El objetivo de los diálogos es poner fin a la guerra en Oriente Medio desatada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, que deja miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha estremecido la economía mundial.

Este ultimátum expira “el miércoles por la noche, hora de Washington”, advirtió el presidente Donald Trump a la agencia Bloomberg, al calificar de “muy improbable” una prórroga de la tregua. En teoría, el cese de hostilidades debía terminar en la madrugada del miércoles, hora de Teherán.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”, respondió en la red social X el presidente del Parlamento de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf.

Irán no tiene “en este momento” ningún “plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, señaló previamente el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, al poner en duda la “seriedad” de Estados Unidos.

Si las exigencias estadounidenses no se satisfacen antes de que termine el alto el fuego, “empezarán a explotar muchas bombas”, advirtió también Trump al canal PBS, tras haber amenazado a principios de abril con aniquilar “toda una civilización”.

El presidente estadounidense reafirmó que tenía la intención de mantener el bloqueo sobre los puertos iraníes “hasta que haya un ‘ACUERDO’” con Teherán y dijo que le está haciendo perder a Irán “500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo”.

Trump acusa a Teherán de violar la tregua atacando buques en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

Incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y EE.UU. previstas para mañana

“No hay luz al final del túnel”

En Teherán, cuyos principales aeropuertos reabrieron este lunes por primera vez en semanas, la vida parecía haber vuelto en gran parte a la normalidad, con las cafeterías llenas y gente paseando en los parques y haciendo ejercicio.

Pero los habitantes que hablaron con periodistas de la AFP radicados en París aseguraron que la situación no es tan buena como pudiera parecer a simple vista.

“Veamos qué pasa el martes. Lo único que han mostrado los 50 días de guerra es que a nadie le importa el pueblo iraní”, dijo una doctora en biología de 30 años.

Saghar, una iraní de 39 años que no quiso dar su apellido, apuntó que a la gente de su país le quedan pocas esperanzas, pues se ve afectada tanto por el impacto de la guerra como por la represión gubernamental.

“No hay luz al final del túnel. La economía está fatal. Están deteniendo a gente por nada”, afirmó.

Ante una eventual confirmación de las conversaciones, en Islamabad se reforzó la seguridad desde el domingo, con cierre de carreteras y barricadas, constataron periodistas de la AFP.

La delegación estadounidense estará encabezada de nuevo por el vicepresidente JD Vance, quien ya estuvo en un primer ciclo de diálogos el 11 de abril que terminó sin avances.

Islamabad, lista para el diálogo pese el silencio de Teherán y el ultimátum de Trump

“Debe permanecer abierto”

Trump -que enfrenta este año elecciones de mitad de mandato- está bajo presión para encontrar una salida desde que Teherán tomó medidas para bloquear el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el bloqueo naval que emprendió Estados Unidos para mermar los ingresos petroleros de Irán y la incautación de un carguero de bandera iraní han provocado nuevas amenazas desde Teherán.

La Marina estadounidense incautó el domingo el carguero Touska, e Irán prometió “responder” contra lo que llamó un “acto de piratería armada”.

Los precios del petróleo volvieron a subir el lunes tras este recrudecimiento de las tensiones en torno a Ormuz.

“Debe permanecer abierto”, insistió el presidente chino, Xi Jinping, durante una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Además del nudo en torno al estrecho, persisten las divergencias entre Washington y Teherán, en particular en el ámbito nuclear defiende su derecho a la energía nuclear civil.

Líbano e Israel dialogarán en EE.UU.

En Líbano, el otro frente de la guerra, la situación sigue siendo muy inestable pese a un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes entre Israel y el movimiento islamista proiraní Hezbolá.

En las seis semanas de guerra entre Israel y Hezbolá, al menos 2.387 personas han muerto en Líbano, según un nuevo balance difundido el lunes por el gobierno libanés.

El próximo jueves habrá nuevas conversaciones entre ambos países en Washington destinadas a promover un acuerdo de paz.

“Continuaremos facilitando discusiones directas y de buena fe entre ambos gobiernos”, dijo el lunes un funcionario del Departamento de Estado bajo la condición de anonimato.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, anunció que su gabinete había dado luz verde a la medida, alegando que "en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo", sino que "necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa".

"Responder a estas necesidades y transferir el equipo de defensa contribuirá a mejorar las capacidades de defensa de estos países y, en última instancia, a prevenir conflictos, garantizando así la seguridad de Japón", manifestó la mandataria japonesa a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Takaichi también mencionó la posibilidad de intercambiar piezas o armas entre los países socios, "fortaleciendo la cooperación mutua", todo ello con aquellos que "se comprometan a utilizar el equipo de conformidad con la carta de Naciones Unidas".

Los estrictos controles a la exportación de material militar limitaban la venta de artículos de defensa a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado. Ahora, la revisión incluye una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen "circunstancias especiales".

A pesar de ello, Takaichi aseguró que el "compromiso" de mantener la trayectoria de Japón como nación pacífica desde la Segunda Guerra Mundial hace ya más de 80 años "permanece inalterable".

El cambio, que formaba parte de la revisión de la estrategia de seguridad nacional de 2022, había generado debate por lo que la venta de armamento letal supone para un país gobernado por una Constitución pacifista.

Con el plan de seguridad nacional, las autoridades trazaron un giro sin precedentes a las políticas defensivas de Japón, abogando por reforzar las capacidades de contraataque del país mediante un aumento del gasto militar y adquiriendo armamento como misiles de crucero e hipersónicos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El ataque ocurrió en la Pirámide de la Luna y, según los primeros reportes, fue perpetrado por un solo agresor que disparó desde una zona elevada contra visitantes en un momento de alta afluencia turística.

Testimonios y reportes iniciales indican que realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes antes de quitarse la vida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado la identidad del atacante ni el móvil del ataque.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de fuerzas federales y estatales mientras continúan las investigaciones.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la zona arqueológica, resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), particularmente sobre cómo el agresor logró ingresar con un arma a un sitio con control de acceso y mantenerse en una de las estructuras principales sin ser detectado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó la muerte de la ciudadana canadiense y afirmó que su gobierno da seguimiento cercano al caso, mientras autoridades consulares, a través de Global Affairs Canada, brindan asistencia.

Tras una hora de negociación, el indicador subía un 2,15 %, o 133,40 puntos, hasta situarse en las 6.352,49 unidades. El lunes cerró con un repunte del 0,44 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía plano, en 1.175,33 unidades.

La subida del Kospi se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que prevén reanudar los diálogos de paz con Teherán entre el martes y el miércoles, en medio de reportes de que el vicepresidente, JD Vance, partirá pronto hacia Pakistán.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se incrementaba un 1,5 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio aumentando casi un 5 %.

El productor de vehículos Hyundai Motor registró una caída del 2,04 % y su empresa hermana Kia saltaba casi un 1 %.

Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales.

La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales.

La prensa local precisó que empresas que operan en la zona se han visto obligadas a mantener sus puertas cerradas este lunes.

En la zona de los conflictos se encuentran empresas como Brasserie Sejourné, Brasserie La Couronne y MSC Trading, instituciones privadas que pueden ser una fuente de ingresos para las bandas armadas, siempre en busca de regiones con potencial económico.

Esta zona de conflicto se encuentra cerca del aeropuerto Toussaint Louverture, cerrado al tráfico internacional, y donde solo opera Sunrise Airways, que ofrece vuelos domésticos.

Esta decisión, según la compañía, está motivada por el deterioro de la situación de seguridad en los alrededores del aeropuerto, indicando que la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal sigue siendo su prioridad, al tiempo que afirma seguir de cerca la evolución de la situación en coordinación con las autoridades competentes.

En conferencia de prensa, la fiscal general de la capital mexicana, Bertha Alcalde Luján, reconoció que hubo un retraso de alrededor de 15 horas en la respuesta institucional, pese a que se contaba con información clave desde las primeras horas.

Agregó que estas fallas derivaron en la apertura de una investigación interna por posibles actos de negligencia y corrupción.

La víctima, Edith Guadalupe Valdés, fue vista por última vez el miércoles pasado tras acudir a un inmueble por una oferta de trabajo, donde fue hallada muerta el viernes.

Alcalde Luján sostuvo que el principal sospechoso, un vigilante del lugar, tenía control del acceso al edificio y del sistema de videovigilancia en el momento de los hechos.

Aunque, según la fiscal, existen pruebas suficientes contra el detenido, el caso ha sido cuestionado por la familia de la víctima, que ha señalado fallas en la investigación y posibles presiones y amenazas al imputado, identificado como Juan Jesús 'N'.

Sobre los funcionarios separados, la fiscal indicó que entre las irregularidades detectadas están la falta de integración de información clave y la omisión de acciones oportunas por parte de los responsables del caso, lo que generó el retraso de 15 horas.

El caso ocurre en un contexto de violencia feminicida persistente en México, donde en promedio diez mujeres son asesinadas cada día, según cifras oficiales.

"Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata", dijo en una rueda de prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), que agrupa a pequeños y medianos transportistas del país.

El dirigente señaló que ellos aceptaron la eliminación del subsidio el año pasado, porque el Gobierno se había comprometido a emitir políticas públicas para "equilibrar el sistema de bandas" por el que se determina el valor en función de los precios internacionales, pero que eso no se ha cumplido.

Con la medida tomada por Noboa, el precio del combustible pasó de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares, lo que provocó protestas lideradas por el movimiento indígena que duraron un mes y dejaron dos muertos por arma de fuego y 473 heridos, según organizaciones de la sociedad civil.

Este mes el precio llegó a 2,96 dólares, alza que, según Ortiz, ha hecho que los márgenes de utilidad de los transportistas se reduzcan "drásticamente" o registren "pérdidas constantes", lo que ha llevado "al colapso" a "miles" de ellos.

El presidente de Confetrape aseguró que este martes van a presentar este reclamo al Gobierno y que esperarán unos quince días por una respuesta. Plantean propuestas como focalizaciones.

"Si el Gobierno no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad, será el Gobierno quien nos está induciendo a apagar nuestros motores, no porque queremos, sino porque no tenemos para poder cubrir el costo operativo de nuestras unidades", señaló.

El incremento del precio del diésel se suma a las preocupaciones por la inseguridad en varias de carreteras del país. Ortiz afirmó que ya han denunciado que los transportistas son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, pero que aunque las fuerzas de seguridad logran capturar a los presuntos responsables hay jueces que, aseguró, los liberan.

Además, los gremios exigieron al Gobierno que revise los aranceles impuestos a exportaciones colombianas, que el próximo 1 de mayo subirán al 100 %, ya que la medida también está provocando desempleo y precarización laboral a quienes trabajan en la frontera norte.

Unos cuarenta minutos después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 1,01 %, o 593,37 puntos, hasta las 59.418,26 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,13 %, o 4,87 puntos, hasta los 3.781,89 enteros.

En semiconductores, Tokyo Electron se disparaba un 4,07 %, Advantest crecía un 2,4 % y Disco un 1,1 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), subía un 2,89 %.

El fabricante Toyota, empresa de mayor capitalización local, caía un 1,89 %, mientras que su rival Honda avanzaba un 0,37 %.

El gigante de la defensa y la maquinaria Mitsubishi Heavy Industries descendía un 2,66 % y Kawasaki Heavy Industries se desplomaba un 3,97 %.

La apertura del parqué tokiota en verde tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que tiene intención de reanudar las negociaciones entre el martes y el miércoles, entre informaciones de que una delegación encabezada por su 'número dos', JD Vance, saldrá en las próximas horas hacia Islamabad.

La ofrenda de este martes consistió en el envío de un árbol 'masakaki' en su nombre, según la agencia de noticias Kyodo. Se trata de la primera ofrenda enviada al santuario por la mandataria nipona desde que llegó al cargo, siguiendo el gesto de sus antecesores y evitando una visita para no generar confrontación con China y Corea del Sur.

Takaichi, conocida por sus opiniones revisionistas sobre el pasado militarista de Japón, solía visitar Yasukuni cada año, incluso durante sus periodos como ministra, con motivo de los festivales de primavera y otoño, y en el aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto.

No obstante, en octubre de 2025, cuando ya era la líder del partido gobernante nipón pero antes de la votación en el Parlamento en la que aspiraba a ser elegida como jefa de Gobierno, se abstuvo de acudir al templo y envió una ofrenda monetaria personal a través de terceros, buscando apoyos de otras facciones.

En Yasukuni se honra a los caídos japoneses entre finales del siglo XIX y 1945, más de 2,4 millones de personas, entre las que figuran 14 políticos y oficiales del Ejército imperial condenados como criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial.

Ningún jefe de Gobierno japonés en funciones ha visitado el santuario después de que el fallecido Shinzo Abe se personara para realizar una ofrenda en diciembre de 2013, desatando críticas dentro y fuera del país que motivaron el comienzo del envío de las ofrendas.

China y Corea del Sur, países que sufrieron agresiones bélicas de Japón, han venido expresando sus quejas por los homenajes oficiales en Yasukuni a causa de viejas heridas abiertas del colonialismo.

Además, Pekín y Tokio se encuentran enzarzados en una amplia disputa desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de Takaichi durante una sesión parlamentaria sobre la posibilidad de activar al Ejército del país en el caso de un ataque militar chino contra Taiwán.

Las demandas presentadas por el Departamento de Justicia apuntan a años de presunta negligencia por parte de las autoridades locales en el mantenimiento del sistema de alcantarillado que desemboca en el río Potomac.

Los documentos judiciales sostienen que la autoridad del agua de la capital habría ignorado durante años señales de deterioro en el interceptor del Potomac, una infraestructura clave de unos 87 kilómetros que transporta aguas residuales desde Maryland y Virginia hasta plantas de tratamiento en Washington.

El caso se centra en la rotura ocurrida el 19 de enero, cuando una sección del conducto colapsó y provocó el vertido de más de 240 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río.

Según las demandas, inspecciones realizadas previamente ya advertían de una corrosión severa y daños estructurales significativos, pero no se habrían tomado medidas a tiempo para evitar el fallo.

El río Potomac es una de las principales fuentes hídricas del área metropolitana de Washington y atraviesa la capital estadounidense antes de desembocar en la bahía de Chesapeake.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), su cuenca hidrográfica abastece ecosistemas urbanos y suburbanos, además de ser clave para el suministro de agua potable, la recreación y la biodiversidad de la región.

Las autoridades federales y locales aseguran que el derrame incrementó los niveles de bacterias como E. coli y otros contaminantes en el Potomac, lo que obligó a declarar temporalmente el río como un riesgo para la salud pública en la zona afectada.

Las acciones legales buscan la imposición de sanciones civiles y obligar a la autoridad del agua a implementar un plan reforzado de operación y mantenimiento en toda su red de alcantarillado.

La empresa de servicios públicos ha defendido su gestión, asegurando que ha priorizado la reparación del sistema y que trabaja en coordinación con agencias federales, aunque reconoce que algunos proyectos han enfrentado retrasos por evaluaciones ambientales.

El Minsa confirmó en un comunicado que dos de los casos en Lima se detectaron en el distrito residencial de San Isidro, otro en una estudiante procedente de Puno y el siguiente caso en uno de sus familiares.

Al respecto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, descartó que "en la actualidad" se registre una transmisión local de sarampión.

Agregó que tras la alerta epidemiológica emitida por el Minsa ante el brote en Puno se están fortaleciendo las campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos en todo el país

"Lima, en la actualidad no registra transmisión local de la enfermedad", ratificó.

El Minsa precisó que durante la semana Epidemiológica 3 y 8 de este año se registraron dos diagnósticos de sarampión, uno en cada caso, en hombres residentes en San Isidro, el primero importado y el segundo de fuente desconocida.

El tercer caso se dio en una joven de 20 años originaria de Puno que reside en Lima por motivos de estudios, y el cuarto en uno de sus familiares.

El Minsa aseguró que estos pacientes se encuentran fuera de peligro, mientras que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima están fortaleciendo las jornadas de vacunación, difusión de mensajes preventivos, vigilancia epidemiológica y búsqueda de casos.

Perú emitió a inicios de marzo pasado una alerta epidemiológica ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, por lo que dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida y una notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

Durante este fin de semana se informó que en Puno, una región ubicada a unos 1.000 kilómetros de Lima, había 47 casos de la enfermedad, mientras que otros 78 estaban en evaluación de los síntomas que presentan los pacientes.

Al respecto, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Vela, admitió la semana pasada que ya existe una transmisión local de la enfermedad en Puno y consideró que el brote puede estar relacionado con el flujo migratorio en la frontera con Bolivia, donde el año pasado se reportaron más de 600 casos de sarampión, según dijo.

La semana pasada las autoridades sanitarias peruanas distribuyeron más de 340.000 dosis de la vacuna contra la enfermedad en Puno y también sostuvieron una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia para movilizar brigadas de vacunación en las zonas fronterizas.

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, tomó la decisión tras una audiencia de más de siete horas en las que escuchó las conclusiones de decenas de abogados de familiares de una parte de los fallecidos, y de representantes de varios de los heridos.

El magistrado además resolvió rechazar la petición de reproducir testimonios de testigos por entender que la audiencia preliminar no es el escenario para someter interrogatorios y contra interrogatorios, por lo que advirtió a las partes abstenerse de ese recurso extemporáneo.

Algunos abogados de querellantes solicitaron al tribunal el desistimiento de estas acciones.

Mejía Zorrilla recordó a las partes que la audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, donde el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes para llevar a un acusado a juicio.

El derrumbe del techo de uno de los centros de diversión más populares de Santo Domingo se produjo mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta. El artista y uno de sus músicos estuvieron entre las víctimas fatales.

También murieron, entre otros, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de la provincia de Montecristi (noroeste), Nelsy Cruz, el diseñador de modas Martín Polanco, y varias de los empleados del centro de diversión.

El Ministerio Público, que ha pedido enjuiciar a Antonio y Maribel Espaillat, asegura que los dueños de la discoteca realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a "ninguna" institución, "por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación", lo que, alega, "constituye una inobservancia a la ley" y "una muestra de negligencia de parte de los mismos", afirmaron los fiscales.

La acusación subraya que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

La tragedia, la primera de su tipo que se registra en República Dominicana, afectó a prácticamente todos los estratos sociales del país.

Congregados en torno a su estatua en el barrio en el que vivió su juventud (colonia Clavería), sus seguidores cantaron durante varias horas algunas de las canciones más emblemáticas de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como 'Príncipe de la Canción', en el día que recuerda su figura -20 de abril-, fecha impulsada por su público en honor a una frase de su canción 'Me vas a echar de menos'.

En el acto de homenaje estuvo presente Ana Elena Noreña, de 81 años, esposa del artista entre 1976 y 1991 y considerada por muchos como su viuda legítima, quien fue ovacionada por el público antes de dedicarle unas palabras a José José.

"Muchas gracias por tanto cariño de todos", declaró a los medios de comunicación tras leer un pequeño discurso al público presente en el que destacó su figura "irrepetible".

Manuela Aguilar y Andrea Martínez, quienes acudieron a su homenaje con "mucha emoción", explicaron posteriormente a EFE que sienten "mucha admiración" por el autor de canciones como 'El Triste' o 'La Nave del Olvido', al tiempo que apuntaron que a todos los mexicanos "nos marcó mucho" al ser un "cantante único".

En el caso de Martínez, ella se "enamoró" de su marido gracias a las canciones del artista mexicano en la época en la que "éramos jóvenes", recordó.

Ahora, después de tantos años, estas dos mujeres celebran el acto de hoy porque demuestra "cómo le queremos".

"Sus canciones las cantamos porque nos enamoramos con él. O sea, las vivimos, seguimos viviendo con él en esas canciones", dijeron.

Entre el público asistente había personas de todas las edades e incluso algunos llevaban cuadros de José José o iban vestidos para la ocasión, como es el caso de Yael Miranda y Guillermo Hernández, ambos de 29 años.

"Qué bueno que hagan esto cada año porque José José vive todavía en nuestros corazones, lo echamos aún de menos y esto es un homenaje para él porque sé que nos está viendo y escuchando desde donde esté", apuntaron.

Ellos iban vestidos con traje y con pequeñas imágenes del cantante, un "homenaje" porque el 'Príncipe de la Canción' "nos enseñó a vestirnos bien y cantar".

"Honor a quien honor se merece (...) Qué bueno que se sigue transmitiendo de generación en generación, que no se vaya quedando con las generaciones anteriores, que se siga rindiendo este homenaje", remataron.

José José, nacido en Ciudad de México en 1948, se posicionó como referente de la música romántica en el continente y su legado continúa vigente a día de hoy, siete años después de su muerte a los 71 años en el estado de Florida (EE.UU).

