado de Maduro, condenó las operaciones militares en territorio venezolano y calificó inicialmente la captura de “secuestro”.

El mandatario colombiano y la delegación que lo acompaña fueron recibidos por el canciller venezolano, Yván Gil.

"Sostuvimos una discusión bilateral sobre los temas que moldean nuestra región y el futuro compartido. Priorizamos la cooperación económica, explorando formas de impulsar la inversión y ampliar las oportunidades a través de asociaciones más sólidas", publicó Abiy en su cuenta de la red social X.

Además de subrayar los "fuertes y duraderos lazos" entre ambas partes, también abordaron la situación de sus respectivos países.

Mientras Sudán del Sur experimenta violencia entre grupos étnicos y un conflicto entre el Gobierno y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), Etiopía vive una escalada de tensiones en la región norteña de Tigré que amenaza con reavivar la devastadora guerra que ocurrió entre 2020 y 2022, que dejó unos 600.000 muertos.

La operación contempla una inversión inicial de 10.000 millones de dólares a la valoración actual de Anthropic, mientras que otros 30.000 millones adicionales quedan condicionados al cumplimiento de objetivos, según el mismo portavoz.

La fuente destacó que Google es "un socio estratégico e inversor minoritario desde hace varios años", y que esta nueva inyección de capital se enmarca en la ampliación de la colaboración entre ambas compañías.

Esa colaboración incluye el uso de chips TPU y servicios de Google Cloud, así como el despliegue de hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027, con la posibilidad de añadir capacidad adicional en el futuro.

Según The Wall Street Journal, la operación se estructura sobre una valoración actual de Anthropic, que no cotiza en bolsa, de unos 350.000 millones de dólares.

Google ha invertido hasta ahora unos 3.000 millones de dólares en Anthropic, según estimaciones del sector.

Anthropic agregó que la operación se produce en un contexto de "refuerzo de su infraestructura tecnológica y de crecimiento de su actividad", en un momento de fuerte competencia en el sector de la inteligencia artificial.

La compañía aseguró recientemente haber alcanzado una tasa de ingresos de 30.000 millones de dólares anuales, frente a los cerca de 9.000 millones registrados a finales del año pasado, gracias al crecimiento de su herramienta estrella, Claude Code.

Asimismo, Anthropic informó que ha asegurado compromisos de financiación por hasta 65.000 millones de dólares en las últimas semanas, procedentes de distintos inversores y acuerdos de infraestructura, mientras busca ampliar su capacidad de computación para responder al aumento de la demanda de sus servicios y reforzar su posición frente a competidores como OpenAI.

Del total de fallecidos, hay 177 menores, 277 mujeres y 100 trabajadores sanitarios, según el balance acumulado provisional de víctimas desde el 2 de marzo hasta el día de hoy, anunciado por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

En la jornada de hoy las autoridades libanesas denunciaron la muerte de dos personas en un ataque israelí contra la ciudad meridional de Touline, en Marjeyún, mientras el Ejército israelí aseguró haber matado a seis supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en Bint Jbeil, en el sur del Líbano.

Los ataques y bombardeos han continuado entre Israel y Hizbulá pese a la prórroga del alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada la pasada madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La prórroga fue anunciada tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes, pero después de que el embajador deIsrael ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijera que la tregua "no es del 100%".

Israel intensificó sus bombardeos aéreos contra el Líbano, y realiza una invasión terrestre de localidades en el sur del país árabe, después de que Hizbulá volviera a atacar al Estado hebreo con proyectiles y drones, a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

La obra, titulada 'The Light That Shines Through the Universe', es una creación del artista vietnamita-estadounidense Tuan Andrew Nguyen y ocupa el High Line Plinth, el espacio destinado a instalaciones dentro del icónico parque urbano neoyorquino.

El Buda gigante ocupará el vacío dejado por 'Dinosaur', la escultura de una paloma firmada por Iván Argote que durante año y medio se convirtió en la 'mascota' del vecindario, congregando varios eventos a sus pies, una campaña para que se quedara más tiempo e incluso una fiesta de despedida.

Según la organización del High Line Art, la nueva escultura está inspirada en los Budas de Bamiyán, dos colosales figuras del siglo VI excavadas en los acantilados de Afganistán que fueron destruidas por los talibanes en 2001.

Lejos de buscar una reconstrucción literal, Nguyen plantea "una reinterpretación que aborda la memoria, la pérdida y la transmisión cultural" a través de una pieza concebida como "un espacio de contemplación en una de las zonas más transitadas de la ciudad", según un comunicado.

El artista, nacido en 1976 en Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, se basó en fotografías históricas y descripciones de las estatuas originales, pero evitó reproducirlas con exactitud.