La querella legal apunta en contra del proyecto de 5.000 millones de dólares conocido como Kaskida, aprobado por el Gobierno del presidente Donald Trump el mes pasado, que se desarrollará a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana y a una profundidad de 10 kilómetros por debajo del lecho marino, una distancia mayor que la altura del Monte Everest.

Los demandantes han advertido que Kaskida se ubicará "en aguas de mayor riesgo", si se compara con las aguas donde estaba situada la plataforma Deepwater Horizon de BP, en el Golfo de México, que en 2010 causó el peor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos.

La demanda fue presentada justo este 20 de abril cuando se cumplen 16 años de la explosión de Deepwater Horizon, que cobró la vida de 11 personas, aniquiló a un sinnúmero de animales marinos y causó daños por miles de millones de dólares en el Golfo, incluyendo la eliminación de miles de empleos locales en sectores como la pesca y el turismo.

Earthjustice, que representa a los grupos Healthy Gulf, Turtle Island Restoration Network, Habitat Recovery Project, Sierra Club y el Center for Biological Diversity, ha impugnado la aprobación de la propuesta de BP debido a que la información legalmente requerida “está ausente o presenta fallas significativas”, según explicó en un comunicado.

Los grupos aseguran que BP no logró demostrar que posee la experiencia, los conocimientos técnicos y el equipo certificado necesarios para realizar perforaciones seguras bajo las condiciones extremas del emplazamiento de Kaskida.

Subrayan que la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo, igual al que provocó el desastre de la Deepwater Horizon, “es entre seis y siete veces mayor” en comparación con los pozos petroleros típicos en aguas profundas.

BP espera extraer unos 80.000 barriles de petróleo diarios de este proyecto a partir de 2029.

Los ambientalistas han advertido que BP no demostró en su propuesta que cuente con las capacidades de contención necesarias en caso de tener que controlar un pozo fuera de control, lo que podría evitar un derrame de 4,5 millones de barriles de petróleo o más en el Golfo de México.

Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice, dijo en el comunicado que la aprobación del proyecto de BP "establece un estándar peligrosamente bajo para las compañías de petróleo y gas que desean perforar" en las aguas públicas del país.

"Nos veremos las caras con la administración Trump en los tribunales debido a su aprobación ilegal e insultante del proyecto Kaskida", añadió.

La líder de Fuerza Popular expuso ante medios locales que su partido ha cuestionado desde hace tiempo la labor de Corvetto, al que acusó sin pruebas concretas de haber avalado un supuesto fraude en su contra cuando perdió en 2021 ante el izquierdista Pedro Castillo por tercera vez consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que hace dos años, cuando Corvetto fue ratificado en su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), emitieron un informe con argumentos técnicos y legales contra la continuidad del funcionario en la ONPE.

"De cara a la segunda vuelta sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas quienes lleven a cabo la segunda vuelta", dijo Fujimori, tras las irregularidades registradas en el desarrollo de la primera vuelta, especialmente en el reparto y traslado del material electoral y de los votos emitidos.

La candidata se mostró de acuerdo con el pedido del ultraderechista Rafael López Aliaga, que se juega su pase a segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 13.000 votos, de convocar a elecciones complementarias para los peruanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de mesas de votación en centros de Lima.

"He escuchado su pedido de ayer, me parece razonable, no habla de insurgencia, de la nulidad total, sino que está pide elección complementaria. Lo que hay que hacer es esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie y desde Fuerza Popular respetaremos esta decisión", señaló.

López Aliaga, que denuncia sin pruebas concretas un fraude en su contra, amenazó este domingo al titular del JNE, Roberto Burneo para que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten un millón de ciudadanos que, según su estimación sin un sustento claro y evidente, no pudieron hacerlo los pasados días 12 y 13 de abril.

El candidato ultraconservador se dirigió a cientos de seguidores que acudieron a una concentración convocada por su partido Renovación Popular en Lima para asegurar que les están "robando el país" porque "más de un millón de peruanos no han votado porque se ha violado la ley" debido a los retrasos en la instalación de mesas de votación el día de los comicios generales.

En este sentido, Fujimori reiteró que ha puesto a disposición de Renovación Popular los personeros de Fuerza Popular para compartir información de supuestas irregularidades en el proceso electoral y ya han comenzado las reuniones.

"Me llama mucho la atención la cantidad de insultos que he recibido el día de ayer a pesar de que ya habido reuniones", dijo al añadir que no va a contestar al postulante ultraderechista, que este domingo señaló que Fujimori es cínica e insinuó que ha quedado como la candidata más votada con engaños.

Ivo De Carvalho, quien actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, ha estado radicado en Miami y ha recibido una solicitud migratoria para abandonar el país, de acuerdo con la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", declaró la autoridad en su cuenta oficial de X, añadiendo que "se le pidió al funcionario brasileño en cuestión" que se marchara.

La medida sucedió luego de que el exjefe de inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre acusado de planear un golpe de Estado, fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y liberado posteriormente.

En concreto, De Carvalho figuraba como el coordinador de las relaciones entre la representación brasileña en suelo estadounidense con ICE.

El 13 de abril, Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el ultraderechista Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en 394,7 millones de dólares a los 2.634,4 millones captados en el mismo período de 2025.

Honduras recibió en enero pasado 870,8 millones de dólares en concepto de remesas; en febrero, la cifra sumó 939 millones de dólares y en marzo, ascendió a 1.219,2 millones de dólares.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido, según el BCH.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas a Honduras, con al menos el 9 % del total, mientras que naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportaron en conjunto el 6 % restante, según el emisor del Estado.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que el 86 % de los recursos se destinó al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, según cifras oficiales.

Este flujo de recursos, de acuerdo al BCH, se mantiene como la principal fuente de divisas del país centroamericano, situándose por encima de los ingresos generados por las exportaciones y la inversión extranjera directa.

La entidad monetaria subrayó que estos envíos constituyen un pilar clave no solo para el consumo de los hogares, sino también para la estabilidad macroeconómica del país.

Honduras cerró 2025 con una recepción de 12.212 millones de dólares en remesas familiares y, según las proyecciones del BCH, se espera que para 2026 el país capte unos 10.670 millones de dólares.

Los supuestos universitarios se oponen a una reducción de los fondos públicos destinados a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la más grande del país, por un valor de 7.753 millones de lempiras (291,7 millones de dólares), que no cumplen con el mínimo establecido por ley.

Los manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, intentaron derribar las barricadas de seguridad del Parlamento hondureño y lanzaron piedras contra los agentes, quienes respondieron con bombas lacrimógenas y cañones de agua para dispersarlos.

Los disturbios se iniciaron en las inmediaciones del Parlamento y se extendieron hasta el Parque Central, el principal de Tegucigalpa ubicado en la zona histórica, lo que provocó el cierre de comercios, afectaciones a los transeúntes por la inhalación de gases y varios cristales rotos de vehículos particulares, según la prensa local.

Pese a ello, hasta el momento, no se ha informado oficialmente de heridas ni detenidas durante los disturbios en el centro de la capital hondureña.

Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, confirmó horas antes de las protestas que no se menguará el presupuesto para el 2026 porque ya se fijaron esos 291,7 millones de dólares para la casa de estudios, tras reunirse con diputados de la comisión de Presupuesto.

Si bien, el rector universitario señaló que pese a que la partida no alcanza el 6 % del presupuesto nacional que establece la Constitución, los fondos acordados garantizan la operatividad de programas estudiantiles clave para el presente ciclo académico.

El Gobierno de Honduras presentó el pasado día 9 de abril ante el Parlamento un proyecto de presupuesto nacional reformulado para 2026 que asciende a 444.265,8 millones de lempiras (unos 16.732,2 millones de dólares).

Según informó este lunes el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, el proyecto de presupuesto será sometido a consideración del pleno este martes.

La tara es considerada uno de los principales recursos forestales no maderables de Perú, que es el mayor exportador mundial de la planta, que tiene como principales destinos a países como China, Italia, Brasil, México y Argentina.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) presentó este lunes los principales resultados del programa 'Tara Ñan 2025' y anunció el inicio de su segunda fase durante talleres técnicos realizados en las provincias de Aymaraes y Chincheros, en el departamento surandino de Apurímac.

En ese sentido, se brindó asistencia técnica a 665 productores y se logró formalizar a más de 500 de ellos, en un proceso que permitió registrar 1.220 hectáreas e incorporar más de 585.000 árboles de tara a la cadena productiva.

También se fortalecieron las capacidades de más de 300 productores, asociaciones, autoridades y profesionales vinculados y se logró el acceso a financiación por más de 1,17 millones de soles (unos 340.000 dólares).

El programa identificó, además, más de 2,5 millones de hectáreas con potencial para establecer plantaciones de tara y evaluó más de 1.500 árboles, para identificar tipos morfológicos de alto rendimiento que permitan incrementar la productividad.

"La iniciativa ha contribuido a fortalecer a los productores de tara, a través de la implementación de acciones clave sobre formalización, asociatividad, acceso al financiamiento y buenas prácticas, posicionando a la tara como una alternativa sostenible para el desarrollo rural", señaló al respecto la directora de Estudios e Investigación del Serfor, Fabiola Carreño.

La especialista añadió que estos avances "evidencian el potencial de la tara como recurso estratégico para el desarrollo económico y forestal del país".

La nueva fase del programa estará orientada durante 2026 al incremento técnico-productivo y la evaluación periódica de parcelas de monitoreo para generar información sobre el comportamiento de los tipos de tara 'Almidón Blanco', 'Enana' y 'Roja' en condiciones altoandinas, con evidencia para la toma de decisiones productivas.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

"No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó.

La cantante, conocida por éxitos como 'Hung Up', hizo un llamado para que cualquier persona que conozca su paradero se ponga en contacto con su equipo. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentenció.

La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

Su participación en uno de los festivales de música más importantes, en el que interpretó a dueto 'Vogue' y 'Like A Prayer' y una canción que aparentemente pertenece al nuevo álbum de Madonna, coincidió con el anuncio el pasado miércoles de su nuevo disco, 'Confessions On a Dance Floor. Part II', que saldrá el 3 de julio.

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, que confirmaron la muerte de cinco personas por arma de fuego, dijo a EFE que "verificaron sin signos vitales" a los fallecidos al ingresar a la cevichería tras ser alertados de la emergencia.

Las circunstancias del ataque armado están bajo investigación.

Los cadáveres de los fallecidos quedaron en distintos puntos del restaurante, ubicado en un barrio al norte del centro de la Ciudad de Guatemala, según constató EFE.

De acuerdo a medios locales, al menos otras tres personas resultaron heridas en el tiroteo, incluido un niño.

El pasado 4 de abril, dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en el municipio de La Gomera del departamento (provincia) de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron 2.910 este tipo de homicidios.

"Abajo el alto costo de la vida", "Abajo la inseguridad", "3.000 gourdes de salario mínimo", se leía en algunas de las pancartas que portaban los manifestantes.

El salario mínimo de estos trabajadores es de 685 gourdes (unos 5,65 dólares) por ocho horas de trabajo, por debajo del precio de un galón de los combustibles de mayor consumo.

Además del aumento del salario mínimo, los trabajadores exigen un apoyo social permanente, que incluya subsidios para la vivienda, el transporte, la educación y el consumo de la canasta básica.

El último aumento del salario mínimo en Haití se remonta a febrero de 2022, cuando se fijó en 685 gourdes (unos 5,26 dólares) por jornada de ocho horas para las industrias de montaje y el resto de industrias manufactureras orientadas a la exportación.

En mayo de 2025, el Consejo Superior de Salarios (CSS) presentó un informe al Gobierno sobre el ajuste del salario mínimo en todos los sectores productivos.

Los manifestantes también denunciaron el "clima de inseguridad programado" en la nación, y las "connivencias" entre las autoridades y las bandas armadas que siembran el terror día y noche.

"Cuando se tiene hambre, no se bromea", cantaron los trabajadores para expresar la insuficiencia del salario mínimo, que no basta para pagar el transporte y la comida durante una jornada laboral.

Los trabajadores respondieron al llamado de los gremios Sindicato de Trabajadores del Sector Textil y de la Confección (SOTA), Batalla de los Trabajadores y de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA).

La mayoría de los manifestantes están empleados en el Parque Industrial Metropolitano, conocido como Sociedad Nacional de Parques Industriales (Sonapi), bajo el modelo de zonas francas, situado en el centro de Puerto Príncipe.

Este amplio movimiento de protesta se desencadenó el pasado 13 de abril, poco después de la subida de los precios de los derivados del petróleo, lo que provocó un aumento generalizado de los precios de los productos y servicios.

El Gobierno ha permanecido callado ante los reclamos de los trabajadores.

Haití atraviesa por una crisis en prácticamente todos los órdenes, principalmente en la inseguridad a causa del accionar de las bandas armadas que dominan el 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe, y que han expandido sus crímenes hacia otras regiones.

La alfombra roja de la 'premiere', en el Lincoln Center, fue un despliegue de moda digno de la revista ficticia Runway, encabezado por sus cuatro protagonistas, que posaron sonrientes entre dos enormes esculturas de zapatos con un tridente en el tacón, símbolo de la obra.

Streep, de 76 años, que interpreta a la temible Miranda Priestley, directora de Runway, lució un vestido-capa en color naranja combinado con zapatos y largos guantes negros, a juego con unas enormes gafas de sol.

Hathaway, de 43, y que encarna a la ya no tan novata Andy Sachs, entonces asistente de Priestley, se presentó con un vestido rojo de satén, con un corpiño lencero y la falda voluminosa, completo con sandalias de tacón también rojas.

Blunt, de 43, la asistente veterana de la directora, llevó un vestido en color claro y de aire romántico, con cascadas de tul superpuestas, mientras que Tucci, de 65, el director de moda que mentoriza a Sachs, llevó un traje clásico oscuro, con chaqueta de terciopelo.

No quisieron perderse el evento una multitud de celebridades, incluyendo a la actriz Simone Ashley, que es una nueva asistente en la película; la modelo Coco Rocha, el diseñador Christian Siriano, la cantante Ciara y el deportista Russell Wilson.

El estreno fue el culmen de una gira de promoción mundial que ha durado más de un mes, y en la que los protagonistas han convertido cada presentación en una pasarela de moda, haciendo honor a la temática de la película.

Rodríguez señaló que la reunión fue para reiterar el “firme compromiso” del Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hacia la protección de los derechos humanos, así como poner en el centro la atención a las víctimas y sus familias.

La titular de la Segob destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X la cooperación con la ONU para “alcanzar la verdad, la justicia y la reparación” en el marco de la visita de Türk, quien mantendrá el próximo 22 de abril un encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

“Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, apuntó la publicación.

En un comunicado, la dependencia defendió que en el país “se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano”.

Asimismo, subrayó que “desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie" y aseguró que "México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo”.

El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reiteró que “la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente”.

En ese sentido, precisó que se han ofrecido “nuevas herramientas para abordar este delito”, como alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición.

“En esta agenda se ha fortalecido el trabajo con el Alto Comisionado en México y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde el centro de toda la acción seguirá siendo las víctimas y sus familias”, apuntó el documento.

El jefe de derechos humanos de la ONU también mantendrá encuentros con representantes de organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes -a través de una carta con cientos de firmantes- le solicitaron su respaldo para que la crisis de la desaparición forzada sea tratada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita de Türk ocurre en medio de una ola de violencia que ha provocado la desaparición de más de 130.000 personas, un "crimen de lesa humanidad", según señaló el CED de la ONU, que busca escalar esta crisis a la Asamblea General.

Una acusación que Sheinbaum ha rechazado al criticar las “debilidades y la orientación” de los informes emitidos por el CED.

"Hemos llevado a cabo una reunión (...) con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre nuestros pueblos", expresó el ministro venezolano de Exteriores en redes sociales.

Sin dar detalles sobre lo conversado, Gil dijo que el encuentro se celebró como parte de la cooperación en el ámbito diplomático, económico y comercial entre Caracas y Moscú, que celebraron en marzo 81 años de relaciones.

Rusia ha abogado en varias oportunidades por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado enero por Estados Unidos en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.

El embajador ruso en Caracas responsabilizó posteriormente a los militares venezolanos de no contar con la "capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró Mélik-Bagdasárov en una entrevista con el canal Rossia 24 en enero.

En marzo, Gil se reunió en Caracas con el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, un mes después de que Moscú denunciara que sus compañías sufrían presiones para abandonar el país suramericano.

En el encuentro, revisaron los progresos de su "cooperación estratégica", según el canciller.

En noviembre del año pasado, entró en vigor el denominado Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, el cual amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez desde entonces, y el del presidente estadounidense, Donald Trump, han acercado posiciones y restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

"El día hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia. Esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual conclusión ofrezca paz a las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años por esta justicia", dijo el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, horas después de la llegada del extraditado a suelo panameño.

Al mediodía de este lunes el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, el presunto terrorista de Hizbulá, llegó a Panamá extraditado desde Venezuela tras ser capturado en 2025 en la venezolana Isla de Margarita por una alerta roja emitida por el país centroamericano.

Jalil está vinculado al caso del vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas que en 1994 estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en el Caribe, a unos 80 kilómetros de la capital. No hubo supervivientes.

El atentado cobra relevancia porque ocurrió un día después del ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

El embajador estadounidense aclaró hoy que ahora inicia un proceso ante la justicia panameña, pero señaló que hay una posibilidad de que Jalil sea extraditado a EE.UU. para enfrentar allí la justicia, ya que entre los fallecidos en el atentado hay, al menos, tres estadounidenses.

"El acto ocurrió aquí en Panamá, la mayoría de las víctimas son de acá. Por eso hemos estado trabajando con Panamá para ayudarlos a hacer su caso y que él pueda enfrentar la justicia aquí. Pero nos reservamos el derecho de hacer eso", dijo Cabrera al ser preguntado por una posible extradición.

De igual manera, Cabrera enfatizó que la extradición de ese presunto terrorista de Hizbulá fue gracias a una estrecha colaboración entre Estados Unidos, Panamá y Venezuela, concretamente con el trabajo por más de 30 años del El Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil.

El expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) dijo durante su mandato que recibió una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que le aseguraba que sus servicios de inteligencia tenían pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por Hizbulá.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó este lunes de "manera categórica" las acciones de intimidación hacia los niños de esa escuela y "su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados".

"Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible", aseguró la Consejería Presidencial.

En un video compartido por Caracol Radio, se ve a varios hombres y mujeres armados junto a niños y niñas con los que se toman fotografías después de entregarles material escolar en un salón de clases.

En las fotografías difundidas fueron identificados alias Héctor, Cristian y Mauricio, quienes hacen parte del grupo Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.

Según los informantes, los disidentes entregaron mensajes impresos en los que se lee que hacen "felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados", como parte de una estrategia de adoctrinamiento social.

Frente a este hecho, la Consejería Presidencial hizo un llamado "urgente a todos los actores armados a respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez y a abstenerse de cualquier acción que los involucre directa o indirectamente en el conflicto".

Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros para la infancia y la adolescencia.

El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del EMC, que es el criminal más buscado de Colombia y a quien las autoridades responsabilizan de numerosos ataques a la Policía y al Ejército.

El Banco Mundial calificó como "productiva" la reunión sostenida con Plasencia, en el marco de la reactivación del diálogo entre Caracas y el organismo multilateral.

En ese contexto, la vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó en su cuenta de X que la reapertura del vínculo con Venezuela abre "una oportunidad real para generar empleos, atraer inversiones y apoyar el crecimiento".

"Estamos dispuestos a colaborar con Venezuela en el camino que tienen por delante", añadió la alta funcionaria del Banco Mundial, en referencia al proceso de acercamiento tras la reanudación de relaciones anunciada por el organismo.

El pasado 16 de abril, el Banco Mundial anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo el Gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que concluyeron el pasado sábado en Washington.

La semana pasada, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI", según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.

En los años setenta, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.

Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los ochenta y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.

Brandoni, que había estrenado recientemente 'Parque Lezama', de Juan José Campanella, falleció en Buenos Aires a los 86 años, tras complicaciones derivadas de una caída sufrida el 11 de abril.

Referentes de la política, como el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien recordó al actor como alguien que “defendió la libertad, la democracia y la República”, y del ámbito cultural destacaron su legado.

El actor Ricardo Darín lo definió como un “mago” del oficio y un “actor maravilloso”, en alusión a una trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine, el teatro y la televisión argentina.

Guillermo Francella, junto a Brandoni y Darín entre los actores más reconocidos del país, y quien trabajó con el recién fallecido en títulos como 'Mi obra maestra' (2018), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, expresó en declaraciones al canal Telefe: "Para mí ha sido un referente y alguien con quien generé una amistad hermosa, un emblema para mí".

La actriz Graciela Borges dijo también en Instagram "Vas a estar siempre en mi corazón”, mientras que Soledad Silveyra, que compartía escenario junto a Brandoni en '¿Quién es quién?', la obra que se tuvo que suspender tras su caída, aseguró que se trataba de un "día muy triste para la cultura".

El Gobierno de la ciudad decretó dos días de duelo y dispuso el velatorio en el edificio legislativo porteño, donde durante unas doce horas familiares, colegas y ciudadanos se acercaron a despedir al actor, en un homenaje abierto al público.

La duración de la ceremonia respondió a un deseo expresado en vida por el propio Brandoni, según relató su entorno, que recordaba su preferencia por los velatorios prolongados.

"Pudimos, por suerte, acompañarlo hasta lo último", dijo Micaela Brandoni, hija del actor, en la puerta del lugar.

El empresario teatral Carlos Rottemberg, amigo del actor durante casi cinco décadas, difundió una carta en la que lo definió como “el último primer actor de una generación” y destacó tanto su legado artístico como su vínculo personal, marcado por años de trabajo compartido y experiencias durante periodos complejos como la dictadura.

A lo largo de la jornada, instituciones culturales, partidos políticos y organizaciones del sector artístico enviaron coronas fúnebres al Legislativo y coincidieron en resaltar su figura como referente de la identidad cultural argentina, en una carrera de más de seis décadas que incluyó títulos como ‘La tregua’ (1974), ‘La Patagonia rebelde’ (1974) y ‘La odisea de los giles’ (2019).

La presentadora Susana Giménez, quien trabajó con él en el filme 'Esa maldita costilla' (1999), expresó en redes sociales: "Hemos perdido un irrepetible".

El productor de cine Axel Kuschevatzky, por su parte, aseguró: "Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años".

Además de su trayectoria artística, fue dirigente de la Unión Cívica Radical y diputado nacional entre 1997 y 2001, faceta que también fue destacada en las reacciones tras su fallecimiento.

Durante la última dictadura militar (1976-1983) fue detenido y posteriormente se exilió, un episodio que marcó su compromiso público, recordado en varias de las despedidas difundidas este lunes.

Familiares, amigos y colegas darán el último adiós a Brandoni este martes a partir de las 11:00 hora local (14:00 GMT) en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde será sepultado.

El personaje de Ortega aparece sentada en una motocicleta y Thing (Cosa) sujetando un misterioso papel en sus manos frente a la Torre Eiffel bajo el lema "Desde París, con pavor".

Pocos detalles se han revelado sobre la trama de esta tercera entrega, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, y que todavía no tiene fecha de estreno.

La plataforma de contenidos en línea informó recientemente que la tercera temporada contará con la participación de Lena Headey ('Game of Thrones'), Andrew McCarthy ('St. Elmo's Fire'), James Lance ('Ted Lasso'), Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia; junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

A ellos se suma la estelar Wynona Ryder ('Stranger Things'), quien volverá a trabajar junto al célebre director Tim Burton.

Inspirada en la Familia Addams, afamada serie televisiva de los años 60 del siglo XX, 'Wednesday' se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1.000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma.

"Si se negocia sobre Cuba, la sociedad cubana debe tener silla propia en una mesa de negociación sobre nuestro futuro", afirmó el CTDC en una declaración divulgada en La Habana.

La plataforma disidente considera que cualquier conversación sobre "cambio, democratización, apertura, estabilidad, gobernabilidad o futuro nacional no debería quedar reducida a un intercambio entre dos gobiernos".

"La complejidad y los desafíos presentes y futuros desbordan la capacidad de los Estados para afrontarlos", añade.

Argumenta su propuesta en el hecho de que el reconocimiento público de contactos y negociaciones entre las autoridades de Cuba y de EE.UU. confirma que "se está abriendo un momento político delicado y potencialmente significativo" para el país.

Por ello afirma que "si hay negociaciones que puedan influir en el rumbo del país, la nación real, no solo la oficial, debe estar representada en ellas de manera visible y legítima".

"Cuba no es solo su Estado. Cuba es también su ciudadanía, su sociedad civil, sus familias, sus presos políticos, sus comunidades religiosas, sus profesionales, sus reformistas, su sociedad civil y comunidad pro democrática, sus emprendedores y su diáspora", sostiene el Consejo.

Alega que una negociación sin ciudadanía organizada puede convertirse en "un arreglo entre élites, útil para administrar coyunturas, pero insuficiente para abrir una salida legítima, estable y duradera".

El CDPC que preside Manuel Cuesta Morúa, cree que una mesa con "credibilidad" nacional e internacional debería cumplir, al menos, con: reconocimiento explícito de estatales; una agenda "pública, breve y verificable"; representación "plural de sectores cívicos y democráticos" del país.

Y contar con un método "no violento, serio y orientado a soluciones" y el acompañamiento internacional que "reconozca el derecho de la sociedad cubana a tener voz propia, sin sustituirla".

Precisamente en esta fecha, las autoridades cubanas reconocieron por primera vez la celebración en la isla de un encuentro entre representantes de ambos Gobiernos, días después de que la cita se filtrase en tres medios estadounidenses -Axios, The New York Times y USA Today-, todos con fuentes anónimas.

Asimismo resaltaron que en la reunión no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios" y que el intercambio se produjo "de forma respetuosa y profesional".

Las informaciones procedentes de EE.UU. apuntaron que Washington exigió a la parte cubana liberar en el plazo de dos semanas a presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como un gesto inicial de buena voluntad.

A ellos se sumaría una lista de exigencias, esencialmente de profundas reformas económicas y políticas.

Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo' (abril 2026) publicado este martes, el Ejército de Sudán y sus aliados recuperaron en enero y febrero la capital, Jartum, y el estado de Gezira, y lanzaron represalias contra la población civil, en particular contra la comunidad kanabi, a la que acusaron de colaborar con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

En octubre, las FAR tomaron Al Fasher, capital de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, tras un asedio de 18 meses y cometieron "matanzas masivas de civiles, violaron a mujeres y niñas y las sometieron a otros actos de violencia sexual" y tomaron rehenes para pedir rescates.

El grupo también intensificó sus operaciones en la región de Kordofán, donde llevó a cabo ejecuciones sumarias, como en la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, en el sur del país, según el documento de AI.

Amnistía Internacional subrayó que la violencia sexual relacionada con el conflicto fue "generalizada y sistemática" por parte de las FAR, que la utilizaron para humillar, castigar, infundir miedo y desplazar a mujeres y comunidades enteras en Jartum, Gezira y Darfur, si bien también señaló al Ejército de cometer violaciones, acoso sexual y tortura sexualizada contra mujeres y hombres, especialmente durante detenciones.

El informe alerta, asimismo, de que actores externos, en particular Emiratos Árabes Unidos, alimentaron el conflicto con "transferencias irresponsables de armas", incluido armamento chino avanzado suministrado a las FAR y utilizado en Darfur.

En el ámbito humanitario, más del 50 % de la población sudanesa sufre inseguridad alimentaria aguda con hambruna detectada en varias zonas y millones de personas en riesgo de morir de inanición, agravado por los bloqueos impuestos por grupos armados y los recortes en la ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos.

Amnistía Internacional exige a las partes en conflicto que protejan a la población civil, pongan fin a los ataques selectivos e indiscriminados y garanticen el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas, y reclama a la comunidad internacional que detenga las transferencias de armas y redoble los esfuerzos para poner fin a la impunidad.

El informe 'La situación de los derechos humanos en el mundo', publicado este martes, documenta cómo los enfrentamientos y las prácticas represivas agravaron la crisis, con millones de desplazados, hambrunas y ataques contra civiles en los países de la región, afectados también por los coletazos de la guerra en Gaza.

En 2025, el Líbano sufrió ataques israelíes casi diarios que causaron más de un centenar de muertes de civiles (entre 103 y 127) y destruyeron más de 10.000 estructuras y tierras agrícolas en el sur pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, informó la organización internacional en el documento.

Asimismo, detalló que los efectos de la guerra así como la vulneración de la tregua exacerbó la crisis económica del país, lo cual impidió un correcto desarrollo del sistema de protección social universal; que se vio colapsado por la acogida de millones de refugiados sirios y palestinos en condiciones precarias.

También alertó de la situación de la libertad de prensa en el país, después de que las autoridades libanesas citaran a declarar a activistas y periodistas por cargos de difamación y otras acusaciones imprecisas, mientras avanzaba en el Parlamento un proyecto de ley de medios para mejorar la libertad de expresión, aunque con limitaciones.

Siria, tras la caída de Bachar al Asad en 2024, vivió "un periodo de transición con avances en sociedad civil, pero persistieron enfrentamientos sectarios, ejecuciones extrajudiciales y más de 1.400 homicidios civiles", señaló AI, que denunció que Israel continúa ocupando los Altos del Golán y generando inestabilidad en la frontera siria.

AI documentó que grupos armados afines al Gobierno anterior perpetraron masacres contra la comunidad alauí en las regiones costeras, con más de 1.400 civiles muertos, mientras que en la gobernación de Sueida se registraron ejecuciones extrajudiciales de decenas de drusos y abusos graves por grupos armados drusos y beduinos.

Según el informe, el Yemen vivió continuos ataques de los rebeldes chiíes hutíes, y bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron e hirieron a centenares de civiles, incluidos migrantes en centros de detención. Además, documentó que las partes en conflicto practicaron detenciones arbitrarias, mientras la inseguridad alimentaria extrema afectó a casi la mitad de la población.

El informe de AI también analizó la situación de los derechos humanos en los países del golfo Pérsico y denunció que Arabia Saudí registró un número récord de ejecuciones, con la aplicación de la pena capital a "cientos" de detenidos, muchos por delitos de drogas, incluidos extranjeros y personas que eran menores en el momento de los hechos.

Asimismo, denunció que el reino árabe intensificó la represión de la libertad de expresión y asociación; que más de 13 millones de trabajadores migrantes sufrieron discriminación sistemática y que muchos empleados domésticos se vieron sometidos al sistema de patrocinio conocido como 'kafala'.

Respecto a Baréin, AI documentó que este país amplió la producción de petróleo y gas pese a sus compromisos climáticos, mientras que Catar aparece en el informe regional como exportador masivo de gas.

Tras presentar este panorama regional, Amnistía Internacional urgió a los Estados de la región a cesar la represión, investigar crímenes internacionales y garantizar rendición de cuentas, protección a civiles y derechos económicos, sociales y ambientales.

También advirtió que la impunidad y los recortes de ayuda internacional agravan una crisis que amenaza la estabilidad de todo Oriente Medio.

El informe, que recopila los principales sucesos de 2025 y por ello no expone los efectos de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no especifica el número total de ejecuciones cometidas en el país, aunque remite a una denuncia de septiembre en la que aseguraba que ya a aquellas alturas del año eran más de 800 los ejecutados.

Indicó que uno de los condenados era menor en el momento de cometer el delito, recordando que en Irán los niños de 15 años y las niñas de 9 ya están sujetos a responsabilidad penal.

La organización también incidió en el carácter "arbitrario" de detenciones como las de al menos 21.000 personas que fueron arrestadas en agosto, tras la guerra de doce días que libraron Irán e Israel.

De igual manera, alertó de "los juicios sistemáticamente injustos" que se dan en el país, orientados a veces a la "toma impune" de "rehenes" extranjeros o personas con doble nacionalidad, con confesiones bajo tortura, sin independencia judicial y sin separación de funciones entre fiscalías y autoridades judiciales.

Además, hizo hincapié en la persecución de las opiniones críticas con el sistema político de la República Islámica, la criminalización de los derechos de reunión y asociación, y la "fuerza ilícita", en ocasiones mortal, empleada para reprimir las "protestas pacíficas" sucedidas entre marzo y agosto de 2025.

AI recordó que en junio de 2025 "más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas" fueron asesinadas en Irán a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados en el marco de la guerra de doce días que libraron ambos países.

El informe también se refirió a los bombardeos "deliberados" de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, en Teherán, en los que murieron "al menos 80 civiles" y que "representa una grave violación del derecho internacional humanitario", que puede constituir un "crimen de guerra".

De igual manera, la organización recordó que las autoridades iraníes respondieron a Israel empleando "ilícitamente" municiones de racimo contra zonas residenciales en las que mataron a al menos 29 personas y que utilizaron la guerra "para intensificar la represión interna" en su país, como ya indicaban al denunciar el número de arrestos y ejecuciones efectuadas en 2025.

En 2025 más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familiares en Irán, un conteo parcial debido a la falta de estadísticas públicas cuya cifra real puede ser "muy superior", según AI, que recordó que la edad legal de matrimonio para las niñas sigue siendo de 13 años, aunque sus padres pueden solicitar un permiso judicial para "casarlas a la fuerza incluso antes".

La organización también indicó que la represión por no emplear el velo islámico continúa favoreciendo "detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones" a todo tipo de mujeres, especialmente figuras públicas.

AI afirmó que más de 1,8 millones de personas refugiadas afganas fueron forzadas a regresar a su país desde Irán en el año 2025, entre ellas menores no acompañados y mujeres o solicitantes de asilo vulnerables a represalias.

De igual manera, el informe de la organización señaló las condiciones continuadas de discriminación y pobreza a las que están sujetas las comunidades minoritarias en territorio iraní, como los kurdos o los baluchis.

Respecto a la comunidad LGBTI+, destacó la persistencia de la pena capital y el uso extendido de "terapias de conversión", entre otras situaciones de discriminación vividas por el colectivo en Irán.

En su presentación previa ayer ante los medios en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, denunció la actitud de los países europeos que en general han optado por la complicidad o el silencio con las violaciones al derecho internacional cometidos principalmente por tres gobernantes: el estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamin Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

"Hay Gobiernos, y en particular el de España, que insisten en que debemos mantener una brújula moral de quiénes queremos ser y qué queremos hacer", dijo, en referencia a un mundo contemporáneo que, según ella, ha perdido esa 'brújula moral'.

En ese contexto citó varias veces el ejemplo de España como distinto a los demás países que buscan el "apaciguamiento" ante los poderosos. Al ser preguntada por si otros países en el mundo podían compararse a España en esa defensa del orden mundial, Callamard dudó y dijo que solamente Sudáfrica, y ni siquiera por completo, pues solo alzó la voz para defender a los palestinos en Gaza pero ha callado ante otros conflictos.

Más tarde, y en declaraciones a EFE, justificó las menciones a España: su Gobierno -dijo- "es el único que está respondiendo contra este orden mundial depredador que se está construyendo, y ha sido el único en denunciar sistemáticamente las violaciones a la legalidad internacional, quienquiera que las cometa, incluyendo a Israel".

Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025, los principales conflictos armados africanos, como el de Sudán o el del este de la República Democrática del Congo (RDC), empeoraron y dieron lugar a violencia sexual y ejecuciones, sin que rindieran cuentas los responsables.

"Continuaron las denuncias de ataques y homicidios ilícitos por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en otros conflictos de larga duración en la región, entre ellos los de Burkina Faso, Camerún, Mali, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur", señala el documento.

Junto con los asesinatos y la violencia sexual, los conflictos en el continente han ido acompañados de una crisis alimentaria, agravada por otros factores como las perturbaciones climáticas o la situación económica.

"En julio, el hambre afectaba a más de 307 millones de personas, es decir, a más del 20 % de la población de la región. En varios países, la escasez de alimentos se vio agravada por los recortes en la ayuda, incluidos los aplicados por el gobierno de Estados Unidos", indica AI.

También acusa a los gobiernos de no proteger a la población de las sequías y las inundaciones, agravadas tanto por el cambio climático como por los conflictos.

Los combates y la inseguridad provocaron igualmente la interrupción del acceso de los niños a la educación y de la población en general a los servicios de salud, sometidos a una mayor presión por los recortes de ayuda y financiación de Estados Unidos.

Al margen de los conflictos armados, el informe expone que las autoridades del continente a menudo trataron las protestas como una "amenaza" y las dispersaron con violencia, las restringieron de forma "indebida" o directamente las prohibieron.

"Muchas personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad reprimieron protestas mediante el uso ilícito de la fuerza, incluida la fuerza letal", afirmó AI, que recordó los cientos de muertos en Tanzania entre finales de octubre y principios de noviembre durante las manifestaciones postelectorales.

Del mismo modo, se hizo eco de las decenas de muertes en Kenia, Madagascar, Togo o Camerún a lo largo del año durante varias protestas.

Además, la libertad de expresión siguió "estando amenazada" en toda la región, y las personas críticas con los gobiernos se enfrentaron a "arrestos, detenciones arbitrarias y acoso judicial", en países como Angola, Guinea, Senegal, Kenia, Sierra Leona o Zimbabue.

Burkina Faso, Camerún, Níger o República Centroafricana suspendieron o disolvieron ONG, sindicatos y otras asociaciones.

Si bien las desapariciones forzadas de opositores continuaron siendo "endémicas", Amnistía observó una "tendencia creciente" en las desapariciones forzadas de carácter transnacional, sobre todo en África oriental.

Por último, el informe sostiene que la violencia de género, incluido el feminicidio, persistió en toda la región; y que las autoridades siguieron alimentando la discriminación y la violencia contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTI.

"Los grupos armados, algunos de los cuales contaban con el respaldo de las fuerzas gubernamentales, cometieron cada vez más violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que podían constituir crímenes de guerra", señaló AI en su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025.

Las hostilidades entre el Ejército y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda, se intensificaron en enero tras la toma por parte de los insurgentes de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, donde ejecutaron sumariamente a civiles y sometieron a torturas y malos tratos a los detenidos.

"Sus combatientes -del M23- atacaron hospitales en Goma y secuestraron a pacientes, acompañantes y, en algunos casos, soldados congoleños que se ocultaban en ellos", alertó AI.

Decenas de miles de desplazados fueron expulsados de los campamentos cercanos a la ciudad de Goma tras su conquista por parte de los rebeldes, todo ello mientras el M23, las milicias Wazalendo -patriotas, en suajili, y aliadas de Kinsasa- y las fuerzas de seguridad gubernamentales cometían violaciones en grupo contra mujeres.

Los casos de violencia sexual alcanzaron unas cifras "alarmantemente altas" en el este del país, donde entre enero y septiembre se cometieron más de 81.000 violaciones, un 31,5 % más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la ONU.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre el 9 y el 21 de julio hubo combatientes del M23 que mataron al menos a 319 civiles en el territorio de Rutshuru, incluidos menores de edad y mujeres.

El documento también expone cómo el M23 detuvo, torturó y amenazó a periodistas, a defensores de derechos humanos y a miembros de la sociedad civil, al mismo tiempo que sometió a desapariciones forzadas a cientos de personas que consideró opositores.

De forma paralela, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), mataron entre julio y agosto a más de 250 civiles en distintos ataques en la provincia de Ituri y en Lubero (territorio de Kivu del Norte), como represalia por las operaciones milItares gubernamentales.

Por otro lado, añadió AI, las autoridades de Kinsasa usaron la pena de muerte contra civiles a través de tribunales militares, lo que supone una violación de las normas internacionales sobre juicios justos.

Durante el pasado año se restringieron aún más los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y la libertad de credo, así como la censura en internet. Además, se intensificaron la campaña de represión de la disidencia, las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías.

Tanto en el campo de batalla como en la retaguardia la tortura y los malos tratos fueron "endémicos" y se continuó persiguiendo a las minorías sexuales y marginando a los hijos de los inmigrantes, que en su mayoría no están escolarizados. A su vez, "la censura es omnipresente en la vida pública".

El informe hace especial hincapié en "las restricciones graves" de la libertad de expresión. Cualquier crítica de la guerra o de la política gubernamental puede representar una pena de cárcel. Ese fue el caso de Mark Kislitsyn, un transgénero condenado a 12 años de cárcel por transferir en señal de protesta unos 10 dólares a una cuenta bancaria ucraniana.

A partir de septiembre buscar "deliberadamente" materiales extremistas en internet y publicitar las redes VPN acarrea multas, a lo que hay que sumar la prohibición del inexistente Movimiento Internacional de Satanistas.

Uno de los casos más sonados fue el arresto de tres jóvenes artistas callejeros del grupo Stoptime de San Petersburgo tras interpretar canciones prohibidas. Dos de los miembros del grupo se tuvieron que exiliar.

Además, las autoridades rusas perseveraron en su intento de crear el conocido como 'internet soberano', bloqueando el acceso a webs, plataformas y redes sociales -Telegram y WhatsApp-, y ralentizando internet en todo el país. Las autoridades imponen el uso de la plataforma rusa MAX, controlada por las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la sociedad civil, 219 organizaciones, medios de comunicación e individuos fueron declarados 'agentes extranjeros', y se les prohibió realizar cualquier actividad educativa. Otras 95 organizaciones fueron catalogadas de 'indeseables', entre ellas AI y Human Rigths Watch.