En su lugar, ha creado "una figura nueva que incorpora tanto elementos de continuidad como de ausencia, con el objetivo de reflexionar sobre cómo las sociedades recuerdan aquello que ha sido destruido".

Según los organizadores, Nguyen creó la escultura en Vietnam utilizando piedra arenisca de color claro y una estructura interna de acero que sostiene el conjunto, antes de trasladar las piezas a la Gran Manzana para su instalación en el High Line.

Uno de los elementos más simbólicos de la obra son las manos de la figura, realizadas con una mezcla de bronce fundido a partir de restos de munición procedente de Afganistán y metal reciclado.

El artista deja la parte posterior de la escultura menos detallada que el frente para "invitar al espectador a imaginar lo que falta y subrayar la idea de que la historia llega a menudo de forma fragmentada".

Nguyen, formado en Estados Unidos y Vietnam, trabaja en torno a la memoria histórica, el desplazamiento y las consecuencias de la guerra en el sudeste asiático, según su página web.

Uno de los más interesantes carteles de la Feria de San Marcos, considerada la más importante de América, acontecerá el 25 de abril en la Monumental de Aguascalientes, festejo que iniciará a las 18:00 hora local (00:00 GMT).

La terna la conforman tres de los matadores en mejor momento profesional de los dos continentes taurinos.

Destaca el español Borja Jiménez, convertido ya en figura internacional y recién llegado de la sevillana Feria de Abril. En el ciclo andaluz, Jiménez cosechó dos orejas y una vuelta al ruedo, sucedieron el 18 y 20 de abril pasado, respectivamente.

Si bien, se vio un Jiménez con momentos de gran hondura, especialmente con la mano izquierda, también se pudo comprobar el peso que ejerce sobre el español el compromiso de ser representante, corrida a corrida, de un toreo puro y arriesgado. Ese exceso de presión se plasmó sobre todo el 18 de abril, ante un gran toro de la divisa de Vitorino Martin, al que no fue capaz de imponerse.

En México, Borja Jiménez, cuenta con gran credo entre los aficionados, destacando en tardes como la acontecida en Tlaxcala el 9 de noviembre de 2025, donde cortó dos orejas.

Por su parte el mexicano Héctor Gutiérrez, en su país, ha triunfado en todos los cosos de relevancia.

En la Feria del Caballo de Texcoco, el 4 de abril, Gutiérrez, realizó dos importantes faenas que le valieron la puerta grande. El pasado 26 de enero cortó una oreja en la Nuevo Progreso de Guadalajara, la segunda plaza en importancia después de la hoy inactiva Plaza México de la capital.

En España, el joven espada toreó en la afamada Copa Chenel, dando una vuelta al ruedo, el pasado 28 de marzo.

Mientras que Juan Pablo Sánchez, número uno del escalafón mexicano en 2025, con 33 corridas, 35 orejas, 1 rabo y 2 indultos, cuenta con tres fechas en la Feria de San Marcos 2026, quizás por ser el torero de casa. Lo cierto es que Sánchez se ha vuelto un valor seguro para empresarios y público.

Los toros de Santa Fe del Campo pacen en el estado de Zacatecas, centro-norte de México. La casa ganadera fue fundada en 1952 y suele destacar por presencia y genio. Sin duda podría ser este hierro el aliciente final para un cartel de mucha expectación entre la afición más exigente.

Petro, acompañado por el canciller venezolano, Yván Gil, fue recibido en la entrada de la sede presidencial por Rodríguez, para luego dirigirse a un salón de Miraflores donde llevarán a cabo su reunión.

El avión del mandatario cafetero aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, a las 13:00 hora local (17:00 GMT) de hoy.

El Gobierno colombiano informó durante la jornada que los mandatarios "abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos".

El martes, Petro había anticipado su interés en abordar la seguridad fronteriza, especialmente en la región selvática del Catatumbo, donde está la segunda mayor extensión de cultivos de coca de Colombia y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado de ese país.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

La mandataria venezolana, por su parte, no ha declarado públicamente sobre los objetivos de este encuentro ni tampoco la agenda que compartirá con su homólogo colombiano.

El encuentro entre ambos presidentes se da en medio de la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, que lideran los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villavicencio e Yván Gil, respectivamente, para tratar temas de seguridad, comercio, energía, entre otros.

Como parte de esa reunión, las autoridades colombianas y venezolanas instalaron 11 mesas de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

A principios de enero, Petro habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la canciller colombiana.

Es la primera visita oficial de un presidente a Delcy Rodríguez, aunque la mandataria encargada ya hizo una visita oficial a la isla antillana de Granada, el pasado 9 de abril.