El copresidente del observatorio electoral GOLOS, Grigori Melkoniants, fue condenado a cinco años de cárcel después de criticar duramente los procesos electorales de los últimos años, incluido el referéndum constitucional que permitió al presidente, Vladímir Putin, presentarse en 2024 a la reelección.

AI también llama la atención de las detenciones arbitrarias con cargos falsos como 'rasgo distintivo del sistema de aplicación de la ley' en Rusia. En concreto, tres abogados del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, fueron condenados a hasta 5,5 años de prisión por presuntamente ayudar a su cliente a comunicarse con el exterior.

Otros cuatro periodistas fueron sentenciados a cinco años de cárcel por supuesta colaboración con el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni, a lo que hay que sumar más de un centenar de causas por donaciones a esa organización. Recuerda que varios laboratorios extranjeros confirmaron que Navalni había sido envenenado en prisión.

El Estado ruso incrementó los procesos penales por terrorismo, traición o espionaje contra figuras políticas de la oposición democrática dentro y fuera de Rusia. Uno de los más castigados fue el único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, varios de cuyos miembros han sido detenidos.

También hubo muchos juicios en ausencia como la condena al escritor más leído de Rusia antes de la guerra, Boris Akunin, que fue castigado con 14 años de cárcel por sus duras críticas a Putin.

El informe alerta sobre la impunidad de la tortura y de sus perpetradores en las prisiones rusas. Dos hombres de origen azerbaiyano murieron en custodia policial tras ser detenidos en la ciudad de Yekaterimburgo. Además, el opositor Alexéi Górinov, encarcelado por condenar la campaña militar en Ucrania, fue recluido en varias ocasiones en celdas de castigo pese a su frágil estado de salud.

Las autoridades también continuaron la persecución de los miembros de los Testigos de Jehová por extremismo, de los que 157 seguían en prisión en octubre pasado, y restringieron aún más el derecho al aborto en la sanidad pública.

AI denuncia "abusos graves" de los derechos de los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, lo que incluyó desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, régimen de incomunicación y tortura. Algunos de estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, apunta.

"Israel siguió imponiendo intencionalmente condiciones de existencia que acarreaban la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza", detalla el informe publicado este martes, que también denuncia un creciente sistema de 'apartheid' en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este.

Amnistía señala que la población de Gaza, más de dos millones de personas, fue sometida por Israel "de manera masiva a hambruna, homicidios y desplazamientos" el año pasado, lo que se sumó a la destrucción continuada de viviendas y otras infraestructuras de carácter civil.

Solo durante 2025, Israel mató a 26.791 gazatíes e hirió a 64.065 más; el 60 % eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada, detalla el texto según datos de defunciones de la Sanidad gazatí. Además, siguió atacando espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, cafeterías, mercados y escuelas donde se refugiaban personas.

Entre las jornadas más letales, Amnistía recuerda como el 18 de marzo de 2025, Israel mató en bombardeos inesperados a al menos 414 gazatíes, incluidos 174 niños, poniendo fin al anterior acuerdo de alto el fuego firmado ese enero.

Además, detalla como en mayo, Israel destruyó deliberadamente la localidad de Juzaa (Jan Yunis) en la que vivían 11.000 personas "sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara" o como en septiembre comenzó a demoler al menos 16 rascacielos residenciales y comerciales en la ciudad de Gaza, que arrasaron los campamentos improvisados próximos y provocaron un nuevo desplazamiento de miles de familias.

"Israel debe poner fin a su genocidio contra la población palestina de Gaza, lo que incluye respetar sus obligaciones jurídicas de permitir el acceso sin trabas a la ayuda, levantar por completo su bloqueo ilegal y retirar su presencia militar ilegal, tal como ha indicado la Corte Internacional de Justicia en sus opiniones consultivas", concluye Amnistía.

Sobre Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, Israel forzó en 2025 el desplazamiento permanente de más de 36.000 palestinos, entre ellos de los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem; marcando también un récord histórico de demoliciones registradas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desde 2009.

Además, el gobierno israelí permitió la creación de 86 puestos de avanzada ilegales (inicio de asentamiento) y de otras 54 colonias, que se sumaron a los alrededor de 371 ya existentes, según la ONG Yesh Din. A su vez, el Ejército permitió cada vez más a los colonos atacar y aterrorizar con total impunidad a los palestinos, incluso a veces sumándose "a la violencia gratuita y protegieron a los colonos", según el informe.

En Cisjordania, 220 familias de 19 aldeas abandonaron sus hogares por esta violencia y tuvieron que desplazarse, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.

En una escala regional, Israel lanzó ataques también contra Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen. En el caso de la guerra de 12 días contra Irán iniciada en junio, que repitió junto a EE.UU. en 2026, Israel dañó infraestructuras civiles y mató a más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños.

"Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional", denuncia Amnistía en alusión a los "ataques directos" israelíes contra la población e infraestructura civil.

En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2025, la organización señaló que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.

Según el documento, el año pasado el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores, con 32 casos registrados en 2024, frente a 30 del año previo. En el ámbito ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental reportó 25 personas asesinadas por proteger el medioambiente, seis más que en 2023.

En materia de prensa, Amnistía retomó datos de la organización Artículo 19, que documentó el asesinato de siete periodistas durante el año "en represalia por su labor informativa", además de 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios entre enero y julio, más del doble que el año anterior.

El informe también puso énfasis en la crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares.

Señaló que, ante la magnitud del problema, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para analizar si este fenómeno se practica de manera "sistemática o generalizada" en el país.

En el ámbito migratorio, la organización denunció extorsiones, secuestros y cobros ilegales en retenes en las carreteras contra personas migrantes y refugiadas que cruzan México, además de dificultades para acceder a salud, educación y empleo.

Amnistía destacó, además, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58.800 solicitudes de asilo durante 2025, principalmente de personas procedentes de Cuba, Venezuela y Haití.

Otro foco de alerta fue el desplazamiento forzado interno. Un informe citado de la Universidad Iberoamericana documentó un aumento del 129 % en 2024 respecto al año anterior, con al menos 28.900 personas desplazadas, principalmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Pese a este panorama, el reporte destacó algunos avances, como la disminución de la pobreza multidimensional al 29,6 % de la población y la despenalización del aborto en cuatro estados del país durante 2025.

"Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Trump adoptó un número sin precedentes de medidas que socavaban el Estado de derecho", afirma el documento.

Entre ellas, "una ofensiva contra el poder judicial y los medios de comunicación, ataques de represalia contra enemigos políticos y concesión de indultos a simpatizantes del presidente, menoscabo de la libertad académica, eliminación y obstrucción de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés).

Sin duda, uno de los principales deterioros que recoge el informe es el relativo a las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump y lo hizo, denuncia AI, a través de "una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo".

"Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración", y condenan la presencia habitual de "agentes enmascarados, patrullas en las calles y operaciones de control de inmigración que se hicieron extensivas a lugares donde anteriormente no estaban permitidas".

En este sentido, cabe recordar las redadas que se produjeron en Minesota y que acabaron con numerosas protestas en las calles y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

La organización internacional también denuncia la construcción de nuevos centros de detención como 'Alligator Alcatraz' o la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Capítulo especial merece para la organización internacional la "represión de las protestas universitarias generalizadas" contra los ataques de Israel en Gaza y la ofensiva de Trump contra universidades contrarias a sus políticas a través del recorte de fondos de investigación y financiación federal.

Denuncian también que "el gobierno puso en el punto de mira a estudiantes y docentes internacionales".

Respecto a los derechos del colectivo LGTBI, señala el informe que "el gobierno de Trump revirtió mecanismos de protección de las personas LGBTI y usó agencias federales para atacar sus derechos, especialmente los de las personas transgénero".

El informe que analiza lo ocurrido en Estados Unidos en 2025 presta especial atención a la revocación de una orden ejecutiva con más de 60 años de antigüedad cuyo propósito era abordar la discriminación en el lugar de trabajo.

También los derechos reproductivos y sexuales se han visto mermados, según AI, ya que el recorte en la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva han provocado el cierre de clínicas y han afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Según fuentes de la ONG, 1.143 personas murieron por disparos de la policía en 2025 en Estados Unidos y las personas negras sufrieron de forma desproporcionada el uso de medios letales, pues constituían más del 23 % de las víctimas mortales de armas de fuego por parte de la policía, aunque representan el 13 % de la población.

Por otra parte, el informe recoge que "Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin a la moratoria federal de las ejecuciones" dictada por el expresidente Joe Biden.

Según el informe, la detención arbitraria e indefinida por parte de Estados Unidos continuó en Guantánamo, Trump suspendió el programa que abordaba el problema de las armas de fuego en el país y se revirtieron normativas medioambientales y climáticas.

En su informe anual sobre la situación de los derechos en el mundo en 2025, AI menciona como principales focos de preocupación en la región a Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde documentó patrones sistemáticos de persecución política, así como México, donde continúa la crisis de desapariciones forzadas, y EE.UU., por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.

"La región continuó enfrentando el deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica", señala el organismo.

AI documenta que en al menos una docena de países, como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, se registraron restricciones a las protestas con el "uso ilícito de la fuerza" por parte de las autoridades y "continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que mostraba que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados y a menudo respondía a intereses políticos".

También alerta del aumento de las agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú.

Señala el uso creciente de mecanismos legales y judiciales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación o procesos penales con irregularidades.

La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo especialmente crítica ya que, según el informe, en casi todos los países se registraron ataques, hostigamientos y asesinatos contra activistas, con especial riesgo para quienes defienden el medioambiente y los territorios indígenas.

En Colombia, por ejemplo, se prevé que la violencia contra estos líderes supere los niveles de años anteriores, mientras que en Perú y Chile se reportaron asesinatos y desapariciones de defensores.

El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales también es una constante.

En Brasil, una operación policial dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro, mientras que en EE.UU. la policía mató a 1.143 personas en 2025, afectando de forma desproporcionada a la población negra.

En Honduras y Perú las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por abusos durante estados de excepción y protestas sociales.

El informe subraya, además, el uso sistemático de detenciones arbitrarias con fines políticos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

En este último, al menos 806 personas permanecían detenidas por motivos políticos, muchas de ellas sin garantías judiciales.

En El Salvador, más de 90.000 personas seguían privadas de la libertad sin pruebas suficientes en el marco del régimen de excepción.

Las condiciones de detención son otro motivo de alarma. El hacinamiento, la falta de atención médica y los malos tratos fueron documentados en varios países, incluidos Bolivia, Ecuador, Haití y Uruguay.

En El Salvador, AI denuncia torturas, muertes bajo custodia y prácticas como privación del sueño y castigos colectivos.

"La falta de garantías por parte de los Estados respecto a los derechos económicos y sociales afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación", señala AI.

En países como Haití, Cuba y Venezuela se registraron graves fallas en servicios básicos como salud, electricidad y agua potable, mientras que en Paraguay y Guatemala persisten deficiencias en inversión pública y acceso a servicios esenciales.

AI alerta sobre la persistencia de desapariciones forzadas en la región, con especial preocupación en México, donde la ONU activó un procedimiento para analizar si se trata de una práctica sistemática. Casos similares fueron documentados en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Sobre los derechos de las mujeres y niñas, el informe denuncia que "siguieron enfrentándose a niveles alarmantes de violencia, incluido el femicidio/feminicidio, con casos registrados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay".

En varios Estados de la región, las estadísticas sobre este tipo de delito no eran "ni adecuadas ni confiables".

Además, el acceso al aborto sigue enfrentando obstáculos en gran parte de la región e incluso está totalmente penalizado en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua.

"Continuaron registrándose embarazos de niñas y adolescentes sin que las autoridades adoptaran medidas al respecto", denuncia AI.

Los pueblos indígenas siguen enfrentando violaciones a sus derechos territoriales. En Bolivia, Canadá y Ecuador se documenta la expansión de proyectos extractivos sin consulta previa, mientras que en Brasil y Colombia persisten la violencia, el desplazamiento forzado y los conflictos por la tierra.

Asimismo, hubo un aumento de la discriminación y la violencia contra personas LGBTI, en especial contra la población trans, con asesinatos en Guatemala, Honduras y México, y políticas restrictivas en Estados Unidos, Paraguay y Perú.

En el ámbito migratorio ha aumentado la hostilidad y el racismo. En EE.UU. se denuncian prácticas de detención indiscriminada y operativos en zonas sensibles, mientras que en República Dominicana se documentan expulsiones colectivas y perfiles raciales contra personas haitianas. Además, Colombia y México enfrentan sistemas de asilo insuficientes.

Y sobre el medioambiente, AI advierte que no se han tomado las medidas suficientes frente a la crisis climática, cuyos efectos agravan las desigualdades y la situación de las poblaciones vulnerables.

"Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios", dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard.

Este nuevo orden nace de la suma de "poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos", y sus objetivos como acabar "con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos".

¿Y cuál está siendo la respuesta del mundo? "En el peor de los casos, la complicidad; en el mejor, la política del apaciguamiento" con estos líderes que practican el "matonismo". Callamard lamentó que democracias asentadas como las europeas estén optando casi todas por esa "política del apaciguamiento", con pocas excepciones como la del Gobierno de España.

Callamard describió el 'modus operandi' de estos "depredadores políticos y económicos": primero, usan su poder de veto -practicado por EEUU, Rusia y China- en el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer inoperativa a la organización; seguidamente, denuncian su inutilidad para exigir otro orden mundial, al estilo de lo que Trump ha hecho con su llamada 'Junta de la paz'.

En su punto de mira también están los tribunales internacionales -el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia-, cuyas órdenes de arresto quedan en papel mojado porque distintos países optan por el "apaciguamiento" y se niegan a tomar medidas contra Putin o Netanyahu en sus desplazamientos internacionales. De ese modo, socavan la autoridad de los organismos.

Aunque el "genocidio" de los palestinos en Gaza y la guerra en Ucrania aparecen en lo alto de las violaciones, el informe también destaca las matanzas en Sudán -espoleadas por actores externos como Emiratos Árabes Unidos-, el constante ataque a las mujeres de Afganistán o la intromisión de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo, entre otros conflictos.

Amnistía Internacional considera que el sistema multilateral construido a lo largo de 80 años puede ser imperfecto, pero atacarlo es "ignorar los logros para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales  y de leyes nacionales que protegen contra la discriminación racial y la violencia contra las mujeres".

En referencia a Latinoamérica y en declaraciones a EFE, Callamard reconoce que existe una especie de 'efecto Bukele', en el sentido de que varios países están eligiendo líderes que rechazan o minimizan los derechos humanos en pro de una sociedad más segura, o incluso militarizada.

Opina que este es "un problema grave" que captan bien "políticos populistas que proveen respuestas poderosas pero limitadas ante problemas complejos", debido a que los Gobiernos anteriores no han sabido dar soluciones a carencias sociales donde a veces se combina la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo o el desempleo.

"Pero al final, el pueblo verá que el emperador está desnudo", vaticinó, refiriéndose en general a los populistas latinoamericanos.

Y en cuanto a la pérdida de fe de todo el 'sur global' en el sistema multilateral y los instrumentos de la legalidad internacional, Callamard reconoció que "el doble rasero practicado por Occidente con Israel ha envenenado la confianza" de muchos países en este sistema multilateral.

Sin embargo, también recuerda que ha sido en el sur global -y citó los casos de Nepal, Kenia, Indonesia o Marruecos- donde generaciones de jóvenes han salido a las calles "en nombre de los derechos humanos" o "contra el genocidio de los palestinos", lo que demuestra que un orden mundial basado en derechos y en contrapesos todavía goza de predicamento entre las generaciones futuras.

Estos dos tipos de abusos ya habían sido denunciados por la organización no gubernamental en los años anteriores de guerra.

AI cifra el número de víctimas civiles en cerca de 15.000 muertos y más de 40.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala, hasta septiembre de 2025.

La mayor parte de muertos civiles murieron, según el informe, cerca del frente. Una parte significativa de estas personas perdieron la vida al ser atacadas con drones rusos de corta distancia.

El capítulo de Ucrania dedica un apartado a los prisioneros de guerra.

“Los que fueron liberados en canjes denunciaron tortura y otros malos tratos generalizados, como denegación de asistencia médica y desnutrición, así como muertes habituales”, dice el informe sobre los ucranianos capturados que volvieron a casa en intercambios de presos.

Mientras Rusia no ha permitido a entidades internacionales visitar sus campos de prisioneros, Ucrania sí dio acceso durante el año pasado a varias delegaciones de Amnistía que entrevistaron a prisioneros de guerra rusos.

Estos prisioneros relataron “episodios de malos tratos en el momento de su captura” y “quejas menores” como la poca variedad de alimentos que se les ofrecía durante su cautiverio.

El informe también se hace eco de las ejecuciones extrajudiciales de soldados ucranianos capturados por los rusos en el frente. Desde el comienzo de la guerra y hasta diciembre de 2025, la Fiscalía ucraniana había registrado 322 casos de ejecuciones extrajudiciales de militares ucranianos tomados como prisioneros por parte de soldados rusos .

El déficit de energía causado por los ataques rusos es otra de las privaciones a los ucranianos por la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Millones de personas soportaron escasez de energía y de calefacción, con el suministro eléctrico limitado algunos días a tres horas diarias en pleno descenso de las temperaturas”, dice el informe.

El trato de las autoridades rusas a la población de los territorios ucranianos ocupados también es objeto de denuncia de Amnistía, que cita un informe según el cual el 92 % de los 216 civiles detenidos y posteriormente liberados en esas zonas que fueron entrevistados entre junio y septiembre de 2025 “ofrecieron relatos coherentes y pormenorizados” de torturas y malos tratos.

"Aunque se incrementó la visibilidad diplomática de las autoridades norcoreanas, la población del país seguía aislada, puesto que tanto la libertad de circulación como la posibilidad de relacionarse de forma independiente con actores e instituciones internacionales continuaban restringidas", afirmó AI.

La organización apuntó así a que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha estrechado los vínculos militares y económicos con Moscú y Pekín, tal y como "demostró" el apoyo militar a Rusia en la invasión de Ucrania. También mencionó su participación en eventos conmemorativos como el desfile del Día de la Victoria en China.

Este impulso en los lazos diplomáticos tuvo lugar mientras que Pionyang siguió utilizando en 2025 "la legislación, la vigilancia y las campañas ideológicas para suprimir cualquier contacto con el mundo exterior".

"Prácticamente no existía la posibilidad de acceso a la información exterior", dijo AI, antes de mencionar las interferencias de emisiones de radio y el fuerte control policial.

Las autoridades continuaron también realizando inspecciones casa por casa, sin orden judicial ni aviso previo, en busca de dispositivos o material que fuera "antisocialista". En las escuelas, se expulsó a alumnos en posesión contenidos extranjeros, y en otros lugares de trabajo la dirección debía informar sobre presuntas violaciones.

En este contexto, la detención arbitraria siguió siendo en 2025 un "aspecto fundamental del sistema de control de las autoridades", que mantuvieron recluidas sin juicio ni garantías jurídicas a personas acusadas de delitos políticos. En algunos casos, las detenciones equivalieron a desapariciones forzadas.

Sin embargo, AI indicó que algunas personas que huyeron informaron de leves mejoras en las condiciones de detención y los procedimientos de denuncia, "aunque continuaba existiendo temor por las represalias y, en general, las condiciones seguían siendo duras".

Además, durante el año hubo informes sobre la aplicación de la pena de muerte "por actos que no cumplían el criterio establecido por el Derecho Internacional de ser 'los crímenes más graves'".

A su vez, los procesos judiciales estuvieron marcados por falta de transparencia y a las personas acusadas se les negó las garantías de un juicio justo. También fueron habituales las ejecuciones públicas.

Con el conflicto armado entre el Ejército y guerrillas étnicas y prodemocráticas intensificado, un devastador terremoto y recortes de la ayuda procedente de Estados Unidos, 2025 fue "el año más mortífero para la población civil desde el golpe de Estado", señaló la ONG.

Según AI, que cita cifras de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la ofensiva aérea se duplicó respecto a 2024 y se extendió a casi la totalidad del país, donde la mayoría de estados y regiones registraron fallecidos, heridos o desplazados por este tipo de ataques.

Cada vez es más habitual que el Ejército recurra a asaltos desde el aire mediante parapentes motorizados tripulados –denominados "paramotores"–, una técnica que requiere menos recursos, indicó AI en su informe, aludiendo al ataque de octubre en Chaung-U (centro) que se saldó con 18 muertos, entre ellos niños de dos años, y decenas de heridos durante una festividad budista.

La ONG internacional denuncia, además, que los ataques aéreos contra escuelas no han cesado: en mayo, al menos 20 estudiantes murieron en una ofensiva en la aldea de Ohe Htein Twin (noroeste), perpetrada durante el alto el fuego declarado tras el devastador terremoto que sacudió el país en marzo; mientras otros 19 fallecieron en septiembre en un centro de Kyauktaw (oeste).

La publicación del informe coincide con la pretendida transición política de la junta militar que en 2021 tomó el poder de las manos del partido ganador de las elecciones de 2020, la Liga Nacional para la Democracia (LND), lo que puso fin a una década de apertura democrática y exacerbó el conflicto interno.

El general Min Aung Hlaing, líder de golpe, juró cargo el pasado 10 de abril como presidente de Birmania en una ceremonia en la que quedó disuelta la junta castrense que encabezó y que ha estado al frente del país los últimos cinco años. Su toma de posesión se produjo tras unas elecciones celebradas entre diciembre y enero sin oposición representativa y en un clima de represión.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP), 22.170 personas continúan detenidas desde el golpe y cerca de 8.000 han sido asesinadas por el régimen castrense. Según AI, el Ejército siguió en 2025 sin proporcionar "acceso a una atención médica adecuada" a las personas privadas de libertad.

En 2025, China siguió recurriendo a disposiciones de seguridad nacional "muy imprecisas" para procesar a activistas y profesionales del derecho, según la organización, que denuncia también el uso habitual de la "vigilancia domiciliaria en un lugar designado", una forma de detención secreta que AI califica de "desaparición forzada".

El informe cita el caso de la periodista Zhang Zhan, condenada a una nueva pena de prisión, así como el del artista Gao Zhen, detenido por "difamar a los héroes y mártires de China".

También menciona al abogado Xie Yang, sometido a un juicio a puerta cerrada por "incitar a la subversión del poder del Estado", y al letrado Lu Siwei, condenado por "cruzar ilegalmente las fronteras nacionales".

AI alerta además de un aumento de la llamada "represión transnacional", con incidentes de vigilancia, acoso e influencias sobre otros Estados para que devolvieran personas a China, lo que, según la organización, afectó especialmente a "defensores de los derechos humanos, activistas, artistas y miembros de las diásporas uigur y tibetana".

En las regiones de Xinjiang y el Tíbet, AI denuncia que persistió un "estricto control político y cultural".

La organización recoge la preocupación expresada por expertos de la ONU por la desaparición forzada de la intelectual uigur Rahile Dawut, y señala un refuerzo de la educación ideológica para "fomentar un fuerte sentimiento de comunidad nacional china".

En el Tíbet, el informe sostiene que las autoridades siguieron ampliando la llamada "enseñanza bilingüe", que, según AI, privilegia en la práctica el mandarín en detrimento del tibetano, y enmarca esa política en campañas oficiales orientadas a "reforzar la unidad nacional".

Respecto a la libertad religiosa, AI destaca una operación nacional contra la Iglesia de Sión, en la que fueron detenidas cerca de 30 personas, y critica la injerencia estatal en la sucesión del dalái lama, un proceso que debe llevarse a cabo "bajo la autoridad del Partido Comunista Chino", denuncia la institución.

AI advierte asimismo de una ofensiva contra el activismo feminista y la expresión del colectivo LGTBI en espacios digitales: según el informe, en 2025 la red social Weibo eliminó de forma permanente varias cuentas de activistas por "incitar al antagonismo entre géneros".

Amnistía sostiene, además, que en Hong Kong continuó el deterioro de las libertades bajo la legislación de seguridad nacional.

La organización menciona la situación del fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, y critica la creciente presencia de contenidos de seguridad nacional en la educación, así como nuevas restricciones de acceso o tránsito en torno a edificios oficiales vinculados a ese ámbito.

En cuanto a la pena capital, AI denuncia que China siguió imponiendo condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por "gran diversidad de delitos", aunque las cifras sobre su uso permanecen clasificadas como "secreto de Estado".

Las críticas van dirigidas al Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, en el poder en el país centroeuropeo durante los últimos 16 años, pero que cayó derrotado en las elecciones del pasado día 12 frente al europeísta conservador Péter Magyar.

"En un ataque directo a la Corte Penal Internacional (CPI), Hungría y Polonia se negaron abiertamente a cumplir sus órdenes de detención", señala el informe.

Hungría no arrestó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país en abril de 2025, pese la existencia de una orden de detención por supuestos crímenes de guerra en Gaza.

El documento de AI también critica que Hungría anunció su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.

En el plano interno el informe destaca un endurecimiento de las restricciones a la libertad de reunión tras la aprobación el año pasado de una ley que permite prohibir actos relacionados con personas LGBTI, con sanciones de hasta un año de prisión para los organizadores.

La Policía aplicó esta normativa para vetar manifestaciones, incluidas marchas del Orgullo, aunque la de Budapest se celebró sin intervención policial y con la participación de cientos de miles de personas.

El informe también alerta sobre violaciones de derechos de migrantes y solicitantes de asilo, incluidas 'devoluciones en caliente' en la frontera con Serbia, declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Amnistía concluye que la combinación de todas estas políticas refleja un deterioro del Estado de derecho y de las garantías fundamentales en Hungría, un país miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004.

"A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persistió. La población civil seguía siendo víctima de infracciones del derecho internacional humanitario. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados", señaló AI en su informe anual sobre la situación de DD.HH. en el mundo.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, impulsa una política de 'paz total' con la que busca negociar acuerdos o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.

"La mayoría de las negociaciones entre el gobierno y diversos grupos armados continuaron, pero los avances fueron escasos y su impacto, limitado", señaló AI.

Amnistía Internacional lamentó que "las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras" en 2025, pese a los avances que ha habido en los diálogos de paz.

A pesar de las negociaciones de paz, AI señaló que "la violencia armada continuó en el país" con confrontaciones entre grupos armados y las fuerzas armadas, lo que se tradujo "con frecuencia en violaciones" del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, nordeste antioqueño y sur de Bolívar", precisó la organización.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), citada en el informe de AI, identificó 14 zonas de disputa entre los grupos armados en la actualidad, que son el doble de las que había en el país cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022.

"De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas", agregó la información.

La situación más grave se vivió en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde enero de 2025 se enfrentan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 82.000 personas entre enero y septiembre.  EFE

El régimen de excepción cumplió cuatro años promovido por el presidente Nayib Bukele y respaldado por la Asamblea Legislativa, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), como medida contra las pandillas, lo que ha dejado más de 91.000 detenciones y miles de denuncias de atropellos a los derechos humanos.

"Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas", dice el informe de la ONG sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo.

La organización apuntó que "el gobierno continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema", y que "se profundizó el cierre del espacio cívico mediante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros para fiscalizar y sancionar a las organizaciones sociales".

Diversas organizaciones humanitarias han anunciado su cierre en El Salvador por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones, al considerarla "confiscatoria" de sus recursos y que impone responsabilidades penales por su activismo.

En el informe, AI también considera que "se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas".

AI retoma en el documento las detenciones de la abogados Ruth López y Enrique Anaya - ambos críticos del Gobierno de Bukele -, y del portavoz de una organización que brinda apoyo gratuito a detenidos, Fidel Zavala, quienes se mantienen en prisión. 

De acuerdo con AI, estos activistas fueron "acusados de cargos arbitrarios y sometidos a régimen de incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas".

"Estos casos reflejaban un patrón sistemático de hostigamiento caracterizado por la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida de los procesos, la prolongación indebida de la detención preventiva y la falta de garantías judiciales", según la organización Internacional.

AI da cuenta de 470 muertes de detenidos -en el marco de la medida de excepción- en custodia estatal al cierre de 2025 con "causas relacionadas con tortura, negación injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres.

El régimen de excepción en El Salvador cuenta con un amplio respaldo popular, que le permitió a Bukele su reelección inmediata a pesar de que lo prohibía la Constitución, mientras que investigaciones periodísticas de El Faro sostienen que la escalada de muertes que dio pie al régimen se originó por la ruptura de un pacto entre las pandillas y el Gobierno.

En su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo en 2025, AI señala que en la isla "continúa la política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición política" y que la labor de quienes defienden los derechos humanos "continuó siendo estigmatizada y criminalizada".

"Activistas, integrantes de la oposición política, artistas, intelectuales, estudiantes de universidad y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegales", puntualiza el documento.

Indica, además, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias en todo 2025.

El texto llama la atención sobre la represión a la "libertad de reunión pacífica", que indica, ha sido "reprimida mediante el despliegue de fuerzas policiales y detenciones selectivas los días posteriores a la celebración de protestas" no violentas.

Por otro lado, hace alusión a denuncias de "casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como prácticas recurrentes en las cárceles cubanas". "En 2025, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad en prisiones del país", agrega.

La organización recuerda que permanecen en la cárcel personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez fonseca y Sayli Navarro, que AI clasifica como presos de conciencia.

Apunta que estos disidentes y activistas han criticado prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales y también denunciado que "recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales".

La ONG refiere, asimismo, la excarcelación anunciado en enero de 2025, con 553 beneficiados (de los que alrededor de la mitad resultaron presos por motivos políticos, según distintas ONG). AI considera que estos procesos "han estado marcados por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición".

Al abordar otros temas como el feminicidio, AI señala que continúa "sin ser considerado delito autónomo" y critica que el Estado no facilite estadísticas oficiales sobre feminicidios o violencia contra las mujeres.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de organizaciones feministas independientes como Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

AI advierte, asimismo, que "los apagones de electricidad han afectado los derechos a la salud y la educación" en Cuba y "el acceso a alimentos o medicamentos suministrados por el Estado ha sufrido un grave deterioro".

En este sentido, recogió un informe de Food Monitor Program que señaló que cerca del 97 % de los cubanos habían perdido acceso a alimentos por la inflación y que más del 60 % destinaba entre cinco y quince horas semanales a conseguir comida.

En su informe anual, AI expuso que "las amenazas y agresiones contra líderes indígenas aumentaron significativamente" en 2025, al tiempo que continuaron "las invasiones y los actos de violencia" en las regiones de rápido crecimiento del sector agropecuario.

La organización reconoció algunos avances, como la aprobación del nuevo Plan Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, pero subrayó que el año pasado continuaron "los ataques, las amenazas y la violencia grave" contra estos, que también sufrieron "asesinatos, atentados, amenazas de muerte y casos de criminalización".

En este sentido, recordó los casos de Antônia Ferreira dos Santos y Marly Viana Barroso, recolectoras de coco babasú de 53 y 71 años, respectivamente. Ambas fueron asesinadas en noviembre pasado en Novo Repartimento, en el estado amazónico de Pará, en un contexto de disputa territorial.

Por otro lado, Amnistía se hizo eco de las acusaciones contra el Gobierno de Pará por supuestamente haber utilizado "indebidamente" la estructura del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos para espiar a líderes indígenas y comunitarios.

También citó como ejemplos extremos "el asesinato y decapitación" del joven avá guaraní Everton Lopes Rodrigues en el municipio de Guaíra, en Paraná (sur); y el homicidio del líder guaraní kaiowá Vicente Fernandes Vilhalva durante un ataque perpetrado por pistoleros contra un territorio recuperado en Mato Grosso do Sul (oeste).

AI también denunció que "la violencia policial siguió caracterizando la política de seguridad pública" en el país suramericano.

En este apartado, trajo a colación el operativo policial llevado a cabo en octubre pasado que resultó en la muerte de al menos 121 personas, entre ellas cuatro policías, en los conjuntos de favelas Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

Esa acción, en la que las autoridades abandonaron parte de los cuerpos de sospechosos sin vida en una zona boscosa y que pasó a la historia como la más letal de la historia, generó "denuncias de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, violación de los protocolos de preservación de la escena del crimen y uso desproporcionado de la fuerza en una zona densamente poblada".

A la lacra de la violencia policial, Amnistía alertó de que la Justicia no suele dar una respuesta favorable a las víctimas, ya que "alrededor del 98 % de las investigaciones contra agentes policiales se archivan y menos del 2 % de los casos de muertes causadas por la policía llegaban efectivamente a juicio".

"La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad", denunció la ONG en el informe, que describió la situación del país suramericano durante el año pasado.

AI apuntó que las autoridades venezolanas usaron el aparato estatal y "grupos de civiles armados" para "reprimir, silenciar y castigar" a la oposición y también a periodistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron "nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos", aunque reconoció que ocurrieron en menor número que en 2024, a la par que destacó la excarcelación -verificada por la ONG Foro Penal- de 116 detenidos en 2025.

El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad "prácticamente total por violaciones de los derechos humanos", así como las denuncias por desaparición forzada de "numerosas personas" detenidas en 2024 y 2025.

La organización también documentó violaciones a la libertad de expresión y de asociación, incluyendo las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, cuyos arrestos ocurrieron en los últimos cinco años y quienes fueron excarcelados este año, 2026.

El texto señaló la "falta de avances" en los derechos de la población LGBTIQ+, en los derechos sexuales y reproductivos, así como la "falta de garantía y respeto" de los derechos de las poblaciones indígenas.

Además, subrayó las alertas de la prensa sobre los efectos de la minería ilegal y la "devastación ambiental", así como la carencia de "datos confiables" sobre este sector.

AI recordó que en "julio (2025), 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos".

De igual forma, apuntó que al menos 110 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en los ataques del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que "supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país".

El documento de AI resume la situación de derechos humanos en el mundo durante 2025, por lo que no incluye el drástico viraje del entorno venezolano tras el ataque militar de EE.UU. del pasado 3 de enero, durante el cual fue capturado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones como presidenta encargada, reanudó relaciones con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha aliviado algunas de las sanciones impuestas a Venezuela, y promulgó una Ley de Amnistía por la cual han sido liberados más de 8.000 personas, cuyas identidades no han sido detalladas por las autoridades.

Rodríguez también ha impulsado reformas de hidrocarburos y minería que abrieron ambos sectores a la inversión privada y extranjera.

"Se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial", resume AI.

Esa política, habitual en los últimos años en la Turquía gobernada por el partido islamista AKP, se extendió en 2025 por primera vez a gran escala a la oposición parlamentaria socialdemócrata.

"Las autoridades pusieron en marcha investigaciones y actuaciones penales contra decenas de representantes elegidos y miembros del Partido Popular Republicano (CHP) en todo el país como parte de una represión generalizada del principal partido de oposición", señala AI.

El caso más destacado es el juicio al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato del CHP a la presidencia de Turquía, que está en prisión preventiva desde marzo de 2025 por cargos de corrupción.

La detención provocó grandes protestas ciudadanas, en parte reprimidas por la policía mediante el uso de "fuerza ilícita, en ocasiones constitutiva de malos tratos", considera el informe.

Además, se prohibieron y restringieron mediante despliegues policiales numerosas marchas y protestas cívicas, entre ellas, eventos anuales como el Día de la Mujer el 8 de marzo, el Día del Trabajo el 1 de Mayo y la marcha del Orgullo el 28 de junio.

También hubo detenciones y encarcelamiento de activistas y periodistas vinculados a grupos cívicos de izquierda, plenamente legales, de defensa de los derechos de los kurdos y otras minorías étnicas y religiosas, agrega el informe de AI.

Continúan asimismo en prisión los exdirigentes del partido de la izquierda prokurda HDP (hoy DEM), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados desde 2016, y el empresario cultural Osman Kavala, detenido en 2017, pese a varias sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de DDHH que ordenaron su puesta en libertad.

También se lanzó un juicio para destituir a la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul, acusándola de "propaganda terrorista", por haber pedido investigar la muerte de dos periodistas turcos por un ataque aéreo turco en la región kurda de Siria en diciembre de 2024, con el proceso aún sin concluir.

En el ámbito de los derechos de los migrantes, Amnistía recoge el caso de dos activistas turkmenos que fueron detenidos y posiblemente deportados, aunque se desconoce su paradero.

El informe también resalta que la violencia machista sigue siendo un problema grave en Turquía, con 294 mujeres asesinadas en 2025 y otras 297 halladas muertas en circunstancias sospechosas.

"Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados", informó la empresa a las 16:37 hora local (21:37 GMT), después de que a las 05:30 (10:30 GMT) había anunciado la suspensión de la operación comercial.

El Metro de Quito afirmó horas después de la suspensión de operaciones que el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central desde las 02:30 (07:30 GMT) y, que trabajaba en la recuperación y estabilización del sistema.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones, por lo que las intermitencias impedían garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio, según señaló la empresa.

"No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje", dijo el alcalde más tarde durante su programa de rendición de cuentas 'Frecuencia Quiteña'.

Agregó que se trataba de "una rara falla" y que había pedido que se presente una denuncia ante la Fiscalía, ya que el objetivo era agotar todas las posibilidades, desde posibles errores técnicos hasta eventuales actos deliberados para afectar la operación del Metro, construido por la empresa española Acciona, inaugurado en diciembre de 2023, y que ya ha superado los 140 millones de viajes.

"Los trenes podrían moverse, pero al no estar el sistema de comunicación, la recomendación técnica es 'no se muevan'. El sistema de comunicación determina dónde están las unas unidades respecto de las otras; por temas de seguridad la decisión es no activar el sistema", explicó Muñoz.

La suspensión del metro provocó problemas de movilidad en la ciudad, por lo que los usuarios tuvieron que recurrir a otros sistemas de transporte, que se vieron saturados.

A las 11:40 se reanudaron las operaciones en la mayoría de las estaciones, pero no fue hasta las 16:37 que se anunció que todo había vuelto a la normalidad.

"El Movimiento Nacional Libre escribió el 8 de abril al embajador de Estados Unidos en Bahamas, a Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al secretario general de la Secretaría de la Commonwealth, así como a la Comunidad del Caribe (Caricom), solicitando formalmente apoyo para la observación de las próximas elecciones", precisó en un comunicado Pintard.

La OEA desplegó una misión de observación electoral en Bahamas durante las últimas tres elecciones generales y la Embajada de Estados Unidos ya aceptó participar como observadora.

"Unas elecciones libres y justas son un derecho democrático fundamental", sentenció Pintard.

Por otro lado, el líder opositor pidió la destitución del comisionado parlamentario Harrison Thompson y del escrutador Neil Campbell.

En este sentido, el primer ministro, Philip Davis, hizo un llamado a una campaña respetuosa y enfatizó la unidad nacional más allá de las divisiones políticas.

En las elecciones generales de 2021, Davis lideró al entonces opositor Partido Liberal Progresista (PLP) a una contundente victoria sobre el entonces gobernante FNM, obteniendo 32 de los 39 escaños del Parlamento.

El texto de la iniciativa, hecho público este lunes por parlamentarios opositores que rechazan el proyecto, señala que el Estado debe establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el “fraude” en las pensiones, entre ellos, un nuevo registro obligatorio de los beneficiarios.

El proyecto elimina por otra parte la posibilidad de que, si una persona con discapacidad logra acceder a un trabajo registrado, siga cobrando la pensión por invalidez.

Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

“En realidad van por un nuevo ajuste: recortar derechos y sacarle a quienes más necesitan para sostener su modelo”, afirmó este lunes en redes sociales la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

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El Foro Permanente de Discapacidad, que reúne a varias organizaciones del colectivo de personas con alguna limitación, convocó a una protesta el próximo miércoles frente al Ministerio de Salud, de cuya órbita depende la Secretaría de Discapacidad.

“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, señaló el foro en un comunicado.

Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Gobierno que cumpla con la ley de emergencia en discapacidad, que obliga al Ejecutivo a garantizar la financiación adecuada y fortalecer la asistencia para ese sector.

La norma fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto presidencial, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla.

No obstante, la norma nunca fue aplicada por el Ejecutivo, bajo el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.

La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el Ejecutivo.

A través de X, la organización detalló que la muerte de García es "atribuida a un paro respiratorio" y se encontraba en El Rodeo IV, uno de los cuatro edificios que integran el complejo penitenciario y un "centro de reclusión del que hasta ahora no existían registros públicos".

Sobre Madriz, indicó que la causa de su muerte fue "igualmente por un paro respiratorio", pero en El Rodeo III.

"Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono", sentenció.

El OVP afirmó que El Rodeo IV se suma a un "sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control".

A esto, prosiguió, se suman denuncias constantes de "maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, lo que profundiza el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión".

Por tanto, la organización manifestó que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez debe reparar a la víctimas, mientras que la Fiscalía y Defensoría del Pueblo "están obligados" a "investigar, proteger y garantizar derechos, no a convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario".

La ONG señaló que las muertes serán informadas al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, con el fin de que se "activen los mecanismos internacionales correspondientes".