"La tarde del 22 de abril se recibió una denuncia en la que se indicaba que tres sospechosos llegaron a un almacén en Crown Mines, seguidos por seis agentes de la policía metropolitana, y manifestaron su intención de registrar el almacén", declaró el portavoz de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI) de la Policía sudafricana, Katlego Mogale, según medios locales.

Mogale afirmó que los agentes registraron el local y supuestamente intentaron extorsionar al denunciante para obtener dinero, todo ello en una zona fuera de su jurisdicción y fuera de servicio.

"Tras el registro, encontraron una caja de tinte para el cabello y uno de los agentes indicó que estaba caducado y amenazó al denunciante con arrestarlo si no pagaba una suma de dinero."

El denunciante alertó al DPCI, también conocidos como 'Hawks', quienes arrestaron a los nueve sospechosos durante la madrugada del jueves, que actualmente se encuentran bajo custodia.

El caso, que involucra a seis agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Johannesburgo (JMPD), dos miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) y un agente de tráfico de Gauteng, fue aplazado hasta el próximo martes.

La Policía sudafricana se encuentra en el punto de mira tras la decisión del presidente del país, Cyril Rampahosa, de suspender al general Fannie Masemola por su presunta implicación en un caso de corrupción en la licitación de un contrato sanitario, y por el que fue detenido el pasado 24 de marzo junto a otros doce altos cargos policiales.

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales.

Tras las elecciones del 12 de abril, que se extendieron hasta el día siguiente en 13 centros de Lima que no pudieron abrir debido a que no llegó a tiempo el material electoral, ya se terminaron de procesar todas las actas, pero quedan pendientes de revisión de los jurados electorales más de 4.500 actas que han sido impugnadas por inconsistencias o irregularidades.

Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada con el 17,05 % de los votos válidos al sumar 2.730.338 papeletas; seguida en segundo lugar por Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,03 % al contabilizar 1.926.100 sufragios; y en tercera posición por López Aliaga (Renovación Popular), con 11,90 %, al aglutinar 1.905.755 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 20.336 votos, después de que el izquierdista pasara del séptimo al segundo lugar, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.

De acuerdo a distintos analistas, los votos de las actas impugnadas no darán un vuelco a la situación y, a medida que se resuelvan, harán que Sánchez conserve la segunda plaza del escrutinio.

El conteo continúa mientras López Aliaga sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un supuesto fraude premeditado en su contra, narrativa que se ha visto alimentada por las numerosas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que llevó a que numerosos locales de votación en Lima abriesen con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.

Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana se ha presionado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, para que anulara los comicios o convocara a unas inéditas "elecciones complementarias" donde votarían aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de los retrasos en los centros de votación.

Ninguno de los dos escenarios está contemplado en la legislación peruana, por lo que algunas de las principales misiones de observación electoral desplegadas en el país han exhortado a seguir el desarrollo de los comicios dentro del marco legal.

Este viernes, el JNE comunicó que las elecciones complementarias que exige López Aliaga son inviables, pero la presión y críticas contra el organizador de las elecciones, Piero Corvetto, provocó que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentara el martes su renuncia, en medio de críticas y amenazas de López Aliaga.

"Cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir, así que no se preocupen", afirmó el gobernante ultraderechista en un discurso en la sede del Consejo para la Transparencia (CPLT), en Santiago.

Kast, el primer mandatario en vivir en La Moneda desde 1958, organizó el pasado 10 de abril un almuerzo privado con sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica en uno de los salones de este palacio neoclásico, ubicado en el corazón de Santiago.

"Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial", añadió el Kast, cuya vivienda familiar se encuentra en una localidad rural a las afueras de Santiago y decidió vivir en La Moneda por razones de "austeridad" y para "no generar más gasto al Estado" arrendando una casa especial o pagando largos desplazamientos.

El almuerzo, que se viralizó después de que numerosos de invitados alardearan del mismo en redes sociales, generó gran controversia en Chile por el uso de dependencias estatales para eventos privados.

Diputados de la oposición de izquierda recurrieron a la Contraloría General de la República -ente que se encarga de fiscalizar a las instituciones del Estado-, que dio 10 días al mandatario para aclarar si se usaron fondos públicos.

Desde la Administración ultraconservadora aseguraron que la comida fue pagada personalmente por Kast y su esposa, María Pía Adriasola, con la que vive en el palacio desde el pasado 11 de marzo, cuando llegó al poder prometiendo un "Gobierno de emergencia" para combatir la crisis de seguridad y económica que asegura vive el país.

"Acojo y agradezco las fiscalizaciones. Uno siempre actúa desde la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien, y todos debemos cumplir con el mismo estándar", indicó este viernes el gobernante, cuyos nueve hijos no viven con él en La Moneda.