La muestra, exhibida a un grupo de periodistas para honrar a las más de 300 víctimas que dejaron las protestas en Nicaragua hace ocho años, incluye autoridades como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial.

A Ortega, de 80 años y a quien tildan de "dictador" de Nicaragua desde 2007, cuando retornó al poder tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, se le señaló de ser el principal responsable de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de al menos 355 nicaragüenses.

"Desde 2007 ha consolidado una dictadura mediante leyes que destruyen el estado de derecho y la ejecución de fraudes electorales en 2016 y 2021", dijo el responsable del Programa Educación y Memoria y defensor de DD.HH. Roberto Stuart durante la presentación.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), creado por la ONU, puso a Ortega y a su esposa en la cúpula de la estructura represiva, y ambos tienen abiertos una causa penal en la Justicia de Argentina por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con esa ONG.

Murillo, próxima a cumplir 75 años, es catalogada como "dictadora" de Nicaragua desde 2021 y el Colectivo la señaló de "corresponsable" de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, por lo que fue sancionada por Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Stuart, junto a la defensora de DD.HH. Wendy Quintero, explicaron que el museo es un espacio vivo para recordar, honrar y aprender, y que en el mismo reúnen historias, voces y evidencias que revelan la verdad de lo ocurrido hace ocho años en Nicaragua "para que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos" y haya justicia.

La muestra comienza con la cronología de los hechos, en la que se recuerda que a partir del 18 de abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.

Luego sigue una parte que denominan las "fases de la represión", en la que la ONG clasifica cinco etapas del "devenir autoritario de la dictadura Ortega-Murillo entre abril de 2018 y diciembre de 2025".

"Documentar ese recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores, reconocer a las víctimas y fundamentar demandas de verdad, justicia y garantías de no repetición," indicó Stuart.

"La memoria es la base para la justicia", recordaron los defensores.

El cantante, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó esta mañana en una conferencia que el rapero ha sido acusado de asesinato y otros cargos que incluyen "las imputaciones más graves que se pueda presentar" en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood y desde entonces permanece en prisión sin derecho a fianza.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó este lunes en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.

Cheung aseguró que Chavez-DeRemer había realizado “una labor fenomenal” en su cargo al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas.

Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó anteriormente NBC.

Varios funcionarios fueron suspendidos en medio de la pesquisa.

Además, la investigación puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y al parecer fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.

La salida de Chavez-DeRemer, la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó “una gran patriota”

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.

Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,37 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron GCC (+4,37 %), Gentera (+4,09 %), Megacable (+3,64 %), Banorte (+2,61 %) y Genomma Lab (+2,61 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que, con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8,98 %.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,12 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 225 millones de títulos por un importe de 18.945 millones de pesos (unos 1.094 millones de dólares).

De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 402 cerraron con sus precios al alza, 278 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 17,67 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 7,84 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 7,44 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -7,5 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -3,49, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -2,07 %.

El Fiscal de la Nación (fiscal general), Tomás Gálvez, informó este lunes en la emisora de radio RPP que "no había mérito" para formular la denuncia constitucional contra la exmandataria ni contra sus exministros de Estado y añadió que se ordenó "el archivo de todo lo actuado" y la "anulación de la anotación o registro informático generado" con el caso.

El 4 de julio de 2025, a través de un decreto supremo, el Gobierno de Boluarte aprobó el incremento del 122 % del cargo de presidente, que pasó de 15.600 soles (4.500 dólares) a 35.568 (9.900 dólares).

Un hecho que además de generar críticas, provocó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta y su gabinete ministerial por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La formación política argumentó que el Ejecutivo de Boluarte infringió una ley que establece que la remuneración del presidente del país no debe exceder las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), es decir, 26.000 soles (7.500 dólares).

Pero este lunes, Gálvez indicó que "no se ha acreditado un interés ilícito" en este hecho ni se encontraron evidencias para declarar a Bolaurte y sus exministros "como presuntos coautores" de dichos delitos, porque resulta "jurídicamente imposible subsumir los hechos" en la tipificación del referido ilícito penal.

Además, tras entrevistas a testigos y miembros del Ejecutivo, el Ministerio Público confirmó que "la aprobación de las diversas etapas para la compensación económica presidencial se ajustó estrictamente a los marcos normativos vigentes, descartando cualquier tipo de irregularidad".

También detalló que la iniciativa de aumentar el sueldo presidencial inició en marzo de 2024, y no en febrero de 2025, como alegaban los denunciantes, con lo cual se "desvirtúa la presunta celeridad o preferencia" de dicho procedimiento administrativo "y le resta credibilidad al hecho denunciado".

"Es un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado", dijo el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en la firma del documento.

En la ceremonia celebrada en la Cancillería chilena, en pleno centro de la capital, con autoridades de ambos países, Pérez Mackenna añadió la voluntad del país sudamericano en "generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones".

Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

"Estos acuerdos, que se suman a otros ya firmados, permitirán proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global, no solo como proveedor de recursos, sino como un país capaz de desarrollar capacidades tecnológicas, capital humano y etapas más avanzadas de procesamiento de los mismos", subrayó el secretario de Estado.

Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, "lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos", recalcó.

Estados Unidos, por su parte, suscribió el pasado febrero acuerdos sobre minerales críticos con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

La firma del MOU se alinea con la declaración conjunta emitida por ambos países el pasado 12 de marzo en Santiago, un día después de que asumiera la Presidencia el ultraconservador chileno José Antonio Kast, y donde se comprometieron a buscar "mecanismos de financiamiento" para proyectos de inversión en minerales críticos.

El documento, destacaron desde la cartera chilena de Minería, no es vinculante ni crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales claves para la transición energética y la electromovilidad que son considerados "críticos" por Washington, y China, su principal comprador.

Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

La participación del país sudamericano en el mercado de tierras raras es, sin embargo, marginal.

La decisión fue comunicada por el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, quien rechazó las disculpas que dio Puente luego que el Ministerio de Cultura pidiera la semana pasada la intervención de la Fiscalía, que ha iniciado investigaciones preliminares del caso.

"Son expresiones inaceptables, que ahora asuma las consecuencias de lo que ha dicho. No se trata de faltar el respeto y decir 'le pido disculpas, me he excedido'. Mala suerte. No aceptamos disculpas. Está entrando una denuncia penal y que asuma su responsabilidad en el Ministerio Público", declaró Pantoja a la emisora RPP.

La Fiscalía de Perú abrió el pasado jueves una investigación preliminar contra Puente por el delito de discriminación en agravio de la población indígena, tras haber realizado comentarios racistas durante una transmisión en vivo en redes sociales luego de que se conociera que el candidato izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo, tiene opciones de disputar la segunda vuelta por la Presidencia del país.

Puente aseguró que no comprende a los pobladores de regiones andinas como Ayacucho, Puno y Cusco, en el sur del país, y agregó que "por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro", según mostraron fragmentos de la transmisión difundidos por medios locales y en redes sociales.

"Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos", señaló de forma despectiva antes de preguntarse si "allá no hay televisión, no hay celular" y calificarlos de "rojos de mierda".

También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando JP (Juntos por el Perú, el partido de Sánchez) gane "te va a construir tu casa". "Si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba", añadió.

Tras la difusión de esos insultos, el Ministerio de Cultura anunció que su Procuraduría (Abogacía) pondría en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos "los presuntos actos de discriminación racial" para que se investiguen de acuerdo con el Código Penal peruano, que establece hasta tres años de prisión para estos casos.

Puente, por su parte, publicó un mensaje en el que admitió que dijo "cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana" y que eso "estuvo mal y no tiene justificación".

El alcalde del Cusco precisó que la Procuraduría Municipal será la encargada de presentar la denuncia ante el Ministerio Público y anunció que, como medida adicional, se ha declarado a Puente "persona no grata" en la antigua capital del imperio de los incas.

Este lunes llegó a Panamá extraditado desde Venezuela el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, acusado de hacer estallar en julio de 1994 el vuelo de Alas Chiricanas causando la muerte de todos sus ocupantes, lo que se traduce en un "avance significativo en el proceso" de investigación, como afirmó en marzo pasado la Cancillería panameña al anunciar la extradición.

Esto es lo que se sabe de este atentado, cuya investigación se reabrió en agosto de 2019:

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, en el Caribe panameño, a unos 80 kilómetros de la capital. La explosión provocó que la aeronave se estrellara, sin dejar supervivientes.

En el atentado murieron 21 personas, en su gran mayoría judíos. También fallecieron tres ciudadanos estadounidenses.

La Fiscalía de Panamá ordenó el 31 de octubre de 2005 extraer muestras de ADN antes de enterrar los restos del ciudadano colombiano de origen libanés Lya Jamal, identificado como terrorista suicida que hizo estallar la bomba en un avión.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El 29 de octubre de 2024, la Embajada de EE.UU. en Panamá indicó que la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de ese país había concluido que Hizbulá fue responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas.

La Embajada de EE.UU. en Panamá informó en octubre de 2024 que el programa Recompensas para la Justicia del Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio información que llevara a los responsables del atentado.

Ali Zaki Hage Jalil es un ciudadano colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita.

Al confirmar la detención, la Cancillería panameña expresó en noviembre de 2025 su "profunda preocupación" ante la información sobre la presencia y residencia "en total impunidad de un individuo -en la República Bolivariana de Venezuela- vinculado al atentado terrorista" de la voladura del vuelo de Alas Chiricanas.

Israel celebró en marzo pasado la aprobación de la extradición y señaló que el avance podría arrojar luz sobre los vínculos del atentado con Hizbulá.

"Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero", afirmo el pasado 29 de marzo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El atentado en Panamá tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

En la inauguración estarán presentes el embajador indio en Bogotá, Shri Vanlalhuma; la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, y el escritor colombiano Juan Esteban Constaín, entre otros invitados y representantes de la Cámara Colombiana del Libro.

La FilBo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, girará en torno al silencio como espacio de escucha y contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados que incluirá distintos espacios culturales, bibliotecas, homenajes a autores y presentaciones artísticas dedicados a la India.

La delegación del país asiático está compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno, representantes de su embajada y miembros de la Cámara del Libro de India.

Una de las autoras indias que participará en el evento es Kiran Desai, ganadora del Booker Prize –el premio más importante de las letras inglesas- en 2006 por la novela 'El legado de la pérdida', lo que la convirtió en la escritora más joven en recibir este reconocimiento.

Esta nueva edición de la FilBo busca descentralizar el encuentro y "llevar la literatura a todos los rincones de la capital" colombiana expandiéndose a más de 30 espacios culturales, bibliotecas públicas y centros de formación CREA.

La ministra de las Culturas afirmó que Colombia debe ser reconocida por su diversidad cultural, la riqueza de su literatura y las múltiples expresiones de comunidades indígenas, y no así únicamente por su historia de conflicto armado.

La Universidad Nacional de Colombia, por su parte, reunirá a 230 participantes y presentará más de 100 eventos y 120 novedades editoriales, entre las que destaca la reedición de la obra completa de León de Greiff y la llegada del escritor senegalés Boubacar Boris Diop.

Entre tanto, la editorial Planeta será parte de la FilBo con 51 autores colombianos que presentan por primera vez sus obras, como parte de una apuesta de la firma "por el talento emergente dentro de la industria editorial nacional".

La feria reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países como al hijo menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Gonzalo García Bacha, y el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de 2019.

El escritor español Javier Moro, ganador del Premio Planeta en 2011 por su obra 'El imperio eres tú', también participará en el encuentro literario.

El hecho se produjo sobre las 07:30 hora local (12:30 GMT) en el Puente de la Unidad Nacional, que une a los municipios de Durán, Samborondón y Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

En un video que circula en redes sociales se puede ver que un hombre está acostado en el puente junto al vehículo en el que iba la mujer, aparentemente luego de dispararle. Minutos después se levanta, camina hacia un auto blanco y se va.

La víctima fue identificada como Solange Arellano, funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), institución que horas después indicó que, con base en la información preliminar recabada, se descartaba que el asesinato haya estado relacionado con su trabajo o con el proceso de intervención que el Gobierno lleva a cabo en varias entidades de esa ciudad, en las que supuestamente estaba infiltrado el crimen organizado.

Posteriormente, el general Walter Villarroel, comandante policial de la Zona 8, que comprende los tres municipios, señaló que el crimen fue cometido por el sargento Ecuador Castro y que la víctima era su esposa.

El jefe policial añadió que tras conocer del crimen, realizaron un seguimiento al auto en el que se movilizó el sospechoso y llegaron hasta una casa ubicada en el norte de Guayaquil.

Cuando los policías estaban ingresando a esa vivienda, que aparentemente era de la madre del hombre, escucharon unos disparos y posteriormente encontraron el cuerpo sin vida del sargento.

Villarroel agregó Arellano y Castro tenían una hija en común, que quedó en la orfandad, y que las unidades investigativas estaban trabajando para conocer más detalles del caso, que se maneja como feminicidio.

Entre enero y el 15 de marzo se registraron 78 feminicidios en el país, de acuerdo a datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, que agrupa a doce organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

"Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo", escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.

Qalibaf afirmó que Irán no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza" y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha "preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla".

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.

Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance negaron la información y precisaron que el vicepresidente, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

Por la parte iraní, el portavoz de Exteriores del país, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir el martes. El presidente Masud Pezeshkian denunció que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que "los iraníes no se someten a la fuerza".

Los soldados se estaban enfrentando a miembros de los Comandos de Frontera -que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las FARC con la que el Gobierno negocia la paz- cuando fueron atacados con drones cargados de explosivos.

En el ataque murieron los soldados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos.

Los lesionados "fueron atendidos por enfermeros de combate y serán evacuados de la zona hacia un centro médico de Pasto", capital del departamento de Nariño (suroeste), en el que está ubicado Ipiales.

"Este comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil", agregó el Ejército.

En marzo pasado, la CNEB aseguró que su proceso de paz con el Gobierno colombiano está en "estado crítico" tras la muerte de uno de sus negociadores en un supuesto ataque del Ejército, aunque el Ministerio de Defensa dijo no haber realizado operaciones contra ese grupo armado.

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que, ante la decisión de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, de abandonar las negociaciones de paz, se separó de ese grupo.

Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese hecho.

Como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno fueron destruidas en octubre pasado 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.

El funcionario hizo la acusación a raíz de los cánticos de "¡Fuera la mona!" que profirió un grupo de personas en referencia a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, al inicio de un acto el sábado en Madrid de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien también rechazó ese calificativo.

Durante un encuentro con militantes chavistas en el estado Bolívar (sur), el diputado señaló que "esa gente" fue "convocada por los partidos extremistas en España", pero solo mencionó Vox, así como por los "cachorros que esos partidos tienen aquí en Venezuela".

"Fueron convocados a ese acto y pusieron a gente allí a insultar y a dar expresiones de racismo, pero justamente los de ese partido Vox, a los venezolanos que están allá, y a los africanos que están allá, y a los asiáticos que están allá, les dicen monos, les dicen negros, sudacas, moros", expresó Jorge Rodríguez en el acto con motivo de la peregrinación convocada para rechazar las sanciones extranjeras que pesan contra el país.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, afirmó este lunes que entiende "todos los cánticos" contra la presidenta encargada venezolana, incluidos los que la tildaron de "mona".

Cientos de mujeres chavistas protestaron este lunes en Caracas contra los comentarios racistas hacia la mandataria y anunciaron que recogen firmas para denunciar este hecho ante la Embajada de España en Venezuela.

El domingo, el Gobierno chavista tachó de racismo el grito de "¡Fuera la mona!" que se escuchó en el acto, durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y se disculpó este lunes.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien acusó a María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas durante su visita a Madrid, aseveró este lunes que el racismo no tiene cabida: "Eso no se puede aceptar".

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza".

En el marco de la conmemoración del 420, fecha emblemática para los movimientos a favor de la regulación del cannabis, colectivos especializados en políticas de drogas, salud pública y derechos humanos entregaron a la Mesa Directiva del Senado una bolsa simbólica de semillas para exigir que se retome, con carácter prioritario, la agenda legislativa pendiente.

“Reactivar esta agenda no sólo implica atender una deuda legislativa pendiente, sino asumir una responsabilidad compartida frente a una realidad social que ya existe”, señaló Zara Snapp, directora del Instituto RIA, una de las organizaciones firmantes del posicionamiento.

Los colectivos destacaron que el Mundial de Fútbol 2026 -que México organiza con EE.UU. y Canadá- hace urgente que el país tenga reglas claras sobre el cannabis, debido a la llegada de visitantes con distintas culturas de consumo.

En ese sentido, consideraron necesario fortalecer al Estado para informar, prevenir riesgos y manejar posibles situaciones relacionadas con el consumo.

"Con el Mundial 2026, México tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que es un país que cuida a sus ciudadanos y a sus visitantes. Una regulación clara reduce riesgos, genera empleos formales y manda un mensaje contundente: México no le teme al futuro, lo construye”, señaló Luis Fernando Campos, de Educannabis.

El llamado ocurre en un contexto en el que México continúa sin una ley integral, pese a que la Suprema Corte reconoció en 2018 el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el autoconsumo de cannabis.

Desde entonces, el Congreso no ha aprobado un marco que ordene la producción, distribución y consumo, lo que ha derivado en un escenario fragmentado, con más de 12.000 autorizaciones sanitarias y amparos para cultivo, así como puntos de tolerancia en Ciudad de México y decenas de establecimientos que comercializan productos derivados sin regulación clara.

Entre los beneficios de una regulación integral, las organizaciones mencionaron el acceso a tratamientos terapéuticos, la generación de empleos formales, la inclusión productiva de comunidades rurales, mayores ingresos fiscales y políticas públicas orientadas a la reducción de riesgos y daños.

La discusión sobre la cannabis ha permanecido congelada en el Senado durante varios periodos legislativos, pese a que México fue uno de los primeros países de la región en abrir la puerta al autoconsumo mediante resoluciones judiciales.

Las organizaciones entregaron un documento a la titular de Oficialía de Partes del Senado mexicano, Aracely García, como parte del llamado urgente a retomar la agenda legislativa sobre cannabis.

El anuncio se dio luego de reuniones en el Club de Banqueros y el Palacio Nacional de una delegación estadounidense liderada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el Gabinete Económico, que encabezó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A su salida, Ebrard, dijo que tras los encuentros realizados en Ciudad de México, que incluyeron reuniones con las industrias del acero y automotriz y mesas con organismos empresariales, la siguiente etapa serán ya las negociaciones formales.

“Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo”, afirmó.

Del lado empresarial, el mensaje fue cerrar filas para que la revisión mantenga al tratado como un acuerdo de libre comercio, en medio de la política restrictiva qué ha empujado el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado y que haya “cero aranceles para todo aquello que cumpla reglas de origen”.

En la misma línea, el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que las empresas plantearon a la parte estadounidense la importancia de la integración regional y reiteraron que en México no quieren aranceles.

Aunque describió la posición de Washington como “dura”, también señaló que hubo disposición a escuchar y que las conversaciones avanzan.

En tanto, la presión empresarial también quedó marcada por las firmas estadounidenses instaladas en México.

El presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico, Óscar del Cueto, dijo que llevaron a la mesa un documento con propuestas de 24 sectores y más de 1.200 empresas, con la idea de que la revisión sea “rápida, sencilla” y permita seguir invirtiendo en el país, de modo que México tenga un trato preferencial frente al resto del mundo.

Detrás del debate arancelario asoma una discusión más profunda, toda vez que, tanto el Gobierno mexicano como los empresarios coincidieron en que la revisión del T-MEC también pasa por rediseñar cadenas de suministro, elevar el contenido regional y sustituir importaciones provenientes de Asia.

Ebrard resumió esa visión al señalar que lo que hoy llega desde Asia se pueda hacer "entre los dos países lo más pronto posible”.

Como parte de esa estrategia, el empresariado mexicano también busca vender en Washington una narrativa distinta: la de México no solo como exportador, sino como inversionista y generador de empleo en Estados Unidos.

Medina Mora puso como ejemplo a Grupo Bimbo, con 60 plantas y 22.000 empleos en ese país, para mostrar el grado de integración productiva entre ambas economías.

"Desde entonces, no existe información oficial sobre su paradero", señaló la organización en una publicación en X.

Luego de siete años, prosiguió el OVP, el Estado venezolano no ha ofrecido respuestas, no ha garantizado una fe de vida y tampoco ha adelantado una investigación efectiva que permita esclarecer lo ocurrido.

La ONG recordó que la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma, "considerando además que durante este tiempo el Gobierno ha protegido a los responsables del hecho".

Asimismo, exigió al Gobierno de Delcy Rodríguez dar una respuesta oportuna, clara y verificable a Beatriz Salas, madre de Marino, quien durante todos estos años ha exigido saber dónde está su hijo sin recibir información oficial.

"Frente a esta realidad, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de actuar conforme a su mandato constitucional y no seguir como mudos y sordos frente a un caso de extrema gravedad", subrayó.

De acuerdo a medios locales, Hugo Marino llegó el 20 de abril de 2019 a Venezuela, a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para pasar unos días con su familia.

Desde ese momento se desconoce el rastro del economista que dedicó parte de sus actividades a la investigación submarina y localización de aparatos siniestrados.

El portal de investigación Armandoinfo relató que aunque Marino nunca se identificó como militante de algún partido político, no ocultó su interés en los acontecimientos de Venezuela.

Durante 2019 y hasta su desaparición, prosiguió el medio, el economista compartió mensajes en apoyo al exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino para ese entonces en medio de denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro un año antes.

El pasado 21 de marzo, la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente excarcelados, indicó que expusieron casos de desapariciones como la de Marino, así como la de Alcedo Mora, Víctor Quero Navas, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, a la comisión parlamentaria que hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.

Los universitarios fueron formalizados ante la Fiscalía Regional de Los Ríos en calidad de autores por insultar, empujar y rociar con agua a Lincolao, mientras salía escoltada del campus donde se encontraba participando en la apertura del año académico, tras toparse con un grupo de jóvenes manifestantes que la agredió, según vídeos difundidos en redes sociales.

Los implicados son acusados por el Gobierno chileno, que había pedido prisión preventiva, y por el Ministerio Público, que solicitó arresto domiciliario nocturno, pero fue desechado y el juez añadió la prohibición de acercarse a la víctima y presentarse ante el juzgado cada quince días por los próximos 120 días que dio de plazo para la investigación.

"Vamos a evaluar la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza", declaró la fiscal Alejandra Navalón.

Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología.

"Me siento triste por los estudiantes, porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos", señaló Lincolao a la chilena Radio Infinita.

La ministra añadió que el caso "es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no".

La ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por su parte, señaló que están "conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas bajo la violencia, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia".

La agresión fue condenada de manera transversal por todos los sectores políticos y se produjo en medio de una preocupación creciente por el aumento de casos de violencia en las escuelas.

La misma semana del ataque, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para combatir la violencia en las escuelas, que ya está siendo discutido en el Parlamento y que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.

"No voy a descansar hasta que cada venezolano, cada venezolana, se sume a la peregrinación (...). Todos en unión nacional en un solo clamor, en un solo canto que es el fin de las sanciones para nuestra patria", dijo Rodríguez durante una visita en una escuela de Caracas.

En una transmisión del canal estatal VTV, la mandataria aseguró que el pasado domingo, en el primer día de la peregrinación, la gente se "volcó a las calles en oración, en canto, en conversación" en un momento en el que, añadió, Venezuela "dialoga por un fin común", que es el cese de las sanciones.

"Estamos ahorita en un proceso de peregrinación por todo el país, una peregrinación para alcanzar una Venezuela libre de sanciones", concluyó la mandataria encargada, quien ocupa el cargo desde el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara en Caracas y depusiera del poder a Nicolás Maduro.

La peregrinación fue convocada por la presidenta encargada de Venezuela para exigir el fin de las sanciones y comenzó el pasado domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo.

Esta actividad tiene tres rutas y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo mensual, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y Reino Unido —que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020— han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años.

Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y mantuvieron a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado.

"Con este acuerdo, Chile fortalece su inteligencia y coordinación para anticiparse al delito trasnacional. El prestigio de nuestras policías hace posible que esta cooperación sea fructífera", sostuvo la ministra chilena de Seguridad Publica, Trinidad Steinert, en una ceremonia organizada en la sede de la Cancillería chilena, en Santiago.

El acuerdo contempla el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero, mediante la cooperación técnica, la capacitación y el apoyo a la coordinación entre agencias, detalló la ministra.

Además, Estados Unidos aportará un millón de dólares para la compra de equipamiento logístico y tecnológico en las investigaciones que llevan adelante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto al Ministerio Público chileno, así como para nuevas pesquisas en el interior de recintos penitenciarios donde las bandas internacionales tienen presencia.

El Gobierno chileno indicó en una declaración que "desde el punto de vista político y estratégico, este acuerdo representa un apoyo de Estados Unidos a la agenda de seguridad" del ultraderechista José Antonio Kast, uno de los principales aliados en la región del presidente Donald Trump.

En la ceremonia también estuvieron representantes del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América y el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular y se encuentra construyendo una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

El recorrido ‘Laberinto Mágico’ abrirá sus puertas el próximo 22 de abril y revelará al público piezas escultóricas de grandes dimensiones de la maestra, que estuvieron guardadas durante diez años en un almacén de la ciudad de Xilitla, en el estado mexicano San Luis Potosí, epicentro del movimiento surrealista en México.

“Nunca he visto un lugar en donde se junte lo experiencial con la obra y si había alguien con quien podía suceder era con Carrington”, afirmó a EFE Alejandro Machorro, director del estudio de entretenimiento multimedia Cocolab y parte del equipo curatorial en el que destaca la participación del Consejo Leonora Carrington y su hijo, Pablo Weisz.

Para lograr una verdadera experiencia sensorial y “evitar la banalización” de una de las mujeres más importantes del movimiento surrealista del siglo XX, el laberinto se aleja de las pantallas y las proyecciones digitales para conectar con la audiencia a través de elementos naturales como el agua, el vapor y la arena.

“Siempre nos hicimos la pregunta de qué cruzaba el límite y todas las decisiones que tomamos fueron en torno a no cruzar ese límite que rompiera con la esencia de Leonora”, explicó sobre este laberinto que no proyecta digitalmente ni una sola de las obras de Carrington, como ocurre en la mayoría de experiencias inmersivas.

Aunque el objetivo -aseguró Machorro- es transportar al público a ese “otro lado” al que solo podía acceder la imaginación de Leonora: un mundo mágico habitado por animales, brujas y ciudades que no existen en el plano de lo real, pero sí en su universo mental, plagado de arte admirado por emblemas del surrealismo como André Breton.

En ese sentido, ‘Laberinto Mágico’ es un nuevo acercamiento a la dimensión mágica y esotérica de la artista, con el que también se busca que tenga un nuevo público: “más fresco y más joven”, señaló Fermín Llamazares, presidente del Consejo Leonora Carrington.

Carrington elaboró gran parte de su obra en México, un país que hizo suyo en la década de 1940, tras huir de la Segunda Guerra Mundial. El viejo continente, donde se enamoró del artista alemán Max Ernst, nunca más volvió a ser su hogar.

Cada año se realizan más de 50 exposiciones a nivel global en torno a la obra de Carrington, mediante la difusión del consejo presidido por Llamazares, lo que también la ha posicionado como una de las cinco creadoras más cotizadas del mundo, pues, a la fecha, sus piezas se subastan en millones de dólares.

"La superación de la precaria situación de los universitarios en Venezuela y del sector educativo en general debe ser incluida como prioridad en la agenda política para superar la emergencia social", señaló la FAPUV en una publicación en X.

La organización indicó que el paro nacional de 24 horas, que se llevará a cabo el miércoles, 22 de abril, da "inicio al conflicto por salario digno", después de cuatro años sin incrementos en el sueldo mínimo mensual que hoy equivale a 0,27 centavos de dólar.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) -la principal del país- sostuvo en X que la educación no puede esperar, así como tampoco los docentes pueden seguir sin "condiciones dignas".

Sindicatos de la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), también manifestaron su apego a este paro nacional.

Asimismo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT), así como la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), acordaron su respaldo a este llamado de paro.

En ese sentido, reafirmaron la exigencia de salarios dignos, condiciones laborales justas y el derecho a la negociación colectiva, de acuerdo a un comunicado publicado por la APUCV.

Para ese próximo 22 de abril, está prevista una jornada nacional de asamblea de trabajadores convocada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) por un sueldo "justo, suficiente y digno".

Distintos sectores laborales, entre ellos profesores universitarios, han retomado la protesta en este nuevo período que vive Venezuela desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas por Estados Unidos, para exigir mejores condiciones de trabajo y un aumento de salario.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada que hará un aumento del salario mínimo -congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalente a 0,27 centavos de dólar al mes- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste "responsable", sin precisar el monto ni las condiciones.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la FVM, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

"Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente", dijo la mandataria en un breve mensaje en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que en encuentros anteriores México presentó "propuestas específicas" y espera que en su reunión con el funcionario estadounidense, que llegó ayer al país, se pueda avanzar en esta materia.

En el encuentro de este lunes, añadió, estarán presentes el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard; el de Agricultura, Julio Verdegué, y la representante del país norteamericano en el Banco Mundial, Diana Alarcón.

"A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación (...) Queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando del tratado", declaró en su conferencia de prensa diaria.

Tras el encuentro con Sheinbaum, Greer se trasladó junto con Ebrard para sostener un encuentro con un grupo de empresarios mexicanos, con especial énfasis en los sectores del acero y automotriz.

"El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien. A juzgar por lo que hoy viene esta reunión con la Presidenta", indicó Ebrard en breves declaraciones a la prensa.

La primera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos fue a finales de marzo en Washington.

"He comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación", publicó Leite en la red social X, quien dijo haber comunicado la decisión el pasado 23 de marzo.

El diplomático indicó que retornará "los primeros días de julio".

Leite, quien lidera la Embajada en Washington desde julio de 2025, aseguró que "lo que prima" es su deseo "de hacer una política constructiva y diferenciada" como senador, cargo para el que fue elegido en 2023 por el gobernante Partido Colorado.

En ese sentido, manifestó que su "prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral", organizar "reuniones pendientes con potenciales inversores y actores políticos estadounidenses", así como una visita de legisladores a Paraguay prevista en mayo y encuentros empresariales en Estados Unidos en junio.

Además, antes de su retorno, se encargará de coordinar la asistencia de los paraguayos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que inicia el 11 de junio próximo.

A comienzos de mes, Leite quedó envuelto en una polémica tras criticar, en una entrevista con un medio local, la falta de pago a proveedores del Estado e insinuar supuestos cobros de sobornos en el Gobierno de Peña.

Tres días después, el 10 de abril, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, llamó "al orden" al funcionario y en una reunión le recordó que "como embajador está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones", según informó entonces la Cancillería.

La cartera de Exteriores señaló que Leite "admitió que cometió un error" y se "extralimitó", al tiempo que prometió tener "una conducta acorde a su condición".

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,41 %, a 120.178.897,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (+5 %), Telecom Argentina (+3,6 %) y Metrogas (+3,6 %).

Por el contrario cerraron en terreno negativo los papeles de Grupo Financiero Valores (-2,7 %), IRSA (-0,6 %) y Sociedad Comercial del Plata (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,8 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina aumentó a 526 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista aumentó a 1.376 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.410 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó un 0,3 %, a 1.457,34 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) incrementó un 0,2%, a 1.414,73 pesos por unidad.

Tras dejar varios mensajes crípticos en sus redes sociales en las últimas semanas, el artista reunió a sus seguidores en la playa de Las Canteras, donde tuvo lugar un espectáculo de luces de más de diez minutos que reveló la publicación del nuevo disco.

Decenas de drones fueron volados desde la zona de La Puntilla y se desplazaron en el aire sobre el mar para formar la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito, 'un baifo' en el habla popular de Canarias.

Después de mostrar una silueta del Roque Nublo, del Teide y de una pintadera, el espectáculo de drones mostró en el firmamento que 'El Baifo' verá la luz "esta semana", e incluso esbozó lo que se presume que puede la portada del álbum, con la cabeza de un baifo y las ocho estrellas, que representan a todas las Islas Canarias

Pasados unos minutos del fin del juego de luces, los altavoces que recorrían toda la playa de Las Canteras hicieron sonar 'Ni Borracho' -el primer sencillo del álbum, lanzado durante el carnaval- y 'Somos Costeros' -el clásico de Los Gofiones, uno de los referentes del folclore canario-, lo que movilizó a bailar a los miles de presentes en la playa.

Tras sonar ambas canciones, hubo un silencio que precedió el adelanto de una de las canciones del nuevo álbum, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo, una canción con especial mención a la isla de La Graciosa.

'El Baifo' será el tercer disco en la carrera de Pedro Luis Domínguez Quevedo, que a sus 24 años es uno de los cantantes españoles más escuchados en todo tipo de plataformas.

Antes publicó 'Donde quiero estar' (2023) y 'Buenas noches' (2024), los que precedió su colaboración con Ed Sheran '2Step' (2022) y el megaéxito global de su sesión con el productor argentino Bizarrap, la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', más conocida por el público español como 'Quédate'.

"Tenemos que luchar contra el odio y el racismo también. Que esta peregrinación sea para erradicar de una vez y para siempre el racismo de esta tierra", pidió el presidente del Parlamento, en el segundo día de una peregrinación convocada por su hermana, Delcy Rodríguez, para pedir el cese de sanciones a Venezuela.

Jorge Rodríguez señaló que, durante un evento pautado por partidos de "extrema derecha" en Madrid, se gritaron expresiones racistas, pero que "curiosamente" las personas responsables de estos actos y los convocantes de esta actividad son llamados "monos, negros, sudacas y moros".

"Sí somos negros, sí somos indios, sí somos una mezcla maravillosa de todas las culturas, de todas las razas y de toda la resistencia", subrayó desde el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), durante un acto enmarcado en una peregrinación nacional contra las sanciones, transmitido por el canal estatal VTV.

La peregrinación fue convocada por la presidenta encargada de Venezuela para exigir el fin de las sanciones y comenzó este domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo.

Esta actividad tiene tres rutas y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

El domingo, el Gobierno de Venezuela tachó de racismo que un grupo de personas se refiriera a Delcy Rodríguez como "la mona" en un acto en Madrid mientras esperaban la aparición de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien también lo rechazó.

En el acto fue celebrado el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid, donde gritaron "¡Fuera la mona!" durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y este lunes se disculpó por ello.

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza".

Ali Zaki Hage Jalil arribó al aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, cerca de las 15:00 hora local (20:00 GMT), según confirmó a EFE una fuente oficial, que agregó que el sospechoso fue trasladado de forma inmediata a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

En la terminal aérea se desplegó un amplio dispositivo de seguridad que incluyó agentes especiales y la unidad canina para recibir al presunto terrorista, que fue movilizado fuera del ojo público, como comprobó EFE.

La Cancillería panameña informó el pasado 27 de marzo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había aprobado la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, quien de acuerdo a la misma fuente fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita a raíz de una alerta roja emitida por el país centroamericano.

El Ministerio de Exteriores panameño dijo en marzo pasado que "la aprobación de la extradición del principal sospechoso" del atentado terrorista contra el vuelo de Alas Chiricanas "representa un avance significativo en el proceso" de investigación de este caso, considerado el atentado terrorista más grave en la historia del país y que quedó sin resolver.

En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en el Caribe, a unos 80 kilómetros de la capital. No hubo supervivientes.

El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia israelíes tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

Las autoridades de Estados Unidos "también han mostrado interés en el caso" ya que "hay ciudadanos estadounidenses víctimas y existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional", ha dicho Cancillería de Panamá.

El Departamento de Estado estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil, de acuerdo con la información disponible.

"Miami se ha convertido en la nueva capital de Latinoamérica; una puerta de entrada también desde Europa con acento español. Es uno de los 'hubs' de tecnología más potentes; probablemente uno de los que más está creciendo en Estados Unidos", dijo a EFE el director ejecutivo de Startup Olé, Emilio Corchado.

El propósito de la feria, que se celebra en el hotel Hyatt Regency de Miamil entre el lunes y el martes, es "crear una gran plataforma muy diversa, con muchos países, con gran participación, para levantar inversión, conseguir clientes (y) crear una gran comunidad que permita generar riqueza", añadió Corchado.

En ella convergen 280 empresas emergentes y más de 30 inversores, en paralelo a la organización de casi 90 paneles y alrededor de 100 estands, con una asistencia estimada en 1.500 participantes, según Startup Olé.

También cuenta con la participación de una delegación de compañías españolas, como XR Xperience, que se presentó en Miami por primera vez tras ser una de las más destacadas en la pasada edición de Start Up Olé en Salamanca.

"Somos tecnología de realidad mixta, IA, para desarrollar una plataforma de 'talent intelligence'. Lo que queremos hacer es facilitar y objetivizar los proyectos de talento, tanto de reclutamiento como de promoción, para evitar sesgos", explicó a EFE su director ejecutivo, David Fernández Cela.

El evento también contó con una importante presencia de empresas emergentes de Brasil, coincidiendo con la creación este lunes de la coalición Startup Olé para el mercado brasileño, un acto que contó con la presencia de varios cónsules de países latinoamericanos.

Su objetivo será "crear comunidad, acelerar los contactos, los proyectos (y) la inversión, conseguir más clientes, crecer y escalar desde Miami hacia Latinoamérica, Estados Unidos y, a través de España, Europa", aclaró Corchado.

La feria cuenta con el respaldo del Condado de Miami-Dade y los ayuntamientos de Salamanca y Marbella (España), y coincide con otros eventos de similar naturaleza durante la Semana Tecnológica de Miami.

Durante estos dos días, los asistentes participan en foros destinados a fondos de inversión, inversores y corporaciones; conferencias sobre el rol de la administración pública y las universidades en el apoyo al emprendimiento, o paneles sobre el valor de los medios de comunicación en el ecosistema.

Además, cuenta con una competencia en la que las empresas emergentes presentarán sus proyectos a posibles inversores, y otro en el que los proveedores de servicio mostrarán su servicio a los emprendedores.

Con el foro INNVIERTE-CDTI, la administración española también contará con un espacio para presentar sus iniciativas, con la meta de fomentar la relación comercial entre España y Europa con Estados Unidos y Latinoamérica.

Además de la feria de Miami, Startup Olé también celebra eventos anuales en las ciudades españolas de Marbella y Salamanca.

Los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron este lunes que la comunidad tiene miedo y sigue evitando las reuniones públicas ante la posibilidad de que el gobierno federal pueda repetir la agresiva campaña de detención y deportación de la Operación Midway Blitz, que se realizó el año pasado, cuando asumió un segundo mandato.

"La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas", dice un comunicado.

Agrega que en la comunidad inmigrante "no hay nada que celebrar" y que es entendible que las personas no quieran reunirse en espacios públicos.

Durante la operación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, Chicago y sus suburbios fueron objeto de operativos por parte de agentes federales enmascarados, quienes detuvieron a residentes y, en ocasiones, utilizaron agentes irritantes químicos, como gases lacrimógenos.

Esto motivó protestas generalizadas que fueron reprimidas duramente en comunidades latinas como La Villita, Pilsen, Las Empacadoras y otras del suroeste de la ciudad.

El desfile del Cinco de Mayo, que suele atraer a miles de personas, celebra la victoria de México sobre el ejército francés de Napoleón III en la Batalla de Puebla en 1862.

"Mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones. Esperamos continuar con las festividades del Cinco de Mayo durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo de forma segura y con tranquilidad", concluye el comunicado.

Reza Dindar, de 44 años, fue presentado ante una corte del distrito en Seattle, donde enfrentará cargos por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán en 1995, durante la presidencia de Bill Clinton, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Según la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar dirigió la empresa New Port Sourcing Solutions en Xi’an (China), que ocultaba la adquisición de productos en Estados Unidos para su envío a clientes en Irán.

El detenido fue enviado al país norteamericano el pasado viernes, tras permanecer detenido en Panamá desde julio de 2025 relacionado con la evasión de controles de exportación entre 2011 y 2012, presuntamente a través de empresas en China.

Las sanciones, vigentes desde hace más de 30 años, prohíben la exportación, reexportación o suministro no autorizado, directo o indirecto, de bienes, tecnología o servicios estadounidenses a Irán o a su Gobierno.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con Foro TV que la situación “ya está controlada” y detalló la nacionalidad de cuatro de los heridos tras el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna, aunque no precisó la gravedad de su estado.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, dejando a una turista canadiense sin vida para posteriormente quitarse la vida.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, de las seis personas que resultaron heridas, cuatro lo fueron por impactos de bala y dos por caídas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, sin embargo, en entrevista con la cadena N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, reportó que una de las personas heridas está en estado crítico y fue trasladada en un helicóptero a un hospital de alta especialidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión y terror entre los visitantes, varios de ellos extranjeros, cuando se escuchan las detonaciones y algunas personas comienzan a desalojar apresuradamente el área.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos, expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que su Gobierno está en contacto con la embajada de Canadá, al tiempo que instruyó una investigación a fondo del caso.

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 196.132 puntos básicos, después de tres caídas consecutivas.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,18 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,973 para la venta y 4,974 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El fin de semana vio un aumento de las tensiones en Oriente Medio, después de que EE.UU. atacara un carguero iraní y las autoridades persas anunciaran un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de un quinto de la producción mundial de petróleo.

Como consecuencia de esta situación, el precio del barril de Brent volvió a subir y, con él, las acciones preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que se apreciaron un 1,7 %.

Además de Petrobras, lideraron las ganancias la cadena de supermercados Pão de Açúcar (+7,2 %) y las tiendas Casas Bahia (+6,7 %).

Por otro lado, encabezaron las pérdidas las acciones de la empresa de plásticos Duratex (-3,7 %) y las de la empresa de transportes EcoRodovias (-2,3 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 22.711 millones de reales (unos 4.500 millones de dólares o 3.800 millones de euros), en 2,9 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.

Reportes preliminares de la Policía Nacional dan cuenta de que los ataques, que trascendieron este lunes, se registraron en el municipio de San Vicente, en Manabí con diferencia de unos quince minutos uno de otro.

El primer atentado se produjo cerca de las 20:30 hora local (01:30 GMT del lunes) en el sector Santa Martha, donde dos hombres y dos mujeres fueron asesinadas dentro de dos viviendas cercanas, indicó la televisión Teleamazonas.

Testigos indicaron que varios sujetos llegaron al lugar en una camioneta, perpetraron el ataque y huyeron.

El segundo ataque en la vía San Vicente-Chone, ocurrido apenas 15 minutos después, dejó tres hombres y una mujer asesinados.

Los hechos en Manabí se sumaron a una masacre que cobró la vida de seis personas en la provincia costera del Guayas, un día después de que cinco personas, entre ellas un niño de 7 años, fueran asesinados en otro ataque en la misma provincia.

Tanto la provincia de Manabí, como la del Guayas entrarán en un toque de queda nocturno desde el próximo 3 de mayo, hasta el 18 de ese mes, para intensificar la lucha contra el crimen, según anunció este lunes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

A la medida, que regirá desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT) también se aplicará a las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además en Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Desde ese mes de 2024, Ecuador vive bajo el estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó el decreto que establece el duelo en memoria del actor y exdiputado nacional, una de las figuras más reconocidas de la escena cultural argentina.

“Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión. Generoso y comprometido como pocos con la política y la República. Se fue, pero siempre va a estar. Eterno…”, expresó al alcalde en un comunicado.

El velatorio se realiza en el Salón Montevideo de la sede del Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires, en presencia de los familiares de Brandoni, así como de figuras locales de la política y la cultura.

"Pudimos, por suerte, acompañarlo hasta lo último", dijo Micaela Brandoni, hija del actor, en la puerta del lugar.

Brandoni falleció en la madrugada de este lunes en un hospital de Buenos Aires, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir una caída en su domicilio.

El amigo del actor y empresario teatral, Carlos Rottemberg, dijo a EFE: "A través de las pantallas, la figura de Brandoni excede Argentina. Es una persona que impone mucho respeto, por lo que fue su trayectoria".

La Unión Cívica Radical (UCR), el partido con el que Brandoni fue diputado nacional entre 1997 y 2001, envió una enorme corona fúnebre y también lo hizo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, Brandoni desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, con participaciones en producciones emblemáticas que marcaron a varias generaciones.

En reconocimiento a su trayectoria, había sido declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires

Durante la última dictadura militar (1976-1983) fue detenido y posteriormente se exilió, una experiencia que marcó su vida personal y su compromiso público.

La ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes, señaló que Brandoni fue “un tipo íntegro, sólido, con una inquebrantable entrega en todo lo que hacía” y destacó su capacidad para “hacer reír, llorar y pensar”, además de su compromiso político en momentos clave del país.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en los 49.442 puntos; el selectivo S&P retrocedió un 0,24 %, hasta 7.109 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,26 %, hasta los 24.404 enteros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó desafiar el bloqueo naval del país norteamericano en el estrecho de Ormuz.

El mandatario indicó que el buque se encontraba bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos "por su historial previo de actividades ilegales".

Por su parte, Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y posteriormente la Guardia Revolucionaria iraní obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

La bolsa viene de cerrar una jornada en la que el S&P 500 superó por primera vez los 7.100 puntos, apoyado por el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró este lunes con una subida del 7 % y se situó en 89,61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre Washington y Teherán.

Mientras, el oro, activo refugio, bajaba un 0,89 %, hasta los 4.836 dólares la onza, y la plata perdía un 2 %, hasta los 79,89 dólares la onza.

"Un juez valiente en la lucha contra la corrupción", describió Cerstin Gammelin, portavoz del presidente alemán, al magistrado guatemalteco en un mensaje en X en el que informó del encuentro entre Steinmeier y Gálvez.

"El presidente recibió hoy a Miguel Ángel Gálvez en Berlín. Por su compromiso contra la corrupción y la impunidad, Gálvez recibió la semana pasada el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces", escribió Gammelin.

El mensaje de la portavoz presidencial germana estuvo acompañado de una imagen que ilustraba el encuentro de ambos en el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del jefe de Estado alemán en Berlín.

En el encuentro, en el que también participó la copresidenta de la asociación de magistrados germana, Andrea Titz, se produjo después de que el pasado miércoles se diera a conocer que Gálvez era el galardonado por la DRB.

Gálvez se encuentra exiliado desde 2022, después de haber sufrido una campaña de difamación y amenazas vinculadas a sus actividades como juez.

El magistrado impulsó iniciativas como aquella de 2015, cuando ordenó, en el llamado escándalo de La Línea, la detención del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti en el marco de unas investigaciones por corrupción y abuso de poder.

Con ese viento a favor que, tras sus genialidades del pasado jueves, obligó a que el de la Puebla saludará ya una ovación nada más deshacerse el paseíllo, se vio también la primera parte de su actuación con el que abrió plaza, un toro justo y de finas hechuras con el que comenzó a concretar con más brillantez capotera en un soberbio y deletreado quite por gaoneras, meciendo la nobleza de un astado que no estaba sobrado de raza.

Y por eso, por que el de Matilla -como se conoce a esta familia en el mundo taurino- amagó varias veces con irse rajado de las suertes, Morante le hizo una adecuada faena de muleta, más técnica que entregada, con pases ajustados, sí, pero sin mucha fibra y sin exigir demasiado al animal con tal de que le durara más tiempo en los engaños, como así sucedió, mientras que el público no terminaba de romper a jalearle con toda la fuerza que deseaban.

Eso sólo sucedió al final, con los cuatro soberbios naturales de frente con que Morante pudo redondearlo todo, gracias a ese inteligente planteamiento, y con la rotunda estocada, de perfecta ejecución, con que lo tumbó, para que así le concedieran esa oreja y aún hubiera una no demasiado fuerte petición de la segunda.

Pero el gran jarro de agua fría llegó con el cuarto, cuando ese castaño estrecho de carnes se salió suelto de todos los lances de recibo y forzó al de la Puebla a ir a sujetarle a los mismos medios, donde el de Matilla, frenándose y acortando las aún reacias arrancadas, acabó por arrollarle y, aún en pie, le clavó muy visiblemente su pitón izquierdo en el glúteo, en una cornada que luego se supo "muy grave".

Se llevaron así a Morante, casi inmóvil, a la enfermería, mientras que continuaba una corrida muy distinta a la que la afición esperaba. Y no por que no hubiera toros, ya que en realidad embistieron los seis -aunque algo más medido de raza ese primero- , entre los que se incluyó el sobrero que sustituyó a un quinto que saló al ruedo con un pitón partido.

De hecho, tras tener que matar uno más por el percance del maestro, Borja Jiménez acabó teniendo en sus manos un lote de tres toros de absoluta consagración en la Maestranza: el primero, el más terciado, por la exquisita clase de sus embestidas, el cuarto, el de la cornada, porque acabó rompiendo hacia adelante con notable bravura; y el sexto, porque repitió sus arrancadas con vibración y alegría, a pesar de todo.

Y con "material" tan óptimo, de tan claras opciones para abrir holgadamente la Puerta del Príncipe, Jiménez paseó únicamente dos orejas, la de su primero, que le ofrecía claramente las dos, y la del sexto, esta más por su afán de redondear la tarde por la vía de la entrega y los guiños al tendido que por la consistencia de su toreo.

Porque, fundamentalmente, en cada una una de las tres faenas a Jiménez le faltó mayor sutileza y suavidad en los embroques y, aún más, también ayudar a alargar las embestidas, que casi nunca pudo ligar lo suficiente porque en la mayoría de las ocasiones las atrancaba, sin dejarlas fluir, muy encima en los cites y refugiado en el cuello de los toros en un perjudicial, excesivo y obsesivo redondeo de los pases.

Aun así, el torero de Espartinas pudo haber cortado un trofeo más del bravo cuarto de no haber entrado a matar muy precipitadamente, por lo que hubo de conformarse con una vuelta al ruedo. Y un público amable e impresionable todavía le pidió un tercero, el que hubiera necesitado para salir por la Puerta del Príncipe, de ese bravo sexto al que saludó a portagayola, toreó de rodillas a la verónica, abrió faena con cuatro apurados pases cambiados en los medios... para después continuar por la misma senda que con los dos anteriores-

También fueron de triunfo claro los dos toros que Tomás Rufo se dejó ir, casi entre la indiferencia general, por su poco sincera colocación en los cites, la incoherencia de los "toques", la falta de pulso en el trazo -hasta el punto de dar con ambos en tierra en numerosas ocasiones- y la falta de medida y ajuste de los pases, lo mismo con el suave tercero que con el hondo, noble y claro sobrero. Y con ambos incluso llegaron a pitarle para que dejara de insistir y tomara pronto la espada de acero.

Seis toros, incluido el sobrero, de Hermanos García Jiménez (el sexto con el hierro de Olga Jiménez, de quien también era el quinto, devuelto al salir al ruedo con un pitón partido), de correcta presentación -más terciado el segundo y con más volumen y cuajo el suplente), y de muy buenas hechuras, que dieron, sin excepción, un juego excelente, con más o menos raza pero todos con nobleza y calidad en las embestidas.

Morante de la Puebla, de azul pavo y oro: estocada algo delantera (oreja con petición de la segunda). Resultó herido por el cuarto.

Borja Jiménez, de violeta y oro: estocada desprendida (oreja); dos pinchazos y estocada delantera (Vuelta al ruedo, en el que mató por Morante); y estocada honda desprendida (oreja con petición de la segunda.

Tomás Rufo, de azul noche y oro: estocada trasera (silencio); estocada baja (silencio).

Entre las cuadrillas, buena brega de Juan Carlos Rey con el cuarto.

Morante de la Puebla fue intervenido de una cornada en "margen anal posterior, con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en la cara posterior del recto de 1,5 centímetros, según el parte firmado por los mñedicos de la plaza.

Décimo festejo de abono de la Feria de Abril, con cartel de "no hau billetes" en las taquilla (12.000 espectadores), en tarde de calor sofocante.

"Hemos asistido a una escalada alarmante de los combates sin que se haya producido ningún avance diplomático significativo", declaró Khaled Khiari durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Ucrania, cinco años después de la invasión rusa.

El subsecretario general aseguró que "los ataques rusos se siguen intensificando" al igual que "las víctimas civiles y la devastación generalizada en Ucrania".

"En total, desde febrero de 2022, el ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) ha verificado que al menos 15.578 civiles ucranianos, entre ellos 784 niños, han perdido la vida. Otros 43.352, entre ellos 2.668 niños, han resultado heridos", añadió.

El subsecretario general hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga una atención constante al conflicto y se coordine "con el fin de lograr un alto el fuego total, inmediato e incondicional", partiendo de "los esfuerzos realizados por Estados Unidos", en alusión a los intentos de cerrar un acuerdo que lideró el presidente estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, celebró la iniciativa de una tregua de 32 horas coincidiendo con la Pascua, pero lamentó que no se respetara.

"No podemos permitirnos el riesgo de que el conflicto se descontrole, con un coste humano aún mayor y consecuencias impredecibles para todos nosotros", apuntó.

Entre otras cosas, instó a que cesen los ataques en las proximidades de las instalaciones nucleares aprovechando que esta semana se cumplen 40 años del desastre de Chernóbil.

"Este aniversario sirve también como advertencia de la magnitud de la destrucción a la que podríamos asistir en caso de otro incidente, intencionado o no, mientras la guerra sigue poniendo en peligro las instalaciones nucleares de Ucrania, especialmente la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor instalación nuclear de Europa", comentó.

Por su parte, Joyce Msuya, subsecretaria general de Asuntos Humanitarios y coordinadora adjunta de Ayuda de Emergencia subrayó que se han intensificado los ataques contra zonas residenciales, transporte público, sistemas energéticos y puertos, algo que, según avanzó, tendrá "consecuencias humanitarias de gran alcance durante los meses de verano y el próximo invierno".

"Incluso en la guerra hay reglas: el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de civiles e infraestructuras críticas no son opcionales", aseveró.

Esta modificación en los distritos puede alterar el número y el reparto de escaños en la Cámara de Representantes de todo Estados Unidos, inclinando la balanza, según distintos análisis locales, hacia los demócratas que podrían ganar hasta cuatro escaños más.

Aunque la votación anticipada comenzó el día 18 de abril, será este martes cuando los ciudadanos puedan acudir a los centros para poner las bases de lo que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, fecha de las elecciones de medio mandato.

Virginia se suma con estos comicios a otros estados que ya han rediseñado en los últimos meses los distritos electorales, a pesar de que era una práctica que solía llevarse a cabo cada diez años, cuando se actualiza el censo y no tocaría hasta 2030.

En Estados Unidos a esta práctica, a los cambios del trazado de distritos electorales con la intención de dar una ventaja a un partido, se la conoce con el nombre de "gerrymandering".

En 2025 Texas impulsó un rediseño de sus distritos muy beneficioso a favor de los republicanos, que puede darles hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, y que ha desencadenado la reacción en cadena de otros estados.

En Ohio se aprobó en octubre un nuevo mapa que da a los republicanos opciones de ganar hasta dos escaños adicionales; en noviembre de 2025 los votantes aprobaron una norma en California para redistribuir su mapa y hacerlo más favorable a los demócratas; y en febrero Maryland dio luz verde a un plan que podría dar a los demócratas un escaño más, aunque el Senado estatal ha frenado de momento la medida por miedo al efecto búmeran.

Ahora Virginia se suma a estos cambios fuera del periodo habitual con la vista puesta en el 3 de noviembre.

La importancia de estas elecciones se mide no solo por la movilización de los demócratas para el cambio en el mapa, sino también por el hecho de que incluso el expresidente Barak Obama ha hecho campaña a favor del sí y de que los votantes de Virginia cambien sus distritos electorales.

Así lo indicó este lunes en una rueda de prensa donde recalcó que se necesita una Fiscalía que "persiga a los delincuentes"; sea "una institución seria" y que "defienda los intereses de Guatemala".

Todo ello en medio de que esta semana el presidente guatemalteco recibirá por parte de una comisión especial un listado final con los seis candidatos al cargo, tras un polémico proceso, marcado por señalamientos de corrupción y críticas por darle el máximo puntaje a la actual fiscal, Consuelo Porras, que aspira a la reelección.

Esa comisión de postulación está compuesta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país y por miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de la Corte Suprema de Justicia.

De esa lista final, a definirse hoy, Arévalo de León tendrá que elegir al reemplazo de la actual fiscal general, quien lleva ocho años en el cargo y que además cuenta con múltiples sanciones y señalamientos por corrupción de la Unión Europea y de Estados Unidos.

El nuevo fiscal iniciará periodo de cuatro años a partir del próximo 16 de mayo y su elección es transcendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, de acuerdo a expertos en el tema y el mismo presidente guatemalteco.

Por ello, el mismo mandatario descarta la continuidad en el puesto de Porras, con quien ha mantenido una tensa relación desde el inicio de su Administración.

Rystad Energy estima que si los precios del barril de petróleo se mantienen en torno a 100 dólares de manera sostenida, eso podría "desbloquear hasta 2,1 millones de barriles diarios (mbd) en suministro de crudo adicional de toda Suramérica para mediados de la década de 2030", indicó un comunicado.

La analista Rhadika Bansal, una de las responsables en la investigación de petróleo y gas, resaltó que las cadenas de suministro están "peligrosamente concentradas" en torno al estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios pero también expuesto la oportunidad para la región americana.

"Suramérica está ahora posicionada como la fuente incremental de suministro más trascendental del mundo. La región ofrece escala, calidad geológica y una relativa estabilidad política, exactamente en el momento en que el mundo busca alternativas para comprar", destacó.

La fuente más inmediata de crecimiento está en los proyectos 'offshore' (marinos) en Brasil, Guyana y Surinam, cuya aceleración "podría aportar más de 1 mbd de petróleo equivalente en la próxima década", aunque señaló la importancia de "adelantar las decisiones finales de inversión" y "no expandir los activos existentes".

Fuera de esos tres polos, agregó, Venezuela "ha vuelto a la conversación sobre la oferta mundial tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro y la caída en la disponibilidad de los crudos agrios, medianos a pesados, procedentes de Oriente Medio".

"En un escenario de 100 dólares por barril, Rystad Energy estima que Venezuela podría sumar 910.000 barriles por día para 2035, con un 57 % proveniente de campos existentes en las provincias del Este y del Oeste, donde los costos operativos del crudo medio se sitúan en solo 7 a 8 dólares por barril", agregó la nota.

Asimismo, la firma atribuyó a la región argentina de Vaca Muerta el crecimiento más dinámico y estimó que puede alcanzar una producción de 1 mbd al final de esta década, con China como principal destino exportador y envíos regulares a partir de 2027.

Rystad divulgó que ha elevado su previsión del precio medio del crudo para 2026 desde unos 60 dólares el barril de Brent, de referencia en Europa, en enero, hasta unos 89 dólares en la actualidad debido al cierre de Ormuz.

"A los niveles de producción actuales, esperamos que los ingresos de los gobiernos en toda Sudamérica aumenten en unos 43.000 millones de dólares solo este año respecto a nuestro caso base, reforzando el papel central de los hidrocarburos en las finanzas públicas desde Brasilia hasta Caracas", sostuvo la nota.

La cultura Caral se desarrolló en el valle de Supe, en el norte de la región de Lima, entre los años 3.000 al 1.800 antes de Cristo (a.C.) y junto a esta ciudad y el Océano Pacífico se encuentra Áspero, que fue un importante puerto pesquero donde continúan trabajos de excavación e investigación tras décadas en el olvido por parte de autoridades.

El descubrimiento, liderado por el equipo de investigación dirigido por la doctora Ruth Shady, dataría del año 2.000 a.C. y revela la existencia de un espacio que habría sido utilizado por especialistas en registrar fenómenos astronómicos y su relación con el entorno natural.

Shady agregó que estos conocimientos habrían sido fundamentales para la toma de decisiones en actividades como la pesca, el marisqueo y el intercambio con poblaciones agrícolas del valle de Supe.

Las investigaciones sugieren que los antiguos pobladores observaron el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios en las mareas, el clima y la disponibilidad de recursos marinos, factores clave para la planificación de sus actividades productivas.

El director del asentamiento de Áspero, David Palomino, dijo a EFE que el hallazgo es una estructura bastante particular que tiene una forma ovalada de doble nivel, que en la parte superior cuenta con una huanca, una piedra vertical que en los Andes usaba las sombras del sol para medir el tiempo, tener referencias espaciales y rituales.

"Está relacionado con un conocimiento astronómico que ya obviamente venía desarrollando desde Caral. En este caso, quizá esa particularidad que tiene este elemento arquitectónico se deba a que precisamente está relacionada con la actividad del mar, la pesca del marisqueo, que medianamente es donde se desarrolló esta población", agregó Palomino.

La pequeña edificación se encuentra en una parte alta del asentamiento pesquero, cerca de los edificios piramidales, templos y donde el equipo de arqueólogos han hallado en los últimos años varios enterramientos de personajes de élite que han revelado secretos de esta cultura, como que tenían relación con pueblos de los Andes e incluso de la Amazonía.

Por ejemplo, el año pasado se descubrió la tumba de una niña recubierta con varios tejidos, siendo uno de ellos un manto hecho con plumas de guacamayos y un pico de tucán con incrustaciones, así como productos agrícolas de la sierra.

Actualmente, un equipo multidisciplinario continúa evaluando la orientación arquitectónica, la estratigrafía y los materiales recuperados para correlacionarlos con los fechados radiocarbónicos y poder precisar la cronología y conocimientos que tuvieron.